Impulsada originalmente por Brasil y España en 2024, la cuarta Cumbre en Defensa de la Paz y la Democracia en Barcelona se fortaleció con la participación de México, Colombia, Uruguay y del titular del Consejo de la Unión Europea. Al finalizar las deliberaciones una frase resonó en la sala del Palacio Real de Pedralbes, cuyos jardines fueron diseñados por el célebre Antonio Gaudí: “No queremos el regreso de emperadores que se crean los dueños del mundo. Tenemos que ir contra este señor de la guerra”. No fue necesario pronunciar nombre y apellido; todos, sin excepción, entendieron que el presunto mandón de la Tierra se refiere a Donald Trump.
Hubo risas e incluso aplausos entre el público, compuesto por participantes e invitados especiales. Pero detrás de esa declaración sonora subyace un problema de gran complejidad internacional. Como lo describió el brasileño Lula da Silva en su mensaje inaugural: “Vivimos un momento histórico de mayor número de conflictos armados en el mundo, desde el fin de esa confrontación. Pero hoy las Naciones Unidas no representan más aquello para lo que fueron creadas. Y en este contexto el Consejo de Seguridad de la ONU dejó de reunirse o sus miembros de pleno derecho no asisten a las citas”.
No obstante, la parálisis de la única organización internacional con capacidad para dirimir disputas no implica que haya que “crear una nueva internacional”. Según el jefe de Estado brasileño, “ya hemos tenido varias asociaciones en el mundo y estas no consiguieron resolver nuestros problemas”. Un ejemplo claro es la reciente Junta de la Paz instaurada por el jefe de la Casa Blanca, supuestamente para mediar en las mismas guerras que él impulsa. Frente a ello, los líderes progresistas coinciden en un principio clave: “Ningún presidente ni ningún país del mundo, por grande que éste sea, tienen derecho a imponer normas a otras naciones”.
Si hubo consenso en las deliberaciones, fue justamente en torno al multilateralismo: “Es lo que nos mueve” indicó Lula. Advirtió además que le preocupa que estos temas hoy no puedan abordarse en las Naciones Unidas. “Estamos hablando de la descarbonización del planeta, pero se están lanzando bombas todo el santo día. O nos preguntamos por qué el Líbano tiene que ser víctima de cada guerra que Israel inicie en conjunto con alguien. Siempre el último disparo tiene que ser en Beirut. Y mientras Cuba molesta por ser un país socialista, Haití, que está al lado y donde la gente muere de hambre, no figura en el discurso de nadie. El pueblo de Haití también merece respeto, merece sobrevivir”.
El gobernante brasileño se preguntó si “los jefes de Estado que nos hemos reunidos soportaremos que el mundo siga como está. ¿O vamos a intentar cambiarlo? Si no, ¿dónde se van a tomar decisiones? ¿a dónde iremos a parar?”. En su visión, corresponde exigir al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que convoque reuniones extraordinarias para abrir el debate. “La ONU no puede guardar más silencio sobre lo que ocurre en el mundo”. Como dejó en claro, la configuración actual del sistema multilateral no refleja la realidad geopolítica contemporánea ni asegura una participación equilibrada de las naciones en las decisiones globales. “Cuando se creó el Consejo de Seguridad, el organismo tenía como objetivo garantizar la paz en el mundo. Y hoy se convirtieron en los señores de la guerra” sostuvo.
El presidente Lula da Silva subrayó, en su mensaje a los aliados, que fortalecer las instituciones multilaterales es esencial para promover la paz pero también para afrontar desafíos transnacionales, como la desinformación y la regulación de las plataformas digitales mediante reglas democráticas. “No es cuestión de un país u otro; es un asunto global. En Brasil, estamos intentando hacer nuestra parte; porque la verdad, desnuda y cruda, es que la mentira salió victoriosa. Es que para mentir, no tienes que explicarlo; no hay que justificarse. Así que este es un reto para nosotros, jefes de Estado. Porque no podemos imaginar dejar que estas sigan funcionando sin una institución que regule su funcionamiento”. Y ejemplificó: “No puede ocurrir que un presidente de un país interfiera en la elección de otro, pidiendo el voto para un candidato. De ser así ¿dónde está la soberanía electoral? ¿dónde está la soberanía territorial? No hay otra opción, es un tema que tenemos que discutir y hacernos oír”.
—Usted fue el arquitecto del plan de dolarización que probablemente permitió a Javier Milei llegar a la presidencia, pero el Gobierno optó luego por fortalecer el peso. ¿Qué cambió entre aquel Milei candidato, y luego electo presidente, para abandonar la idea de la dolarización?
—Es una excelente pregunta. En realidad habría que hacérsela más a Milei que a mí. No hablé del tema con él, por lo que no puedo ofrecer una respuesta concreta y no quiero especular.
—¿Cómo hubiera sido? Por lo menos, cuéntenos como usted lo hubiera llevado adelante en ese diciembre de 2023.
—Para empezar, el plan que teníamos era gradual; no pensábamos en una dolarización inmediata. La población suele asociar la palabra “dolarización” con realidades muy distintas entre sí. Es un término genérico: como un sándwich, que puede ser de jamón y queso o de milanesa.
—Hay diferentes formas de dolarizar.
—En Ecuador no fue igual que en El Salvador; en El Salvador no fue igual que en Panamá. Y nada que ver con lo que pasó en Zimbabwe o con la adopción del euro por parte de varios países de la Unión Europea. La dolarización, en su esencia, es la adopción de una moneda extranjera como moneda de curso legal, es decir la sustitución de la moneda local por otra extranjera. Por eso el término genera confusión: existe una dolarización de jure y otra, que ya vivimos, de facto. Si uno mira las estadísticas del Indec, los argentinos tienen lo que se llama en moneda y depósito 257 mil millones de dólares. Si sumamos todos los depósitos privados en el sistema bancario argentino, hoy suman 75 mil millones de dólares, y la circulación monetaria es del orden de 18 mil millones de dólares. En conjunto, la cantidad de dólares efectiva que manejan los argentinos es varias veces la de pesos en circulación —cinco o seis veces, por dar una idea—, lo que muestra que la gente eligió al dólar como moneda, aunque no siempre esté dentro del sistema financiero formal. Esos dólares muchas veces están fuera del país, en cajas fuertes, debajo del colchón o en otro tipo de resguardos, y no integrados a la actividad productiva y comercial del país.
Lo que proponíamos era un esquema similar al de El Salvador: un sistema financiero operando íntegramente en dólares, mientras que el peso mantendría existencia para transacciones en efectivo durante un período de transición. La implementación requería varias acciones coordinadas —incluyendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, etc.— y todo ello quedó explicitado en un documento de trabajo de la Ucema con el proyecto de ley y las cuestiones legales desarrolladas; es material de dominio público para quien quiera revisar los detalles. Cada país tiene sus particularidades y no existe una receta única: había que estudiar lo que funcionó en otras experiencias, adaptarlo a la realidad argentina e integrar el dólar a los flujos económicos de forma abierta y conectada al mundo.
