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Este jueves se conoció que la inflación de mayo fue del 2,1%, la menor desde septiembre de 2025, y más baja que la que el mercado había adelantado. Un día antes, el miércoles, la calificadora S&P elevó la nota de la deuda argentina y desató horas de euforia en el mercado argentino: el riesgo país alcanzó los 441 puntos básicos, el valor más bajo en lo que va de la gestión libertaria, y las acciones treparon 6,4 por ciento. Son días de buenas nuevas financieras, que sin embargo el Gobierno no está logrando capitalizar. El affaire Adorni domina la agenda pública con la misma potencia con la que agiganta la grieta en el gabinete.

El problema es que, si bien la Casa Rosada acumula victorias para mostrar, no puede darse el lujo en este momento de alimentar flancos. El affaire Adorni ya probó que los escándalos de gestión tienen costo político en una administración que construyó buena parte de su capital sobre la promesa de transparencia. No tiene sentido relativizar el monto de la inconsistencia económica de Adorni con otros casos de corrupción. Para el relato libertario es fulminante. Y el margen para tropiezos se achica: la oposición ya procesa cada movimiento del Gobierno con el ojo puesto en 2027, mientras la economía –pese a los equilibrios macroeconómicos conseguidos– sigue sin traducirse en un alivio tangible para la mayoría de los argentinos.

El consumo sigue estancado (dejó de caer, según el consenso, pero no mejora) y la macro todavía no puede darse por estabilizada. Sin ir más lejos, en el equipo económico ya dan por descontado que junio cerrará en rojo: será la cuarta vez que ocurre en 30 meses. Desde enero de 2024, solo en junio y diciembre de ese año, y en diciembre de 2025, las cuentas públicas acumularon déficit tanto primario –el resultado entre ingresos y gastos– como financiero, lo que queda tras el pago de intereses de la deuda. Varios factores se conjugan para explicar el resultado: el pago de aguinaldos a jubilados y el mayor costo de la energía en el invierno son dos grandes claves. El Tesoro está afrontando este mes la transferencia de unos $300.000 millones a Enarsa para pagar los buques que traen el gas natural licuado importado, y otros $500.000 millones a Cammesa en concepto de subsidios energéticos. Al igual que en la familia Adorni, la herencia kirchnerista se hace chicle.

Pero a esta altura del Gobierno, el argumento puede empezar a perder elasticidad. Fue el propio ministro Luis Caputo el que adelantó que ya no queda mucho margen para seguir ajustando gastos. Y no terminan de prenderse los motores que impulsen con fuerza los ingresos tributarios. La minería, el petróleo y el gas, y el agro están traccionando, pero no terminan de compensar por ahora al resto de los sectores que todavía vienen rezagados.

La idea de que los bancos puedan oxigenar el negocio hipotecario con el respaldo de la Anses tampoco termina de despegar. Las conversaciones siguen, sí, pero avanzan en círculos. El problema de fondo es conocido en el gabinete, aunque pocos lo dicen en voz alta: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –valuado en unos nada despreciables U$S80.000 millones– es responsabilidad de Finanzas, pero queda bajo la órbita de la Anses, que está bajo el paraguas del Ministerio de Capital Humano. Y la ministra Sandra Pettovello no termina de convencerse. Entre ella y el equipo económico hay buena sintonía, pero no necesariamente se traduce en un acuerdo sobre qué hacer con el dinero del FGS.

En las provincias, en tanto, los gobernadores monitorean de cerca los casos de empresas en crisis. A nadie se le escapa que, en clave electoral, la oposición pueda valerse de algún caso como testigo a medida que se caliente la campaña. En Entre Ríos, la reestructuración de la empresa Granja Tres Arroyos mantiene alerta a la gestión de Rogelio Frigerio. El gobernador sabe que tiene enfrente a un contendiente astuto, como es Guillermo Michel, el exresponsable de la Aduana en la gestión de Sergio Massa. La crisis de la compañía avícola se ha transformado casi en una cuestión de Estado. Ya el clima de la provincia está caldeado ante la reforma previsional que busca apuntalar el gobierno de Frigerio para revertir el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Pero no es solo la macro la que no termina de despejarse. También la administración libertaria tiene frentes abiertos en los procesos de privatización. La licitación de la Hidrovía, el principal corredor fluvial de la Argentina, por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales, sigue sumando polémica. La belga DEME, que quedó segunda en el proceso que llevó adelante la Administración Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y perdió ante el consorcio conformado por Jan de Nul-Servimagnus, no baja los brazos. Según pudo saber LA NACION, planeaba presentar por estas horas una iniciativa privada ante el Gobierno, en el marco de la Ley Bases y del Decreto 713/2024, para forzar un nuevo proceso licitatorio bajo condiciones que, a su juicio, le habrían permitido ofrecer una tarifa más competitiva que la que habilitaban los pliegos. En una carta que le envió la semana pasada al Ministro Luis Caputo, DEME aseguró que podía prestar el servicio de dragado con una tarifa 17,4% inferior a la establecida como piso en el proceso actual. El de la Hidrovía es un negocio de peces pesados. Nadie se da de baja sin dar una pelea a fondo.

