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  • Arriazu a Milei: el Gran Buenos Aires definirá la elección y será el principal desafío

    Arriazu a Milei: el Gran Buenos Aires definirá la elección y será el principal desafío

    Ricardo Arriazu fijó la atención en el lugar menos conveniente para el Gobierno. Durante un seminario organizado por BlackToro Asset Management, y según publicó La Nación, el economista afirmó que el principal riesgo político del programa de Javier Milei no reside hoy en el frente cambiario ni en la inflación, sino en el empleo del Gran Buenos Aires. “El desafío es la elección en el Gran Buenos Aires el próximo año”.

    La observación no fue aislada. Arriazu definió la transición en curso con otra frase igual de contundente: “La destrucción es más rápida que la creación”. Su explicación fue que los sectores que impulsan el cambio de modelo —energía, minería y agricultura— son intensivos en divisas, pero no en mano de obra. En contraposición, los que pierden terreno —industria, construcción y comercio— concentran empleo y tienen un peso determinante en el conurbano bonaerense.

    El empresario no tiene la culpa de haber invertido donde invirtió: fueron los incentivos que dieron los gobiernos. La gente tampoco tiene la culpa de haberse mudado al Gran Buenos Aires; también fueron los incentivos que le dio el gobierno. Y ahora cambian las reglas del juego y algunos quedan en el daño”, planteó. Ahí situó el núcleo de su advertencia: un cambio estructural que promete resultados en el mediano plazo, pero que deja damnificados en el corto y puede traducirse en “ruido político”.

    Los datos que presentó apuntan en la misma dirección. Señaló que la tasa de empleo cayó 0,7 puntos porcentuales interanuales a nivel nacional, mientras que en el AMBA la baja fue de 1,3 puntos, casi el doble. Para Arriazu, ese desequilibrio importa menos por su magnitud estadística que por su localización: el deterioro pega en la zona donde se juega la prueba electoral más sensible del oficialismo.

    Dólares a futuro, tensión en el presente

    El economista, sin embargo, no trazó un panorama pesimista en el largo plazo. Al contrario: en energía proyectó que la Argentina exportará unos US$32.000 millones en 2030, con un barril de referencia de US$64, impulsada por Vaca Muerta, la ampliación de la infraestructura y una mayor producción de líquidos del gas. Este año, estimó, el país exportará 135 millones de barriles de petróleo y el próximo 225 millones. “Cada dólar que sube el precio del petróleo son US$135 millones este año y US$225 millones el año que viene”, dijo.

    En minería destacó el proyecto Vicuña, en San Juan, y calculó que, a plena producción hacia 2032, el cobre podría generar exportaciones por US$25.000 millones anuales. En agro, sostuvo que una eventual eliminación de retenciones permitiría sumar unas 60 millones de toneladas de producción, equivalentes a casi US$20.000 millones en divisas.

    Pese a ese horizonte, advirtió que el presente es mucho más áspero. “Hay que ver dónde van a estar los cuellos de botella y cómo se compensan”, dijo. En esa línea señaló que construcción y comercio son los únicos sectores con capacidad real para absorber empleo suficiente que amortigüe la caída en industria, aunque ambos están lastrados por la política monetaria contractiva y las tasas elevadas. “El Banco Central debería bajar la tasa”, reclamó. Y resumió sin eufemismos: “La economía se planchó”.

    Arriazu también cuestionó la lectura lineal sobre el consumo. Aclaró que los registros agregados pueden resultar altos porque incluyen turismo, venta de autos, motos y viajes, rubros que crecieron con fuerza en la recuperación. “Por eso la gente piensa que el récord de consumo es un chiste”, afirmó. Según su lectura, lo que queda para el consumo masivo es bastante menor de lo que sugieren los números globales.

    La clase media industrial, en el centro del golpe

    Fernando Marengo, economista jefe de BlackToro, completó el diagnóstico desde otro ángulo. Dijo que el crecimiento actual es “claramente heterogéneo” y que la clase media aparece como el sector más vulnerable de la transición. En particular señaló al empleado industrial del AMBA, con obra social y relación de dependencia, que trabajaba en actividades sostenidas por incentivos distorsionados y que hoy comienza a palpar en carne propia el ajuste.

