Tag: Entre Ríos

Una de las tareas más fáciles para un administrador de temas viales s conocer exactamente dónde están los problemas de saturación de tránsito, ya que los sistemas de medición de flujo son baratos y eficientes.

De ahí que cuando los ministros pidieron a Vialidad Nacional dónde se ubican las “obras urgentes”, el mapa apareció en minutos. Desde entonces, en el Gobierno trabajan en un complejo llamado a licitación para ampliar la infraestructura vial que será la cuarta etapa, después de las tres que por estas horas terminarán de entregar a concesionarios los primeros 9000 kilómetros de rutas.

El mapa al que accedió LA NACION y que es la base de las nuevas licitaciones presenta obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires.

A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca.

El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia.

Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

Para que se entienda, las licitaciones actuales, que se entregan en este tiempo, son las viejas concesiones que estaban en la empresa Corredores Viales. De los 9000 kilómetros que están en ese proceso ahora, hay 3000 que ya son autovías, mientras que de los 6000 restantes sólo se prevé la construcción de 300 kilómetros de rutas de cuatro manos. Es decir, que nadie tenga la más mínima esperanza de que las empresas que ganan los concursos y que las manejarán por al menos 25 años hagan mucho más que tapar baches.

De hecho, no tienen obligación ya que el pliego no prevé demasiadas obras a cargo de ellas más que la necesidad de que la ruta esté en estado de “transitabilidad”, una condición subjetiva que será auditada por Vialidad Nacional, el organismo que iba a desaparecer y que finalmente resistió la motosierra de la administración del presidente Javier Milei. Dicho en una palabra, solo tienen obligaciones de bacheo.

Las licitaciones de las rutas nacionales, que eran esperadas por gran parte del interior del país, se convirtieron en una enorme decepción para los usuarios de los corredores. El sector productivo, por caso, estalló en críticas cuando miró los pliegos y vio que era un festival de bacheo y peajes.

Actualmente, el sistema vial sobre las rutas nacionales tiene 39 estaciones de peajes repartidas en 10 tramos. El esquema que se privatizará suma 50 puntos de cobro adicionales que se autorizaron a instalar en las vías troncales pagas que están en proceso de licitación.

Como se dijo, en este paquete se prevé la construcción de tramos de autopistas, autovías, duplicación de calzadas o tercer carril, según el flujo de tránsito. Ahora bien, una parte de estas obras está dentro del paquete que se licita por estos días, que según cálculos del Gobierno, concentra 80% del movimiento vial argentino.

Hay una parte importante de kilómetros de esta nueva etapa que sólo serán entregados al sector privado para sacarlos de la órbita del mantenimiento que actualmente realiza Vialidad. La idea del Gobierno es que el organismo deje esas tareas de mantenimiento o construcción y que concentre sus funciones en cuestiones administrativas. Esas rutas, que están señaladas con color azul en el mapa, no necesariamente serán concesionadas a las empresas a cambio de peaje sino que en muchos casos, aún no se sabe en cuáles, el Tesoro pagará como un servicio al concesionario. Consideran que esta solución es más barata que dejarlas en manos del mantenimiento de Vialidad.

El mapa sobre el que se trabaja es tentativo ya que, además, hay consultas con varios organismos y con algunos gobernadores para ver cuál será el proyecto de licitación final. ¿Cuántos kilómetros? Algo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, hace poco más de un mes en un encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario. “A los 9000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio”, dijo entonces.

Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos.

El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

El 1° de julio empezó la gestión privada en la ruta 5, llamado Tramo Pampa, que une Mercedes con Santa Rosa, y se hizo cargo la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste, una firma mendocina que suele ser adjudicataria de muchas obras en la provincia que maneja el radical Alfredo Cornejo.

Entonces, también empezó la gestión privada del Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur (que contiene la Autopista Ezeiza – Cañuelas y las rutas 3 y 205). Ahora la explotará un consorcio conformado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, varias de ellas también con antecedentes en la causa Cuadernos.

Pero como se dijo, ese esquema no prevé prácticamente autopistas ni obras importantes, sino más bien mantenimiento de la calzada y de las estaciones de peaje, además de posibilidad de utilizar los terrenos aledaños. El pago es mediante un peaje que rondará los $3500 por cada 100 kilómetros a valores de junio del año pasado y que podrán cobrar por 30 años, según un sistema de actualización que está previsto en los pliegos.

Claro que la apuesta ahora tiene un interrogante fundamental: si se cobrará $3500 por cada 100 kilómetros a cambio de cortar el pasto y hacer baches, cuánto se debería cobrar para hacer obras viales importantes. Nadie contesta. La respuesta la darán los propios constructores que por estas horas se amontonan en las licitaciones actuales, una maravilla para los bolsillos de las empresas viales que se quedan con el flujo por más de dos décadas y tienen que hacer poco más que permanecer. Pero, claro, habrá que ver qué sucede cuando tengan que ir a construir y no sólo a cobrar y hacer de jardineros.

