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  • No podemos permitir otra Botnia

    No podemos permitir otra Botnia


    El gobernador Rogelio Frigerio salió este martes a marcar posición en la escalada contra la planta de hidrógeno verde que los uruguayos construirán en Paysandú, a la altura de la turística localidad entrerriana de Colón. “Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia”, sentenció y recordó que se había reunido con las autoridades uruguayas para pedirle su relocalización.

    Ocurre que mientras la empresa HIF Global avanza con su proyecto de construcción de una planta de Hidrógeno verde para producir combustibles sintéticos en Paysandú, frente la zona de Colón, el rechazo al proyecto crece en Entre Ríos, bajo la sombra del conflicto por las pasteras que enfrentó duramente a uruguayos y argentinos a mediados de los 2000.

    El lunes, el gobernador estuvo en Colón y habló con las autoridades municipales y legisladores del ese municipio. Allí sentó parte de su posición: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”.

    Y agregó: “Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos. El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando”.

    El gobernador, además, sostuvo. “A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos como en Uruguay”.

    Y agregó: “Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la inversión: es en defensa del desarrollo turístico y productivo de la costa del río Uruguay. Por eso proponemos su relocalización”.

    A la par de que la empresa presentó los papeles ante el Ministerio de Ambiente oriental para dar el último paso necesario y empezar a construir la planta, un grupo de legisladores del PJ, enfrentados con Frigerio, presentaron una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA -la que construirá la planta– para, afirman, evitar un eventual daño ambiental derivado de la instalación de una planta de combustibles sintéticos en la ciudad de Paysandú, frente a la costa entrerriana del río Uruguay. Lo hicieron los legisladores nacionales del PJ Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay

    Si bien Michel acusó al gobierno entrerriano de una supuesta inacción frente al proyecto, desde el entorno del gobernador Rogelio Frigerio sostienen que el mandatario exigió la relocalización de la planta argumentando que el proyecto pone en riesgo el turismo, el ambiente y las economías regionales. Frigerio exigió que se instale al menos a unos 30 kilómetros de la costa.

    Hoy, los legisladores reclaman al gobierno uruguayo de Yamandú Orsi que los uruguayos no cumplieron presuntamente con los artículos de consulta bilateral que están previstos en el Estatuto del Tratado sobre el Río Uruguay que se administra bajo la Comisión conocida como CARU.

    La demanda, presentada por Michel, Adán y Bahl figura bajo el expediente 3276/2026, y solicita medidas de prevención de daños y perjuicios ante lo que los legisladores consideran un posible impacto ambiental “irreparable”. En la presentación sostienen que el proyecto avanza sin cumplir con las obligaciones establecidas en el Estatuto del Río Uruguay ni con la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa conocido como “Botnia-UPM”.

    En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud”, en base a lo previsto en los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial.

    Días atrás, con la presentación de la empresa, que promete una inversión de más de U$S 5300 millones y un empleo durante la construcción de 1.400 personas,se informó que había hecho ajustes internos como la reducción de la superficie de la planta en un 35%, además de una reducción de la altura de las antorchas de seguridad.

    Una vez construida, prometen 400 empleos para fabricar combustibles sintéticos o “e-combustibles”, que sustituyen los combustibles derivados del petróleo.

  • Deuda histórica: Corrientes y Nación buscan un acuerdo por las regalías de Yacyretá

    Deuda histórica: Corrientes y Nación buscan un acuerdo por las regalías de Yacyretá

    En un paso clave para el federalismo y los recursos provinciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este lunes de la audiencia inicial convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

    El encuentro marca el avance de la demanda contra el Estado nacional por el pago de las regalías de Yacyretá y Salto Grande, un conflicto que atraviesa décadas de incumplimientos normativos.

    La comitiva oficial, integrada por el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el procurador José Roa; y el titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca, logró establecer una mesa de diálogo con las autoridades nacionales y representantes de la administradora mayorista eléctrica.

    “Vamos a seguir trabajando en defensa de lo que le corresponde a los correntinos, ni más ni menos”, sentenció el mandatario al finalizar la reunión en la Ciudad de Buenos Aires.

    El eje del conflicto: el precio de la energía

    La demanda judicial busca que la Nación cumpla con la Ley 15.336 y el decreto 287/93, que regulan las regalías en especie. El punto de conflicto radica en el valor que se le asigna a esa energía: Corrientes exige que se le reconozca un precio equivalente al “precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista”, en lugar de los valores depreciados que se venían aplicando.

    El reclamo tiene un fuerte antecedente político. Ya durante la gestión anterior de Gustavo Valdés, la provincia denunció que durante más de 25 años la Nación generó energía desde la represa sin abonar lo estipulado legalmente.

    “Lo único que se olvidaron es de pagar las regalías”, había cuestionado el entonces gobernador.

    Próxima instancia judicial

    El “diálogo positivo” logrado en esta primera audiencia permitió agendar un segundo encuentro para el 22 de abril de 2026. En esa instancia se espera profundizar en los aspectos técnicos del reconocimiento de deuda y el esquema de pagos futuros.

    Para el Gobierno provincial, la resolución de este litigio no solo representa un alivio financiero, sino un acto de justicia ante el impacto ambiental y social que generan las represas hidroeléctricas en el territorio correntino sin recibir la contraprestación legal correspondiente.

