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  • Santilli reactiva la contención de gobernadores y la mesa política convoca a Sturzenegger

    Santilli reactiva la contención de gobernadores y la mesa política convoca a Sturzenegger

    A poco más de un mes de su asunción como jefe de Gabinete, Diego Santilli tiene poco tiempo para todo. Incluso para los picaditos de fútbol los fines de semana con amigos o el paddle que lo despeja. Pero, en pocas semanas, consolidó su vínculo personal con el presidente, Javier Milei, a quien va a visitar en Olivos o chatea habitualmente. Esa cercanía también implicó que, tras la derrota discursiva por la discusión de la Ley de Tierras y el corrimiento de un grupo de gobernadores que no ayudaron al oficialismo, el “Colorado” se haya puesto al frente de la reconstrucción del capital político de La Libertad Avanza en el Congreso y en las provincias.

    En este marco, las alertas sonaron en Casa Rosada luego de que varios gobernadores peronistas y otros dialoguistas decidieron votar en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y hasta, en algunos casos, militar contra la iniciativa, en particular por el capítulo de la extranjerización de tierras.

    En ese marco, el ministro coordinador tuvo que activar un plan de contención para que no se espiralice esa postura. Aunque, a la vez, Santilli cree que este fue un tema “puntual” y no una política generalizada de los aliados. Tampoco hubo un “uno a uno” para convencerlos.

    Los que jugaron lejos fueron el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino “Rolo” Figueroa y, quizá con más razones de política interna que externa, el misionero Hugo Passalaqua, quien abrió una guerra de consecuencias inexploradas con el caudillo local Carlos Rovira.

    El alerta amarilla, confían en el oficialismo, no fue tan seria: aunque admiten que hubo errores de estrategia, de comunicación (no hubo contra relato a las críticas al proyecto) y pocos reflejos, también explican que fue un proyecto que tenía un aluvión de voces en contra y una instalación fuerte en la opinión pública – a la que son muy permeables muchos mandatarios provinciales que quieren reelegir -.

    “No lo vimos como tan grave, son cosas que nos pueden pasar. Nosotros estamos enfocados en sacar las PASO y en otras leyes”, le dijo el jefe de Gabinete a sus interlocutores en estas horas. Y agregó que mantiene un “excelente” vínculo personal y político con los gobernadores aliados. A la vez, cerca de Santilli admiten que no se los podía “arrastrar”.

    No todos jugaron mal para LLA: el mendocino Alfredo Cornejo (quien desesperadamente busca convencer a Karina Milei de que impida que Luis Petri juegue para la gobernación), el chaqueño Leandro Zdero (un satélite de Lule Menem) y Nacho Torres de Chubut aportaron los votos necesarios para sacar por escaso margen la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada que pasó a Diputados.

    En ese marco, la que quedó desconectada fue la mesa política del ala técnica para esta norma. Todas las miradas quedaron concentradas en Federico Sturzenegger. Acaso por ello en el oficialismo adelantan a PERFIL que el ministro de Desregulación será convocado a la reunión de la mesa política para analizar los proyectos que tiene en marcha y la letra chica de otros que vendrán.

    De ahora en adelante no habrá proyectos que se envíen sin el filtro de la mesa política. “Tenemos que acotar al mínimo los errores no forzados”, lo resume una fuente oficial.

    En principio, en Casa Rosada decidieron concentrarse en un grupo de iniciativas y, al menos, esperar por otras. Por ello, la norma sobre la desregulación de una serie de mercados (el naviero, el de los libros, entre otros) podría quedar al margen. Solo el de seguros es el único que podría sostenerse en el corto plazo. Pero con futuro incierto: esta semana le demostró a muchos libertarios que no hay votos hoy para iniciativas con altos grados de exposición y debate vinculados a la desregulación.

    Las prioridades que definieron en Balcarce 50 pasarán por terminar de darle sanción definitiva al Súper RIGI para consolidar inversiones, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal y avanzar con la reforma del Banco Central, una obsesión del presidente. Todo durante este mes y con el impulso que viene sosteniendo el ministro Luis “Toto” Caputo a ese pack económico.

    Y, para septiembre, que comiencen a discutirse dos leyes centrales para el Gobierno de Milei: la reforma electoral con la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.

    En LLA afirman que no estará una ley atada a la otra. Creen que hay una mayoría ya armada de gobernadores que rechazan las PASO y que, a la vez, están en condiciones de negociar acuerdos electorales para el año que viene que les despejen sus territorios a cambio de apoyar la reelección presidencial.

    Dato: en Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio espera a que se termine de cerrar el acuerdo contra las primarias para lanzar un proyecto espejo en su provincia y eliminar las PASO. En San Juan, Marcelo Orrego (quien esta semana cerró un acuerdo histórico con la minera Vicuña para que inviertan 250 millones de dólares en infraestructura) adelantó su oposición a las primarias.

    Con todo, el jefe de Gabinete intentará recalibrar la política haciendo jugar a todos los actores libertarios con los equilibrios delicados con los que pisa a diario: buscará contar con la ayuda de Patricia Bullrich en el Senado, de Martín Menem en Diputados y de los aportes en la estrategia y la comunicación de Santiago Caputo.

    El asesor presidencial mostró esta semana un hito de unas de las áreas que maneja: un apoyo del FBI al trabajo de la SIDE en materia de lucha contra el terrorismo.

    Paralelamente, el Colorado sigue repitiendo que su objetivo el año que viene es ser gobernador de la Provincia. Con una diferencia con respecto a varios meses atrás: hoy ya no descarta otras opciones, como ir a la Ciudad. En todo caso, piensa, va a ser una decisión que tomen Karina y Javier Milei.

    Eso sí, en el medio en Casa Rosada comenzó a hacer ruido con mayor virulencia los movimientos personales de Sebastián Pareja, el titular de LLA bonaerense. En especial, para destruir el acuerdo con el PRO y la UCR para el año que viene en el que trabaja Santilli.

    Pareja dice que todo lo que hace es avalado por Karina Milei, su escudo político. Pero otras voces lo desmienten y aseguran que la secretaria General de la Presidencia no se mete en la letra chica de lo que pasa en los distritos.

    Trastienda

    ◆ Santilli le baja un cambio a la crisis del Senado pero ahora deberá contener a los gobernadores que lo dejaron sólo.
    ◆ El ministro coordinador igual alimenta su ambición por PBA: construye un pacto con el PRO y la UCR que Sebastián Pareja quiere impedir.
    ◆ La versión diezmada de la ley de propiedad privada se salvó gracias a los votos impulsados por el mendocino Alfredo Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero y el chubutense Nacho Torres.