CÓRDOBA.- La negociación de la reforma electoral, cuyo eje central para el presidente Javier Milei es el futuro de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se desarrolla de manera individual con cada gobernador, debido a que no existen grupos de mandatarios que actúen de manera cohesionada. La foto actual sugiere que el oficialismo contaría con los votos necesarios para suspender las primarias, pero no para eliminarlas de forma definitiva. En este contexto, se ha planteado como una pieza adicional de la estrategia la posibilidad de reintroducir las listas colectoras, aunque con diferencias respecto al sistema “antiguo”, que había establecido Cristina Kirchner en 2011y prohibió Mauricio Macri en 2019.

La chance de reinstaurar las listas colectoras, como anticipó LA NACION, cobró fuerza esta semana. Existen versiones cruzadas entre los peronistas aliados y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre quién puso la propuesta sobre la mesa. Es que se trata de una práctica que fue muy criticada. La propuesta permitiría llevar postulantes de diferentes partidos bajo el paraguas presidencial.

De esta manera, los gobernadores que quieran impulsar candidatos propios a diputado o senador nacional en sus distritos no tendrían que ponerse la camiseta violeta de La Libertad Avanza (LLA).

En las conversaciones iniciales se evaluó que podría haber dos listas acompañando la boleta de Javier Milei como candidato a presidente: la nómina de legisladores de los libertarios y la que responda al mandatario provincial. Incluso ya se habló sobre si corresponde que aparezca o no la imagen de Milei en la papeleta. Conscientes de la mala fama del sistema de colectoras, referentes de la Casa Rosada y dirigentes cercanos a los gobernadores enfatizan que el mecanismo que discuten no será equiparable al que Macri eliminó por decreto en 2019. Ambas partes de la negociación concuerdan en que las nuevas colectoras tendrán más restricciones.

En concreto, los gobernadores aseguran que buscan “flexibilizar alianzas”. Es que su objetivo es mantener sus fuerzas o alianzas electorales a nivel distrital y presentar candidatos propios en sus territorios.

En 2027, en caso de que la propuesta avance y reciba el aval del Congreso, las nuevas listas colectoras se aplicarán en los comicios nacionales. Es decir, se aplicaría en las ocho provincias que eligen senadores (Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz) y para la renovación de 130 bancas de diputados.

“No hay nada cerrado, todo se puede conversar”, comenta uno de los gobernadores del norte que participa de las negociaciones. En el hipotético escenario de que se confirme la propuesta de las listas colectoras, la discusión se ampliará y ya no girará en torno a las PASO.

La Casa Rosada sostiene que busca suprimir las PASO porque es necesario reducir el costo económico del proceso. Cuando envió la reforma electoral al Congreso, el Ejecutivo hincapié en “solo en 2023 les costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”. Detrás de esa justificación, por supuesto, está el argumento político.

La suspensión o eliminación de las PASO afecta directamente al peronismo, ya que es el instrumento al que puede apelar la oposición para dirimir sus diferencias internas y definir sus liderazgos. Por lo tanto, los consejeros políticos de los libertarios que buscan reunir los apoyos para suprimir las primarias no contemplan en sus cálculos a los mandatarios alineados con el kirchnerismo (Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego y Santiago del Estero).

En cambio, en la Casa Rosada consideran que serán clave los peronistas que juegan como aliados. Se trata de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Tanto Jalil como Sáenz aportarían los votos de sus legisladores -el catamarqueño se definió a favor de la eliminación y el salteño logró quitarlas en su provincia-, mientras que Jaldo ratificó su rechazo a derogar las primarias. “Nosotros hemos sido muy claros y lo reitero para que nadie se equivoque: nosotros estamos en contra de sacar las PASO. Lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, sostuvo ayer Jaldo, quien influye directamente sobre el bloque Independencia en la Cámara de Diputados.

Para los mandatarios con los que Santilli ya negocia, es importante el factor tiempo. Varios de esos gobernadores admitieron a LA NACION que esperaban que el debate en el Congreso fuera “más adelante”, cerca de octubre o noviembre. En una coyuntura económica-financiera complicada para todas las provincias, entienden que si se adelanta la sanción del proyecto, podrían quedarse sin margen de acción. “De la agenda parlamentaria, ésta es la iniciativa prioritaria. Es un pedido de Karina Milei, con lo que es clave”, señaló uno de los gobernadores.

Otro elemento que impacta en el ánimo negociador de los gobernadores es cómo jugará La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos. Dicho de otro modo: quieren saber si los Milei apuestan a dar una pelea directa para arrebatarles el poder en sus terruños o si están dispuestos a apostar por candidatos de baja intensidad o “decorativos”.

Como en toda negociación, los gobernadores descuentan que habrá un intercambio de favores. Hasta el momento, el Ejecutivo nacional se impuso como el gran ganador en el toma y daca con los mandatarios. Ha logrado apoyos en el Congreso para proyectos o vetos de su interés -solo al inicio con la Ley Bases y antes de las elecciones legislativas se le complicó extremadamente el panorama- cediendo relativamente poco a las provincias.

Es más, el gobierno de Milei fue prudente a la hora de abrir la billetera para repartir fondos, pero a los gobernadores les alcanzó para que no se le agudicen problemas que enfrentan en sus distritos.

De hecho, junio fue un mes complejo en materia de conflictos salariales en las provincias. Hubo focos de tensión en Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos.