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El diputado nacional Jorge Taiana presentó este jueves un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para pedir la suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía, en medio de denuncias por presuntas irregularidades técnicas, jurídicas, ambientales e institucionales. El planteo pone el foco en la supuesta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido usada como aval del proceso licitatorio.

La iniciativa apunta contra la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025, para la concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná. En el texto, Taiana reclama que el Poder Ejecutivo suspenda la continuidad del procedimiento hasta que se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).

El proyecto sostiene que el proceso se encuentra bajo sospecha por el presunto uso de documentación falsa, la falta de estudios de impacto ambiental adecuados, el posible direccionamiento de los pliegos y la afectación de las facultades de control y participación de las provincias ribereñas. También advierte por el desmantelamiento de organismos federales de control sobre una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Nuevas pruebas ante la PIA por el informe atribuido a la UNCTAD

El pedido legislativo se apoya, además, en una nueva presentación realizada el 6 de mayo de 2026 ante la PIA, donde se aportaron elementos vinculados a la presunta falsedad de instrumentos públicos en el marco de la licitación. Según ese escrito, en el expediente ya se encuentran acumuladas denuncias por presunta violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta en perjuicio del Estado y confección o uso de instrumentos públicos reputados falsos.

La nueva presentación ante la PIA fue realizada por DTA Engenharia LTDA., con intervención del abogado Eduardo Barcesat en representación de la firma brasileña. El planteo se sumó a una denuncia previa de integrantes de la Comisión Canal Magdalena, encabezada por el ingeniero José María Lojo, quien también advirtió públicamente sobre las presuntas irregularidades en el proceso. “Hay pruebas de que la licitación de la Vía Navegable Troncal se basa en estudios apócrifos”, sostuvo.

En esa línea, Lojo reclamó frenar el trámite administrativo y afirmó que es “urgente detener el proceso licitatorio de la VTN para evitar que el efecto de los delitos denunciados se consumen en perjuicio de los productores y consumidores argentinos”.

El punto central de la denuncia es un supuesto “informe técnico” atribuido a expertos de la UNCTAD, organismo de la ONU, que habría sido utilizado como respaldo del proceso licitatorio. De acuerdo con la presentación, ese documento carecería de la carátula propia de un informe emanado de ese organismo, no identificaría a los expertos que participaron en su elaboración y no tendría idoneidad suficiente en materia de impacto ambiental, uno de los puntos sensibles de una obra de dragado de esta magnitud.

El comunicado también sostiene que una investigación realizada por una empresa internacional especializada en delitos informáticos describió mecanismos que impedirían rastrear quién encargó la supuesta experticia, quiénes fueron los profesionales que la elaboraron y firmaron digitalmente, y qué antecedentes técnicos tenían. Además, señala que tanto la ONU como la UNCTAD habrían sido requeridas para reconocer o informar sobre la autoría del documento, pero no habrían brindado respuesta hasta la ampliación de la denuncia.

En esa misma línea, el proyecto de Taiana afirma que el informe técnico-forense detectó que los documentos fueron generados mediante Microsoft Word Office 365 y que no responderían a los formatos institucionales habituales de Naciones Unidas. También advierte que los archivos no contienen firmas digitales criptográficas válidas, mientras que las firmas visibles serían imágenes insertadas compatibles con montajes gráficos o recortes digitales.

Según el texto, tampoco existirían códigos de serie, ISBN, avisos editoriales ni otros elementos característicos de publicaciones oficiales de la UNCTAD. Para Taiana, la eventual utilización de documentación falsa o adulterada en una licitación pública internacional que definiría por décadas la principal vía de navegación del país compromete la legalidad administrativa, la transparencia de la contratación pública y la confianza institucional en el proceso.

Cuestionamientos ambientales, económicos y de soberanía

Además del eje documental, el proyecto advierte sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental integrales respecto de la profundización del calado del Río Paraná, proyectada entre 40 y 44 pies. De acuerdo al planteo, distintas presentaciones judiciales y técnicas alertaron sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños.

Taiana también cuestiona la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al considerar que implicaría un retroceso en la participación de las provincias ribereñas y una pérdida de capacidad de fiscalización estatal sobre la vía navegable. El proyecto remarca que se trata de una infraestructura central para el comercio exterior argentino, por donde circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del país.

