El diputado nacional Miguel Pichetto abogó por la conformación de un frente opositor al Gobierno que nuclee al peronismo, al radicalismo y a sectores de Pro que no se aliaron con la administración del presidente Javier Milei. Y vaticinó un escenario catastrófico en caso de que el jefe del Estado logre la reelección,
Al participar de un encuentro en la sede sindical de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Pichetto lanzó un mensaje de unidad que exceda al peronismo, al que regresó en los últimos meses, en un movimiento que incluyó un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner.
“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional. Hay que convocar a otros sectores, también. A radicales que no comparten para nada este modelo autoritario de agresión permanente, a sectores de Pro que no comparten la incorporación al Gobierno. A un montón de sectores que están afuera y, fundamentalmente, al peronismo”, subrayó Pichetto, en un encuentro titulado “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”.
El diputado Pichetto, sonriente en APOCPrensa APOC
“Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional y para que podamos terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”, advirtió el legislador, exsenador y excandidato a vicepresidente en 2019, en fórmula con Mauricio Macri.
Pichetto consideró que la administración Milei es “un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones sobre las que, en algún momento, va a tener que responder ante la Justicia”.
El diputado nacional compartió la jornada sindical con Hugo Quintana, secretario general de APOC, y la especialista en derecho ambiental Marisol Díaz.
Pichetto retornó en los últimos meses al peronismo, luego de años de una lejanía política que llegó a su punto máximo cuando aceptó la candidatura a vicepresidente de Macri, en la elección que ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Además de reunirse con la expresidenta en el departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, anudó encuentros con dirigentes como Guillermo Moreno. También, se mostró cercano al espacio del “peronismo federal” que articulan el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos y el diputado nacional Guillermo Michel, entre otros dirigentes del justicialismo que intentan saltar la grieta entre el cristinismo y el sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
El fiscal de Cámara José Agüero Iturge pidió revisar el fallo que cerró la investigación que también involucró a Luis Caputo y otros funcionarios.
El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe solicitó revisar el cierre de la causa por el préstamo de US$ 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, cuando Luis Caputo era Ministro de Finanzas.
La causa, además del expresidente Macri, también investigó a exfuncionarios de Cambiemos como Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
La causa fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti decisión que luego fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal, reconfigurada recientemente por el Gobierno de Javier Milei.
En la presentación, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el cierre de la causa fue “prematuro” y “arbitrario”, en sintonía con el fiscal de primera instancia Franco Picardi, que consideró que aún restaban poner en marcha medidas.
Mauricio Macri le apuntó a Santiago Caputo por la Hidrovía.
“Existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar, el juez no puede arbitrariamente archivar por inexistencia de delito sin efectuar cuanto menos las diligencias que permitan circunscribir el objeto procesal”, señaló el fiscal.
Quienes habían confirmado la decisión de archivar el caso fueron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, después de que se hiciera efectivo el nombramiento de su nuevo colega Pablo Yadarola.
Para los magistrado se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos. “Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron.
En junio de 2018, la gestión de Mauricio Macri firmó con el FMI el mayor acuerdo en la historia del organismo financiero internacional. Inicialmente fue por casi US$ 43.000 millones, pero en septiembre de 2018 se renegoció y el monto se amplió a 57.100 millones de dólares.
Alberto Fernández se terminó imponiendo en las elecciones de 2019 y el FMI suspendió los últimos desembolsos, por lo que el préstamo no se cumplió en su totalidad.
La Cámara de Senadores convirtió en ley por 44 votos a favor y 23 en contra el proyecto denominado de “inocencia fiscal II” que tiene como objetivo facilitar el acceso de los contribuyentes al régimen simplificado de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Apunta también a que se reconozcan tenencias en divisas no declaradas anteriormente.
La norma elimina el tope actual de 1.000 millones de pesos de ingresos anuales y de 10.000 millones de patrimonio para poder acceder al régimen simplificado.
En otra de sus cláusulas limita la discrecionalidad del ARCA en la impugnación de declaraciones de los contribuyentes. Las observaciones sólo serán válidas sobre diferencias “significativas” en las presentaciones.
Las nuevas medidas incluidas en el proyecto se proponen movilizar las divisas que permanecen todavía fuera del sistema, a pesar de los últimos blanqueos aprobados por el Congreso. Al respecto, al anunciar su envío al parlamento el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró que “tener los dólares bajo el colchón es un muy mal negocio”.
El miembro informante del proyecto, el senador Bruno Olivera Lucero (LLA-San Juan) coincidió con el funcionario en que el propósito de la nueva norma era que “la plata escondida deje de ser plata muerta”. Opinó que el monto de moneda norteamericana fuera de sistema ronda los 170 mil millones de dólares. “Traer una parte al sistema bancario -afirmó- es una luz para la economía”.
De todas maneras, la norma mantiene límites para acceder al régimen simplificado. No pueden hacerlo grandes contribuyentes, altos funcionarios, diputados, senadores y jueces.
Se modifica también la legislación vigente en caso de diferencias entre el monto a pagar declarado por el contribuyente y el que establece el ARCA. Para que el contribuyente pierda el beneficio la discrepancia deberá ser significativa, es decir, del 15% del monto total a pagar por el impuesto. Esa discrepancia deberá ser además mayor a 5 millones de pesos.
