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  • Reforma tributaria: Neuquén avisa que puede recibir IVA y bajar la alícuota total

    Reforma tributaria: Neuquén avisa que puede recibir IVA y bajar la alícuota total

    El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, abrió el debate sobre la reforma tributaria que Casa Rosada debe presentar a lo largo del 2026 debido a lo acordado con el FMI. Figueroa dijo que si se establece un IVA diferencial, “Neuquén va a tener un IVA más barato”.

    El debate por los cambios de impuestos en Argentina tiene como eje la eliminación de tributos de carácter distorsivo. Entre ellos está Ingresos Brutos que cobran las provincias, que es uno de los más cuestionados por los empresarios, porque se trata de un verdadero gravamen a la facturación. En cadenas largas de valor tiene alto impacto en el precio final. Ese impuesto es pilar de la recaudación de la mayoría de las jurisdicciones.

    Desde el Gobierno Nacional se busca que las provincias tengan una mayor responsabilidad en la recaudación, de manera de estimular una suerte de competencia entre las jurisdicciones para atraer inversiones. En ese contexto, uno de los elementos del debate es trasladar a las jurisdicciones subnacionales una parte del IVA, de una manera similar a la que hay en Estados Unidos donde conviven tax federales y estaduales sobre el consumo.

    Figueroa planteó el desafío a través de redes sociales: “Si se establece un IVA diferencial para poder cobrarlo las provincias, Neuquén va a tener un IVA más barato”.

    “Queremos asumir ese desafío, porque los neuquinos somos corajudos. Queremos bajar el IVA, y estamos convencidos de que eso va a traer también muchísima más actividad económica”, enfatizó el mandatario quien aseguró que “no vinimos a dejar todo como está, queremos llevar adelante este gran cambio para Neuquén”.

    IVA local por Ingresos Brutos

    En rigor, el debate sobre un IVA provincial va atado a un eventual compromiso de las provincias de eliminar Ingresos Brutos. Pero no todas estarían en condiciones de hacer ese cambio sin perder financiamiento.

    En el caso del IVA, Neuquén integra el grupo de provincias que podría recibirlo sin perder dinero. Es de recordar que es un tributo coparticipable. El 52% de la recaudación de envía automáticamente todos los días a las tesorerías de las gobernaciones.

    Pero hay algunas jurisdicciones que aportan más de lo que reciben y otras reciben más de lo que aportan. Tomando en cuenta eso, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que hay 18 jurisdicciones que si tuvieran IVA local, tendrían que subir la alícuota por encima del 21% para seguir cobrando la misma plata que perciben ahora.

    El estudio hace una proyección para un IVA nacional de 10% y otro de 11% para las gobernaciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires actualmente aporta casi el 42% de la recaudación total, pero percibe el 11,18%. Es decir, que podría tener un IVA provincial bajo. Para mantener la misma recaudación podría cobrar un impuesto provincial del 6% y tener una carga total de 16%

    En el caso de Neuquén, origina el 1,84% del impuesto en su territorio pero recibe 0,87%. Para mantener los mismos ingresos podría tener un IVA de 10% y cobrar un total de 20%.

    Siguiendo el mismo razonamiento, Formosa tendría que cobrar 57% de IVA, porque genera el 0,82% de la recaudación en su territorio, pero percibe 1,82%. En este caso sería inviable.

    El peor de los casos es Catamarca, tendría que tener un IVA total de 81%; seguido por La Rioja, 53%; Chaco, 50%; San Juan,47%; Santiago del Estero y La Pampa, 44%; Tierra del Fuego, 37%; San Luis, 36%; Jujuy, 33%; Misiones, 32%; Corrientes y Río Negro, 31%; Entre Ríos y Tucumán, 30%; Salta, 28%; Santa Cruz, 25%; y Mendoza, 24%.

    Los que podrían estar más abajo, además de Buenos Aires y Neuquén son Santa Fe, 20,9%, Córdoba, 20,7%; Chubut, 20,6%; y Ciudad de Buenos Aires, 12,7%.

    Ingresos Brutos: difícil de reemplazar

    Recientemente la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos para monotributistas y pequeños contribuyentes. En ese caso, el gasto tributario es menor si se toma el global de la recaudación.

    La recaudación propia de este impuesto generada en el propio territorio de las provincias es inferior a lo que reciben desde la Comisión Arbitral del Convenio Multilaterial (COMARB). La COMARB es una especie de “clearing” de impuestos entre provincias. Empresas de un territorio le venden a clientes en otra jurisdicción, y a la inversa. Todos los meses se distribuyen los saldos.

    Según estimó el ex director de Aduana, Guillermo Michel, las provincias recaudaron en el primer trimestre $9,7 billones, pero $6 billones le llegaron por COMARB y $3,7 billones fueron propios. Además de ello, hay que tener en cuenta que en el ámbito de COMARB funcionan los sistemas de percepción de anticipos de Ingresos Brutos a través de cuentas bancarias, ventas con tarjetas y en cuentas de pago.

    En conclusión: resultará muy difícil eliminar Ingresos Brutos en un movimiento. Podría llevar a la quiebra a varias jurisdicciones.

    Especulan los gobernadores

    Lo de Figueroa se sale del molde. En general los mandatarios provinciales no están apurados en avanzar en una reforma tributaria que implique ceder Ingresos Brutos y recibir una parte del IVA. La anterior experiencia de un pacto fiscal fue en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri. En función de ese acuerdo el impuesto se tendría que haber dejado de cobrar en 2023, tras un cronograma de 5 años. Pero cuando se terminó la experiencia de Cambiemos, con el gobierno Alberto Fernández se volvió para atrás.

    Es decir, que ante una nueva propuesta de un cronograma de reducción gradual hasta la eliminación, los mandatarios podrían especular a que un cambio de signo político en Buenos Aires revierta la situación.

    Por eso, algunos tributaristas recomiendan hacer los cambios por shock en el caso de una reforma integral. Si hubiera un IVA provincial tendría que convivir con un impuesto local a la última venta, que pagaría solo el consumidor final y no afectaría al costo de producir de las empresas.

  • Impulsan un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande con descuentos de hasta el 50%

    Impulsan un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande con descuentos de hasta el 50%

    La propuesta, a la que tuvo acceso Ámbito, plantea la constitución de un “Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino”, cuyo objetivo es “garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano”.