En el plano económico, el texto objeta las condiciones previstas en los pliegos y advierte que la implementación de bandas tarifarias con precios mínimos y máximos podría desnaturalizar el concepto de concesión a riesgo empresario. Bajo esa línea, el esquema terminaría funcionando como una garantía de ingresos mínimos para el concesionario, con costos absorbidos por productores y usuarios de la vía navegable.

La denuncia presentada ante la PIA también señala un posible favorecimiento a empresas extranjeras de origen belga, entre ellas Jan De Nul, actual operadora del dragado y balizamiento de la Hidrovía. Además, cuestiona que el informe atribuido a la UNCTAD propiciaría que la obra sea realizada por una tercera persona jurídica creada exclusivamente para la adjudicación, lo que, según la presentación, podría reducir la responsabilidad patrimonial frente a eventuales daños.

El documento agrega una advertencia de carácter estratégico: sostiene que la licitación podría afectar la soberanía fluvial y marítima argentina y favorecer el desvío del tránsito de mercaderías hacia el Puerto de Montevideo, encareciendo y alargando la salida al Atlántico Sur.

Por todo ello, el proyecto reclama que cualquier proceso futuro vinculado con la administración y concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná garantice transparencia, legalidad, participación federal de las provincias ribereñas, control estatal, preservación ambiental y defensa del interés nacional.

Llega la fase final del proceso de licitación más importante de la gestión de este gobierno, no solo por la magnitud de la inversión requerida, cerca de US$10.000 millones, con una facturación estimada de US$25.000 millones durante los 25 años de la licitación, sino porque la Vía Navegable Troncal (VNT) es el camino de salida de alrededor del 80% de las exportaciones argentinas.

La Hidrovía es una de las rutas fluviales más extensas del mundo, pero necesita que se profundicen sus canales para lograr que los barcos naveguen con su carga completa y que los diferentes sectores que la utilizan, especialmente el agroexportador (que prevé un crecimiento en los próximos años), puedan ganar competitividad.

El Gobierno informó, a través del Acta de Evaluación Técnica, que se comunicó a los oferentes vía el sistema Contrat.Ar la culminación técnica de la segunda etapa de la licitación para la concesión de la VNT. “El proyecto de modernización y gestión de la ruta fluvial servirá para optimizar la logística y reducir los costos operativos para los productores nacionales”, informa la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que busca, además, una baja del costo actual de la tarifa del peaje en un 15%.

“En esta instancia, las firmas Jan de Nul y DEME superaron la evaluación técnica de sus proyectos y continuarán en carrera para la adjudicación del servicio. Finalizado el análisis técnico, Jan de Nul recibió 66,2 puntos, mientras que DEME NV obtuvo 42,14 puntos”, se informó desde el organismo que dirige Iñaki Arreseygor.

La licitación para el dragado y balizamiento a riesgo empresario y sin aval del Estado está planteada en tres etapas; cada una contiene un sobre en el cual responde cada oferente a los requerimientos de la Anpyn (Anpyn). En la Etapa 1, se evaluó la capacidad económica y financiera de los grupos interesados. De tres empresas oferentes, pasaron a la siguiente fase solo las dos empresas belgas que compiten entre sí.

En el Sobre N° 2 debían presentar el plan de trabajos y los antecedentes específicos de los oferentes. Fueron evaluados bajo un sistema de puntajes que, subrayan desde la Anpyn, fue validado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), un organismo de las Naciones Unidas. Había diferentes categorías: excelentes (con el total del puntaje), muy buenas (con el 75% del puntaje), buenas (con un 50% del puntaje), básicas (que llegaban el 25%) y regulares (sin puntos).

Cómo sigue el proceso

A partir de la comunicación del Acta de Evaluación Técnica a las oferentes, las empresas cuentan con un plazo de 7 días corridos para presentar eventuales impugnaciones, las cuales serían analizadas por la Comisión Evaluadora para su posterior expedición mediante un Acta Complementaria.

Según la comunicación oficial, que especifica los detalles del proceso, si no se presentan impugnaciones, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dictará el Acto Administrativo y resolverá definitivamente la Etapa 2 –completando el análisis técnico de la licitación–, a través de una Resolución, donde oficializará las ofertas admitidas y fijará la fecha para la apertura del Sobre N° 3.

