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La suerte de la licitación por la Hidrovía está echada. Pero no ahora que el Gobierno anunció, el jueves a última hora, la preadjudicación al consorcio Jan de Nul – Servimagnus, del magnate de las grúas Alfredo Román, sino desde el mismo momento en el que se redactó el pliego, a medida para el gigante belga y los socios ocultos que se subirán al negocio que está detrás de la principal privatización de la era Javier Milei.

¿Qué chances había de que Jan de Nul no se impusiera en el puntaje técnico? Ninguna. Llegaron a la instancia de fijación de precio de peaje con 66,20 puntos sobre los 42,14 de DEME NV, la única en carrera. Imposible descontar esa distancia si a ambas se le había fijado un precio “mínimo” para licitar, tal como indica la página 41 del pliego. Para que se entienda: el Gobierno les impuso a las empresas que no ofertaran por debajo de un valor mínimo límite para cobrar el precio por tonelada que navegue el rio Paraná.

Estableció una banda cuya valoración iba decreciendo a 0 mientras más se acercara al tope. En cada etapa de la Hidrovía anticipó cuál iba a ser el precio base del peaje. ¿Qué hicieron, entonces? Ambas ofrecieron ese valor base para obtener el mayor puntaje. Para la etapa 0, u$s 3,80; para la 1, u$s 4,65; y para la 2, u$s 5,78. La cotización de Jan de Nul y DEME fue calcada.

Una oferta simulada

Entonces, la oferta económica nunca fue parte real de la competencia: si ninguna podía ofrecer un valor más competitivo que el que fijaba el pliego, ¿qué sentido tenía que el “peaje” pesara en 120 puntos en la compulsa general? La que no cotizara el mínimo se autoexcluía de ganar inmediatamente con el peso que tendría el peaje en la valoración total de la oferta. Poner un valor mínimo garantizaba la paridad. Con el empate en valores, ese tramo quedó como un simulacro de compulsa. Entonces los 80 puntos que conformaban la evaluación técnica se tornaron decisivos.

Allí es donde se pueden rastrear los indicios que preanunciaban este final. Ejemplos: el calado “máximo” de la maquinaria sin una justificación técnica, mínima puntuación para empresas más nuevas, valoración decisiva de experiencia en “países limítrofes” y región sin basamento técnico. Exclusión de algunas tareas especializadas que podían sumar experiencia y sobre estimación de la experiencia en el mercado local, algo que solo detentaba Jan de Nul. Una propuesta metodológica vaporosa dejaba –como ocurrió- la valoración discrecional en manos de la Comisión Evaluadora.

Un punto para detenerse: esa comisión está integrada por Ariel Romero Cherubini, Francisco Mansanta y Cristián Luis Rigueiro, todos integrantes de la disuelta Administración General de Puertos (AGP) que el Gobierno consideró “corrupta” y liquidó para convertirla en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), bajo el mando de Iñaqui Arreseygor. Pero le dio continuidad a los funcionarios bajo el nuevo esquema. Según un informe de inteligencia de los Estados Unidos que está monitoreando esta licitación más allá del rol de la DEA, se detectaron contactos entre funcionarios dela Anpyn y ejecutivos de Servimagnus después de haber sido convocada la licitación, algo que está prohibido por las normas de transparencia. Esta es la puerta de entrada para la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que volvió a poner un ojo en esta licitación.

Un pliego calcado

Para los fiscales, este pliego tiene serias sospechas de haber sido direccionado, posee las mismas falencias que el anterior –que curiosamente se declaró desierto ante la sola oferta de DEME- y que fue dado de baja. Lo que no cierra por ningún lado para los investigadores es la deuda de u$s78 millones que el Estado supuestamente le debe a Jan de Nul y de la que se tendrá que hacer cargo la concesión ganadora. Es decir, Jan de Nul. Para la Justicia no hay precisión alguna acerca de esa deuda, de qué está compuesta, cómo se generó y quién la debería pagar.