  • Karina Milei apunta contra todos y el Gobierno reconfigura su agenda tras las últimas derrotas

    Karina Milei apunta contra todos y el Gobierno reconfigura su agenda tras las últimas derrotas

    La sucesión de derrotas políticas que sufrió el Gobierno de Javier Milei durante la última semana abrió una reconfiguración en la toma de decisiones en la Casa Rosada y alteró la relacion de fuerzas en el Gabinete.

    El principal afectado fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuya agenda desreguladora quedó bajo la lupa después de una cadena de fracasos que, según admiten altas fuentes oficiales, provocaron el temor de Karina Milei por la pérdida de la gobernabilidad, del control del Congreso y de la relacion con los gobernadores.

    Duro reclamo de Karina Milei, tras las derrotas del Gobierno en el Congreso

    La gobernabilidad es la capacidad de un presidente para llevar adelante su plan de gobierno. Muchos consideran que está golpeada porque el revés parlamentario fue un punto de inflexión política.

    “Por ahora, Sturzenegger está golpeado, todos lo quieren controlar, y Karina Milei se enojó mucho, pero también con el Toto Caputo (ministro de Economía) y con Patricia Bullrich (senadora). La semana fue desastrosa”, señalaron fuentes oficiales a iProfesioinal. Las principales derrotas del Gobierno fueron las siguientes:

    • La caída de dos capítulos del proyecto de ley para modificar la Ley de Tierras: el fracaso de la eliminación del límite de venta de tierras a extranjeros y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego que permitía cambiar el uso económico de tierras incendiadas para emprendimientos productivos.
    • El conflicto generado por el decreto 690 firmado por Milei que desreguló la actividad del practicaje y permitía a cualquier capitán registrado convertirse en practico para guiar buques en la entrada y salida de los puertos. Eso desató un paro de 150 buques y la paralización de todo el comercio exterior agrícola, cerealero y petrolero. Milei y Karina Milei bramaron contra Sturzenegger y ordenaron dar de baja del decreto a cambio de una baja en las tarifas de los prácticos, negociada de urgencia.
    • Las desafortunadas declaraciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que criticó a “los tarados que hablan de la industria” que “cayó un 10%” y la equiparó a la construcción y el comercio, mientras ponderó como principales sectores a la energía, el campo, la minería y economía del conocimiento.

    Claro, estás dos últimas tienen exenciones tributarias y son competitivas. La energía y el campo tienen competitividad asegurada por definición, son de alta rentabilidad, y tienen mercado externo asegurado. En cambio, la industria, el comercio y la construcción tienen mercado interno deprimido por falta de consumo y exceso de importaciones, no tienen exenciones tributarias en su mayoría y tienen alta presión tributaria y bajo nivel de financiamiento.

    El sincericidio de Toto Caputo también puso nerviosa a Karina Milei que le pregunta en forma permanente: “Cuándo habrá resultados visibles y cuándo llegarán los mejores 18 meses del Gobierno”. Ya se pasaron cuatro meses desde que lo anunció ante una conferencia empresaria.

    Todos estos constituyeron, para el núcleo político del Gobierno, mucho más que simples reveses parlamentarios o administrativos. En la evaluación de la Casa Rosada, pusieron en riesgo la gobernabilidad, deterioraron la relación con el Congreso, y con los gobernadores y abrieron frentes simultáneos con sectores productivos que hasta ahora acompañaban al oficialismo.

    Según admitieron a iProfesional fuentes oficiales, la principal preocupación de Karina Milei y de su mesa política es la aprobación cuanto antes de la reforma electoral y la eliminación de las PASO para las elecciones presidenciales de 2027. Es por eso que la secretaria general de la Presidencia no romperá con los gobernadores aliados que hicieron caer el corazón de la Ley de Propiedad Privada. Pero los mandatarios reclaman dos condiciones clave:

    • Financiamiento y cumplimiento de las transferencias atrasadas a las provincias.
    • Que la Casa Rosada no presente candidatos “violetas” en sus provincias para no dividir el voto.

    Los principales aliados en esta negociación son los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdes; de Chaco, Leandro Zdero, y de Jujuy, Carlos Sadir, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que podrían unificar candidaturas a cambio de un apoyo irrestricto a la reelección de Milei.

    “Ahora lo más urgente es eliminar las PASO o suspenderlas para facilitar la reelección de Milei, para eso hay que mantener la alianza con los gobernadores, aunque no nos hayan ayudado. Es urgente un acuerdo electoral con ellos para asegurar el triunfo”, señalaron fuentes libertarias. No obstante, no existe una agenda y una fecha para esa ley, que por ahora no tiene apoyo en el Senado.

    Hubo aliados que no respaldaron a Milei en la Ley de Tierras: el chubutense, Nacho Torres; el neuquino Rolando Figueroa, el misionero Hugo Pasalaqcua; el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil, y el salteño Gustavo Saénz. Pese a que no pretende el apoyo a la reelección de todos ellos, que podrían optar por un candidato peronista, los cuenta como aliados para reformar la ley electoral y eliminar las PASO.

    Luego de esa reforma, la agenda pendiente incluye además el denominado Super RIGI, la nueva Ley de Sociedades, la ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, proyectos que están en las cámaras de Diputados y en el Senado, pero demoradas.

    Las futuras reformas pasarán por la mesa política de Karina Milei

    Las futuras leyes reformistas, como la Ley de Desregulación que había redactado Federico Sturzenegger con más de 100 páginas para desregular las actividades inmobiliaria, farmacéuticas, arrendamientos de campos, venta de carne, libros y otros: ahora deberán atravesar un filtro político mucho más exigente antes de llegar al Congreso.

    La mesa política que preside Karina Milei será la que revisará cada punto y coma que escriba Sturzenegger para que no haya sorpresas en el Congreso. Por lo general, el “Coloso” solía conversar los proyectos con Milei, se relamían juntos en la redacción, y los enviaba directamente a la secretaría Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal Murphy y de ahí al Congreso, sin mucho análisis político. Lo técnico era suficiente: pero ya no será asi.

    En la mesa política los principales analistas serán el jefe del Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. Santilli ganó mucho terreno por su afinidad con Menem y con Karina Milei. Pesará mucho allí el diálogo de Santilli con los gobernadores.

    Un peldaño por abajo también opinarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que serán los que tengan el pulso fino de los votos en el congreso.

    Por esa razón, en las reuniones reservadas de la mesa política comenzó a imponerse una nueva lógica: ningún proyecto de alto impacto será impulsado sin una evaluación política previa sobre su viabilidad legislativa y su costo territorial. En los hechos, Karina Milei decidió fortalecer ese ámbito y asumir un control más estricto sobre la agenda reformista.

    Detrás de esa decisión aparece una preocupación que se repite en los despachos oficiales: preservar las condiciones políticas para la reelección presidencial. En Balcarce 50 consideran que la acumulación de conflictos puede erosionar la capacidad del Gobierno para negociar con los gobernadores y construir mayorías parlamentarias.