La apertura del próximo sobre dejará sobre la mesa la oferta económica de cada contendiente. A pesar de que hasta ahora es Jan de Nul el que lleva la ventaja en puntos, la última instancia representa el 60% de la calificación total, por lo que DEME sigue en carrera. Hay un máximo de 120 puntos en juego, y es el tramo más relevante de la licitación.

El proceso de privatización de la Hidrovía, el corredor fluvial por donde transita el 80% del comercio exterior de Argentina, se acerca a su fase decisiva. Este jueves el Gobierno confirmó la conclusión de la evaluación técnica, de manera que en cuestión de semanas se definirá quién operará, durante los próximos 25 años y bajo reglas de inversión privada, la administración y modernización de la Vía Navegable Troncal.

Según explicaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae, la diferencia técnica obtenida en la evaluación puede ser decisiva en el resultado de la licitación. El puntaje técnico, basado en antecedentes, experiencia y calidad de las propuestas, otorgó una ventaja significativa a Jan de Nul, que se distanció por más de 24 puntos sobre 80 respecto a su competidor, la también belga DEME NV.

Ahora, la definición se traslada a la fase económica, con 120 puntos en disputa en la próxima apertura del sobre 3. El esquema de licitación, alineado con recomendaciones de organismos internacionales, establece franjas de precios máximos y mínimos para cada una de las etapas de la concesión. Se prevé que las ofertas económicas resulten muy similares, ya que las empresas probablemente ajustarán sus propuestas a los valores de referencia definidos por la autoridad. En ese contexto, la ventaja técnica obtenida en la primera parte del proceso puede resultar determinante para la adjudicación final.

El proceso de privatización de la hidrovía cuenta con dos empresas belgas interesadas, luego de haber dejado atrás a otra compañía brasileña que se había presentado en el proceso. Entonces, en esta segunda fase de la licitación, Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos y DEME NV sumó 42,14 puntos en la evaluación técnica de sus propuestas.

Las cifras asignadas, resaltó el comunicado oficial que difundió el Gobierno, surgieron como resultado del análisis del Sobre N° 2 realizado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo con el mecanismo de puntaje validado por la UNCTAD, organismo dependiente de las Naciones Unidas. Esta sistematización estableció una escala en la que sólo las categorías “Excelentes” aspiraron al total de puntos, y las siguientes recibieron 75%, 50%, 25% o nada según la calificación alcanzada.

Los apartados de mayor peso en la evaluación fueron los trabajos de dragado y la experiencia documentada de los oferentes en obras similares, así como la gestión del balizamiento, las estrategias de mantenimiento, los protocolos de control ante derrames, las medidas de ciberseguridad y la gestión ambiental.

Ambos consorcios presentaron memorias técnicas detalladas, incluyendo antecedentes sobre volúmenes de dragado realizados y la eficacia en la señalización de canales de navegación.

Finalizada esta instancia, la licitación ingresa a su parte más determinante con la próxima apertura del Sobre N° 3, donde será considerada la oferta económica de cada competidor. En esta etapa, el componente económico representa el 60% de la nota total, con un máximo de 120 puntos en disputa. El futuro adjudicatario tendrá a cargo la operación integral de la Hidrovía “a riesgo propio”, bajo supervisión estatal y de organismos internacionales, sin garantías financieras directas por parte del Estado.

Según Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, durante el Congreso de Puertos Privados celebrado en la Bolsa de Cereales, el proceso de licitación acumula ya 18 meses de trabajo conjunto con gobiernos provinciales.

La adjudicación, según las previsiones de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, generará ingresos aproximados de USD 15.000 millones para el concesionario a lo largo de los 25 años estipulados en el contrato. El proceso compromete a la empresa ganadora a desplegar inversiones constantes en modernización, ampliación, dragado y señalización, sin respaldo estatal para los riesgos comerciales, pero bajo monitoreo permanente.

La resolución establece también que el operador tendrá un retorno mínimo del 6%, calculado a partir de los peajes cobrados a los usuarios, lo que apunta a un modelo de inversión autosustentable y de largo plazo, crucial para el flujo de exportaciones de granos y subproductos agrícolas.

