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  • La Corte Suprema dejó firme la condena a 8 años de prisión contra el exgobernador Sergio Urribarri

    La Corte Suprema dejó firme la condena a 8 años de prisión contra el exgobernador Sergio Urribarri

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario provincial, con lo cual quedó firme la sentencia que también estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    El fallo de la Corte Suprema

    Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese proceso también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.

    Según la investigación, publicada por NA, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

    La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.

    También se investigaron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

    Urribarri, condenado

    El fallo de primera instancia había sido confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.

    Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

    El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, fue posteriormente legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022 tras conocerse la condena.

    Fuente: NA.

  • La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri por corrupción

    La Corte Suprema dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri por corrupción

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en una causa por el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del ex mandatario provincial, con lo cual quedó firme la sentencia que también estableció la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    Urribarri había sido condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que le impuso ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En ese proceso también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación entrerriano Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, ambos a seis años de prisión.

    Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares y en las maniobras resultó favorecido Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública.

    La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva; el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL; y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”.

    También se investigaron la instalación de un parador en Mar del Plata, que tuvo un costo de $14 millones de entonces, y el pago a la productora Nelly Entertainment para la difusión de tres spots vinculados formalmente con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

    El fallo de primera instancia había sido confirmado en 2023 por el Tribunal de Casación de Entre Ríos y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos de las defensas, que acudieron entonces ante el máximo tribunal nacional.

    Urribarri estuvo detenido durante 50 días luego de que en noviembre de 2024 la Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga. Esa medida fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano.

    El dirigente peronista gobernó Entre Ríos entre 2007 y 2015, fue posteriormente legislador provincial y en 2020 asumió como embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en 2022 tras conocerse la condena.

  • La Corte dejó firme la condena al ex gobernador K Sergio Urribarri y piden que vaya a la cárcel a cumplir sus 8 años de prisión

    La Corte dejó firme la condena al ex gobernador K Sergio Urribarri y piden que vaya a la cárcel a cumplir sus 8 años de prisión


    La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este jueves firme la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri, quien fue dos veces gobernador de Entre Ríos y embajador en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales. La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

    Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa del exgobernador por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.

    El ministerio público fiscal pedirá esta tarde que el ex gobernador, que está en arresto domiciliario, vaya a la cárcel a cumplir su condena.

    También irán presos su ministro de cultura, Pedro Báez, que tiene una condena de seis años y medio, y el cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera, que fue presidente del partido justicialista entre Ríos, y tuvo varios otros cargos, pero esencialmente era testaferro de Urribarri (también tiene seis años y medio), informaron fuentes judiciales a Clarín.

    El exmandatario quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial que dispuso su prisión preventiva para evitar que se fugue, pero la decisión fue revocada en enero de 2025 por la Sala de feria del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos. Estuvo preso 50 días.

    Según la investigación, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares. En esa maniobra apareció favorecido su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a quien se responsabilizó por manejar un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. En el expediente también se investigó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en la ciudad de Paraná en diciembre de 2014 para promover su postulación a la presidencia en 2015.

    Urribarri fue gobernador de la provincia de Entre Ríos desde diciembre de 2007 hasta diciembre del 2015. Ese año fue electo legislador provincial y en 2020 fue nombrado Embajador por la República Argentina en el Estado de Israel por el gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner. Ese cargo diplomático fue ocupado hasta mayo del 2022, cuando el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia tras su condena.

    La causa fue impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche -que enfrentó un jury por mal desempeño impulsado por los K, fue echada y restituida por la Corte Suprema.

    Allí hubo cinco acusaciones principales: el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la denominada “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Agueilra, se quedaron durante cinco años con el negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones de entonces; y el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.

    El 7 de abril de 2022, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná condenó a Urribarri a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron condenados el exministro de Cultura y Comunicación de la provincia, Pedro Báez, y el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera -cuñado del exmandatario-, ambos a seis años de prisión e inhabilitación.

    En el mismo debate también fueron condenados Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Ruben Tamay y Gerardo Daniel “Foia” Caruso, a la pena de tres años de prisión en suspenso. Las penas menores fueron para Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi, quienes recibieron dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, respectivamente; y Germán Esteban Buffa, a la pena de año y dos meses de prisión de ejecución condicional.

    El tribunal también dictó absoluciones para otros acusados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.

    En 2023, el Tribunal de Casación entrerriano confirmó las condenas. El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de las defensas. Los imputados presentaron recursos extraordinarios para revocar su suerte ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos por inadmisibles, salvo en el caso de la defensa de Tamay, en el que su presentación fue rechazada por defectos formales.

  • Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

    Entre Ríos eliminó las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

    2 de septiembre 2026 – 17:48

    El proyecto fue impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y obtuvo 30 votos positivos y ninguno negativo en la Cámara de Diputados local. El sistema garantizaba un pago equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

    La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente este miércoles la ley impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que deroga el régimen de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, vigente desde 1965. La iniciativa fue aprobada por 30 votos afirmativos y ninguno negativo.

    La norma pone fin a más de seis décadas de un régimen establecido por la Ley 4.506, que otorgaba a quienes hubieran ejercido la Gobernación o la Vicegobernación una pensión equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo.

    Rogelio Frigerio celebró la aprobación

    Frigerio había enviado el proyecto a la Legislatura al comienzo de su gestión, como parte de una agenda orientada a reducir los privilegios asociados a la función pública y avanzar hacia una administración más austera y transparente.

    “Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, afirmó el mandatario después de la sanción.

    La derogación tendrá un efecto inmediato sobre las actuales autoridades provinciales: tanto Frigevitalicia rio como la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios entrerrianos que finalizarán sus funciones sin adquirir el derecho a una pensión por haber ocupado esos cargos.

    “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, sostuvo Frigerio. Y agregó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

    La eliminación del beneficio se suma a otras medidas implementadas por la administración provincial desde diciembre de 2023. Según el Gobierno entrerriano, durante la gestión se redujo prácticamente a la mitad la cantidad de cargos políticos y se eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado.

    También se eliminaron los gastos reservados y se adoptaron medidas sobre sobresueldos y acumulación de remuneraciones. A esto se sumaron una reducción de las adscripciones y nuevas herramientas destinadas a transparentar la nómina de empleados, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.

    En paralelo, la gestión de Frigerio impulsó una reforma política y electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel, una Ley de Transición de Gobierno y distintas iniciativas vinculadas con la ética pública, el acceso a la información y la transparencia administrativa.

  • Una condenada por un fraude millonario al Estado denunció a un histórico dirigente del PJ

    Una condenada por un fraude millonario al Estado denunció a un histórico dirigente del PJ


    La causa por las compensaciones impositivas fraudulentas dentro de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), que investigó maniobras de corrupción realizadas durante una década, abrió un nuevo frente judicial. Una de las ex funcionarias condenadas por el fraude denunció penalmente al ex titular del organismo Marcelo Casaretto y a cinco integrantes de la conducción que lo acompañaron durante su gestión.

    La presentación fue realizada por María Estrella Martínez de Yankelevich, ex jefa del Departamento Despacho de ATER, quien el 21 de agosto pasado admitió su responsabilidad en los hechos y fue condenada en un juicio abreviado. Ahora, la ex funcionaria sostiene que las operaciones por las que fue responsabilizada no podrían haberse realizado sin conocimiento y autorización de los niveles superiores del organismo.

    Además de Casaretto -dirigente del PJ provincial y ex diputado nacional-, la denuncia alcanza a Damián Alcides Zoff, ex director de Impuestos; César Del Castillo, ex director de Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, ex director de Informática; Federico Borra, ex director Jurídico; y Manuel Valiero, ex director de Interior.

    El planteo de Martínez de Yankelevich introduce así un nuevo interrogante en un expediente que hasta ahora había concentrado las responsabilidades penales en quienes intervinieron directamente en la instrumentación de las operaciones fraudulentas.

    La investigación reconstruyó un mecanismo mediante el cual se incorporaba información falsa al sistema tributario provincial para generar créditos fiscales inexistentes a favor de determinados contribuyentes. Esos saldos ficticios permitían posteriormente compensar y cancelar obligaciones impositivas reales, aunque el dinero correspondiente nunca ingresaba al Estado entrerriano.

    Las maniobras investigadas abarcaron el período comprendido entre 2004 y 2014 y quedaron distribuidas en tres grandes expedientes. El perjuicio calculado fue de unos $8 millones para las operaciones realizadas entre 2004 y 2007; otros $20 millones entre 2008 y 2011; y más de $18 millones correspondientes al período 2012-2014.

    Se trata de aproximadamente $46 millones a valores nominales de aquellos años. Si se realiza una actualización estimativa mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), diferenciando cada uno de los períodos, la cifra rondaría actualmente los $14.700 millones, equivalentes a unos US$9,7 millones al tipo de cambio mayorista de agosto de 2026.

    La investigación judicial se inició en junio de 2014. Con el avance de la pesquisa se incorporaron operaciones correspondientes a años anteriores y la investigación terminó retrocediendo hasta 2004.

    En diciembre de 2017 se definió la situación procesal de 180 imputados. Casi nueve años después, el 21 de agosto de 2026, el vocal Alejandro Diego Grippo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, dictó sentencia mediante un procedimiento de juicio abreviado. Entre los condenados quedaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

    Fue después de esa sentencia cuando la ex jefa de Despacho decidió avanzar contra quienes ocupaban los principales cargos de conducción del organismo.

