Luego la denuncia de Argentina por la cercanía de una planta de hidrógeno verde con Entre Ríos, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mandó reubicarla.
Según la Agencia Noticias Argentinas, esta disposición fue confirmada por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, junto a su colega argentino, Pablo Quirno, por pedido de Orsi. El funcionario de La Libertad Avanza está en Montevideo, donde participará de un encuentro de cancilleres del Mercosur.
Antes de su reunión con Quirno, Lubetkin señaló: “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”. Además, reveló que el canciller argentino, autoridades de Entre Ríos y de la ciudad de Colón le hicieron solicitudes de evitar “la contaminación visual” que generaría la planta de hidrógeno verde.
Yamandú Orsi
El mensaje del canciller Pablo Quirno
En su cuenta oficial de X, el canciller Pablo Quirno escribió: “El diálogo, la diplomacia y la voluntad de encontrar soluciones comunes volvieron a demostrar que son el mejor camino para resolver incluso los temas más sensibles entre nuestros países. Hoy podemos decir que este trabajo conjunto permitió llevar este proceso a buen puerto, con una decisión que contempla el bien común de Argentina y Uruguay”.
Y sumó: “Quiero agradecer muy especialmente al Gobierno de Uruguay, a su Presidente, Orsi Yamandu, y a su Canciller, Mario Lubetkin, por la disposición, la confianza y el espíritu constructivo con el que abordaron este tema. También al Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a los intendentes de las localidades involucradas y a todos los equipos técnicos y diplomáticos de ambos países que hicieron posible este resultado”.
Para luego remarcar: “Asimismo, destacamos especialmente la paciencia y la confianza de las comunidades de ambas orillas, que acompañaron este proceso confiando en nuestra capacidad de encontrar una solución conjunta”.
El canciller cerró su posteo escribiendo: “Aprendimos de nuestra historia para no repetir errores del pasado. Argentina y Uruguay demostramos que la confianza mutua, la buena fe y la voluntad de construir soluciones comunes son el camino para superar nuestras diferencias y fortalecer los profundos lazos que unen a nuestros pueblos”.
Pablo Quirno
Cómo era el proyecto
El proyecto HIF iba a instalarse a 3 kilómetros de la costa de Colón y a 15 de Paysandú. Contemplaba un parque de energía solar, un parque eólico y una planta en la que se producirían hasta 876.000 toneladas de metanol al año con hidrógeno verde.
Según la Agencia Noticias Argentinas, los trámites para obtener la autorización ambiental comenzaron el primer cuatrimestre del año 2024 en Uruguay y, a finales del año 2025, el plan logró la viabilidad ambiental de ubicación denominada VAL.
El 13 de marzo de este año, HIF presentó ante las autoridades del Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.
La denuncia que realizó Argentina
El pasado 12 de marzo, los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador nacional Adán Bahl, todos de Entre Ríos, presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios que está siendo tramitada en tribunales argentinos.
Rogelio Frigerio
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también habló al respecto en marzo pasado, afirmando: “No podemos permitir otra Botnia”. Y luego reveló: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”.
El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó este miércoles que el presidente Yamandú Orsi dispuso “relocalizar” la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global planeaba instalar en la localidad de Paysandú, frente a la entrerriana de Colón, lo que generó un reclamo ante la justicia argentina.
Lubetkin hizo el anuncio poco antes de una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, quienes participan en Montevideo de una reunión de cancilleres del Mercosur.
“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, sostuvo el ministro uruguayo ante la prensa y destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.
Y, añadió que se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta.
Con una inversión total prevista de 5.385 millones de dólares, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.
Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental por parte de Uruguay se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.
La demanda que se tramita en tribunales argentinos fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, de la provincia argentina de Entre Ríos, fronteriza con Uruguay. Se trata de una demanda civil de prevención de daños y perjuicios.
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA se encamina a convertirse en una de las principales iniciativas económicas del Gobierno de Javier Milei para el segundo semestre. Con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, la Cámara baja aprobó en general el proyecto que, de acuerdo al relato oficialista, busca ponerle “fin al flagelo de la inflación”.
La iniciativa, que deberá ahora ser tratada por el Senado, propone cambiar de manera sustancial el funcionamiento de la autoridad monetaria y establecer límites más estrictos a su relación financiera con el sector público.
