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  • Diego Santilli confirmó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral: “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares”

    Diego Santilli confirmó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral: “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares”

    Diego Santilli se refirió a las PASO

    El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con la reforma electoral que impulsa la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”. La declaración se produjo en la antesala de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde Santilli compartió agenda con gobernadores de distintas provincias.

    El titular del Ministerio del Interior ratificó el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y remarcó que la decisión responde tanto a un criterio de austeridad fiscal como a la percepción de un desinterés social creciente por participar en varias instancias electorales. “La gente no quiere votar tantas veces”, sostuvo Santilli, quien vinculó la baja participación en comicios recientes a la saturación de convocatorias a las urnas.

    El funcionario afirmó que, de mantenerse el esquema actual, el año próximo habría PASO provinciales para cargos de gobernador en distritos que adelanten elecciones, PASO presidenciales y la elección general. En su opinión, ese cronograma resultaría excesivo para el electorado y para el presupuesto público. “La gente no quiere votar cuatro o cinco veces en las elecciones”, concluyó.

    El proyecto de reforma, ya remitido al Congreso, propone eliminar las PASO con el objetivo de simplificar el calendario electoral y reducir los costos asociados. Santilli aseguró que, de concretarse la medida, la Argentina podría ahorrar una suma considerable que hoy se destina a la organización de estos comicios.

    Hace poco más de un mes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su apoyo al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionando el gasto que este sistema representa para el Estado. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada, Frigerio afirmó que “el objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

    De regreso a su provincia, Frigerio enfatizó en una entrevista con Canal Once que la situación económica actual exige prudencia en el uso de los recursos públicos: “Si nos cuesta tanto el mango, hay que cuidarlo”.

    El mandatario consideró que la discusión sobre la continuidad de las PASO es necesaria y planteó la conveniencia de debatir la frecuencia de los comicios y el financiamiento de las campañas políticas. “Yo creo que todo tiene que estar en debate. ¿Por qué no nos ponemos a debatir si realmente es necesario destinar esos millones y millones de pesos de los contribuyentes a pagarle a cada espacio político la consulta sobre cuáles son los candidatos que tiene que poner en la cancha?”, expresó.

    En tanto, el senador Maximiliano Abad, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), rechazó la eliminación de las PASO y defendió su vigencia como mecanismo transparente de selección de candidaturas. En declaraciones a Infobae en Vivo, Abad sostuvo que “al suprimir las elecciones primarias, solamente las cúpulas políticas decidirían los candidatos”, por lo que insistió en la necesidad de mantener la participación ciudadana y el control judicial en el proceso.

    Abad reconoció que el sistema de las PASO es perfectible y apoyó la modernización del sistema electoral, pero advirtió que “hoy no hay acuerdo ni consenso para eliminar la PASO”. Propuso, entre otras alternativas, que solo se realicen primarias en aquellos casos donde existan internas reales, para evitar gastos innecesarios y movilización de recursos sin justificación.

  • Biocombustibles: Javier Milei activa el debate en el Senado con apoyo de las petroleras y tensión con las pymes

    Biocombustibles: Javier Milei activa el debate en el Senado con apoyo de las petroleras y tensión con las pymes

    El presidente Javier Milei y la Casa Rosada activaron en el Senado el debate por una nueva Ley de Biocombustibles, una iniciativa que persigue un doble objetivo: contribuir a moderar la presión sobre el precio de las naftas en un contexto de incertidumbre internacional por el conflicto en Medio Oriente y, al mismo tiempo, responder a un reclamo histórico de gobernadores y aliados provinciales vinculados a la producción agroindustrial.

    El proyecto, presentado el pasado 14 de mayo por la senadora Patricia Bullrich, propone elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, mientras que en el caso del biodiésel aumenta la mezcla obligatoria en el gasoil hasta el 10%.

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    Sin embargo, las principales dudas aparecen en torno al capítulo de biodiésel. Las empresas pymes no integradas advierten que podrían verse perjudicadas por el esquema de mayor apertura y liberalización que impulsa la iniciativa. Actualmente existen unas 25 pymes productoras de biocombustibles en el país, concentradas principalmente en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

    Petroleras y refinadoras, entre los beneficiados

    A diferencia de debates anteriores, en los que los proyectos de biocombustibles generaban fuertes resistencias por parte del sector hidrocarburífero, esta vez las principales empresas refinadoras observan la iniciativa con buenos ojos.

    Según pudo averiguar PERFIL, la definición amplia y flexible de “biocombustibles” incluida en los fundamentos del proyecto abre la puerta para que las propias compañías petroleras puedan desarrollar tecnologías y procesos que les permitan participar del negocio de los combustibles renovables.

    En otras palabras, además de incrementar la demanda de bioetanol y biodiésel, el texto permitiría que las refinadoras encuentren nuevas oportunidades de negocio dentro de la transición energética, motivo por el cual el sector habría dado su visto bueno al inicio del debate parlamentario.

    El aval político de Milei

    Un dato político relevante es que el proyecto fue conversado previamente en la Casa Rosada. Fuentes consultadas señalaron que fue la propia Bullrich quien solicitó autorización para firmar y presentar la iniciativa, una decisión que finalmente contó con el aval del presidente Milei.