    La pregunta es cómo se da contención a ese sector”, planteó. Su propuesta pasó por dos vías: más margen para obra pública y, sobre todo, una política monetaria que permita bajar tasas, ampliar el crédito y devolver algo de aire a las actividades intensivas en empleo.

    Arriazu cerró con una mezcla de optimismo y advertencia. Dijo que, por primera vez, le asigna al programa una probabilidad de éxito del 50%, bastante más que el 30% que veía el año pasado. Pero enseguida marcó el límite. “Somos el país de las oportunidades perdidas. Si superás el cuello de botella de la próxima elección en el Gran Buenos Aires, no tengas duda: la Argentina cambia”.

    Para eso, sostuvo, harán falta políticas activas de compensación. Mencionó la AUH, el seguro de desempleo y la obra pública focalizada. Su crítica final fue que hoy no ve al Gobierno implementando ese tipo de herramientas, justo cuando el frente más delicado del programa parece haberse corrido del balance fiscal a la calle del conurbano.

    DCQ

  • Oposición impulsa reforma electoral para desafiar la hegemonía del PJ en Córdoba

    Oposición impulsa reforma electoral para desafiar la hegemonía del PJ en Córdoba

    En un año preelectoral que ya perfila la disputa rumbo a 2027, el arco opositor volvió a poner sobre la mesa una agenda incómoda para el peronismo que gobierna la provincia. El telón de fondo es doble: el clima reformista nacional impulsado por Javier Milei y un ciclo de casi tres décadas del PJ obligado a revalidar poder en un escenario más competitivo.

    Con una batería de proyectos para modificar el Código Electoral Provincial, fuerzas que van desde el vecinalismo hasta la UCR, el PRO y el liberalismo libertario intentan instalar la necesidad de una reforma al reflotar su reclamo por “la cancha inclinada” y las ventajas estructurales del oficialismo.

    El disparador más potente es el proyecto insignia de Encuentro Vecinal (EV), que volvió a poner en agenda una queja histórica: la fecha fija. Con su iniciativa, Gerardo Grosso subió la apuesta al proponer unificar los comicios provinciales con los nacionales y fijarlos el cuarto domingo de octubre.

    El cambio resulta una bomba para el PJ: implica quitarle al gobierno —hoy en manos de Martín Llaryora— la facultad de desdoblar y elegir la fecha de votación, una herramienta clave que históricamente permitió ordenar la competencia según su conveniencia.

    La discusión no es nueva, pero cobró otra dimensión tras la modificación impulsada por el PJ en noviembre de 2023, que amplió la discrecionalidad del Ejecutivo al habilitar una ventana de hasta nueve meses para convocar a elecciones. Lejos de un esquema de previsibilidad como el nacional, ese cambio consolidó —según la oposición— un modelo donde el calendario se volvió una pieza clave de la estrategia política.

    En ese punto, Grosso fue contundente: “Es jugar con desventaja”, afirmó, y reclamó “reglas claras para que todos los que quieren participar sepan cuándo y se preparen con tiempo”. La crítica apunta a la “ingeniería electoral” del poder, una práctica extendida pero que en Córdoba se volvió una marca del oficialismo.

    El proyecto vecinalista no se limita a la fecha fija. También propone acotar la campaña —con una ventana de 45 días y restricciones a la publicidad en medios y redes—, prohibir el uso de publicidad oficial con fines proselitistas, establecer debates obligatorios entre candidatos a gobernador y endurecer sanciones ante incumplimientos.

    Reglas claras y costo electoral

    La lógica del vecinalismo, compartida con otras fuerzas opositoras, se funda en “reglas claras”: ordenar el proceso, reducir la discrecionalidad y transparentar la competencia. “No estamos de campaña todo el tiempo”, planteó el opositor al cuestionar una dinámica donde la frontera entre gestión y proselitismo se diluye. Incluso advirtió sobre el impacto institucional de votar con demasiada anticipación: un gobierno podría quedar “ocho meses sabiendo que no va a continuar”, con riesgo de “descalabro” en la transición.

    A ese planteo se suma el costo electoral, una variable que juega fuerte en el actual contexto de crisis. Desde el partido vecinalista advierten que el desdoblamiento generó en 2023 un sobrecosto del 62%. Los últimos comicios provinciales demandaron cerca de $23.000 millones.