    Entre sus principales puntos, se destacan descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

    El control del mismo estará a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, con la participación de entes reguladores provinciales. Se incluye, además, la presentación de informes trimestrales al Congreso y un registro público de beneficiarios.

    Conferencia del peronismo

    El proyecto es fruto de la unión de otras iniciativas en ese sentido que fueron presentadas por senadores peronistas Florencia López (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Lucía Corpacci (Catamarca), y responde a una demanda histórica que suele dominar parte de la agenda de las cumbres de los gobernadores de la región.

    Precisamente, este miércoles, los legisladores justicialistas brindaron una conferencia de prensa en el Congreso para presentar los principales lineamientos de la iniciativa. Además de los dirigentes ya mencionados, estuvieron José Mayans (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Fernando Rejal (La Rioja), María Teresa Gonzáles (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y Carlos Linares (Chubut).

    Al respecto, Mayans denunció que el “fuerte atraso salarial en las provincias” y aseguró que impacta directamente en el consumo y la recaudación. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, advirtió el titular de la bancada PJ. Comentó, además, que “los jubilados no tienen expectativas de mejora” y que “este proyecto representa un alivio concreto”.

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    Capitanich, en tanto, destacó que las 10 provincias que conforman el Norte Grande representan un tercio de la superficie de la Argentina y el 20 % de la población. “Son cerca de 10 millones de habitantes que sufren altas temperaturas de noviembre hasta abril”, graficó.

    Por otra parte, ponderó el consenso del bloque, ya que se trata de “un proyecto unificado de 20 artículos que toma las mejores iniciativas de todos los proyectos para lograr los consensos. Es una herramienta que permitiría resolver el problema energético. Hay muchos problemas para industrias y productores en materia de energía”.

    “Se trata de darle un alivio al bolsillo de los argentinos y de que el Gobierno nacional se haga responsable de que estas cosas que hacen a la dignidad a la persona: poder acceder a un servicio tan básico como es la energía eléctrica”, sumó Corpacci.

    Entre los antecedentes directos, está el Régimen de Zona Fría, creado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. El mismo contempla una tarifa especial en el gas natural para regiones con bajas temperaturas, principalmente la Patagonia. Incluye descuentos de hasta 50% para sectores vulnerables y del 30% en general, aunque su incidencia se licúo progresivamente con la quita de subsidios y aumentos en las facturas.

    Ante la consulta de Ámbito, desde una banca que pertenece a La Libertad Avanza (LLA) desestimaron el proyecto del PJ. “Más que la tarifa diferencial, deberían terminar los monopolios y los feudos”, protestó un dirigente violeta norteño. Más cauto se mostraron desde un escaño radical: “Vamos a tomar posición una vez que conozcamos la letra chica”.

    En las últimas semanas, el peronismo intentó recuperar la iniciativa en distintos frentes, aprovechando la mala hora que atraviesa el Gobierno nacional. Uno de ellos es el legislativo, donde la alianza entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas le permitieron a Javier Milei alzarse con distintas victorias, como la aprobación del Presupuesto, la reforma laboral y la reforma de la ley de Glaciares.

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    En 2025, los gobernadores del Norte Grande acordaron presentar un proyecto de ley de tarifa eléctrica diferencial.

    En 2025, los gobernadores del Norte Grande acordaron presentar un proyecto de ley de tarifa eléctrica diferencial.

    Actualmente, integran el Norte Grande caciques de diversas escuderías, con posicionamientos distintos frente a la gestión libertaria. Por el peronismo, están Osvaldo Jaldo (Tucumán), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Gildo Insfrán (Formosa); la pata radical la conforman Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy); mientras que los provincialismos tienen Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta) como representantes.

    En junio del año pasado, los gobernadores del espacio se reunieron en Santiago del Estero y acodaron avanzar con un proyecto propio de tarifa eléctrica diferencial para “compensar las asimetrías en provincias y localidades en zonas bioambientales cálidas y muy cálidas”.

    “Planteamos una cuestión de equidad e igualdad, redistribuyendo recursos, sin alterar el equilibrio fiscal ni generar nuevos impuestos, teniendo como beneficiarios a los usuarios residenciales y manteniendo la autonomía de las provincias en el resultado que pueda dar la ley”, indicaron los mandatarios.

    A diferencia del texto actual, aquel también incluía regiones litoraleñas, como el norte de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que no fuero contempladas en la nueva iniciativa.

    En el terreno político, la incógnita es si el proyecto dividirá las aguas entre los libertarios y sus aliados. Por ejemplo, hay senadores que reportan a caciques norteños cercanos a la Casa Rosada, cono la chaqueña Silvina Schneider, alfil de Zdero en el parlamento.

  • Una opción "racional". Rocca le pidió a Macri sostener la participación de Pro en las próximas elecciones nacionales

    Una opción "racional". Rocca le pidió a Macri sostener la participación de Pro en las próximas elecciones nacionales

    Paolo Rocca le transmitió a Mauricio Macri su preocupación por la situación económica y política actual, y le planteó la necesidad de sostener una opción electoral “racional” de la que Pro forme parte en las próximas elecciones nacionales. El planteo se dio durante una cena, a principios de abril, en la casa del CEO del Grupo Techint.

    Del encuentro participaron también el diputado nacional y secretario general de Pro, Fernando de Andreis; el legislador porteño Darío Nieto, mano derecha del expresidente; y tres directivos del grupo empresario.

    “Se conocen desde hace mucho tiempo”, explicó a LA NACION un ladero del macrismo, que confirmó la invitación del empresario al expresidente. En ese sentido, fuentes del espacio encuadraron la reunión en una serie de contactos que Macri viene manteniendo con referentes de distintos sectores económicos. “Hay mucha gente que lo está convocando”, señaló un dirigente.

    Paolo Rocca, presidente y CEO del Grupo Techint
    Paolo Rocca, presidente y CEO del Grupo TechintFernando Massobrio – Archivo

    La conversación se produjo después de que Macri anunciara que Pro presentará un candidato propio en las próximas elecciones nacionales. Durante una cumbre partidaria en Parque Norte, el expresidente respaldó el rumbo adoptado por el gobierno de Javier Milei, descartó una oposición frontal y planteó que Pro será “el próximo paso” para consolidar y volver sostenibles los cambios impulsados por los libertarios. Aun así, advirtió que no hará silencio y que marcará diferencias cuando lo considere necesario.