  • CABA se suma a Nación y ordena que los comercios detallen en el ticket cuánto se paga de Ingresos Brutos

    CABA se suma a Nación y ordena que los comercios detallen en el ticket cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Por decreto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó modificar la manera en que se discriminan los precios en los comprobantes de venta al consumidor para incluir cuánto corresponde al pago de Ingresos Brutos. La administración porteña acompaña los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la ley nacional 27.743. Se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos.

    En el paquete fiscal aprobado en julio del 2024, el gobierno de Javier Milei creó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. En el artículo 99, establece que quienes realicen ventas a consumidores finales “deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios” junto con la leyenda “Precio sin impuestos”. También deberán efectuar la correspondiente “discriminación impositiva” en tickets.

    En la misma normativa, se convoca a las provincias y a la Ciudad “a dictar las normas pertinentes” a fin de asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia de IIBB y de los tributos municipales en los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realizan en cada jurisdicción.

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    Transparencia fiscal en CABA con el costo de Ingresos Brutos

    Con ese objetivo, Macri decretó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que instrumente los mecanismos normativos locales que permitan operativizar dicha discriminación. El objetivo es, según explicó el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, que los contribuyentes “discriminen en cada operación cuánto del precio corresponde a este tributo”.

    “De esta manera, el consumidor va a saber cuánto paga realmente en impuestos en cada compra que realiza“, agregó el funcionario porteño en una publicación realizada en “X” en la que aseguró que se apunta hacia “una mayor transparencia fiscal para los consumidores” para que los porteños tengan “mayor claridad en los precios”.

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    Una vez implementada, los impuestos provinciales deberían discriminarse por debajo del detalle de los impuestos nacionales y por encima de las tasas municipales.

    ONG Lógica

    En los argumentos, el decreto marca que la modificación le permitirá al porteño “conocer el componente impositivo que integra el costo final de los bienes y servicios que adquieren”, lo cual fortalecerá “la conciencia fiscal” del consumidor.

    Además, resaltan que la desagregación detallada del precio final “contribuye a fortalecer la transparencia en la relación de consumo, lo que permite reducir las asimetrías de información existentes entre proveedores y consumidores, distinguir con claridad el valor propio del bien o servicio y la incidencia de la carga tributaria, y evitar una distorsión informativa”.

    Cuándo comenzará a regir el cambio en Ingresos Brutos

    En ese marco, el jefe de Gobierno, a través del decreto 107/26 encomienda a la AGIP a que “adopte las medidas que estime pertinentes a fin de revisar y adecuar la normativa vigente, con el objetivo de establecer la obligación, para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

    Asimismo, determina que AGIP, organismo a cargo de Germán Krivocapich, será la encargada de disponer “los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización que resulte pertinente a fin de dar cumplimiento” a los cambios. Por el momento no hay fecha estimada de implementación.

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    Depositphotos

    Baja adhesión de las provincias al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

    De esta manera, CABA se suma a otras jurisdicciones como Chubut, Neuquén y Entre Ríos que decidieron adherirse a los cambios propuestos en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aunque hasta el momento ninguna de las tres provincias instrumentaron su implementación. En Salta, una medida similar obtuvo media sanción en la Legislatura.

    Desde el 1 de enero del 2025, las grandes empresas vienen mostrando en los tickets el IVA, impuestos internos y a los combustibles. Y desde el 1 de abril se extendió a todos los demás comercios que vendan a los consumidores. Así, por ambas normas, se sabe cuánto pesan los impuestos en el precio tanto antes de la compra (publicidades y exhibición) y después (tickets).

    Pero por el momento, más allá de la adhesión de las 4 mencionadas, aún restan que adhieran las otras 21 y que todas lo implementen. El titular de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, precisó que “la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible”. “Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla”, declaró.

  • En medio de la pelea por las tasas municipales, los comercios porteños deberán incluir el detalle de Ingresos Brutos en los tickets

    En medio de la pelea por las tasas municipales, los comercios porteños deberán incluir el detalle de Ingresos Brutos en los tickets

    En medio de la pelea del Gobierno Nacional con intendentes K bonaerenses por la suba reciente de las tasas municipales, los comercios porteños deberán incluir el detalle de Ingresos Brutos en los tickets que entregan a sus clientes.

    Es por la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de sumarse al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial de la jurisdicción. De esa manera, ya son cuatro las provincias adheridas: Chubut, Mendoza, Entre Ríos y, ahora, la Ciudad de Buenos Aires.

    Sin embargo, en la práctica, ninguna incorporó todavía el detalle de Ingresos Brutos ni tasas en sus comprobantes de venta. Aunque aprobaron su adhesión al régimen, aún no avanzaron con la inclusión para que efectivamente aparezcan.

    La ley 27.743 obliga a grandes cadenas y negocios chicos a detallar los impuestos nacionales en los tickets de compra. Se muestran de forma extensiva en todo el país desde que se implementó la norma hace un año.

    Son el IVA, los Impuestos Internos en el caso de bebidas alcohólicas y tabaco, y el Impuesto a los Combustibles y al Dióxido de Carbono, que rige sobre la venta de nafta y gasoil en estaciones de servicio. Quedaron afuera otros nacionales como el Impuesto al Cheque y los Derechos de Importación (aranceles).