    Casaretto se defendió públicamente tras esta nueva denuncia penal que lo menciona. Sostuvo que fue él quien descubrió y denunció en 2014 la maniobra de compensaciones fraudulentas en ATER. También afirmó que las acusaciones en su contra ya habían sido descartadas por la Justicia y que durante su gestión se recuperó “todo el dinero” defraudado.

    En su presentación, Martínez de Yankelevich no desconoce la responsabilidad que ella misma admitió ante la Justicia, pero asegura que la operatoria excedía ampliamente sus posibilidades de actuación. Afirma que “jamás” podría haber realizado las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Casaretto y de las máximas autoridades de ATER.

    La denunciante sostiene además que los directores conocían los mecanismos mediante los cuales se modificaba la información de los contribuyentes y tenían intervención en el circuito administrativo por el que expedientes y resoluciones llegaban hasta quienes finalmente cargaban las operaciones en el sistema.

    Uno de los puntos que pide investigar se remonta a 2012. Según su versión, un auditor y el entonces director de Interior habrían advertido a Casaretto acerca de movimientos detectados en las cuentas corrientes de determinados contribuyentes. Martínez de Yankelevich asegura que el entonces director ejecutivo hizo “caso omiso” de ese aviso.

    También sostiene que Casaretto y los integrantes de su conducción disponían de claves informáticas con niveles de autorización superiores que permitían realizar movimientos sobre las cuentas de los contribuyentes y efectuar compensaciones. En respaldo de esa hipótesis menciona una pericia informática que, según afirma, habría expuesto vulnerabilidades en el sistema utilizado por el organismo.

    La ex funcionaria solicitó, además, que la Justicia investigue su propia evolución patrimonial y la de Gaggión, Casaretto y los otros cinco ex directores. También pidió ser citada para ratificar la denuncia, ampliar sus dichos y precisar cuál habría sido, según su versión, la participación de cada uno.

    La presentación deberá atravesar ahora una nueva instancia judicial para establecer si existen elementos que permitan abrir una investigación sobre los ex funcionarios señalados.

    Casaretto, contador público y dirigente del peronismo entrerriano, desarrolló buena parte de su carrera dentro del Estado. Comenzó en 1993 como director de Relaciones con las Provincias del Ministerio de Economía de la Nación y posteriormente ocupó distintos cargos provinciales. Fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Entre Ríos durante la gobernación de Jorge Busti, senador provincial y asesor de la Gobernación y la Vicegobernación.

    Entre 2011 y 2015, durante la segunda gobernación de Sergio Urribarri, estuvo al frente de ATER, período que coincide con una parte de las operaciones fraudulentas investigadas. Luego fue asesor durante la gestión de Gustavo Bordet, presidió el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, ocupó una banca como diputado nacional por el Frente de Todos.

  • Hasta que las Malvinas ya no duelan

    Hasta que las Malvinas ya no duelan


    Es sabido que Jorge Francisco Cholvis es, sin ninguna duda, el más competente y experto constitucionalista de nuestro país. Discípulo del gran jurista entrerriano que fue Arturo Sampay (Concordia,1911-La Plata,1977), Cholvis dedicó toda su vida aprecisar el concepto deSoberanía a partir de la clara conciencia que tenía su maestro, quien con toda justicia es hoy considerado Padre de laConstitución Nacional de 1949, que puede y debería ser llamada todavía hoy “la buena”.

  • Macri-Milei: la negociación avanza con desconfianza distrito por distrito

    Macri-Milei: la negociación avanza con desconfianza distrito por distrito

    El jueves pasado por la tarde en la oficina del jefe de Gabinete en la planta baja de la Casa Rosada, Diego Santilli, los primos Menem, “Lule” y Martín, y el Colorado recibieron a Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, y a Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri. La reunión duró unas dos horas. Y luego salieron comunicados y frases de buena sintonía para la ocasión.

    Sin embargo, por lo bajo, reina aún la desconfianza mutua y hasta varias incógnitas que reinan sobre la relación de La Libertad Avanza y el PRO a futuro.

    Por empezar, el expresidente, quien fue quien habilitó esa mesa política, tiene muchos reparos sobre Javier Milei y, en general, sobre el oficialismo. En su encuentro personal con Karina Milei hace dos lunes (que fue difundido ampliamente adrede como llamada telefónica, aunque no sea cierto) planteó armar un acuerdo para impedir que el peronismo vuelva al poder. Tanto la secretaria General de la Presidencia como el propio creador del PRO llegaron a esa cumbre impulsados por Santilli, pero no estaban 100% seguros de que, del otro lado, se cumpla la palabra empeñada.

    De allí emanó, 48 horas después, la mesa política, que se reunirá con una periodicidad de quince días, que conjuga a los libertarios con los amarillos.