    Tras los últimos fracasos, dentro del Gobierno ya nadie puede asegurar cuándo volverá a intentarse ese debate para la suspensión o eliminación de las PASO.

    Federico Sturzenegger, el principal apuntado

    Dentro del Gobierno nadie habla de una salida de Federico Sturzenegger. Javier Milei mantiene intacta su confianza personal en quien suele definir como “el Coloso”. Sin embargo, el ministro quedó claramente debilitado. Altas fuentes oficiales describen que recibió fuertes recriminaciones de Karina Milei por la secuencia de iniciativas que terminaron convirtiéndose en conflictos políticos.

    “Todos lo quieren matar, pero Javier todavía lo banca”, resumió un funcionario con acceso al despacho presidencial. Las críticas apuntaron especialmente al momento elegido para impulsar las reformas, la falta de construcción política previa y la escasa consulta con los sectores afectados.

    El episodio que terminó de agravar la situación fue el decreto 690 sobre la actividad del practicaje. La norma habilitaba que el ingreso y salida de buques pudiera ser realizado por capitanes sin necesidad de ser prácticos habilitados, modificando un sistema vigente desde hace décadas. La respuesta fue inmediata: comenzó un paro nacional de prácticos que paralizó el movimiento de más de quince buques y generó fuertes reclamos de exportadores cerealeros, petroleras y compañías navieras.

    El conflicto alcanzó justamente a dos de los sectores más valorados por el Gobierno por su capacidad para generar divisas: el complejo agroexportador y la industria energética. Las dificultades para movilizar mercadería terminaron obligando a la Casa Rosada a retroceder y revisar la aplicación del decreto.

    Ese episodio se sumó a los fracasos legislativos de la Ley de Tierras y la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, conformando una secuencia que, según reconocen en el oficialismo, dañó la autoridad política del ministro.

    La economía también quedó bajo revisión

    Las recriminaciones no se concentraron únicamente sobre Sturzenegger. El ministro de Economía, Luis Caputo, también recibió cuestionamientos por la demora de la recuperación económica. Hace cuatro meses había anticipado que comenzaban “los mejores dieciocho meses” del gobierno de Milei gracias al proceso de estabilización. Sin embargo, dentro del propio oficialismo comenzaron a preguntarse cuándo la mejora macroeconómica llegará a la actividad cotidiana.

    En las conversaciones reservadas aparece siempre la misma pregunta que, según distintas fuentes, formula Karina Milei. “¿Cuándo la macro va a derramar sobre la micro?”. La preocupación responde a una serie de indicadores que el propio Gobierno sigue diariamente: más de siete millones de deudores en situación irregular, caída del consumo, descenso de las ventas, menor recaudación tributaria, cierre de empresas, salarios que aún no recuperan poder adquisitivo y un creciente malestar social.

    En ese contexto se interpretó también la reciente defensa pública realizada por Caputo, quien cuestionó a “los tarados que hablan de la industria”, al sostener que el verdadero motor de crecimiento está hoy en la energía, el agro, la minería y la economía del conocimiento, sectores que aportan dólares al país, mientras la industria, el comercio y la construcción continúan mostrando mayores dificultades.

    Patricia Bullrich tampoco escapó a los cuestionamientos

    La ministra Patricia Bullrich tampoco quedó al margen de las críticas. Según distintas fuentes oficiales, Karina Milei le reprochó no haber garantizado los votos necesarios para sostener los proyectos legislativos y le exigió acelerar el trabajo político con diputados y senadores. “No se salvó nadie. Esta vez socializó la reprimenda”, resumió con crudeza un funcionario que participó de las reuniones posteriores a los fracasos legislativos.

    Otra fuente cercana a la conducción política relativizó ese diagnóstico y sostuvo que “el único que realmente ligó fuerte fue Sturzenegger”. Pero existe consenso en que la semana dejó secuelas para varios integrantes del gabinete. Las consecuencias políticas ya comenzaron a reflejarse en la agenda oficial. Como efecto inmediato del conflicto con el practicaje y del rechazo parlamentario a las reformas sobre tierras y manejo del fuego, el Gobierno decidió frenar el envío del proyecto de desregulación ómnibus que Sturzenegger preparaba para avanzar sobre nuevos sectores de la economía.

    Esa iniciativa incluía modificaciones para el corretaje inmobiliario y financiero, la comercialización de medicamentos, el mercado de carnes, la actividad vitivinícola, los arrendamientos rurales y otras regulaciones sectoriales.

    En la Casa Rosada admiten que la experiencia reciente dejó una enseñanza política. Cada reforma impulsada sin negociación previa terminó generando una rápida reacción corporativa, conflictos sindicales y resistencia parlamentaria.

    Las cámaras inmobiliarias, los farmacéuticos y distintos actores de los sectores involucrados ya habían comenzado a organizar su oposición antes incluso del envío formal de los proyectos. Por eso, la decisión ahora es distinta. La prioridad dejó de ser la velocidad de las desregulaciones para pasar a ser la preservación de la gobernabilidad.

    En el entorno presidencial sostienen que el programa reformista no será abandonado. Pero también admiten que la política volvió a imponer sus tiempos. Después de la peor semana de Federico Sturzenegger desde el inicio de la gestión, la Casa Rosada decidió que ninguna reforma estructural avanzará sin antes superar el examen de la mesa política encabezada por Karina Milei.

  • Ampliando fronteras competitivas: el desafío de las políticas públicas para promover la inversión y la competitividad

    Ampliando fronteras competitivas: el desafío de las políticas públicas para promover la inversión y la competitividad


    La tasa de inversión en la Argentina, en 2025, fue del 16% del PBI, según datos del INDEC. Para que el país se desarrolle, coinciden los economistas, debería ser de un piso del 20%, apuntando al 25%. Para ello es necesario un marco de políticas públicas que impulsen la inversión de los privados. La presión impositiva, las regulaciones, la legislación laboral son parte de esas políticas que deben potenciarse para permitir el despegue del crecimiento. Estos desafíos serán el eje central del segundo encuentro de la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo (DyD), organizado por Clarín, que se llevará a cabo el próximo martes a las 9:00 en el Museo Malba.

    En la última década, la inversión anual en el país tuvo un piso de 14% y un techo de 17,3% del PBI. Son niveles que pueden asegurar el mantenimiento del stock de bienes e infraestructura, pero no impulsar el desarrollo. Para Orlando Ferreres, los períodos de crecimiento del país coinciden con tasas superiores al 20 y 22%. Fausto Spotorno señala que la formación de capital se da con cifras superiores al 20%. El IAE Business School precisa en sus informes académicos que ese umbral es del 25%. Y el IERAL agrega que hay que escalar al menos 5 o 6 puntos sobre la media histórica.