Otra reforma consiste en que se invierte el cargo de la prueba: el que acusa, en este caso, el Estado, debe aportar la prueba correspondiente. La carga de la prueba le corresponde a Arca que no puede investigar sobre meras presunciones.
Por último, para poder ser utiiizados, los ahorros blanqueados deben haber ingresado al circuito económico por canales legales como los de los bancos. La fecha límite para hacerlo es el 31 de diciembre 2027.
Rechazaron el proyecto por el peronismo Jorge Capitanich, Adán Bahl y José Mayans. Este último sostuvo que a partir de su sanción desaparecería el delito de evasión y lo llamó “ley Adorni”. Aseguró que había sido pensado para beneficiar al ex jefe de Gabinete que estaba esperando la finalización del trámite parlamentario para presentar su declaración jurada ante la Justicia. También sostuvo que era una ley en beneficio de “narcotraficantes” y de “las mafias”.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó las normas que regulan cuánta deuda del Tesoro pueden acumular los bancos en sus carteras. A través de la Comunicación “A” 8483, la autoridad monetaria amplió el tipo de instrumentos que las entidades financieras pueden sumar dentro de un cupo que ya existía desde mayo de 2025, de manera que a partir de ahora no sólo puedan incorporar Letras de Capitalización (Lecap), sino también otros títulos públicos en pesos, entre ellos los dólar linked y los duales.
La norma no crea un nuevo límite ni habilita a los bancos a comprar más deuda estatal de la que ya podían adquirir. Lo que hace es cambiar la composición posible de esa tenencia: ese cupo, que hasta ahora sólo se podía completar con letras de corto plazo, se podrá integrar de aquí en más con una variedad más amplia de papeles, incluidos algunos de mayor plazo.
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Voceros del Banco Central explicaron que la medida se enmarca en un proceso de orden normativo que ya aplicó en otras áreas del sistema financiero. Según señalaron, se trata de un ordenamiento comparable al ya aplicado sobre la normativa cambiaria, los esquemas de efectivo mínimo y otras reglas de fraccionamiento, donde también se simplificaron excepciones y se establecieron criterios más claros, y remarcó que el objetivo de fondo no cambia, sino que lo que varía es la gradualidad con la que se avanza.
En ese sentido, el organismo fue explícito respecto de los límites de fondo: el BCRA no amplía los límites vigentes de exposición al sector público ni habilita un aumento del stock de títulos en cartera de las entidades. La entidad agregó que los niveles actuales de exposición de los bancos a la deuda pública no representan un riesgo para la estabilidad del sistema financiero, y que la intención es sostener un esquema prudencial ordenado y previsible, acorde a la etapa de normalización que atraviesa la entidad.
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De qué se trata el cupo que ahora se amplía
Para entender la medida hay que remontarse a mayo de 2025, cuando el Central había fijado un límite que le permitía a cada banco comprar Lecap en función de la cantidad de pases pasivos que tenía colocados en la entidad a esa fecha. Ese esquema buscaba que, a medida que el Banco Central desarmaba su stock de pases —el instrumento con el que hasta entonces absorbía parte de la liquidez del sistema—, los bancos pudieran canalizar esos pesos hacia instrumentos del Tesoro, dentro de un techo prudencial.
Lo que cambia ahora es que ese mismo cupo, en lugar de poder completarse únicamente con Lecap, se podrá integrar con cualquier título público nacional en pesos, lo que incluye tanto a los instrumentos ajustables por la evolución del dólar oficial como a los duales. La Comunicación “A” 8483 establece que quedan comprendidos los títulos suscriptos de manera primaria a partir de este 17 de septiembre en el marco del Programa de licitaciones para asegurar la liquidez del mercado del Ministerio de Economía, así como aquellos adquiridos en el mercado secundario desde esa misma fecha.
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La norma también precisa cómo se actualiza el monto de ese cupo. El texto ordenado establece que el importe se calcula sobre la disminución acumulada del saldo de pases pasivos con el Banco Central, sumada al exceso de integración de la exigencia de efectivo mínimo en pesos registrado al cierre de operaciones del 15 de mayo de 2024. Ese monto se actualiza según la tasa de interés que pagó el propio Banco Central por sus pases en distintos períodos, y desde julio de 2025 se ajusta según la Tasa Mayorista de Argentina, más conocida como Tamar.
Los voceros del Banco Central definieron esta adecuación como una redefinición de la referencia de la franquicia, con el objetivo de que el cálculo refleje con mayor precisión la liquidez disponible en el sistema, al incorporar el exceso de efectivo mínimo al stock de pases pasivos que ya se tenía en cuenta.
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Un desarme más lento para otro tipo de instrumentos
El segundo punto de la Comunicación “A” 8483 no está vinculado al cupo de Lecap, sino a otro mecanismo: las franquicias que existen para títulos públicos que cuentan con una opción de venta, conocida en la jerga financiera como “PUTs”, concertada con el propio Banco Central. Estas opciones les permiten a los bancos venderle esos bonos al Central bajo determinadas condiciones, lo que reduce el riesgo de tenerlos en cartera y, por eso mismo, quedan excluidos de los límites generales de exposición al sector público.
