El escrito fue presentado por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, quien solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La denuncia también alcanza a cualquier otra persona que pudiera resultar responsable a partir del avance de la investigación.
La participación de una empresa vinculada a Fernando Cerimedo
El eje de la presentación está puesto en la incorporación de Surlibre Inversiones S.A. a Sanabria S.R.L., dos firmas que integran el entramado societario de Cerimedo, tal como dio a conocerÁmbito. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, la sociedad adquirió 150 de las 500 cuotas sociales de la empresa, lo que representa una participación del 30% del capital.
De acuerdo con la denuncia, Surlibre Inversiones S.A. se encuentra vinculada a Fernando Cerimedo, por lo que la operación societaria adquiere relevancia para la investigación. A partir de esa incorporación, la composición de Sanabria S.R.L. quedó distribuida en 200 cuotas correspondientes a Iván Alberto Sanabria, 150 a Sergio Ezequiel Amarilla y 150 a Surlibre Inversiones S.A.
La presentación sostiene que la incorporación de Surlibre se produjo en 2024 y que, según fuentes del sector portuario citadas en investigaciones periodísticas, Sanabria consiguió las autorizaciones necesarias para operar en el río en un plazo extraordinariamente breve.
La denuncia señala además que Sanabria S.R.L., radicada en Puerto General San Martín, originalmente desarrollaba actividades vinculadas con una guardería náutica y posteriormente reconvirtió su actividad para prestar servicios navales en la Hidrovía, entre ellos la provisión de combustible diésel a remolcadores de barcazas.
Qué rol tuvieron Luis Caputo y Arreseygor
Otro de los puntos que busca determinar la Justicia es la intervención de los organismos nacionales encargados de autorizar este tipo de actividades. La denuncia remarca que el trámite debía contar con la participación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que tiene competencias sobre puertos, vías navegables, transporte fluvial y marítimo y nodos logísticos.
Al frente de esa agencia se encuentra Iñaki Miguel Arreseygor, quien había asumido en mayo de 2024 al frente del área de Puertos y Vías Navegables. El escrito señala que su llegada se produjo poco antes de la incorporación de Surlibre a Sanabria y del inicio de la secuencia de autorizaciones cuestionada.
La denuncia también pone el foco en Luis Caputo, debido a que el área portuaria se encontraba vinculada al Ministerio de Economía, cartera encabezada por el funcionario. En ese sentido, el escrito menciona versiones periodísticas que atribuyen a la conducción económica una eventual intervención o conocimiento sobre decisiones adoptadas en materia portuaria.
Para el denunciante, debe determinarse si, después del ingreso de la sociedad vinculada a Cerimedo, existió una actuación particular de funcionarios públicos que permitió que Sanabria accediera en condiciones excepcionalmente favorables a un negocio que requería autorizaciones estatales.
La denuncia pide investigar la rapidez de las autorizaciones
Uno de los principales elementos que se pretende esclarecer es la celeridad con la que Sanabria S.R.L. habría obtenido las autorizaciones nacionales. La presentación sostiene que el sector portuario considera que existen importantes barreras de entrada y que acceder a las habilitaciones necesarias requiere atravesar distintas instancias administrativas y de seguridad.
Se investiga la participación del 30% de Surlibre Inversiones S.A., vinculada a Cerimedo, en Sanabria S.R.L.
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El denunciante plantea como hipótesis que algunos requisitos pudieron haber sido omitidos, flexibilizados o tramitados de manera excepcional, o que determinadas intervenciones administrativas fueron aceleradas para permitir el ingreso de la empresa a la actividad.
La presentación solicita que se incorporen los expedientes administrativos para establecer qué funcionarios intervinieron, qué requisitos fueron exigidos y cumplidos, qué informes se realizaron y quiénes autorizaron finalmente la operatoria. También pide comparar los plazos y procedimientos utilizados en otros casos para determinar si Sanabria recibió un tratamiento excepcional.
Otro aspecto señalado es una presunta diferencia entre los trámites nacionales y los municipales. Según la denuncia, desde la Municipalidad de Puerto General San Martín se habría indicado que Sanabria todavía tenía documentación pendiente para completar su habilitación local y que desconocían la presencia de Cerimedo y su vínculo con Surlibre.
Qué delitos busca determinar la presentación
La denuncia encuadra provisoriamente los hechos en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contemplados en los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal.
Respecto del último delito, el escrito plantea que deberá establecerse si alguno de los funcionarios se interesó indebidamente en la operación vinculada con Sanabria, Surlibre o los intereses económicos relacionados con Cerimedo, utilizando las competencias propias de su cargo.
En cuanto a Cerimedo, la denuncia aclara que, al no revestir la condición de funcionario público, no podría ser considerado autor del delito de negociaciones incompatibles, aunque sostiene que debería investigarse su eventual responsabilidad como partícipe si se acreditara que realizó un aporte doloso y necesario para la comisión del hecho por parte de funcionarios.
La presentación remarca que las calificaciones legales son provisionales y que deberán ser precisadas a partir de los resultados de la investigación.
Qué pruebas solicitaron
Entre las medidas solicitadas, el denunciante pidió que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación entregue la totalidad de los expedientes, actuaciones, solicitudes, informes y antecedentes relacionados con las autorizaciones otorgadas a Sanabria.
También solicitó información a organismos como la Inspección General de Justicia, la Municipalidad de Puerto General San Martín, la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Transporte, ARCA, la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la SIGEN.
Además, pidió documentación societaria de Sanabria S.R.L. y Surlibre Inversiones S.A., incluyendo la operación mediante la cual esta última habría adquirido el 30% de Sanabria, así como información sobre el origen de los fondos utilizados para la compra y las comunicaciones mantenidas con funcionarios públicos.
Finalmente, la presentación solicita que se tenga por formulada la denuncia, que se produzca la prueba requerida y que sean citados los denunciados y cualquier otra persona que pudiera resultar penalmente responsable durante la investigación.
Javier Mileiestá irascible, abstraído en una agenda económica que en estos meses le trajo, aunque lo niegue, unos cuantos dolores de cabeza. En algunos sectores del Gobierno no están tan convencidos de que Todo Marche Acorde al Plan, un término que acuñó su asesor Santiago Caputo, y hay quienes proponen puertas adentro una batería de medidas de cara a la campaña electoral, como los créditos hipotecarios anunciados el miércoles por el ministro Luis Caputo que, con una baja en las tasas, apuntan a dinamizar la actividad.
Una de ellas es Patricia Bullrich, que no para de diferenciarse de la Casa Rosada. El último mojón de ese juego interno de la senadora fue tomar distancia del discurso oficial respeto de las tasas récord en morosidad: “Es un robo que no se puede permitir”, avisó sobre la letra chica de los prestamos bancarios y de las billeteras virtuales. La ex ministra visitó además un colegio porteño y propuso “a la generación de hoy dejarlos ser libres en sus elecciones y en el camino que quieran elegir” mientras el Presidente adoctrinaba alumnos en la escuela ORT en contra de los periodistas.
Irritable como en los peores momentos, el Presidente volvió a obsesionarse con el periodismo, le dedicó una catarata de posteos en X en los últimos días y pasó buena parte del mes encerrado en la quinta de Olivos hasta reducir incluso la cantidad de visitas. Recién esta semana regresó a Casa Rosada después de más de veinte días para encontrarse con el gabinete: hacía más de cuarenta días que no reunía a todos sus ministros. Se sabe que hay funcionarios de primerísima línea que apenas lo conocen, algunos que escasas veces hablaron con él y otros que ni siquiera cruzaron una palabra. Lo suyo es la economía, o algunas trivialidades. “Al presidente no le gusta hablar de política. Yo hablo del Chaqueño (Palavecino), porque los dos hemos cantado con el Chaqueño, él también me habla de eso. Está más enfocado en la economía, en la economía y en la economía…”, contó hace algunas semanas el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
Pero por fuera de esa abstracción presidencial, y la furia con la prensa, suceden cosas. Por ejemplo, en el Poder Judicial y en la relación con el poder político. Con escasísima injerencia, Milei acaba de convertirse en el presidente con la mayor cantidad de pliegos convalidados por el Senado en un año: 167. Hasta ahora había sido el 2011, durante el kirchnerismo, el año con la mayor cantidad de designaciones de funcionarios judiciales por parte del Ejecutivo, 107; detrás, el 2008, con 94, y 81 en el 2018, en el tercer año de Mauricio Macri, un presidente que, a diferencia de Milei, sí le dedicó una atención exclusiva a la Justicia, a tal punto que implementó en el primer piso de la Casa Rosada una “mesa judicial” que se reunía semanalmente y en la que se discutía no solo el vínculo con el Poder Judicial si no directamente el futuro de algunos jueces.