    Aunque en el caso de las provincias la adhesión es facultad de cada distrito, la ONG Lógica, que impulsó la iniciativa, la entiende como una obligación. “El artículo 42 de la Constitución afirma que los consumidores tienen derecho a información adecuada y veraz. Así como lo son los octógonos, comunicar el peso de impuestos en alimentos y bebidas es esencial”, consideró el titular de la entidad, Matías Olivero Vila.

    Al respecto, recordó que el 15 de abril se cumplirá un año de la adhesión al régimen de Chubut, mientras que Mendoza incumplió el plazo del 1° de enero que fijó su normativa local para la puesta en marcha. En tanto, Entre Ríos incumplió los 90 días que se autoimpuso. Es decir, en las tres todavía no hubo una reglamentación.

    Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires prometió que el detalle figurará pronto en los tickets, pero no hay una fecha prevista. La medida, que es la primera que sale por decreto, tiene lugar luego de que se eliminó el artículo de Transparencia Fiscal del mismo Código horas antes de la votación en noviembre pasado. Según Lógica, la oficialización de este lunes estaba prevista para enero pasado.

    La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) es la autoridad de aplicación y la encargada de su reglamentación. Germán Krivocapich, titular de AGIP, destacó que “la Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales”.

    De esa manera, quedan por adherir 17 provincias. Algunas de ellas lanzaron propuestas. En Salta, el proyecto obtuvo media sanción, mientras que, tras la conformidad de las cámaras empresarias locales, Córdoba publicó una resolución que anticipa su envío a la legislatura. La ONG y otras entidades les enviaron sucesivas cartas a los gobernadores exhortando a sumarse.

    “Confiamos en la pronta implementación porque es inaceptable la foto general de las provincias: las adheridas no reglamentan, las que están en proceso avanzan lento y los otros gobernadores guardan un inaceptable silencio, con una asimetría con los impuestos nacionales, que, en menos de seis meses de reglamentada la ley, se empezaron a ver en tickets de todo el país, sin mayores inconvenientes”.

    Y apuntó que “los gobernadores no solo le están diciendo que ‘no’ al Gobierno Nacional, sino también a 94% de ciudadanos que quieren saber cuánto del precio final corresponde a impuestos, según Poliarquía”.

  • Los comercios de CABA deberán informar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Los comercios de CABA deberán informar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán comenzar a informar en los tickets de compra cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos. La medida se implementará a partir de un decreto del gobierno porteño que adhiere al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aprobado por ley nacional en 2023.

    La norma obliga a que en cada comprobante de compra se discrimine la carga impositiva incluida en el precio final. Esto permitirá que los consumidores conozcan cuánto corresponde a impuestos nacionales, provinciales y locales.

    Hasta ahora, los tickets ya mostraban el impacto del IVA y otros tributos nacionales. Con esta decisión, también deberá detallarse la incidencia del principal impuesto local: Ingresos Brutos.

    Qué cambia con el nuevo sistema de transparencia fiscal

    La iniciativa se implementará una vez que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) publique la reglamentación y el cronograma de aplicación.

    El decreto no modifica el esquema impositivo vigente. Tampoco cambia la forma en que se paga el impuesto. La única novedad es la obligación para los comercios de informar al consumidor cuánto del precio final corresponde a tributos.

    En su primer artículo, la norma establece que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que vendan a consumidores finales deberán discriminar en el ticket la incidencia de ese gravamen.

    AGIP será la autoridad encargada de definir los aspectos técnicos del sistema, establecer el calendario de implementación y supervisar su cumplimiento.

    De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos, que ya habían adherido al régimen el año pasado. Sin embargo, en esas provincias todavía no se aplica el sistema por falta de reglamentación.

    El régimen fue creado por la ley 27.743, que dispuso que los comercios publiquen el precio de los productos sin impuestos y detallen la carga tributaria incluida en el valor final.

    El objetivo: mostrar el peso de los impuestos en los precios

    La iniciativa busca dar mayor transparencia al sistema tributario y permitir que los consumidores conozcan cuánto del precio de un producto corresponde a impuestos.

    Uno de los tributos más cuestionados por empresas y comerciantes es Ingresos Brutos, considerado un impuesto “en cascada”. Esto significa que se aplica en cada etapa de la cadena productiva, lo que genera una acumulación que termina impactando en el precio final. El gobierno porteño explicó que el objetivo es garantizar el acceso a información clara para los consumidores.

    Según Germán Krivocapich, titular de AGIP, la medida se enmarca en la necesidad de mejorar la transparencia fiscal. “La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores y garantiza el acceso a información transparente y veraz”, afirmó el funcionario.

    Cómo avanza la transparencia fiscal en las provincias

    La organización Lógica, dedicada a promover la conciencia fiscal en Argentina, realizó un relevamiento sobre la implementación del régimen en todo el país.

    El informe señala que varias provincias ya iniciaron procesos de adhesión, aunque aún no lo aplican plenamente. Córdoba avanzó con una resolución preparatoria y en Salta el proyecto tiene media sanción.

    El presidente de Lógica, Mathías Olivero Vila, destacó la importancia del paso dado por la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, durante décadas los impuestos estuvieron ocultos en los precios, lo que redujo la conciencia fiscal de la sociedad.

    El dirigente sostuvo que en algunos productos los impuestos pueden representar más del 50% del precio final.

    Con el nuevo sistema, los consumidores podrán ver en cada ticket qué parte del valor corresponde a impuestos y cuánto es el precio real del producto.