Una de las metas explícitas del proceso, según confirmó Arreseygor, es la reducción de las tarifas que actualmente pagan los usuarios por navegar la vía. El funcionario anticipó que, si las propuestas económicas presentadas se ubican en el valor mínimo de la banda definida, los costos de peaje se reducirán al menos un 15% en relación con los niveles actuales. Esta expectativa de rebaja en los costos logísticos ha sido respaldada públicamente por organizaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC) —responsable del 48% de las exportaciones agrícolas—, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC).

La definición de la oferta económica, prevista para la próxima semana, marcará el paso decisivo para la selección de la empresa que gestionará la Hidrovía bajo el nuevo esquema de concesión. Según adelantó Arreseygor, se proyecta que la pre-adjudicación pueda concretarse en el mes de julio.

El proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía, el corredor fluvial por el que circula el 85% del comercio exterior argentino, inicia su fase final con la inminente apertura del tercer sobre de la licitación. El resultado de esta etapa determinará cuál de las dos empresas belgas finalistas asumirá la operación y modernización de la llamada Hidrovía.

A partir de la próxima semana, se conocerán las ofertas económicas, paso determinante para definir una operación clave para el futuro logístico y productivo de Argentina. Según cálculos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la concesión, prevista por 25 años le permitirá al adjudicatario facturar aproximadamente USD 15.000 millones.

En la última fase del concurso, solo Jan de Nul NV y DEME NV, ambas compañías con sede central en Bélgica y reputación global en obras de ingeniería fluvial, lograron superar las instancias técnicas y legales del proceso.

Según detalló Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Anpyn, durante el Congreso de Puertos Privados realizado esta semana en la Bolsa de Cereales, la licitación, que lleva 18 meses de trabajo colaborativo con gobiernos provinciales, incluyó la fiscalización del organismo de Naciones Unidas, lo que brindó garantías de transparencia tanto para el Estado como para los usuarios y la sociedad. Arreseygor anticipó que para julio se prevé la pre-adjudicación de la administración del sistema troncal de navegación a un operador privado y que, a partir de ese momento, el precio del peaje comenzará a reducirse.

Quien obtenga la concesión deberá garantizar la modernización, ampliación, dragado y balizamiento de la Hidrovía a riesgo empresario, sin aval estatal. Los términos, según precisó la Anpyn, estipulan un retorno mínimo para el ganador del 6% calculado en función del peaje que cobrará a los usuarios. El proceso apunta a un escenario de inversión sostenida durante un cuarto de siglo, robusteciendo la infraestructura esencial para la exportación de granos y otros subproductos.

Una meta explícita establecida es la disminución de las tarifas actuales: Arreseygor sostuvo que si las propuestas económicas alcanzan el valor mínimo de la banda prevista, los costos de peaje podrían bajar al menos 15% respecto a lo que se abona hoy para navegar el tramo. La expectativa de reducción directa de costos logísticos despierta la aprobación de los principales actores del sector privado, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC, que representa el 48% de las exportacones agrícolas), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), entidades que expresaron su respaldo público al procedimiento impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Superadas las dos primeras etapas del proceso, en la tercera parte del mismo quedaron dos empresas de relevancia internacional, Jan de Nul NV y DEME NV, quienes competirán en los próximos días por la concesión de la Hidrovía. De esta manera, el próximo paso es la apertura y comparación de ofertas económicas lo que definirá qué compañía operará y mantendrá la vía durante 25 años. El ganador operará bajo riesgo propio; es decir, sin garantías del Estado, pero con supervisión del sistema productivo y organismos internacionales.

Solo una tercera oferente, la firma brasileña DTA Engenharia, resultó descalificada luego de la apertura del primer sobre por no cumplir con el requisito de garantías. La compañía objetó el resultado, elevando una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde reclamó presuntas “distorsiones” en los pliegos. Sin embargo, Arreseygor aseguró que “fue un proceso bastante razonable hasta la apertura de sobres” y precisó que “tuvimos tres ofertas, con dos empresas top mundial que fueron las que quedaron luego del sobre uno y dos”.

