Con una reforma legal vigente desde hace casi una década, pero incumplida en uno de sus puntos centrales, y una gran lupa puesta sobre los peritajes médicos como telón de fondo, la judicialidad por accidentes y enfermedades laborales siguió en los primeros meses de este año la tendencia al alza que mantiene desde la temprana pospandemia.
Así, cuando se cumplen 30 años de la puesta en vigor del sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) -rige desde el 1° de julio de 1996-, el problema de los casos que se judicializan es creciente (una vez más), y los índices que reflejan el peso del problema se muestran heterogéneos cuando se observan variables como el sector de actividad o la jurisdicción geográfica.
La industria, por ejemplo, tuvo en 2025 en la provincia de Santa Fe 419,4 juicios por cada 10.000 trabajadores asegurados. Es un índice que mostró un incremento de 12% respecto del registrado en el año previo, y que multiplica por tres al del total de la economía en el país, que resultó de 132,8. En el sector fabril, al índice de Santa Fe le siguieron los de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, con 271,8 y 270,2 litigios cada 10.000 asegurados, respectivamente; en estos dos últimos casos, son los índices más altos desde, al menos, 2019.
Las cifras mencionadas surgen de un trabajo realizado por el equipo de LA NACIÓN Data, sobre la base de información aportada por la Unión de ART. De los registros se concluye también que hay diferencias significativas, entre jurisdicciones, en las brechas entre los porcentajes de incapacidad definidos en las comisiones médicas administrativas y los determinados en los peritajes hechos en la instancia judicial. En promedio, esa brecha supera los 12 puntos porcentuales y eso tiene un impacto fuerte en las indemnizaciones dispuestas.
La judicialidad es una cuestión central que atraviesa al sector y repercute en los costos de los empleadores -sobre todo en las pymes- y, en definitiva, en el empleo. La cantidad de juicios iniciados está en alza desde 2021, luego de la caída que se había registrado tras la puesta en vigor de la ley 27.348, en 2017, y que se había acentuado con la prácticamente paralización de la actividad económica por la pandemia, en 2020.
En el primer cuatrimestre de este año hubo 39.687 nuevas demandas en las que las ART resultaron notificadas, lo que llevó a proyectar que llegarían a más de 138.000 los casos en todo 2026, de no instrumentarse medidas que logren frenar la suba. La cifra sería récord en la historia del sistema, luego de que en 2025 se iniciaran 134.141 litigios.
La ya mencionada ley dispuso que, si se plantean discordancias respecto de los efectos derivados de un accidente o enfermedad -más allá del tratamiento médico brindado dentro del sistema- el caso pase obligatoriamente, antes de iniciarse un juicio, por Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para la determinación de la existencia o no de una incapacidad indemnizable de origen laboral y, en todo caso, para la definición del grado de la inhabilidad (del que depende el monto del resarcimiento).
También se estableció que, previa adhesión a la ley nacional por parte de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se constituyan en cada jurisdicción cuerpos médicos forenses -con profesionales cuyos montos a cobrar no estén anclados a lo surgido de las pericias-, para definir los eventuales porcentajes de incapacidad durante la tramitación de litigios. Adicionalmente, la norma mejoró los importes de los pagos a cargo de las ART, un cambio que debilitó una causa de las demandas.
Según explica la presidenta de la UART, Mara Bettiol, 18 jurisdicciones adhirieron a esa ley de 2017, pero ninguna puso en marcha hasta ahora el cuerpo médico forense de acuerdo con lo previsto en la norma. No aprobaron su adhesión La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.
Desde la SRT, puntualizan que hasta ahora se firmaron convenios marcos con Santa Fe, San Luis y Jujuy para avanzar en el tema. La provincia que más pasos llegó a dar para poner en funcionamiento el cuerpo médico forense es Santa Fe (se designó incluso a tres profesionales, aunque luego se decidió ampliar a nueve el número de integrantes).
Por otra parte, según las autoridades del área, hay “conversaciones avanzadas” con la Ciudad de Buenos Aires y con las provincias de Buenos Aires, Córdoba -donde el 11 de este mes el Tribunal Superior de Justicia dispuso, mediante una acordada, la creación de un Servicio de Peritos Médicos Oficiales del Fuero Laboral-, Neuquén, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
En Mendoza, según puntualizan en la SRT, las pericias continúan siendo realizadas por profesionales médicos de una lista -con honorarios no atados al monto del pleito- pero, a la vez, existe un Cuerpo Interdisciplinario Oficial que interviene a requerimiento del juez, con funciones de supervisión, revisión y asistencia técnica respecto de los peritajes. Un informe de la UART indica que, tras las revisiones hechas, “el 90% de los dictámenes fue corregido a la baja”.