La votación se realizó por títulos y no por artículos, una modalidad que generó el rechazo de la oposición, que esperaba que algunos puntos del proyecto reunieran menos respaldos y pudieran incluso ser rechazados. Finalmente, eso no ocurrió. Además, el Título I concentra prácticamente todos los artículos de la iniciativa.
Durante la sesión, los diputados de Unión por la Patria Agustín Rossi, Cecilia Moreau, Itai Hagman, Juan Grabois y Aldo Leiva protagonizaron un fuerte reclamo frente al titular de la Cámara baja, Martín Menem, junto a Maximiliano Ferraro (CC). En otro momento de la discusión, Myriam Bregman (FIT-Unidad) le mostró a Menem un cartel con la leyenda: “Compraron los votos”.
El principal reclamo de la oposición estuvo dirigido al artículo 13, que permite utilizar activos como reservas en oro, activos financieros y dinero líquido como garantía “en operaciones propias”, entre ellas la toma de deuda. “Le da la posibilidad al Banco Central de hipotecar, de usarlo como garantía colateral para seguir tomando deuda”, explicó Guillermo Michel (Unión por la Patria).
El artículo 12 también generó cuestionamientos entre los bloques opositores. El texto establece que “el BCRA podrá disponer que la integración de los requisitos de reserva se realice parcialmente con títulos públicos valuados a precios de mercado”. A pesar de las objeciones, los dos títulos del proyecto obtuvieron los votos necesarios para su aprobación.
El Título I fue aprobado con 138 votos afirmativos, 110 negativos y siete abstenciones. El Título II consiguió 142 votos a favor, 107 en contra y seis abstenciones.
Reforma del BCRA: cuáles son los principales cambios que impulsa Milei
Un único objetivo: preservar el valor de la moneda
Uno de los cambios centrales es la modificación del mandato del Banco Central. El proyecto establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda. De esta manera, se busca dejar atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
El cambio implica concentrar el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación.
Javier Milei busca darle al Banco Central una misión central: preservar el valor de la moneda. La iniciativa también plantea mayores límites al financiamiento monetario del déficit, cambios en el reparto de utilidades y un mecanismo más exigente para remover a las autoridades.
Fin del financiamiento al Tesoro
Otro de los puntos más relevantes es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del Banco Central. El proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta. La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.
El objetivo del Gobierno es cerrar una de las vías utilizadas históricamente para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria. Según la argumentación oficial, evitar que el BCRA pueda cubrir desequilibrios fiscales es una condición necesaria para consolidar la estabilidad de precios.
Qué pasará con las utilidades del BCRA
La reforma también modifica el tratamiento de las utilidades de la autoridad monetaria. El proyecto busca impedir que el Tesoro pueda recibir como financiamiento utilidades meramente contables generadas, por ejemplo, por variaciones en el valor de los activos o por operaciones financieras.
La intención es evitar que resultados que no representan necesariamente una ganancia realizada se conviertan en recursos disponibles para financiar el gasto público.
Mayor protección para el directorio
La iniciativa incorpora además un cambio importante en la forma de remover a las autoridades del Banco Central. Para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio será necesaria una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La modificación apunta a elevar las barreras institucionales frente a cambios de conducción derivados de los ciclos políticos.
Los mandatos, sin embargo, no se extienden. El proyecto mantiene la duración actual de seis años y apuesta a reforzar la estabilidad de las autoridades mediante un mecanismo de remoción más exigente.
Adiós a las Letras Intransferibles
Otro de los puntos incluidos en la reforma es la prohibición de utilizar nuevas Letras Intransferibles. Estos instrumentos fueron utilizados durante años por el Tesoro para obtener reservas internacionales del Banco Central a cambio de títulos que quedaban dentro del activo de la autoridad monetaria y que no podían negociarse en el mercado.
El proyecto busca impedir que este mecanismo vuelva a utilizarse como una vía indirecta para que el Tesoro acceda a las reservas del BCRA.
Cambios en las operaciones y las reservas
La reforma también actualiza las herramientas operativas del Banco Central. El proyecto le permite intervenir en los mercados mediante operaciones con títulos públicos, divisas y otros activos financieros, siempre bajo condiciones de mercado, con el objetivo de regular la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia.