—Usted habrá leído seguramente que Milei recientemente, en un reportaje en Bloomberg, dijo que su estrategia consistía en tomar activos del Banco Central contra el Gobierno, para que luego esos títulos pasaran al mercado con la situación de hacernos de dólares para vender esos títulos. Pero dijo el Presidente: “Es probable que si hubiéramos hecho esta operación a los precios de mercado en aquel momento, creo que estaban a 16, 18, lo que hoy está a 50 y pico, la política hubiera dicho que había una estafa y nos hubiera acusado de algún negocio turbio y nos hubiera mandado a la cárcel”. ¿Es distinto lo que él plantea de lo que usted planteaba?
—Sí. De hecho, le advertí al Presidente justamente eso que él menciona. Nuestra propuesta no tenía nada que ver con la operación a la que alude. Lo que queríamos evitar era malvender activos o títulos públicos que, por el solo anuncio de una reforma, podían revalorizarse; no tenía sentido venderlos a precios bajos. Cuando se manejaron valores de ese orden —20 centavos entonces, y hoy varias veces más—, nuestra alternativa buscaba una ingeniería financiera más compleja, que demandaba cierto apoyo internacional y que hubiese creado para el mercado argentino un activo seguro, un título estructurado con garantías que permitiera al sistema financiero operar con menor riesgo. Si se quiere una analogía, la idea se parecía a la de los bonos Brady de la reestructuración de fines de los 80 y principios de los 90, aunque no era idéntica. Esa vía no prosperó, y quiero dejar claro que la propuesta de mi equipo no proponía malvender activos. Cuando el Presidente habló de “vendamos”, yo le dije: “No, este no es el camino, no nos conviene”.
LA DOLARIZACIÓN EN ARGENTINA. “La dolarización que nosotros vivimos, sin que el presidente Milei o ningún presidente la decida, es la dolarización que hemos hecho los argentinos. Esa es una dolarización de facto”. (FOTO MARCELO DUBINI)
—¿Es correcto decir que también se buscaba un apoyo de fondos del interior dispuestos a desembolsar alrededor de 30 mil millones de dólares dentro de su plan?
—No. Milei mencionó varias propuestas distintas para dolarizar; una de ellas tenía que ver con lo que usted trae, pero la que estaba en mi equipo era otra y no requería esa suma. Yo no estaba al tanto de todas las propuestas, solo de la que mi equipo venía trabajando.
—Le preguntaba porque más allá de que no era su propuesta, los 30 mil de alguna manera resuenan con los 20 mil de Bessent y lo escuché a usted en una exposición reciente decir que a lo mejor se podría haber dolarizado cuando vino Bessent a la Argentina. Me gustaría entonces, aunque sea contrafáctico, que nos contara cómo hubiera sido en el otoño del año pasado.
—La supuesta necesidad de dólares está sobredimensionada. Los países que han dolarizado no necesariamente lo hicieron con abundantes reservas en el Banco Central; el caso más citado es Ecuador, que dolarizó con el Fondo Monetario en contra y estando en default de su deuda externa, tras una crisis bancaria. Las magnitudes y las circunstancias varían, pero hay algo clave: los argentinos ya tienen muchos dólares. Es importante entender que la mayor parte del dinero que circula lo crea el sector privado a través del sistema financiero, no el Gobierno. Para poner números concretos: la circulación monetaria en términos de dólares son 18 mil millones, mientras que el M3 ronda los 120 mil millones de dólares. La diferencia la explica el multiplicador del sistema financiero, que expande créditos y depósitos. Técnicamente, la deuda directa del Gobierno en moneda relevante para este debate son esos 18 mil millones equivalentes; el resto son obligaciones del sistema bancario, es decir, depósitos.
Los sistemas financieros operan con reserva fraccionaria —una reserva que puede ser del orden del 10%, 15% o 20% de los depósitos— y funcionan habitualmente bajo esa regla sin que ello conduzca al colapso. Por eso la idea de que una dolarización necesariamente provocaría una corrida bancaria es, en mi opinión, un error. Si uno fija paridades por debajo del valor de mercado, claro que se genera demanda excedente de dólares y eso puede provocar tensiones; por eso insistí hasta el cansancio en que cualquier esquema de dolarización debía reflejar los valores de mercado. Si la paridad refleja el equilibrio de oferta y demanda, no hay motivo para una corrida generalizada.
Hay experiencias que ilustran esto: en Ecuador, cuando se estableció el plazo para canjear sucres por dólares, existía un riesgo real de que, pasado el límite, esos sucres valieran cero, lo que incentivó el canje; aun así, un tercio de los sucres no se presentó al 30 de junio y el gobierno tuvo que extender el plazo. Ese episodio desmiente el fantasma de que la gente saldría masivamente a vaciar los bancos por el solo anuncio de la dolarización. Hoy, por ejemplo, hay alrededor de 40 mil millones de dólares en los bancos; esa cifra no se traduce automáticamente en una corrida porque la economía necesita liquidez transaccional para pagar sueldos, impuestos y proveedores: si alguien retirara esos fondos y los enviara al exterior, necesitaría traerlos de vuelta para sostener la actividad.
—Siguiendo el planteo, tendrían que ser el encaje.
—En la Argentina los encajes de los depositantes son relativamente altos. El Banco Central posee hoy 14 mil millones de dólares en reservas netas según los cálculos de varios analistas, y del total de depósitos en dólares —alrededor de 38 o 39 mil millones— aproximadamente 15 mil millones están comprometidos en préstamos. Por eso, pese a que parezca que no existe respaldo completo de esos depósitos, la gente no actúa como pronosticaban los apocalípticos de noviembre de 2023. Mi idea era, en todo caso, disponer de una “vitirina” y de un martillo por si alguien intentaba provocar deliberadamente una corrida; pero eso no significa que la dolarización sea inviable. En El Salvador, el proceso que propuse tomó dos años y se hizo siempre a valores de mercado. Si se respeta el precio que fija la interacción entre oferta y demanda, no hay por qué alimentar el fantasma de la corrida.
—¿Existe todavía una ventana económica para dolarizar?
—Por supuesto. La ventana siempre estuvo abierta. El Gobierno eligió otro camino, pero la dolarización sigue siendo posible si se adapta a las circunstancias concretas. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos hoy es mucho mejor que la que teníamos en noviembre de 2023; entonces algunas condiciones que eran inciertas en ese momento hoy ya no lo son.
—Hoy sería más fácil que en noviembre de 2023
—Mucho más fácil. Además, a la administración estadounidense actual le interesa la dolarización en el marco de su Programa de Integración de las Américas y por razones económicas: con sus déficits fiscales, a Estados Unidos le conviene una mayor demanda global por dólares. Desde una mirada geopolítica y económica, a EE. UU. le resulta conveniente que más países adopten el dólar.