  • Debate candente: las voces a favor y en contra de la desregulación de la vacunación anti-aftosa

    Debate candente: las voces a favor y en contra de la desregulación de la vacunación anti-aftosa

    La semana pasada se oficializó la Resolución 201/26 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), que introduce cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y abre el debate dentro del sector ganadero. La norma desregula parcialmente el esquema vigente: la aplicación de las dosis deja de estar exclusivamente en manos de los entes vacunadores —fundaciones vinculadas a entidades rurales que operaban por zona— y habilita a veterinarios particulares a registrarse para prestar el servicio. Estos profesionales podrán adquirir las vacunas a través de distribuidores nacionales, de los propios entes o directamente de los laboratorios.

    Aunque se trata de una decisión de carácter técnico-sanitario, las reacciones entre los productores muestran que sus implicancias van más allá de lo estrictamente operativo. En distintos espacios de discusión del sector emergen visiones contrapuestas sobre el impacto que podría tener la medida.

    “Estoy totalmente a favor de la desregulación y pido sanciones fuertes para veterinarios y productores que incumplan”, sostuvo un productor de la provincia de Buenos Aires en un chat agropecuario en el que una encuesta informal arrojó una amplia mayoría a favor del cambio.

    Entre los argumentos favorables aparece con frecuencia el cuestionamiento al rol económico que cumplían los entes vacunadores dentro de las entidades rurales. “Las sociedades rurales están enganchadas en la vacunación y cubren sus costos con eso: las cuotas sociales y otras prendas. Sin eso se les pone cuesta arriba, pero sería bueno que se ajusten y no se enganchen en todo como si fuera otro impuesto”, opinó otro productor.

    Un tercero, con campo mixto en Zárate, aportó un ejemplo concreto: “En Carbap Zárate/Exaltación de la Cruz nos cobran 5.500 pesos la dosis con la excusa de que con esa plata financian gastos de la policía rural, la oficina del Senasa o la vacunación en lugares alejados. Un verdadero descontrol. No sé si sucede con otras sociedades de Carbap”.

    Otro productor que participó durante años en la conducción de una entidad rural también reconoció el peso económico del sistema: “Para las rurales es más fácil financiarse así que salir a buscar nuevos socios, cobrar cuotas más altas o generar actividades aranceladas. Soy socio desde hace años y participé en la comisión directiva; era la principal fuente de financiamiento y siempre había temor a que la saquen”.

    En esa misma línea, otro participante del debate planteó una cuestión de principios: “Con ese razonamiento estaría bien que las cuotas sindicales fueran obligatorias. Si queremos tener representación debemos pagarla directamente y no a la fuerza. Además, si criticamos que la tasa vial se desvíe para otros usos, ¿cómo podemos sostener hacer lo mismo con la vacuna contra la aftosa?”.

    Sin embargo, la decisión del Gobierno también generó una fuerte reacción institucional. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un comunicado en el que manifestó su firme rechazo a la resolución.

    “A los ojos del mundo, el sistema sanitario argentino aparece hoy como robusto. Sin embargo, en medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta y sin evidencias económicas que lo respalden, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña”, señalaron desde la entidad.

    Carbap también advirtió que la medida pone en riesgo uno de los pilares del esquema sanitario. “Esta decisión desconoce el principio de solidaridad entre productores, una de las columnas centrales del programa, ya que todos hemos acordado pagar el mismo valor por dosis aplicada dentro de cada fundación, independientemente del tamaño de nuestros rodeos”, indicaron.

    Además, recordaron que el modelo que se intenta implementar ya fue probado en el pasado y que su fracaso derivó en la creación del sistema actual basado en fundaciones y entes sanitarios. “Modificar de manera intempestiva el principal programa sanitario de nuestras carnes bovinas, sin los consensos necesarios y considerando nuestros antecedentes, en una región donde países vecinos avanzan hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación, puede generar un problema adicional o incluso una nueva barrera comercial innecesaria”, alertaron.

    Entre los productores también hay posiciones intermedias. Uno de los participantes del chat, alineado con la visión de Carbap, reconoció que existen problemas pero defendió el rol histórico de las fundaciones. “Hay algunas que han cometido excesos, pero no son todas. Los que participamos durante muchos años sabemos que la aftosa se eliminó gracias a las fundaciones. Los más viejos somos más desconfiados y cautos porque hemos pasado malas épocas. Espero que hoy los productores sean más responsables”, señaló.

    Ese mismo productor recordó además que las fundaciones cumplen funciones administrativas adicionales: “El sellado es una ley provincial; si no lo hace la rural lo hacen las cámaras de comercio o las bolsas de cereales. Además hay que informar al Senasa las vacunaciones y a la provincia de Buenos Aires la vacunación contra carbunclo. Si no, no hay DTE ni guía”.

    Otros productores coincidieron en que el sistema ha funcionado razonablemente bien, aunque admitieron que requiere ajustes. “El sistema en general ha funcionado bien, pero todos sabemos que hay cosas a mejorar. El valor de la vacuna -sobre todo comparándolo con lo que pagan los países vecinos- ya fue un buen punto de partida”, señaló un ganadero entrerriano.

    En medio del intercambio, otro participante pidió “no mezclar los tantos”. “Lo que se paga por la aftosa -porque es un programa nacional y porque corresponde- debe ir para la aftosa. Si se quiere financiar algo más, como la policía rural o el Senasa, se debería cobrar aparte y pagarlo también quienes no tienen vacas”, planteó. Distinguió, no obstante, la situación de las zonas alejadas, donde el mayor costo logístico podría requerir algún tipo de subsidio interno.