    En ese marco, sostienen que la unificación con Nación permitiría ahorrar en logística y evitar que los ciudadanos tengan que concurrir a votar en múltiples ocasiones. La idea conecta con una demanda social más amplia: eficiencia del gasto público y simplificación del calendario electoral.

    Eliminar la “trampa”

    En paralelo, otro eje de la ofensiva opositora se centra en el diseño de la Boleta Única de Sufragio (BUS), uno de los pilares del sistema cordobés. Oscar Saliba (UCR) impulsa un cambio quirúrgico, pero de alto impacto: eliminar el tramo de “voto lista completa”, una vieja “trampa” de origen, según los opositores, que tiene sello del dirigente histórico del PJ “El Mingui” Carbonetti.

    Según sus argumentos y la experiencia en la práctica, ese casillero genera confusión y favorece el arrastre de las listas encabezadas por candidatos más competitivos. “Se presta a confusión” y no es “sano para el sistema”, remarcó el boina blanca, al defender que el elector deba elegir “tramo por tramo”.

    La crítica no es solo técnica: pone en cuestión un mecanismo que, según el arco opositor, distorsiona la voluntad del votante. “Yo perdí varios votos con eso”, graficó Saliba, un dirigente territorial del sur-sur cordobés, al advertir que en elecciones ajustadas esos errores pueden resultar decisivos.

    El planteo es compartido por otros sectores. La legisladora amarilla Patricia Botta también propone eliminar ese tramo y advierte que la ubicación del casillero, junto a la foto del candidato a gobernador, puede inducir al error. “Marcar cada casillero da la opción de votar diferente sin que anulen su boleta”, declaró.

    En la misma línea, la deloredista Alejandra Ferrero consideró que la boleta actual “muchas veces se presta a confusión” y valoró el debate como una oportunidad para mejorar la transparencia del sistema. Asimismo, la radical expresó su apoyo al proyecto vecinalista. “Da previsibilidad y seguridad jurídica”, dijo, y remarcó: “Es una barbaridad que nos hagan votar en fechas distintas con el gasto millonario que eso implica”.

    Más cambios

    Se suman otras iniciativas que amplían la discusión: propuestas como las de Gregorio Hernández Maqueda para incorporar debates obligatorios, la derogación de la “Ley Riutort” (que establece el cupo femenino), reglas sobre financiamiento y la neutralidad de la publicidad oficial, junto a proyectos sobre reelecciones comunales (del legislador Mauricio Jaimes) y accesibilidad para personas con discapacidad (de Inés Contrera). En conjunto, configuran un paquete que, aunque diverso, converge en un punto: cuestionar las reglas que ordenaron la competencia política en Córdoba durante casi 30 años de hegemonía peronista.

    “Es un abuso de poder claro”, fustigó Hernández Maqueda, apuntando sus dardos al oficialismo en la definición del calendario electoral. La frase condensa el eje discursivo de la oposición: la necesidad de equilibrar la cancha. En un contexto donde el PJ se encamina a cumplir tres décadas en el poder, la discusión sobre la reforma electoral deja de ser sólo técnica y se vuelve —en su esencia— política. No se trata sólo de cómo se vota, sino de bajo qué condiciones se compite. Es el reclamo histórico de la oposición.

    Con este paquete de iniciativas, la oposición busca instalar la necesidad de cambios para redefinir las reglas del sistema local en medio del clima reformista de Milei. Y en ese terreno, el PJ no hará nada que sume un factor de riesgo para la reelección de LLaryora. La fuerte pulseada ya empezó y tiene como horizonte 2027.

  • El conflicto en Medio Oriente sacude la campaña de Lula y tensiona al electorado brasileño

    El conflicto en Medio Oriente sacude la campaña de Lula y tensiona al electorado brasileño

    El periodista y analista Patricio de la Barra analizó en diálogo con Canal E el impacto que en Brasil está provocando la escalada del conflicto en Medio Oriente, el posicionamiento internacional de Lula da Silva y de qué manera ese escenario puede incidir en la carrera electoral hacia octubre.

    Según explicó, la política exterior del presidente brasileño y su postura frente a Irán, Estados Unidos e Israel comienzan a generar costos tanto internos como externos. A esto se suman las tensiones por la seguridad, el narcotráfico y una serie de conflictos institucionales que, en su criterio, también afectan al oficialismo.