    Milei en LATAM Economic Forum

    De esta manera, el oficialismo comenzará a discutir una reforma que promete generar impacto en toda la cadena agroindustrial y energética.Las comisiones encargadas del tratamiento serán las de Minería, Energía y Combustibles, presidida por el senador catamarqueño Flavio Fama, y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Agustín Monteverde.

    Como parte de los acuerdos internos del oficialismo, trascendió que Flavia Royón (Salta) ocupará la vicepresidencia primera de la comisión de Energía, mientras que Pablo Cervi (Neuquén) será designado secretario.

    División en el peronismo

    Hasta la semana pasada, el proyecto no figuraba entre las prioridades del peronismo, que ahora enfrenta una discusión interna con intereses provinciales contrapuestos.

    Por un lado, las provincias del norte vinculadas a la producción de caña de azúcar observan con interés la ampliación del mercado para el bioetanol. Por otro, provincias del centro como La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe analizan el impacto que la reforma podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.

    La discusión podría reabrir diferencias dentro de Unión por la Patria, históricamente atravesada por intereses regionales divergentes en materia energética y agroindustrial.

    Carbio celebra, las pymes alertan sobre concentración

    La iniciativa fue recibida con entusiasmo por la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a las grandes empresas exportadoras del sector.

    La entidad recordó que la industria sufrió un duro golpe cuando Estados Unidos cerró su mercado al biodiésel argentino en 2017, durante la administración de Donald Trump, mediante la aplicación de aranceles antidumping y compensatorios. A ello se suman las crecientes restricciones ambientales impulsadas por la Unión Europea, que amenazan el futuro de las exportaciones vinculadas a la soja.

    “El nuevo proyecto nos llevará a un esquema de competencia que premia la inversión y la eficiencia”, sostuvo Carbio en un comunicado, donde además calificó de “absurdo” al esquema vigente por beneficiar a un grupo reducido de empresas.

    En la vereda opuesta, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) denunció que el proyecto favorece una mayor concentración del mercado y señaló como potenciales beneficiarias a compañías como Cargill, Bunge, AGD y Molinos Agro.

    Tecnología Flex y el “quinto surtidor”

    La iniciativa también incorpora herramientas orientadas a ampliar el uso de combustibles renovables. Entre ellas se destaca la denominada tecnología Flex, que permite que los motores puedan operar con combustibles que contienen porcentajes más elevados de bioetanol.

    Asimismo, se habilita el denominado “quinto surtidor”, una alternativa opcional para los consumidores que ofrecería combustibles con una participación mucho mayor de biocombustibles que la actualmente obligatoria.

    PV/fl

  • Caso Kueider: el Procurador recomendó a la Corte rechazar que la investigación se concentre en la Justicia Federal

    Caso Kueider: el Procurador recomendó a la Corte rechazar que la investigación se concentre en la Justicia Federal

    El procurador Eduardo Casal emitió un dictamen donde le sugiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechace el pedido del Juzgado Federal de San Isidro de quedarse en exclusiva con la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Edgardo Kueider.

    La jueza Sandra Arroyo Salgado había presentado un pedido de inhibitoria contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. El titular es Ives Bastián. Allí también se lleva adelante una pesquisa contra el exsenador. El reclamo de la magistrada era que la justicia entrerriana frene y remita todo lo actuado a su despacho. Pero Bastián lo rechazó. La Cámara provincial lo avaló.

    La puja llegó a la Corte. Allí deberá definirse si la investigación tramitará en uno u otro juzgado. Frente a esta disyuntiva, Casal propuso una salida sinuosa.

    En primer lugar, consideró que el delito por el que se investiga a Kueider en ambos estrados es el mismo: enriquecimiento ilícito. Pero evaluó que en San Isidro y en Concordia el zoom está en épocas distintas. El Juzgado Federal centró su investigación a partir de abril de 2019. La Justicia entrerriana recortó un lapso que va de 1999 a 2019, período en el cual Kueider fue funcionario municipal de Concordia y luego del Gobierno provincial.

    Por eso entendió que no debía concentrarse en San Isidro la causa. La solución de Casal es que cada Juzgado siga avanzando. Pero cargó en la Justicia entrerriana la responsabilidad de vigilar que no se viole el principio «ne bis in idem», que resguarda a las personas para no ser juzgadas dos veces por el mismo hecho.

    Casal emitió el dictamen el 28 de mayo. El expediente, ahora, pasará a los ministros de la Corte. Pero como la opinión del Procurador no es vinculante, podrán tomar ese camino u otro distinto.

    Lo que está en juego es más que una cuestión de jurisdicción. Mientras que Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez mostraron hiperactividad en la pesquisa, Bastián y el fiscal entrerriano José Arias tienen el legajo casi paralizado. Fue el Juzgado Federal el que solicitó la extradición de Kueider al Paraguay. Y el que envió a juicio a la banda que actuaba con él.

    En el dictamen de seis fojas, Casal realizó una reconstrucción de las posiciones de Arroyo Salgado y Bastián.

    Luego, fue dejando sus conclusiones que remataron en la sugerencia de negar que San Isidro concentre la investigación.