    Ese punto remite justamente al “principio de solidaridad entre productores” mencionado por Carbap. La aftosa representa un riesgo para todo el rodeo argentino y su control sólo puede abordarse de manera colectiva. Si determinadas regiones o productores quedan desprotegidos por mayores costos o menores recursos, el riesgo sanitario se traslada al conjunto del sistema.

    Algunos productores propusieron alternativas para sostener ese equilibrio. “Las zonas de monte y marginales deberían cobrar por vacunar; la vacunación les tiene que generar un ingreso”, planteó uno de ellos. Según su propuesta, los vacunadores de otras zonas deberían cobrar más caro en esos lugares y el costo adicional podría financiarse con un pequeño aporte sobre la venta final del ganado gordo. “Los productores chicos marginales incluso deberían vacunar sin pagar. El beneficio sanitario es para todos”, argumentó.

    En términos similares se expresó otro empresario ganadero: “El virus no mira si es un productor chico o grande, de zona núcleo o marginal. Es el riesgo que tenemos. Cada región deberá encontrar un mecanismo para subsidiar, pero todos deben vacunar porque el problema de uno termina siendo el problema de todos”.

    Desde el Gobierno, en tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida a través de la red social X y señaló dos problemas del sistema anterior. Según explicó, por un lado generaba “monopolios locales”, ya que cada productor debía vacunar exclusivamente con el ente correspondiente a su zona. Por otro, dificultaba el desarrollo de una red de distribución eficiente.

    “Al dividir el país en innumerables pedacitos era imposible desarrollar una red de distribución nacional con escala y más económica”, afirmó. El funcionario sostuvo que en un mercado más abierto podrían surgir nuevos mecanismos logísticos. “Imaginamos a los laboratorios o a empresas intermediarias generando sistemas de distribución nacional con más escala y, de hecho, con mejor control sanitario”, indicó.

    En ese marco, destacó que ahora “cada productor puede comprar la vacuna a quien le plazca y recibirla directamente en su campo”. Y concluyó: “Esperamos que esta desregulación permita seguir bajando los costos de la ganadería argentina, que vive uno de los mejores momentos de su historia”.

  • Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán detallar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

    Los comercios de la Ciudad de Buenos Aires deberán detallar en los tickets cuánto se paga de Ingresos Brutos

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    A través de un decreto, el gobierno porteño decidió sumar a CABA al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor sancionado por ley en 2023. De esa forma, cada ticket de compra emitido en la Ciudad deberá detallar cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos, además de visibilizar qué parte del importe total corresponde al IVA y otros impuestos nacionales, lo que ya venía mostrándose en todo el país.

    De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos que se habían adherido al Régimen el año pasado. El sistema comenzará a aplicarse una vez que la AGIP, el organismo recaudador porteño, publique la reglamentación y su cronograma de implementación. El decreto no modifica la aplicación de Ingresos Brutos en la Ciudad sino que solamente le agrega al comerciante una obligación de informar al consumidor.

    La ley 27.743 obligó a los comercios a publicar el “precio sin impuestos”, detallando por separado el impacto del ICA y los demás impuestos nacionales. La norma, a su vez, invitó a las provincias a adherir al sistema y obligar a que en los tickets se discriminen Ingresos Brutos y cualquier otro tributo provincial o municipal.

    El impacto de la decisión de la administración de Jorge Macri se condice con la intención del gobierno nacional de visibilizar el peso de los impuestos locales sobre los precios que pagan los consumidores, como una vía para presionar a gobernadores e intendentes para reducirlos. En ese sentido, Ingresos Brutos es el gravamen más criticado por todos los comercios y empresas, en especial porque es un impuesto “en cascada”: se aplica sobre todas las etapas de la cadena productiva, lo que deriva en una acumulación de gran impacto sobre el precio final que paga el consumidor.

    Los tickets deberán discriminar los

    Por ello, la ley invita a las provincias a dictar normas para “asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realicen en sus jurisdicciones”, recordó el gobierno porteño en los fundamentos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

    En su primer artículo, el decreto establece “la obligación para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

    Dispuso además que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será la autoridad a cargo de “disponer los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización” de este nuevo sistema.

    “La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores. Además, garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales. En sintonía con estos principios, la adopción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por parte de la Ciudad, que se encuentra entre las primeras en sumarse a la iniciativa, demuestra el compromiso de nuestro Gobierno con la claridad en la gestión,” señaló Germán Krivocapich, titular de AGIP.

    Si bien adhirieron al régimen, en Chubut, Mendoza y Entre Ríos todavía no muestran el detalle de impuestos en los tickets por falta de reglamentación. Córdoba dictó una resolución preparatoria de la adhesión, sujeta a la conformidad de las cámaras empresarias cordobesas, la que se dio en agosto pasado, pero tampoco se puso en marcha. En Salta la adhesión cuenta con media sanción.

    EFE/Orestis Panagiotou

    CABA fue el único distrito, hasta ahora, que lo hizo por decreto. El proyecto de Código Fiscal porteño de 2026 contenía un artículo adoptando la transparencia fiscal al consumidor, que fue quitado horas antes de la votación de noviembre pasado. Este nuevo decreto subsana esa situación.