    Para Mauricio Macri es claro que un apoyo a Milei para su reelección debe suponer un acuerdo real, duradero y que también le sirva a su partido. “Vamos a aportar pero nos subestiman siempre. No nos tratan como socios”, fueron las últimas palabras que le escucharon decir en privado.

    En particular, aunque conoce mucho a Santilli, desconfía de los Menem pero más aún de los Milei. Aunque, también entre sus interlocutores, ve como “necesario” ir a un gran acuerdo nacional ya que observa un escenario donde no está garantizada la continuidad del proceso que comenzó con la llegada de LLA al poder en diciembre de 2023.

    La suspensión, o eliminación, de las PASO son el puntapié inicial de la discusión. En el PRO hay miradas cruzadas al respecto. Pero el jueves hubo una diagonal: el partido amarillo permanecerá a la expectativa de lo que ocurra en el Senado, dado que por ahora los votos no están para eliminar las primarias nacionales.

    A pesar de que Santilli sigue con encuentros bilaterales y grupales con mandatarios provinciales que juran que apoyarán quitar las PASO. No todos cumplen después: el salteño Gustavo Sáenz sigue girando sobre su jefe en sus posicionamientos públicos. Lo apodaron “calesita”: nadie sabe dónde está parado.

    Otros como el entrerriano Rogelio Frigerio, el sanjuanino Marcelo Orrego, el chubutense Ignacio “Nacho” Torres, el neuquino Rolando Figueroa o el mendocino Alfredo Cornejo dejaron su visto bueno a sacar las primarias.

    Pero la UCR y el PJ dialoguista son un escollo que no puede desanudar el jefe de gabinete aún. Con todo, el PRO usará esto como parte de la negociación que se viene.

    En segundo lugar, en la cumbre del jueves se evitó explícitamente hablar de los distritos donde gobiernan los amarillos. Tiene sentido: el presidente de LLA bonaerense, el diputado karinista Sebastián Pareja, viene de lanzar al exfutbolista de River, Oscar Ahumada, como candidato violeta en Zárate, un municipio gobernado por Marcelo Matzkin, un hombre de Ritondo. Una afrenta en la cara del diputado y presidente del PRO bonaerense en plena negociación. La sutileza política, quedó claro en el PRO, no es un atributo de Pareja. Para más pochocolos: la negociación bonaerense será un cara a cara entre Ritondo y Pareja, con Santilli como árbitro.

    De la Ciudad no se dijo una palabra. Pero siempre flota sobre el ambiente: el PRO reclama encabezar esa nómina para retener la Ciudad. Karina Milei ordenó seguir flotando con fotos con ministros recorriendo el territorio porteño y dejar la negociación para el final. La jefe porteña, Pilar Ramírez, sigue activando reuniones violetas todas las semanas.

    En el caso de Frigerio el camino está más allanado: ya tuvo un acuerdo electoral en 2025 y debería tener menos problemas. En el caso de Chubut, hace dos semanas por primera vez Karina Milei empezó a barajar como una buena opción cerrar un acuerdo. El diputado violeta que milita allí, César Treffinger, tiene escasas chances de llegar al poder y no hay otro candidato potable. Nacho Torres viene, además, aportando sus votos en el Congreso.

    Fuera de esto hay una realidad generalizada: muchos de los gobernadores que podrían terminar en un acuerdo con la Casa Rosada y el PRO vienen trabajando una doble estrategia que supone, con elecciones adelantadas, que en lo local armen acuerdos provinciales con las particularidades del caso, y a nivel nacional colaboren con LLA. Eso supone también que los violetas no planten semillas que puedan hacerlos perder.

    Un caso: en Santa Fe el radical Maximiliano Pullaro ensaya seguir con su frente amplio local en los comicios adelantados. Ese frente es muy difícil que incluya a LLA. Pero a nivel nacional sí.

    Otros casos, como Orrego, privilegiarán la estrategia para reelegir. En Mendoza el tema sigue álgido: Cornejo le implora a Karina Milei que no impulse a Luis Petri como candidato ya que lo detesta.

    Provincias aparte, la hermana del presidente y el creador del PRO no retomaron el diálogo aún y delegaron en esa mesa política los acuerdos. Se desconfían pero, en algún punto, creen que se necesitan mutuamente. Se pondrán a prueba estos meses.

    Karina escucha la necesidad de acordar con aliados, en especial de la boca de Santilli pero también de Patricia Bullrich, ya que el camino de la reelección se llenó de piedras en los últimos seis meses. Pero sigue desconfiando.

    Y Macri abrió la mesa con LLA pero sigue diciéndole al ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, que avance con su precandidatura presidencial. Incluso ya colaboraron él ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el expresidente del PRO nacional y ex senador, Humberto Schiavoni, dos macristas de pura cepa.