    En paralelo, Macri puso en marcha lo que en Pro llaman “el próximo paso tour”: una serie de recorridas por el interior para reposicionar al partido de cara a la próxima contienda electoral. En las últimas semanas visitó Chaco y Corrientes, donde se reunió con los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, respectivamente, además de otros referentes provinciales. De esas actividades participan Ezequiel Sabor −secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño− y Ezequiel Jarvis −vicepresidente del Ceamse−, que ofician como armadores territoriales, junto con De Andreis.

    Mauricio Macri se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero
    Mauricio Macri se reunió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero

    Rocca, en tanto, es uno de los principales referentes de la industria argentina y protagonizó en los últimos meses un enfrentamiento abierto con Javier Milei. El Presidente lo llamó “Don Chatarrín de los tubitos caros” después de que una empresa de su grupo perdiera una licitación millonaria frente a un competidor indio. También lo acusó de conspirar contra el Gobierno tras la derrota oficialista en las elecciones bonaerenses del año pasado.

    El mensaje que compartió Milei
    El mensaje que compartió Milei

    A comienzos de este año, Techint quedó afuera de un contrato de alrededor de US$250 millones para proveer los caños de un ducto de casi 500 kilómetros que unirá Vaca Muerta con Río Negro. La obra es una pieza central del proyecto para transportar gas, licuarlo y exportarlo por barco, uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos de la gestión Milei. La adjudicación quedó en manos de la firma india Welspun, por decisión de las principales petroleras del país.

    Ese resultado profundizó la tensión entre Rocca y la Casa Rosada y volvió a poner en primer plano sus cuestionamientos a la apertura importadora. El empresario viene advirtiendo sobre el impacto de una competencia que considera desigual para la industria local.

    Paolo Rocca, Welspun y Milei
    Paolo Rocca, Welspun y Milei

    “Además de nivelar la cancha, hay que defender profundamente la estructura industrial”, sostuvo en una de sus primeras críticas públicas, durante una actividad en diciembre en la que coincidió con Patricia Bullrich. También reclamó “una apertura inteligente de la economía, que le dé tiempo a la cadena para adaptarse, incorporar tecnología e invertir”.

    En esa línea, apuntó especialmente contra la presión de las importaciones chinas sobre el mercado del acero. “China produce el 50% del acero del mundo y, frente a la caída de su consumo interno, está ingresando con una actitud predatoria y desleal”, afirmó.

    Las próximas recorridas del expresidente

    Macri continuará con el tour federal el 29 de mayo en la región de Cuyo. Hará base en la ciudad de Mendoza y recorrerá San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca. En paralelo, su equipo, con De Andreis a la cabeza, viajará la próxima semana a Santa Fe y Entre Ríos con la mira puesta en el armado electoral hacia 2027.

    Aunque el expresidente se puso al hombro la tarea de devolverle “nitidez” a Pro y reinstalarlo en la escena nacional, en el macrismo evitan hablar por ahora de candidaturas. “Primero hay que construir la carrocería y después elegimos al piloto”, resumen cerca suyo.

    En ese contexto, la opción de un outsider, que en algún momento sobrevoló el armado partidario, pierde fuerza. “Tiene que ser alguien nuestro”, admiten en el círculo chico de Macri. Otro dirigente lo completa: “Tiene que ser alguien que muestre un recorrido y cuente una historia”.


  • Milei va por las PASO y el peronismo resiste: la guerra que se define en los gobernadores

    Milei va por las PASO y el peronismo resiste: la guerra que se define en los gobernadores

    En esta noticia

    El Gobierno nacional tiene un plan claro para las elecciones nacionales del próximo año, la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), mientras que el peronismo pretende mantenerlas para dirimir la pelea interna. Los gobernadores son la llave, qué puede pasar.

    A través de sus redes sociales, el mandatario señaló: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”.

    Tal y como lo anunció en la apertura de sesiones del Congreso, Milei busca presentar un proyecto de reforma política para eliminar las PASO, la reforma del financiamiento de las campañas políticas y ficha limpia, entre otras modificaciones pensadas.

    El escrito entrará por el Senado, donde el bloque de La Libertad Avanza buscará alianzas con los gobernadores. Después, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará a Diputados, un lugar que tiene números más cercanos al quórum que necesita el Ejecutivo.

    Hasta ahora, el número de manos que consiguió Javier Milei en el Congreso está determinado por la cantidad de gobernadores bajo su ala. Sin embargo, fuentes parlamentarias del oficialismo saben que ese volumen está condicionado por tema, y no es fijo.

    Además, la llave para la eliminación de las PASO las tiene el peronismo en el Senado. No sólo de los peronistas que quedaron unidos bajo el ala del kirchnerismo sino también de los más cercanos al Gobierno que querrán disputar poder en sus propios distritos.

    “Por el clima social y contexto político va a ser difícil oponerse a la eliminación de las PASO”, afirmó una voz cercana a varios gobernadores hoy aliados de la Casa Rosada en el Congreso.

    Sin embargo, ya asoman voces desde Córdoba que aseguraron que mantener las PASO es una lucha del “kirchnerismo”.

    “No lo hemos discutido todavía, pero nosotros nunca las quisimos en Córdoba”, indicó una voz allegada al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

    Asimismo, desde ese distrito aseguraron que podría darse una instancia de internas abiertas, simultáneas, pero no obligatorias.

    “Si se le quiere dar una salida al tema de la participación, que es un argumento del kirchnerismo, que necesita eso para armar su propuesta electoral”, indicaron desde ese distrito. “Que hagan una interna abierta y simultánea”, expusieron.

    En este sentido, no descartaron ni confirmaron participar de esta interna en conjunto con los dirigentes nacionales del Partido Justicialista.

    Voces calificadas en diálogo con Axel Kicillof confirmaron a este medio que el gobernador, y el peronismo, van a hacer todo lo posible para que el Ejecutivo no voltee las PASO.

    El gobierno nacional busca, a través de la inclusión de Ficha Limpia al proyecto, forzar la mano de algunos senadores que podrían votar en contra.

    De todas formas, hoy el peronismo no tiene el músculo político en la Cámara Alta de los primeros dos años de Javier Milei. La llave está en los gobernadores.

    Los gobernadores y el desdoblamiento

    Otra de las presiones del Gobierno sobre los gobernadores es la voluntad para que estos no desdoblen sus elecciones provinciales y tengan sus elecciones de forma concurrente con la nacional.

    Esto significa que se vote en las provincias para gobernador, el mismo día que se vote para el binomio presidencial. Solo dos distritos no votarán para gobernador el año que viene, Corrientes y Santiago del Estero.

    El Gobierno pretende que las elecciones sean concurrentes para que el “arrastre” de los votos a Milei lleve a ganar distritos provinciales donde el Ejecutivo pretende poner candidatos que disputen con los gobernadores actuales. Confían en que unificar la votación baste aunque convivan dos sistemas de elección diferentes ese día.

    Sin embargo, muchos responden con sorna o risa a las demandas del Ejecutivo puertas adentro. “No hay chance” o “no hay posibilidad”, son algunas de las cosas que se dicen en las Casas de Gobierno provinciales.

    Grandes centros urbanos, con un amplio caudal de votos, ya han confirmado el desdoblamiento. Voces calificadas de las provincias de Córdoba y Santa Fe indicaron en diálogo con El Cronista que no irán en conjunto con las elecciones nacionales.

    En esta misma línea, en provincia de Buenos Aires están evaluando el tema. Allí, es más espinosa la decisión. Si bien Axel Kicillof desdobló para las elecciones de 2025, sabe que un posible desdoblamiento en el 2027 podría hacer perderle caudal de votos en caso de que se presente a la elección presidencial.

    Voces allegadas a los gobernadores más dialoguistas con Milei, como podrían ser Marcelo Orrego, de San Juan o Nacho Torres, de Chubut, indicaron que no habrá una ley para desdoblar y que todo será acuerdo político. Es decir, si para el gobernador sirve que el capital político de Milei arrastre votos para su propia la elección serán concurrentes, sino no lo serán.

    NA

    El año que viene podría haber algunas sorpresas: aunque todo está por verse, algunos mandatarios provinciales podrían volverse violetas si la ocasión lo amerita. Ya el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se pintó de magenta en las elecciones legislativas.

    Algunos, como Orrego o Claudio Vidal, de Santa Cruz, que mantienen una excelente relación con el Ejecutivo, quizás podrían inclinarse en esa dirección.

    Dos senadores que responden a Vidal, como la senadora Natalia Gadano recibió a Milei en la apertura de sesiones ordinarias y el diputado Garrido fue nombrado presidente de la comisión de industria de la Cámara de Diputados. Eso, incluido un adelante de coparticipación con un ATN de 100 mil millones, cimentó la relación entre Vidal y el Ejecutivo.

    Voces calificadas en diálogo con este medio, consideraron que el gobernador podría tornarse violeta el próximo año, según como se desarrollen los acontecimientos. En ese caso, las elecciones pueden ser concurrentes.

    Aun así, hay que señalar que las principales provincias y dónde está el mayor caudal de votos, probablemente tengan sus elecciones a espaldas de la discusión nacional del próximo año.

  • Reforma electoral. Quiénes son los dirigentes y exfuncionarios que no podrían ser candidatos si se aprueba Ficha Limpia

    Reforma electoral. Quiénes son los dirigentes y exfuncionarios que no podrían ser candidatos si se aprueba Ficha Limpia

    El presidente Javier Milei confirmó, ayer, que reflotará el proyecto de Ficha Limpia para impedir que personas condenadas en segunda instancia se presenten como candidatos para cargos electivos. De aprobarse, la restricción dejaría fuera de competencia a distintos dirigentes del Partido Justicialista (PJ) involucrados en casos de corrupción.

    La propuesta del Ejecutivo, según trascendió, se aplicaría para todas aquellas personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción o delitos dolosos. Las penas deben ser confirmadas antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para ser tenidas en cuenta.

    Bajo estas condiciones, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno es uno de los dirigentes peronistas que no podría volver a postularse en 2027. La Cámara Federal de Casación había confirmado, en mayo de 2025, la condena a tres años de prisión en suspenso del exfuncionario de Cristina Kirchner por alterar los datos de medición de la inflación del Indec. Es decir, enfrenta por ese delito una condena en segunda instancia tal como plantea el proyecto que enviará el gobierno nacional al Congreso.

    El exfuncionario cuenta también con condena firme −es decir, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, última instancia de apelación− en otras dos causas: una por la compra de cotillón anti-Clarín y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa.

    La pena contra Moreno ya incluía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo cual plantea la pregunta sobre si Ficha Limpia modifica o no la situación electoral de este y otros exfuncionarios condenados e inhabilitados. El caso ineludible es el de la expresidenta Cristina Kirchner.

    En declaraciones radiales, Moreno había deslizado que, de todos modos, buscaría presentarse en 2027 dado que −interpretaba− “la condena es por inhabilitación perpetua para ser funcionario público” y que “un funcionario público es un policía o un ministro”. A su criterio, la restricción no alcanzaría a los cargos electivos. Ahora, de aprobarse Ficha Limpia, quedaría frustrado de antemano cualquier intento de sortear esa condena.

    Guillermo Moreno está inhabilitado para ejercer cargos públicos
    Guillermo Moreno está inhabilitado para ejercer cargos públicosRicardo Pristupluk

    Al igual que Moreno, Cristina Kirchner también cuenta con condena firme. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo contra la expresidenta en la Causa Vialidad y la pena a seis años de prisión −que cumple en su domicilio de San José 1111, en Constitución− e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    Otro de los dirigentes del PJ que podría verse afectado por Ficha Limpia es el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Había sido condenado por un tribunal oral provincial a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, pena que fue confirmada luego en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.

    De aprobarse el proyecto del oficialismo, Urribarri no podría postularse para cargos nacionales. Sí podría presentarse a cargos provinciales, dado que Entre Ríos aún no logró sancionar una ley provincial de Ficha Limpia.

    El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri junto a la expresidenta Cristina Kirchner
    El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri junto a la expresidenta Cristina Kirchner

    Otro de los exfuncionarios kirchneristas que podría verse afectado por la aprobación de Ficha Limpia a nivel nacional es Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP (hoy, ARCA). El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública por haber favorecido a la empresa Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles. De aprobarse la reforma electoral que impulsa el Gobierno, no podría integrar una lista electoral.

    También quedaría fuera de juego el empresario de la carne y dirigente peronista Alberto Samid, habitual animador de las contiendas electorales, por dentro o por fuera de la estructura del PJ. En 2019, el matarife recibió la confirmación por parte de la Casación Penal de una condena a cuatro años de prisión por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en los 90.

    La sanción de Ficha Limpia no alcanzaría, en tanto, a dirigentes de otros partidos políticos que están siendo investigados por la Justicia como José Luis Espert. El exdiputado nacional y excandidato de La Libertad Avanza (LLA) quedó imputado, en octubre de 2025, por presunto lavado de dinero a instancias de una denuncia que presentó el legislador y dirigente social Juan Grabois luego de que se conociera que había cobrado 200.000 dólares de Federico Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico.