Cuestiones en juego
Tanto en las ART como en la Superintendencia insisten en que son claves un par de cuestiones: que se respete el baremo vigente, para que haya uniformidad de criterios en todo el país a la hora de determinar incapacidades, y que el monto de los ingresos de los peritos sea independiente del grado de inhabilidad por ellos fijado.
El baremo, o tabla de evaluación, es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente o enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad; desde febrero de este año rige uno que fue establecido por un decreto de 2025. En comparación con el anterior, el nuevo reduce los márgenes de discrecionalidad y apunta más a las limitaciones físicas que a los síntomas expresados por las personas (el que regía previamente establecía rangos más amplios dentro de los que podía ubicarse, ante cada patología o daño, el porcentaje de incapacidad).
Desde el otro lado, quienes plantean demandas lo hacen principalmente argumentando que, en casos en que las comisiones médicas administrativas desestimaron la existencia de un daño indemnizable tras la recuperación a cargo de la ART, en realidad sí existe tal consecuencia. O bien, en algunos casos -hoy por hoy, los menos- se sostiene que, si bien sí se definió en las comisiones una incapacidad mayor a 0%, el porcentaje debería ser mayor.
Además, este año se judicializó el decreto 549/25 -el que fijó el nuevo baremo-, sobre todo con reclamos contra la pretensión de que las reglas allí fijadas se apliquen a casos ocurridos antes de su entrada en vigor.
Una contradicción que marcan quienes analizan los datos es que la judicialidad aumenta a la vez que el número de accidentes se reduce. “Si comprobamos que la siniestralidad está en descenso y aun así los litigios aumentan, llegamos a la conclusión de que la clave para solucionar esta paradoja está en las pericias que se realizan”, sostuvo el mes pasado el gerente general de la SRT, Fernando Pérez, al disertar en un foro sobre la actividad aseguradora.
“En la industria, la siniestralidad cayó un 70% en los últimos 15 años y la litigiosidad creció, con excepción de un período posterior a la aprobación de la ley de 2017″, observa el economista Diego Coatz, director ejecutivo de I+D (Industria y Desarrollo), quien considera que, además de los cuerpos médicos forenses y de desanclar honorarios de resultados periciales, resulta clave que se concrete el traspaso del fuero laboral de la jurisdicción nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso hoy frenado por una medida cautelar.
La estadística de la SRT permite corroborar el sentido opuesto entre sí que toman las curvas del comportamiento de los índices de accidentes y de juicios. En 2003, cuando la tasa de litigiosidad fue de 6,4 cada 10.000 asegurados -luego empezó la tendencia al alza-, los siniestros denunciados fueron 61 por 1000 asegurados y las muertes por causas laborales, 94,3 por millón. En 2025, tras años con tendencia decreciente, hubo 32,5 accidentes por 1000 y 31,7 fallecimientos por millón.
Otro indicador oficial muestra que en 2025 hubo 175 juicios cada 1000 siniestros, mientras que esa relación había sido de 141 en 2015 y de 100 en 2020.
Brechas en los índices
Según datos de la UART analizados por LA NACION Data, de un conjunto de 155.131 pericias hechas por juicios ingresados entre 2022 y 2025, el porcentaje promedio de incapacidad definida por las comisiones médicas de la Superintendencia fue de 1,3%. En esos mismos casos, el porcentaje promedio se elevó a 13,7% en los peritajes hechos para los juicios, y terminó siendo de 13,1% en las sentencias.
A la vez, los índices de incapacidad definidos en sentencias son dispares. Los promedios van desde el 6,7% en Santa Fe al 21,9% en San Luis, la provincia en la cual hubo en 2025 una mayor incidencia de juicios: fueron 300 cada 10.000 asegurados.
La ciudad y la provincia de Buenos Aires se ubicaron algo por arriba del promedio, con porcentajes de incapacidad definidos en fallos de 15,1% y 14,3%, respectivamente, mientras que en comisiones médicas se había determinado una inhabilidad promedio de 1,1% en ambos casos.
En cuanto a las actividades, la que tuvo el mayor índice de incapacidad por sentencias fue la minería, con 15,4%, frente al 16,2% resultante de las pericias en juicio y al 1,4% determinado previamente por las comisiones de la SRT.
¿Qué pasa si se analiza qué ocurre con una misma patología? Según un informe del Ieral de Fundación Mediterránea, basado en datos de la SRT, en casos de lumbalgia en los cuales las comisiones médicas indicaron que había 0% de incapacidad, los porcentajes fijados en la Justicia se movieron entre el 9% y el 19% en la ciudad de Buenos Aires, entre el 7 y el 16% en la provincia de Buenos Aires y entre 4% y 7% en Santa Fe.
