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La ex socia y pareja del abogado Franco Bindi, Giselle Robles, reveló cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas con el objetivo de desplazar al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. La abogada confirmó, además, que el diputado K Eduardo Valdés se reunió con el camarista Juan Ramos Padilla para que su hijo y entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, “se alineara” con el Operativo Puf.

En un escrito que presentó de manera espontánea ante el juez Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, reveló incluso que el gobierno chavista les dio apoyo a ella, a Bindi y a Pedro Etchebest y su esposa para viajar en octubre de 2019 a Caracas y evitar ser detenidos por una eventual orden de Bonadio. Y que, en paralelo, Cristina Kirchner llevó a su hija a Cuba y se quedó allí para evitar, también, una eventual prisión preventiva por obstruir la causa de los Cuadernos, según sus dichos. La ex presidenta había afirmado que viajó por la enfermedad de Florencia.

Cómo Valdés y Bindi “direccionaban” a Etechbest

Bajo juramento de decir la verdad y con el riesgo de ser procesada si miente, Robles confirmó en el escrito decenas de reuniones de Bindi con Valdés para “direccionar” el intento de extorsión del falso abogado Marcelo D’Alessio a Etchebest e involucrar a Bonadio, Stornelli y a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Y prometió ampliar sus revelaciones cuando ratifique la denuncia.

El testimonio espontáneo de la abogada Robles, ex socia de Bindi, fue adelantado por el diario digital Boga.ar, de Camilo Cagnacci. La maniobra de 2019 fue bautizada como Operativo Puf a partir de una conversación telefónica entre Valdés y el ex secretario de Transporte K Juan Pablo Schiavi, preso en Ezeiza, en la que dice: “Stornelli, puf; Bonadio, puf”. Robles se presentó en una causa en la que se investiga la maniobra que el kirchnerismo bloqueó durante años.

Robles confirmó que el falso “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest tenía como abogado a Bindi, a quien conoció a través de Martín Montes, por una causa en la que había sido detenido y su hijo procesado por reducción a la servidumbre de trabajadores bolivianos en una planta de kiwi en Sierra de los Padres.

En esa oportunidad, Etchebest le contó que estaba recibiendo llamadas extorsivas de parte de D’Alessio y “en un primer momento tanto Bindi como yo descreíamos de esas llamadas, por lo que le aconsejamos a Etchebest que comenzara a grabar esas conversaciones”. Ese consejo, “si mal no recuerdo, se le da entre los días 23 y 29 de diciembre de 2018”.

Mientras Robles estaba de vacaciones en el Partido de la Costa, Bindi “la llamaba con frecuencia para comentarle el contenido de las llamadas que recibía por parte de quien lo estaba extorsionando (Marcelo D’Alessio), y que, a su vez, Etchebest le enviaba vía Telegram varias de esas grabaciones para que Bindi las escuchara y viera qué hacer y cómo proseguir al respecto”.

Entre las cosas que le iba contando, “de lo que surgía de las grabaciones que Etchebest le enviaba vía Telegram, me decía (Bindi) que estaban enloquecidos —haciendo referencia a personas de la política— porque tenían como aparente partícipe de las maniobras extorsivas tanto al señor Carlos Stornelli como a la señora Patricia Bullrich”.

Luego de contactarse con operadores judiciales de Cristina Kirchner, Bindi le contó que “estaban estudiando —según me decía— cómo y dónde iban a radicar la denuncia porque el objetivo central era el doctor Stornelli”.

“Hablaba en plural porque lo que me decía es que estaba con el diputado Eduardo Valdés y Cristina Fernández de Kirchner viendo el tema. Sé que con Cristina no se juntaba personalmente porque después me enteré de que Franco Bindi manejaba todo de forma telefónica con el diputado Eduardo Valdés, ya que Bindi estaba en ese momento en el exterior”.