    Confirmaron la condena de 4 años y 8 meses contra Ricardo Echegaray
    Confirmaron la condena de 4 años y 8 meses contra Ricardo EchegarayArchivo

    Aunque enfrenta esta denuncia, Espert no tiene condenas en su contra, ni siquiera en primera instancia, por lo que, incluso si se aprobara Ficha Limpia, no existiría ninguna restricción legal a una candidatura en caso de que decidiera volver a la arena política.

    Otros dirigentes inhabilitados

    A estos dirigentes afectados, se suman otros exfuncionarios kirchneristas que, incluso de no sancionarse Ficha Limpia, ya enfrentan algún tipo de inhabilitación para competir en elecciones. Es el caso, entre otros, del exvicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou. En 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Ciccone.

    Algo similar sucede con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la Tragedia de Once. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por el siniestro ferroviario.

    El exministro de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner Ricardo Jaime también tiene condena firme en la causa por la Tragedia de Once, de modo que tampoco podría ser candidato.


  • Reforma electoral: qué provincias mantienen vigente el sistema PASO

    Reforma electoral: qué provincias mantienen vigente el sistema PASO

    Javier Milei anunció que enviará el proyecto al Congreso. Aunque Nación pretende descartar las primarias, algunos distritos todavía las utilizan para elegir candidatos.

    El presidente Javier Milei anunció que enviará la reforma electoral al Congreso. Entre sus puntos sobresalientes, el proyecto incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El sistema no solo está vigente a nivel nacional, sino que rige en un puñado de provincias, que deberán definir si se pliegan al Gobierno o si toman un camino autónomo.

    En 2025, el oficialismo logró el aval del poder legislativo para suspender las PASO de manera transitoria. De esa manera, no hubo primarias para los comicios de medio término y los argentinos fueron a las urnas el 27 de octubre. De todos modos, para que la modalidad quede sin efecto definitivamente, debe conseguir el aval de Diputados y del Senado.

    Qué provincias todavía utilizan las PASO

    Aunque no son la mayoría, varias provincias mantienen sistemas de primarias para elegir a sus candidatos. Se trata, al día de hoy, de Santa Fe, Mendoza, CABA, Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. El resto no cuenta con el sistema.

    Todas esos distritos, a excepción del caso entrerriano, tuvieron elecciones provinciales en 2025. La mayoría decidió suspender las PASO de manera temporal, acorde a lo que hizo la gestión de Javier Milei. La única excepción fue la santafesina, que mantuvo la modalidad y eligió en las urnas a sus candidatos.

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    Santa Fe es una de las provincias que todavía usan el sistema PASO.

    Santa Fe es una de las provincias que todavía usan el sistema PASO.

    Catamarca, en tanto, fue la única provincia del quinteto que no desdobló sus comicios locales.

    Cabe aclarar que la eliminación de las PASO a nivel nacional no tendría impacto directo en las jurisdicciones, ya que cada una debe modificar su propia legislación en caso de querer eliminarlas definitivamente para la votación de autoridades provinciales.

    Otros terruños, como San Juan y Salta, avanzaron tiempo atrás en la derogación de las primarias. Actualmente, la provincia que comanda Gustavo Sáenz inició el debate por una reforma laboral, proyecto que empuja el propio gobernador y que tiene en el centro del debate un eventual regreso de la ley de Lemas.

    La Casa Rosada pretende avanzar en acuerdos con gobernadores. Los mismos incluirían la implementación de la Boleta Única Papel para las elecciones provinciales, otra batalla que La Libertad Avanza (LLA) agita en los pagos chicos.

    El Presidente anunció en las redes sociales que enviará el proyecto de reforma electoral al Congreso. Además de la cuestión de las PASO, también incluye Ficha Limpia. “Los corruptos afuera para siempre”, señaló en su publicación. Y concluyó: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”.

  • Crece este año la judicialidad laboral: por qué se dan los conflictos y qué diferencias hay según la jurisdicción

    Crece este año la judicialidad laboral: por qué se dan los conflictos y qué diferencias hay según la jurisdicción

    En el primer trimestre del año, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) fueron notificadas de 26.697 nuevos juicios, un 3,4% más que en ese período de 2025. Sobre la base de ese dato, en la cámara sectorial que las agrupa, la Unión de ART, proyectan ahora que 2026 marcaría un nuevo récord en cuanto a la cantidad de litigios iniciados, con más de 38.000 casos en total.

    Solo en marzo, según comunicó la entidad empresaria, se iniciaron 13.260 reclamos, número superior en un 13% al de igual mes de 2025.

    El comportamiento fue dispar según la jurisdicción que se mire: mientras que en la provincia de Santa Fe, en CABA y en la provincia de Buenos Aires hubo en el trimestre subas interanuales de 16,2%, 8,3% y 2%, respectivamente, en Mendoza y Córdoba se registraron caídas en la cantidad de nuevos juicios de 12,7% y 8,9%. En las tres jurisdicciones mencionadas en las cuales el problema se agravó, se concentraron tres de cada cuatro demandas iniciadas en los tres primeros meses del año. En Mendoza y Córdoba, en tanto, ocurrieron 11 de cada 100 conflictos.

    En 2025 se había producido un incremento de 6,4% del número de juicios respecto del año previo. Hubo 134.141 casos, la cantidad más alta desde la creación del sistema de ART, en 1996. Por cada 10.000 personas cubiertas, hubo 132,8 litigios, un índice que registró un aumento interanual de 7,2%.

    En febrero pasado se cumplieron nueve años de la aprobación de la ley 27.348, con la cual, según la expectativa de aquel momento, se generaría un alivio al problema por entonces también creciente de la alta judicialidad. La norma previó el funcionamiento de cuerpos médicos forenses en cada jurisdicción, indicando que los integrantes cobrarían honorarios no variables ni vinculados “a la cuantía del respectivo juicio”, en tanto que “su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito”.

    Al buscar las causas de la persistente conflictividad, en el sector de las ART ponen el foco en la falta de conformación de esos cuerpos médicos. “Esta falta de designación o incumplimiento judicial permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio”, señala un informe de la UART.

    La ley de Modernización Laboral impulsada este año por el Gobierno y aprobada por el Congreso -en gran parte suspendida por la Justicia-, incluyó entre sus contenidos la insistencia en la necesidad de que se cumpla con aquella normativa de casi una década atrás.