La ventana de siete días para impugnaciones, que se cumplirá esta semana, no es otra cosa que el simulacro final de un proceso que debería ser transparente, pero fue todo lo contrario. La última contendiente, DEME, cuya oferta final fue desestimada tampoco estaría en condiciones de impugnar, técnicamente. Mucho menos la brasileña DTA Engenharia –cuya propuesta fue declarada inadmisible en instancias anteriores- pese a que denunció que se habían falsificado avales de Naciones Unidas y solicitaron un peritaje independiente respecto al pliego. Por ende, la licitación estará otorgada al gigante belga y el Poder Ejecutivo va a volver a celebrar que entregará la Vía Navegable Troncal del Paraná por 30 años.

La letra chica de la licitación

Sin embargo, la sospecha acerca de cómo Jan de Nul- Servimagnus terminan sacando la ventaja decisiva se corrobora luego del análisis del puntaje que le otorgó la Comisión Evaluadora. La valoración técnica que consta en la página 37 del acta ACTA-2026-45460755-APN-GCLYA#ANPYN, grafica los ítems donde se construyó la diferencia de 24 puntos:

Unos 15 fueron cosechados en el punto “j”, “experiencia del proponente. Jan de Nul-Servimagnus obtuvo “excelente” en todos los rubros analizados sobre volúmenes de dragado total desde 2016 y se llevó la máxima puntuación del renglón (20). DEME tuvo dos “buenos” y dos “regulares”. Quedó en 5.

La diferencia restante se explica en el primer punto “memoria descriptiva y tareas a realizar” (ventaja de poco más de 3 puntos); y respecto a “trabajos de dragado”, donde constan las características de los equipos a utilizar y las proyecciones de trabajo. Fueron casi 5 puntos los que acopió el tándem ganador. Es un rubro polémico en las licitaciones. Se debe analizar si los requisitos de los pliegos no contenían la información técnica del actual operador respecto a los equipos con los que ya opera. Suele ser una barrera de entrada importante si las especificaciones son muy estrictas.

La ventaja se estiró casi 2 puntos más en el renglón de “mantenimiento del sistema de señalización y monitoreo”. DEME sólo salió ganador del ítem “plan de gestión ambiental y social”. Es poco lo que pudo descontar.

Control punta a punta

Aquí es donde entrarán Elías y Ondarcuhu en la ecuación. Son socios complementarios y destinatarios finales del contrato de balizamiento para la Hidrovía. Elías controla logísticamente el puerto de Bahía Blanca, tiene fuerte injerencia en el puerto de Buenos Aires –a través de Ivetra SA por los seguros de cobertura y la verificación de contenedores que arriban a la terminal- y con tentáculos que llegan a Comodoro Rivadavia, La Plata y la mira puesta en quedarse con el control operativo del Puerto de Usuhaia. Ondarcuchu, a su vez, lidera Grupo de Servicios Portuarios SA y tal como detalló este diario controla las terminales portuarias en la traza de la Hidrovía: San Pedro, San Nicolás, Villa Constitución y las terminales VI y VII de Rosario. Por estas últimas acordó un desembolso de u$s70 millones a cambio de explotarlas hasta 2061.

El nuevo puerto agroindustrial de Timbúes lo tiene como protagonista. El proyecto fue presentado bajo el RIGI. Ondarcuhu posee la Naviera Maruba enfocada en el transporte de combustibles con destino al sector energético. Allí se cruzan los caminos con el Grupo Neuss, protagonista de un hot sale de compras al Estado que lo catapultaron de una pequeña distribuidora en la Patagonia a acaparar centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y la joya de Transener. Su valuación bursátil es de aproximadamente u$s1220 millones. Al comprar la mitad de CITELEC SA que es su controlante mayoritaria, los Neuss cerraron por cerca de u$s356 millones.

Elías y Ondarcuchu pasarían a ser los controlantes de cada uno de los puntos estratégicos de salida hacia Europa. Nuevamente, esto deja a Estados Unidos con suma atención en el desarrollo de esta operación.

Servimagnus es Loginter, su controlante. El emporio fue fundado por Ricardo Román y ahora legado a su hijo Leonardo. Se desarrolla en operaciones portuarias y marítimas, comercio exterior y depósitos fiscales y transporte. Puede mover hasta 4000 contenedores por mes.

El diablo se esconde en los detalles de la letra chica. Sin embargo, en la licitación de la Hidrovía todos esos puntos quedaron al descubierto forzando a que los protagonistas de la política y del mundo empresarial fingieran demencia a lo largo de todo el proceso. Nadie parece interesado en mirar al detalle la situación, no se sabe si es por lo frágil o por temor a quedar salpicados.

Silenciosamente, en enero de este año, se produjo un movimiento del que nadie se percató, excepto quienes forman parte de las fuerzas federales de seguridad: la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, corrió cualquier estorbo y quedó a cargo del control de una estructura clave para monitorear qué pasa en la Hidrovía del Río Paraná.

A comienzos de 2026, mediante la Resolución 4, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sucesora de la actual senadora nacional que ya comienza a mostrar su habitual lado díscolo cuando empieza a ingresar agua a raudales al barco, anunció la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario. Sin embargo, el principal párrafo del texto oficial era este:

En realidad, el interrogante se debe perfilar correctamente. Los resultados eran casi nulos para la Argentinas, no para la DEA que seleccionaba a su gusto sus integrantes y conducía su destino incluso ante la queja de sus fuerzas de origen, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura.

Tanto en aquel momento como ahora, hay un nombre clave que se repite: el del subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, que, al igual que en la primera gestión de Bullrich, funge como el coordinador en lo formal. En los hechos, es quien le garantiza a la DEA movimientos a discreción sin importar si son legales o no.

El ojo en la Hidrovía

Es por este motivo que el GOC, con la DEA detrás, tiene un pie en Rosario no con el narcotráfico de la ciudad como principal eje, sino con la agenda de la agencia estadounidense como prioridad. Y esta es la Hidrovía, que vive la última etapa de su licitación, y más allá de los grupos extranjeros que pujan por ganar, pares locales como el Grupo Neuss emergen con un interés directo. Más allá hay un dato que no se soslaya: si Gustavo Elías se termina quedando con los trabajos de balizamiento en el Paraná y prospera su avanzada en el Puerto de Tierra del Fuego consolidará -con su imperio de Bahía Blanca- los principales tres enclaves con destino a Europa que están en la mira de la agencia antinarcóticos.

A la DEA, que en Argentina está liderada desde 2022 por el agente John Wallace, le interesa todo aquello que pueda afectar a Estados Unidos, por lo cual enfoca las fronteras y las principales vías fluviales. Su principal activo es la información.

El interés de Estados Unidos en la Hidrovía quedó, incluso, plasmado en el reciente informe, financiado por el Departamento de Estado de EEUU, de Global Organized Crime Index. En el capítulo sobre la Argentina, el trabajo al que accedió Ámbito, señala: “Rosario, con su puerto fluvial sobre el río Paraná, sigue siendo un importante centro de redistribución. El tráfico regional de cocaína está controlado en gran medida por grupos internacionales de tipo mafioso, mientras que las bandas locales rosarinas, como Los Monos y Alvarado, se encargan de la distribución interna”. A esta altura, sobra decir que a la DEA le interesa menos la distribución interna que los grupos internacionales que mueven los cargamentos.

En su último reporte anual, revelado por Ámbito, la DEA había sostenido que “las 10 zonas francas de Argentina y un área aduanera especial en la provincia de Tierra del Fuego carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas”.

Informe crítico sobre Argentina

Por eso, no sorprende que Ocindex subrayase la importancia de las vías fluviales y la constante falta de control por parte del país: “Argentina se enfrenta a importantes retos relacionados con la seguridad fronteriza, el crimen organizado y las amenazas cibernéticas. Las extensas fronteras terrestres del país, en gran parte no reguladas, facilitan el contrabando y el tráfico de drogas, especialmente a lo largo de sus límites septentrionales con Bolivia, Paraguay y Brasil. La región de la triple frontera es un punto conflictivo para las actividades de contrabando y el Paraná y otros ríos sirven como rutas claves para el tráfico de drogas”.

En medio de este diagnóstico es que se produce el anuncio de Monteoliva de que, en otras palabras, ahora era la DEA la que, por medio del GOC, pasaba a tomar las riendas de la Hidrovía.

Información clasificada de Seguridad

Todo comenzó con el viaje que realizó Patricia Bullrich a las oficinas centrales de la DEA en Arlington, Virginia, en febrero de 2016. A su regreso, primero, presentó un proyecto de ley que validaba muchas de las técnicas que la DEA reclamaba, las cuales fueron aprobadas en noviembre de ese año. Pero lo más importante fue la conformación de los GOC en 2017.

Desde el momento cero de su creación, para financiar los GOC, la DEA le impuso a Bullrich dos condiciones: una figura en la resolución que los crea, la otra no. La primera: los aspirantes a formar parte debían pasar por la prueba del polígrafo. A pesar de los cuestionamientos internacionales, se trata de una técnica legitimada dentro las agencias estadounidenses, y se encuentra en expansión.

La segunda: la etapa de selección debía incluir una reunión a solas entre los agentes de la DEA y los efectivos argentinos. A solas significa sin la presencia de funcionarios locales. Para que resulte gráfico: se trata de oficiales argentinos, formados por instituciones del país para actuar en territorio nacional, pero elegidos y comandados en las sombras por una agencia extranjera.

Este medio accedió a información clasificada del Ministerio de Seguridad en la cual consta que las fuerzas federales de origen de los integrantes de los GOC se quejaron en varias oportunidades porque sus agentes no le respondían a ellos sino a los estadounidenses.

En ese trabajo de Evaluación Técnica y Gestión de la Información sobre Narcotráfico, de circulación restringida, se indicaba que la agencia estadounidense aportaba, “en negro”, entre 3 y 10 mil dólares para el pago de informantes. Los integrantes de los GOC exponían cómo la gastaban mediante un documento Excel que remitían a los agentes estadounidenses. Ante la pregunta sobre si eso había ocurrido sin autorización de jueces argentinos, respondieron afirmativamente.

Esa es la estructura a la que Monteoliva le delegó el control de Rosario y, por ende, de la Hidrovía, por donde circulan alrededor de 4500 buques al año y atraviesa los puertos de cinco países. Eso es así más allá de quien se quede con el control de la misma.

A los ojos de Estados Unidos, más allá del alineamiento cerrado del presidente Javier Milei, Argentina sigue siendo un país de tránsito de drogas, con enormes falencias para controlar los cargamentos de drogas que ingresan y circulan por el país.

En el último reporte internacional publicado por la DEA, que llamativamente ha retrasado la salida del informe 2026, la agencia deja un diagnóstico duro sobre la Argentina: “Los altos impuestos y los controles de capital incentivan la transferencia de riqueza al extranjero, lo que contribuye a la actividad del mercado cambiario informal y al aumento del uso de efectivo y criptomonedas. Los narcotraficantes y los lavadores de dinero se aprovechan de esta situación”.

El Gobierno definió que el consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y su socio argentino Servimagnus se quedará con la concesión para el dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía por los próximos 25 años.

Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado publicado en la red social X, se “preadjudicó la privatización de la Vía Navegable Troncal” sobre el río Paraná y se desestimó la oferta de la otra belga en disputa, Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME).

Ambas empresas, competidores internacionales en todas las licitaciones de este tipo, propusieron la misma oferta económica para el cobro de tarifas de peaje, que fue el precio mínimo dispuesto por la Agencia de Nacional de Puertos y Navegación: son 3,80 dólares por tonelada de registro neto hasta que se profundice el dragado, que trepará primero a US$ 4,65 y, luego, a US$ 5,78.

Así, la oferta técnica de Jan de Nul fue la que terminó de volcar la balanza a su favor, al haber sido el anterior concesionario.

Tras el dictamen de preadjudicación, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, “se abre una última instancia de siete días corridos” para presentar impugnaciones.

Según el Gobierno, la tarifa bajará un 13,5% desde los actuales US$ 4,30, por lo que estiman un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares por año en los costos logísticos para el sector productivo en esta primera instancia.