Esa agenda, la judicial, se aceleró con el desembarco del ministro Juan Bautista Mahiques, que ocupó durante el macrismo la representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Para llegar al Gobierno, Mahiques entendió, como en su momento Diego Santilli, que tenía que hacerlo a través de Karina Milei, y aceleró los contactos por intermedio de los Menem justo cuando la hermana del presidente necesitaba un reemplazo para Mariano Cúneo Libarona que obturara los intereses de Caputo en ese ministerio. El otro actor de esa saga fue Santiago Viola, un funcionario clave que forjó, junto al ministro, un vínculo muy aceitado con la presidencia de la Corte Suprema con fuerte influencia en el Consejo de la Magistratura, donde representa al Ejecutivo.
El jueves, el Gobierno celebró la aprobación de 67 pliegos -el viernes se enviaron al Senado otros 15 de un total de un total de 218-, entre ellos los de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, designados en la estratégica Cámara federal que podría definir la suerte de expedientes muy sensibles para los hermanos Milei como las causas $LIBRA y ANDIS. En el Senado llamó la atención que durante la audiencia de ambos magistrados, previo a que se convaliden los pliegos en la sesión del jueves, los senadores del kirchnerismo no hicieron ni una sola pregunta. Años atrás tal vez habrían hecho un escándalo. Algo similar sucedió con la prórroga concedida a Carlos Mahiques, “Coco”, padre del ministro, como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, en mayo pasado, que se votó con amplísima mayoría, incluso del peronismo. Los Mahiques tienen estrechísima relación con Eduardo de Pedro, “Wado”, y la familia Ustarroz, todos con raíces en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad con la que siempre coqueteó Cristina Kirchner.
Pero la convalidación de Yadarola y Bertuzzi no fue la única noticia resonante de la sesión del jueves: La Libertad Avanza dictaminó en favor de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, nominados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico, dos funcionarios que, en teoría, habían sido frenados por supuestos vínculos con la cúpula de la AFA.
En los últimos meses, el Gobierno perdió interés en las investigaciones que tienen bajo la lupa a Claudio Tapia, “Chiqui”, y a Pablo Toviggino. Coincidió con el desembarco de Mahiques, y con la relación que operadores cercanos a Karina Milei construyeron con la AFA. Tapia tiene múltiples contactos, y en estos meses redefinió incluso su red de nexos que incluyó una reconciliación con Pablo Moyano, con el que comparte el rechazo, según las fuentes, al avance de Liliana Zulet, pareja de Hugo Moyano, en los negocios del gremio camionero. El teléfono del jefe de la AFA también es tan ecuménico como el de Mahiques. En esa lista está Santilli, probablemente uno de los mayores practicantes del ecumenismo. Tapia hizo conexiones con buena parte de su entorno: desde Gustavo Coria, que conoció en el CEAMSE, hasta Lucas Portela, un comunero porteño con muchísima relación con “Chiqui”.
La última decisión judicial, de Casación, determinó que la causa por la mansión de Pilar se investigue en los tribunales de Campana. Es un tribunal que está bajo análisis del Ejecutivo: podría impulsar un plan para reducirlo y concentrar aún más su poder. Todos esos movimientos son propiciados por Mahiques, Viola, en conversaciones con Horacio Rosatti, en el marco de un proyecto ambicioso impulsado por el ministro que tiene como eje una suerte de nueva redistribución del poder de la corporación judicial. Hay sectores de Comodoro Py que promocionan de hecho al ministro como postulante de jefe de los fiscales, una movida que necesita de un amplio acuerdo del Senado, una negociación de difícil resolución a medida que se acerque el año electoral. Por eso el apuro.
Existe otra negociación, por fuera de las prioridades de Olivos, que sí ocupa parte de la agenda del sistema político y judicial: la renovación de 17 de los 20 integrantes del Consejo de la Magistratura, prevista para noviembre. En ese organismo se definen los concursos y la suerte de los funcionarios judiciales. También el presupuesto del Poder Judicial, que el miércoles fue aprobado en plenario en su anteproyecto para el 2027 por unanimidad multipartidaria. En esas negociaciones tallan desde Cristina Kirchner y La Cámpora hasta el PRO, el radicalismo, el peronismo y La Libertad Avanza. Hay tratativas en paralelo en el mismo organismo de la capital, en el que LLA querría tener más representación. Uno de los más activos es Daniel Angelici, “El Tano”, con creciente influencia en la ciudad y con ganas de expandirse a nivel nacional. Fuentes judiciales aseguran que Angelici quiere ungir en el consejo nacional al abogado Alberto Biglieri, de su extremísima confianza. Biglieri tomó mayor notoriedad en mayo pasado, cuando la Cámara del Trabajo lo designó como interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en reemplazo del desplazado Abel Furlán. En medio de esas negociaciones, otro episodio alteró la agenda de ese sindicato: el diario La Nación reveló que María Soledad Calle, una dirigente muy relacionada con Furlán, había adquirido el piso de abajo de la ex presidenta en San José 1111 -una propiedad que había tenido otros dirigentes interesados del mundillo K- y destapó otros negocios con el gremio que, tras esa publicación, fueron suspendidos por el interventor.
Esas revelaciones volvieron a poner en foco a Cristina Kirchner, que pasa sus días con metódicas rutinas de gimnasia, clases de chino y seguimiento de la geopolítica internacional y el avance de los tecno-magnates, aunque muy interesada en la agenda local. El vínculo con Axel Kicillof sigue roto, y en el peronismo se empezaron a mirar con atención los movimientos de Sergio Massa, que el pasado martes reunió en Santa Fe, para la presentación de un libro, a todas las tribus de esa provincia. El ex ministro propició en su momento el encuentro en el Hotel Emperador. Cree que hay una ventana de oportunidad en el 2027. “Tenemos dos tercios para trabajar e ir a buscar, el problema es que tenemos candidatos de un tercio”, reconoció un dirigente activo del peronismo.
Por eso se redoblaron esfuerzos para sostener las primarias, incluso para aquellos dirigentes K que trabajan en un plan singular para que Cristina Kirchner sea candidata en una hipotética PASO, aún cuando está proscripta y fuera del padrón electoral. En esa línea se inscribe la presentación formal de julio en el comité de derechos humanos de la ONU. El gobierno quiere desactivar cualquier ensayo interno del peronismo con la suspensión de las primarias.
Movimientos internos. De eso se habló en la reunión de este jueves en Casa Rosada entre los delegados de Karina Milei y los enviados de Mauricio Macri. “Se sigue avanzando, pero todavía no está claro el final del camino”, dijo este viernes uno de ellos.
Versiones del PRO dan cuenta de que, en la llamada telefónica que destrabó la frialdad del vínculo, el ex presidente le habría planteado a la hermana de Milei su interés en la capital y la necesidad de ponerse él al frente de las negociaciones. La relación del jefe del PRO con Jorge Macri atraviesa tal vez uno de sus momentos más tensos de la última década. Es un problema de difícil resolución porque el jefe de gobierno quiere ser reelecto, las encuestas exhiben un repunte en la gestión y en su figura y el expresidente no quiere saber nada con apoyar ese plan. ¿Puede aparecer un candidato fuera de libreto? Es una hipótesis extendida en algunos sectores del círculo rojo. Pero la disputa entre los primos es también un problema para el gobierno, que se debate el tipo de acuerdo con el PRO y que avanza en simultáneo con recorridas semanales por la capital. La última fue este viernes, e incluyó a Santilli.