    Según los defensores de su conformación, los cuerpos médicos forenses aportarían orden y profesionalización al proceso de determinar los porcentajes de incapacidad, con honorarios por los peritajes médicos desanclados de lo que de ellos resulte. En las ART afirman que los peritos tienen en muchos lugares honorarios relacionados con los resultados de sus propias evaluaciones y que eso provoca distorsiones.

    Desde febrero último, además, rige un nuevo baremo, que es una herramienta que traduce las secuelas de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral en un índice porcentual de incapacidad.

    Mayoritariamente, los casos que llegan a juicios son, según afirmó en una charla reciente con LA NACION la presidenta de la Unión de ART, Mara Bettiol, los de quienes tienen una incapacidad de 0% determinada por las comisiones médicas que actúan en la instancia administrativa. Y demandan en la Justicia, en busca de que se les reconozca una incapacidad que les dé derecho a una indemnización. Según Bettiol, el nuevo baremo reduce el grado de discrecionalidad posible y apunta más a las limitaciones físicas que a los síntomas expresados por las personas.

    La jueza María Elena López, del Juzgado Nacional Laboral N° 57, afirmó que en la mayoría de estos litigios no se plantean diferencias en el porcentaje de incapacidad, sino que se reclama a partir de que existió un rechazo en el sistema a reconocer un daño indemnizable monetariamente.

    La disparidad según el lugar del país es una característica que se había observado durante 2025. El índice de litigiosidad se movió ese año entre el 4,9 por 10.000 de Salta y el 300,2 de San Luis, pasando por el 295,9 de Santa Fe y el 126,5 de Córdoba.

    La ley de modernización laboral aprobada este año insiste en lo ya establecido, pero no cumplido, por una norma de 2017Marcos Brindicci

    Del total de jurisdicciones del país, 18 dieron su adhesión a la ya mencionada ley 24.348, de 2017, pero en ninguna se integró el cuerpo médico forense tal como está previsto en la norma. Las que no adhirieron son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.

    En Mendoza, donde se registró una baja en la cantidad de casos, se instrumentó hace dos años un sistema de auditorías de peritos judiciales. “Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja”, indica un informe de la UART. Eso constituye, según la entidad, “un indicador que ratifica que el viejo sistema de listado de peritos que cobran en proporción al valor del juicio (valor por ellos mismos peritado) no funciona”. Y recientemente se anunció en la provincia cuyana una ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.

    El informe difundido hoy por la UART valora un hecho ocurrido un mes atrás, cuando la Corte Suprema de Santa Fe “tomó juramento a los primeros peritos médicos forenses que se dedicarán a las causas de riesgos del trabajo”. Además, en esa provincia la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma de la ley procesal, “estableciendo la intervención obligatoria del Cuerpo Médico Forense” y “pautas claras para su funcionamiento”.

    Según Bettiol, en Salta, Corrientes y Río Negro, tres provincias con tasas de litigiosidad relativamente bajas, si bien no se conformaron cuerpos médicos según la ley, sí hay pericias hechas por profesionales que son empleados a sueldo del Poder Judicial. Agregó que pueden verse las diferencias entre cada uno de esos casos y provincias cercanas con sinestralidad similar: mientras que en Salta la judicialidad fue en 2025 de 4,9 por 10.000 asegurados, en Jujuy fue de 178,6; mientras que en Corrientes resultó de 18,5, en Entre Ríos fue de 87, y mientras que en Río Negro llegó a 30,1, en Chubut resultó de 235,8.

    En tanto, la estadística publicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra que, si se mira la cantidad de juicios por cada 1000 siniestros ocurridos, la tasa fue en 2024 (dato más reciente disponible) de 177,7, tras una suba de 13,5% respecto de 2023. Fue la segunda más alta de la historia del sistema, luego de la de 2017.

    Una cuestión clave es la de cómo se reajustan los montos fijados en sentencias judiciales, para actualizarlos al momento del cobro. Los importes varias veces millonarios suelen reducirse cuando la causa judicial llega a instancias superiores.

    El sistema de ART tiene, según la estadística oficial a enero último, 10.169.654 trabajadores asegurados. El número de empleadores, en tanto, llega a 990.219, incluyendo a los de casas particulares.



  • Kicillof fue a la Corte para reclamar por la deuda de ANSES y Nación llevará una propuesta de pago el 10 de junio

    Kicillof fue a la Corte para reclamar por la deuda de ANSES y Nación llevará una propuesta de pago el 10 de junio

    El conflicto judicial por los fondos previsionales entre la provincia de Buenos Aires y la Nación sumó este martes un nuevo capítulo. El gobernador Axel Kicillof participó de la audiencia convocada por la Corte Suprema de la Nación en el marco del reclamo por la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con el distrito bonaerense y que asciende a 2,3 billones de pesos. Durante el encuentro, el gobierno nacional se comprometió a llevar una propuesta concreta de pago el 10 de junio.

    El mandatario se hizo presente en la audiencia junto al junto al ministro de Economía, Pablo López; y al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, mientras que por la Nación participaron representantes de ANSES. Se trata del segundo encuentro al que convoca el máximo tribunal para dirimir el reclamo presentado por la Provincia en abril de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei cortó las transferencias que el organismo previsional hacía a las cajas de jubilaciones de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.



    Según los cálculos que hacen en Economía, los fondos jubilatorios no girados desde 2024 a la fecha ascienden a 2,3 billones de pesos sobre una deuda total de 15 billones que mantiene la administración libertaria con el Estado bonaerense por obras paralizadas, programas discontinuados, Fondo del transporte y Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otras obligaciones. Cada deuda generó una presentación de Kicillof ante la Corte. En total ya van ocho demandas, pero esta es la primera que los jueces activan.

    A la salida del encuentro, Kicillof explicó el eje de la discusión y remarcó que en se trata de recursos destinados a las cajas jubilatorias provinciales. «Lo que estamos discutiendo hoy es la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir a las provincias, que son las trece provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires», señaló y recordó que diez provincias ya llegaron a acuerdos económicos con la amdinistración nacional.

    El dato central de la audiencia fue el compromiso asumido por representantes del Gobierno nacional. «Hubo un compromiso para otra audiencia el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir», precisó el gobernador. Y remarcó que los funcionarios de Economía y de ANSES «se comprometieron a traernos una propuesta concreta: dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos dos años y pico donde esto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias».