A lo largo de los 25 años de concesión, la Hidrovía, por donde pasa el 80% del comercio exterior argentino y que es vital para Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, generará ingresos para el operador por unos 15.000 millones de dólares, y se prevé un plan de inversión de US$ 10.000 millones en el tiempo.

En la ANPyN confían en que los productores tendrán importantes ahorros ahora que pueden cargar hasta el 80% de los barcos; y que cuando se profundice el dragado, dentro de unos 3 años, el ahorro vendrá por el lado de una mayor carga, pese a que trepará la tarifa.

El Gobierno puede avanzar así con una de las grandes privatizaciones de su gestión, después de haber fracasado en el primer intento, en febrero 2025.

En lo económico, si bien el EBITDA (resultado operativo antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones) del negocio será siempre positivo, la gran inversión que se le encargará a Jan de Nul para mantener la Vía Navegable Troncal y ampliar la profundidad de calado generará que el flujo de caja libre sea mayormente negativo en los primeros 6 años.

Recién a partir del séptimo año, es decir desde 2032, la Hidrovía empezará a dar ganancias sostenidas, mientras que a partir de 2038 se recuperarán las inversiones.

En las últimas semanas, los directivos de Jan de Nul visitaron al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para garantizarle que trabajarán con proveedores occidentales.

Justo antes de la finalización de este proceso, además, Jan de Nul ganó las obras para el Puerto de Buenos Aires, donde se le asignaron tareas de dragado de 550.000 metros cúbicos en sectores claves del puerto, incluyendo el Canal de Pasaje, áreas de maniobra y sectores operativos fundamentales para garantizar condiciones adecuadas de navegación, seguridad y eficiencia logística, con un plazo de ejecución de 140 días corridos.

La sociedad entre la compañía belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus (con un 60% para la primera y un 40% para la segunda) está a un paso de quedarse con las obras de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), comúnmente conocida como Hidrovía.

El Gobierno anunció a las empresas oferentes la preadjudicación del contrato de concesión de la licitación para la privatización de la Hidrovía. Recomienda una ganadora: Jan de Nul junto a Servimagnus, desestimando la oferta de DEME. Por su parte, comunicó que la oferta de la brasileña DTA Engenharia fue “inadmisible”.

Agregó en un comunicado emitido por el Ministerio de Economía que “en las distintas evaluaciones realizadas, el proceso licitatorio no recibió ningún pedido de impugnación a sus actos por parte de las empresas participantes. Asimismo, la Justicia rechazó todas las denuncias que buscaron entorpecer su avance”.

También informó que con el dictamen de preadjudicación se abre una última instancia de siete días corridos donde se podrán presentar impugnaciones formales al documento, previo a la adjudicación que determine la finalización del proceso “que romperá el estancamiento de las obras necesarias para la vía por donde circula el 80 por ciento del comercio exterior argentino, acompañado por una baja de costos inmediata de casi el 15 por ciento y la modernización absoluta de la tecnología para la navegación”.

El Palacio de Hacienda destacó que durante las dos primeras etapas Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos, mientras que DEME logró 42,14 puntos. En tanto, la propuesta económica fue idéntica por parte de ambas empresas, lo que generó 120 puntos para cada una.

Inmediatamente, las entidades asociadas a los usuarios de la vía navegable, como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina–Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Unión Industrial Argentina y el Centro de Navegación, destacaron que “a 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario el avance hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad del sector productivo y del comercio exterior argentino”. Afirmaron que es indispensable avanzar “con celeridad hacia la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de concesión, a fin de iniciar una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema”.

Hace más de 30 años que Jan De Nul se ocupa del dragado de la VNT y todo parece indicar que volverá a trabajarla por un período similar, con una inversión de US$10.000 millones y una facturación de US$15.000 millones, con un retorno mínimo del 6%.

La diferencia está en que hay un cambio de socio. Salió Emepa, con quien Jan De Nul conformaba Hidrovía SA, cuando el empresario y número uno de Emepa, Gabriel Romero, se presentó como arrepentido en la causa Cuadernos. Declaró que pagó una coima de US$600.000 en 2010 para prorrogar la concesión hasta 2021. Jan De Nul siempre declaró que no estaba al tanto de la operación y se distanció de Emepa. La justicia no encontró motivos para acusar a la compañía belga.

