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Los indicadores de actividad productiva y comercial dejaron de contar una misma historia. Mientras parte del aparato productivo muestra números positivos, el mercado interno continúa sin reaccionar, con bolsillos cada vez más ajustados.

Esa divergencia rompe con la dinámica observada en las últimas décadas y entre los analistas no hay expectativas de que se revierta en el corto plazo.

La economía creció 4,4% en 2025 y se espera que este año y el próximo se expanda alrededor de 3%. No obstante, un informe de la consultora Moiguer resaltó que hay un progreso por un lado y una capacidad de compra rezagada por otro.

Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo retrocedió 2,7% interanual en junio y 2,4% respecto de mayo, con lo que profundizó la tendencia negativa y acumuló una baja del 2,9% en lo que va del año.

Federico Kisza, economista de Analytica, precisó: “El desacople con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se explica porque el crecimiento es impulsado principalmente por sectores que tienen bajo impacto a nivel agregado sobre el empleo y el consumo masivo”, como el agro, la energía y la minería.

Isaac Rudnik, director del Isepci (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), destacó que la actividad que traccionó el EMAE de mayo en términos interanuales fue Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un avance de 4,6% y una incidencia de 0,64 puntos porcentuales (pp) sobre el índice general, el cual en su conjunto se incrementó 0,24 pp.

El segundo motor fue Explotación de minas y canteras, con una suba de 15,7% en relación con igual mes del año pasado y una incidencia de 0,60 puntos. De este modo, entre los dos sumaron 1,2 puntos porcentuales al índice. Sin ese aporte, el resultado de mayo habría sido negativo.

En el otro extremo, la Industria manufacturera cayó 5,6% interanual y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, 4,3 por ciento.

“Los sectores que generan mayor cantidad de puestos de trabajo muestran variaciones negativas. Es por esto que, en líneas generales, el consumo interno sigue deteriorándose, sin perspectivas de rebote mientras se mantenga la continuidad del actual modelo”, remarcó Rudnik.

En otro orden, para Kisza, el crédito al consumo no va a volver en el corto plazo a los niveles vistos entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, debido a la elevada morosidad. A su vez, la mejora del salario va a depender fundamentalmente de que continúe el proceso de desinflación y se frene el reemplazo de empleo asalariado registrado por modalidades más precarias.

Desde CP Consultora, el economista Pablo Moldovan dijo: “Nuestras estimaciones muestran que el consumo sigue la evolución de los ingresos. Con una leve desaceleración de la inflación, se estabilizan; pero si el proceso desinflacionario se detiene o los precios vuelven a acelerarse, el poder adquisitivo se deteriora y termina afectando la demanda. En ese marco, proyectamos un período de estancamiento en los próximos meses”.

En el caso de los bienes durables, el panorama es algo más desfavorable, ya que el especialista no ve condiciones para una recuperación del crédito destinado a las familias.

En tanto, en Moiguer señalaron que el consumo presenta un comportamiento diferenciado dependiendo de la región. “Estamos en la Argentina del fin de los promedios. Cada territorio va a responder de modo distinto al impacto de las transformaciones”, vinculadas a la profundización de la explotación y la exportación de recursos naturales como el petróleo, el gas, el litio y el cobre; y a la apertura importadora.

Por ejemplo, en Neuquén, el 74% de los encuestados por la consultora afirmó haber realizado gastos suntuarios, una proporción 10 puntos porcentuales superior a la media nacional. En Salta, el 47% manifestó que planea comprar bienes durables, 17 puntos por encima del resto del país. En contraste, en el Gran Buenos Aires (GBA), apenas el 23% dijo tener poder de compra, 10 puntos por debajo del promedio, y la sensación es que “el dinero tiende a esfumarse”.

“La reestructuración del consumo se dará según geografía y según el Producto Bruto de cada provincia y, siendo el AMBA ‘el pato de la boda’, esta reconstrucción se verá con mayor claridad primero en el interior”, apuntó el reporte.