    El marco es un país en el que hay más de 150 impuestos distintos, distribuidos entre la Nación, las provincias y los municipios. Y que pese a que el Gobierno asegura haber emitido cientos de normas de desregulación de distinto carácter, muchas de esas modificaciones continúan trabadas ante la Justicia, mientras las empresas advierten que la carga burocrática continúa obstaculizando su productividad y eficiencia. Como consecuencia de este escenario, el país arrastra años de incapacidad para generar empleo de calidad —la base de un desarrollo sostenible— y hoy más del 40% de las personas empleadas se desempeñan en la informalidad.

    El evento, titulado “Políticas públicas para la inversión y la competitividad”, reunirá a destacados referentes del ámbito político, institucional y empresarial. Entre los oradores confirmados figuran legisladores como Patricia Bullrich, Flavia Royón, Miguel Ángel Pichetto y Cristian Ritondo; los gobernadores Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Martín Llaryora y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el senador Diego Valenzuela; y los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Santiago Passaglia (San Nicolás), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Pablo Javkin (Rosario). El debate también contará con los especialistas César Litvin, Nadín Argañaraz, Luciano Laspina, el dirigente gremial Gerardo Martínez y referentes del sector corporativo como Federico Braun (La Anónima), Mariano Bosch (Adecoagro), Ignacio Costa (Río Tinto) y Andrés Graziosi (Arcor).

    Más allá de consolidarse como un espacio de debate, el ciclo Democracia y Desarrollo —que cuenta con el auspicio de Techint, Personal, Pan American Energy y Banco Macro— busca trazar un diagnóstico preciso y elevar propuestas concretas para impulsar el progreso nacional.

    Impuestos, empleo y regulaciones

    Según datos del IARAF, en la Argentina conviven 150 tributos: 40 pertenecen al orden nacional, 28 a las provincias y 82 al ámbito municipal. Esta superposición genera una enorme carga burocrática y distorsiones que afectan gravemente la productividad, obstaculizando la inversión y la competitividad económica. Estos gravámenes representan un 26,6% del Producto Bruto Interno (PBI); sin embargo, debido al nivel de evasión, la presión efectiva sobre las empresas que cumplen con sus obligaciones supera el 56%, según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA). En paralelo, tracciona con fuerza el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con proyectos ya aprobados por casi 50.000 millones de dólares y otros en análisis por un monto adicional de 80.000 millones.

    La dificultad histórica de la Argentina para generar empleo formal y de calidad responde a factores estructurales e institucionales, tales como la elevada presión tributaria y los altos costos no salariales. A esto se suman una inestabilidad macroeconómica crónica y una inflación persistente que profundizan la incertidumbre, un mercado laboral rígido con alta litigiosidad que desincentiva las contrataciones, y una baja productividad sistémica derivada del déficit de inversión. Este panorama se refleja en las mediciones recientes del INDEC, que ubican la desocupación en el 7,8% y sitúan la informalidad laboral en el 44,2%, afectando a más de 3,6 millones de personas privadas de aportes previsionales. Aunque el Congreso aprobó este año una reforma laboral, gran parte de sus modificaciones se encuentran frenadas en la instancia judicial.

    Por su parte, el peso de la burocracia continúa limitando la eficiencia empresaria. Además de la compleja red impositiva y los elevados costos laborales, subsiste un volumen considerable de regulaciones que restringen la actividad productiva. Si bien el Ministerio de Desregulación en su página web asegura haber emitido 689 normas desregulatorias que modificaron o eliminaron 2.699 normativas, una de cada 10 de esas derogaciones experimenta demoras o bloqueos por presentaciones judiciales, mientras el sector corporativo demanda mayor agilidad operativa.

    Agenda del encuentro

    Esta séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo será conducida por los periodistas Carolina Amoroso, Horacio Riggi, Eduardo Paladini, Ezequiel Burgo, Silvia Naishtat y Bernardo Vázquez, y se estructurará en torno a cinco paneles temáticos:

    “La construcción de la agenda legislativa”: Analizará la formación de consensos políticos orientados a instrumentar reformas que potencien la competitividad con sustentabilidad a largo plazo. Contará con la participación de las senadoras nacionales Patricia Bullrich y Flavia Royón, junto a los diputados nacionales Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto. Analizará la formación de consensos políticos orientados a instrumentar reformas que potencien la competitividad con sustentabilidad a largo plazo. Contará con la participación de las senadoras nacionales Patricia Bullrich y Flavia Royón, junto a los diputados nacionales Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto.

    “Los gobiernos locales buscan inversiones”: Abordará la estrategia de los municipios en materia de adecuación de tasas para atraer capitales. Expondrán el senador provincial Diego Valenzuela y los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Santiago Passaglia (San Nicolás), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Pablo Javkin (Rosario).

    “Reformas económicas: presente futuro y transición”: Los expertos César Litvin (CEO de Lisicki, Litvin y Abelovich), Nadín Argañaraz (presidente de IARAF) y Luciano Laspina (director ejecutivo de Cippec) analizarán el marco impositivo. En tanto que el dirigente gremial Gerardo Martínez y Daniel Funes de Rioja (fundador de Bruchou-Funes de Rioja), se referirán a la reforma laboral ya realizada y la agenda pendiente.

    “El sector privado en el nuevo escenario”: Examinará los desafíos que enfrentan las compañías al operar en un mercado más abierto y los mecanismos financieros para canalizar nuevas inversiones. Debatirán Federico Braun (La Anónima), Mariano Bosch (Adecoagro), Ignacio Costa (Río Tinto) y Andrés Graziosi (Arcor).

    “El rol de las provincias en la generación de los cambios”: En el tramo final, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), acompañados por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, analizarán la implementación de herramientas de atracción de inversiones, tales como la adhesión al RIGI o esquemas provinciales propios de facilitación productiva.

    El ciclo Democracia y Desarrollo concluirá próximamente, y por este año, con un tercer y último encuentro centrado en la infraestructura estratégica necesaria para el crecimiento económico.

  • En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

    En la carrera para lograr la reelección, Rogelio Frigerio se prepara para eliminar las PASO en Entre Ríos

    El gobernador Rogelio Frigerio tiene los votos en la Legislatura para dejar sin efecto las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo.

    En el entorno de Frigerio, la hipótesis que más fuerza tiene es que finalmente avanzará con la eliminación de las primarias, según confesó a Infobae una fuente de primera línea. Sin embargo, no es la única alternativa que se baraja. El oficialismo mantendrá el misterio hasta el último segundo. Aunque el peronismo entrerriano se encuentra desmembrado y sin conducción, tampoco quiere mostrar sus cartas ni anticipar cómo jugará la mano.

    La táctica tiene un límite temporal. Según las estimaciones que hacen en la provincia, la decisión debería estar tomada entre fin de año y mediados de febrero. En ese lapso todavía se puede frenar el mecanismo e ir en forma directa a una votación general. Cruzar esa frontera implicaría convalidar las PASO.