Pero no es el único. La puja por habilitar la competencia en el negocio de las vacunas contra la aftosa sigue. Pese a que fue una de las primeras batallas del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, todavía no termina de cantar victoria. La apuesta ahora del Gobierno pasa por incorporar un tercer jugador: el laboratorio colombiano Vecol. Se espera que el Senasa apruebe en estas semanas la vacuna de Vecol para sumarse así a la del laboratorio nacional Tecnovax –que fue habilitado en febrero pasado, aunque consideró que su vacuna tiene una efectividad de seis meses y no de 12, como se contempla en Brasil– y del hasta ahora líder del mercado, Biogénesis Bagó, donde son socios el laboratorio Bagó y el empresario Hugo Sigman.

Entretanto, en el mundillo bursátil finalmente pareciera haber comenzado el proceso de consolidación de agentes -Alycs, en la jerga financiera- que hace meses se viene anticipando. Balanz, una de las principales del mercado, anunció esta semana la adquisición de Grupo del Plata, y estaría por anunciar la incorporación ahora de Zofingen, mientras que el Banco Valo está negociando para incorporar dos operadores. La lógica es clara: escala o irrelevancia. El negocio de inversiones minoristas creció con fuerza en los últimos años, pero la rentabilidad exige masa crítica y los jugadores chicos tienen cada vez menos margen para sobrevivir solos. La apuesta de empresas como Balanz y Valo es eventualmente poder tener el volumen suficiente como para abrir su capital a la Bolsa. En el sector financiero miran la movida con atención. “Balanz es un jugador muy importante en la colocación de los bonos internacionales corporativos y provinciales; están administrando más de US$15.000 millones -dice un hombre del sistema financiero con muy buena lectura del mercado-. Están sobrando muchas Alycs y empieza la fase de la concentración; de las 300 que hay actualmente, en la Argentina deberían quedar 40, como mucho. El mercado estaba sobredimensionado por el negocio del “contado con liqui”. En Brasil y México hay 50 brokers para mercados de capitales varias veces más grandes que el argentino”, explica.

No menos convulsionada es la situación de las cámaras bancarias. Tras la salida del Banco Nación de Abappra, la cámara que agrupa a la banca pública, el Provincia planteó una renovación de nombres en la dirección ejecutiva. Con el aval del Consejo Directivo, se decidió la salida del experimentado Marcelo Mazzón y se contrató a una consultora para buscar su reemplazo. El nuevo director ejecutivo se definirá en las próximas semanas. Es un puesto codiciado, dado el rol que los bancos públicos provinciales juegan en el financiamiento de las economías regionales, justo cuando los gobernadores tienen la mira puesta en el ciclo electoral que se avecina.

Aunque todo el ruido argentino pareciera ser menor para el empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, que acaba de instalarse en la Argentina. Considera que existe en los Estados Unidos una amenaza mucho mayor. Quienes participaron de encuentros con el enigmático Thiel no solo aseveran que parte del motivo de instalarse en la Argentina es su admiración por Milei, con quien comparte buena parte de la cosmovisión libertaria, sino también algo más concreto: la seguridad. En el nuevo mapa geopolítico que trazan los analistas del mundo tech, Bahía Blanca aparece como la ciudad más alejada del radio de alcance de los misiles chinos. En tiempos en que la diversificación geográfica del riesgo es moneda corriente entre los grandes capitales globales, la Argentina empieza a figurar en conversaciones que antes habrían parecido improbables.