    Ese relevamiento, provincia por provincia, pertenece a Lógica, una ONG dedicada a “generar conciencia fiscal en la sociedad” que viene impulsando la efectiva implementación del Régimen de Transparencia Fiscal.

    Según el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, “este paso dado por CABA es muy importante para generar conciencia fiscal ciudadana. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad, por un régimen que, durante más de 50 años, sistemáticamente nos ha ocultado los impuestos, sin informárselo a los consumidores. Esa falta de conciencia llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables con el gasto y los impuestos que pesan en la vida cotidiana, hasta más del 50% del precio final.”

  • Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores

    Caso $LIBRA. La oposición evalúa reactivar la comisión investigadora en Diputados y apunta a los gobernadores

    El registro telefónico del lobista Mauricio Novelli reactivó los movimientos de la oposición en Diputados. Los exintegrantes de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA buscan coordinar esfuerzos para relanzar la pesquisa legislativa, que cesó en noviembre pasado con un informe que señalaba que tanto Javier Milei como su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fueron piezas clave para propiciar la presunta estafa.

    Los legisladores, conducidos por Maximiliano Ferraro, presidente de aquella comisión, ofrecerán una conferencia de prensa a las 16.15 para fijar posición sobre los próximos pasos.

    El camino, sin embargo, aparece más complejo que el año pasado. El oficialismo fortaleció su posición en la Cámara baja a partir del corrimiento de sectores de centro que habían sido determinantes para habilitar la investigación. Con la nueva correlación de fuerzas, la oposición necesitará del aval de los gobernadores para avanzar.

    Hoy reúne poco más de 100 legisladores entre Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y algunos referentes de Provincias Unidas, como Martín Lousteau, Pablo Juliano y Esteban Paulón. Del otro lado, el oficialismo se planta con más de 110 diputados entre propios y aliados de Pro y la UCR.

    En el medio queda un grupo decisivo de 33 legisladores vinculados a mandatarios provinciales que todavía no fijó una posición clara.

    En abril pasado, esos espacios ya habían evitado acompañar la creación de la comisión investigadora. Sus diputados optaron por ausentarse o mantenerse prescindentes durante la votación en el recinto. Solo un puñado votó en contra y menos aún lo hizo a favor.

    El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la Argentina Week en Nueva York; muchos de sus referentes legislativos eludieron fijar posición sobre $LIBRA
    El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la Argentina Week en Nueva York; muchos de sus referentes legislativos eludieron fijar posición sobre $LIBRAPresidencia

    Entre las ausencias se anotaron los salteños que responden a Gustavo Sáenz, los misioneros de Hugo Passalacqua, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y el rionegrino cercano a Alberto Weretilneck. También se ausentaron Marcela Antola, vinculada a Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Juan Carlos Polini, aliado de Leandro Zdero (Chaco), y Melina Giorgi, cercana a Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

    Los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora, en cambio, votaron en contra de la creación de la comisión. Lo mismo hicieron los dos sanjuaninos alineados con Marcelo Orrego y el neuquino cercano a Rolando Figueroa.

    Entre las abstenciones se destacaron las de los dos representantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), a las que se sumaron Lourdes Arrieta (Mendoza) y José Luis Garrido (Santa Cruz).

    Los aliados legislativos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín LLaryora (Córdoba) se negaron a convalidar la creación de la comisión $LIBRA
    Los aliados legislativos de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín LLaryora (Córdoba) se negaron a convalidar la creación de la comisión $LIBRA

    Pese a esas resistencias, el proyecto terminó aprobándose con 128 votos afirmativos frente a 93 negativos. Al tratarse de una comisión que funcionaría únicamente en la Cámara de Diputados, no requería intervención del Senado.

    Senado

    En la Cámara alta, sin embargo, la oposición había intentado previamente avanzar con una iniciativa similar. El proyecto lo presentó el entonces senador fueguino Pablo Blanco (UCR) y contó, entre otras firmas, con la del jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi.

    La propuesta no tenía dictamen y necesitaba dos tercios de los votos para ser tratada en el recinto. La primera votación, que habilitaba el tratamiento, generó expectativas en la oposición: reunió 53 avales, 17 rechazos y dos ausencias.

    Pero minutos después el panorama cambió. En la votación de fondo, seis senadores radicales -entre ellos el propio Vischi- y uno de Pro cambiaron su postura y bloquearon la iniciativa. El resultado final fue de 47 votos a favor, 23 en contra y dos ausencias, insuficiente para alcanzar los 48 necesarios.

    El correntino Eduardo Vischi, de la UCR, giró y bloqueó la creación de una comisión investigadora en el Senado
    El correntino Eduardo Vischi, de la UCR, giró y bloqueó la creación de una comisión investigadora en el SenadoCamila Godoy

    Entre ambas votaciones transcurrieron apenas nueve minutos. El giro del radicalismo resultó determinante para frustrar la comisión investigadora. El caso del correntino Vischi fue especialmente llamativo: había firmado el proyecto y apoyado habilitar su tratamiento, pero luego votó en contra, lo que desató críticas dentro de su propio bloque. En Pro, el misionero Martín Goerling Lara realizó el mismo movimiento.

    Vischi responde políticamente al gobernador Gustavo Valdés, un aliado circunstancial del Gobierno nacional, a quien la Casa Rosada suele recurrir cuando necesita votos en el Congreso. Su comprovinciana Mercedes Valenzuela también rechazó la iniciativa.