Hasta ahora, cuando esas opciones de venta se rescindían, la exclusión del cómputo del límite caía por completo a los doce meses del vencimiento original del bono que le había dado origen a esa franquicia. La nueva norma estira ese plazo y lo divide en dos etapas: la mitad de esa exclusión se elimina recién a los 24 meses posteriores al vencimiento de los títulos, y el 50% restante se da de baja a los 36 meses.
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En otras palabras, el desarme de ese beneficio pasa a ser gradual en lugar de completo y de una sola vez, lo que le da a los bancos más tiempo antes de que esos títulos pasen a computar plenamente dentro de los límites de exposición al Tesoro.
El contexto de la medida
Los voceros del Banco Central enmarcaron los cambios en la evolución que tuvo la exposición del sistema financiero a la deuda pública desde 2023. Según los datos difundidos por la propia entidad, en aquel momento el 48,6% de los activos del sistema bancario correspondía a exposición al sector público, mientras que en la actualidad ese ratio se ubica en el 30,6%, con un crecimiento paralelo del financiamiento al sector privado.
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Esa caída en la proporción de activos bancarios ligados al Estado es, según el propio organismo, parte de lo que justifica avanzar en una revisión de normas que se fueron acumulando en un contexto distinto, marcado por lo que el Central definió como el excedente monetario de 2023. La entidad sostuvo que buena parte de esas capas normativas quedaron desactualizadas frente a la situación actual del sistema financiero, y que por eso corresponde depurarlas, sin que ello implique modificar el criterio prudencial de fondo con el que se regula cuánta deuda pública puede tener un banco en su balance.
En una reunión reservada, los líderes de la CGT y de las dos CTA hicieron un balance positivo del plan de lucha conjunto contra el gobierno de Javier Milei que iniciaron el 22 de julio pasado y acordaron definir la semana próxima de qué forma continuarán las medidas de fuerza.
La idea, en principio, es consensuar protestas con entidades empresariales, de jubilados, de discapacitados y del sector estudiantil con el fin de capitalizar el malestar hacia las medidas oficiales.
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Sin embargo, no hay precisiones sobre el quinto paro general contra Milei: las 3 centrales obreras coinciden en que su realización es inevitable, pero predomina la sensación de que todavía no hay el clima social necesario para garantizar el éxito de la huelga.
El encuentro de los jefes de la CGT y de las CTA se realizó este martes en la sede de Azopardo 802, con la presencia de sus máximas figuras: el triunvirato cegetista que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros); el líder de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy (ATE); el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el secretario de Relaciones Internacionales de esa central, Roberto Baradel (CTERA).
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Para esos líderes sindicales, la primera etapa del plan de lucha que iniciaron juntos fue exitosa: creen que la marcha contra el endeudamiento familiar que se hizo el 20 de agosto sirvió para visibilizar ese problema y ponerse al frente de los reclamos al Gobierno para que brinde soluciones. Y sostuvieron que su acompañamiento a la marcha de los jubilados al Congreso del 22 de julio logró que esas concentraciones que se hacen los miércoles tuvieran siguientes más adhesiones.
Pese a la participación de las dos CTA, de sesgo más combativo, el plan de lucha tuvo hasta ahora un sesgo más moderado que el que se había anunciado cuando decidieron un esquema de protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados en distintas actividades para que tuvieran mucha más efectividad que las medidas de fuerza realizadas en forma esporádica.
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Por eso cada movilización que se hizo tuvo una presencia casi testimonial de la CGT, como sucedió con las marchas al Congreso para rechazar el proyecto Inviolabilidad de la Propiedad Privada (6 de agosto), por San Cayetano (7 de agosto) y para visibilizar el problema de las familias y pymes endeudadas (20 de agosto). La que llegó a esbozarse para el día en que iba a deliberar el Consejo del Salario (28 de agosto) directamente se levantó porque la reunión fue virtual y no presencial.
En esta última oportunidad, como anticipó Infobae, hubo diferencias en la coalición sindical porque las dos CTA eran partidarias de movilizarse igual ante la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem 650, pero la CGT impuso su criterio de no hacerlo porque el encuentro iba a realizarse por Zoom. Las dos fracciones ceteístas privilegiaron la estrategia de unidad con la CGT y por eso resolvieron no salir a la calle ese día.
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Tras haber desistido de movilizarse cuando deliberó el Consejo del Salario, la cúpula cegetista tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, como llegó a hablarse entre las 3 centrales, y en lugar de salir a la calle se hizo un acto en la sede de Azopardo 802 para “debatir el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, del que participaron, entre otros, los dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), que es presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Mientras las 3 centrales obreras resuelven sus próximas medidas, los sindicatos educativos agrupados en la CGT seguirán con sus medidas de fuerza, sin paros, en reclamo del aumento del salario mínimo docente, que se mantiene en 500 mil pesos desde el año pasado.
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El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), había anunciado que en agosto iban a dar clases sobre la crisis del sector, “semaforazos”, volanteadas y una marcha al Palacio Pizzurno, pero no harían paros de actividades para respetar la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que prevé la reglamentación del derecho de huelga con la obligación de mantener servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales como la educación.
Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), enrolada en la CTA de los Trabajadores, realizó el 3 de agosto pasado un paro docente en reclamo de mejoras salariales y contra el desfinanciamiento educativo.
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Jerónimo: “Va a escalar la conflictividad”
Ahora, mientras no hay precisiones acerca de cómo seguirá el plan de lucha, Cristian Jerónimo insistió en que la CGT no descarta un paro general si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Lo dijo después de participar, junto con su colega cegetista Gerardo Martínez (UOCRA), en la audiencia privada en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.