    Las primarias se vienen realizando en Entre Ríos desde 2011. En un principio no eran obligatorias. Competían solo las fuerzas que tuvieran que resolver una interna. Pero a partir de 2015 eso cambió. Y todos los frentes debieron pasar esa instancia. En 2024, Frigerio impulsó una reforma política integral que las sostuvo. Allí se introdujo también la boleta única de papel (BUP) para reemplazar a la papeleta tradicional.

    Diego Santilli con Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio

    El actual mandatario es el candidato natural del oficialismo. En 2025, el frente Juntos por Entre Ríos (JxER) que construyó Frigerio en 2021 se alió a La Libertad Avanza. La alianza aplastó al peronismo en las urnas. Eso le permitió conseguir los dos senadores por la mayoría y tres de los cinco diputados nacionales en juego.

    La posibilidad de que la conjunción JxER + LLA se repita en 2027 es concreta. Hay varias razones de peso.

    La primera es que Frigerio ha sido un aliado confiable y fiel de la Casa Rosada. La única oposición que mostró desde diciembre de 2023 a los planes oficiales pasó por la negativa a la fijación de retenciones a las economías regionales. La idea fue descartada.

    La segunda es que los libertarios no tienen un candidato propio para competir por el sillón de Urquiza. El dirigente agropecuario Sebastián Etchevehere encarnó la postulación en 2023. El resultado electoral no fue malo, pero se debió a que iba colgado en la lista con Javier Milei. Ahora Etchevehere fue raleado de la primera plana de LLA Entre Ríos y terminó condenado al ostracismo.

    Frigerio tendrá, además, el control pleno de la lapicera para definir las listas. No será una tarea fácil ordenar y dejar satisfecho al amplio abanico ideológico que hay en su armado. A la mesa se sientan radicales, socialistas, peronistas disidentes, ex K y podrían tener que agregar sillas para los libertarios. El gobernador tendrá la oportunidad de reordenar el espacio, descartar a los que no han cumplido y premiar a los que sí.

    El primer casillero a completar será quién lo acompañe en la fórmula. En estos años, la actual vicegobernadora radical Alicia Aluani se ha mantenido en línea con Frigerio y ha superado el trato con un Senado que comenzó siendo adverso pero que se terminó volviendo dócil.

    Los comicios de 2023 le dejaron al gobernador una mayoría holgada en la Cámara de Diputados pero un voto por detrás del justicialismo en el Senado. El bloque oficialista contaba con 8 escaños contra 9 de la oposición.

    En dos años y medio, “la crisis del PJ agrietó a la bancada opositora hasta partirla”. Dos senadoras peronistas, Nancy Miranda y Gladys Domínguez, votaron leyes claves con el oficialismo. Y tiempo después dieron un portazo y armaron sus propios monobloques.

    Ahora la tortilla se dio vuelta. Frigerio quedó en una posición 8 + 2 contra siete. Con este escenario, aprobar la iniciativa electoral que archive, al menos por esta vez, las PASO podría ser un trámite.

  • Se reavivó la interna del PRO y se abrió la discusión por las alianzas electorales

    Se reavivó la interna del PRO y se abrió la discusión por las alianzas electorales

    ¿Es posible una candidatura presidencial de Hernán Lacunza? Esta pregunta reactivó la discusión interna del PRO y comenzó a generar atención dentro del Gobierno. El exministro de Economía, por su parte, confirmó que habló sobre una eventual postulación con Mauricio Macri y otros dirigentes, aunque todavía no existe un lanzamiento formal rumbo a las elecciones de 2027.

    Hernan Lacunza
    Hernán Lacunza

    Lacunza también marcó diferencias con La Libertad Avanza y sostuvo que no participaría de una propuesta en la que el PRO quedara subordinado al oficialismo. Su posición se inscribe en el debate que atraviesa al partido amarillo sobre la conveniencia de reconstruir una alternativa propia o negociar una alianza electoral con Javier Milei.

    En la Casa Rosada le restan posibilidades electorales al economista, pero reconocen que una candidatura separada podría quitarle votos al Presidente. La preocupación no pasa necesariamente por la posibilidad de que Lacunza llegue a la Casa Rosada, sino por una eventual fragmentación del electorado de centroderecha en una elección competitiva.

    Fuentes oficiales citadas por Noticias Argentinas interpretaron su aparición como una posible herramienta de negociación de Mauricio Macri, especialmente frente a la disputa por la Ciudad de Buenos Aires. El PRO gobierna el distrito desde 2007, mientras que los libertarios buscan ampliar su presencia y no descartan presentar un candidato propio para la Jefatura de Gobierno.

    Según reconstruyó Infobae, Macri conversó en los últimos meses con dirigentes como Fernando de Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni y Gabriela Michetti sobre la necesidad de recuperar una propuesta nacional. El objetivo de ese sector sería ocupar un espacio entre el oficialismo libertario y el peronismo, aunque todavía no existe una estrategia electoral cerrada.

    El PRO entre una candidatura propia y un acuerdo con Milei

    La discusión se profundizó a partir del relanzamiento del PRO realizado en marzo en Parque Norte. Allí, el partido buscó demostrar que conserva estructura territorial y capacidad para competir, aunque evitó adelantar candidaturas o definir una política nacional de alianzas.

    El sector cercano a Mauricio Macri sostiene que el espacio debe preservar su identidad y presentar candidatos propios. Lacunza representa por ahora una expresión de esa estrategia, más que una candidatura consolidada. Su nombre permite instalar la discusión y mostrar que el PRO todavía aspira a participar del armado presidencial.

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    Sin embargo, no todos los referentes comparten esa posición. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró abierto a alcanzar un acuerdo con La Libertad Avanza para impedir un regreso del kirchnerismo, aunque aclaró que cualquier decisión deberá ser tomada institucionalmente por el partido.

    En la provincia de Buenos Aires, el sector encabezado por Cristian Ritondo mantiene una relación cercana con el oficialismo. Allí, la prioridad sería evitar la dispersión del voto opositor al peronismo y construir una propuesta capaz de competir contra el gobernador Axel Kicillof.

    El Gobierno también analiza acuerdos con dirigentes del PRO y sectores de la UCR bonaerense. Buenos Aires será uno de los distritos centrales para la elección presidencial y la Casa Rosada considera que una competencia dividida podría beneficiar al peronismo.

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se encuentra entre los dirigentes más proclives a mantener una alianza con los libertarios. Después del acuerdo alcanzado entre ambos espacios en 2025, su entorno dejó abierta la posibilidad de repetir el esquema, aunque todavía no existen definiciones para 2027.

    Una posición diferente sostiene el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien defendió públicamente la construcción de un espacio republicano y federal con aspiraciones propias. Torres mantiene vínculos con otros mandatarios provinciales y apuesta por una alternativa que no quede limitada a la polarización entre Milei y el peronismo.