¿Qué quiere Macri? Es un misterio. “En principio, hacer daño”, interpretó en estos días un dirigente porteño que sigue sus movimientos. El jueves, horas después de la reunión con LLA en Casa Rosada, parte de la dirigencia que más visita al expresidente en sus oficinas de Olivos se sentó a cenar en un restaurante exclusivo sobre la avenida Callao con Hernán Lacunza, impulsado a ser candidato a presidente por el jefe del PRO. En la mesa estaban Jorge Triaca, Paula Bertol, Humberto Schiavone y Martín Goerling Lara, jefe del bloque amarillo en el Senado -la foto la publicó en sus redes el periodista Daniel Bilotta-. “Hernán está entusiasmado, decidido a jugar en serio, cuando en su momento empezó a caminar Patricia preguntaban lo mismo y se reían”, subrayó uno de los comensales. “¿Pero cómo se compatibiliza esa candidatura con un acuerdo entre el PRO y LLA?“, preguntó este medio. ”Hay conversaciones, no hay un acuerdo. Algunos pensamos que el PRO debe tener candidato”, respondió.
A Milei le aburre esa agenda. No le interesa. Recién se interioriza cuando se alcanza alguna definición. “Yo trabajo más con Karina, ella es la que ha armado todo el sistema político. Hablo con el Presidente, lo veo en gabinete, alguna vez lo voy a ver cada tanto por alguna cuestión puntual, pero yo trabajo más por Karina. El jefe es Karina”, resaltó Martín Menem en Infobae al Mediodía.
Ese desinterés del Presidente tiene repercusiones internas. La más notoria es la disputa entre su hermana y el consultor estrella de la Casa Rosada, cuyo futuro como parte del programa libertario es cada vez más incierto. “No sabemos si queremos que a este proyecto le vaya bien o mal”, reconoció un altísimo integrante de Las Fuerzas del Cielo.
Desde que Karina Milei avanzó sobre Justicia y Mahiques se encargó de apropiarse de esa red de relaciones que ya conocía bien de antemano, y que había empezado a construir Santiago Caputo, el consultor se encerró en su entorno y se encargó de cuidar las áreas que controla y que son bien sensibles para la administración libertaria, como la SIDE, ARCA, un buen número de empresas del Estado y un puñado de licitaciones hiper estratégicas como la hidrovía o el Belgrano Cargas, en las que talla fuerte su hermano Francisco. El último capítulo de esa pelea feroz se dio en el ámbito de la comunicación, el rubro en el que ganó notoriedad el consultor.
Pero una de las áreas más delicadas es el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones -su hijo, Rodrigo, que estuvo en el país hace algunas semanas, es un antiguo jefe y socio de Caputo-, un funcionario que, se supone, goza de la más absoluta confianza del asesor.
Movimientos recientes en ese ministerio alteraron la pax de ese grupo. Primero fue la salida de Guido Giana, un cimbronazo interno, que fue reemplazo por Rodrigo Sbarra, un ex funcionario del PRO, como Giana, celoso de su intimidad, a tal punto que en su fiesta de casamiento invitó a los asistentes a guardar sus teléfonos en bolsas estilo herméticas para evitar fotografías. Sbarra ahora administra buena parte de esa área. También orbita Juan Mazzola, dedicado a gestiones especiales. El otro evento novedoso, que tuvo lugar a mediados de semana, fue la designación de Horacio Guevara como flamante gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Una elección directa de Lugones en un organismo especialmente considerado por el sindicalismo, por las obras sociales. Guevara tiene escasa relación con los gremios.
Sin embargo, el foco de mayor atracción es el PAMI, que arrastra una pelea salvaje con intereses cruzados que incluye denuncias en la Justicia. Allí tiene influencia Francisco Caputo, pero existe un fuego cruzado que llevó a la gestión a niveles de tensión intolerables. Es una caja históricamente apetecible para el sistema político. El fiscal Santiago Marquevich fue nombrado a principio de agosto en la unidad especial para la investigación de delitos cometidos en el ámbito de ese organismo. Fuentes del PAMI relataron que se empezó a mirar con muchísima atención una licitación por la compra de pañales.
No son cuestiones que desvelen al Presidente, ensimismado en una ataque de furia contra los medios y el círculo rojo contra lo que él mismo consideró, en declaraciones el fin de semana pasado, como “el mejor gobierno de la historia”. Esos ataques también tienen como destinatarios a los industriales, que este miércoles festejarán su día sin la presencia de Milei por segundo año consecutivo. En su lugar irá el ecuménico Santilli. Tampoco estará Kicillof, muy criticado por la cúpula de los industriales de la provincia de Buenos Aires porque, dicen, no brindó ningún paliativo para un sector que, en ese distrito, arrastra sus peores indicadores. “De las 3.824 unidades productivas industriales que cerró el país, 34,2% son bonaerenses. En empleo la proporción es todavía mayor: 44,8% del ajuste nacional”, reflejó el último informe de la UIA provincial. En la provincia de Buenos Aires, un buen número de sus empresas son pequeñas y medianas. Hace algunos días, en una visita al arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, Osvaldo Cornide, histórico referente de la CAME, dijo que la situación de las pymes “es más grave que en 2001″.
En el transcurso de la mañana del lunes 9 de agosto de 1971 se desenvuelve una escena donde los transeúntes de las calles de Buenos Aires se detienen a leer y comentar acerca del contenido de unos afiches. Afiches que interrogaban: “Yo trabajo. Usted Trabaja. Nosotros trabajamos. Pero: ¿para quién trabajamos?, pregunta seguida por un listado que exhibía el nombre de 101 empresas desnacionalizadas durante los últimos años.
El cartel −elaborado con los aportes intelectuales del sacerdote Carlos Mugica, el economista Héctor Sauret y del dirigente sindical Miguel Gazzera− había sido resultado de la tarea emprendida por un grupo de estudiantes, y jóvenes egresados/as, de la Facultad de Derecho de la UBA que, tiempo después de las jornadas del Cordobazo habíamos fundado el IEPA (Instituto de Estudios Políticos Argentinos).
Afiche que fue el primero de una serie de carteles y documentos en los cuales se denunciaban las características, y efectos, de las maniobras monopólicas que, entre otras multinacionales, llevaban adelante Deltec International y empresas del grupo Bunge & Born en materia de comercialización de alimentos y exportación de cereales.
Corporaciones esas que desplegaban prácticas económicas en paralelo con su intervención en los ámbitos: político; comunicacional y de gestión del estado.
En este sentido podemos destacar la relación, directa, de ambos conglomerados con Adalbert Krieguer Vasena, ministro de economía en las dictaduras de Aramburu y Ongania, quien propició el ingreso del país al Fondo Monetario Internacional (Decreto-Ley 15970/1956).
En tal recorrido, luego de dejar su última labor funcional en el gobierno, Krieguer pasó a desempeñarse como ejecutivo de la multinacional en alimentos Deltec Internacional (declarada en quiebra en el año 1972). Trayectoria esa en vista de la cual Rogelio García Lupo llegó a identificarlo como: uno de los diez testaferros internacionales mejor cotizados en la sociedad de negocios argentina.
En medio de ese entramado de relaciones, también resulta ilustrativo recordar el acuerdo celebrado entre Menem y Jorge Born, que tomara cuerpo en el “Plan BB” (promercado). Entonces y en función del acuerdo, la corporación más influyente en la década del ’90 (que controlaba puertos, molinos y silos a lo largo del Rio Paraná) colocó en el puesto de ministro de economía, a dos de sus más altos funcionarios. De esa manera asumieron: Miguel Roig, vicepresidente de la empresa (que designó al frente del Banco Central a Javier Gózalez Fraga), quien fue sucedido por Néstor Rapanelli, un ejecutivo de las de cerealeras: Molinos Río de la Plata y de la molinera Gramoven en Venezuela (país en que fue acusado de fijar sobreprecios en operaciones de comercio exterior). Así, los hombres de B&B se ocupan de impulsar: la privatización de empresas, un nuevo stand by con el FMI y el ajuste semestral en los salarios de trabajadoras y trabajadores.