    La posición de Lula frente a Irán y el costo político en Brasil

    De la Barra sostuvo que uno de los principales problemas de Lula da Silva en su intento de reelección es su alineamiento internacional en medio del conflicto en Medio Oriente. “Lula da Silva se ha alineado con Irán y ha criticado duramente este conflicto que tiene Israel-Estados Unidos con Irán”, afirmó.

    Para el analista, esa postura provocó fricciones con Donald Trump y también abrió interrogantes dentro de Brasil. Señaló que la relación con Washington se volvió más delicada en un contexto en el que ambos mandatarios aún no mantuvieron un encuentro presencial de peso.

    BRICS, dictaduras y cuestionamientos a la política exterior brasileña

    El periodista destacó además que Brasil quedó en el centro de la atención por su papel en los BRICS y por promover el ingreso de países que, desde el punto de vista político, generan controversia. “Brasil fue el que trajo a los BRICS a Irán y otros países que son considerados dictaduras”, señaló.

    En ese marco, explicó que Lula es cuestionado por distanciarse de países considerados democráticos y por criticar en otras oportunidades la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Según De la Barra, esa acumulación de posturas internacionales termina repercutiendo en la imagen del presidente en plena disputa electoral.

    Seguridad, narcotráfico y tensión con Estados Unidos

    Otro eje que subrayó el analista fue la discusión sobre el crimen organizado y la posibilidad de que grupos narco brasileños sean calificados como organizaciones terroristas. De la Barra recordó que Brasil no participó de una cumbre celebrada en Miami junto a unos 20 países, donde se debatió esa clasificación para bandas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

    Eso forma una imagen que ha ido repercutiendo en la carrera electoral para octubre de este año”, afirmó. Explicó que Lula rechaza esa etiqueta porque considera que podría facilitar una intervención más agresiva de Estados Unidos en la región.

    La posible reunión entre Lula y Trump

    Consultado sobre un eventual encuentro entre ambos mandatarios, De la Barra evaluó que sería un hecho político de gran trascendencia. “Sería primera vez que se encuentran cara a cara”, afirmó. Hasta ahora, dijo, solo hubo contactos virtuales o intercambios muy breves sin discusión de temas de fondo.

    Para el analista, una reunión de ese tipo pondría sobre la mesa dos temas centrales: el conflicto con Irán y la estrategia regional para combatir al narcotráfico.

    Brasil, violencia interna y presión política

    De la Barra vinculó también el escenario internacional con la situación de seguridad interna en Brasil. Señaló que la ofensiva contra el narcotráfico en varios estados desató un fuerte debate político y aumentó la presión sobre distintos gobernadores. En ese contexto mencionó los casos de Claudio Castro en Río de Janeiro y de Tarcísio de Freitas en San Pablo, a quienes, según dijo, se les exige una postura más dura frente al crimen organizado.

    Para el periodista, esa agenda se suma a otros escándalos institucionales y judiciales que desgastan al oficialismo y terminan perjudicando a Lula.

    Escándalos, justicia y disputa electoral

    El analista afirmó que el gobierno brasileño enfrenta además un escenario complejo por conflictos entre los tres poderes del Estado. Mencionó, entre otros episodios, un escándalo vinculado al Banco Master y cuestionamientos respecto al accionar de sectores del Poder Judicial. “Todo este conflicto que se está observando en los tres poderes del Estado, lógicamente va a interferir en el proceso electoral”, sostuvo.

    Agregó que Lula desistió de asistir a la asunción de un mandatario en Chile al enterarse de que también había sido invitado un referente del bolsonarismo, una decisión que, para De la Barra, pone de manifiesto el nivel de polarización que atraviesa hoy la política brasileña.

    La elección de octubre y la presión sobre Lula

    De cara a las elecciones, el periodista sostuvo que la situación de Lula se complica progresivamente. Según indicó, la combinación de factores internacionales, institucionales y de seguridad pública impacta en su imagen y fortalece a la oposición. En ese sentido, advirtió que el conflicto en Medio Oriente no solo tiene implicancias geopolíticas globales, sino que también incide directamente en la política interna de Brasil y, por extensión, en el MERCOSUR.