    La estrategia electoral del PRO, por lo tanto, no será necesariamente uniforme en todo el país. La Casa Rosada proyecta presentar candidatos propios en al menos 14 provincias y negociar acuerdos de mayor alcance en distritos como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis.

    En ese escenario conviven tres posiciones. Un sector cercano a Mauricio Macri busca recuperar una oferta presidencial propia, dirigentes como Jorge Macri y Frigerio contemplan una alianza con LLA y Torres intenta sostener una construcción federal junto a otros gobernadores.

    La eventual candidatura de Lacunza funciona como una señal hacia dentro y fuera del partido. Para el PRO, representa la posibilidad de recuperar iniciativa y evitar quedar reducido a un aliado parlamentario del Gobierno. Para Milei, supone el riesgo de perder una porción del electorado con el que comparte posiciones económicas y un fuerte rechazo al kirchnerismo.

    Las definiciones dependerán de la evolución de la economía, de los candidatos provinciales y de la negociación por la Ciudad. Mientras tanto, el PRO enfrenta el desafío de sostener una identidad propia sin provocar una división que termine favoreciendo al peronismo en 2027.

    RG/MSS

  • Rogelio Frigerio logró un acuerdo sin precedentes con Nación para que Entre Ríos financie su déficit previsional

    Rogelio Frigerio logró un acuerdo sin precedentes con Nación para que Entre Ríos financie su déficit previsional

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron este martes un acuerdo que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos a la provincia. Esos fondos se utilizarán para compensar lo que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional local.

    De esta manera, Entre Ríos se convirtió en la única provincia que logró acuerdos de financiamiento durante tres años consecutivos.

    El rojo de la Caja de Jubilaciones entrerriana se originó en la transferencia de servicios (como educación y salud) sin la contrapartida en partidas. Esto ocurrió durante la presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Mario Moine, a comienzos de los 90. Desde entonces, la brecha negativa se fue ampliando y complicando al Tesoro provincial.

    Hace una semana, Frigerio logró otro hecho para comenzar a revertir esta tendencia. La Legislatura aprobó una reforma a la legislación previsional provincial. Entre otros puntos, equipara la edad jubilatoria de varones y mujeres con la ANSES y establece aportes extraordinarios, además de declarar la emergencia en el sistema.

    La saga de entendimientos con el organismo nacional se dio después de dos acciones congruentes. La primera, ordenar la Caja y realizar los controles para destrabar los fondos nacionales pendientes de años anteriores. La segunda, presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por estos fondos. La estimación inicial era que rondaban los $154 mil millones.

    Guillermo Arancibia titular de la ANSES

    El acuerdo establece que la ANSES transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10.000 millones de pesos, desde noviembre de 2026 a octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al gobierno nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

    Además, las dos partes acordaron seguir adelante con la definición del resultado final del sistema de jubilaciones de Entre Ríos para los años 2020 a 2026. Esto se hará a través de las auditorías que establece la normativa. Ese proceso permitirá fijar con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

    Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Se crea así un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

    “Este es el resultado de una provincia que pone orden, hace las cosas con seriedad y defiende con firmeza lo que le corresponde. Cuando se cumple con esos requisitos, los resultados llegan”, reflexionó Frigerio luego de rubricar el entendimiento.

    En esa línea, remarcó: “Cuando asumimos, nos comprometimos a poner orden, defender los intereses de los entrerrianos y hacer sostenible nuestra Caja de Jubilaciones. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.”

    Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada

    Luego, acotó: “Quiero destacar el trabajo conjunto con los ministros Sandra Pettovello (Desarrollo Humano), Luis Caputo (Economía) y el jefe de Gabinete Diego Santilli. También con el directorio de ANSES y todos los equipos técnicos que hicieron posible este acuerdo y defendieron los intereses de los entrerrianos”.

    La tarea en Entre Ríos, en tanto, recayó en el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y sus colaboradores. Tras la firma del acuerdo, el funcionario destacó: “Durante el período 2017-2023 no se efectuó un solo reclamo formal a la Nación por las transferencias adeudadas”.

    “Tampoco se pidieron las auditorías legales previstas a fin de definir los saldos finales. Por otro lado, la información contable y técnica que era necesaria para empezar un reclamo estaba incompleta, desactualizada o no existía”, señaló.

    En ese sentido, especificó que en dos años y medio de labor, la actual gestión reconstruyó “de cero” la información contable, técnica y documental requerida por la normativa nacional  y solicitó “por primera vez” las auditorías de ANSES.

    Por último, recordó que debido a esta labor Entre Ríos ya logró un acuerdo en 2024 por $26 mil millones y otro en 2025 por $48 mil millones.

  • Más fondos para Frigerio. El gobernador de Entre Ríos firmó con Nación un nuevo acuerdo por $120.000 millones

    Más fondos para Frigerio. El gobernador de Entre Ríos firmó con Nación un nuevo acuerdo por $120.000 millones

    CÓRDOBA.- Aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA), el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, es uno de los que más avances en materia financiera logra con la Casa Rosada. Este martes firmó un nuevo convenio por el que la Anses le transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026.

    Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre próximo y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

    La administración provincial ya tiene un convenio en marcha, por lo que hasta octubre inclusive recibirá $6.000 millones mensuales, para saltar después a los $10.000 millones que se extenderán casi hasta el final del mandato de Frigerio. Según los números oficiales, Entre Ríos junto a otras provincias con acuerdos con Anses no recibieron los pagos correspondientes a junio y julio.

    Frigerio firmó el entendimiento con el director ejecutivo de la Anses, Guillermo Héctor Arancibia. Fue calificado por la provincia como un “avance histórico” en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio y constituye “un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial”.

    “Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, dijo el Gobernador.

    Frigerio estuvo entre los primeros gobernadores en recibir un anticipo financiero. A finales de 2025, Nación le otorgó un adelanto de hasta 220.000 millones de pesos para “cubrir compromisos urgentes y pago de aguinaldos”. En junio recibió una “ampliación” de “hasta la suma” de 400.000 millones de pesos.

    Entre enero y julio, además, recibió un total de $15.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con este monto, se ubicó en el segundo puesto del ranking detrás de Misiones.

    Por la Caja de Jubilaciones no transferida, Frigerio llevó el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales. Según el comunicado provincial, la firma del convenio “constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”.

    El mandatario aclaró que los recursos “no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos”.

    Las partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Esos montos podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

    La Legislatura entrerriana aprobó hace poco una reforma previsional lo que, junto al acuerdo, “garantizan mayor previsibilidad financiera”. Frigerio agradeció el trabajo de los ministros Sandra Pettovello, Luis Caputo y Diego Santilli además de los funcionarios de Anses.

  • Nación desembolsará $120.000 millones para la caja jubilatoria de Entre Ríos

    Nación desembolsará $120.000 millones para la caja jubilatoria de Entre Ríos

    El acuerdo fue suscripto por el gobernador Rogelio Frigerio con ANSES. Los pagos se efectivizarán en 12 cuotas de $10.000 millones. Son para cubrir el déficit del sistema previsional.