Qué ven las empresas

En una de las empresas líderes de la rama de alimentos aseguran que más del 60% de su facturación proviene de las ventas con promociones y que, en algunos casos, aplican aumentos de precios por debajo de la inflación, dos estrategias que terminan deteriorando los márgenes de rentabilidad.

Aun así, consideran que mantener esas políticas es indispensable, ya que el volumen de comercialización resulta clave para sostener el negocio. Advierten que el mayor dinamismo se centra en los productos premium, accesibles solo para un segmento reducido de consumidores.

Enfatizan que la competencia ya no se limita a las firmas que producen lo mismo, sino que se extiende al resto de los rubros. Con un poder adquisitivo más restringido, los hogares priorizan sus gastos y deben optar entre distintas categorías.

De cara a los próximos meses, no prevén un repunte significativo de la demanda. Más bien, apuestan a que la concentración del sector en una menor cantidad de compañías les permita ganar participación de mercado, en un contexto marcado por el cierre de numerosas pymes. El foco ahora está puesto en las exportaciones, donde hay una clara oportunidad de crecimiento.

En otra empresa de consumo masivo observan una dinámica de meses alternados, con períodos de mayor y menor venta. Sin embargo, al contar con distintas unidades de negocio y la capacidad de adaptar sus plantas en función de los productos con mejor desempeño en góndola, logran mantener los niveles de actividad.

En ambos casos, la estrategia es innovar constantemente y diversificar la oferta para captar la atención, además de anticiparse a las nuevas tendencias, como ocurre, por ejemplo, con el boom de los alimentos proteicos y aquellos que contienen pistacho.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, reveló el presidente Javier Milei esta mañana, tal como anticipó Infobae, aunque evitó dar precisiones sobre su identidad. La declaración llega luego de la escalada de tensión abierta entre la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la Casa Rosada, un conflicto que recrudeció en los últimos días luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidiera que diera un paso al costado a raíz de una nueva diferenciación.

La distancia entre ambos no es nueva. Desde la asunción del libertario, la relación entre los compañeros de fórmula se fue deteriorando con el paso del tiempo hasta quebrarse por completo. Hace meses que no hay diálogo entre Milei y Villarruel y el vínculo institucional quedó en manos de la senadora Patricia Bullrich.

“Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el vice no responda a Casa Rosada. Eso se termina”, definió una importante fuente del oficialismo ante este medio.

En los últimos días, Villarruel arremetió nuevamente contra el mandatario luego de que este respaldara las declaraciones de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó a la Vicepresidenta de coordinar acciones contra el gobierno junto a la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano. Por su parte, la abogada aprovechó para cuestionar la firma del decreto en el que Milei habilitó a expulsar a los extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos.

Tras esos dichos, Santilli calificó los mensajes de Villarruel como una “barbaridad”, un “disparate” y una “falta de sentido común”. La vicepresidenta respondió que el jefe de Gabinete forma parte de la “casta política” que el espacio libertario combatió en las elecciones de 2023.

Con el operativo reelección en marcha y a cuatro meses del 2027, en el Gobierno aseguran que la persona elegida para secundar a Milei debe mantener un alineamiento absoluto con el Poder Ejecutivo. “El candidato es línea de él. Si bien se lleva la marca y se desdibuja el vice, pasada la experiencia con Victoria, no queda otra que alguien de su plena confianza”, definió un funcionario ante este medio respecto del perfil que buscará el oficialismo para el próximo compañero de fórmula presidencial.

Si bien no hay precisiones al respecto, las posibilidades en Balcarce 50 son varias. La salida de Manuel Adorni en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito modificó parte del tablero interno. El exvocero, uno de los últimos dirigentes considerados “puros” del espacio, también aparecía entre los nombres con mayores posibilidades de integrar una eventual fórmula presidencial.