  • La “nestorización” de Javier Milei

    La “nestorización” de Javier Milei

    En los primeros tiempos de su mandato, cuando aún era mirado de reojo por el círculo rojo bajo la sospecha de que “se venía el zurdaje” (sic Mirtha), Néstor Kirchner intentaba convencer a los descreídos con una frase que jamás pronunció en público: “No escuchen lo que digo, miren lo que hago”.

    Desde un espectro ideológico aparentemente opuesto, Javier Milei da señales económicas y políticas de que también convendría tomar sus palabras con pinzas, a la luz de algunos hechos recientes de su gestión.

    Por caso, esta semana dos decisiones del Gobierno que buscan impactar positivamente para que se mueva la economía por fuera de los sectores más dinámicos (agro, energía y minería) contradicen el preámbulo sagrado del mileísmo sobre la prescindencia del Estado en cuestiones “entre privados”.

    Es en esa dimensión que podría entenderse el anuncio del miércoles 26 de Luis ‘Toto’ Caputo. En una suerte de ataque furibundo de keynesianismo, escuela odiada por el Presidente, el ministro de Economía comunicó el lanzamiento de un nuevo programa de créditos hipotecarios financiados por el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), que depende de la Anses.

    La particularidad no se limita a la utilización de financiamiento público. Caputo hasta consideró que los créditos hipotecarios “hacen a la justicia social”, otro concepto demonizado por Milei. Más aún: a los bancos que quieran adherir al programa oficial se les impondrá un tope en la tasa de interés que ofrezcan y serán sancionados si lo incumplen. El Estado presente.

    A esta novedad se le sumó el impulso que se le está dando desde la Secretaría de Trabajo, que funciona en el Ministerio de Capital Humano, para que en las negociaciones de los convenios colectivos ningún salario quede por debajo del millón de pesos. Casi $900 mil netos.

    Según trascendió, lo que se busca es mejorar la situación en sectores muy postergados (sanidad, construcción, maestranza, entre otros), cuyas escalas inferiores están por debajo de ese valor.

    Curioso el pedido de la Secretaría de Trabajo, porque vendría a ser “de onda”. Para garantizar que en ningún empleo regularizado nadie cobre menos de $1 millón, lo podría establecer vía el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, como lo hará en los próximos días por decreto ante la falta de acuerdo entre representantes sindicales y patronales.

    El Gobierno evita el “salariazo” del mínimo, que hoy está en $376 mil, porque eso le impactaría en otras prestaciones que van enganchadas a ese monto. Tal es el caso de jubilaciones, subsidios al desempleo, programas sociales y demás. De ahí que Trabajo “sugiera” que el alza salarial sea a través de incrementos no remunerativos, bonos o compensaciones, sin afectar el básico de convenio. El Estado promueve la informalidad, otro clásico.

    Ambas medidas, los nuevos créditos hipotecarios y el alza del piso salarial, buscan dar señales de que el Gobierno se ocupa en dinamizar la economía. Llamativo, si se tiene en cuenta que además de violar ciertos dogmas libertarios sobre las funciones del Estado, desmiente los dichos presidenciales y de su ministro económico sobre las maravillas del modelo mileísta. Claro, hay que pelear por la reelección.

    En ese sentido, el Presidente arengó a los suyos en la reunión de Gabinete del lunes 24 para que salieran a comunicar las buenas noticias de sus respectivas áreas y a defender al Gobierno de las “fake news”, como las que circulan –según Milei– en torno a la morosidad récord en el pago de deudas de las familias.

    Algunos apuntes al respecto de ese reclamo presidencial. Uno, que otra vez fue Patricia Bullrich la única que desandó ese relato violeta, que abrazó el paroxismo al sostener Milei que las deudas podían deberse a la compra de televisores para ver el Mundial. La senadora admitió el problema, mostró preocupación y llamó a encontrar soluciones. ¿Algo es algo o apenas el capítulo mil de la calculada diferenciación de Bullrich?

    La demanda de Milei al gabinete puede ser entendida además dentro de la crisis comunicacional que atraviesa la gestión.

    El nuevo vocero, Adrián Ravier, volvió a hacer una de las suyas (y van…) al decir en la conferencia de prensa de esta semana que Santiago Oría, director audiovisual de la Presidencia, se hacía cargo de la comunicación digital, que estaba en manos del asesor Santiago Caputo. Luego debió salir a aclarar que el esquema se mantenía.

    Fuentes oficiales le auguran poca vida en el Ejecutivo al exdiputado pampeano devenido en vocero por decisión de Milei. Él aspira a pelear por la gobernación de La Pampa, pero la hermanísima Karina le habría bajado el pulgar. ¿Como funcionario, candidato o ambas?