“En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos. Y aunque habló de un paro general, aclaró que no es la salida que la CGT prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo.
Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano el sábado pasado donde Jerónimo y Martínez plantearon al Sumo Pontífice la solicitud de ese encuentro en suelo argentino y los problemas económicos y sociales del país. La agenda papal, del 8 al 11 de noviembre próximo, también contempla actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Un choque frontal en la Ruta 12 dejó tres personas fallecidas este jueves al mediodía, a la altura del kilómetro 1.225, en inmediaciones de Villa Olivari, provincia de Corrientes. El siniestro involucró a una Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze.
La colisión se produjo pasadas las 13 por causas que permanecían bajo investigación judicial. Debido a la violencia del impacto, los tres ocupantes de los vehículos murieron en el lugar antes de que pudieran recibir asistencia médica.
De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, en el Cruze viajaban Diego Almada, de 45, domiciliado en Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26, con residencia en Hernandarias. La Meriva era conducida por Rafael Domínguez, de 79 años, con domicilio en Berón de Astrada, publicó Radio Sudamericana.
El operativo desplegado
Las primeras actuaciones indicaron que ambos automóviles colisionaron de frente.
En el lugar intervino personal de las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) de Ituzaingó, junto con dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari. Los equipos de emergencia realizaron tareas de asistencia y aseguramiento del sector.
Las cuadrillas concretaron la extracción de los cuerpos que fueron trasladados a la morgue del Hospital Billinghurst.
También trabajaron efectivos de la Comisaría de Distrito de Villa Olivari, quienes coordinaron las actuaciones iniciales y preservaron la escena para permitir la realización de las pericias correspondientes.
El proyecto aumenta el corte de bioetanol y biodiésel, sector cuya tensión interna trabó la aprobación durante meses. En la sesión, ya convirtió en ley el régimen de Inocencia Fiscal II.
El Gobierno retomó la iniciativa en la sesión de este jueves, en donde se sancionó el régimen de Inocencia Fiscal IIy sumó tres nuevos nombramientos de jueces, el pasaje de responsabilidades penales a la Justicia porteña y la aprobación de pliegos diplomáticos. La mirada de los aliados provinciales quedó puesta en el último proyecto del temario: la reforma de la ley 27.640 de biocombustibles, que amplía los cortes de bioetanol y biodiésel.
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Habría tensión por el inicio del tratamiento del proyecto, que fue abonada por la fallida sesión de la semana pasada y la postergación del tema en la jornada, que quedó al final del temario. Incluso el gobernador salteño Gustavo Sáenz estuvo este jueves en el Palacio Legislativo después de declarar que “la paciencia se va acabando” con el oficialismo. Una de sus representantes en el Senado, Flavia Royón, es una de las principales impulsoras de la propuesta en la Cámara alta. La redacción, que ya contenía aportes de bloques aliados provincialistas, sufrió cambios hasta el miércoles por la noche hasta su versión final.
Las provincias norteñas presionaron por la aprobación de la iniciativa por la influencia que tiene la industria del bioetanol en la región. La principal traba, que fue irreconciliable incluso en sesión, fue la interna entre los sectores productores de biodiésel, dada la afección que provocará en las pymes industriales la llegada de grandes productoras de granos que cuentan con la posibilidad de administrar todo el circuito de elaboración y comercialización del biocombustible.
Los representantes de los distritos en donde hay mayor presencia de pymes industriales de biodiésel, como La Pampa, San Luis y Buenos Aires, fueron los principales detractores de la ley. Este medio conoció también un contacto de la Secretaría de Energía al bloque libertario con la meta de que dilaten el tratamiento, dado que tanto consultoras privadas como cuadros técnicos de YPF aseguran que provocará un aumento del precio del combustible hasta un 3% el próximo año.
Aún así, La Libertad Avanza -bloque autor del proyecto- mostró flexibilidad para incorporar cambios para este sector, lo que incluyó un esquema escalonado de reducción del cupo reservado para empresas no integradas, que va del 7,5% al 4% hasta el 1° de enero 2036. Además, en la última redacción se conceptualizaron concretamente a las compañías integradas y no integradas, estableciendo restricciones a todas las firmas que forman parte de un grupo económico, que pasarían a competir dentro del segmento abierto.
Bullrich y Royón, dos de las personas detrás del proyecto de biocombustibles.
Senado
Debate por biocombustibles en el Senado
En el inicio del debate, Flavia Royón remarcó que la ley apunta a “potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior” y consideró que el sector “hoy necesita reglas nuevas para que le permitan crecer, incorporar tecnología y alcanzar una nueva escala. Este dictamen, además, es resultado de un proceso largo de construcción legislativa, largo y amplio”. “Buscamos compatibilizar y dar previsibilidad a las cadenas existentes, pero con competencia dentro de cada cupo entre empresas”, agregó.
