El 25 de marzo de 1977 un grupo de tareas de la ESMA emboscó al autor de Operación Masacre, en San Juan y Entre Ríos. El escritor se resistió y resultó muerto en el tiroteo. Su cadáver fue llevado a la ESMA.
El último viernes de marzo de 2026 se presenta como una jornada clave para los conductores. Con las estaciones de servicio como punto de concentración, los usuarios buscan optimizar el gasto en combustibles mediante los programas de beneficios de entidades bancarias y billeteras virtuales. El Banco Nación encabeza las opciones de ahorro con un descuento del 20% en estaciones adheridas a través de su aplicación BNA+.
Esta promoción del Banco Nación cuenta con un tope de reintegro mensual de $10.000, lo que la convierte en una de las herramientas más buscadas para amortiguar el costo de llenar el tanque. Sin embargo, al tratarse del último viernes del mes, es fundamental que los clientes verifiquen en sus consumos acumulados si ya alcanzaron dicho límite en cargas previas, ya que el beneficio no se aplicará si el cupo mensual está agotado.
En el caso de la red Shell, la tendencia de este mes se centró en la fidelización por niveles a través de la billetera Personal Pay. El sistema ofrece reintegros escalonados según la categoría del usuario: aquellos que se encuentran en el Nivel 3 pueden acceder a una devolución de hasta $3.500 en sus cargas. Al igual que con otras plataformas, este beneficio está sujeto a la disponibilidad del cupo mensual de cada cliente antes del cierre del período.
Promociones en YPF y Axion para el cierre de marzo
La petrolera estatal YPF mantiene sus beneficios exclusivos a través de su aplicación oficial, con descuentos que oscilan entre el 10% y el 15% para sus líneas premium, Infinia e Infinia Diesel. Estos ahorros se aplican según el programa de puntos del usuario y la disponibilidad de convenios con entidades bancarias específicas que operan en conjunto con la App YPF los días viernes.
Por su parte, la red de estaciones Axion Energy presenta una estructura de descuentos que va del 10% al 20% mediante el uso de tarjetas de bancos regionales, como el Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y Banco San Juan. Estas promociones suelen estar integradas con la billetera MODO, permitiendo un reintegro directo en la cuenta vinculada, siempre respetando los términos y condiciones de cada entidad emisora.
El uso de estas plataformas digitales se volvió una práctica habitual para los automovilistas frente a la escalada de precios en los surtidores. Las petroleras buscan incentivar el uso de sus propias aplicaciones para captar datos de consumo y ofrecer promociones personalizadas.
Advertencias sobre topes de reintegro y consumos acumulados
Un factor determinante para este viernes 27 de marzo es la revisión de los términos de cada promoción. Muchos usuarios llegan al surtidor con la expectativa de obtener el descuento, pero se encuentran con que el beneficio no impacta debido a que ya utilizaron el total del reintegro permitido por mes. Las aplicaciones bancarias y de billeteras virtuales permiten consultar el historial de operaciones para evitar sorpresas al momento del pago.
Además de los descuentos directos, algunos programas permiten el canje de puntos acumulados por kilómetros o vouchers de carga. En YPF, los socios de ServiClub pueden utilizar sus puntos para obtener rebajas adicionales en el precio por litro, una opción que cobra relevancia cuando los topes de las tarjetas de crédito o débito ya fueron alcanzados durante las primeras semanas de marzo.
Las estaciones de servicio de bandera blanca o aquellas ubicadas en zonas de alta circulación turística podrían no estar adheridas a todas las promociones nacionales. Por este motivo, se recomienda confirmar la vigencia del beneficio con el playero antes de iniciar la carga.
El montaje y puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Paysandú no traerá consecuencias negativas a Colón y al resto de las ciudades costeras argentinas, de acuerdo a una de las conclusiones que arroja el estudio de impacto ambiental de la empresa HIF, desarrolladora del proyecto. El dato fue confirmado a Infobae por una fuente con acceso directo al escrito.
El documento incluye un modelo 3D de la planta y de su visual desde la costa argentina. Según ese esquema, “no habría afectación al paisaje”. El escrito se presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.
El dossier completo, que consta de unas 2.800 fojas, será hecho público en las próximas semanas. Luego, se abrirá un período de estudio y análisis por parte de la cartera de Ambiente uruguaya. Este esquema incluye una ronda de consultas públicas sobre el emprendimiento. El proceso podría extenderse entre 6 y 8 meses. El lapso comenzó a correr el 13 de marzo, cuando la empresa presentó el informe.