    “Un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”, razonó. “En el caso de que sean ilícitas, puede tratarse de conductas realizadas por el funcionario público en cualquier momento, de manera simultánea o sucesiva, y adecuadas a distintas figuras penales”, agregó. Por lo tanto “no parece aconsejable, en esta etapa inicial del proceso, cercenar el alcance de la investigación que la justicia provincial está llevando a cabo“, razonó.

    Casal estimó “comprensible” la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento. En la argumentación de la magistrada, esto podría ocurrir si continúan las dos investigaciones judiciales paralelas.

    Edgardo Kueider contando dinero en efectivo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos

    El Procurador evaluó en el marco teórico de Arroyo Salgado “el enriquecimiento ilícito es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial”.

    La magistrada sostiene la hipótesis de que el crecimiento del patrimonio de Kueider podría estar relacionado con el pago de coimas por parte de Securitas. Las autoridades de la firma de seguridad multinacional denunciaron esa práctica en su filial argentina. Una de las empresas comprometidas en la maniobra es la estatal eléctrica entrerriana Enersa. El exsenador, mientras fue Secretario General de la Gobernación, representó a las acciones del Gobierno en la firma.

    Los referentes de Securitas en Entre Ríos vivían en el mismo edificio de lujo donde Kueider tenía departamentos y cocheras. Los inmuebles estaban a nombre de Betail SA. Arroyo Salgado considera a la firma como una mascarada para tapar el incremento injustificado de bienes.

    El titular de la Procuración estimó que no es un planteo prematuro de inhibitoria “el remedio adecuado” a un posible doble juzgamiento.

    A renglón seguido, estimó que la tramitación del conflicto de competencia “ha cumplido, a su manera, como una fehaciente puesta en conocimiento” del Juzgado de Bastián “de lo que es materia de juzgamiento en el fuero federal”.

    “Ahora incumbe al magistrado provincial, en tanto juez de garantías, evitar, en su caso, la lesión del principio «ne bis in idem»”, sostuvo.

    Sobre este punto, acotó: “A medida que la averiguación arroje mayor claridad y precisión, (Bastián deberá) juzgar si se da la triple identidad de hecho, persona y causa”, los tres puntales sobre los que se basa el doble juzgamiento.

    Asimismo, consideró que esto se da “sin mengua de la facultad que asiste a las partes interesadas de ejercer las vías procesales que estimen pertinentes para hacer valer su derecho”.

    Las defensas de los imputados en la causa entienden que este punto abre las puertas a que puedan plantear que el caso se subsuma en el Juzgado de Entre Ríos. Es que, hasta el momento, Arroyo Salgado pidió la inhibitoria de Bastián, pero no ocurrió lo inverso. Entienden que la recomendación de Casal se circunscribió a negar el pedido de la jueza federal porque nadie solicitó que toda la investigación pase al Juzgado de Garantías de Concordia.

  • Javier Milei blinda pax con gobernadores y plancha al gabinete aferrado al Mundial 2026

    Javier Milei blinda pax con gobernadores y plancha al gabinete aferrado al Mundial 2026

    Javier Milei reaparecerá este martes ante el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en la semana previa al inicio del Mundial 2026 de la FIFA que pondrá a la gestión y las internas de La Libertad Avanza en modo pausa. De hecho, esta semana no está prevista la reunión de gabinete y tampoco hubo convocatoria de la mesa política.

    Sin embargo, antes del inicio del Mundial el jueves 11 de este mes, Manuel Adorni podría finalmente cumplir con la presentación de su declaración jurada en medio de las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Si bien en algunos despachos del Gobierno nacional estiman que sobre el final de esta semana podría haber novedades, el delicado trámite que deberá cumplir el jefe de Gabinete se realizaría lo más cerca posible al primer partido de la selección de Lionel Messi el 16 de junio para evitar que los escándalos patrimoniales del funcionario vuelvan a copar la agenda.

    La Libertad Avanza logró algo de oxígeno ante la opinión publica en las últimas dos semanas. La interrupción del desfile de testigos que complicaban a Adorni frente al fiscal Gerardo Pollicita, el fuego cruzado entre el sector de Santiago Caputo y Martin Menem, sumado al caso policial por la muerte de la joven, le dieron un respiro al ex vocero en la agenda nacional.

    La apuesta de Javier Milei

    Milei se aferra al crecimiento diario de las reservas y a la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos para defender el rumbo económico. En palabras de Luis Caputo, el próximo año la economía le ganaría a la política. Desde algunas provincias aliadas a la Casa Rosada, como Entre Ríos, donde gobierna Rogelio Frigerio, dejan trascender un repunte de la recaudación como “brote verde” de cara al año electoral que se avecina.

    Otro termómetro de la tregua política que se vivirá durante el mes mundialista es la reunión de gobernadores del Norte Grande, anticipada por Ámbito, que se realizará este martes a las 10:00 en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En su último encuentro, en noviembre en Santiago del Estero, este pelotón de 10 mandatarios provinciales había desplegado una amplia y critica agenda de reclamos al gobierno nacional. Desde el recorte de fondos coparticipables, deudas por las cajas previsionales no transferidas y obra pública, entre otros puntos. Tanto que el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora había vociferado que saldrían a pedirle una audiencia a Javier Milei para plantearle cara a cara su lista de demandas.