“Un día me dice que Etchebest se iba a encontrar con el doctor Stornelli en Pinamar, el 8 o 10 de enero, en un balneario cuyo nombre no recuerdo ahora, y que le hiciera el favor de ir a chequear que eso fuera real, argumentando que él no podía asistir porque estaba reunido con Cristina Kirchner y ‘el Gordo Valdés’”, agregó Robles en su escrito. Fue la famosa reunión en el balneario CR, durante un desayuno del que también participó, por casualidad, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Ante ese pedido, “voy con mi hijo al balneario y me quedo esperando hasta que veo que efectivamente llega el doctor Stornelli, se sienta en una mesa con otra persona más, que sería este señor D’Alessio. Me quedo un rato allí, chequeo la situación y luego me vuelvo a mi casa de Mar de Ajó”.

“En ningún momento vi al señor Stornelli junto al señor Etchebest, ni que éste se sentara en la mesa, ni veo contacto entre el doctor Stornelli y el señor Pedro Etchebest”, subrayó Robles para descartar la teoría K de que Stornelli era partícipe del intento de extorsión.

Etchebest, “como siempre grababa todas las conversaciones, se las pasaba a Bindi; éste las escuchaba y me las comentaba tanto a mí como a Eduardo Valdés. A su vez, le iba diciendo al señor Etchebest qué cosas tenía que preguntarle a D’Alessio” para direccionar sus comentarios hacia Stornelli y otros.

En síntesis, “utilizaba la situación de desesperación que estaba pasando el señor Pedro Etchebest para instruirlo y ‘pinchar’ a D’Alessio para que éste hablara y, de esa forma, direccionar las historias que D’Alessio le iba contando a Etchebest para amedrentarlo”. En la conversación entre el falso abogado y Etchebest, de regreso desde Pinamar a Buenos Aires, queda clara esa manipulación para involucrar a Stornelli y otros.

Luego del encuentro en Pinamar, Bindi “me dice, todo contento, que había sido un golazo tener esa reunión entre D’Alessio y Stornelli en Pinamar, ya que de esa forma se habilitaba la Justicia Federal de Dolores y que el diputado Eduardo Valdés tenía llegada directa al padre del juez a cargo de dicho juzgado, esto es el juez federal Alejo Ramos Padilla. También tenía ese vínculo el diputado Leopoldo Moreau”.

De esta forma, “a fines de enero se realiza la denuncia en el Juzgado de Dolores ante el juez Alejo Ramos Padilla”, en lo que fue una maniobra de forum shopping —elegir un juez favorable— para tramitarla en Dolores y no en la Ciudad de Buenos Aires, donde había comenzado el supuesto intento de extorsión.

“Si mal no recuerdo, la denuncia se inició el 27 o 28 de enero de 2019 y Bindi personalmente acompañó al señor Etchebest a dejar el escrito y el celular junto con las grabaciones como prueba al Juzgado Federal de Dolores. Franco Bindi me contaba que esperaba al señor Etchebest en el auto mientras éste realizaba la denuncia”, reveló sobre la supuesta presentación “espontánea” del falso productor agropecuario.

Robles aseguró que “los escritos y la denuncia de Etchebest los confeccionaba Franco Bindi, quien tenía la costumbre de utilizar un mail de su madre, Patricia De Paulis”.

El día que regresó de Mar de Ajó, Robles pasó por el Juzgado de Dolores para consultar el estado de la causa “y me informan que estaba en trámite”.

“Pero lo que sí sé, porque Bindi me lo iba contando, es que todo lo que le pasaba Etchebest lo conversaba no sólo conmigo sino también con Eduardo Valdés, situación que corroboré luego cuando comencé a ver casi a diario al diputado Valdés”, agregó la letrada.