Recién entonces, y si el Ministerio de Ambiente da luz verde, podría comenzar la obra civil del proyecto. La inversión rondará los USD 5,8 mil millones. La producción final de e-combustibles ya fue preubicada en otros países. El complejo se ubicará al norte de Paysandú, a la vera del río Uruguay.
La planta se desarrollará en cuatro etapas o “trenes de producción”, avanzando de manera gradual. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de USD 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año. En el proceso productivo reciclará 900.000 toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos.
Hasta ahora, HIF cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de la planta. Es un primer paso. El segundo es el más complejo.
La empresa, controlada por capitales chilenos, mantendrá la línea de responder los requerimientos del Estado uruguayo. Y no intervendrá en la disputa que, hasta ahora, mantienen Argentina y el país vecino.
En rigor, el proyecto de Paysandú fue hecho por el Estado uruguayo. HIF es solo la firma que ganó la licitación. El proceso se inició durante la gestión de Luis Lacalle Pou, del partido Blanco. La actual administración del Frente Amplio heredó el esquema en marcha.
Qué pasará con los planteos argentinos
El Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina cuestionan el lugar de emplazamiento original. Esto provocaría un impacto visual que afectaría en forma directa al turismo, la principal industria de la región.
Ante este escenario, las autoridades del país vecino exigieron a la empresa que, en el estudio ambiental, incluyeran a Colón y sus alrededores dentro de la zona de impacto. ()
“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, planteó como condición el Ministerio de Ambiente.
La respuesta a la que habría arribado la empresa al realizar las mediciones es que no el impacto visual sobre los balnearios no se produciría. Tampoco se registraría un efecto ambiental en el río.
Ahora la cuestión pasa por lo formal. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Un tratado de 1960 estableció que cualquier acción de uno de los dos Estados que lo afecte debe ser notificada y consultada con el otro. Hasta el momento, no hay elementos para constatar que este paso se haya dado.
Un problema de esta naturaleza estuvo detrás del conflicto por Botnia a principios de siglo. Argentina denunció a Uruguay por incumplimiento del acuerdo. La Corte de La Haya le dio la razón a nuestro país. Pero entendió además que la instalación de la pastera no violaba normas de protección ambiental.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que la posibilidad de una nueva demanda internacional está dentro de la estrategia. Pero una intervención del presidente uruguayo Yamandú Orsi calmó las aguas.
Cómo marcha la causa penal en Entre Ríos
En paralelo, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó con la demanda por contaminación. La denuncia fue promovida por la fiscal Josefina Minatta. El juez Hernán Viri la recepcionó y decidió tomar las riendas de la investigación. Por eso, encargó una serie de informes que Fiscalía pidió.
El magistrado le solicitó saber si se observaron los procedimientos de consulta del acuerdo binacional. El organismo encargado de esto es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Viri la emplazó a que haga llegar esta respuesta a su despacho en un plazo perentorio.
Además, le pidió a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos que le haga llegar estudios o evaluaciones sobre la influencia de la planta en la actividad turística de Colón y la zona.
Por otro lado, también involucró a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En concreto, le solicitó un estudio de impacto ambiental sobre la costa argentina de la instalación de HIF en Paysandú.
Asimismo, requirió información por vía diplomática al Estado uruguayo. Esto incluye la que es de acceso público y la que tiene carácter reservado o confidencial. El pedido de Viri alcanza datos técnicos como tipo y cantidades de producción, personal y fecha de inicio de actividad. Además, la identificación de los responsables de HIF.
Uno de los puntos más conflictivos del exhorto es la solicitud para acceder a una copia íntegra del memorándum que el Gobierno uruguayo y la empresa firmaron en diciembre. Se trata de la hoja de ruta del proyecto. Viri quiere conocer la letra oficial y también “aquella información que revista carácter reservado o confidencial, en la medida en que su ordenamiento jurídico interno lo permita”.
El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de la operatoria de 25 cooperativas de trabajo con sede en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tras detectar “serias irregularidades” en su funcionamiento. Todas las entidades tenían domicilio en Entre Ríos 3269, San Justo, una oficina perteneciente al gobierno municipal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y marca un nuevo capítulo en la fiscalización estatal sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el sector cooperativo creadas en gestiones anteriores.