En ese contexto, algunos dirigentes mencionan a Patricia Bullrich como la “candidata natural” al cargo, aunque otras voces postulan a funcionarios más del riñón libertario como podría ser la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Un miembro del Gabinete planteó que una mayor representación oficialista en el Congreso, especialmente en el Senado, reducirá el margen de maniobra político del futuro vicepresidente, que tendría un margen de autonomía mucho menor que el que tuvo Villarruel durante la primera etapa de la gestión.

En los últimos días, la propia Bullrich dio muestras de querer competir en los comicios del 2027, aunque con algunos mensajes contradictorios. Primero, se mostró optimista ante una eventual candidatura a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a que sostuvo que estará “donde haga falta”, y este fin de semana dejó entrever sus aspiraciones de competir por la presidencia en 2031 una vez concluido un eventual segundo mandato de Milei.

Mientras algunos interpretan el anuncio como un mensaje hacia el interior de La Libertad Avanza para ordenar las aspiraciones de sus principales dirigentes, otros sostienen que el nombre ya está definido y que permanecerá bajo estricta reserva hasta que la estrategia electoral lo indique.

El papa León XIV pidió este domingo encontrar respuestas basadas en la paz, la estabilidad y la justicia frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y la muerte de decenas de personas durante los intentos de entrada a esta ciudad autónoma española situada en el norte de África.

Durante sus palabras posteriores al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por la situación y realizó un llamado en español para pedir una salida al conflicto humanitario.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, afirmó.

La declaración representó la primera intervención pública de León XIV sobre el episodio ocurrido esta semana en la frontera entre Marruecos y Ceuta, un territorio europeo ubicado en la costa africana que volvió a convertirse en escenario de una crisis migratoria de gran magnitud.

El episodio comenzó con una movilización masiva de personas que intentaron ingresar a la ciudad desde territorio marroquí. Según las autoridades de Marruecos, alrededor de 40.000 personas se dirigieron hacia la frontera de Ceuta y otras 1.135 hacia Melilla, otra ciudad española en el norte de África. El gobierno marroquí informó además de 11 fallecidos en su territorio, diez de ellos por ahogamiento.

Aunque una gran parte de quienes lograron cruzar regresaron posteriormente a Marruecos, la emergencia generó una nueva discusión dentro de la Unión Europea sobre el control de las fronteras del bloque, la cooperación con países vecinos y la gestión de los movimientos migratorios.

Los ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea tienen previsto abordar la situación en una reunión extraordinaria para evaluar las consecuencias del episodio y analizar posibles medidas de respuesta.

La crisis también provocó una operación de retorno voluntario de migrantes que permanecían en distintos puntos de Ceuta. La Policía Local habilitó traslados hacia el paso fronterizo del Tarajal, principal conexión terrestre entre la ciudad española y Marruecos, para facilitar el regreso de quienes decidieron abandonar el territorio.

Durante la jornada de este domingo, más de un centenar de personas fueron trasladadas mediante autobuses hasta la frontera. Algunos migrantes explicaron que habían pasado varios días en la ciudad sin acceso adecuado a alimentos ni descanso, una situación que llevó a varios de ellos a optar por regresar a Marruecos.

Las autoridades locales reconocieron que todavía no existía una cifra definitiva sobre cuántas personas permanecían en Ceuta después del ingreso masivo. El delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, señaló que la cantidad exacta aún no podía determinarse, mientras que el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, estimó que podían quedar más de 10.000 migrantes en el territorio.

El pronunciamiento de León XIV se enmarca en una línea que el pontífice ha mantenido desde el inicio de su papado sobre los desplazamientos forzados y la situación de las personas migrantes. El líder de la Iglesia católica ha insistido en la necesidad de proteger la dignidad humana y ha señalado que los desafíos migratorios requieren cooperación internacional.