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    Milei busca calmar las aguas dentro del Gabinete.

    Milei busca calmar las aguas dentro del Gabinete.

    El pedido de audiencia de los mandatarios con el Presidente no sólo nunca se concretó. En la orden del día del encuentro de este martes no aparecen reclamos a la Casa Rosada. Apenas el diseño de una “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”. Es que los gobernadores del norte, con la excepción de los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y el santiagueño Elías Suárez, aportaron sus votos a partir de acuerdos con Diego Santilli a la iniciativa de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zonas frías y recortar los subsidios energéticos. A cambio de ese apoyo al gobierno de Javier Milei, sería inminente la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía para lograr algún tipo de beneficio en el monto de las tarifas para sus provincias a partir de diciembre, época en la que se inicia la temporada de mayor consumo eléctrico por el calor.

    Tregua con Gobernadores

    El riojano Quintela, uno de los participantes del encuentro de mañana en el CFI y uno de los principales opositores a La Libertad Avanza en la región del Norte Grande graficó el actual momento político de las provincias con el gobierno nacional en los siguientes términos: “El chat de los gobernadores está apagado. El gobierno compra voluntades de los gobernadores dialoguistas. Tenemos un sistema prostitutivo. Compran voluntades que ni siquiera están de acuerdo con lo que van a sancionar y, sin embargo, lo sancionan”. Durante una entrevista agregó en relación a Martin Menem, brazo político de Karina Milei, que “el presidente de la Cámara de Diputados es muy hábil para las compensaciones con los gobernadores. Son beneficios económicos”.

    Con la reforma electoral para eliminar las primarias abiertas y obligatorias empantanada, en La Libertad Avanza se reflota la posibilidad de cerrar acuerdos políticos con los gobernadores aliados para no competirles en 2027. El calendario de desdoblamientos electoral obliga a Karina Milei a intentar que su hermano llegue a las presidenciales de octubre fortalecido con triunfos previos en los comicios provinciales. En esa lógica, “el jefe” sumó a Eduardo “Lule” Menem a las reuniones que Diego Santilli encabeza en la Rosada con los mandatarios provinciales. Encuentros de los que fue excluido Adorni, quien se convirtió en una especie de pianta votos para los gobernadores de cara a sus intentos por reelegir en sus distritos.

    Esta “pax” con los mandatarios provinciales se traduce en la racha positiva que el oficialismo mantiene en el Congreso desde fines del 2025 cuando logró la aprobación del Presupuesto por primera vez en la gestión Milei y también la sanción de la reforma laboral. La semana pasada sumó la votación del cambio del región de “zonas frías” que afectará a 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Desde el Gobierno argumentan que con esta modificación se logra un ahorro fiscal de entre $200 y $460 mil millones de pesos.

    Agenda de La Libertad Avanza para el Mundial 2026

    Con la agenda legislativa como centro de la gestión, uno de los pocos terrenos donde el gobierno nacional logra pisar firme, al proyecto de ley de super RIGI se le sumarán esta semana en el Senado el acuerdo con bonistas por el default de 2001, los proyectos sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pliegos judiciales. Una fila de iniciativa destinadas a retomar el control de la agenda con la reforma electoral, Ficha Limpia, Ley Hojarasca; reforma de la Ley de Salud Mental; derogación de la Ley de Etiquetado Frontal; reforma de la Ley de Sociedades; y hasta la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea.

    Anestesiadas las internas, a la espera de la declaración jurada de Adorni y con el Mundial de la FIFA como telón deportivo para desactivar la agenda política, la Casa Rosada aspira a transitar junio con un respiro en los indicadores económicos, en especial, con una nueva baja del índice de inflación luego de 10n meses consecutivos al alza. Después del fútbol, lo que viene será campaña electoral a manos de un año de la fecha prevista para el cierre de alianzas y la inscripción de candidaturas.

  • Reforma tributaria. El Gobierno evalúa citar a las provincias para explorar un nuevo pacto fiscal

    Reforma tributaria. El Gobierno evalúa citar a las provincias para explorar un nuevo pacto fiscal

    CÓRDOBA.- El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que podría convocar a todos los mandatarios provinciales para acordar una rebaja de Ingresos Brutos y tasas municipales. Sería una suerte de nuevo consenso fiscal. El funcionario evalúa la convocatoria a instancias de un pedido de un gobernador aliado: Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos y excompañero de Caputo durante la gestión de Mauricio Macri.

    La posibilidad de un acuerdo con las provincias se daría después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclame a la Nación una reforma tributaria integral, la que requeriría más de un esquema de coordinación amplio que de un pacto de difícil monitoreo. Los antecedentes de los últimos 30 años muestran que esos acuerdos son muy volátiles.

    “Estamos hablando con algunos gobernadores para hacer esa convocatoria”, le respondió Caputo a LA NACION hace una semana y sostuvo que la idea es avanzar durante este año con la reducción de tributos provinciales -en especial Ingresos Brutos- y municipales que, dijo, representan hoy uno de los principales componentes del “costo argentino”.