Según el comunicado difundido por la cartera, la decisión se fundamenta en el resultado de un muestreo realizado sobre los asociados de estas cooperativas, en el cual se detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios. La investigación determinó que las entidades, bajo la figura jurídica cooperativa, podrían haber desvirtuado los principios legales previstos en el artículo 2 de la Ley N° 20.337, así como la normativa vigente sobre aportes previsionales.
La suspensión de las actividades y la apertura del sumario administrativo fueron adoptadas como medidas preventivas, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización irregular de la estructura formal cooperativa. El Ministerio de Capital Humano remarcó que existen indicios de que estas organizaciones habrían sido empleadas para “eludir normativa vigente y con prácticas que vulneran derechos laborales”.
La ministra, Sandra Petovello, informó la decisión a través de su cuenta de X, replicando el comunicado oficial y arrobando al presidente Javier Milei.
La decisión se tomó luego de descubrir que 119 trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 4664/13 del INAES, las cooperativas deben realizar los aportes correspondientes al régimen previsional de trabajadores autónomos, o bien cumplir con otro sistema legalmente habilitado. Sin embargo, el relevamiento realizado por el organismo reveló que los beneficios sociales no eran otorgados a los contratados, en franca contradicción con las disposiciones vigentes.
Las entidades intervenidas comparten domicilio en una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posible implicancia de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en el funcionamiento de las cooperativas suspendidas. El sumario administrativo deberá dilucidar el grado de injerencia de la administración local en la operatoria de las entidades.
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que las irregularidades detectadas podrían haber desnaturalizado los fines cooperativos, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, y aprovechando la estructura formal para eludir obligaciones legales. El comunicado advierte que, de comprobarse las acusaciones, las cooperativas habrían incurrido en prácticas que vulneran derechos laborales, utilizando la figura jurídica con fines ajenos a los establecidos por la normativa.
La decisión del INAES implica la suspensión de toda operatoria de las cooperativas alcanzadas hasta que se determine la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales. El procedimiento se mantendrá vigente mientras avanza el sumario y se recolectan pruebas sobre la operatoria real de las entidades y la eventual participación de funcionarios municipales.
El comunicado oficial incluye la nómina completa de las entidades suspendidas, que abarca organizaciones con denominaciones correlativas y diferentes números de CUIT, como Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 51 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 56 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 61 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 72 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 77 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 105 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 112 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 116 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 123 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 135 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 142 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 171 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 205 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 206 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 229 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 236 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 311 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 329 Ltda. y Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.
Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), y el despacho quedó habilitado para ir al recinto en las próximas semanas, ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras de violencia de género y de sororidad “demagógica”.
Durante la reunión de la comisión, que es comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, avanzaron también varios pliegos militares, entre los que se encuentran la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente.
“Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación”, comenzó Crexell, quien resaltó los “más de 150 años de historia diplomática” entre ambas naciones y “relaciones sostenidas y muy buena sintonía en diferentes aspectos”. Entre los nervios centrales aparecen la minería y la energía.
Minutos después, el kirchnerismo lanzó todo su arsenal con Fernando Salino (San Luis), Carlos Linares (Chubut), la justicialista Florencia López (La Rioja) y la jerarca cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires). El primero le consultó por Malvinas y Gaza. La exsenadora recordó, pese a que todos conocían su postura durante 12 años en la Cámara alta, las varias acciones en defensa de la soberanía en cuanto al primer punto. Sobre el segundo, se ciñó a los lineamientos de Cancillería.
En tanto, el segundo fue por su supuesto cambio de voto en relación con la ley Bases y una denuncia que ya fue rechazada por la justicia federal. “Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales”, respondió la ex legisladora a Linares.
Tras ello, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), dejó en claro que Crexell “va a representarnos a los argentinos de la mejor manera”, y relató algunas negociaciones de la candidata durante viajes parlamentarios al exterior. Luego, reflotó el papelón del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que tuvo al exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción.
Con tonos más elevados fueron López y di Tullio. “Si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo, hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”, sostuvo la riojana. La postulante halagó la “dramatización”, la calificó de “muy buena actriz”, descartó sus dichos y se apoyó en lo que hace gran parte del pleno del Senado: consensuar leyes como terminales de gobernadores.
“Esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos. Durante largas semanas, el interbloque “Popular” no quiso presentarse a trabajar en esas instancias.
Pegado al kirchnerismo estaba la de nuevo peronista Carolina Moisés (Jujuy). Fue letal contra su ex amigas. “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”, expresó.
En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.
Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”.
Por dichas razones, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.
La Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo del oficialismo y de la oposición dialoguista, le dio luz verde esta tarde a la postulación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá. Su pliego quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.
La nominación de Crexell fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, quien cargó contra la exlegisladora acusándola de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático.
La embajadora propuesta rechazó las imputaciones y contraatacó acusando de mentir a los senadores de la bancada kirchnerista. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell, que recibió durante el debate un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición, que salieron al cruce del kirchnerismo. Así, su pliego obtuvo dictamen favorable con 13 firmas del total de 17 miembros que tiene la Comisión de Acuerdos.
La presentación de la postulante ante la Comisión de Acuerdos tocó una cota máxima de tensión a partir con la intervención de Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires) quien, a los gritos, le negó a Crexell condiciones para ocupar el lugar y adjudicó su nominación a una negociación espuria.
“No te dieron ese cargo por tus condiciones ni por tu currículum sino por los votos que les has dado a este Gobierno”, espetó Di Tullio, que alzó la voz cuando la exsenadora intentó responder a sus acusaciones.
La violenta intervención de la senadora kirchnerista provocó la reacción de la radical Carolina Losada (Santa Fe) y de la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy). “Esto es violencia simbólica, estos es disciplinamiento y me molesta mucho que venga de algunas compañeras”, salió en defensa de Crexell la legisladora jujeña, quien no sólo le anticipó su voto “peronista” a favor de darle acuerdo como embajadora ante Canadá, sino que también se quejó porque “se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de aspirar a un lugar de poder”.
Las alusiones al ataque de mujeres al que hizo mención Moisés apuntaron a las intervenciones de Di Tullio y de otra senadora kirchnerista, la riojana Florencia López, quien también le imputó falta de idoneidad moral para ser avalada como embajadora política por haber vendido su voto.
“Usted está imputándome un delito cuando la Justicia ya se expidió y quiero decirle que los fueros no la avalan para decir lo que se le antoje”, replicó Crexell, recordando el fallo del juez federal Daniel Rafecas que ordenó el archivo “por inexistencia de delito” de la denuncia formulada en su contra por el supuesto pago de canonjías por su voto en la Ley Bases.
La misma imputación le había lanzado minutos antes otro kirchnerista, Carlos Linares (Chubut), quien consideró “fundamental” el apoyo de Crexell a favor de la Ley Bases −que en el Senado se aprobó por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel−, antes de concluir que su nominación como embajadora es la moneda de cambio por aquel respaldo. “Estamos dándole el visto bueno o no a que llegue a una embajada de la envergadura de Canadá por el pago de un favor, y eso es un escándalo”, sentenció.
Cuando pudo pasar al ataque, Crexell le reprochó al kirchnerismo su inconsistencia. “Cuando habla de embajadores honorables pienso en [Sergio] Urribarri”, rememoró Crexell, en referencia al exgobernador de Entre Ríos designado embajador ante Israel y luego condenado por corrupción. Además, mencionó “cuando lo designaron a [Fernando] Pino Solanas como embajador ante la Unesco” que, recordó, “asumió en una boleta con Lilita Carrió y terminó apoyando al kirchnerismo” una vez que ingresó al Senado.
La primera en mostrar su apoyo a Crexell fue la radical Losada, quien le dijo que era “la mejor para el cargo” para el que está propuesta antes de disparar con munición gruesa contra la autoridad moral del kirchnerismo para impugnar la idoneidad de la postulante y asegurar que reaccionaba “por envidia”.
“Lo que más se huele es envidia, cierta situación de envidia. Porque la senadora contó que la Justicia la absolvió y sin embargo la están cuestionando los mismos que dicen que la que está presa con tobillera por chorra, y a la que tres tribunales la condenaron, dicen que es inocente, que debe estar libre”, sentenció Losada en alusión a Cristina Kirchner.
Antes de que el debate se desmadrara por las acusaciones políticas, Crexell tuvo tiempo de hacer una breve introducción en la que habló del “enorme potencial” que tiene la relación bilateral con Canadá, que tiene más de 150 años, porque ahora se ve potenciada “a partir de industrias tan dinámicas como la minería y la energía”.