2.- Rutas de la posición de dominio cerealero
El proceso de concentración del sector agroindustrial argentino (primer semestre del año 2026), permite inferir que: 4 de los 10 primeros complejos exportadores del país se relacionan con ventas al exterior de cereales (soja, maíz, trigo, girasol). Marco ese donde podemos observar que: las cinco principales agroexportadoras están controladas por transnacionales, encabezadas por Bunge (luego de finalizada, a principios de 2026, su fusión e integración operativa con Viterra Limited).
Proceso de concentración que se ha visto favorecido por distintos mecanismos, como ser: el incremento de la tasa de explotación a partir de reducirse salarios; obtener excedentes a partir de fijación oligopólica de precios y acceso a subsidios públicos y la falta de contralor en materia de prácticas monopólicas, fusiones y adquisiciones.
En este sentido, cabe poner de relieve que las políticas neoliberales -conscientes de los intereses que ellas mismas sostienen- se expresan a través de la intervención del estado mediante leyes, decretos o resoluciones administrativas.
De este modo, en un remedo del realismo periférico, se procura alinear las decisiones del Estado argentino con la voluntad de Estados Unidos y sus aliados decisivos (en tanto cumplen la función Estados gendarme y globalizadores de los conglomerados transnacionales).
Desde esta perspectiva podemos señalar, dos situaciones representativas, por un lado: la reducción de los derechos de exportación en beneficio de los complejos agroindustriales y de biocombustibles (Decreto 423/2026) y, por el otro: el archivo de las investigaciones por afectación de la competencia derivada de la fusión Bunge-Viterra.
De tal forma, la concursada Vicentin, luego de un discutido trámite judicial pasó conocerse como Nueva Vicentin para quedar en manos de un núcleo de empresas en el cual el Grupo Grassi es la cara visible de un entramado donde Bunge (socio mayoritario de Renova) tiene entre sus principales accionistas a la sociedad de inversión multinacional Blackrock.
Sociedad esta que es una de la más importante administradora de activos, principal acreedor privado de la deuda argentina, accionista de Pampa Energía, Glencore (que adquiriera a Viterra, anterior socia de Vicentin) y de los bancos privados más importantes del país.
3.- Jueces comprometidos con la sociedad
Ante ese cuadro de situación, y en lo que respecta a la comisión de conductas ilícitas en aquellos territorios, corresponde poner de manifiesto, en nuestros días, la falta de prevención o, en su caso, de acotada investigación judicial respecto a conductas anticompetitivas o fraudulentas. Carencias que, por su vigencia, nos traen al presente algunos fallos dictados por Magistrados, comprometidos con los intereses argentinos, en materia de delitos económicos.
Fallos entre los que podemos referir: la sentencia del Juez Lozada en la quiebra de la empresa Swift −extendiendo la responsabilidad de ese frigorífico local a Deltec Internacional (relacionada con el aludido Krieguer Vasena)− o las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en los casos: Parke-Davis; Ford Motors o Mellor Goodwin.
Sentencias donde se abordaron aspectos concernientes a maniobras de evasión fiscal transnacional; los vínculos entre personas jurídicas; la desnacionalización que arrasa con la industria nacional o la sobre y subvaluación de exportaciones. Fallos esos, emitidos por funcionarios probos e independientes, donde se conjuga “la recta aplicación del derecho, con una exacta noción del interés y bienestar general”. «
La forestoindustria es una economía regional vital para las provincias del NEA y del Litoral argentino, con un altísimo potencial de crecimiento e inversiones, pero que debe sortear problemas propios y ajenos para poder dar el gran salto que sus integrantes esperan.
El sector es un gran generador de riquezas. Según datos del Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar) – un espacio institucional que nuclea y representa a toda la cadena foresto-industrial del país -, la actividad involucra más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, de las cuales el 80% se concentra en la Mesopotamia.
En la actualidad, se contabilizan 13.000 productores y más de 6.000 empresas, la foresto-industria genera empleo formal para 100.000 personas y exporta alrededor de US$ 550 millones.
Estos números no solo dan cuenta de la importancia del sector, sino también de su potencial, ya que Argentina cuenta con condiciones naturales, capital humano y base industrial para catapultarse y convertirse en un actor de peso no solo en la economía nacional, sino tammbién en el mercado internacional.
En Posadas, se llevó a cabo el Seminario de AFoA, en el marco de la celebración de su 80° aniversario.
Con este panorama se realizó el Seminario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) en Posadas, Misiones. La entidad – que este año celebra su 80° aniversario – reunió al sector en su conjunto, en una jornada que contó con 6 paneles con más de 20 disertantes y que finalizó con una jornada a campo donde se pudo apreciar la potencia de la foresto-industria: sus plantaciones, aserraderos, fábricas y hasta plantas de generadores de energía eléctrica alimentadas a biomasa. Todo un ecosistema crucial para la región.
Allí, referentes empresarios, funcionarios nacionales y provinciales, diplomáticos y especialistas analizaron las oportunidades que abre el nuevo escenario global para el sector forestal, la madera, la celulosa, el carbono y la bioeconomía. Básicamente, se trazó una potencial “hoja de ruta” para dar el tan mentado “salto” de la actividad, el cual dependerá tanto de la iniciativa propia, como así también del contexto y las oportunidades que brinde nuestro país: construir competitividad sistémica, mejorar infraestructura y logística, generar seguridad jurídica y crear condiciones capaces de atraer inversiones de clase mundial.
Uno de los mayores problemas de la actividad es coyuntural: la paralización de la obra pública, la caída de la construcción privada y hasta la baja en la venta de muebles, golpea fuertemente tanto a la producción como a los aserraderos.
Pablo Ruival, presidente de AFoA.
En diálogo con Clarín Rural, el presidente de AFoA, Pablo Ruival, dio cuenta de esta situación.
“En líneas generales, es un sector que está pasando una situación compleja, muy delicada, con una caída de ventas importante. Uno puede hablar específicamente de madera aserrada y en ese sector la situación es compleja, porque el mercado interno está consumiendo muy poco, ya que no hay obra pública. La construcción en madera es quizás la que más ha caído su demanda”, explicó Ruival.
Según datos de la Regional Corrientes y Misiones de AFoA, las ventas del sector se derrumbaron un 30% respecto al año pasado, lo que plantea un panorama más que desafiante para los productores e industria que abastecen el mercado interno.
El coordinador de la mencionada regional, Francisco Torres Cayman, explicó que “hoy en el sector forestal conviven dos situaciones: las empresas que exportan sostienen mejor su actividad, muestran una dinámica distinta. Además se le suman anuncios de inversiones en el orden de los US$ 2.000 millones (como en el caso de ARPulp) y nuevas plantas de biomasa, mientras que por otro lado hay empresas que dependen del mercado interno, viviendo una situación más compleja”.
Se estima que el consumo interno de maderas cayó 30% respecto a 2025.
“El problema es que la cadena no tracciona hacia adelante porque no hay demanda suficiente del consumidor final, además de que está parada la obra pública y una construcción privada que viene floja. Cuando eso pasa, el ajuste no se resuelve en el consumo, sino que se traslada hacia atrás en la cadena y quien tiene menos margen es el productor forestal primario, porque los costos como la energía, combustible y fletes viene subiendo y no se puede trasladar a precios”, completó Torres Cayman.
Las grandes inversiones están
Como comentó el directivo de AFoA, el sector forestoindustrial es proclive a recibir grandes inversiones. La más rimbombante y que abre una gran expectativa en la actividad es la de ARPulp, de US$ 2.000 millones. La firma instalará una planta de celulosa en la localidad correntina de Ituzaingó, que podría generar 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto estará enfocado en la producción de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, clave para la fabricación de productos de higiene absorbente como pañales, toallas femeninas y soluciones para la incontinencia. Se espera que pueda fabricar unas 800.000 toneladas anuales y consumir 5 millones de metros cúbicos de madera.
Muchos consideran que la instalación de esta planta puede ser “un punto de inflexión en el sector” que atraiga nuevas inversiones, como así también puede significar el despegue en el consumo de madera en la región y un principio de solución a la demanda retraída actual.