—Usted sostuvo también que la viabilidad de una dolarización depende mucho más de la solidez fiscal que de las reservas del Banco Central, ¿puede ser que eso también haya contagiado a la actual administración económica respecto a que no son necesarias reservas?
—Son dos cuestiones distintas. El debate sobre si un régimen de tipo de cambio fijo o la dolarización permiten sostener déficits fiscales se ha discutido ampliamente. La evidencia muestra que algunos países han tenido flexibilidad fiscal bajo regímenes de tipo de cambio fijo; hay muchas variables en juego y resulta difícil hacer predicciones precisas. No buscaría una relación directa entre esa afirmación mía y la política actual del Gobierno: no tengo contactos con ellos, no hablo con el equipo económico y no ejerzo ninguna injerencia sobre sus decisiones.
—Usted pasó varios años como investigador asociado al Center for Strategic and International Studies de Washington, ¿cuánto la cuestión geopolítica es determinante para facilitar o dificultar un proceso de dolarización?
—Es muy importante. A fines de los 90, en Estados Unidos se discutió seriamente la dolarización para las Américas: hubo un proyecto en el Senado impulsado por el senador de Florida Connie Mack que proponía compensar a países por el señoreaje perdido si adoptaban el dólar. La discusión se interrumpió con la crisis argentina y quedó en suspenso hasta tiempos recientes, cuando volvió a cobrar fuerza en parte por Milei y otras circunstancias. La geopolítica juega: la decisión debe tomarse en función de las necesidades nacionales, no de intereses externos, pero coincidir con una visión favorable de Estados Unidos puede facilitar procesos y acuerdos internacionales.
—A ver si interpreto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, afirmó que la dolarización que elimine una moneda argentina sería inconstitucional. ¿Su proyecto no eliminaría la moneda de Argentina?
—No necesariamente. Creo que Rosatti se equivoca en su interpretación; él conoce mucho de derecho, pero menos de las distintas formas de dolarización. Como ya dije, “dolarización” es un concepto amplio. La Argentina circuló en la segunda mitad del siglo XIX con múltiples monedas extranjeras que tenían curso legal; se podían pagar impuestos con ellas y eso nunca se consideró inconstitucional. La palabra “moneda nacional” no aparece en el texto constitucional originario. Alberdi, en su proyecto de Constitución, no contempló la figura del Banco Central como emisor exclusivo. Por eso afirmar de plano la inconstitucionalidad me parece una lectura anacrónica y poco ajustada a la práctica histórica. En un artículo en mi blog respondí con mayor extensión a la opinión de Rosatti; en esencia, creo que hablamos de cosas distintas.
—Curso legal.
—La Constitución no define expresamente el concepto de “curso legal” ni establece que deba existir una única moneda nacional. Entre 1852 y 1900 circularon en la Argentina monedas bolivianas, peruanas, españolas, etc., con curso legal fijado por ley y paridades establecidas, sin que eso fuera cuestionado como inconstitucional. Nuestra Constitución es la de 1853 con reformas; no hay en ella una prohibición tajante a esquemas distintos de moneda.
—Usted mencionaba la geopolítica y el contexto de fines de los 90 en que no solo la Argentina tenía convertibilidad. Brasil, la mayor economía latinoamericana, tenía una forma de convertibilidad con el Plan Real. En un contexto como usted decía, donde Estados Unidos miraba a América y que dejó de mirarla. ¿Por qué en Brasil se pudo salir de la paridad 1 a 1 con el dólar, que con sus diferencias podía tener alguna sensación de semidolarización, y en la Argentina no, y qué diferencia a los políticos brasileños que por lo menos hasta esa época eran tan o más irresponsables que los argentinos respecto del gasto público?
—Yo no lo atribuiría tanto al gasto público como al respeto por la ley. Una característica central de la Argentina es la anomia institucional: el Estado, cuya función es hacer cumplir la ley, suele ser el principal violador de la ley de forma impune. Un ejemplo elocuente fue la ley de intangibilidad de los depósitos aprobada en agosto de 2001 y que, pocos meses después, fue vulnerada con la pesificación asimétrica y las medidas de 2002 que implicaron la confiscación de ahorros. Ese quiebre del contrato tuvo efectos devastadores. Brasil no tuvo exactamente ese tipo de rompimiento institucional. Por eso la historia cuenta: si uno arma un modelo para explicar la prima de riesgo país con variables macroeconómicas, la historia previa de cada país pesa mucho; la trayectoria importa más que un solo indicador puntual.
—Usted recordará que era 1,40, que era el objetivo de aquella.
—40%.
—En Brasil fue mayor todavía porque fue a 1,85 y sin embargo resistió y luego llegó a 4.
—No fue una devaluación del 85% de una sola vez; hubo movimientos escalonados, pero lo central es que no se destruyeron contratos como ocurrió aquí. Ese tipo de decisiones —confiscatorias o que rompen las reglas del juego— es lo que deja secuelas profundas y explica por qué la Argentina no logró repetir la trayectoria de otros países.
—Permítame hacerle otro contrafáctico. El país logra hacer lo de Brasil, que distintos partidos de distinto signo mantengan un ordenamiento macroeconómico y respeto por las normas. Pasen 20 o 25 años y eso se instale y cambie la cultura. En ese punto, ¿es mejor tener una moneda como tiene Brasil y en ese caso la comparación a los 25 años sería mejor eso que la dolarización? ¿La dolarización es una ventaja en el corto plazo y una limitación a largo plazo?
—La dolarización es una ventaja si se plantea como libertad monetaria y no como imposición. No se trata de imponer el dólar, sino de reconocer la realidad de la dolarización de facto y permitir que la gente elija la moneda con la que quiere operar. John Stuart Mill ya criticaba la idea de la moneda como un símbolo nacional impositivo. Si estuviera en un país con estabilidad monetaria comprobada, no estaría proponiendo dolarizar; la dolarización es una respuesta a un problema concreto: en la Argentina llevamos décadas sin una moneda estable. Para nosotros la prioridad es permitir que la gente pueda elegir libremente su unidad de cuenta y que los instrumentos monetarios no dependan exclusivamente del Estado.
—Estaba planteando un contrafáctico simplemente como un análisis teórico. Si el problema no existiese, sería mejor tener moneda o adoptar la moneda de Estados Unidos. Y usted mismo me está dando la respuesta diciendo que está en contra incluso de que los Estados Unidos tenga el dólar.
—Exacto. Y recuerde que cuando existía el patrón oro, la moneda era el oro.
—¿Podríamos decir que la moneda es una cuestión geopolítica, y que por eso Europa tiene el euro, China tiene el renminbi y Estados Unidos el dólar?