A su vez, incorpora una protección específica para las reservas internacionales y establece reglas más precisas sobre los activos externos que pueden formar parte de ellas, incluyendo oro y activos financieros líquidos.
Qué busca Milei con la reforma
En términos políticos y económicos, la apuesta del Gobierno es que las nuevas reglas sobrevivan a la actual administración. La intención es establecer límites institucionales para impedir que futuras gestiones vuelvan a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del Tesoro.
La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para consolidar el equilibrio fiscal y eliminar lo que considera mecanismos que contribuyeron históricamente a la emisión monetaria y la inflación.
El interrogante central será si las restricciones previstas por la reforma logran convertirse en reglas permanentes de la política económica argentina o si, como ocurrió con otras modificaciones de la Carta Orgánica, quedan sujetas a futuros cambios de gobierno.
Javier Milei celebró la media aprobación del proyecto de reforma del BCRA
El presidente Javier Milei celebró este miércoles la aprobación en general de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la media sanción de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó ambos proyectos como parte de la estrategia económica del Gobierno y los vinculó con su objetivo de reducir la inflación y avanzar “en el camino hacia la libertad”.
Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!!
Tras la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Milei agradeció a los diputados que acompañaron la iniciativa: “Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA”.
El Presidente definió la votación como “un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien” y puso el foco en el próximo tramo del debate parlamentario: “Ahora a pelearla en el Senado. VLLC”.
Horas más tarde, Diputados también aprobó la iniciativa de Inocencia Fiscal II. El proyecto obtuvo 139 votos a favor y 110 en contra, con lo que consiguió la media sanción. Milei volvió a expresarse en redes sociales para celebrar el resultado: “INOCENCIA FISCAL II Adentro…!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD. VLLC!”.
El sistema político sigue invertebrado. La organización política que conocimos a partir del conflicto con el campo, organizada en dos bloques, hasta las elecciones del 2021, se descalabró. Habrá que ver cuánto tuvo que ver la pandemia en los estados de ánimo que llevaron a ese descalabro. Pero lo cierto es que uno busca objetos que estaban y hoy no están más. Y el cerebro trata de registrar objetos nuevos que no termina de interpretar. Es por lo tanto muy difícil hacer predicciones electorales para el año que viene si uno mira la oferta: si uno mira el menú que ofrece la clase política para satisfacer al electorado. Para competir por el poder.
El peronismo está en una crisis con varios niveles. Por un lado, hay una crisis dentro del kirchnerismo, nada menos que en el conurbano bonaerense, que fue la principal plataforma de poder de esa minoría dominante dentro del peronismo durante más de 20 años. Ahí está el conflicto inesperado entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. La expresidenta que sigue, aún desde la prohibición de competir electoralmente, dominando la estructura kirchnerista y por lo tanto ejerciendo una influencia, menos determinante que la tradicional pero todavía muy condicionante, sobre el comportamiento de todo el peronismo.
Pero hay otra dimensión en la crisis del peronismo que no tiene nada que ver con el fenómeno más importante, que es el kirchnerismo. Tiene que ver con el despliegue territorial de ese partido, que se ha ido reduciendo. Probablemente sea el síntoma más importante de esta crisis peronista, que es una de las más graves desde 1983. Cuando Cristina Kirchner reeligió con el 54% de los votos en 2011, la acompañaban 20 gobernadores peronistas. Hoy hay sólo nueve, de los cuales siete perdieron las elecciones parlamentarias del año pasado. Esa es la crisis del peronismo que algunos intentan superar con movimientos de renovación y ahí tenemos a Juan Manuel Olmos en la Capital Federal, a Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Michel en Entre Ríos, la ascendente Natalia De La Sota en Córdoba. No sabemos qué destino tendrá esa renovación frente a un kirchnerismo que sigue siendo muy influyente.
El Pro también está desarticulado de quienes eran sus aliados: el radicalismo y la Coalición Cívica. También desarticulado interiormente, con dirigentes que han sido capturados por Javier Milei de manera más o menos explícita. Algunos se fueron con el Presidente, como el caso de la senadora Patricia Bullrich. Otros están sirviendo a Milei desde una identidad confusa, como el jefe de Gabinete Diego Santilli o Cristian Ritondo. Esto sin ir a la larga lista de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron funcionarios de Mauricio Macri. Con mayor o menor compromiso partidario, empezando nada menos que con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el canciller, Pablo Quirno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili o el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger.