También destacó “la fuerte relación en materia de seguridad nuclear”, ya que la Argentina tiene reactores de tecnología canadiense, y recordó que ambos países “integran un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad”.
Ascensos militares
Terminada la discusión por el pliego de Crexell, la Comisión de Acuerdos dictaminó, sin debate ni resistencias, un paquete de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Se trata de los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.
También obtuvieron dictamen favorable otros tres pliegos ómnibus con ascensos para 73 contraalmirantes de la Armada, 66 oficiales del Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles) y 38 efectivos de las Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).
Con acompañamiento de un sector del peronismo, la comisión de Acuerdos dejó listo para llevar al recinto de la Cámara alta el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. Se trata de la exsenadora que, en el marco de la Ley Bases, fue acusada por el kirchnerismo de haber canjeado su acompañamiento por la embajada ante la Unesco. “Me daría vergüenza asumir ese cargo”, dijeron desde el kirchnerismo. “He actuado conforme a mis principios y no he incurrido en ninguna actitud contraria a la honorabilidad”, retrucó la neuquina y fundamentó su acompañamiento a la iniciativa.
Poco se habló de política exterior y de idoneidad. El debate por el pliego de la exsenadora Lucila Crexell, que ingresó formalmente en la sesión de la semana pasada, quedó atravesado por su acompañamiento a la Ley Bases y la supuesta “devolución de favores” por parte de la Casa Rosada. La exsenadora había quedado en el ojo de la tormenta cuando trascendió un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta que solicitaba antecedentes jurídicos de Crexell como paso previo a su posible designación en UNESCO. Por el revuelo que despertó el asunto, aquel trámite fue desactivado.
“Lo que está sucediendo hoy es un escándalo”, dijo el senador de Popular, Carlos Linares. Y recordó que en el marco de la votación de la Ley Bases, se conoció su pliego para ser embajadora ante la Unesco, lo que consideró un “pago por un voto”. Dicho esto, el chubutense recordó que la votación quedó empatada, 36 a 36, por lo que su voto fue decisivo. “Tarda pero paga”, dijo Linares al referirse al Gobierno de Javier Milei.
En aquel momento, cuando se conoció la nominación por parte del Ejecutivo se generó tal revuelo (que incluso derivó en la justicia), la por entonces senadora optó por avanzar con el trámite. “Es un escándalo”, dijo Linares en varias oportunidades, y remató: “Me daría vergüenza asumir ese cargo”.
Crexell: “Para mí, es un tema cerrado”
Crexell recogió el guante e insistió con que “fue un acuerdo previo” el de su candidatura ante la Unesco. Un acuerdo en el que habría estado involucrado el gobernador de su provincia, Rolando Quiroga, con el Ejecutivo. Más adelante, Crexell le retrucó a Linares que las denuncias judiciales fueron “archivadas”. “Para mi, es un tema cerrado”, continuó la exsenadora.
Asimismo, Crexell defendió su acompañamiento a la Ley Bases. “Hoy mi provincia celebra la aprobación del RIGI”, agregó. “No voy a permitir que me agravie, y la mejor respuesta que le puedo dar es una sentencia del juzgado del doctor Rafecas”, remató.
“Pensé que nunca iba a llegar este momento”, dijo a su turno la La Rioja Florencia López, al aludir al tratamiento del pliego de Crexell. Dicho esto, la senadora de Popular la acusó de “confirmar que votó en contra de sus propios pensamientos”, al acompañar la Ley Bases al aludir que “había una negociación previa”.
“Usted misma reconoce en la Casa de las Provincias que hubo negociaciones oscuras para aprobar la Ley Bases”, dijo López, y la acusó de cometer el delito de cohecho. Lo cierto es que Crexell había recalcado que las negociaciones eran “previas” al debate de aquel proyecto de ley.
“Respecto de la Ley Bases, sí tuve diferencias con el primer proyecto, luego se modificó e incluso podemos hacer negociaciones”, dijo la exsenadora, al hablar sobre su postura en torno a aquella ley, y recordó que quien participó de aquellas negociaciones fue el gobernador de Neuquén. Dicho esto, Crexell insistió: “Los fueros no la avalan a decir lo que se le ocurra y quiero decirle que pagué un costo emocional y personal muy alto por una operación política”.