—No tenemos que aspirar a un Estado utópico. Si estuviera en un país con estabilidad monetaria, donde los empresarios pueden estimar la rentabilidad de sus proyectos con relativa seguridad, no hablaría de dolarización. Pero la Argentina no es ese caso: desde la creación del Banco Nacional en 1826, han pasado 200 años de historia monetaria y en alrededor del 75% de ese tiempo hemos tenido episodios de depreciación. Esa trayectoria explica por qué estamos donde estamos hoy.
—Ahora usted pone el caso de Rivadavia, y lo escuché en una reciente conferencia suya, hablar de Ecuador, diciendo que Correa pudo hacer de todo menos traer la inflación. Ahora, desde el punto de vista de la irresponsabilidad fiscal de los políticos, podría ser lo mismo, porque pueden endeudarse, ¿no? El caso de Rivadavia.
—Pueden endeudarse y pueden hacer default. Correa, por ejemplo, hizo un default en 2008 que no era estrictamente necesario, y Ecuador también defaulteó en 2020 en circunstancias diferentes a las nuestras. Incluso administraciones subnacionales con dólar han incumplido. La ventaja de la dolarización es separar lo fiscal de lo monetario: una mala moneda mezcla ambos problemas y genera los incentivos perversos que conocemos. Aquí, diariamente la gente chequea el valor del dólar; esa realidad habla por sí misma.
—Hablemos entonces del sistema cambiario monetario del gobierno actual. Dejemos el revisionismo de lo que pasó. Cuénteme su propia visión de la economía argentina hoy.
—El Gobierno está haciendo un esfuerzo importante por desmantelar el esquema proteccionista y corporativista que ha predominado durante décadas, y en líneas generales apoyo las medidas de desregulación. No obstante, existen intereses muy poderosos que buscan preservar el statu quo. Además, el calendario electoral —con plazos cortos que obligan a gobernar y a hacer campaña alternadamente— complica la implementación y la maduración de reformas profundas: muchas transformaciones requieren tiempo para mostrar resultados, y la única reforma que se siente de inmediato es la monetaria. Por eso la estabilidad monetaria es la madre de todas las reformas: sin ella es muy difícil que la inversión privada retorne en términos sostenidos. La incertidumbre sobre el tipo de cambio futuro desalienta la inversión y fomenta la búsqueda de rentas mediante privilegios, protecciones o exenciones. El Gobierno está en el rumbo correcto en términos generales, aunque bajar una inflación mensual de 25%-30% a 3% es relativamente más fácil que pasar de 3% a 0,5% mensual; queda mucho por hacer.
—Permítame ponerlo en estos términos. Aquella idea de que el orden de los factores sí altera el producto. Por ejemplo, hay una discusión sobre que el Gobierno se equivocó al poner bandas. Así opina Arriazu por ejemplo, y que debería ir a dólar fijo. Hay quienes consideran que el Gobierno se equivocó e hizo mala praxis con un objetivo electoralista al liberar el cepo para las personas físicas y no a las jurídicas, alentando a que las personas compren mayor cantidad de dólares de lo que normalmente hubieran comprado. Le pido su evaluación técnica.
—Desde afuera siempre es más fácil opinar. Yo tengo mi posición y la he expresado públicamente: habría hecho otras cosas. Pero en el terreno técnico uno trabaja con probabilidades, no certezas. El equipo económico consideró —y considera— que el esquema de bandas puede funcionar; hay personas técnicamente sólidas y con capacidad allí. Yo prefiero darles la oportunidad de demostrar si su enfoque es acertado o no. Tengo una opinión distinta, pero respeto el marco democrático y la libertad de expresión en la discusión pública.
EL DIAGNÓSTICO MONETARIO. “Para poner los números concretos, hoy por hoy, la circulación monetaria son, en dólares equivalentes, 18 mil millones de dólares. Pero el M3 son 120 mil millones de dólares”. (FOTO MARCELO DUBINI)
—¿Qué haría?
—Hubiera dolarizado, sin duda.
—Ahora, inclusive.
—Incluso hoy, sin duda, aunque no tengo la bola de cristal. Se trata de evaluar probabilidades: hay escenarios donde este esquema puede funcionar, y la pregunta es qué probabilidad uno asigna a esos escenarios. Mis recomendaciones se basan en el estudio de la historia argentina y en la convicción de que la moneda es un elemento central para la estabilidad de largo plazo.
—¿Con qué la compara?
—Creo que el problema argentino es sistémico. Existen distintos modelos de capitalismo en el mundo; el nuestro es una mezcla que heredó rasgos corporativistas desde la época de Perón en 1945 y que condiciona la forma en que manejamos la economía. El intento más serio de reforma fue el de Menem en los 90 y lo que más contribuyó a su éxito fue la reforma monetaria. Milei intenta hoy algo parecido: abrir la economía e integrarla al mundo. Hay sectores que se benefician del proteccionismo y que resistirán los cambios; la cuestión es cómo reducir el costo de transición hacia una economía más abierta, teniendo en cuenta además el calendario electoral que obliga a gestos de corto plazo.
—Quería ir al caso de Brasil, a ver si le parece plausible esta idea, que es un gobierno de un partido aún mucho más a la izquierda del peronismo, que era el Partido de los Trabajadores, que incluso tiene en su escudo reminiscencias soviéticas, colocó al frente del Banco Central cuando asumió a una persona, podríamos decir de una concepción ortodoxa, que el equivalente en la Argentina sería el día que el peronismo pueda colocar al frente del Banco Central a una persona que transmita continuidad, ¿la dolarización no sería necesaria en ese caso?
—La anomia institucional es la otra cara de la inconsistencia temporal de la política económica. Los países tratan de resolver esto estableciendo reglas: por ejemplo, impedir la expansión monetaria para financiar déficit. Pero si las reglas se violan cuando conviene —y en la Argentina eso ha ocurrido repetidamente— la independencia formal de instituciones como el Banco Central se diluye en la práctica. Tenemos una carta orgánica del Banco Central que, aunque otorgó cierta autonomía, no ha bastado para garantizar independencia real; distintos estudios que puntúan las cartas orgánicas de bancos centrales sitúan la nuestra más cerca de un 50-60 sobre 100 en términos relativos, y de facto estamos en una situación de dependencia. Eso es anomia institucional: no respetamos nuestras propias reglas.
—Permítame hacerle otro contrafáctico. El país logra hacer lo de Brasil, que distintos partidos de distinto signo mantengan un ordenamiento macroeconómico y respeto por las normas. Pasen 20 o 25 años y eso se instale y cambie la cultura. En ese punto, ¿es mejor tener una moneda como tiene Brasil y en ese caso la comparación a los 25 años sería mejor eso que la dolarización? ¿La dolarización es una ventaja en el corto plazo y una limitación a largo plazo?