    Desde inicios de los ’90, los pactos fiscales entre la Nación y las provincias han sido recurrentes. Funcionan, en muchos casos, como parches a la reforma de fondo que viene demorada desde 1994, cuando la nueva Constitución Nacional ordenó dictar una nueva ley de coparticipación. La normativa actual data de 1988; nació como transitoria en la presidencia de Raúl Alfonsín. En medio de una situación económica crítica, estableció porcentajes fijos de distribución de recursos entre la administración central y los estados subnacionales.

    Con Carlos Menem en la presidencia y Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, los pactos aparecieron como una herramienta para que las provincias corrigieran sus desequilibrios fiscales y la Nación pudiera sostener el modelo de la convertibilidad.

    En 1992, firmaron un acuerdo por el que los gobernadores aceptaron la retracción del 15% de la masa coparticipable para financiar Anses (impactado por la creación de las AFJP), asumían compromisos de disciplina fiscal y se comprometían a reformas administrativas y previsionales. A cambio, la Casa Rosada garantizaba un piso mínimo de transferencias mensuales, asistencia financiera en caso de desequilibrios, refinanciación de deudas provinciales y apoyo político para la gestión de créditos internacionales.

    Ese acuerdo terminó convirtiéndose en uno de los puntos más conflictivos del federalismo argentino. Varias provincias fueron a la Justicia porque, desaparecidas las AFJP, la retención continuaba. En 2015, la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis y declaró inválida la continuidad de ese descuento sin un nuevo acuerdo federal.

    Le siguió el Pacto Fiscal Federal de 1993 -firmado también bajo el menemismo- por el que las provincias asumían compromisos concretos como eliminar o reducir impuestos considerados “distorsivos” y modernizar la administración tributaria, privatizar bancos provinciales deficitarios, ajustar el gasto público, limitar el crecimiento del empleo estatal y avanzar en reformas previsionales. El enunciado es similar a lo que hoy todavía está pendiente.

    A cambio, la Casa Rosada ofrecía compensaciones financieras, fondos especiales para cubrir déficits, avales para tomar créditos afuera y programas de asistencia técnica. El Gobierno nacional necesitaba resultados fiscales para mostrar al FMI y varios gobernadores no tuvieron otro camino que aceptar por su dependencia creciente de los giros nacionales.

    Con Fernando de la Rúa en la presidencia y José Luis Machinea en Economía se sucedieron los compromisos fiscales de 1999 y 2000 que pedían déficit cero provincial, congelamiento del gasto público, reducción del déficit previsional, reformas impositivas locales y límites al endeudamiento. A cambio la Nación que, una vez más, negociaba recursos con el FMI, garantizaba refinanciación de deudas, compensaciones económicas y asistencia técnica. En medio de la crisis, las provincias emitieron cuasimonedas y los acuerdos quedaron en la nada.

    Otra etapa

    Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003 comenzó un estilo diferente de relación con las provincias. La Nación concentró poder y, a partir de la entrega o negación de fondos, buscó disciplinar políticamente a los gobernadores. Crecieron las transferencias no automáticas, los recursos distribuidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

    En esos años, además, creció la presión tributaria nacional a partir de suba de impuestos, como las retenciones, que no son coparticipables. Cristina Kirchner terminó creando un “fondo sojero” para distribuir parte de esa recaudación con las provincias. Fue a finales de su gestión cuando la Corte Suprema de Justicia puso fin del descuento del 15% de la coparticipación para Anses. Fue Mauricio Macri, a semanas de asumir, quien debió cumplir con el fallo.

    En 2017, con Frigerio como ministro del Interior, se firma un nuevo Consenso Fiscal. Hay especialistas que lo consideran el “más ambicioso” de los de la lista, mientras que para otros nació con problemas de diseño.

    Las provincias debían reducir progresivamente durante cinco años, Ingresos Brutos, bajar impuestos de Sellos, eliminar tratamientos diferenciales, contener el gasto público, transparentar la información fiscal y frenar juicios contra la Nación. A cambio, la Rosada compensaba pérdidas de recaudación, devolvía gradualmente el 15% retenido para Anses, transfería fondos adicionales a Buenos Aires y refinanciaba deudas.

    Macri intentaba generar previsibilidad fiscal y mostrar un esquema más “federal” de relación con los gobernadores. Como en algunas categorías de Ingresos Brutos la banda superior de alícuotas era más alta que las vigentes, hubo provincias que las subieron. La crisis cambiaria de 2018 alteró el contexto y el pacto se suspendió en 2019.

    Alberto Fernández, después de asumir y en medio de la pandemia, directamente lo dejó sin efecto.

    La relación de la administración de Javier Milei con los gobernadores es zigzagueante, con alianzas que se reeditan en función de las promesas en un contexto permanente de reclamo de obras y recursos por parte de las provincias.

  • Comienza en Paraguay el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider por contrabando

    Comienza en Paraguay el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider por contrabando

    El exsenador entrerriano fue detenido al intentar ingresar a Paraguay, junto a su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel, con u$s211.000 sin declarar. El proceso se seguirá en el país vecino.

    El exsenador nacional Edgardo Kueider, detenido hace un año y tres meses en Paraguay, cuando intentaba ingresar al vecino país con más de u$s200.000 sin declarar, comenzará a ser enjuiciado en Asunción por los delitos de contrabando en grado de tentativa.