    Otros senadores radicales alineados con gobernadores siguieron el mismo camino: Eduardo Galaretto, cercano al santafesino Maximiliano Pullaro; Mariana Juri, aliada del mendocino Alfredo Cornejo; y Víctor Zimmermann, vinculado al chaqueño Leandro Zdero. La entrerriana Stella Maris Olalla, radical cercana al gobernador de Pro Rogelio Frigerio, también cambió su voto.


  • hijos, hermanos, sobrinos y amigos integran la lista de asesores de los legisladores

    hijos, hermanos, sobrinos y amigos integran la lista de asesores de los legisladores


    En medio del escándalo que generó el aumento de las dietas de los senadores, que a partir de mayo alcanzará los $ 11 millones para cada legislador nacional, otro dato vuelve a poner el foco en el Congreso, donde los nombramientos de asesores y empleados sigue generando polémica al incluir a familiares y amigos.

    De acuerdo a los datos publicados en la página web del Senado, la Cámara alta tiene un total de 3575 empleados entre la planta permanente (2112) y la transitoria (1463). A un sueldo de $ 1,03 millones, que sería el promedio, se estaría destinando una suma de $ 3.682 millones mensuales, sin contar los gastos de los senadores.

    La normativa vigente establece que cada legislador cuenta con un cupo de 7338 módulos, cuyo valor de referencia estaba en $2.554 antes del último aumento, lo que representa un presupuesto de $18.741.252 para la contratación de su equipo de colaboradores. En la actualidad, los senadores tienen un total de 957 asesores, algunos pueden ser de la planta permanente y otros de la transitoria, que cobran distintos sueldos porque fueron nombrados en distintas categorías.

    Lo cierto es que según los valores que se fijaron, cada despacho podría tener una docena de empleados a lo sumo, pero hay senadores que cuentan con decenas de empleados.

    Mayans se mantiene al tope del ranking con más asesores

    José Mayans, jefe del bloque Justicialista, encabeza el ranking de senadores con más asesores, pese a que el peronismo bajó a la mitad la cantidad de empleados que tenía a cargo con la llegada de Victoria Villarruel a la presidencia de la Cámara.

    En la actualidad el formoseño cuenta con una nómina de 30 empleados en su despacho, y entre ellos está Celina Mayans, quien es familiar del jefe del peronismo y está en el Congreso desde 2023.

    Pero Mayans no es el único que tiene parientes entre sus empleados. Jorge “Coqui” Capitanich, quien tiene 18 personas designadas, defendió el nombramiento de su hija María Guillermina con la categoría más alta, asegurando que tiene “idoneidad y competencia”. Para reforzar la defensa cuestionó la falta de críticas a la designación de Karina Milei, hermana del Presidente, como secretaria general de la presidencia.

    Igualmente, el senador por Chaco y ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner no se privó de nada porque también llevó al Senado a Guillermo Pérez Cuevas, quien durante su gestión estuvo a cargo del Instituto del Deporte de su provincia. Al igual que su hija tiene la categoría A1, la más alta en la escala salarial de los empleados legislativos y que se ubica en $2.158.848, sin el aumento de la última paritaria firmada por la Asociación del Personal Legislativo (APL) un un aumento escalonado de casi el 12 % a mayo, todo acumulativo.

    Por su parte, el pampeano Daniel Bensusán designó en 2023 a Paula Bensusán Cosci, que integra la planta permanente con la categoría A5, que otorga un sueldo de $ 1.177.000. No se precisó el vínculo de la empleada con el senador, pero se especula que sería su sobrina. 

    Los Menem, los Gioja y los Rodríguez Saá mantienen su linaje

    Esta tendencia de los legisladores de nombrar a familiares en el Congreso no es una novedad y el ejemplo más clásico es el de la familia Menem, sin cuestionar la capacidad laboral de cada uno de ellos. Pero Eduardo “Lule” Menem estuvo varios años en el Senado de la mano de su tío Eduardo Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem.

    La dinastía se mantiene en el Senado con la presencia de Carola Fabiana Menem -prima de Martín Menem y Lule Menem- quien es parte del despacho del riojano Juan Carlos Pagotto, el senador elegido para presidir la comisión de DNU.

    Pagotto, además, tiene entre su personal a su hijo Juan María, quien es uno de los referentes de la juventud libertaria y controla todo lo que pasa en el despacho. Obviamente el joven funcionario es el único de los 9 empleados que tiene el riojano que cobra con la categoría A1.

    Antes de avanzar con otros espacios, hay que aclarar que el peronismo fue históricamente uno de los espacios con mayor cantidad de personal a cargo. Mayans llegó a tener más de 40 empleados antes de la motosierra y el riojano Fernando Rejal unos 36. En la actualidad, el representante de Justicia Social Federal cuenta con 36 asesores, de los cuales 8 están en la categoría más alta.

    Dentro de ese mismo espacio está el puntano Fernando Salino, quien tiene un plantel de 17 empleados y entre ellos están la ex senadora María Eugenia Catalfamo y María Laura Cuffini Rodríguez Saá  sobrina de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, y ex directora de la Casa de San Luis.

    En tanto, el sanjuanino Sergio Uñac, con un total de 18 ( 5 A1) tiene designados a Leonardo César Gioja, sobrino del ex gobernador José Luis Gioja, y a su hermano Rubén Uñac, quien tiene la categoría más alta.