    Lo que en todo caso la patinada de Ravier expuso es el retroceso del asesor Caputo y sus “celestiales” en el manejo de las redes, el ámbito donde el mileísmo se siente más a gusto. Oría responde a la hermanísima y es asesorado (por decirlo con diplomacia) en sus nuevas funciones digitales por parte de la familia Menem, que avanza.

    Con ese mismo respaldo karinista, Diego Santilli intenta cerrar acuerdos con gobernadores aliados para que respalden la reforma electoral que cancelaría las PASO. El jefe de Gabinete recibió en los últimos días a los de la región centro (el entrerriano Rogelio Frigerio, el santafesino Maxi Pullaro y el cordobés Martín Llaryora) y cada vez dicen encontrar más puntos de coincidencia. El pragmatismo político-financiero nacional está a la orden del día.

    No son los únicos que aceleran. El ministro de Justicia, Juan Mahiques, sigue a fondo con las designaciones judiciales vía el Senado. Esta semana consiguió que se aprobaran 67 pliegos y ya son casi 180 cargos en la justicia que fueron cubiertos, sobre las más de 200 vacantes que había y que acumulaban el 35% de los puestos. Algo peculiar de esta andanada es que, salvo contadísimas excepciones (como acaba de suceder con la luz verde a Pablo Bertuzzi para la Cámara Federal porteña), la inmensa mayoría contó con el amplio apoyo de todo el Senado. Esto incluye al kirchnerismo, pese a que se rasga las vestiduras ante la supuesta persecución de la justicia contra su jefa, Cristina Kirchner.

    El mileísmo construye esta alianza con la casta judicial, personificada en el influyente y ejecutivo ministro Mahiques, con la expectativa de sortear problemas en los estrados. Hasta ahora, con éxito. Pero deberían aprender otra lección de Néstor y su familia: intocables mientras tuvieron poder.

  • Kicillof demora definiciones al interior del peronismo, pero acelera con su construcción nacional hacia el 2027

    Kicillof demora definiciones al interior del peronismo, pero acelera con su construcción nacional hacia el 2027

    Axel Kicillof definió desde hace tiempo avanzar con su armado político propio para embarcarse en una instancia de negociación recién el año que viene con el resto de los sectores del peronismo, opositores al gobierno de Javier Milei. Desde su lugar y hasta donde pueda, el mandatario bonaerense manejará sus tiempos. En La Plata, desde donde busca acumular caudal político, admiten que hay varios frentes a resolver con las otras fuerzas peronistas. Frentes políticos que en algunos casos están atados a la gestión. Sin embargo, repiten: “Hay tiempo”. Mientras, sus armadores ya se mueven por fuera del territorio bonaerense para federalizar el Movimiento Derecho al Futuro.

    Kicillof no es el único. En las últimas semanas la dinámica peronista abrió un nuevo aunque conocido capítulo: el regreso del exministro de Economía y otrora candidato presidencial Sergio Massa. El líder del Frente Renovador estuvo en Rosario y se mostró junto a los diversos sectores del peronismo. Desde su postulante a la gobernación, el diputado nacional y presidente del FR, Diego Giuliano, hasta el concejal por Ciudad Futura, quien es probable que sea candidato a intendente de Rosario, Juan Monteverde; pasando por la diputada nacional Florencia Carignano, de La Cámpora; Lucila De Ponti, del Movimiento Evita; y el senador nacional del bloque Justicialista, Marcelo Lewandowski, entre otros. “La unidad es lo más importante”, fue lo que dijo Massa en un breve contacto con la prensa que cubría la presentación del libro de Giuliano “La Santa Fe que se viene”.

    Kicillof también hará un desembarco en la bota. Por ahora no será a modo personal, pero ya envió a una serie de dirigentes para que agitan la bandera de su construcción nacional desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El ministro de Producción, Augusto Costa, uno de los más cercanos al mandatario bonaerense, participó esta semana del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Rosario. Luego de su disertación oficial en el Concejo Deliberante de Rosario, el ministro de Kicillof encabezó una reunión con integrantes del MDF Rosario. Del Foro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas participaron varios dirigentes santafesinos, entre ellos Monteverde de buena relación con Kicillof. La presencia de Costa se sumó a la que semanas atrás plantó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. “Reforzamos la necesidad de organizar la esperanza y estar cerca de la gente en este momento difícil, así como también seguir incorporando al espacio a distintos sectores del entramado político, social y económico de todo el país”, planteó Costa de su paso por Rosario.

    Diego Giuliano y Sergio Massa en Santa Fe

    Además, en los próximos días habrá actividades del MDF tanto en Rosario como en la capital santafecina, con enviados desde La Plata. El sábado 5 de septiembre, el MDF Educación llevará a cabo una actividad en Santa Fe capital. Estará comandado por el exdirector general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni. El otrora integrante del Gabinete bonaerense es uno de los designados para mover la agenda emedefista en distintas provincias. Otro exministro que tiene esa misión es Daniel Gollan, desde el MDF Salud.