En junio, durante una visita a España, el papa volvió a abordar esta problemática en las islas Canarias, donde mantuvo encuentros con migrantes y representantes de organizaciones dedicadas a la asistencia humanitaria. En esa ocasión destacó la necesidad de respuestas que combinen seguridad, solidaridad y atención a las personas afectadas por los desplazamientos.

Al menos 14 personas murieron este domingo en un atentado suicida perpetrado frente a una comisaría en el distrito de Kabal, en el valle de Swat, al noroeste de Pakistán. Entre las víctimas se encuentran varios agentes de policía y civiles que participaban o se encontraban cerca de una manifestación convocada para exigir mayor seguridad en una región castigada desde hace años por la violencia insurgente. Además, más de una veintena de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de la zona.

La explosión ocurrió en las inmediaciones de la estación policial de Kabal, en la provincia de Jaiber Pastunjuá. De acuerdo con las primeras investigaciones, un atacante equipado con un chaleco explosivo intentó superar un puesto de control instalado cerca del edificio policial. El estallido se produjo en un momento en que una concentración ciudadana reunía a cientos de personas que reclamaban el fin de los atentados que afectan al valle de Swat desde hace meses.

El responsable policial Fida Hussain confirmó el balance preliminar de víctimas y explicó que entre los fallecidos había miembros de las fuerzas de seguridad y civiles. También indicó que los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Saidu Sharif para recibir atención médica especializada, mientras continúan las tareas para esclarecer las circunstancias del ataque.

Las autoridades paquistaníes iniciaron un amplio operativo de seguridad en la zona. Los investigadores buscan determinar si el atacante actuó por cuenta propia o contó con apoyo logístico de otras personas. Tras la explosión, las fuerzas de seguridad acordonaron el área y comenzaron registros para localizar a posibles colaboradores.

Hasta el momento ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del atentado. Sin embargo, el ataque se produce en medio de un fuerte deterioro de la seguridad en el noroeste del país, donde las fuerzas de seguridad enfrentan una creciente actividad de organizaciones extremistas.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su pesar por lo ocurrido. En un comunicado afirmó sentir un “profundo dolor y tristeza por la explosión suicida”, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno para combatir a los grupos responsables de la violencia.

La provincia de Jaiber Pastunjuá concentra desde hace años buena parte de los ataques insurgentes registrados en Pakistán. Su cercanía con Afganistán y la complejidad geográfica de la frontera han convertido a la región en uno de los principales escenarios de operaciones de grupos armados.

El valle de Swat, donde ocurrió el atentado, llegó a ser uno de los bastiones de los talibanes paquistaníes antes de la gran ofensiva militar lanzada por Islamabad en 2009. Aunque las fuerzas gubernamentales recuperaron el control del territorio, los ataques nunca desaparecieron por completo y en los últimos años han vuelto a aumentar.

La zona también es conocida internacionalmente por ser el lugar de origen de Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien fue atacada por militantes talibanes en 2012 cuando promovía el acceso de las niñas a la educación.

Según datos oficiales de las fuerzas armadas paquistaníes, durante 2026 el país ha registrado más de 3.100 incidentes vinculados con el terrorismo, incluidos decenas de atentados suicidas. Las provincias de Jaiber Pastunjuá y Baluchistán concentran prácticamente la totalidad de esos hechos.

El director general de Relaciones Públicas Inter-Servicios de las Fuerzas Armadas, teniente general Ahmed Sharif, informó recientemente que 819 personas han muerto este año en ataques relacionados con el terrorismo, entre ellas cerca de 500 integrantes de las fuerzas de seguridad y más de 300 civiles.

El Gobierno paquistaní sostiene que el incremento de la violencia está relacionado con la actividad de grupos armados que operan desde territorio afgano, una acusación rechazada por las autoridades de Kabul.

El Consejo Federal de Educación se reunió este domingo, convocado por el Ministerio de Capital Humano, para coordinar que se garantice un mínimo de clases en todo el país durante el paro de docentes, convocado para mañana, lunes 3 de agosto, por la CTERA.