Luego, Robles hizo otra afirmación explosiva: “Por los mismos motivos tengo conocimiento de que el diputado Valdés fue quien le habló a Ramos Padilla padre para que el hijo se alineara en la causa. Sé que se encontraron en varias oportunidades para ello”, una de ellas en un centro médico de Entre Ríos. Ramos Padilla hijo estaba de vacaciones y habilitó especialmente el juzgado para una denuncia por intento de extorsión.

Cuando se dieron a conocer las escuchas del Operativo Puf denunciadas por Elisa Carrió, se generaron “varias discusiones entre Franco Bindi y Eduardo Valdés en el bar privado que tiene el diputado en la esquina de Guardia Vieja y Yatay, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al supermercado Jumbo. Lugar en el que nos hacíamos presentes casi a diario para poder instruir a quien eligieron como abogada de Etchebest, que fue la doctora Natalia Salvo, especialista en derecho laboral”.

Para contextualizar, “en un primer momento nos juntábamos Fernando Muriel, Franco Bindi y algunos abogados que trabajaban en el estudio de Fernando Muriel, donde me presentan a Natalia Salvo para que fuera la cara visible como abogada del señor Etchebest. En un primer momento se presentó un abogado amigo de Etchebest, Nigro, y luego Natalia Salvo, para llevar adelante en forma conjunta la querella”.

Como “la doctora Salvo desconocía el Código Procesal Penal, después de conocerla nos reuníamos prácticamente a diario en el bar de la calle Guardia Vieja, donde la instruíamos para darle a conocer el motivo y contenido de la denuncia y que no cometiera errores a la hora de dar entrevistas a los medios de comunicación”.

Por otro lado, “también sé que Bindi fue personalmente a ver a Juan Manuel Campillo, una de las personas que figuraban en ese expediente y por la cual Etchebest era extorsionado, para manejar el expediente, pero éste no aceptó” sumarse a la maniobra. D’Alessio afirmaba falsamente que Campillo, ex titular de la ONCCA, era arrepentido en la causa e iba a declarar contra Etchebest.

A medida que “se iba conociendo y obteniendo información que el propio juzgado entregaba, se iba buscando a las personas vinculadas para que se acercaran al Juzgado Federal de Dolores a realizar denuncias y/o presentarse como testigos”, mientras Página/12, C5N y otros medios K amplificaban la falsa denuncia contra Stornelli. Ramos Padilla hijo tiene varias denuncia en el Consejo de la Magistratura.

En este sentido, “Bindi llevó personalmente en su vehículo al señor Palomino Zita, uno de los mencionados y que también era cliente del estudio”. Víctor Palomino Zita estaba procesado por contrabando en el juzgado de Marcelo Aguinsky y luego se profugó a Estados Unidos.

“Por idéntico motivo se llevó en otra oportunidad al señor Pablo Barreiro —hijo de quien fuera jardinero de Cristina Kirchner y a quien Franco Bindi representó en la causa conocida como Cuadernos— y al señor Gabriel Garcés”, ante el juez Ramos Padilla, quien habilitó a más de 30 querellantes en una medida inédita.

Robles aseguró que “los escritos que presentaba la doctora Natalia Salvo eran confeccionados por el señor Franco Bindi. De hecho, muchos de ellos están en mi casilla de mail, ya que me los pasaba para que los viera y diera mi opinión o simplemente para tenerlos guardados”.

Luego, “Bindi también se acercó al señor Brusa Dovat, después de advertir que esta persona también figuraba allí. En este sentido, esa fue la puerta por la cual Franco Bindi se acerca a la embajada venezolana”.

“Dándose en esa oportunidad una situación especial, ya que estábamos bajo la presidencia de Mauricio Macri, quien desconocía a Maduro como presidente de Venezuela y reconocía a Guaidó, por lo que la embajada venezolana ubicada en la calle Luis María Ocampo funcionaba con ciertas restricciones”, subrayó.