    El mandatario también recordó que existen otras siete demandas por las obligaciones que Milei no está cumpliendo. «La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema de Justicia por distintas deudas que totalizan más de $15 billones: es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, graficó y agregó: «Todo esto se suma a un contexto muy complejo, producto de un Gobierno nacional que provocó una enorme presión sobre todas las provincias y los municipios: además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo».

    Kicillof fue a la Corte para reclamar por la deuda de ANSES y Nación llevará una propuesta de pago el 10 de junio
    Kicillof participó de la audiencia convocada por la Corte Suprema de la Nación por los fondos del Anses.

    Reclamo por fondos para comedores escolares y asistencia social

    En paralelo, el gobernador puso el foco en otro frente de tensión con la administración nacional, vinculado al financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en medio de la creciente demanda de alimentos por la crisis. “Hoy también estamos en el medio de otro reclamo que tiene que ver con el servicio alimentario escolar. El gobierno nacional transfería más de un 30% históricamente, pero cambió el gobierno y ahora están transfiriendo una suma que no llega al 15%», advirtió y agregó que la Provincia ya formalizó el reclamo a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

    También detalló el esfuerzo fiscal que realiza la administración bonaerense para sostener la asistencia social. «En el caso de los comedores escolares hay una deuda de 220 mil millones de pesos pero, a pesar de esto, con recursos propios afrontamos los aumentos», afirmó en referencia al aumento del 30% que anunció este martes el gobierno bonaerense para los comedores y otras prestaciones sociales de la provincia de Buenos Aires.

    Kicillof fue a la Corte para reclamar por la deuda de ANSES y Nación llevará una propuesta de pago el 10 de junio

  • Sin acuerdo, Nación y provincia de Buenos Aires animaron un nuevo round por la caja jubilatoria bonaerense

    Sin acuerdo, Nación y provincia de Buenos Aires animaron un nuevo round por la caja jubilatoria bonaerense

    La provincia de Buenos Aires y Nación animaron este martes un nuevo round ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que el Estado mantiene con la caja jubilatoria bonaerense. La audiencia se desarrolló en el palacio de Tribunales y contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin acuerdo, se volverán a reunir el próximo 10 de junio.

    Se trato de la segunda jornada de este tipo que las partes animan con la mediación del máximo Tribunal. La cita tuvo lugar a partir de las 11 de la mañana, con la llegada de los representantes de ambas jurisdicciones.

    Por un lado, el propio Kicillof encabezó la comitiva provincial, una muestra de la importancia que le asignan en el distrito a la pulseada. Lo acompañaron su ministro de Economía, Pablo López, el fiscal de Estado, Santiago Pérez Teruel; y la titular del IPS, Marina Moretti.

    Por el otro, Guberman, hombre fuerte del Ministerio de Economía, se puso al frente de la crew del Gobierno nacional, escoltado por el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton.

    La reunión se extendió por poco más de un hora y no tuvo definición final, ya que la Justicia convocó a una nueva reunión para el próximo 10 de junio, comprometiendo al Gobierno a presentar una propuesta para comenzar a saldar la acreencia. Desde La Plata reclaman más de $2,2 billones.

    “Venimos pidiendo esto hace tiempo. Hoy tuvimos la segunda audiencia y hubo un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta de cuáles van a ser los montos a transferir”, comentó a la salida del mandatario bonaerense, en una rueda de prensa de la que participó Ámbito.

    Si bien su administración mantiene un enfrentamiento frontal con la gestión de Javier Milei, la Casa Rosada viene fomentando acuerdos con cajas jubilatorias de otras provincias. Corrientes y Santa Fe fueron las últimas dos en rubricar entendimientos de ese tipo, y se garantizaron $160 mil millones para sus sistemas previsionales.

    Antes habían hecho lo propio Chaco, Chubut, Neuquén, Entre Ríos, Misiones y La Pampa. Se trata de distritos comandados por caciques dialoguistas, que incluyen los reclamos por fondos en las negociaciones legislativas con el Gobierno. La única excepción es la pampeana, donde el peronista Sergio Ziliotto se metió en el pelotón. En total, las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional son 13.

    Al respecto, Kicillof comentó: “Llegamos al compromiso de Nación de traer una propuesta concreta de un monto para transferir ese 10 de junio“. Asimismo, aclaró que la audiencia se supeditó únicamente a ese reclamo puntual: “Veremos si otras deudas que reclamamos tienen sus correspondientes audiencias. Nosotros pedimos $2,3 billones de los $15 billones que reclamamos. Del resto no competía hablar hoy, porque vinieron los especialistas”.

    Kicillof Tribunales

    Axel Kicillof, en el Palacio de Tribunales, tras la audiencia por la caja jubilatoria bonaerense.

    Axel Kicillof, en el Palacio de Tribunales, tras la audiencia por la caja jubilatoria bonaerense.

    El ministro de hacienda bonaerense, Pablo López, en tanto, consideró “importante el espacio institucional que dispuso la Corte Suprema”. Comentó, también, que esperan llegar al 10 de junio “con una propuesta de solución por parte del Gobierno nacional”.

    El encuentro se dio en plena tensión entre la Provincia y Nación por fondos. En la antesala, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, presentó un reclamo formal al Ministerio de Capital Humano “instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones”.

    “Asimismo, solicitamos financiamiento para el Programa MESA que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales”, afirmó, al tiempo que explicó que el Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del aporte necesario para los comedores

    Desde la cartera que comanda Pettovello contestaron que “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales”. “El SAE es un programa de gestión y responsabilidad provincial”, indicaron. Por otra parte, detallaron que el aporte nacional cubre apenas el 20% del costo total de los comedores escolares bonaerenses, mientras que el 80% restante corresponde a la administración de Kicillof.

    Este martes, posteriormente al intercambio, la gestión bonaerense anunció un aumento del 30% en el SAE y un incremento del 25% en los principales programas sociales, junto con la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios.

    Acuerdos por cajas previsionales

    El 7 de abril pasado, Corrientes y Santa Fe se sumaron al pelotón de provincias que alcanzó acuerdos con Nación por sus cajas previsionales. Por un lado, el gobernador Juan Pablo Valdés se granjeó $40 mil millones en 10 cuotas de $10 mil millones, mientras que su par santafesino, Maximiliano Pullaro, acordó $10 mil millones durante 12 meses.