    Kueider comenzará a ser enjuiciado junto con su exsecretaria Iara Guinsel, con la que además mantenía una relación sentimental y quien lo acompañaba cuando fueron detenidos en un puesto fronterizo por la policía paraguaya.

    El juicio, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, comenzará a las 8 de la mañana (hora de Asunción, la misma hora en Buenos aires), y será sustanciado ante el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos Económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

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    El exsenador fue detenido a junto a su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel.

    El exsenador fue detenido a junto a su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel.

    En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión, aunque para el cómputo de la condena se considerará cumplido el año y medio que ya transcurrió en Asunción con prisión domiciliaria.

    En principio, el juicio se iba a llevar a cabo el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año y volvió a prorrogarse por pedido de la Fiscalía.

    El exsenador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de u$s211.000, 640.000 guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar.

    Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024 y desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

    Kueider sostuvo en reiteradas ocasiones que es inocente y que los fondos que le secuestraron al ingresar a Paraguay no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.

    Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición

    Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

    Uno se tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.

  • El inicio del juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay fue postergado una semana

    El inicio del juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay fue postergado una semana

    Este lunes a partir de las 8 de la mañana, el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos debía comenzar a juzgar a Edgardo Kueider y a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. Pero Elsa García, presidenta del Tribunal, dispuso postergar las audiencias para el martes 9. Alegó razones organizativas para sostener la decisión. El juzgado se completa con Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

    El fiscal Ysrael Villalba Ramírez acusa al exsenador y su pareja de contrabando en grado de tentativa. El proceso en contra de quien fuera legislador nacional por Entre Ríos comenzó durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

    En ese momento, la Aduana ubicada en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad detuvo la Chevrolet Trailblazer en la que circulaban Kueider y Guinsel. En una mochila, se encontraron más de 200 mil dólares, pesos argentinos y guaraníes sin declarar.

    Desde que Villalba Ramírez formuló la acusación el 5 de diciembre de 2024, el exlegislador y su pareja cumplen arresto domiciliario. Pasaron por tres lugares. Un lujoso complejo en el centro de Asunción, un dúplex y un departamento en un edificio periférico pero de alta gama que es donde residen ahora.

    CORTE 1 KUEIDER: POR QUÉ APARECEN DOLARES

    El juicio sufrió dos postergaciones previas. En un principio, las audiencias iban a comenzar el 24 de noviembre del año pasado. Esa fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. Pero días antes, la Fiscalía pidió fijar una nueva debido a la extensión de otro juicio que se estaba llevando a cabo. Este lunes hubo otra dilación. La fecha se corrió una semana.

    El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.

    El juicio por contrabando es clave para comenzar a desenmarañar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.

    La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.

    El exsenador está convencido de que es inocente y de que podrá demostrarlo. Sin embargo, sabe que carga con el peso de la condena social y culpa por eso a los medios y a la Justicia.

    En cada aparición pública, se ha mostrado con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.

    En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.

    Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.

    En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.

  • Comienza el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido con 200 mil dólares sin declarar

    Comienza el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido con 200 mil dólares sin declarar

    El exsenador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, será sometido a juicio oral a partir de este lunes 1 de junio en Paraguay. El proceso, que comenzó a las 8 de la mañana, lo tiene como principal imputado junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa. Ambos llegan a esta instancia tras cumplir más de un año y tres meses de prisión domiciliaria en Asunción, luego de haber sido arrestados en diciembre de 2024 cuando intentaban ingresar al país vecino con una mochila llena de dinero sin declarar.

    El debate estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás. En caso de ser hallado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo final de la eventual condena se tendrá en cuenta el año y medio que el ex legislador ya transcurrió bajo el régimen de arresto domiciliario.

    El inicio del juicio sufrió varias postergaciones: originalmente estaba previsto para el 24 de noviembre pasado, luego se reprogramó para el 20 de abril de este año y finalmente se postergó hasta el día de hoy, 1° de junio, a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro proceso paralelo.

    Los bolsos de Kueider y Guinsel

    El hecho que originó la causa ocurrió en la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Kueider y Guinsel fueron interceptados mientras intentaban cruzar el Puente Internacional de la Amistad, el paso fronterizo que une Brasil con Paraguay.

    Durante la requisa, las autoridades paraguayas hallaron en una mochila una millonaria suma de dinero en efectivo sin declarar, compuesta por:

    Poco más de 211.000 dólares estadounidenses

    640.000 guaraníes

    Cerca de 4 millones de pesos argentinos

    Desde el momento del arresto, la pareja cumplió prisión domiciliaria en la capital paraguaya, periplo que incluyó traslados por un lujoso complejo en el centro de Asunción, un dúplex y, finalmente, un departamento en un edificio periférico de alta gama.

    A pesar de las pruebas, el exsenador ratificó su inocencia en reiteradas oportunidades y esgrimió que los fondos no eran propios. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado“, había sostenido el año pasado en declaraciones radiales.

    Enriquecimiento ilícito y lavado: las causas en Argentina

    Mientras la Justicia paraguaya avanza con el juicio por contrabando, el panorama judicial de Kueider en la Argentina es sumamente complejo, ya que protagoniza otros dos procesos por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. Una de las causas tramita en la Justicia provincial de Concordia (Entre Ríos) y la otra en los Tribunales Federales de San Isidro; actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe definir qué fuero se quedará con el expediente unificado.