Fernando Correa, project manager de ARPulp detalló que “en el cronograma del proyecto, estamos en el año dos de trabajo. A inicios de 2026, se empezó a trabajar en el estudio de impacto ambiental, que es el hito de este año. En paralelo, hay otras líneas respecto a logística, suministro forestal, desarrollo de capital humano, transferencia de tecnología”.
Fernando Correa, project manager de ARPulp.
“Una vez concluido el estudio de impacto ambiental, que esperamos que esté a final de año, se comenzará con la parte de ingeniería básica, que demora de 10 a 12 meses y el 2027 y 2028 serían los años de construcción de la planta. En la primera mitad de 2030 estaría construida la planta en las distintas fases de prueba y la operación comercial en la segunda parte de ese año”, completó.
Pero también hay otras inversiones en curso o ya concretadas. Por ejemplo, en 2024, la empresa Acon Timber, perteneciente al grupo austríaco HS Timber, inauguró una planta en Gobernador Virasoro que procesa 700.000 m3 de pinos para la producción de tablas aserradas, secas, clasificadas, pellets y demás productos.
Requirió el desembolso de US$ 130 millones y la totalidad de su producción tiene como destino la exportación a Estados Unidos, México, China, Vietnam, Filipinas y demás países.
También hay inversiones en el sector energético: se invirtieron US$ 200 millones para la instalación de dos centrales térmicas alimentadas con biomasa en Gobernador Virasoro. La primera, FRESA, en 2020 y la segunda, San Alonso, en 2025. Ambas proveen el 20% de la energía eléctrica que consume Corrientes.
Plantas de energía eléctrica alimentadas con biomasa en Gobernador Virasoro, Corrientes.
Por otro lado, Central Puerto se encuentra en pleno desarrollo de un proyecto de inversión de US$ 85 millones para instalar un aserradero de última generación con la capacidad de procesar 450.000 m3 de madera en la zona de Santa Rosa, Corrientes.
Los ejemplos continúan, pero como dijo Torres Cayman, estas son empresas grandes, con otras espaldas y dinámicas. El tema urgente está en los emprendimientos más modestos.
Por eso, una de las salidas que ven como plausible para superar esta situación es aumentar las exportaciones del sector. “Es un sector que todavía tiene que hacer mucho ejercicio para ser un exportador nato”, marcó Ruival.
“Yo creo que para mejorar la foto hay que incrementar las exportaciones de este sector, hay que innovar y buscar los productos de mayor valor agregado. Entonces, no podemos achacar solo a una situación económica. Un ejemplo de esto es que podríamos ampliar el sector al salir de la madera aserrada e irnos a paneles, que están con un nivel de demanda muy alto, y especialmente los de mayor valor agregado. Lo que es celulosa, las exportaciones están fluidas con buenos niveles de demanda internacionales”, consideró el titular de AFoA.
Así, Ruival remarcó: “es un sector que tiene que seguir ayudándose tecnológicamente, seguir desarrollando su cultura exportadora, y tiene que, además, poner en marcha la innovación y la creatividad para ir a los productos de mayor valor agregado”.
El “costo argentino” y la logística
De esta manera, queda claro que, más allá de la excelencia de los productores forestales y la expertise de la industria, se debe mejorar y encontrar una salida a la acuciante situación que vive gran parte del sector. Pero, es una condición determinante, que el país ayude.
La necesidad de que haya seguridad jurídica, una reforma tributaria y cambios en leyes como la de Tierras, son algunos de los reclamos.
Pero hay un ítem que realmente funciona como una barrera para las explotaciones sean competitivas: el “costo argentino” o, más precisamente, la logística, un tema que resonó en el seminario de AFoA y que deja muchas veces de manos atadas a productores e industriales.
“El sector forestoindustrial es un sector cuyos productos son voluminosos. Estamos lejos de los puertos y de los mercados. Por eso, la logística es un tema absolutamente clave si queremos ser competitivos”, resumió Ruival.
Nicolás Crisp, CEO de Acon Timber.
En este sentido, el presidente y CEO de Acon Timber, Nicolás Crisp, sostuvo que en el sector siempre se busca la mayor eficiencia, cuestión que logró puertas adentro de la compañía, pero que el desafío está del lado de afuera: “necesitamos poder llegar a los mercados de forma más competitiva, ahí está a clave, porque competimos contra mercados o países con más años en la industria, más desarrollados, con más experiencia, pero, además, mucho más competitivos. Nosotros tenemos que lograr equiparar esa competitividad, que no pasa por lo que nosotros hacemos en la planta, sino que por ese ‘costo argentino’”.
La exportación maderera y de derivados se realiza a través del puerto de Buenos Aires, que queda a 1.000 kilómetros de Generar Virasoro, donde está la planta. Hay dos maneras de transportar la carga para llegar a dicha terminal: en camión o en barcaza.
En el primer caso, es una logística engorrosa: se debe ir a buscar el contenedor vacío al puerto, llevarlo hasta la planta, cargarlo y volver a enviarlos a la terminal. Ese trayecto sale más caro que despacharlo hasta su destino final, ya sea Estados Unidos o Asia.
La otra manera es con barcaza desde los puertos de Corrientes o Posadas hasta Buenos Aires. Si bien a priori se podría pensar que es un método menos oneroso, no es así: “lo loco de todo esto es que la barcaza es más cara que el camión, porque hay poca oferta, pocas soluciones logísticas que vengan a levantar esa carga. Hoy creo que hay un volumen de carga disponible en la región que hace que pueda funcionar un puerto, que se pueda desarrollar todo lo que es la hidrovía por el Paraná, pero no tenés una oferta o competencia entre quién te viene a levantar esa carga”, sentenció Crisp.
La logística es uno de los principales problemas de la cadena forestoindustrial, que le resta competitividad a la actividad.
En este sentido, Ruival sostuvo que “la hidrovía tiene un potencial enorme. Sin embargo, existen restricciones legales por la ley de Marina Mercante, de cabotaje, que lo hacen costoso. El gobierno nacional está tratando de modificar eso, pero todo es una pelea, difícil, un esfuerzo enorme. Se van dando pasitos, pero uno quisiera que estos pasos fueran largos”.
Otra solución serían los trenes, hoy lejos de constituirse en una opción en el mediano plazo. “El ferrocarril es una herramienta absolutamente central en cualquier operación forestal industrial del mundo, y nuestro ferrocarril mesopotámico requiere enormes inversiones. Para eso también requiere que haya escala y que vengan las inversiones realmente”, completó.
¿Qué dice el estado?
El seminario AFoA no solo tuvo voces privadas, sino también a representantes del estado, quienes fueron los responsables de disertar en el último panel. Allí dieron el presente Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes; Guillermo Bernaudo, ministro de Producción de Entre Ríos; y Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación.
El intercambio trasladó al terreno de las políticas públicas los planteos acumulados durante toda la jornada: previsibilidad macroeconómica, reducción de costos, infraestructura, logística, desregulación, carga fiscal, financiamiento y articulación entre Nación y provincias.
Chiappe puso en perspectiva la escala de las inversiones expuestas durante el seminario y destacó que los proyectos en marcha y anunciados superan los US$ 2.500 millones, un volumen que consideró un punto de inflexión para la forestoindustria argentina.
Desde la visión del Gobierno nacional, sostuvo que el orden macroeconómico, los esquemas de incentivo a las inversiones, la desregulación y los procesos vinculados con rutas, ferrocarriles de carga e hidrovía deben contribuir a generar la previsibilidad que requiere una actividad cuyos ciclos productivos e industriales se miden en décadas.
Las provincias, por su parte, pusieron el foco en la necesidad de coordinar políticas productivas, infraestructura y condiciones tributarias capaces de fortalecer a las empresas instaladas y competir por nuevos proyectos.
El denominador común volvió a ser el planteado al comenzar el seminario: ninguna variable, por sí sola, resolverá la ecuación forestal argentina. El salto requiere una mirada sistémica y una articulación público-privada sostenida en el tiempo, dando especial énfasis en la cooperación entre las provincias.
Ayer se dio un paso clave en una causa que, por más que por momentos parezca perder velocidad en los medios, mantiene una gravedad institucional inédita. Declaró Nadia Belier, la persona brutalmente atacada por los sicarios vinculados al señor Fernando Cerimedo, y solicitó formalmente ante la justicia de Bolivia ser incorporada al programa de testigos protegidos. Por el momento, el caso atraviesa una meseta en materia de novedades inmediatas, pero habrá que ver de cerca cómo sigue la historia en el fuero internacional.