—La dolarización es una ventaja si se entiende como libertad monetaria y no como una imposición desde el Estado. Personalmente prefiero un sistema donde las personas puedan elegir su moneda. Si la Argentina llegara a consolidar durante décadas un marco institucional y macroeconómico confiable, probablemente la decisión de mantener una moneda propia sería totalmente sensata. Pero dada nuestra historia y la incapacidad recurrente de sostener reglas por largos periodos, la dolarización ofrece mayor probabilidad de estabilidad en horizontes de largo plazo.
—Sumo argumentos. En Brasil, la dictadura era dictablanda, se mantuvieron las elecciones para gobernadores e intendentes. En Brasil no se estatizaron los medios de comunicación. O sea, en Brasil, aun en la dictadura, se mantuvieron determinadas reglas.
—No soy el más indicado para hacer una comparación histórica detallada entre ambos países, pero sin duda esas diferencias institucionales que usted menciona influyen. No es casualidad que países como Chile o Perú hayan llegado donde están: es causalidad de décadas de políticas consistentes. Nosotros no hemos sido capaces de sostener ese camino; hay elementos institucionales y políticos que nos anquilosan y que dificultan replicar esas trayectorias.
Frente al aumento de la producción en Vaca Muerta, Brasil busca importar más gas desde la formación neuquina. Así lo confirmó a Infobae Pietro Mendes, director de la agencia reguladora de energía brasileña, quien afirmó que el diálogo con el Gobierno es permanente y que el principal problema hoy no es la demanda, sino la infraestructura.
“Sabemos que es necesario tener inversiones en infraestructura dentro de la Argentina, y tenemos demanda para respaldar este tipo de inversiones porque nuestro consumo industrial fue disminuyendo con el tiempo. Así que necesitamos tener más oferta de gas natural para bajar el precio”, dijo el funcionario a este medio en el marco de CERAWeek by S&P Global.
Mendes explicó que la demanda brasileña de gas natural se mantuvo estable en torno a los 15 millones de metros cúbicos diarios durante los últimos 15 años, aunque el país tiene capacidad para expandirse muy por encima de ese volumen.
Demétrio Magalhães, CEO de Edge —una compañía brasileña enfocada en el mercado libre de gas natural y la transición energética creada por el grupo Cosan—, sostuvo que “la infraestructura limitada y la falta de competitividad en los gasoductos siguen siendo los principales obstáculos”. Añadió que, en Brasil, el costo de producción offshore ronda los USD 2 o USD 3 por millón de BTU, mientras que los clientes pagan USD 11. “La mayor parte de ese precio corresponde a evacuación, procesamiento y transporte”, reconoció el ejecutivo.
El problema es la infraestructura
El núcleo de la cuestión es la infraestructura. Sin la construcción de nuevos gasoductos, el intercambio energético entre Argentina y Brasil permanecerá muy acotado. Magalhães remarcó que la red de gasoductos en Brasil todavía está poco desarrollada. A pesar de la diversidad de fuentes disponibles —Bolivia, yacimientos offshore brasileños, biometano y las primeras exportaciones argentinas—, la ausencia de redes adecuadas y de condiciones competitivas para el transporte limita la expansión del consumo interno.
Al mismo tiempo, señaló que la tensión entre oferta y demanda está estrechamente ligada a la infraestructura existente y no se reduce únicamente al suministro.
Por su parte, Ricardo Markous, presidente de Tecpetrol, recordó que en la década de 1990 la Argentina llegó a exportar hasta 24 millones de metros cúbicos diarios de gas, principalmente hacia Chile. Un giro abrupto en la política local interrumpió esos flujos, pero la aparición de Vaca Muerta transformó el panorama energético regional. Markous destacó que hoy la Argentina volvió a exportar a Chile entre 10 y 12 millones de metros cúbicos diarios, lo que reduce la necesidad de importación de GNL en ese país.
El crecimiento de Vaca Muerta volvió a reconfigurar el mapa energético regional. Según Markous, las reservas se estiman entre 150 y 300 TCF (trillones de pies cúbicos), equivalentes a más de 150 años del consumo local argentino actual. Señaló, además, que existe diálogo con Magalhães para iniciar la integración hacia el mercado brasileño, aprovechando infraestructura disponible y conectando la Cuenca Neuquina con el gasoducto del norte y la vía desde Bolivia hacia Brasil.
Bolivia en retiro y el futuro exportador para Argentina
El declive productivo de Bolivia —que cayó de 65 millones a 30 millones de metros cúbicos diarios— abre una oportunidad adicional para el gas argentino. Markous anticipó que en un plazo de cinco o seis años Bolivia podría comenzar a importar gas desde Argentina para abastecer su mercado interno. Aunque el mercado regional es relativamente limitado, subrayó que el salto más significativo será hacia el mercado internacional del GNL.
De hecho, Tecpetrol prevé el inicio de exportaciones vía barcos de regasificación y licuefacción a partir de julio del próximo año, junto con futuros proyectos liderados por YPF previstos para sumarse en 2028.
El caso del Banco Master se perfila como uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente de Brasil. Según explicó el periodista Patricio De la Barra en Canal E, “es un escándalo de proporciones que podría incluso interferir en las próximas elecciones de octubre”, en un contexto político ya tensionado.
Un fraude millonario con conexiones de poder
El origen del caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la entidad fue liquidada tras una investigación federal. De la Barra detalló que “se habrían desviado ya aproximadamente unos 75 mil millones de dólares”, una cifra que supera incluso a grandes casos de corrupción previos en el país.
El banco, de tamaño reducido, ofrecía tasas por fuera del mercado para atraer fondos. En palabras del entrevistado: “ellos pagaban aproximadamente el 150% por sobre el CDI”, lo que ya despertaba alertas sobre su funcionamiento.
El escándalo se amplificó cuando surgieron indicios de la posible implicación de figuras políticas y judiciales. “se descubre que entre los consejeros estaban ex ministros y personalidades vinculadas al poder”, afirmó, al tiempo que mencionó vínculos con integrantes del Supremo Tribunal Federal.
Además, el empresario Daniel Borcaro —actualmente detenido— podría convertirse en una pieza clave si se concreta una declaración premiada. “está propenso a una declaración premiada, es decir, él se sugeriría a contar todo, mencionar nombres”, explicó De la Barra, lo que genera fuerte expectativa en el ámbito político.
Elecciones, corrupción y crimen organizado
El impacto político podría ser significativo. El periodista sostuvo que “se estaría afectado directamente Lula da Silva”, al tiempo que remarcó diferencias en los vínculos con otros dirigentes.
El escándalo podría escalar aún más si se confirman sospechas sobre el origen del dinero. “hay fuertes indicios de que habría vinculación con organizaciones criminales como el Comando Vermelho y el PCC”, señaló, aunque aclaró que aún está bajo investigación.
A esa situación se suma un caso paralelo que involucra al sistema previsional brasileño, lo que amplifica la crisis institucional. Según De la Barra, ambos escándalos “podrían, entre comillas, afectar el proceso electoral”, aunque relativizó su impacto definitivo.