    Gollan cerrará el encuentro “Salud, pueblo y futuro”, que el axelismo llevará adelante en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el jueves 10 de septiembre.

    En tanto que Kicillof se mostrará este lunes con el gobernador de La Pampa, Alfredo Ziliotto. Firmarán acuerdos para trabajar en conjunto en la mitigación del fenómeno climático “El Niño”, que azotará a la región en los próximos meses: estiman que se verá acompañado de un crecimiento del 90% de la actividad meteorológica, lo que pone en alerta la capacidad de respuesta de las cuencas hídricas que comparten ambas provincias. Se espera que allí ambos gobernadores peronistas lancen una crítica hacia el gobierno nacional por la falta de distribución del Fondo Hídrico. Kicillof dijo esta semana, al anunciar sus propias medidas ante la llegada de El Niño, que la gestión de Javier Milei “retiene $293 mil millones del Fondo Hídrico”. Contó que Buenos Aires está reclamando que “ya mismo” los devuelvan porque “corresponden a las provincias”, ya que “son fondos destinados a realizar las obras necesarias para afrontar situaciones de emergencia”.

    Las incursiones de Kicillof o de algunos de sus funcionarios en otras provincias no están exentas de complejidades. El mes pasado, su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cerró una charla en San José, Entre Ríos. Invitado por el intendente de ese distrito, Gustavo Bastián, el funcionario provincial enfatizó que el peronismo tiene que “construir acuerdos para definir a sus candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones”. También dijo: “Esa etapa ya pasó y sabemos que no nos dio buenos resultados”. El mismo día a cien kilómetros de San José, otro ministro de PBA fue a plantar bandera del kicillofismo en Entre Ríos. A algunos dirigentes del peronismo entrerriano aquella llegada de los funcionarios no les cayó bien. Por ejemplo, al diputado nacional Guillermo Mitchel del FR, quien podría competir por la candidatura a la gobernación en la provincia del litoral. Cerca del dirigente que se encuadra en el Frente Renovador cuestionan que en aquella ocasión, los ministros bonaerenses fueron a la provincia, sin dar aviso a los referentes de los distintos sectores del peronismo. En Entre Ríos, como en Buenos Aires, el peronismo está fragmentado. Ese cuestionamiento sobre el modo en que Kicillof o sus armadores tienen para incursionar en otras provincias también es observado puertas adentro por La Cámpora.

    Aglaplata: conferencia Carlos Bianco

    Mientras tanto, Kicillof se toma tiempo para definiciones electorales en lo que respecta a Buenos Aires. Por ejemplo, si habrá un desdoblamiento entre los comicios provinciales —en donde él no competirá— y las nacionales. Es un tema que empezó a inquietar a los intendentes. Por ejemplo, a los del llamado grupo La Liga, que esta semana se reunieron con el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, y con el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans.

    Los intendentes de La Liga aglutinan el control político de varios distritos de peso como Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, Ezeiza, Pilar, entre otros. Desde ese lugar se reunieron y ya presentaron cartas ante Kicillof, Kirchner y ahora a Mayans. Quieren estar en la discusión del peronismo en PBA como una cuarta pata de la mesa que componen el MDF, el cristinismo y el Frente Renovador. Sumado a la estrategia de llegar a un esquema de unidad, el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner y la defensa a la gestión de Kicillof, este grupo también busca retener sus distritos y es allí en donde el debate sobre el desdoblamiento suma volumen. Otra agenda que siempre sobrevuela son el regreso de las reelecciones indefinidas. Kicillof quiere que vuelvan, pero esa determinación está atada a un acuerdo de las comandancias políticas que por ahora no aparece.

    La agenda de Kicillof también tiene subrayado el 19 de septiembre, día en el que cerrará el primer Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro. Una jornada en la que el sector del mandatario bonaerense buscará dar una muestra de cómo avanza su construcción federal, ya que se espera la presencia de dirigentes de otras provincias. Será en Villa Domínico, en el municipio de Avellaneda.

    El gobernador buscará llegar al año que viene con una estructura sólida. Hoy transita un escenario incierto en su candidatura, pese a que sus movimientos se asemejan por momentos a los de un dirigente en campaña. La suerte que correrán las PASO será determinante para consolidar una postulación. Por ello, tras la reunión con los gobernadores, Massa y Máximo Kirchner, una de las líneas discursivas que dieron a conocer es hacer el esfuerzo de sostener el acercamiento y replicarlo en el Congreso con el objetivo de sostener las Primarias, ante la avanzada del Gobierno de querer eliminarlas. Kicillof está dispuesto a competir en una elección Primaria y es lo que busca.

  • Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Corrupción en Entre Ríos: una condenada por un fraude millonario denunció a un histórico dirigente del PJ

    Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.

    Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.

    Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.

    Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos. En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.

    La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes. Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.

    La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.

    Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.

    La causa penal se originó en junio de 2014. Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.

    El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes. Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.

    En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de 180 personas imputadas. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el juez Alejandro Diego Grippo, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, firmó la sentencia en un juicio abreviado. Entre quienes resultaron condenados se contaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.

    Tras conocerse la condena, Martínez de Yankelevich volvió a acudir a la Justicia. Aceptó su participación en los delitos por los que fue previamente juzgada, pero sostiene que la maniobra no resulta plausible de haberse montado apenas desde los escalafones administrativos.

    La denuncia sostiene que tanto Casaretto como los otros ex directivos habrían estado al tanto de la adulteración de datos sobre contribuyentes e habrían influido en los procedimientos mediante los cuales las resoluciones y expedientes llegaban al personal que registraba las operaciones.

    Martínez de Yankelevich asegura: “jamás” podría haber llevado a cabo las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Marcelo Casaretto y de las máximas autoridades.

    Refiere además que en 2012 un auditor y el director de Interior informaron a Casaretto acerca de movimientos inusuales en cuentas de contribuyentes y que el entonces administrador hizo “caso omiso” a esa observación.

    Suma que Casaretto y sus directores tenían en su poder claves de mayor nivel en el sistema informático que les permitían operar sobre cuentas de contribuyentes y manejar compensaciones. Indica también que una pericia informática, según su presentación, habría probado vulnerabilidades en el sistema.

    Además, Martínez de Yankelevich solicitó que se investigue tanto su propio patrimonio como el de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores mencionados. También pidió ser citada para ratificar y ampliar su denuncia y exponer qué papel habría jugado cada implicado.

    Le corresponde ahora a la Justicia evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar contra los responsables de los niveles jerárquicos superiores en el organismo.

    La denuncia contra Casaretto se enmarca en un escenario donde diversas causas penales involucraron a altos dirigentes del peronismo entrerriano en los últimos años.

    En el llamado “Megajuicio”, Sergio Urribarri, ex gobernador, recibió en 2022 una condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque tal sentencia no se considera firme. El Superior Tribunal de Justicia, en enero de 2025, suspendió la prisión preventiva ordenada mientras continuaba la revisión del veredicto.

    Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos condenado en 2022

    Por su parte, Adán Bahl, ex vicegobernador e intendente de Paraná, está investigado en la causa “Contratos Truchos II”, que procura establecer cuál fue la responsabilidad de las principales figuras políticas de la Legislatura entrerriana en el sistema de contrataciones entre 2008 y 2018. En 2026 fue convocado para designar abogado defensor y solicitó prestar declaración en el expediente. Hasta hoy no se dictó condena en su contra.

    El caso de Edgardo Kueider sobrepasó incluso la frontera nacional. El ex senador fue hallado culpable por la Justicia del Paraguay en julio de 2026; recibió dos años de prisión —con ejecución de la condena suspendida— por tentativa de contrabando, tras ser hallado con más de US$200.000 sin declarar. La resolución fue apelada, permanece en prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y hay en curso un pedido de extradición a la Argentina.

    Gustavo Bordet, mandamás entrerriano entre 2015 y 2023, igualmente es objeto de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito. En mayo reciente, la Justicia revisó bienes en propiedades suyas y tanto él como su esposa entregaron sus teléfonos celulares a la Fiscalía. El expediente sigue abierto y, según el estado procesal disponible públicamente, Bordet aún no cuenta con imputación formal.

    En tales circunstancias surge la denuncia hacia Casaretto, quien desempeñó cargos de relevancia bajo diversas gestiones justicialistas y lideró ATER desde 2011 a 2015. La irrupción de una persona condenada dentro del propio caso vuelve a poner en el centro la actuación de los niveles políticos superiores y plantea un interrogante hasta aquí sin respuesta judicial: cuál fue el grado de conocimiento de la cúpula del organismo sobre las maniobras desplegadas en su interior.

    Contador público y referente del peronismo de Entre Ríos, Marcelo Casaretto inició su carrera estatal en 1993 como director de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía nacional. Desde 1995 ejerció funciones en economía provincial y fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos entre 1997 y 1999, bajo el gobierno de Jorge Busti.

    Entre los años 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala, con la presidencia del bloque del PJ; luego, entre 2003 y 2007 se desempeñó como asesor de la Gobernación y, desde 2007 hasta 2011, como asesor de la Vicegobernación. En la segunda administración de Sergio Urribarri estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, abarcando parte de la investigación.

    Desde 2015 a 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet, se encargó del asesoramiento en asuntos políticos, fiscales y económicos y presidió el IAPV desde 2017 hasta 2019. Posteriormente, fue diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.