El peronismo apoyó con condiciones al proyecto y el chaqueño Jorge Capitanich fue un ejemplo de esta postura. Después de considerar que la legislación es ambigua para el ingreso de importaciones, opinó que “organiza con fecha de vencimiento el desmantelamiento progresivo de empresas no integradas que no puedan sobrevivir con esta regulación. Nos parece bien mejorar, pero no nos parece bien dejar de defender a las empresas con lo que hay defender: cupo, corte, plazo y regulación adecuada, para que los grandes no se terminen fagocitando a los más pequeños”. El entrerriano Adán Bahl criticó que se cambió una ley que tiene cinco años, generando falta de previsibilidad con los que ingresaron al negocio de biocombustibles en el 2021.
Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles
El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI.
La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, junto con el titular de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde.
La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta 2036 un cupo del 4% de las no integradas.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes.
Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen presentaron el recurso de apelación contra el procesamiento con prisión preventiva dictado el 10 de septiembre por el juez federal Leandro Ríos contra el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos, Daniel Alejandro Rosatelli. El escrito presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná sostiene que no existe nexo alguno entre la operación de compra de la camioneta Citröen Jumper el 4 de noviembre de 2025 y su hallazgo el 13 de febrero de 2026 con 1.345 kilos de marihuana en La Paz. Además, cuestiona que se inflaron los movimientos de sus cuentas bancarias y financieras y sus bienes.
Un punto fuerte del argumento de la defensa es que el vínculo entre Rosatelli en noviembre y quien dirigió la operación narco tres meses después, Juan Esteban Siebenlist Bustos, porque el día de la compra del vehículo la camioneta no fue a la casa de este hombre que está prófugo, sino que paró justo en frente, por calle Pronunciamiento, donde vive el cuñado del vendedor del vehículo, Jonathan Barbieri.
Por otro lado, hay una disputa interpretativa: la búsqueda por parte de Rosatelli de no dejar rastro en la operación comercial, para el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, es un fuerte indicio de su participación; para los defensores, es la ausencia de pruebas de ese rol que le endilga.
Hay cuestiones que no terminan de ser aclaradas en él recurso de apelación: ¿qué hacía un abogado y comisario en medio de la rosca de personajes del ambiente delictivo que intervinieron en la compra-venta del utilitario? ¿A qué obedeció su intervención?
Tampoco se aclara la golpiza que Rosatelli le propinó a un intermediario en la compra del vehículo, en una habitación de la sede de la Asociación Suma de Voluntades: la defensa afirmó que se trató de una discusión por el precio de una obra, por la cual se habían reunido.
Los defensores aclararon inicialmente que no discuten varios aspectos del caso: que la Citroën Jumper fue verificada el 4 de noviembre de 2025 en la sede policial de Avenida Zanni de Paraná, que ese mismo día estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto de pago que derivó en una denuncia por estafa, que en la sede de la ONG hubo un altercado con Sixto Maciel y que, tres meses después, la misma camioneta apareció en La Paz con el cargamento de droga. Lo que impugnan es el razonamiento y las inferencias realizadas por el juez federal Leandro Ríos para conectar los hechos y así considerar que Rosatelli fue el artífice de la compra del vehículo en las sombras para ponerlo a disposición del transporte narco.
“Dos eventos distintos”
El argumento general de la apelación es que la resolución da por probado un vínculo subjetivo entre dos episodios que, según sostienen, nunca fueron conectados por prueba directa: la operación de compraventa de la camioneta en noviembre y su aparición cargada de droga en febrero. “Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, afirmaron. Y agregaron que, para completar esa conexión, el juez recurrió a lo que definen como “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno con las pruebas reunidas”.
El 13 de febrero, la camioneta fue secuestrada en La Paz con el cargamento de marihuana en su interior, luego de una frenética persecución por la ruta 1.
Los defensores sostienen esta afirmación en la declaración del jefe de la investigación, el comisario Adrián Alfredo Ramos, con la que, afirman, “se acredita que no existe tan sólo una conexión entre nuestro defendido y la organización del transporte del estupefaciente que permita tenerlo -ni siquiera estimativamente- como probable autor de dicho delito”.
La verificación en la planta: “suposiciones desvirtuadas”
Uno de los primeros indicios que había usado el juez para sostener que Rosatelli movía los hilos de la compra era que la Citroën Jumper fue verificada sin turno en la Planta Verificadora de Paraná por orden suya. La defensa lo niega con la propia declaración de Jonathan Barbieri (el vendedor) que primero dijo una cosa y después otra: contó que “esa persona con la que habló por teléfono (presuntamente Rosatelli) le pide (a Martín Pelizzari, intermediario del comisario) que la llevemos a verificar a la planta verificadora, sin turno”. Pero después precisó que quien hizo la gestión fue Pelizzari, no Rosatelli, al llegar a la planta y llamar por teléfono en la puerta. Con esa contradicción, los defensores concluyen que “quien llamó para conseguir un turno, o bien ser atendido sin turno previo, había sido Pelizzari y no Rosatelli, quedando completamente desvirtuadas las suposiciones del Magistrado contra nuestro defendido”. A eso suman que el propio verificador, Marcos Ismael Naumoff, “no dice haber recibido pedido alguno de Rosatelli, incluso declara no conocerlo”.
Sobre el otro dato que el juez había destacado como sospechoso —que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente al momento de la verificación y que sin embargo salió “sin novedades”—, la apelación sostiene que ese pedido nunca figuró en las consultas de dominio disponibles ese día, y que lo único registrado entonces era una prohibición de circular por una denuncia de venta, “circunstancia que no obsta a la verificación y ni siquiera a la transferencia del rodado”.