La empresa tuvo un largo período de gestión privada y luego, a partir de 2022, fue contratada por el Estado para continuar realizando el servicio. Ahí se generó una deuda de US$80 millones, de los cuales queda pendiente el pago de US$35 millones (que podría absorber la misma adjudicataria).

Jan De Nul Group es una empresa familiar fundada en 1938 por Jan Frans Jozef De Nul. En 1951 ingresó al negocio del dragado en Bélgica y allí comenzó su expansión. Hoy tiene cuatro unidades de negocios: energía offshore, soluciones de dragado, proyectos de construcción y planet redevelopment o nuevo desarrollo del planeta. Las dragas que están destinadas a la hidrovía tienen un valor de entre US$40 millones y US$50 millones.

La compañía desarrolla en más de 100 países actividades relacionadas con el dragado y mantenimiento de vías navegables; infraestructura portuaria y recuperación de tierras; energía offshore y parques eólicos marinos, entre otras.

Además de las tareas de mantenimiento y profundización de la Vía Navegable Troncal, comúnmente conocida como hidrovía e iniciadas en 1995, Jan De Nul tiene participación en proyectos de infraestructura marítima relevante. Entre ellos, el Hong Kong International Airport (Chek Lap Kok); la expansión del Canal de Panamá; Palm Jebel Ali y desarrollos costeros de Dubái, donde ejecutó trabajos de recuperación de tierras para la construcción de las islas artificiales con forma de palmera. También participa de proyectos offshore de energía eólica en Europa, incluyendo los cables submarinos.

En la Argentina, además, recientemente la empresa (a través de su controlada Compañía Sudamericana de Dragados) fue preadjudicada para llevar adelante el dragado de adecuación en el Canal de Pasaje y Antepuerto Norte de Puerto Buenos Aires.

El socio local

En este nuevo período su socio es Servimagnus, una compañía privada de capital 100% argentino, fundada en 2006. La empresa de la familia Román brinda soluciones integrales para proyectos de infraestructura portuaria, dragado, salvamento, remoción y disposición final de restos náufragos, balizamiento, obras hidráulicas, control de derrames, buceo profesional y otros servicios para la industria naviera.

Servimagnus fue fundada por el empresario Ricardo Román y es presentada como “parte original de una familia de empresarios con más de 70 años de trayectoria en transporte, logística y operaciones portuarias en el país. A mediados de los años 90, las distintas ramas de la familia iniciaron distintas trayectorias empresariales. El 95 % del capital de Servimagnus pertenece a la empresa Loginter S.A., que a su vez pertenece a Ricardo Roman y sus hijos”.

Aclara que no existe relación societaria alguna entre Loginter y los otros miembros de la familia Román.

La compañía mostró interés en los trabajos de la hidrovía e incluso participó de la fallida licitación “corta” en 2022, que se hizo con la idea de que fuera un puente hasta tanto se hiciera la licitación larga. Después de escándalos varios y hasta de una advertencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el gobierno en aquel entonces decidió reestatizar la VNT y dejar sin efecto la privatización ocurrida en 1995.

El vínculo de Jan De Nul con Servimagnus se consolidó en la también fallida licitación entre 2024 y 2025.

Servimagnus tendrá una participación minoritaria en la futura sociedad concesionaria. Estará a cargo del balizamiento de última generación y el mantenimiento de ayudas a la navegación, la implementación de tecnología de navegación inteligente, la gestión ambiental y el control de derrames, el rastreo de cascos hundidos y el relacionamiento con los usuarios, entre otras tareas.

El dictamen de la PIA

Ya sobre el fin del proceso licitatorio, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un nuevo dictamen advirtiendo sobre irregularidades en la licitación. No es la primera vez.