Finalmente, destacó que persisten muchas incógnitas: “es el misterio que existe en este momento y que se está investigando”, en referencia al origen de los fondos y las responsabilidades políticas.
Mientras tanto, la expectativa se concentra en los próximos días, cuando podrían surgir nuevos datos clave. “en los próximos días tendremos bastantes antecedentes después de este proceso”, anticipó.
Durante gran parte del siglo XX Argentina fue el principal exportador mundial de carne vacuna; sin embargo, primero fue desplazada por Australia y, en la última década, también por la vecina Brasil.
Según un estudio de Guido D’Angelo, Emilce Terré y Julio Calzada, economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en los 90s el promedio anual de producción vacuna de Brasil más que duplicaba al de la Argentina: 5,8 millones de toneladas anuales frente a 2,7 millones.
De carne éramos
La cosa no terminó ahí: ya en la primera década de este siglo el promedio anual de producción brasileña había ascendido a 8 millones de toneladas, contra 3 millones en la Argentina. La diferencia siguió creciendo: en la década siguiente la producción vacuna argentina cayó a 2,8 millones de toneladas anuales, mientras la brasileña trepó a 9,7 millones. La brecha se profundizó en la actual década y se acentuó en los últimos dos años; la producción de carne brasileña (12,4 millones de toneladas anuales) ya casi cuadruplica la de la Argentina (3.2 millones), fenómeno que sustenta el actual status de Brasil como primer exportador mundial de carne, mientras la Argentina básicamente repite los registros de hace más de 30 años.
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En la producción granaria la divergencia fue menos pronunciada: en los noventa la diferencia era del 53% (39 millones de toneladas en la Argentina frente a 60 millones en Brasil). Aunque en lo que va de la década la producción brasileña llegó a casi triplicar la argentina anual, en el promedio de los últimos dos años la brecha relativa se redujo por el fuerte crecimiento de la producción argentina, que alcanzó 140 millones de toneladas anuales, con expectativas de que en la campaña actual el registro roce los 160 millones, frente a casi 320 millones en Brasil. Argentina dejó hace tiempo de ser “el granero del mundo”, pero sigue siendo un proveedor relevante.
La ampliación de la brecha agropecuaria entre ambos países se atribuye, según el estudio de la BCR, a la aplicación de “políticas distorsivas”, y sostienen que el fin de muchas de esas distorsiones “renueva la expectativa de crecimiento para aprovechar el gran potencial del país”.
Granos tecnologizados
En el caso de los granos, los autores destacan que con la maduración de tecnologías, mejoras en el manejo, el protagonismo de paquetes tecnológicos y la adopción de la siembra directa, entre los 90s y la primera década de este siglo la Argentina redujo porcentualmente la brecha a un 45%. Sin embargo, fue también el período en que volvieron los derechos de exportación (retenciones) “en un marco de políticas que comenzaron a desincentivar el apoyo a las cadenas agrícolas”.
En cambio, “Brasil no dejó de apoyar a su producción a través de iniciativas como el Plan Safra. Creciendo por encima de la Argentina en superficie y rindes agrícolas, hacia la segunda década la producción brasileña ya era 82% mayor que la Argentina, distancia que siguió estirando, al punto que en primeras cinco campañas de la década atual la producción brasilera fue un 155% superior a la Argentina, que se reduciría levemente en la actual campaña de soja, maíz y trigo.
En el escenario exportador las brechas son todavía mayores: “mientras en el promedio de la década del ‘90 Argentina exportaba un 24% más de carne por año que Brasil, para esta campaña Brasil aspira a despachar al exterior más de cinco veces el volumen de la Argentina”. Y no es para menos: en poco más de 30 años, mientras la Argentina no llegó a duplicar sus ventas externas de carne, “Brasil las multiplicó por más de 13”, precisan los autores.
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D’Angelo, Terré y Calzada señalan que esta brecha de desempeño se explica también por el mayor financiamiento al agro brasileño. A principios de siglo Argentina y Brasil mostraban niveles de crédito interno al sector privado relativamente cercanos, con proporciones del 24% y 31% del PBI, respectivamente.
Pero mientras ese indicador nunca recuperó los valores previos a la crisis de 2001 y se ubicó en el 15% en 2024, en Brasil creció sostenidamente hasta casi el 76% del PBI. De ese modo, la diferencia de 7 puntos entre ambos países hace 25 años se estiró a más de 60 puntos porcentuales de crédito en la actualidad. La aplicación de retenciones (un lastre sobre la capacidad exportadora) por parte de la Argentina contrasta con el aumento del crédito en Brasil. Viento en contra vs viento a favor.
Según los autores, las bajas de retenciones y el fin de las brechas cambiarias ayudarán a apuntalar la producción agrícola y ganadera argentina. “La campaña actual -escribieron.- “espera batir récords en producción de granos, mientras el crédito bancario al sector ganadero marcó su segundo mayor registro de la historia argentina. Con más apoyo al productor no caben dudas que la Argentina puede seguir creciendo en su producción y exportaciones”.
Factores estructurales
Ricardo Martins, analista e investigador y profesor de las Universidades de Utrecht (Países Bajos) y Lovaina (Bélgica), también comparó, en un estudio que resumió en la red Linkedin, las distintas evoluciones de Argentina y Brasil partiendo desde los años 60 del siglo pasado.
“Durante las últimas seis décadas, el centro económico de gravedad en Sudamérica ha cambiado de manera significativa. Mientras que Argentina alguna vez dominó el panorama económico de la región, Brasil ha consolidado progresivamente su posición como la principal potencia económica del continente”, escribió. Y precisó: en 1960, Argentina representaba casi el 38% del PIB regional, siendo la potencia económica dominante en Sudamérica. Brasil, aunque ya era grande, representaba aproximadamente el 26% de la economía regional. Para 2025, la situación se ha invertido de manera drástica. Brasil ahora representa más de la mitad del PIB total de Sudamérica (50%), mientras que la participación de Argentina ha caído a aproximadamente el 15 por ciento”.
El rezago relativo de la Argentina no fue solo frente a Brasil. Entre 1960 y 2025, apunta, mientras el PBI argentino retrocedía del 37,9% al 15,3% del PBI sudamericano, el de Chile avanzaba del 6,4 al 7,9%, el de Perú del 4 al 7,1% y el de Colombia del 6,2 al 9,8 por ciento. La única declinación más pronunciada que la de Argentina fue la de Venezuela bajo el chavismo: de 12,1% del PBI regional en 1960 al 1,9% el año pasado.
En el contraste entre las economías argentina y brasileña, Martins destaca factores estructurales como la demografía. “La población de Brasil creció mucho más rápido que la de Argentina, creando un mercado interno y una fuerza laboral mucho mayores. En 1960, Brasil tenía aproximadamente 72 millones de habitantes, comparados con unos 20 millones en Argentina. Para 2025, la población de Brasil había alcanzado aproximadamente 213 millones y Argentina se estima en unos 46 millones.