El proceso fue auditado por un organismo de las Naciones Unidas, que certificó la capacidad de Jan de Nul y DEME —junto a otras pocas empresas— como concesionarios aptos para la envergadura del proyecto. Según el director ejecutivo de la Anpyn, esta validación internacional fue clave para disipar las dudas en los sectores productivos, los usuarios y la opinión pública nacional.

Con la incorporación de tecnología de última generación y la profundización del sistema de navegación, el gobierno nacional afirma que la privatización de la Hidrovía supondrá una transformación en la estructura logística y de costos del comercio exterior argentino. El respaldo explícito de cámaras y sectores industriales refuerza esta expectativa de mayor competitividad y proyección internacional de la economía argentina.

“Este año queríamos abstraernos un poco de la política”, reconoce un empresario que participa del Foro de Llao Llao, en Bariloche, el evento que cada año reúne a algunas de las fortunas más importantes del país para debatir sobre los temas más importantes del momento. Si bien el presidente, Javier Milei, había sido invitado, hasta ayer no había confirmado su presencia. A última hora de ayer, en tanto, aterrizó el ministro Luis “Toto” Caputo. Pero, a diferencia de otras ocasiones, adrede, se intentó que la presencia de políticos estuviera reducida al mínimo.

Aunque las elecciones de 2027 son parte ya de la conversación pública, en el sector privado en algún punto desean que la agenda electoral no se cuele tan pronto en la agenda. De alguna manera, los hombres y mujeres de negocios necesitan sostener el buen clima.

“Se habla mucho del impulso de la inteligencia artificial, de productividad, de nuevas oportunidades. En general, el clima es de movimiento. Pero cuando se hace un doble clic aparece un matiz importante —dice uno de los empresarios que participa del encuentro, en estricta reserva—. Cuando surge la pregunta sobre el país, la respuesta suele venir acompañada de una mezcla de cansancio, prudencia y resignación. Es evidente que algo cambió en la percepción del Llao Llao. Hay energías para construir, pero también hay un malestar profundo que se siente en la calle y que empieza a llegar al mundo empresario”, admite.

También entre los hombres y mujeres de negocios la grieta es cada vez más marcada. Todo depende en qué sector de la economía estén parados.

Son momentos de fuerte reacomodamiento de poder. Los grandes jugadores de siempre no necesariamente lo seguirán siendo en los años que vienen. Y no solo por los avances tecnológicos, la intromisión de la inteligencia artificial o el cambio en la matriz productiva, que hacen que voces que hasta hace muy poco tenían gran autoridad empiecen a perder peso relativo. Sino que también los procesos de privatización están haciendo que emerjan nombres que hasta no hace mucho apenas ocupaban las segundas o terceras filas empresarias.

En poco más de veinticuatro meses, por caso, los hermanos Juan y Patricio Neuss pasaron de ser los dueños de una distribuidora eléctrica en la Patagonia a controlar, de punta a punta, la cadena energética argentina: generación, transporte y distribución. El salto no fue gradual sino en aluvión: primero llegaron las distribuidoras tucumana y jujeña —EDET y Ejesa— junto a la transportista Litsa y la hidroeléctrica Potrerillos, todo en el arranque de 2024; luego, a fines del año pasado, las represas patagónicas Alicurá y Cerros Colorados por US$226 millones; y esta semana, el coronamiento: Transener, el único operador de alta tensión del país, adjudicado por US$356 millones en un proceso que tuvo sus cortocircuitos técnicos. El vehículo de esta expansión es Edison Energía, un holding armado en 2025 junto al fondo Inverlat —cuyos socios incluyen al exjefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai— y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan. La velocidad de la expansión —tres procesos licitatorios ganados en dos años, en sectores que el Estado estaba vendiendo por primera vez en décadas— habla tanto de la capacidad del grupo para leer el tablero como de su habilidad para estar siempre bien posicionados a la hora de la apertura de sobres. También refleja cuán consustanciados están con el proyecto libertario, al que se acercaron desde los comienzos, de la mano de su amigo de la infancia, Santiago Caputo.

“El proceso de Transener fue desprolijo —reconoce un hombre con mucha experiencia—. Las ofertas económicas se publicaban a las 10 de la mañana. A esa hora salió la publicación, y había dos ofertas de las cuales estaban detallados los precios. Una hora y 12 minutos después se publicó la oferta económica de quien puso la oferta más alta”, describió. Sin embargo, ninguna de las dos empresas que quedaron en el camino cuestionó públicamente el proceso.