    En el marco de la causa federal, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ya elevó a juicio el tramo de la investigación contra los presuntos miembros de una asociación ilícita que habría estado encabezada por el exsenador. En ese expediente, Kueider está imputado por una multiplicidad de delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

    Según la investigación de la magistrada Arroyo Salgado, el exlegislador habría utilizado diversas estructuras societarias con el fin de adquirir bienes de lujo que no coincidían con sus ingresos declarados. Ante la gravedad de la imputación, la jueza solicitó oportunamente al Senado de la Nación el desafuero de Kueider, una medida que el cuerpo legislativo aprobó con una amplia mayoría de 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

    El pedido de extradición condicionado

    A raíz de los requerimientos de la justicia argentina, la jueza Arroyo Salgado solicitó formalmente la extradición de Edgardo Kueider para que rinda cuentas en el país.

    Si bien la Fiscalía de Paraguay ya dio el visto bueno para proceder con el traslado del exsenador a suelo argentino, las autoridades judiciales del país vecino fijaron una condición estricta: la extradición solo se hará efectiva una vez que se complete de forma íntegra el proceso penal por contrabando que comienza hoy en Asunción.

    MEG/ff

  • Fuerte cruce entre el Gobierno y la Provincia por las rutas

    Fuerte cruce entre el Gobierno y la Provincia por las rutas

    Además, el Gobierno anticipó que en los próximos meses avanzará la rehabilitación de otros 540 kilómetros correspondientes a la primera etapa del programa, que forma parte de un plan más amplio para modernizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

    La respuesta de Gabriel Katopodis

    La respuesta de Katopodis no tardó en llegar. El exministro de Obras Públicas durante la gestión de Alberto Fernández cuestionó duramente el anuncio y acusó al Gobierno de exagerar los resultados obtenidos.

    “Más chantas no se consigue. Festejan que taparon baches y cortaron el pasto en 200 kilómetros de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales”, escribió el funcionario bonaerense en su cuenta de X.

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    Katopodis también sostuvo que la administración nacional “no hizo un solo kilómetro nuevo” y paralizó las obras que estaban en ejecución. Además, cuestionó el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y del extinto Impuesto PAIS.

    “Se timbearon más de 6 billones de pesos. No invirtieron un peso en infraestructura, pero usaron esa plata para dibujar el superávit”, afirmó.

    Reacción de Pablo Quirno

    Las críticas motivaron una inmediata respuesta de Quirno, quien responsabilizó a la gestión anterior por el deterioro de la red vial nacional.

    “Habla al país el que dejó las rutas en estado deplorable mientras usaban dinero de los argentinos en poner techo a las piletas de los clubes municipales en la provincia de Buenos Aires, entre otros delirios”, retrucó el funcionario nacional.

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    El enfrentamiento refleja dos visiones contrapuestas sobre el rol del Estado en la infraestructura. Mientras el Gobierno nacional apuesta a transferir la operación, administración y mantenimiento de corredores viales al sector privado mediante concesiones financiadas con peajes, desde el kirchnerismo sostienen que esa estrategia implica una retirada del Estado y una paralización de la obra pública.

    La Red Federal de Concesiones constituye uno de los principales proyectos de infraestructura de la administración Milei. El esquema contempla licitaciones nacionales e internacionales para la gestión de más de 9.000 kilómetros de rutas distribuidas en distintas etapas.

    La primera fase incluyó los corredores del ex Corredor Vial 18, cuya concesión venció en 2025, y abarca principalmente las rutas nacionales 12 y 14, además del puente Rosario-Victoria. Posteriormente se avanzó con nuevas etapas que incorporan más de 8.000 kilómetros adicionales en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, Tucumán y Salta.

    Desde el oficialismo aseguran que el nuevo modelo permitirá mejorar la infraestructura vial sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional y con mayores estándares de mantenimiento y seguridad. En la oposición, en cambio, advierten que la estrategia no reemplaza las obras de ampliación y construcción de nuevas rutas que históricamente fueron financiadas por el Estado.

    El intercambio entre Quirno y Katopodis volvió a poner en evidencia una de las discusiones centrales de la política argentina actual: quién debe financiar las obras de infraestructura y cuál debe ser el papel del Estado en el desarrollo de proyectos considerados estratégicos para la economía y la integración del país.


  • El guiño de la senadora. Patricia Bullrich refuerza su perfil propio y suma señales al electorado macrista

    El guiño de la senadora. Patricia Bullrich refuerza su perfil propio y suma señales al electorado macrista

    Entre libertarios subordinados casi por completo a las órdenes de Karina Milei, Patricia Bullrich construye una agenda propia. Lo hace con movimientos medidos, sin romper con el oficialismo, pero con señales dirigidas hacia el electorado que la acompañó como candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

    En las últimas semanas presentó un proyecto sobre biocombustibles que seduce al campo, tomó distancia de la situación de Manuel Adorni −investigado por su crecimiento patrimonial− y adelantó su propia declaración jurada de bienes después de reclamar mayor transparencia dentro del Gobierno.