Esa divergencia demográfica amplió de forma significativa el mercado interno y la capacidad productiva de Brasil. Con el tiempo, esta ventaja de escala se tradujo en mayor capacidad industrial, un PIB agregado más alto y una posición geopolítica más fuerte en Sudamérica. Brasil, precisa, en las últimas dos décadas incorporó millones de personas a la economía formal y al mercado de consumo mediante programas sociales.
Diversificación
Además, subrayó, “Brasil desarrolló progresivamente una estructura económica más diversificada, combinando producción industrial, agroindustria, minería, energía y servicios, además de tecnología. Embraer de Brasil es el tercer mayor fabricante de aviones comerciales, después de Airbus y Boeing”. Y en tercer lugar, la inestabilidad macroeconómica y las recurrentes crisis inflacionarias, de deuda y de volatilidad política de la Argentina limitaron su crecimiento a largo plazo. Por otra parte, dice Martins, el Mercosur potenció más a Brasil que a la Argentina pues “consolidó su papel como eje económico central del Cono Sur”.
Esa transformación, señaló, “tiene claras implicancias geopolíticas: el dominio económico de Brasil ha reforzado su influencia diplomática en Sudamérica y ha fortalecido sus ambiciones de actuar como una voz líder del Sur Global, incluso dentro de foros internacionales como los BRICS”. La evolución de la geografía económica sudamericana en los últimos 60 años, concluye, “refleja no solo trayectorias de desarrollo cambiantes, sino también una reconfiguración más amplia del poder dentro de la región”.
El periodista brasileño, Patricio De La Barra, en diálogo con Canal E, señaló que, a siete meses de las elecciones en Brasil, el panorama político se está tensando con fuerza.
De La Barra describió un escenario que ya parece de campaña. “El ambiente acá ya comienza a tomar un color de elección, a pesar de que faltan siete meses”, planteó.
Cuánta participación tendrían las elecciones en Brasil
En ese marco resaltó la envergadura del proceso electoral: “159 millones de brasileños deben concurrir a las urnas para elegir un nuevo presidente, gobernadores de estado, la cámara de Diputados se renueva totalmente y un tercio del Senado”.
Según explicó De La Barra, la contienda central está atravesada por una marcada polarización. “Hay un empate técnico entre los dos principales candidatos que son Flavio Bolsonaro por la oposición y Luis Ignacio Lula de Silva”, sostuvo.
Aportó además datos sobre la intención de voto: “La última encuesta indica que el 53% de los brasileños, faltando siete meses, no van a cambiar de opinión”. Al mismo tiempo, hay un grado de volatilidad: “El 43% ya anuncia que puede cambiar de idea”.
Se estima un empate técnico
Sobre los números actuales, el entrevistado precisó: “sería 46.3 para Bolsonaro y 46.2 para Lula de Silva”, lo que confirma un escenario de máxima competitividad.
Asimismo señaló que los escándalos de corrupción podrían inclinar la balanza: “Los dos grandes escándalos que en estos momentos se ventilan en las comisiones especiales del Congreso, le deben restar votos seguramente”.
Durante el último año, 40.000 trabajadores originarios de Misiones obtuvieron el Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento que habilita el acceso a servicios y derechos en Brasil. Esa cifra refleja el éxodo de mano de obra rural hacia el país vecino en el contexto de la crisis del sector yerbatero.
La cantidad de inscripciones se multiplicó respecto de años previos: entre 2016 y 2021 el promedio anual no superaba las 8.000, según informó Folha de São Paulo. El CPF es indispensable para quienes buscan formalizar su situación laboral en Brasil; permite acceder a prestaciones como el Sistema Único de Salud (SUS), inscribirse en escuelas, abrir cuentas bancarias y participar en diversas actividades económicas.
Se advierte que esa cifra oficial contempla solo a quienes formalizan su presencia en Brasil. Muchos otros cruzan la frontera de forma irregular para realizar trabajos temporales, por lo que el flujo migratorio real podría ser aún mayor.
La provincia de Misiones está en la triple frontera con Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, y concentra la mayor producción de yerba mate de la Argentina. El diario brasileño destacó que el sector se vio afectado por la política de liberalización de precios impulsada por el presidente Javier Milei, quien eliminó el precio mínimo de la yerba mate y recortó facultades regulatorias al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
En ese sentido, Folha precisó que hasta fines de 2023 un kilo de hoja verde costaba 420 pesos argentinos (aproximadamente 1,57 reales brasileños al cambio actual). Con la desregulación, el precio cayó a 180 pesos —0,67 reales—, mientras los costos de insumos y combustibles aumentaron. Durante marzo de 2024 la cotización subió a 400 pesos, pero en julio de 2025 volvió a retroceder hasta 260 pesos por kilo.
Un trabajador de San Pedro, Misiones, relató al medio brasileño que debería recibir 79 pesos por kilo de yerba mate, pero nadie paga esa suma. Solo ofrecen 40 pesos. El entrevistado afirmó que migró a la localidad de Pinto Bandeira para cosechar uvas, donde percibe 180 reales diarios, equivalentes a $48.775, y donde “trabajan allí unos 500 argentinos. Además del salario, reciben almuerzo, cena y alojamiento”.
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Rurales (SUOR), Ana Cubilla, señaló que la migración involucra a familias completas que abandonan Misiones. En diálogo con Radio Up dijo que venden sus viviendas en la provincia para establecerse de manera permanente en el país vecino. Allí acceden a empleos en cosechas de uva y manzana, pero también en el comercio y la obra pública.
Añadió que los empresarios de las principales yerbateras de Corrientes y Misiones deberían mostrar mayor solidaridad con los 13.000 pequeños productores y no aceptar la desregulación dispuesta por decreto.
La situación contrasta con otros números del rubro: en 2025 las exportaciones de yerba mate registraron su mayor volumen histórico. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el año pasado se enviaron al exterior 57.980.912 kilogramos, un incremento del 32% respecto a 2024 que establece un nuevo máximo para la actividad.
Solo durante diciembre, las exportaciones de yerba mate sumaron 4.387.107 kilogramos. Ese resultado contribuyó a que el total anual superara ampliamente los 43.807.389 kilogramos exportados en 2024 y quedara por encima de los valores alcanzados en años previos.
En paralelo, aunque el consumo interno todavía no alcanzó los niveles más altos de la serie histórica, el cierre de 2025 mostró una mejora frente a 2024, cuando el total anual había sido de 258.789.745 kilogramos.
En comparación, el mercado interno de 2023 había registrado 285.300.595 kilogramos, mientras que en 2022 se habían contabilizado 275.807.989 kilogramos y en 2021 282.989.915 kilogramos.
El periodista y analista Patricio de la Barraanalizó en diálogo con Canal E el impacto que en Brasil está provocando la escalada del conflicto en Medio Oriente, el posicionamiento internacional de Lula da Silva y de qué manera ese escenario puede incidir en la carrera electoral hacia octubre.