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, firmaron un convenio que garantiza la transferencia de $120.000 millones para cubrir parte de la compensación que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional de la provincia.

    “Este acuerdo marca un antes y un después para Entre Ríos. Durante años la provincia reclamó estos recursos sin resultados. Nosotros decidimos poner orden, reconstruir la información, defender los intereses de los entrerrianos y llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. Hoy ese trabajo empieza a dar frutos”, afirmó Frigerio.

    Asimismo, destacaron que por primera vez en la historia de Entre Ríos un Gobierno provincial decidió llevar este reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para “exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial”.

    “La firma del convenio constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de los entrerrianos”, ampliaron.

    Cómo se pegarán los $120.000 millones

    El acuerdo establece que la ANSES transferirá $120.000 millones en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $10.000 millones, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

    “Estos recursos no resuelven por sí solos el déficit previsional, pero representan un paso histórico porque comienzan a reconocer una obligación que la Nación tenía con Entre Ríos. Son fundamentales para darle mayor previsibilidad y fortalecer la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones”, sostuvo el gobernador.

    Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

    Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

    “La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio alcanzado con el Gobierno Nacional, constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones”, señalaron desde la provincia.

    Asimismo, plantearon que garantizará mayor previsibilidad financiera y permitirá comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con los jubilados entrerrianos.

    “Quiero agradecer especialmente el trabajo conjunto de la ministra Sandra Pettovello, del ministro Luis Caputo, del ministro Diego Santilli, del directorio de ANSES y de todos los equipos técnicos de la Nación y de la provincia que hicieron posible este acuerdo. Cuando hay diálogo, seriedad y una provincia que defiende con firmeza lo que le corresponde, los resultados llegan”, expresó Frigerio.

  • Un flamante directivo de Bancor se lanza para pelear la presidencia a Milei

    Un flamante directivo de Bancor se lanza para pelear la presidencia a Milei

    El economista Hernán Lacunza, quien ocupa desde junio de este año un cargo de director en el Banco de Córdoba (Bancor), confirmó su candidatura presidencial para las elecciones de 2027. La postulación cuenta con el aval de Mauricio Macri y expuso una fuerte división interna dentro del PRO.

    Lacunza es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente dirige la consultora Empiria y es profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Además, fue ministro de Hacienda de la Nación.

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    El aval de Macri y las dudas propias

    Según trascendió, Lacunza viene conversando desde hace varios meses con distintos referentes del PRO sobre su disposición a competir contra Javier Milei en las urnas. Cuando se lo planteó a Macri, el expresidente no dudó y lo alentó a postularse.

    Macri, sin embargo, todavía no definió su propio rol en la contienda de 2027. Hay dirigentes y empresarios que le piden que busque su reelección, pendiente desde 2019, pero el líder del PRO no tiene resuelto si volverá a competir.

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    El expresidente también enfrenta una definición pendiente en la Ciudad de Buenos Aires, donde impulsa una interna entre el actual jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes, con el objetivo de ordenar al macrismo porteño.

    El lanzamiento de Lacunza dejó a la vista la división que atraviesa al PRO. Por un lado, un sector que reclama un candidato presidencial propio; por otro, quienes consideran preferible un acuerdo con los Milei para conformar un frente con La Libertad Avanza.

    En la vereda opuesta, otro sector del partido rechaza la idea de un candidato propio y cuestiona directamente la figura de Lacunza. “Es un invento de él, no tiene militancia alguna ni relación con casi nadie y no existe como actor del PRO”, señalaron desde ese espacio.

    Este sector sostiene que la candidatura de Lacunza avanza en conjunto con la de Pablo Petrecca, exintendente de Junín, que se postula para gobernador de Buenos Aires. Además, aseguran que en la provincia ya está cerrado un acuerdo con los libertarios detrás de la candidatura a gobernador de Diego Santilli.

    Santilli, actual jefe de Gabinete, continúa perteneciendo al PRO, a diferencia de Patricia Bullrich, que se afilió formalmente a La Libertad Avanza. Según este sector, un esquema de mayor cercanía con la Casa Rosada también se replica en Entre Ríos, con el gobernador Rogelio Frigerio, y en Chubut, con Ignacio Torres.

  • Macri, Lacunza y la apuesta por un electorado vacante entre Milei y el kirchnerismo

    Macri, Lacunza y la apuesta por un electorado vacante entre Milei y el kirchnerismo

    La decisión de Hernán Lacunza de confirmar que está dispuesto a representar al PRO como candidato presidencial en las elecciones de 2027 forma parte de una estrategia política que Mauricio Macri comenzó a impulsar junto a un sector de la conducción del partido, convencido de que existe un electorado que hoy quedó políticamente vacante y que puede convertirse en el punto de apoyo para reconstruir una alternativa propia de cara al próximo turno presidencial. Más que la aparición de un nuevo postulante, el movimiento expone una discusión de fondo sobre la identidad del macrismo y sobre el lugar que deberá ocupar la principal fuerza de centroderecha en el escenario político que dejó la llegada de Javier Milei al poder.

    Según pudo reconstruir Infobae, ese diagnóstico empezó a consolidarse hace más de dos meses durante una serie de conversaciones reservadas que Mauricio Macri mantuvo con quien fue el último ministro de Economía de su gobierno y que, con el paso de las semanas, se ampliaron a dirigentes de su máxima confianza, entre ellos Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Gabriela Michetti y otros referentes históricos del PRO. Lo que inicialmente fueron intercambios sobre la evolución de la economía, la actividad, el consumo, la construcción y los desafíos pendientes del programa económico oficial terminó derivando en una conclusión política compartida: antes de resolver con quién competir, el PRO debía responder una pregunta más profunda, vinculada con su propia identidad y con el electorado que pretendía representar.

    La hipótesis que ordena esa estrategia parte de una lectura que ese sector del macrismo considera cada vez más visible en las encuestas. Sostienen que comenzó a consolidarse un segmento de votantes que acompaña buena parte de las reformas impulsadas por Javier Milei, que no quiere un regreso del kirchnerismo, pero que tampoco se siente plenamente identificado con el estilo político del Presidente ni con algunos aspectos de la implementación de su programa económico. Se trata, entienden, de un electorado de raíz mayoritariamente macrista, con una impronta más institucional y republicana, que comparte la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y las reformas estructurales, pero que reclama otra forma de ejercer el poder y una agenda capaz de complementar la estabilización con crecimiento, inversión, empleo y desarrollo.