Según la información posteada en X por la cartera que conduce Sandra Pettovello, el comité ejecutivo del Consejo, con representantes de las jurisdicciones y de la Nación, ratificó durante el encuentro la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, prevista en la Ley 27.802.

En esa reunión, el ministerio coordinó con las carteras educativas de todos los distritos del país y de la Nación las acciones necesarias para garantizar el dictado de clases durante el paro nacional docente del lunes 3 de agosto y para articular una inspección nacional. Según la publicación oficial, el Poder Ejecutivo Nacional también supervisará el cumplimiento de esa cobertura mínima por tratarse de una medida de fuerza de alcance nacional.

El consejo, presidido por la cartera a través de la Secretaría de Educación, reunió a los responsables o sus representantes de las áreas educativas de las jurisdicciones y de la Nación. La convocatoria tuvo como objetivo dar cumplimiento a lo establecido por la norma que declara a la educación como servicio esencial.

Según el mismo mensaje oficial, los participantes coordinaron medidas para sostener la continuidad de las clases durante la jornada de paro. La cartera añadió que la decisión apunta a resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y a dar previsibilidad a las familias.

Cómo controlará el Gobierno el cumplimiento del 75% de clases

Tal como había informado el Ministerio de Capital Humano en un comunicado emitido ayer, el lunes 3 de agosto habrá inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país. El objetivo será verificar si los gremios garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo que exige la Ley 27.802.

Ante posibles incumplimientos, la cartera advirtió en ese comunicado que activará los pasos establecidos para aplicar las penas correspondientes. “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, señaló el texto oficial.

El ministerio también subrayó en su comunicado que la administración de las escuelas corresponde a las jurisdicciones. Aun así, sostuvo que el Estado nacional debe garantizar el derecho a la educación.

El paro docente y la disputa por la ley de servicio esencial

El paro nacional de 24 horas fue convocado por CTERA. Entre sus reclamos figuran la reapertura de la paritaria nacional, aumentos salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una nueva ley de financiamiento educativo.

Las demandas también incluyen mayor inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. CTERA además rechaza una posible reforma jubilatoria y el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, de acuerdo con el comunicado oficial.

El Ministerio sostuvo que la Ley 27.802 obliga a asegurar el 75% de la actividad habitual durante una medida de fuerza, aunque existe una cautelar judicial que suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad. Como publicó Infobae, la postura oficial sostiene que una apelación del Gobierno mantiene vigente ese límite hasta una resolución definitiva.

Según Infobae, los gremios docentes de la CGT no convocaron a un paro y optaron por acciones sin huelga, como trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización ante el ministerio o la Secretaría de Educación. Ese medio también señaló que la CGT prevé una conferencia de prensa el lunes 3 de agosto a las 14 para explicar los motivos del plan de lucha.

Oleoductos del Valle (Oldelval), la empresa que opera la principal red de transporte de petróleo de la Argentina y por cuyos ductos circula el 75% del crudo producido en Vaca Muerta, reveló ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que sufrió un ataque informático que afectó sus sistemas administrativos.

Aunque la propia compañía aclaró que el incidente no tuvo impacto sobre la operación de transporte de crudo, referentes de la empresa aseguraron que el episodio fue “100% controlado” y apuntaron tanto a hackers locales como extranjeros como los principales sospechosos.

La firma -cuyo mayor accionista es la petrolera de mayoría estatal YPF– comunicó el hecho el viernes en un hecho relevante dirigido al regulador bursátil, tal como lo exigen las normas de la CNV. En el texto, la sociedad precisó que aplicó su protocolo de ciberseguridad y logró restaurar la totalidad de los sistemas afectados, lo que permitió retomar la actividad administrativa con normalidad. El transporte de petróleo se mantuvo sin interrupciones durante todo el episodio.

Si bien no se descarta la participación de hackers locales, la hipótesis que toma mayor fuerza es la de un ataque de origen extranjero.