El 4 de noviembre: negociaciones y videos del 911
La resolución había calificado de “operación opaca” el encuentro entre Pelizzari y Barbieri en la calle 25 de Mayo, frente al Club Echagüe, donde el 4 de noviembre del año pasado dejaron la camioneta estacionada, para que Rosatelli pudiera mirarla, e interpretó que se buscó alejar a Barbieri unos metros para preservar la identidad del verdadero comprador. Los defensores afirmaron que “resulta inexplicable que el supuesto encuentro clandestino se realizara precisamente en frente o en inmediaciones de su propio domicilio, en plena vía pública y en un sector sometido a videovigilancia policial por el domo policial”. Y agregaron: “No se escogió un lugar apartado, reservado o ajeno a Rosatelli, sino un espacio público próximo a su domicilio y alcanzado por un domo de seguridad”.
El tramo del pago por la camioneta realizada ese mismo día en horas de la tarde, mediante una entrega de 2.400 dólares y cheques entregados por Pelizzari, y dos transferencias de un millón de pesos cada una hechas por Claudio Luna, también es cuestionado por la defensa. La resolución había señalado que Rosatelli “no efectuó personalmente transferencia alguna” y que esa fragmentación de tareas era “compatible con una deliberada estrategia” para no dejar rastro.
Petenatti y Cullen retrucaron: si la intención era ocultarse, ¿por qué la operación se cerró a metros del “domicilio que tenía públicamente declarado ante el Colegio de la Abogacía”? Sostienen que se contradice con la hipótesis del ocultamiento: “una abogada del propio estudio de Rosatelli -María Florencia Domingo- fue quien solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta, por lo cual, si la finalidad era evitar cualquier conexión con el vehículo, ¿por qué generar voluntariamente registros documentales que permitían establecer justamente esa vinculación y su trazabilidad?”.
Sobre la orden de las transferencias de dinero atribuida a Rosatelli, los defensores afirman que “no surge de ningún lugar más que de una suposición tan infundada como equivocada del a quo y acerca de la cual no explica en qué evidencia se basa”, y agregan que fue el propio Luna quien declaró haber actuado por pedido de Pelizzari, no de Rosatelli.
Los llamados telefónicos
La resolución había presentado un cruce de comunicaciones entre distintos abonados como prueba de “connivencia” entre Rosatelli, Pelizzari y Luna. La defensa sostiene que esa conexión se disuelve: el único contacto directo que registran los llamados analizados es, según el escrito, una comunicación de tres segundos, el 26 de diciembre, entre una tercera persona y el abonado atribuido a Rosatelli. “No existe, entonces, el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirman.
La golpiza en la ONG: “por un tema de una obra”
Quizás el episodio más grave que pesa sobre Rosatelli y explicaría su preocupación ante la denuncia por estafa realizada por Barbieri (a quien le pagaron la camioneta con cheques falsos) es la golpiza a Sixto Maciel en la sede de Suma de Voluntades, con el objetivo, según estos testigos, de levantar la denuncia. Esto es interpretado por los abogados defensores de otra manera. Según el escrito de la apelación, Maciel vinculó la discusión con un contrato de obra que buscaba conseguir de la ONG, no con la camioneta: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”, habría declarado el propio Maciel. Remarcan además que la cronología que arma el juez resulta materialmente imposible: la denuncia de Barbieri contra Pelizzari —que ni siquiera mencionaba a Rosatelli— se radicó a las 16, y la golpiza ocurrió a las 17:30. “¿Supone el juez que en una hora y media Rosatelli tomó conocimiento de una denuncia que no lo mencionaba, luego de ello a través de Avellaneda logró una reunión con éste más Maciel, Pastrana y (Anabella) Albornoz (…) y allí luego lo golpeó para que levante una denuncia que no había radicado Maciel y que tampoco había sido presentada contra él?”, preguntaron. Además, apuntaron: “Una denuncia penal no se ‘levanta’ ni desaparece por voluntad del denunciante”, algo que “necesariamente sabía” un abogado penalista y oficial de policía como Rosatelli.
La defensa plantea otro razonamiento mediante otra pregunta: “¿Resulta razonable pensar que para una operación de semejante magnitud -un cargamento de más de 3 millones de dólares- se asumiría el riesgo de utilizar, tres meses después, una camioneta de escaso valor comparativo que ya estaba individualizada, denunciada y con pedido de secuestro, cuando durante todo ese tiempo podían disponer de cualquier otro vehículo?”.
El recorrido de la camioneta
Otro de los agravios del recurso señala lo que los abogados consideran un error de lectura de las cámaras del 911. El procesamiento sostiene que la Jumper, tras el encuentro del 4 de noviembre, “fue trasladada a calle Pronunciamiento a la altura del catastral 500, donde se encuentra el domicilio de Juan Esteban Siebenlist Bustos” —el prófugo señalado como organizador logístico del transporte de febrero—. La defensa, con capturas de la filmación del domo de Avenida de las Américas y Pronunciamiento, afirma que eso es falso: la camioneta se detuvo en realidad frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri, mientras que Siebenlist Bustos vive “al 517 del otro lado de la calle, lugar donde hubiera sido coherente estacionarla de haber sido llevada hacia su domicilio”. El escrito califica esa atribución como un intento de “vincular a Rosatelli con Siebenlist Bustos -un coimputado a quien nuestro defendido no conoce y con quien nunca en su vida ha tenido vinculación alguna-”.