También está en problemas el propio oficialismo: en la medida en que declina la adhesión a Milei en las encuestas, se va instalando dentro de LLA una incógnita respecto a si está tan asegurada la reelección del Presidente. Esa duda aparece a pesar de que Milei cuenta con un activo muy importante en política. Un activo con el que contó en su momento Cristina Kirchner. Consiste en poner en la góndola de la política un producto nítido. Que puede tener más o menos adhesión, puede ser más o menos discutible o repudiable, pero se entiende qué es, qué ofrece. La oposición a Milei parece estar todavía en una Torre de Babel que no encuentra las palabras para enfrentar a esta experiencia que tiene al primer mandatario como líder.
Por lo tanto, como es muy difícil descifrar la oferta de un sistema tan desarticulado lo que nos queda para entender lo que puede llegar a pasar es analizar la demanda. Ver cuáles son las expectativas, los estados de ánimo, los comportamientos: las modificaciones de la sociedad frente a la política. Qué es lo que esa sociedad pretende frente a la dirigencia. Y ahí nos encontramos con un fenómeno muy importante, que es una transformación muy lenta de la sociedad. Un cambio que tiene que ver con el empobrecimiento de los argentinos y que rige en profundidad la política.
Es imposible entender la política de los últimos 30 años sin ver este fenómeno que ayer fue representado en un artículo de LA NACION, escrito por el consultor Guillermo Oliveto, quien se encarga de analizar los comportamientos de la sociedad a través del consumo y los ingresos. Los modos de vida. Oliveto presenta un gráfico que muestra cómo está hoy la pirámide social. Allí nos habla del miedo a caer de clase social. En el segundo trimestre de 2026, el segmento de la clase alta, que es el grupo de gente que tiene un ingreso promedio del total familiar de $14.000.000. Para pertenecer a esa clase social, que es el 5% de la Argentina, una crema muy acomodada, excepcional; allí hay que tener un ingreso mensual promedio de $9.000.000. Después está la clase media alta, representada por el 17% del país, cuyo ingreso promedio es de $6.500.000, con un piso de $4.500.000. Sigue la clase media baja, que integra el 26% y que tiene ingreso promedio del total familiar de $3.000.000, con un piso de $2.500.000. En otro escalón está la clase baja que, aclara Oliveto, no es gente pobre, representada por el 30%, cuyo ingreso total familiar es de $2.500.000, y un piso promedio de $1.500.000. En esa cifra queda establecida la línea de pobreza. Por debajo de ese $1.500.000 estamos en la pobreza, que afecta al 22% de los hogares. El ingreso promedio familiar es de un millón de pesos por mes.
Es muy revelador comparar esta pirámide con la que presentó Oliveto en junio del año pasado. En la actualidad, para ser de clase alta se necesita un ingreso familiar de $14.000.000, tres millones más que a mediados de 2025. El piso del segmento más privilegiado era entonces de $6.500.000 y ahora son nueve millones. Pero la clave de esta comparación es mirar la clase baja superior, que todavía no es pobre. Ese segmento el año pasado estaba en un 26% y ahora en 30%. Eso es lo que cambió. Porque la pobreza disminuyó: pasó del 26% al 22%. ¿Cómo se interpreta la disminución de los más pobres y el aumento de los que son clase media baja sin ser pobres? Mediante el ascenso de la clase baja a la clase baja superior por dos razones. La política antiinflacionaria, que en un país donde muchísima gente, probablemente nueve millones de personas, no tiene un sindicato que les defienda el salario porque están fuera del mercado laboral formal, se convierte en la mejor política social. Y la otra razón es el descenso de gente de clases superiores a la clase media baja: hay un movimiento dentro de estos números.