    Son gestos que dialogan con dos banderas históricas del electorado macrista: el vínculo con el sector agroindustrial y la idea de transparencia institucional.

    Surgen en un contexto particular. Según un estudio de Casa Tres, la consultora dirigida por Mora Jozami y ligada al macrismo, el 40% de quienes votaron a Bullrich en 2023 hoy expresa incertidumbre y desilusión. Solo el 35% manifiesta esperanza sobre el futuro del país, mientras que entre los votantes libertarios puros ese número asciende al 64%.

    En paralelo, la imagen de la senadora conserva niveles altos. Las consultoras Giacobbe y Atlas Intel -que elabora un informe para Bloomberg- la ubican con más de 39 puntos de imagen positiva, incluso por encima del Presidente. Los especialistas, sin embargo, aclaran que imagen e intención de voto no son necesariamente equivalentes.

    Los movimientos de Bullrich son observados con atención dentro del oficialismo, sobre todo después de desmarcarse del caso Adorni. Aunque Javier Milei la cuestionó durante una reunión de la mesa política −episodio que la senadora atribuyó a la “emocionalidad” del Presidente−, en el Gobierno evitan confrontarla abiertamente.

    Incluso el propio jefe de Gabinete llegó a definirla como “una fenómena” después de que Bullrich lo expusiera por su demora en presentar la declaración jurada.

    Un sondeo de AtlasIntelpara Bloomberg correspondiente a mayo ubica a Patricia Bullrich con 39 puntos de imagen positiva
    Un sondeo de AtlasIntelpara Bloomberg correspondiente a mayo ubica a Patricia Bullrich con 39 puntos de imagen positiva

    En ese marco cobra relevancia el proyecto que Bullrich impulsa por iniciativa propia: un marco regulatorio por 15 años para crear un mercado de biocombustibles competitivo y desregulado. La iniciativa propone aumentar progresivamente el corte obligatorio del biodiesel del 7,5% al 10% y el del bioetanol del 12% al 15% en un plazo de doce meses.

    Se trata de un viejo reclamo de provincias ligadas al agro como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, además del interior bonaerense. Impulsan su reclamo frente al lobby petrolero afincado sobre todo en Vaca Muerta, un modelo energético que esta gestión sostiene como emblema. Bullrich, sin embargo, representa en el Senado a la ciudad de Buenos Aires.

    Hasta ahora, en su rol de jefa de bloque libertario, se había limitado a respaldar proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Esta es la primera iniciativa con sello propio. “Es algo que se venía trabajando junto al secretario de Energía. Lo presentó con los integrantes de LLA de esa comisión”, aclararon cerca de la senadora.

    La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador Maximiliano Pullaro durante una conferencia por el Plan Bandera, en Sante Fe
    La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador Maximiliano Pullaro durante una conferencia por el Plan Bandera, en Sante FeMarcelo Manera

    La avanzada coincide, además, con un momento de mayor despliegue territorial y político. Bullrich sostiene una agenda activa con dirigentes y empresarios de distintos puntos del país. En los últimos meses estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba, participó en Montevideo de actividades de la Fundación Manantiales junto a referentes del Partido Nacional uruguayo, compartió encuentros con legisladores hondureños sobre democracia y seguridad y viajó a Chile para reunirse con el presidente de derecha José Antonio Kast. También mantuvo actividades en la Ciudad de Buenos Aires y encuentros con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella. La semana próxima visitará Mendoza para participar de un evento académico sobre ciberseguridad.

    Santa Fe aparece especialmente en ese esquema. La semana pasada, Federico Angelini −dirigente cercano a Bullrich− dejó su cargo como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad para sumarse al equipo del gobernador Maximiliano Pullaro. Según pudo reconstruir LA NACION, Bullrich y Pullaro consolidaron un vínculo fluido durante la implementación del Plan Bandera, la estrategia federal de seguridad diseñada para Rosario y su área metropolitana.

    Tal como contó este medio, Angelini decidió alejarse de la gestión nacional porque coincide con Bullrich en que Adorni no debería continuar al frente de la jefatura de Gabinete.

    Patricia Bullrich y Federico Angelini
    Patricia Bullrich y Federico AngeliniInstagram

    En el bullrichismo, de todos modos, buscan evitar cualquier señal de ruptura con la conducción libertaria. Admiten que ella conserva ambiciones políticas, aunque sostienen que no es momento de pensar en candidaturas. Hablan más bien de un proceso “de abajo hacia arriba”, enfocado en ampliar la base política del oficialismo entre sectores no peronistas. Una lógica distinta a la que predomina en el armado de Karina Milei, centrado en preservar la pureza libertaria.

    “Tiene que ver con darle mayor gobernabilidad al Presidente y bajar el riesgo país”, sostienen quienes la rodean. “No va a sacar los pies del plato. Todo apunta a fortalecer la reelección de Milei”.

    Bullrich también mantiene un canal de diálogo indirecto con Mauricio Macri. La relación es cordial, aunque distante del vínculo político y personal que supieron tener. Nadie descarta un eventual reencuentro político a futuro. Quienes conocen a los dos aseguran que, si eso ocurre, responderá más al pragmatismo que a un acercamiento personal.