En paralelo, y a un ritmo parsimonioso —como suele ocurrir con los tiempos de la justicia—, ayer comenzaron los peritajes sobre los famosos audios distribuidos en español. Conviene aclararlo sin rodeos: ambos hechos son dos caras de la misma moneda. Se presume que el propio Cerimedo, formando parte del gobierno del presidente Javier Milei —tal vez de manera informal, pero parte al fin, porque la informalidad jamás puede ser una excusa—, estuvo detrás de esta maniobra. Hablamos de un personaje conocido por coordinar granjas de bots, operaciones de prensa y un prontuario escabroso que incluye acusaciones por estafas, maniobras en licitaciones como la Hidrovía y compra sospechosa de campos.
Esa misma estructura operativa es la que habría filtrado los audios que comprometieron al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, escalando rápidamente a un problema político mayor para Karina Milei y su círculo de confianza.
Ahora, Gendarmería busca determinar si las grabaciones corresponden efectivamente a la voz del exfuncionario. Los peritos darán su veredicto, pero la discusión técnica recién empieza. Entiendo que hoy en día determinar la autenticidad de una voz mediante tecnología forense es un procedimiento sencillo; sin embargo, esto se convertirá en un terreno de disputa interminable. Dirán que la voz es, dirán que no es, afirmarán que fue alterada mediante inteligencia artificial o argumentarán que se rompió la cadena de custodia de las grabaciones —tratándolas casi con el celo de una vacuna—.
Habrá que observar con atención cómo evoluciona la pericia. Porque si la justicia prueba que la voz pertenece efectivamente a este hombre, con independencia de las operaciones sucias perpetradas por Cerimedo, el contenido de esos dichos recaerá de lleno sobre el esquema de los Menem y, en última instancia, sobre la propia señora Milei.
La Armada Argentina atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia con una seguidilla de malas noticias que preanuncian que, como parte del plan motosierra, el gobierno de Javier Milei anule incluso hasta capacidades operativas centrales de la fuerza.
Con aval del Presidente, pero en la mira del ministro desregulador Federico Sturzenegger -que en reuniones con militares ha dicho que con la tecnología que hay en el mundo y la cooperación de Estados Unidos, la Armada no necesita ni barcos ni aviones-, se le aplicó a la fuerza de mar un recorte de fondos entre 11.800 y 27.000 millones de pesos en el Presupuesto 2026; se le quieren sacar las escuelas de instrucción naval y quitarle áreas superpuestas con la Prefectura Naval Argentina, la fuerza rival.
La semana pasada se anunció el retiro definitivo de cinco aviones Super Étendard Modernisé comprados en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri a Francia, los que nunca estuvieron en capacidad de volar, pero que tampoco lograron readaptar. Ahora, el Gobierno de Javier Milei decidió cerrar y desmantelar la emblemática Base Aeronaval de Punta Indio, partido y localidad costera en el noreste de la provincia de Buenos Aires. La base fue creada en 1925 y es conocida como la escuela de los pilotos aeronavales, es decir, cuna de la aviación naval. Pero al mismo tiempo fue ideada como un lugar estratégico de control y vigilancia hacia el Río de la Plata y la salida del 80% del comercio nacional por la Hidrovía.
Clarín accedió a un duro documento interno que alerta que el traslado de capacidades y personal a Bahía Blanca provocará la pérdida de habilitaciones técnicas, experiencia acumulada y autonomía para mantener operativa la flota aeronaval. También advierte por un aumento de los costos y una eventual caída en la disponibilidad de aeronaves.
El informe movilizó al intendente de Punta Indio, el peronista David Angueira, cuando fue notificado de la medida este jueves en una reunión con el contraalmirante de las Fuerzas Armadas Enrique Olivero y el Jefe de Base Mariano Rivolta.
Tanto el intendente como el gobernador Axel Kicillof ahora rechazan el Plan Dédalo, nombre que el ministro de Defensa, Carlos Presti, hombre de Karina Milei, le puso al cierre de la Base, que dejará sin trabajo a cientos de familias que viven alrededor de su funcionamiento. Este jueves se espera una movilización al Ministerio de Defensa de la Nación, según información aún a confirmar, aunque el cierre y desmantelamiento ya está confirmado por el Gobierno nacional para fines de 2027.
El Plan Dédalo fue presentando por las resignadas autoridades de la Armada como un traslado a Bahía Blanca de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval para un “un proceso de modernización y optimización de recursos”. Pero en el pueblo consideran que las tierras, muy valiosas, serán puestas a la venta en un plan de negocio Inmobiliario.
El informe reservado de la Armada Argentina encendió una luz de alerta sobre las consecuencias que tendría el cierre y traslado de capacidades del Taller Aeronaval Punta Indio (TVPI). Sostiene que la decisión no implica solamente mudar personal y actividades a Bahía Blanca: advierte que puede significar la pérdida de capacidades técnicas críticas para la seguridad y la operatividad de las aeronaves de la Armada.
La “Evaluación de impacto por traslado operativo de la EA1V y la ESAN a Bahía Blanca y pérdida de capacidad técnico-operativa del TVPI”, dice que el cese de las operaciones del taller afecta directamente la aeronavegabilidad continuada y la seguridad operacional. La advertencia central es que el cierre del taller supone la desaparición de un activo considerado estratégico. “No representa un mero cese de actividades logísticas”, señala el informe, sino la “disolución de un activo estratégico crítico”.
Una muy importante fuente consultada sostuvo que, aunque el traslado es decisión tomada, hay una gestión del intendente Angueira con el apoyo de la Libertad Avanza local, y con el beneplácito de una parte de la Armada para intentar revertir la situación. Pero esta fuerza está dividida internamente. Y el jefe de la misma, Juan Carlos Romay, está en una situación de mucha presión por la magnitud del ajuste.
En la Armada dicen que no se puede concentrar dos bases en una, o sea Punta Indio y Bahía Blanca porque un eventual conflicto externo, un ataque por ejemplo, precisaría nuevamente de las dos bases. El poder aeronaval del país estaba dividido hasta ahora entre las bases de Punta Indio; la Base Aeronaval Comandante Espora (BACE), cerca de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires; la Base Aeronaval Almirante Zar (BAAZ), en Trelew, Chubut; y la Base Aeronaval Río Grande (BARG), Tierra del Fuego. Se supone que están desplegadas en el litoral para tener el poder de fuego dividido. No hay ningún avión de combate para la Armada hoy, aunque tampoco para la Fuerza Aérea hasta que no estén totalmente operativos los F-16.
El informe sobre el golpe estratégico que representa el cierre de Punta Indio coincidió con el duro diagnóstico que hizo a su vez almirante retirado Jorge Enrico, titulado “La decadencia de la Armada Argentina”.
Es otro diagnóstico muy duro, que sorprendió y enojó a Presti, un teniente general que decidió ser ministro sin pedir su retiro: Enrico sostiene con autoridad que la Armada está atravesando una pérdida progresiva de capacidades operativas, que ya no sería solamente un problema presupuestario sino una degradación de su capacidad para defender el Atlántico Sur.
Los puntos centrales son de su trabajo son el cierre de Punta Indio; la pérdida de capacidad aeronaval con el pase a reserva de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina y la baja de los Super Étendard/SEM, sin un reemplazo equivalente. Según Enrico, eso afecta las capacidades de combate, vigilancia y guerra antisubmarina. Dice que con la compra de 4 aviones P-3C Orion a Noruega no alcanzan por sí solos.
Dice que los patrulleros OPV comprados a Francia no son suficientes para controlar el mar argentino: y cuestiona que cuatro patrulleros oceánicos clase Bouchard puedan cubrir adecuadamente una Zona Económica Exclusiva de más de un millón de km², debido a sus limitaciones de velocidad y poder de fuego. También sostiene que drones y helicópteros livianos no sustituyen determinadas plataformas especializadas. Dice que el problema del personal es grave por la pérdida de los cuadros especializados.