La camioneta Citröen Jumper estacionada en la vereda del domicilio de Wursten. La defensa analizó los videos para desmentir que ese 4 de noviembre la llevaron a la casa de Siebenlist Bustos.
También analizaron el único contacto documentado entre Rosatelli y la camioneta aquel 4 de noviembre. La defensa remarca que, incluso en la reconstrucción de los propios investigadores, “no hay rastro de que el vehículo haya sido conducido hacia Siebenlist Bustos ese día, y que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con el nuevo dominio ya colocado”.
Los movimientos bancarios: “una ficción financiera”
Los abogados se explayaron para contrarrestar la lectura que el juez hizo de la situación patrimonial de Rosatelli, que la resolución había calificado de “desproporcionada” respecto de su sueldo de comisario (algo más de 2 millones y medio de pesos). La defensa sostiene que el análisis mezcla períodos distintos, cuenta dos veces el mismo dinero cuando pasa de una cuenta a otra del mismo titular y confunde rescates de inversiones con ingresos nuevos. En sus palabras, se trata de “un error clásico de duplicación de saldos por movimientos internos, también conocido en finanzas y peritajes como ‘inflado de flujos’”, que termina generando “una verdadera ficción financiera”.
Puntualmente, el escrito cuestiona que se hayan contabilizado ocho propiedades inmuebles a nombre de Rosatelli. Según el cruce que hicieron con datos actualizados de ARCA y de ATER, esas ocho referencias corresponden en realidad a registros históricos repetidos, y la titularidad actual se limita a tres inmuebles —su vivienda de avenida Echagüe 550, una propiedad en Chajarí y un terreno en Paraná— más un Honda Civic 2018.
Además, afirmaron que “la información bancaria examinada no documenta una transferencia de Rosatelli a Pelizzari o Luna ni una salida compatible con el precio y la modalidad de pago atribuidos”.
El pedido de libertad
Los defensores cuestionaron en forma subsidiaria la prisión preventiva: “La investigación ha avanzado de manera ostensible (…) quedando así todavía más reducida -hasta prácticamente desaparecer- cualquier posibilidad de que el Dr. Rosatelli pudiera interferir en la producción de prueba testimonial”, sostuvieron.
Sobre la negativa de Rosatelli a entregar la clave de acceso a su teléfono celular IPhone 17, la defensa responde que se trata del ejercicio de una garantía constitucional, no de un indicio de entorpecimiento de la investigación: “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantean, y agregan que el dispositivo ya está en poder de la Justicia, que puede peritarlo sin necesidad de la clave.
Como pedido subsidiario final, la defensa solicitó que, de no prosperar la libertad lisa y llana, se sustituya la prisión preventiva por medidas alternativas —presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, caución— o, en su defecto, arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli en calle Echagüe, con monitoreo electrónico si la Cámara lo considera necesario.
Se aguarda conocer la fecha de la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones donde se deberá discutir estas cuestiones entre defensores y el Ministerio Público Fiscal, para luego conocer si los camaristas revocan o modifican el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo dictados por el juez Ríos.
Hace menos de dos meses, la Nueva Vicentin Argentina reactivó un megafeedlot y acordó una asistencia por $4270 millones para sostener la actividad del frigorífico Friar. Ahora, la cerealera controlada por el Grupo Grassi, de Rosario y con trayectoria en el corretaje de granos, avanzó con una nueva operación. Firmó una ampliación del financiamiento por alrededor de $4400 millones, que se destinará principalmente a la compra de hacienda y a cubrir gastos necesarios para mantener en funcionamiento la planta frigorífica ubicada en Reconquista, Santa Fe. El frigorífico tiene casi 70 años.
Así lo señalaron fuentes cercanas a la Nueva Vicentin Argentina, que explicaron que el nuevo aporte se encuentra en línea con el acuerdo firmado en junio pasado. Con esta ampliación, las dos asistencias principales suman cerca de $8670 millones. La situación de Friar continúa siendo delicada, dijeron. El frigorífico faena actualmente alrededor de 600 animales por día, cuando necesita procesar unas 720 cabezas para alcanzar su punto de equilibrio. La nueva asistencia busca sostener ese nivel de actividad y garantizar los recursos necesarios para comprar hacienda. “Todo va a capital de trabajo, compra de hacienda, pago del IVA de quienes venden los animales y otros gastos”, explicaron fuentes vinculadas con la operación.
El primer acuerdo había sido firmado el 25 de junio último. En ese momento, la Nueva Vicentin Argentina se comprometió a aportar $4270 millones. Según indicaron las fuentes consultadas, esos fondos ya ingresaron y se utilizaron principalmente para pagar salarios, aguinaldos y obligaciones relacionadas con la compra de animales.
Después de aquella operación también se otorgaron préstamos más chicos y de corto plazo, por montos de alrededor de $1000 millones y $1100 millones, destinados a la adquisición de hacienda. Ahora se sumó la ampliación por aproximadamente $4400 millones.