Gonzalo Brusa Dovat era un ex directivo de PDVSA que denunciaba ser perseguido por el servicio de inteligencia chavista y luego dio un giro de 180 grados. En ese momento, “conocemos en la propia embajada de Venezuela a quien era el embajador Juan José Valero Núñez. A esa reunión nos llevó Eduardo Valdés y Oscar Laborde. De este último no tengo plena seguridad de si estaba en ese momento o llegó después”.

Ahora bien, “con el avance de la causa conocida mediáticamente como Operativo Puf, se dieron un montón de situaciones que nos pusieron en ‘peligro’ de detención por parte del entonces juez federal Bonadio. Tal es así que se nos hace saber, a través de Fernando Muriel —por sus fuentes judiciales—, que estaban listas para ser firmadas las detenciones de Florencia Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Valdés, Franco Bindi, Pedro Etchebest y la mía también”.

Ante este panorama, “Eduardo Valdés le hace saber a Cristina Kirchner la gravedad de la situación y ésta decide enviar a su hija a hacer un tratamiento a Cuba. Luego viaja ella a ‘acompañar’ a su hija. Eduardo Valdés no se preocupa por sus fueros como diputado nacional y nosotros decidimos irnos a Venezuela”.

“¿Por qué nos vamos a Venezuela? La respuesta es sencilla: si Macri no reconocía a Maduro como presidente de Venezuela y éste era quien gobernaba, ¿a quién le iban a pedir nuestra extradición? A nadie. Por ende, era el lugar ideal para poder evadir una posible detención”.

“Volviendo a nuestro viaje a Venezuela, el que hago junto a Franco Bindi, se sumó también el señor Etchebest con su esposa. En un primer momento nos hospedamos en el Eurobuilding de Caracas y luego alquilamos un departamento en el barrio Palos Grandes”.

A medida que “le iban informando a Franco Bindi que no existía riesgo de detención, yo regreso primero a la Argentina y, semanas después, regresa Franco Bindi, porque quería quedarse unos días más en Venezuela para ver a algunas personas que, según decía, le servirían para realizar negocios coordinados con Juan Valero. Pero no vuelve directamente a la Argentina, porque primero pasa por Colombia —según Bindi, para ver a unos clientes—, aunque lo deportan y se ve obligado a regresar”.

Este modus operandi “de Bindi en la causa 88/2019, que tramitó ante la Justicia Federal de Dolores, es similar al que se dio luego con la causa conocida como ‘la SIDE paralela de Macri’, que tramitó en el juzgado de Lomas de Zamora, en la que Bindi representó a varios agentes de inteligencia. Esta vez, iba obteniendo información de la causa y de sus avances a través del diputado Leopoldo Moreau, a quien conoció en 2019 por la causa 88/2019”.

“A los fines de dar pruebas de mis dichos, adjunto capturas de pantalla con el abonado telefónico a quien tengo agendado como Franco Bindi”.

A su vez, “acompaño capturas de correos electrónicos desde mi casilla de hotmail donde se pueden ver los mails con archivos adjuntos que recibía de parte de Franco Bindi, confeccionados para la doctora Natalia Salvo”.

Por último, afirmó que “en esta situación derivada de la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio tuvieron beneficios económicos Natalia Salvo, que pasó a recibir contratos por parte del gobierno de Alberto Fernández; Fernando Muriel también obtuvo el beneficio de ser nombrado en el directorio del ORSNA y, de esa forma, le brindó contratos a Franco Bindi a favor de Micaela Arcioni, contratos que esta chica cobraba y luego reintegraba a Franco Bindi”. Salvo fue nombrada asesora de la comisión bicameral de Inteligencia que presidía Moreau.

“Es decir, de una forma directa o indirecta, todas estas personas que estuvieron vinculadas con la causa que tramitó ante los juzgados de Dolores recibieron beneficios económicos a través de cargos públicos. No puede dejar de observarse que hasta el juez Alejo Ramos Padilla fue promovido a la Justicia Electoral de La Plata luego de esta causa”, finalizó Robles.