Según explicó, la política exterior del presidente brasileño y su postura frente a Irán, Estados Unidos e Israel comienzan a generar costos tanto internos como externos. A esto se suman las tensiones por la seguridad, el narcotráfico y una serie de conflictos institucionales que, en su criterio, también afectan al oficialismo.
La posición de Lula frente a Irán y el costo político en Brasil
De la Barra sostuvo que uno de los principales problemas de Lula da Silva en su intento de reelección es su alineamiento internacional en medio del conflicto en Medio Oriente. “Lula da Silva se ha alineado con Irán y ha criticado duramente este conflicto que tiene Israel-Estados Unidos con Irán”, afirmó.
Para el analista, esa postura provocó fricciones con Donald Trump y también abrió interrogantes dentro de Brasil. Señaló que la relación con Washington se volvió más delicada en un contexto en el que ambos mandatarios aún no mantuvieron un encuentro presencial de peso.
BRICS, dictaduras y cuestionamientos a la política exterior brasileña
El periodista destacó además que Brasil quedó en el centro de la atención por su papel en los BRICS y por promover el ingreso de países que, desde el punto de vista político, generan controversia. “Brasil fue el que trajo a los BRICS a Irán y otros países que son considerados dictaduras”, señaló.
En ese marco, explicó que Lula es cuestionado por distanciarse de países considerados democráticos y por criticar en otras oportunidades la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Según De la Barra, esa acumulación de posturas internacionales termina repercutiendo en la imagen del presidente en plena disputa electoral.
Seguridad, narcotráfico y tensión con Estados Unidos
Otro eje que subrayó el analista fue la discusión sobre el crimen organizado y la posibilidad de que grupos narco brasileños sean calificados como organizaciones terroristas. De la Barra recordó que Brasil no participó de una cumbre celebrada en Miami junto a unos 20 países, donde se debatió esa clasificación para bandas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
“Eso forma una imagen que ha ido repercutiendo en la carrera electoral para octubre de este año”, afirmó. Explicó que Lula rechaza esa etiqueta porque considera que podría facilitar una intervención más agresiva de Estados Unidos en la región.
La posible reunión entre Lula y Trump
Consultado sobre un eventual encuentro entre ambos mandatarios, De la Barra evaluó que sería un hecho político de gran trascendencia. “Sería primera vez que se encuentran cara a cara”, afirmó. Hasta ahora, dijo, solo hubo contactos virtuales o intercambios muy breves sin discusión de temas de fondo.
Para el analista, una reunión de ese tipo pondría sobre la mesa dos temas centrales: el conflicto con Irán y la estrategia regional para combatir al narcotráfico.
Brasil, violencia interna y presión política
De la Barra vinculó también el escenario internacional con la situación de seguridad interna en Brasil. Señaló que la ofensiva contra el narcotráfico en varios estados desató un fuerte debate político y aumentó la presión sobre distintos gobernadores. En ese contexto mencionó los casos de Claudio Castro en Río de Janeiro y de Tarcísio de Freitas en San Pablo, a quienes, según dijo, se les exige una postura más dura frente al crimen organizado.
Para el periodista, esa agenda se suma a otros escándalos institucionales y judiciales que desgastan al oficialismo y terminan perjudicando a Lula.
Escándalos, justicia y disputa electoral
El analista afirmó que el gobierno brasileño enfrenta además un escenario complejo por conflictos entre los tres poderes del Estado. Mencionó, entre otros episodios, un escándalo vinculado al Banco Master y cuestionamientos respecto al accionar de sectores del Poder Judicial. “Todo este conflicto que se está observando en los tres poderes del Estado, lógicamente va a interferir en el proceso electoral”, sostuvo.
Agregó que Lula desistió de asistir a la asunción de un mandatario en Chile al enterarse de que también había sido invitado un referente del bolsonarismo, una decisión que, para De la Barra, pone de manifiesto el nivel de polarización que atraviesa hoy la política brasileña.
La elección de octubre y la presión sobre Lula
De cara a las elecciones, el periodista sostuvo que la situación de Lula se complica progresivamente. Según indicó, la combinación de factores internacionales, institucionales y de seguridad pública impacta en su imagen y fortalece a la oposición. En ese sentido, advirtió que el conflicto en Medio Oriente no solo tiene implicancias geopolíticas globales, sino que también incide directamente en la política interna de Brasil y, por extensión, en el MERCOSUR.
Cuando se discuten la recesión, los cierres de empresas y los despidos, Javier Milei y sus adláteres insisten en que se trata “del costo” de sacar al país de décadas de postración. En ese marco de gestión, que muchos no dudan en calificar de ‘industricidio’, el enfrentamiento que semanas atrás mantuvo el Gobierno con Paolo Rocca, el poderoso titular del Grupo Techint acaparó los medios, e incluso reapareció el agraviante “Don Chatarrín” que el líder libertario dedicaba al veterano empresario en las entrevistas con sus periodistas preferidos.
El desencadenante fue una licitación de caños sin costura para uno de los gasoductos desde Vaca Muerta; Rocca, fiel a su estilo, guardó silencio. En ese marco, llamó la atención su foto de este fin de semana en la inauguración de una escuela técnica financiada por Ternium en Santa Cruz, estado de Río de Janeiro, ocasión en la que se mostró sonriente nada menos que junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, otro adversario político y habitual destinatario de insultos de Milei, que suele decirle “comunista, zurdo, corrupto…”.
Esa imagen de Rocca con Lula dio que hablar por su obvio mensaje político al elenco libertario; el encuentro se llevó a cabo pocos días después de que el presidente argentino descalificara nuevamente al empresario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
“Fue importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo”, dijo Rocca, citado por el diario La Nación, y agregó que sus empresas “invierten en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil, y de todos los países donde operamos”. Toda una declaración de alto impacto frente al cierre de empresas en estos dos años de gestión libertaria.
Rocca y Lula se encontraron en Santa Cruz, cerca de un polo industrial de Techint en el vecino país, y en el acto, que tuvo numerosas escenas de cordialidad, el empresario estuvo acompañado por Máximo Vedoya, CEO de Ternium.
Milei atacó con dureza al sector industrial durante su discurso ante la Asamblea Legislativa; en ese momento empleó términos peyorativos para referirse a los principales referentes industriales del país, incluyendo a Rocca, a quien señaló como un proveedor de insumos costosos en el contexto de las licitaciones para el gasoducto de Vaca Muerta.
Por otra parte, la escuela inaugurada en Brasil rinde homenaje a Roberto Rocca, quien representa la consolidación internacional del grupo fundado por Agostino Rocca, cuya conducción fue asumida por Paolo Rocca luego de que Agostino hijo falleciera en una accidente aéreo. Actualmente, el grupo da empleo a más de 18 mil personas en territorio brasileño.