    Dentro de los senadores con mayor planta de personal se anotan Carolina Moisés, de Convicción Federal, con 28 empleados, y el senador K Mariano Recalde con 27 asesores.

    LLA: de la senadora que nombró a 6 familiares al asesor electricista denunciado por abuso sexual

    Dentro de la esfera libertaria también hay casos que rozaron el escándalo como el de Vilma Bedia, quien llegó a designar en su despacho a 6 familiares. Entre ellos figuraban sus dos hijos, José Abner Jair Mamani y Joel Benjamín Mamani; sus hermanos Ricardo, Albert y Juan Carlos Bedia y su cuñada, Nélida.

    En diciembre, la senadora hizo unos cambios en sus oficinas y sólo mantuvo a su hijo José Abner Jair Mamani, quien es el único que mantiene la A1.

    Bartolomé Abdala, quien trastabilló cuando  reconoció que tenía más de 15 asesores y la mayoría de ellos trabaja en San Luis porque su intención es ser gobernador de esa provincia, cuenta en la actualidad con 11 empleados en el despacho y sólo 3 con el sueldo más alto.

    Aunque uno de los escándalos más recientes lo salpicó al senador Juan Cruz Godoy, la promesa libertaria del Chaco, quien entre sus 12 empleados designó a un electricista que fue denunciado por “abuso sexual agravado por el vínculo”.

    Se trata de Martín Alberto Ríos, quien accedió a un cargo en el Senado con la categoría A2 de un sueldo de $1.829.272. Si bien desde el despacho aseguraron que el empleado no integra el plantel aún figura en la página web como parte del personal.

    El PRO, que comanda el misionero Martín Goerling, está en el promedio fijado por la normativa que regula los nombramientos y el dato es que entre los asesores del bloque está el ex senador Alfredo De Angeli, quien fue incorporado con la categoría más alta.

    Estas designaciones son habituales en el Congreso. Incluso, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, designó entre sus asesores al ex diputado Gerardo Milman, quien ingresó con la categoría A1.

    Otros datos que llaman la atención es que la peronista Cristina López, la senadora de Tierra del Fuego que llamó a un cerrajero para quedarse con un despacho, tiene a 11 de los 13 empleados con el sueldo más alto de los legislativos.

    El tema de los asesores siempre genera tensiones en el Congreso y si bien Villarruel avanzó con un recorte del personal hubo varios cuestionamientos no sólo a los acuerdos que cerró con el peronismo sino también por el mecanismo en que se acordaron los retiros voluntarios incorporando a personal que no formaba parte de la planta permanente.

  • Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen del país

    Encuesta: quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen del país

    Un relevamiento de la consultora CB Global Data sobre los 24 distritos del país coronó a Claudio Poggi (San Luis) como el mandatario mejor evaluado por sus propios vecinos, con 58,5% de imagen positiva. El resultado es llamativo: Poggi gobernó primero aliado a los hermanos Rodríguez Saá, luego los enfrentó como referente de Juntos por el Cambio y en las últimas legislativas llamó a votar a los candidatos de Javier Milei. Detrás quedó Marcelo Orrego (San Juan, +58%) y cerró el podio el peronista Osvaldo Jaldo (Tucumán, +56,7%).

    Claudio Poggi

    La encuesta —24.616 casos relevados entre el 1 y el 5 de marzo, con margen de error de ±2,9% a 3,3%— mide la imagen positiva que cada gobernador tiene entre sus propios vecinos. El dato estructural que arroja el sondeo es que 20 de los 24 mandatarios evaluados terminaron con más apoyos que rechazos, lo que confirma una tendencia histórica: los líderes provinciales sostienen mejor reputación que los políticos nacionales. La tabla la elabora CB Global Data desde hace casi seis años a partir de 24 encuestas simultáneas, una por provincia..

    Encuesta Gobernadores

    Completaron los primeros ocho puestos Hugo Passalacqua (foto de arriba, Misiones, +55,3%), Raúl Jalil (Catamarca, +54%), Ignacio Torres (Chubut, +53,7%), Martín Llaryora (Córdoba, +53,5%) y Gustavo Sáenz (Salta, +53,2%). La franja media del ranking también mostró números sólidos: Carlos Sadir (Jujuy, +52,4%), Rolando Figueroa (Neuquén, +52,2%), Rogelio Frigerio (Entre Ríos, +52%), Claudio Vidal (Santa Cruz, +51,7%), Maximiliano Pullaro (Santa Fe, +51,4%), Alfredo Cornejo (Mendoza, +51,1%), Sergio Ziliotto (La Pampa, +50,8%) y Leandro Zdero (Chaco, +50,4%) cerraron ese grupo con saldo positivo.

    Ignacio Torres

    En el otro extremo, cuatro gobernadores reprobaron: los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja) y Axel Kicillof (Buenos Aires), el rionegrino Alberto Weretilneck y el fueguino Gustavo Melella. Más arriba pero en zona de riesgo quedó Jorge Macri (CABA), con apenas un punto de diferencia entre su imagen positiva (48,6%) y la negativa (47,9%). También generó atención Gildo Insfrán (Formosa), que rozó el 50% de aprobación pero acumuló 48,1% de rechazo, la segunda imagen negativa más alta de todo el ranking.

    por R.N.

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    Gobernadores | Foto:CEDOC

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