Los bajos salarios y la falta de horas de vuelo están empujando a personal capacitado hacia el retiro o el sector privado, sostiene. Para luego aclarar que el problema no sería solamente de material. Cuando una fuerza deja de volar, entrenar y mantener determinados sistemas, pierde la capacidad humana y la doctrina necesaria para recuperarlos rápidamente, insistió.
Cuentan que el almirante Romay convocó a Enrico tras la difusión de su duro diagnóstico en medio del malestar del Ministro Presti, al comando de una cartera cuya doctrina reivindica Presidencia pero concesiones a la hora del ajuste.
Un nombre explica, actualmente, el entramado de empresas que conformaron el consultor argentino Fernando Cerimedo junto con su esposa Natalia Basil en la última década: el oriundo de la ciudad de Junín Vicente Federico Quintanal. El nombre de Quintanal se cifra cruzando la información que aporta el Boletín Oficial. Sin embargo, como si eso no alcanzase, su íntima relación con Cerimedo y Basil fue recientemente confirmada por la activista boliviana Nadia Beller, quien postrada, desde la cama de una clínica, dijo: “Siempre escuchaba la llamada con uno de sus socios, Vicente, que tenía muy, muy, muy buena llegada al Gobierno” de Javier Milei.
Antes de toparse con Cerimedo y Basil, Quintanal, cuyo apellido en la cuarta sección electoral bonaerense está íntimamente relacionado con el club Argentino de Junín, había formado parte de directorios de empresas de rubros diversos, muy diversos. Desde American GPH Corporation, FEPA S.R.L., donde participaba como accionista el actor Gastón Pauls, entre otros, a la sociedad Infraestructuras del Sur en Santa Cruz, con el por entonces chef preferido de Cristina Fernández, Mirko Ionfrida Baleta, pasando por MDZ, creada para brindar servicios de proveedores de atención médica domiciliaria.
A ese tipo de conducta, la de un mismo nombre repitiéndose en múltiples directorios de empresas de diversos rubros, los especialistas llaman “presta nombre”. O sea, lo que en la calle se denomina como testaferro, argucia utilizada para ocultar al verdadero accionista.
De las viandas a la consultoría
Eran años en los que Fernando Gabriel Cerimedo, a la postre erigido en consultor estrella de la derecha radical latinoamericana, vendía el servicio de provisión de productos e insumos semi-elaborados para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En pocos años, Cerimedo pasó de vendedor de viandas para universitarios a ser el consultor de la oleada de presidentes de extrema derecha de la región. Argentina, país de soñadores.
Sin que se entienda mucho cómo, en pocos años Cerimedo creó sociedades de responsabilidad limitada como UPROD y Numen, que engloba tanto la academia como la agencia de publicidad que hoy están calificadas dentro de la grilla de deudores del BCRA como “irrecuperables”. Fue justo durante esos años en los que Cerimedo creó las condiciones para el primer encuentro entre Jair Bolsonaro y Milei. No era nada menor para un outsider como el libertario que hasta ese momento (2022) no había sido recibido por ningún mandatario de peso.
Desde el Gobierno reconocieron vínculos entre Milei y Cerimedo. También que el exasesor ingresó varias veces a la Casa Rosada.
Cuando asume Javier Milei la presidencia de la Nación, Cerimedo, su consultor estrella y fundador de La Derecha Diario, compartía varios directorios con Quintanal. Por ejemplo, Compañía Sudamericana de Inversiones para trabajos forestales y Surlibre Inversiones.
Cerimedo junto con su esposa componían el directorio de la mencionada Numen, de Publicidad y Sondeos, de SurLibre Inversiones-constituida en junio de 2024- y Madero Group, con la que controlaba La Derecha Diario, mal que le pese al español Javier Negre, quien desde que Cerimedo fue detenido bajo la acusación de feminicidio no ha cejado en su vano intento de negar toda vinculación entre ambos. Allí también estaba Juan Pablo Carreira, convertido en una de las puntas de lanza en la arena digital para el universo libertario.
Desde que Cerimedo se expandió a trabajos de consultoría en el exterior, Basil, por su parte, tanto mientras secundaba a Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como luego de que se conocieran los audios sobre presuntas coimas que habría recibido Karina Milei, pasó a formar parte de firmas en las que ya no aparece su esposo sino Vicente Quintanal. Por caso, Australis Energy Group, para la explotación de petróleo y litio. Aparte de Quintanal, está Roque Cambareri, empresario con trayectoria en el sector energético y participación en múltiples firmas vinculadas a hidrocarburos, minería y servicios asociados, que se suele presentar como especialista en litio, minería, energía e hidrocarburos. A Australis, en el mismo sector, se suma Patagonia Energy Holding S.A, también conformada por Cerimedo, Basil y Quintanal.
Socios y empresas
En la mencionada compañía Sudamericana, junto a Cerimedo y Quintanal, aparece Aldo Octavio Arteaga, cuya hermana Macarena Alejandra se encuentra en los registros como funcionaria nacional y proveedora del Estado a través de Medizin de Servicios SA y MedCare Group SRL.
También, emerge el nombre de Basil en Enterprises National Security, en esta oportunidad con Federico Beltrame y Federico De Diego. Basil aparece en solo una sociedad como única integrante: Ghirardelli Roasting.
Con Cerimedo desplazándose lo más lejos del radar posible, Quintanal, al frente de Surlibre, se asoció con la familia Amarilla de Santa Fe y pasó a controlar la empresa Sanabria que obtuvo un contrato en la Hidrovía del Río Paraná para brindar servicios de provisión de combustibles a las barcazas . Quintanal y Cerimedo, como si fuera poco, comparten domicilio fiscal: Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, en la Ciudad de Buenos Aires
La panoplia de contactos de las sociedades que integra Quintanal llega, incluso, al hijo del operador radical Coti Nosiglia, por medio de su socio Santiago Sanz. En el medio, Quintanal siguió sumándose a directorios heterogéneos como el de DH Limpieza, Reconecta (plataforma para el bienestar físico y emocional), Megaloteos, Dique Automotores y Long Experience, entre muchos otras firmas.
Si la pista es la que dio Beller, quien relacionó al presidente Milei con Quintanal, que aparece en varios directorios con Cerimedo y Basil, no cabe dudas de que quedan varios capítulos por escribir.
ROSARIO.- Lo que hoy es un simple montón de tierra que llega hasta la orilla del río Paraná, en un predio que era una guardería de lanchas, en la localidad de Puerto General San Martín, a 35 kilómetros al norte de Rosario, es en realidad una firma ligada a Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, preso en Bolivia y acusado del intento de femicidio de su pareja Nadia Beller.
Esa firma, Sanabria SRL, brinda “servicios portuarios” a las barcazas que navegan por la hidrovía. Lo extraño, según pudo comprobar LA NACION, es que la empresa tiene el aspecto de ser un fantasma, aunque en que se encargaría de la provisión de combustibles a las barcazas que navegan esa ruta fluvial desde Bolivia y Paraguay a la Argentina.
Ese montículo de tierra que parece una bajada precaria hacia el Paraná, que hasta hace un año era una guardería de lanchas, se encuentra a pocos metros del puerto de Cofco, que es uno de los más importantes de la Argentina. En esa zona están asentadas las principales terminales portuarias agroexportadoras, como Bunge, Cargill, Terminal 6, entre otras.
Se trata de un lugar estratégico en la actividad portuaria y de la Hidrovía, aunque en el predio de Sanabria SRL no se ven inversiones en infraestructura. El predio no cuenta actualmente con la habilitación definitiva por parte del municipio de Puerto General San Martín, pero –según fuentes consultadas- tiene una autorización provisoria de parte de Prefectura Naval Argentina.
Predio de la empresa Sanabria SRL sobre el río ParanáMarcelo Manera – LA NACION
A partir de la revelación que hizo el periodista Fabricio Navone sobre este tema en el portal LPO, el nombre de Cerimedo y de esta empresa empezaron a preocupar y disparó la pregunta: ¿Para qué se usaría una firma en la Hidrovía que hoy es un fantasma? Esta ruta fluvial es un engranaje clave del negocio agroexportador, pero también se transformó durante los últimos años en una ruta de la cocaína hacia Europa, Asia y Oceanía.