Esto es importante porque mueve la política y presenta una imagen de la Argentina, que es una imagen bastante estable, lamentablemente. Pero que nos cuesta asimilar, sobre todo porque es perturbadora y dolorosa: es la imagen de un país que se ha convertido en una máquina de generación de pobreza. Hay que buscar mucho y aún así resulta muy difícil de encontrar en el mundo un país que hoy tenga más pobres que hace 25 años. Es casi imposible encontrarlo en América Latina. Por ejemplo, la pobreza en Perú tiene alzas y bajas. Pero si miramos el 2024 contra el 2010 hay un descenso nítido. En Brasil, el descenso es más notorio: hoy es de 20,6% y estaba en 32% en 2010. En Uruguay es estable cayendo: 5,9%. Y en Chile también, drásticamente cayó, donde en 2010 estaba la pobreza por encima del 20% y hoy es de 4,5%, aún habiendo atravesado distintos tipos de gobiernos. Es decir, la pobreza es una enfermedad que se va volviendo antigua. Otra cuestión es la desigualdad. Pero en la región hubo un avance muy notorio en términos de combates exitosos a la pobreza. En la Argentina no. Hoy, proporcionalmente, tenemos más pobres que los que teníamos hace 25 años.
El nivel de integración social se ha vuelto más lamentable. Si nos remontamos al año 1973, el Índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad que hay entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, era de tres puntos. Para hacerlo más comprensible: en el ‘73, los niveles de desigualdad de la Argentina eran los de Francia de aquel momento. Hoy son los de un Perú que, es cierto, mejoró bastante, pero que sigue siendo un país extraordinariamente desigual. En esa dirección fue caminando la Argentina.
Si miramos el sistema previsional, saliendo de la cámara lenta, y vemos lo que pasa en este momento, entre febrero y mayo se perdieron en el mercado formal 89.000 puestos de trabajo. También resulta interesante recordar la comparación con los otros países de la región. Porque la dramatización, la campaña que hace Milei y su Gobierno a favor del ajuste tiene un efecto visual que deja la impresión de que todos los dramas sociales comenzaron con el Presidente, cuando con él, muy probablemente se estén agravando. Muy probablemente la Argentina que salga de la gestión libertaria va a ser más desigual que la que estábamos acostumbrados a vivir. Pero no es un invento de Milei este proceso de deterioro.
Más allá de la destrucción de esos 89.000 puestos laborales, también aumenta el mercado informal o el cuentapropismo. Este fenómeno, que tiene que ver con el achicamiento todavía más intenso de lo que se conocía tradicionalmente como la sociedad salarial a un país con mayor informalidad, y con trabajos de menos calidad, aunque sean en blanco, está modelando la agenda de las elecciones del año que viene. Y esto se advierte en distintas dimensiones, por ejemplo que muchos economistas ortodoxos, que están acostumbrados a hablar a fondos de inversión y bancos empiezan a tratar cada vez más el deterioro sociolaboral. Porque en ese problema, aparece luego la disminución del consumo, la caída de la recaudación, y de allí nuevamente al problema fiscal, que es el que Milei quiere corregir.
Miguel Kiguel es uno de esos economistas. Según su último informe de Econviews, en el primer trimestre de este año hubo una desocupación del 108%, que se compensa con monotributistas. Kiguel y su equipo se tomaron el trabajo de hacer una investigación que, como toda aproximación, es imperfecta, sobre las búsquedas en Google.
Allí compararon, por un lado, búsquedas en plataformas -como Rappi, Pedidos Ya y Uber- y cuentapropistas registrados en la encuesta permanente de hogares que hace el Indec. Así, registraron que hay una relación bastante directa entre los que buscan trabajo en las plataformas y el aumento de los cuentapropistas. Pero hay una característica: en el último tramo medido por las búsquedas en Google hay una caída. ¿Se da porque se frenó ese proceso de transferencia del empleo formal a este nuevo tipo, que es de más baja calidad? ¿O sucede que el mercado ya está saturado y no absorbe más gente? Se va pintando una nueva Argentina, en cámara lenta. El aumento de este tipo de empleo empezó en 2022.
Otro fenómeno revelador es el de gente que cocina para vender la comida y, eventualmente, trasladarla, es decir, una modalidad precaria de delivery. En el primer trimestre de 2023, esas personas eran 82.000 y, hoy, son 190.000, según el Indec. Esto es importante por el impacto en la configuración social en general y por la repercusión fiscal. En la medida en la que se achica el universo del empleo formal y de calidad -representados por sindicatos que han perdido enorme poder en la Argentina-, este fenómeno impacta en el sistema previsional porque un monotributista cubre, con lo que aporta, el 3% de una jubilación promedio, mientras que un trabajador formal cubre el 31%. Si uno achica el número de los formales y agranda el de monotributistas, se va a generar un déficit mayor y va a haber menos financiamiento.