De hecho, uno de los mayores ciberataques a un sistema de oleoductos, fue en 2021 a Colonial Pipeline, empresa de Estados Unidos de distribución por ductos de crudo y combustibles líquidos. Fue una operación de ransomware (esto es, ataque extorsivo, a cambio de rescate para devolver el control informático del sistema) que durante una semana afectó la provisión de combustible en parte de la costa este norteamericana. Colonial pagó 75 bitcoins de rescate (unos USD 4,3 millones entonces, de los cuales el FBI pudo recuperar 2,3 millones) al grupo criminal ruso Dark Side (Lado Oscuro).

Oldelval no brindó precisiones sobre el tipo de amenaza detectada ni sobre el vector de ingreso utilizado por los atacantes y señaló que continúa evaluando el alcance definitivo del incidente y avanza con las presentaciones ante las autoridades competentes.

El episodio reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de la infraestructura energética ante amenazas digitales. Los oleoductos y terminales de exportación operan hoy con sistemas cada vez más automatizados y conectados en red, lo que los convierte en blancos de interés para ataques que buscan desde el robo de información hasta la interrupción de operaciones.

El ataque, reivindicado en redes por The Gentlemen, que se presenta como un grupo de “RaaS” (Ransomware as a Service) habría ocurrido una semana después de que el mismo grupo atacó a EcoPetrol, la mayor petrolera colombiana, que detectó el acceso irregular a sus sistemas y logró impedir el cifrado masivo de sus archivos, pero no evitar la descarga no autorizada de información de unas 3.300 cuentas de usuarios y datos almacenados en la nube de 15 empresas del grupo empresarial.

La operación de Oldelval

Oldelval administra una red de más de 1.700 kilómetros de oleoductos que conecta los principales yacimientos de la Cuenca Neuquina con las terminales de almacenamiento y exportación en Puerto Rosales, en Bahía Blanca. Por esa infraestructura transita alrededor del 90% del petróleo que produce Vaca Muerta, lo que convierte a la transportista en una pieza central tanto para el abastecimiento de refinerías locales como para el crecimiento de las exportaciones de crudo.

Entre sus clientes figuran prácticamente todas las grandes compañías que operan en la formación no convencional: YPF, Vista Energy, Pan American Energy (PAE), Chevron, Shell, Tecpetrol, Pluspetrol, Pampa Energía y TotalEnergies. La composición accionaria de la transportista refleja ese peso dentro del negocio: YPF es su accionista principal con el 37% del capital, seguida por ExxonMobil, Chevron, PAE, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía.

El incidente ocurre en un momento de fuerte expansión de la compañía. Oldelval tiene en marcha el proyecto Duplicar Norte, un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que unirá la estación de bombeo de Puesto Hernández, en Neuquén, con la de Allen, en Río Negro, con una inversión estimada de USD 380 millones. La obra fue adjudicada a Techint, la empresa del empresario Paolo Rocca, que ya había ejecutado el segundo módulo de Duplicar Plus —un tramo de 254 kilómetros— y lo entregó en diciembre de 2024 antes del plazo contractual.

Duplicar Norte avanzará bajo un esquema “ship or pay” con cuatro cargadores principales: Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, en línea con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La puesta en marcha temprana está prevista para fines de 2026, con habilitación definitiva proyectada para el primer trimestre de 2027. Una vez operativo, el sistema permitirá transferencias de entre 20.000 y 45.000 metros cúbicos diarios entre las estaciones de bombeo de Oldelval y el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Al integrarse con los sistemas Duplicar Plus y Vaca Muerta Sur, el nuevo ducto permitirá canalizar cerca del 80% del petróleo producido en la región hacia los puertos de Puerto Rosales y Punta Colorada, con el objetivo de sostener exportaciones de crudo por entre USD 6.000 y USD 8.000 millones anuales, según estimaciones de la propia compañía.