En 2024, cuando el Gobierno lanzó los primeros pliegos, la PIA determinó la existencia de “graves irregularidades” (su segunda intervención en el proceso licitatorio). Se refirió a la inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados, irregularidades en el acto administrativo por el cual se autorizó el llamado, en la conformación de la comisión evaluadora de ofertas, en el procedimiento para determinar el plazo de duración del contrato de concesión; la ineficacia de las mesas interdisciplinarias convocadas para participar de la redacción del pliego de bases y condiciones e irregularidades en la fórmula estipulada para efectuar la evaluación técnica de ofertas.

Justo antes de la apertura de la oferta económica, la PIA volvió a emitir un dictamen donde repite algunos de los puntos en conflicto y además habla sobre “reparos sobre un posible direccionamiento del proceso”. Se trata de un dictamen administrativo que fue remitido a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 9 a cargo de Guillermo Marijuan.

¿Quién puede ser la figura de la oposición que emerja en 2027? ¿Cristina Kirchner tiene margen para volver al Gobierno? ¿Cuál es el nivel de aprobación y de rechazo de Javier Milei? ¿La gente podría volver a dolarizarse de cara a la elección?

Son todas preguntas reales que surgieron esta semana en conversaciones privadas de grandes inversores internacionales. Falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, pero está claro que, para el mercado, la Argentina todavía está lejos de poder escindir la economía de la política. No importa que ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, esté intentando silenciar el fantasma del “riesgo Kuka” que la gestión libertaria se encargó de mantener vivo desde que asumió. Para el mercado, pareciera no haber certezas suficientes.

Ni la Argentina tiene un Banco Central (BCRA) independiente como el que supo construir Perú de la mano de Julio Velarde, ni suenan todavía tan creíbles las declaraciones de los caudillos provinciales, que aseveran públicamente -como por ejemplo hicieron esta semana en el Congreso de IAEF, el rionegrino Alberto Weretilnek o el catamarqueño Raúl Jalil- que el orden de las cuentas públicas llegó para quedarse o que la inflación es un mal que debe atacarse. (Flaco favor el del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunciando esta semana una reedición de sus cuasimonedas, los “chachos”, para poder mejorar los salarios del sector público y cumplir con las deudas con proveedores). Construir una buena reputación lleva años; revertir una mala, también.

En el equipo económico, en privado, lo admiten. “Cuando pase el Mundial, ya sabemos que van a empezar a intentar tirarnos con todo”, se sinceró un hombre que participa de la gestión. Desde la línea técnica del BCRA, en tanto, vienen desde hace algunos días haciendo llamados a las grandes empresas para ir monitoreando los flujos (ingresos y egresos) de divisas, para no tener sorpresas una vez que los dólares de la cosecha gruesa dejen de fluir con comodidad. Evitar sobresaltos cambiarios es la base de cualquier campaña.

La buena cosecha de dólares del BCRA es la principal herramienta defensiva que encontró Economía para prepararse. Atrás quedaron los días en los que había que justificar que no era necesario comprar reservas, pese a que el mercado y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo consideraban fundamental. De hecho, para evitar quitarle al BCRA parte de los dólares acumulados, el Tesoro empezó a comprar silenciosamente en el mercado cambiario divisas para poder hacer luego frente a los vencimientos de julio, que suman US$4400 millones. La semana pasada fueron US$150 millones, y la idea sería seguir haciéndolo, siempre y cuando el mercado lo habilite. Esta semana no se hicieron compras. Es una colaboración hormiga también para evitar que el peso se aprecie más de la cuenta.

En el sector financiero esperan que, de continuar la bonanza financiera, eventualmente el ministro Caputo también revierta su decisión de no colocar por ahora deuda en el mercado de capitales. Si alguna de las calificadoras como Standard & Poor’s o Moody’s elevara la nota de la deuda soberana, tal como lo hizo hace algunas semanas Fitch Ratings, el camino estaría allanado. “Es como cuando decían que el mercado estaba equivocado y no necesitaban comprar reservas -opinó el operador de un banco internacional-. Si logran salir al mercado, le van a sacar mucha presión al año electoral. El año que viene es desafiante en materia de vencimientos”, continuó.