De paso, la neuquina le planteó a López que, más allá de sus cambios de postura por la ley bases, le recriminó al PJ que se muestran como “paladines de la moral”, cuando el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, condenado por corrupción, fue embajador en Israel del kirchnerismo.
“Yo estoy muy tranquila que he actuado conforme a mis principios y no he incurrido en ninguna actitud contraria a la honorabilidad”, remató.
Senado: peronismo dividido
Más adelante, fue el turno de Juliana Di Tullio, quien recordó el caso de Edgardo Kueider, quien fue encontrado con más de US$ 200.000 en Paraguay sin declarar, por lo que sigue detenido. La alusión fue para “explicar” los mecanismos que encontró La Libertad Avanza para sancionar leyes con apenas 7 senadores.
“No es cierto que haya sido absuelta, se archivó porque no se ha mandado el pliego”, continuó la bonaerense. Y agregó: “No es cierto que no hay conflicto con la ley”. Además, Di Tullio aseguró que todo lo que salga de la Comisión de Acuerdos es “nulo” porque el oficialismo no respeta los lugares que le corresponde a la oposición en las distintas comisiones. Desde hace semanas, el PJ reclama que el oficialismo les retacea lugares en esos cuerpos de trabajo, sin respetar la proporcionalidad.
“La oposición va a votar en contra porque está viciado porque sucedió algo gravísimo, porque canjeando un lugar, una cosita”, continuó Juliana Di Tullio. La bonaerense fue un paso más allá y le enrostró a la neuquina que el Presidente no la propuso como embajadora “por el currículum que tiene, sino por los favores y votos prestados”.
Gobernadores Moisés
“Te van a sobrar los votos porque tienen 47”, dijo casi hacia el final de su alocución. Es que, tal cual anticipó la senadora del peronismo, los tres senadores de Convicción Federal acompañarán el pliego de la neuquina.
Se trata del bloque que se desprendió de Popular, que conduce José Mayans, y que está integrado por senadores que responden a los gobernadores del PJ cercanos a la Casa Rosada: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). De esta manera, una vez más, el PJ se mostrará dividido al momento de la votación en el recinto.
“Estoy segura de que nos va a abrir las puertas a todas las provincias mineras”, destacó la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, al dejar entrever su acompañamiento al pliego. Y agregó que “ha sido desestimada la denuncia”. De paso, cuestionó la judicialización de la política. “Te merecés realmente tener esta designación”, dijo la jujeña al final de su exposición. Y remató, despegándose de las palabras de Di Tullio: “Vas a tener votos opositores, porque el peronismo es un partido opositor”.
Más allá de los cuestionamientos que recibió la postulación de Crexell, todas las bancadas, salvo Popular, acompañaron el pliego con su firma.
Marcelo Rivas Piasentini dejó el cargo por pedido del gobernador Juan Pablo Valdés. Ocurre luego de que los trabajadores de la educación denunciaran quitas de hasta $800 mil en sus sueldos.
El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, renunció en las últimas horas en medio de una polémica por descuentos salariales a docentes. El paso al costado del ahora exfuncionario había sido solicitado por el gobernador Juan Pablo Valdés, de la Unión Cívica Radical (UCR).
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La causa de su eyección fue la afectación de los ingresos de los trabajadores de la educación, quienes sufrieron descuentos salariales por plegarse al paro nacional del pasado 2 de marzo. Los recortes, denunciaron los gremios, fueron de hasta $800.000.
Al respecto, la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) había denunciado “descuentos sangrientos” en los haberes de los trabajadores docentes que alcanzan “porcentajes que ni siquiera la Justicia cuando tiene embargo lo hace”, al señalar quitas de entre el 40% y el 60% de los ingresos.
“Lo que hoy nos quitaron fue el monto que muchos profesores y maestros destinan a pagar sus cuentas, sostener las actividades de sus hijos, a comprar la comida que alimenta a sus familias, a cubrir medicamentos y necesidades básicas”, advirtieron.
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Asimismo, el sindicato señaló que “cada peso descontado es un golpe directo a la dignidad de quienes, con esfuerzo y vocación, sostienen la educación pública”.
Posteriormente, el gobernador Valdés, quien asumió el mando de manos su hermano Gustavo en diciembre, explicó que se trató de una falla.
“Se produjo la acumulación de dos ítems del sueldo (vinculados al presentismo) que resultó excesiva. Por eso se decidió el reintegro y realizaremos una revisión completa del decreto”, señaló. Tras ello, el mandatario le pidió la renuncia al titular de Hacienda.