Operativo
El 11 de agosto pasado, LA NACION publicó que cuatro hombres fueron detenidos por la Prefectura Naval Argentina cuando, al amparo de la oscuridad de la medianoche, estaban a punto de concretar una maniobra conocida en la jerga como “contaminación” de un buque: subir desde una lancha un cargamento de cocaína a un barco granelero que navegaba aguas arriba, a la altura de la localidad bonaerense de San Nicolás.
El operativo terminó con casi media tonelada de droga secuestrada —497 kilos en total— y dejó al descubierto, una vez más, la mecánica con la que las organizaciones de la región intentan introducir estupefacientes en la ruta de exportación sin que quede registrado en las operaciones portuarias.
La bajada al Paraná de Sanabria SRLMarcelo Manera – LA NACION
Sanabria SRL funcionaba originalmente como una guardería náutica —inscripta bajo el rubro AFIP 524220, servicios de guarderías náuticas— antes de reconvertirse para prestar servicios navales. Originalmente, ese lugar era una guardería de lanchas que se llamaba “Lo de Mirto”.
Según señaló gente de la zona a este diario, siempre fue un lugar precario, que ni siquiera tenía maquinaria especializada para bajar las embarcaciones, que se llevaban hasta el río en un tractor bastante deteriorado. Pero ese lugar prácticamente abandonado se transformó luego en una firma con capacidad para suministrar combustible a las barcazas que transitan la hidrovía.
Cerimedo entró en el negocio portuario a través de un traspaso accionario que se llevó adelante el 31 de mayo de 2024, pero que recién fue publicado en enero de 2026. Ingresó de la mano de la sociedad Surlibre Inversiones SA. Según datos del Boletín Oficial de Santa Fe, Sergio Ezequiel Amarilla cedió 100 cuotas sociales a favor de Surlibre Inversiones SA, e Iván Alberto Sanabria –quien era el referente de la guardería- cedió 50 cuotas sociales a favor de la misma sociedad, cuyo directivo es Fernando Cerimedo.
El precario ingreso al predio de Sanabria SRLMarcelo Manera – LA NACION
Pero la administración de esa sociedad quedó a cargo de Iván Alberto Sanabria, Amarilla y Vicente Federico Quintanal, en forma conjunta, como socios gerentes. LA NACION se contactó con Iván Sanabria, el socio local de Cerimedo y Quintanal, que se negó a contestar una serie de preguntas. Sanabria afirmó que difundiría un comunicado en el que se darán explicaciones sobre la empresa, que es mirada con desconfianza por los referentes del negocio portuario de la región.
Quien entró a la gerencia por el lado de Surlibre no fue Cerimedo en persona, sino Quintanal, su socio en más de una docena de firmas que se conformaron en los últimos tres años. Según fuentes del negocio portuario, desde el ingreso de Surlibre, la firma consiguió una autorización precaria de Prefectura Naval, y tiene en trámite el aval de la Agencia Nacional de Puertos.
El domicilio de Surlibre es Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, CABA, la misma dirección que aparece en otras empresas ligadas al socio de Cerimedo , como Compañía Sudamericana de Inversiones SA, constituida en abril de 2024; y Australis Energy Group SRL, originada el 30 de julio de 2025, con un objeto que abarca la exploración geológica, de hidrocarburos, litio, oro y gas. Natalia Basil (casada con Cerimedo) posee el 50 % de esta última firma y ejerce la gerencia, mientras que Quintanal comparte el control. También comparten domicilio con Surlibre Patagonia Energy Holding SA, integrada por Quintanal, Basil y Roque Cambareri; y MDZ SA, creada el 18 de noviembre de 2025.
Predio de la empresa Sanabria SRLMarcelo Manera – LA NACION
Quintanal también posee acciones en otras firmas, como Hollybar S.A., creada en 2015, que lo incorporó como director en 2021. Según denunció públicamente Nadia Beller, víctima del intento de femicidio en Santa Cruz de la Sierra, Quintanal sería el socio con quien Cerimedo “lava dinero” de sus negocios en Bolivia, y Natalia Basil –esposa del exasesor de Milei- estaría a cargo del “tancaje de combustible que entra por Argentina a Bolivia”.
Se trata de acusaciones de una de las partes, aún no probadas judicialmente, pero que tienen alguna consistencia con la lógica del negocio: existe una red documentada de intermediarios que compran combustible a las refinadoras argentinas y lo revenden a los armadores en los puertos de la Hidrovía, incluida Bolivia. Es el mismo corredor en el que opera Sanabria SRL con la provisión de diésel a remolcadores.
El expediente para que Sanabria pudiera operar en el río requiere el aval de la Agencia de Puertos y Vías Navegables, que aún está en trámite, según las fuentes. Su titular, el exfuncionario macrista Iñaki Miguel Arreseygor —abogado que pasó por los estudios Bomchil y Marval O’Farrell & Mairal, y fue director provincial de Compras y Contrataciones con María Eugenia Vidal— reemplazó a Pablo Piccirilli en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables en mayo de 2024, dos meses antes del movimiento societario en Sanabria.
La Cancillería de Chile enviará una nota de protesta hacia la administración del gobierno argentino luego de que el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, asegure que la soberanía del Estrecho de Magallanes era de Argentina.
El titular de la cartera chilena, Francisco Pérez Mackenna, ratificó la soberanía “indiscutible” del país sobre la vía marítima que permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico y exigió quelas autoridades de otros países sean “responsables con sus declaraciones” para “no confundir a sus ciudadanos”.
La postura del gobierno del país vecino se centra en el tratado de Límites de 1981 y el Tratado de la Paz y la Amistad de 1984 que firmaron entre ambos países y tiene vigencia en la actualidad. Desde el gobierno argentino respaldaron estos acuerdos mediante un comunicado.
Por su parte, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado cuestionó que “se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones” y subrayó que “no hay nada que discutir respecto a la soberanía y a quien corresponde”.
Cuáles fueron las declaraciones de Gustavo Valverde que provocaron tensión
El jefe de la Fuerza Aérea Argentina enfatizó en una entrevista periodística que hay que hacer presencia en la zona del Estrecho de Magallanes porque “es una llave bioceánica Atlántico Pacífico”.
Valverde calificó a este paso marítimo, “el sur y el Drake” como soberanía, luego de detallar que “a la Hidrovía hay que cuidarla y mantenerla” porque conforma parte del territorio en dominio argentino.
Tras la tensión que provocaron estas declaraciones, el gobierno argentino sostuvo que entre Argentina y Chile “se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”.
La Cancillería de Chile enviará una nota de protesta hacia la administración del gobierno argentino luego de que el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, asegure que la soberanía del Estrecho de Magallanes era de Argentina.
El titular de la cartera chilena, Francisco Pérez Mackenna, ratificó la soberanía “indiscutible” del país sobre la vía marítima que permite conectar los océanos Atlántico y Pacífico y exigió quelas autoridades de otros países sean “responsables con sus declaraciones” para “no confundir a sus ciudadanos”.
La postura del gobierno del país vecino se centra en el tratado de Límites de 1981 y el Tratado de la Paz y la Amistad de 1984 que firmaron entre ambos países y tiene vigencia en la actualidad. Desde el gobierno argentino respaldaron estos acuerdos mediante un comunicado.
Por su parte, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado cuestionó que “se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones” y subrayó que “no hay nada que discutir respecto a la soberanía y a quien corresponde”.
Cuáles fueron las declaraciones de Gustavo Valverde que provocaron tensión
El jefe de la Fuerza Aérea Argentina enfatizó en una entrevista periodística que hay que hacer presencia en la zona del Estrecho de Magallanes porque “es una llave bioceánica Atlántico Pacífico”.
Valverde calificó a este paso marítimo, “el sur y el Drake” como soberanía, luego de detallar que “a la Hidrovía hay que cuidarla y mantenerla” porque conforma parte del territorio en dominio argentino.
Tras la tensión que provocaron estas declaraciones, el gobierno argentino sostuvo que entre Argentina y Chile “se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”.