Pese a que algunas variables mejoran, o al menos dejan de empeorar, en la economía real hay una palabra que es casi obligada: “eficiencia”. Todas las empresas hoy solo hablan de mejorar la ecuación de costos. Aun entre las que están siendo beneficiadas por el nuevo modelo económico, existe una cautela generalizada. La Argentina de un peso fuerte (o de un dólar barato, que es lo mismo), como la que el oficialismo anticipa, no es para hacer locuras. Un cambio de reglas de juego o una operación mal calibrada pueden dejar a una empresa fuera de juego. Esa es una norma que rige hoy tanto para las empresas privadas como para las públicas. Aerolíneas Argentinas, por caso, está pronta a anunciar que quita sus snacks para todos los vuelos domésticos. Mala noticia para Arcor, la proveedora. Pero es un gasto de US$3 millones en dos años, que con el precio del crudo en ascenso no se puede dar el lujo de solventar. Hoy somos todos low cost.

Tanta austeridad corporativa y familiar —porque a quien no está endeudado todavía le cuesta percibir una mejora concreta en su bolsillo— contrasta con la exuberancia de ciertos empresarios que escalan sus negocios sin pausa y sin disimulo. El mundo energético es tal vez uno de los grandes exponentes de este fenómeno. Un caso es el de Edison Energía, el vehículo inversor de los hermanos Juan y Patricio Neuss —cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo y a su hermano Francisco— y sus socios, que en apenas dos años acumuló distribuidoras, transportistas y centrales hidroeléctricas a un ritmo sin precedente, y el mes pasado coronó esa expansión con la adjudicación del 26% estatal en Transener por US$356 millones, casi el doble del piso que esperaba el fisco. El otro que no para de crecer es el exministro menemista José Luis Manzano: Edenor, la distribuidora que controla junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, se asoció con la trader global Mercuria —con quien ya tiene historia— para quedarse con entre el 35% y el 40% de los activos que Raizen opera en el país bajo la marca Shell: 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles, en una transacción de US$1420 millones. Nombres que, por cierto, no son nuevos en los pasillos del poder ni ajenos a la historia reciente del Enacom, el organismo que hoy ocupa las portadas tras la detención de Facundo Leal. En un país que todavía busca estabilizarse, algunos están en modo expansión.

Al mismo tiempo, no cesa el ruido en torno a la licitación de la Hidrovía, la más grande que tiene en marcha el Gobierno. Trascendió ahora una carta dirigida directamente a la Unctad —el organismo de la ONU que se supone supervisó el proceso— en la que el consorcio encabezado por la belga DEME hace denuncias concretas y de peso: que el pliego fue diseñado a medida del operador incumbente Jan De Nul, que el informe técnico que le dio respaldo institucional al proceso fue elaborado por una consultora española unipersonal con una facturación anual de menos de US$52.000 y sin vínculo formal verificable con la Unctad, y que los criterios de evaluación fueron modificados respecto de lo que ese mismo informe recomendaba, casualmente en el único sentido que solo el actual concesionario podía cumplir. El consorcio, que integran además las norteamericanas KKR, Clear Street y Great Lakes -aunque no figuran en la presentación formal que se hizo ante el Estado nacional- y contaría con respaldo político de Washington, copió en la carta con fecha del 29 de mayo, a la que tuvo acceso LA NACION, al embajador norteamericano, Peter Lamelas, a legisladores y al propio gobierno de Milei. Desde el Gobierno por ahora no hacen comentarios. Se supone que el ganador de la operación debería estar pronto a formalizarse.

Son todos negocios que no quedan al margen de la interna (siempre) feroz que divide a la gestión libertaria. No hay ministro ni secretario de Estado que en privado no relate las peripecias que debe sortear para evitar quedar preso de un bando o del otro. Sobrevivir en la gestión por momentos se hace más complicado por la interna que por los desafíos que presenta el afuera. Los grandes inversores internacionales que esta semana preguntaban por Cristina, por Milei y por 2027 tienen razón en una cosa: en la Argentina, la economía y la política nunca terminan de separarse. La oposición, por ahora, mira y espera. Pero no deja de tomar nota.