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    El diagnóstico político no nació alrededor de una encuesta sino de la economía. Durante semanas, Macri y Lacunza intercambiaron análisis sobre la marcha de la actividad, el empleo, la construcción, el consumo y la inversión. La conclusión a la que llegaron no fue que el rumbo económico estuviera equivocado. Por el contrario. Entienden que el equilibrio fiscal, la desregulación y la estabilidad monetaria constituyen pilares que deben preservarse. La preocupación pasa por otro lado: creen que el modelo necesita una segunda etapa capaz de atender los sectores que todavía no logran recuperar dinamismo y ofrecer una agenda de crecimiento que complemente la estabilización. Según pudo reconstruir este medio, esa conversación fue el punto de partida de una discusión política más amplia sobre quién podía expresar esa mirada dentro del sistema político.

    Fue esa lectura la que terminó derivando en una decisión política. Mauricio Macri impulsó la idea de mantener abierta la discusión presidencial dentro del PRO y alentó la disposición de Hernán Lacunza a representar al partido en una eventual candidatura si esa termina siendo la estrategia elegida. La construcción fue conversada y compartida con dirigentes como Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Gabriela Michetti y otros referentes que comparten la idea de que el PRO no puede resignar anticipadamente una candidatura presidencial ni limitar su estrategia a evitar un regreso del kirchnerismo.

    La aparición pública de Lacunza no abrió esa discusión. Simplemente la volvió imposible de ocultar.

    Desde hace meses conviven dentro del PRO dos diagnósticos distintos sobre el futuro del partido. No expresan diferencias ideológicas profundas ni visiones contrapuestas sobre el rumbo general del Gobierno. La discusión pasa por otro lado. Mientras un sector entiende que el desafío principal consiste en representar un espacio político que considera vacante, otro observa el escenario desde las responsabilidades de gestión y las necesidades del poder territorial.

    Esa segunda mirada es la que predomina entre quienes gobiernan distritos o tienen responsabilidades ejecutivas. La prioridad, sostienen, pasa por construir un entendimiento político y electoral con La Libertad Avanza que permita preservar los gobiernos que hoy administra el PRO y consolidar nuevos espacios de poder en 2027. Esa lógica explica las conversaciones que impulsa Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo político de Cristian Ritondo para fortalecer una candidatura de Diego Santilli a la gobernación bonaerense dentro de un frente común con los libertarios, la posición de los gobernadores Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, e Ignacio Torres, en Chubut, y la de numerosos intendentes bonaerenses que observan ese acuerdo como la herramienta más eficaz para sostener sus distritos.

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    En el entorno de Mauricio Macri suelen resumir esa diferencia con una metáfora futbolera. Dicen que hoy el PRO está jugando en dos estadios distintos. En uno se juega el partido de la representación política: comprobar si todavía existe un electorado propio y ofrecerle una candidatura presidencial antes de definir cualquier alianza. En el otro se juega el partido de la representación territorial: preservar gobernaciones, intendencias y espacios de poder mediante un acuerdo con La Libertad Avanza. No consideran que una estrategia invalide a la otra. Lo que sostienen es que responden a prioridades diferentes. Mientras un sector organiza su estrategia mirando el mapa de los distritos que gobierna, el otro la construye mirando el mapa del electorado.

    En esas conversaciones reservadas, según pudo reconstruir Infobae con distintos interlocutores, Lacunza suele recurrir a una paráfrasis de Jorge Luis Borges para sintetizar esa disputa. Toma el célebre verso de la Oda escrita en 1966 —“Nadie es la patria, pero todos lo somos”— y lo adapta a la vida partidaria: “Nadie es el PRO, pero todos lo somos”. La frase resume una de las ideas centrales de esa construcción: ningún dirigente, por importante que sea el cargo que ocupe o el territorio que gobierne, puede arrogarse la representación exclusiva del partido ni dar por saldada una discusión estratégica que definirá su papel en los próximos años.

    La discusión excede largamente el nombre de quien finalmente encabece una eventual fórmula presidencial. En el fondo, lo que está en debate es si el PRO debe llegar a las elecciones de 2027 como una fuerza con vocación de disputar nuevamente la Presidencia o si su destino pasa por integrarse, desde una posición de socio político, a una coalición liderada por La Libertad Avanza. La disposición de Lacunza constituye el primer movimiento visible de esa estrategia y, al mismo tiempo, la confirmación de que Mauricio Macri decidió volver a intervenir activamente en la definición del futuro de su partido.

    Queda un segundo capítulo que todavía no salió a la luz y que probablemente termine de definir el alcance de esa apuesta: cómo se traducirá ese diagnóstico en una propuesta política concreta. En las conversaciones reservadas que dieron origen a esta construcción aparece una coincidencia: el rumbo general de la política económica del Gobierno merece ser sostenido, pero también requiere una agenda complementaria para atender cuestiones vinculadas con la actividad, el empleo, el desarrollo productivo y la institucionalidad.

    En ese punto, Lacunza empieza a delinear el perfil de la propuesta que estaría dispuesto a representar si el PRO decide competir con candidato propio. No se trata de una alternativa construida para confrontar con Milei, sino de una oferta que buscaría disputar un electorado que comparte buena parte de las reformas económicas, pero que reclama otro estilo político y una agenda más amplia para consolidarlas en el tiempo.

    Esa diferencia también aparece cuando aborda una de las críticas más persistentes sobre su gestión como ministro de Economía: el reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto en 2019. En esas conversaciones desarrolla un argumento técnico que considera central para responder a quienes calificaron aquella medida como un default. Según esa mirada, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno parte de un principio similar: impedir el financiamiento monetario del Tesoro obliga, cuando no existen recursos suficientes, a priorizar el equilibrio fiscal aun cuando eso implique reprogramar obligaciones. Más que reabrir una discusión sobre el pasado, el planteo busca instalar un debate sobre las herramientas disponibles para sostener un régimen de disciplina fiscal permanente.

    Detrás de ese razonamiento económico también aparece una definición política. En el sector que impulsa esta estrategia sostienen que el PRO no puede limitarse a resignar una candidatura presidencial con el único argumento de evitar un regreso del kirchnerismo. Entienden que esa posición puede resultar eficaz desde el punto de vista electoral, pero insuficiente para un partido que nació con vocación de gobierno y que, a su juicio, todavía conserva un electorado propio. La pregunta que intentan responder no es solamente con quién competir, sino qué proyecto ofrecer y qué identidad preservar.

    Falta más de un año para la elección presidencial y nadie dentro del PRO puede asegurar hoy cuál será el desenlace de esa discusión. Mauricio Macri tampoco resolvió cuál será su propio papel en 2027. Pero la disposición de Lacunza terminó por sacar a la superficie un debate que hasta hace pocas semanas transcurría exclusivamente en conversaciones reservadas. Ya no se trata solamente de decidir si el partido competirá con candidato propio o integrará una coalición encabezada por La Libertad Avanza. La discusión es anterior: qué identidad quiere preservar, qué electorado aspira a representar y desde qué posición negociará el futuro de la centroderecha argentina.