Rivas Piasentini había llegado a la administración correntina en 2018, durante la gestión de Gustavo Valdés. En diciembre, al asumir el nuevo titular del Ejecutivo, había jurado nuevamente en su cargo de ministro de Hacienda y Finanzas.
El puesto vacante será ocupado por Héctor Grachot, actual subsecretario de Finanzas de la provincia y número dos en el palacio que condujo el funcionario saliente.
Corrientes, la más beneficiada por los ATN
Semanas atrás, el Gobierno nacional reactivó los giros a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solamente entre el 19 y el 20 de marzo, Nación repartió $47.000 millones entre 11 distritos, todos aliados o dialoguistas.
ATN
En ese marco, Corrientes fue la más beneficiada, con $8.000 millones. La siguieron en el podio Mendoza ($7.000 millones) y Entre Ríos ($6.000 millones), dos jurisdicciones donde sus mandatarios, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, trabaron alianzas electorales con La Libertad Avanza.
Según consignó la consultora Politikon Chaco, el resto del dinero se distribuyó de la siguiente manera:
Misiones con $ 5.500 millones;
San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno;
Salta con $ 3.500 millones;
Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso
Marta Maffei advierte que el agua de los glaciares es el último recurso puro ante la contaminación de cuencas y acuíferos
La exdiputada que impulsó la actual Ley de Glaciares,Marta Maffei advirtió que “la única agua que nos queda pura es la de los glaciares”, al analizar la reforma que avanza en el Congreso. La iniciativa, ya con media sanción del Senado y en tratamiento en Diputados, genera preocupación por el posible impacto ambiental en un país donde el 80% de las cuencas hídricas registra contaminación.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, la discusión giró en torno al incumplimiento de la obligación legal de realizar audiencias públicas, un punto que podría judicializar todo el proceso legislativo.
“La Ley de Glaciares protege los glaciares y los periglaciares, y los protege como reserva hídrica. La República Argentina tiene muchas complejidades con su agua. El agua de superficie, el agua de los ríos, en un setenta por ciento está contaminada”, planteó Marta Maffei, ex dirigente de CTERA y autora de la ley, en una charla donde remarcó la gravedad ambiental que enfrenta el país.
Maffei detalló que la problemática afecta tanto a los ríos como a los acuíferos: “Tenemos el 70% de las cuencas hídricas contaminadas. Después están los acuíferos, que son una enorme reserva de agua dulce y también están contaminados. El acuífero Puelche, que es el grande que está debajo de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, parte de Santa Fe y demás, por una imprudencia de hace 40 años, está radiactivamente contaminado”.
La ex diputada enfatizó que el agua de los glaciares es el último recurso sin contaminación, ante la presión creciente de emprendimientos mineros y de fracking en las provincias cordilleranas: “La minería a cielo abierto es el emprendimiento industrial más contaminante que existe en el mundo. No lo digo yo, lo dicen los técnicos y científicos. Cuando se procesa la minería a cielo abierto, se realiza sobre roca volcánica… Ahí ponen el agua de los glaciares y ahí vuelcan toda la molienda para tratar de flotar con distintos productos, incluyendo el cianuro, las partículas de oro, plata y demás”.
Maffei criticó abiertamente el modelo chileno: “Antofagasta es el centro mundial de producción de cobre. Tiene el número más alto de desempleo de Chile, las aguas contaminadas peor de Chile y el suministro de agua potable se hace escalonadamente, no todos los días. Yo no quiero ese sistema productivo para la Argentina”.
En el análisis del staff de Infobae al Regreso, se remarcó que la reforma de la ley obtuvo media sanción en el Senado sin la realización previa de audiencias públicas, como exige la legislación ambiental vigente. Malena de los Ríos lo sintetizó: “Hay una ley ambiental que obliga a realizar estas audiencias públicas. Como en el Senado no se realizaron, el Gobierno decidió implementarlas en Diputados para evitar problemas judiciales. La cantidad de inscriptos superó los 100 mil, pero solo se habilitó a poco más de 300 personas a exponer en dos jornadas”.
Fuentes parlamentarias consultadas por el programa advirtieron sobre la posible vulnerabilidad judicial de la reforma: “Si el Gobierno no le permite a todas las personas de alguna forma expresarse, puede haber un inconveniente. Lo que hicieron fue permitir manifestaciones por escrito o video”.