    “Los $10 mil millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema y también equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández”, indicaron en la ocasión desde la Casa Gris.

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    Valdés, en tanto, indicó que el acuerdo alcanzado por Corrientes consiste en “una compensación de caja, que tanto se necesita para que el IPS no tenga un déficit tan grande como el que tiene. Son $40.000 millones de pesos que van a ingresar a la provincia en 10 cuotas. No es dinero de libre disponibilidad: es de la caja de jubilaciones”.

    Previamente había hecho lo propio el chubutense Ignacio Torres, quien firmó un entendimiento para que ANSES salde los $48 mil millones que mantiene como acreencia con la jurisdicción patagónica.

  • CIPPEC reunió a la dirigencia en su cena anual y llamó a “crecer o crecer” en un momento bisagra

    CIPPEC reunió a la dirigencia en su cena anual y llamó a “crecer o crecer” en un momento bisagra

    Más de mil referentes de la política, el empresariado y la sociedad civil se reunieron este lunes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires en la tradicional cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Bajo la consigna “Crecer o crecer”, el encuentro funcionó como punto de partida de una nueva etapa institucional, ahora encabezada por Luciano Laspina como director ejecutivo.

    En su 26° aniversario, la organización planteó que Argentina atraviesa un “momento bisagra”, con la posibilidad de encarar un sendero de desarrollo sostenido si logra consolidar acuerdos políticos amplios. Laspina, junto a José Orlando, presidente del Consejo de Administración, ofició de anfitrión de una noche que reunió a más de 1.000 invitados de distintos sectores.

    En esta oportunidad, la agenda del encuentro estuvo atravesada por las denominadas “cuatro avenidas para el desarrollo” que promueve la organización: transformación del Estado, finanzas públicas sostenibles con foco en la productividad, inclusión social y educación vinculada al mundo del trabajo. Se trató de un esquema que dialogó de manera directa con los dilemas actuales de la gestión de Javier Milei, en particular con el equilibrio entre el ajuste fiscal, la necesidad de crecimiento y la contención social.

    La convocatoria reflejó un amplio arco político: participaron gobernadores como Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, junto a funcionarios del oficialismo como Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y Martín Menem. También dijeron presente referentes opositores como Cristian Ritondo, Germán Martínez y Maximiliano Ferraro, entre otros. El mundo empresarial, diplomático y sindical completó un auditorio diverso, atravesado por una preocupación común: el rumbo económico.

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    Incertidumbre entre pasillos

    En los pasillos y durante el cóctel previo, hubo un tema que se repitió: la caída del consumo y de la actividad, en contraste con sectores dinámicos como la energía y la minería. Si bien en buena parte del empresariado persiste un respaldo general al rumbo del Gobierno, comenzaron a aflorar dudas sobre la capacidad de sostener el ajuste en el tiempo, especialmente si los beneficios no llegan con rapidez a la sociedad.

    Esa tensión abre interrogantes políticos. Algunos actores admiten conversaciones en torno a la construcción de una alternativa electoral al presidente Javier Milei, aunque reconocen que aún no hay definiciones concretas. De todos modos, existe un consenso difícil de revertir: el equilibrio fiscal y la baja de la inflación aparecen como activos valorados por la ciudadanía.

    “La estabilidad es un activo que la gente valora y cualquier candidato que no lo tenga en cuenta no tendrá ninguna posibilidad”, resumió un dirigente con experiencia en la gestión. En ese marco, algunos analistas arriesgan que, si no surge una opción competitiva y la economía muestra signos de mejora, el oficialismo podría llegar fortalecido a 2027. Aunque también advierten sobre los riesgos de errores propios: “el Gobierno tiene que dejar de tirarse tiros en los pies”, deslizó una fuente presente.

    La cena de CIPPEC, una vez más, funcionó como termómetro del clima político y económico: un espacio donde conviven apoyos, dudas y la búsqueda de un horizonte común.

    Nutrida y plural asistencia

    En el encuentro de 2026 estuvieron presentes los ministros de la Nación Sandra Petovello (Capital Humano) Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También, Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina.

    Además, asistieron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). Los vicegobernadores y las vicegobernadoras Teresita Madera (La Rioja), Fabian Martín (San Juan) y Clara Muzzio (viceJefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) participaron de la Cena Anual 2026.

    Concurrieron los secretarios de la Nación Guido Giana (Gestión Administrativa) Y Daniel González (Coordinación de Energía y Minería).

    Asistieron, además, los diputados y diputadas nacionales Lisandro Almirón, Fernanda Ávila, Gabriel Bornoroni, Oscar Herrera Ahuad, Nicolás Massot, Germán Martínez, Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Gisela Scaglia, Victoria Tolosa Paz y Nicolás Trotta. También, los senadores y senadoras nacionales Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón, Silvana Schneider y Gerardo Zamora, entre otros.

    Marco Lavagna, Emilio Monzó, Federico Pinedo, Mario Negri, Juan Manuel Abal Medina, Rodrigo de Loredo y Diego Bossio participaron del evento, entre otras personalidades del ámbito político. Del sindical asistieron los secretarios generales Cristian Jerónimo (CGT) y Gerardo Martínez (UOCRA).

    Estuvieron presentes los embajadores y las embajadoras Dieter Lamlé (Alemania), Ruzanna Azroyan (Amenia), Sarah Roberts (Australia), Julio Glinternick Bitelli (Brasil), Stewart Ross Wheeler (Canadá), Gonzalo Uriarte (Chile), Wei Wang (China), Daniel Marius CibanguI Kasonga Mubabinge (Congo), Joaquín María de Aristegui Laborde (España), Peter Lamelas (Estados Unidos), Nicola Lindertz (Finlandia), Gerard McCoy (Irlanda), Yoshitaka Hoshino (Japón), Juan Carlos Chocano Burga (Perú), Gonçalo Teles Gomes (Portugal), Veljko Lazic (Serbia), Torsten Sven Ericsson (Suecia), Süleyman Ömür Budak (Turquía), Erik Høeg (Unión Europea) y Diego Cánepa Baccino (Uruguay).

    Lorena Chara (AFD), Viviana Alva Hart (BID), Susana Edjang (CAF), Romain Zivy (CEPAL), María Elena Araneo (Fonplata), María Julia Reyna (ICLEI), Claudia Mojica (OCR / ONU), Ernesto Fernández Polcuch (UNESCO), Mariana Isasi (UNPFA) y Rafael Ramírez (UNICEF) participaron de la Cena, entre otras personalidades destacadas.