En las próximas semanas, se conocerá también si se quedan o no con la participación que tiene YPF en Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, que puso a la venta recientemente de la mano de Citi. Informalmente, tras la presentación de ofertas técnicas la semana pasada, el banco le hizo saber a los interesados quiénes quedaron en el short list para avanzar en la segunda y última etapa vinculante. Según trascendió, además de Neuss Capital, están José Luis Manzano (Integra Capital), Santos Uribelarrea con MSU y Ecogas-Central Puerto. Todos jugadores nacionales.

Las multinacionales, por ahora, mantienen su mirada casi exclusivamente en el negocio de minería y de Vaca Muerta, aunque el gobierno de los Estados Unidos está siguiendo con especial interés las licitaciones que se vienen de la Hidrovía y del Belgrano Cargas, tal vez los negocios de infraestructura más relevantes del país.

En los próximos días, en tanto, Chevron estará presentando un proyecto para el desarrollo de Vaca Muerta que buscará incluir dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que superará en tamaño al que recientemente presentó Pluspetrol, por US$ 12.000 millones. YPF, según anticipó el presidente de la compañía, Horacio Marín, también sumará otro RIGI por varios miles de millones de dólares en el cortísimo plazo. Y habrá más. Entre los estudios de abogados hay una puja grande por conseguir el armado de los RIGI, por los cuales los honorarios rondan en cada caso los US$250.000. Como siempre, hay quienes venden que tienen la más alta tasa de aprobación. Incomprobable. De cualquier manera, los nuevos RIGI serán buenas noticias para el equipo económico, que sigue sin poder superar el interés que suscita la discusión sobre el presupuesto familiar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A veces, los números chicos son más comprensibles que los grandes.

Es cierto que en los últimos días de abril ya hay algunas variables que comenzaron a darle la razón al presidente, Javier Milei, que viene anticipando que lo peor ya habría quedado atrás. En Hacienda se aliviaron al ver los números de recaudación la semana pasada, lo que se tradujo al mismo tiempo en una mayor generosidad hacia dependencias que vienen reclamando pagos retrasados hace meses. Nada para tirar manteca al techo, pero al menos es una pequeña señal. También en los bancos reconocen un leve repunte de la demanda de crédito, mientras que el mayor consumo de energía eléctrica permite anticipar un crecimiento de la actividad industrial. El tono del Presidente hacia la prensa suele volverse más áspero cada vez que la economía cruje por algún lado y la percepción de riesgo aumenta. Tal vez encuentre pronto motivos para el sosiego.

La maquinaria oficial para intentar mejorar el humor de la calle está encendida hace rato. El Banco Nación, muy activo últimamente en el mercado de crédito, saldrá la semana que viene al mercado con dos bonos, uno en UVA y otro atado al dólar MEP, para mejorar su fondeo. Es la primera vez en 30 años que la entidad financiera estatal emitirá bonos. Esperan poder pagar una tasa del orden del 5% en cada caso.

Hay un jugador que todo el sistema financiero espera que tarde o temprano salga a la cancha para contribuir a mejorar el mercado de crédito, sobre todo el hipotecario. Y es la Anses, mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En el último tiempo, el FGS estuvo muy activo pero comprando acciones en el mercado de capitales. Si bien no hace públicas sus tenencias —el último dato disponible es de abril de 2025—, los documentos que presentan las empresas argentinas que cotizan en Nueva York reflejan el fuerte incremento que tuvo la Anses en el capital social de algunas empresas clave. Grupo Financiero Galicia informó ante la Securities Exchange Commission (SEC, la comisión de valores de los Estados Unidos) que la Anses aumentó su participación del 16,8% informado en abril de 2025 al 22,5%. También Loma Negra vio aumentar el peso relativo del Estado, del 5,33% del capital al 9,2%; TGS, del 24% al 25,33%; YPF, del 1,46% al 8%; Banco Macro, del 28,8% al 29,75%; y ByMA, del 3,34% al 8%. Contra toda prédica libertaria, el Estado parece más presente que nunca.