Por otra parte, los registros de la UART muestran que en 2024 el 88% de los casos que fueron a juicio -en algunas, provincias, el 100%- habían sido evaluados como sin secuelas indemnizables por la Superintendencia.
Un informe de los economistas del centro de estudios Idesa concluye que datos como los enunciados en los párrafos previos “son indicios sólidos de que los peritos médicos aplican criterios subjetivos para evaluar el daño laboral”. Como consecuencia, trabajadores con situaciones iguales obtienen montos diferentes, o no los obtienen.
De acuerdo con un análisis de la Superintendencia, esa desigualdad se agrava por la dispersión de criterios para la actualización de los montos definidos en las sentencias. El sistema de riesgos del trabajo tiene una regla específica para el cálculo del reajuste, pero eso no evita que el criterio a aplicar sea objeto de análisis en cada causa judicial.
Según especifica un informe de Idesa, “hay jueces que actualizan con índice salarial, otros con tasas de interés, y otros con estos dos indicadores más algún adicional”, a lo cual se agrega que muchas demandas se presentan fuera de plazo y, aun así, son recepcionadas por la Justicia.
En la actual gestión definen como “sobrecosto” del sistema los montos a pagar por las ART que se derivan de las brechas entre la incapacidad determinada por la Superintendencia y la definida por los jueces tras considerar los informes de los peritos que actúan en los conflictos, y le suman a esas diferencias los cobros de los abogados. Se llega así a una cifra de US$2140 millones para 2025.
Las autoridades hablan de la existencia de “casos especulativos”. A partir de la ley 27.348, señalan, casi desapareció la judicialización sin denuncia previa del siniestro a la ART, ya que ahora se exige la mencionada actuación de las comisiones médicas como paso previo a un juicio. En cambio, subió la cantidad de presentaciones que buscan cuestionar la decisión de determinar que quedó 0% de incapacidad.
Los costos
En Idesa advierten que los montos de los juicios contra la ART ascienden “a 1% de la masa salarial”, un tercio de la alícuota promedio del seguro que pagan los empleadores. Según la UART, el precio promedio hoy es de poco más de 3% de los salarios, pero si se tienen en cuenta los juicios existentes y la desproporción en las tasas de actualización de las sentencias, debería estar en 5,15%, con lo cual se requeriría una suba de 69%. Las diferencias encienden luces de alerta sobre la sostenibilidad misma del sistema.
Coatz analiza que la situación de los juicios conlleva un sobrecosto enorme para los empleadores, con impacto principalmente en las pequeñas y medianas empresas.
En línea con la conclusión de Idesa, las ART estiman que la alícuota sería de 2,19% si la judicialidad fuera marginal, como en Chile o España, países con niveles de siniestralidad similares a los de la Argentina. Un informe de las ART afirma que, si la incidencia de la litigiosidad en nuestro país fuera como la de España, en 2025 los reclamos iniciados habrían sido 8234, en lugar de los 134.141 que hubo, y si fuera como la de Chile, los nuevos casos planteados el año pasado habrían sido 5663.
La lupa sobre las pericias
¿Por qué la lupa está puesta sobre las pericias? Según la UART, en provincias donde, incluso sin cumplirse estrictamente con la ley, se hizo la revisión de los casos con un sistema ajeno al de peritos externos a la Justicia con honorarios anclados al grado de incapacidad determinado, la litigiosidad es más reducida.
Por ejemplo, mientras que en Salta se inician 4,9 demandas por 10.000 asegurados, en Jujuy el índice es de 178,6; al tiempo que en Corrientes el indicador es de 18,5, en Entre Ríos es de 87; y mientras que en Río Negro es de 30,1, en Chubut llega al 235,8. ¿Qué diferencias encuentran entre las provincias que integran esos “pares”? En Salta, Corrientes y Río Negro, señalan en las aseguradoras, hay pericias hechas por profesionales que son empleados del Poder Judicial.
La estadística de la SRT muestra que en marzo de este año había 312.992 juicios pendientes de resolución, un 2% más que doce meses antes y un 12,7% más que en julio de 2022. En abril de 2018, unos meses después de la reforma de 2017 que se propuso como una vía de solución para aliviar el problema de los litigios, el número llegó a 375.592 -el más alto de una serie de datos que se inicia en 2010- y luego fue bajando -por efecto de la reforma-, en una tendencia que cambió cuatro años atrás.
El sistema tiene algo más de 10,1 millones de trabajadores asegurados, de los cuales alrededor de 490.000 hacen tareas en casas particulares. Según fuentes del sector, la inclusión de este grupo en el régimen del seguro de riesgos laborales, a fines de 2014, no modificó significativamente lo ocurrido con la judicialidad.
Colaboró: Bautista Otero, de LN Data