Los Corrales de Nicanor tiene capacidad para albergar hasta 30.000 cabezasVicentin
Aunque la Nueva Vicentin Argentina solo conserva una participación minoritaria en Friar, tiene un interés directo en que el frigorífico siga funcionando. Fuentes cercanas a la empresa explicaron que busca mantener activo un circuito productivo que comienza en la planta de bioetanol de Avellaneda de la cerealera, continúa en el feedlot Los Corrales de Nicanor y termina con la faena en Reconquista.
Según detallaron, la planta produce bioetanol a partir de maíz y, durante ese proceso, genera burlanda, un alimento para el ganado. “Al secarla, el precio de la burlanda queda casi igual al del maíz. Al productor le conviene comprar maíz, partirlo y dárselo a los animales en el feedlot”, explicó una de las fuentes. En cambio, cuando se utiliza húmeda debe consumirse cerca de la planta. “Si se traslada a grandes distancias, se termina pagando flete por agua”, agregó.
Por ese motivo, Los Corrales de Nicanor se encuentra a unos 20 kilómetros de la planta. El feedlot tiene capacidad para albergar 30.000 animales, una cantidad que coincide con el volumen que puede alimentarse con la burlanda producida allí.
El establecimiento había perdido actividad hasta quedar prácticamente vacío. A fines de julio, la Nueva Vicentin volvió a ingresar hacienda. El plan inicial era sumar unas 3500 cabezas por mes durante agosto, septiembre y octubre hasta llegar a 10.500 animales. Luego, la intención era alcanzar las 15.000 cabezas y acercarse de manera gradual a la capacidad total.
La mayor parte de esa hacienda tiene como destino Friar. La cercanía del frigorífico permite completar todo el proceso en la zona y evita trasladar los animales hacia plantas ubicadas más lejos. “Si el frigorífico deja de funcionar, tampoco se sostiene el negocio de la burlanda y del feedlot”, señalaron las fuentes. Por eso, la Nueva Vicentin Argentina decidió aportar recursos para mantener la actividad mientras Friar intenta acercarse al volumen de faena que necesita para alcanzar el equilibrio.
El feedlot, propiedad de Vicentin, forma parte del circuito que la empresa busca reactivar junto con la planta de bioetanol de Avellaneda y el frigorífico FRIARVicentin
Pero, según fuentes cercanas a la Nueva Vicentin, el interés no es solamente productivo. Explicaron que la empresa controlada por el Grupo Grassi también busca recuperar las acciones de Friar que años atrás fueron transferidas a fondos de inversión. De acuerdo con esas fuentes, la agroexportadora mantiene un reclamo por esa operación y considera que las acciones podrían regresar a la compañía, ya sea mediante un acuerdo con los actuales propietarios o por una decisión judicial.
También señalaron que, mientras ese proceso avanza, la intención es evitar que el frigorífico pierda actividad y se deteriore. La Nueva Vicentin Argentina busca recuperar una planta en funcionamiento, con hacienda para faenar y capacidad para sostener su operación, y no un establecimiento paralizado que después necesite una inversión mayor para volver a trabajar.
Según explicaron, en ese marco debe entenderse la asistencia financiera. Aunque la Nueva Vicentin Argentina hoy posee menos del 1% de Friar, decidió aportar recursos para sostener la compra de animales y el funcionamiento de la planta. Las fuentes agregaron que la continuidad de ese apoyo también está vinculada con la necesidad de mejorar la operación y acercar el nivel de faena al punto de equilibrio.
A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro aparecen en empate técnico en una eventual segunda vuelta. El último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg registró una diferencia de apenas 0,4 puntos entre ambos, dentro del margen de error de un punto porcentual.
En el escenario de balotaje, Flávio Bolsonaro obtiene 47,2% de intención de voto y Lula 46,8%, mientras que los votos blancos, nulos e indecisos representan el 6%. La encuesta relevó a 5.018 electores entre el 11 y el 16 de septiembre y tiene un nivel de confianza del 95%.
Para la primera vuelta, el estudio muestra a Lula con 44,1% y Bolsonaro con 41,7%. Más atrás aparecen Renan Santos, con 5,1%; Augusto Cury, con 3,5%; Ronaldo Caiado, con 1,7%; Romeu Zema, con 1,1%; y Samara Martins, con 0,7%.
Qué muestran las encuestas antes de las elecciones en Brasil
El nuevo relevamiento de AtlasIntel refleja una reducción de la distancia observada en la primera vuelta respecto de su medición anterior. En el sondeo previo, Lula registraba 43% y Flávio Bolsonaro 37,4%, mientras que en la nueva encuesta la diferencia entre ambos se redujo a 2,4 puntos porcentuales.
En un eventual segundo turno, la medición anterior de Atlas ya había mostrado números muy ajustados: Bolsonaro alcanzaba 46,4% y Lula 46,2%. El nuevo estudio llevó esas cifras a 47,2% y 46,8%, respectivamente, nuevamente dentro del margen de error.
Otros relevamientos recientes también muestran escenarios distintos según la consultora. Una encuesta de CNT/MDA, difundida el 15 de septiembre, registró a Lula con 47,3% y a Bolsonaro con 40% en un eventual balotaje, con un margen de error de 2,2 puntos. En tanto, otros estudios recientes ubicaron a ambos candidatos dentro de márgenes estadísticos estrechos.
Las elecciones brasileñas tendrán su primera vuelta el 4 de octubre. En caso de que ningún candidato alcance los requisitos para imponerse en esa instancia, el eventual segundo turno está previsto para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.