Silvio Pastore destaca la falta de claridad en la actual Ley de Glaciares sobre la definición de reservas hídricas estratégicas
El geofísico Silvio Pastore, miembro de la Asociación Internacional de Permafrost y profesor en la Universidad Nacional de San Juan, aportó una visión técnica sobre la discusión: “La nueva norma viene a aclarar lo que la ley actual confunde. El espíritu de la ley es extraordinario, pero agrega confusiones al considerar que el ambiente glacial es lo mismo que el ambiente periglacial, y que los glaciares escombros son iguales que los glaciares cubiertos”.
Pastore explicó que la ley vigente, sancionada en 2010, “no define qué es una reserva hídrica estratégica ni quién la define. Para aplicar una metodología de estudio necesitamos responder preguntas muy sencillas: el qué, el cómo, el quién, el cuándo y el dónde. Si el espíritu de esta modificación es que esas respuestas sean definidas por los conocedores del territorio, entiéndase los estados provinciales, me parece que es un buen camino”.
El especialista detalló el impacto regional y la diversidad de situaciones en el territorio nacional: “En Jujuy, donde hay pocos glaciares, tenemos la comunidad andina viviendo cerca de estos cuerpos de hielo, lo cual es distinto a lo que sucede en San Juan o Mendoza, donde los primeros usos de recursos se producen a cientos de kilómetros de los glaciares, y la situación socioeconómica es diferente. En Santa Cruz, que concentra el 60% del área de glaciares de Argentina, no se hace absolutamente nada con el agua de esos glaciares porque va al océano Atlántico”.
Maffei concluyó que la disputa no terminará con el eventual cambio de ley: “Esto viene de largo. Hemos tenido recursos de inconstitucionalidad, leyes provinciales, ahora este intento disfrazado de derogación, pero no va a terminar porque las empresas van a seguir presionando y nosotros vamos a seguir peleando”.
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El precandidato a gobernador de Córdoba, Rodrigo de Loredo, propuso “subir la edad de retiro de los policías y mejorar su salario para tener más policías en la calle combatiendo el delito”.
“Subir la edad de retiro de los policías”
“En Córdoba nuestros policías se jubilan a los 44 años. ¿Te parece normal? Un policía puede retirarse con 22 años de servicio si es subalterno o con 25 si es suboficial superior”, explicó el dirigente radical.
“Estamos sacando de la calle a los hombres y mujeres más preparados en el mejor momento de su carrera cuando tienen la experiencia y el conocimiento del territorio”, agregó en un video publicado en sus redes sociales.
“Por eso proponemos elevar la edad de retiro. ¿Para qué? Para tener en los próximos cinco años, 4 mil policías más en la calle combatiendo el delito”, aseguró De Loredo.
Además señaló que “hoy la Policía tiene cerca de 20 mil agentes y no da abasto”. “Vos lo sabés porque falta presencial policial en tu barrio, en los horarios pico del laburo, de la escuela. Los robos son a toda hora y de todas formas”, puntualizó.
“Es realizable y mejoría la seguridad”
Y luego se preguntó: “¿Te imaginás el cambio con tener 4 mil efectivos más?” . Y después de respondió: “Es concreto, es real, es realizable y mejoraría la seguridad en Córdoba”.
“No estamos inventando nada. Santa Fe ya lo hizo pasando de 25 a 30 años de servicio. Entre Ríos exige 30 a 32, y Jujuy lo está discutiendo”, comparó el dirigente radical.
“Hoy cada policía retirado cobra durante más de 30 años como pasivo, esto ahoga la Caja y terminan podando las jubilaciones y te matan a vos con impuestos para bancarlo”, argumentó en otra parte del video
“Entonces, esta medida mejora también las finanzas de Córdoba, por eso tiene que ser acompañada con un aumento del 20% en los sueldos policiales que son bajos”, justificó.
En la parte final se pronunció a favor de “volver a las escuelas de suboficiales de 12 meses, y no tres años como se tiene ahora”.
“Esta es una política que mejoraría claramente la seguridad y también el bienestar de la familia policial, que merece mejores sueldos, más equipamiento, y una conducción profesional, no improvisada como la actual del ministro de Seguridad”, concluyó en tono crítico a Juan Pablo Quinteros.