Es un problema grave porque las jubilaciones son el corazón del problema fiscal en la Argentina. Algunos creen que no hay salida para cualquier reforma, como la que lleva adelante Milei, si no se toca el sistema previsional. Y otros piensan que el Ejecutivo va a terminar tocándolo -y que el Presidente lo analiza para un segundo mandato- y se va a requerir una nueva Corte Suprema que defienda al gobierno que toque de las cautelares que va a generar ese tipo de reformas. Es un problema muy complejo que se alimenta básicamente con este cambio en el perfil del tipo de trabajador que hay en la Argentina.
Cuesta ajustar la cabeza a esta nueva realidad de pauperización, que tiene un efecto emocional sobre la política: en muchos países, entre ellos la Argentina, hay excluidos. Incluso en los países más ricos. Se trata de gente que está afuera del sistema y no puede acceder al bienestar como correspondería. En general, cada vez son menos, porque se tiende a achicar el nivel de pobreza. Sin embargo, en muy pocos países hay, además de excluidos, expulsados. Es una peculiaridad de la Argentina. Es gente que estuvo y ya no está dentro del sistema, que mentalmente se siente con derecho a determinado acceso a la salud o la educación, y ya no lo tiene. Probablemente se crio en una familia que estaba en esa pirámide por encima de donde está hoy.
Los que estudian los programas de estabilización observan que uno de sus efectos es que la inflación disimula el lugar que uno ocupa en la sociedad, desde el punto de vista de la escala social. Baja el agua y pareciera que se tomara una foto y se descubriera que uno está más abajo de lo que estaba cuando empezó la película. Eso genera un resentimiento. La política logra en este caso meterse en serio en la vida de las personas. Se trata de gente que tiene que cambiar a sus hijos a un colegio más barato, probablemente de menor calidad. Lo mismo sucede con las universidades y con los planes de las obras sociales.
Esto sucede a lo largo de bastante tiempo. La gente va pasando de la clase media a la clase media baja. Probablemente no toca fondo pero cambia notoriamente su nivel de vida y eso inspira los sentimientos que genera la política hoy en mucha gente.
En la última encuesta de Hugo Haime se reflejó que creció la bronca. El 40% de la gente se dice “triste y desanimada”, mientras que el 38% con “bronca”. De esta manera queda en evidencia que el problema de la representación -la relación entre esa gente y los dirigentes, de los que espera una solución para su estilo de vida- empieza a ser conflictiva.
Hubo estados de ánimo que condujeron a Milei. El Presidente se mostraba enfurecido y muchos se sentían representados con él por su bronca. En ese momento conectaba muy bien, hoy en día no sabemos si puede hacerlo.
Según la encuesta de Haime, el 34% de los consultados dice que quiere mantener este modelo, un número alto teniendo en cuenta los resultados en términos de ingresos y salario real. Por otro lado, un 65% quiere cambiarlo. El 11% considera que hay que mantener el modelo como está; un 22% haría algunas modificaciones; el 23% lo cambiaría manteniendo algunas cosas; y el 42% -que coincide con el número de los que no votaron a Milei- lo cambiaría totalmente.
Si uno mira la contraposición entre el 34% que quiere mantener el modelo y el 65% que no, puede sacar una conclusión apresurada: el que gane la próxima elección va a tener que cambiar de cuajo la política económica. Si se generara esa presunción, los inversores temerían involucrarse con el país.
Sin embargo, Haime preguntó qué cosas habría que mantener de la política del Gobierno y un 55% coincidió en la inflación baja y controlada. Esa es la prioridad. El 33% respondió “que no haya piquetes en las calles” y el 32% el “control de los planes sociales”. Luego aparecen el dólar, la apertura económica, el superávit fiscal y otros puntos que se asemejan al votante de Milei.
Daría la impresión que, de acuerdo a todas las encuestas, la inflación baja y el control de la calle son los dos méritos que más se les reconocen al gobierno de Milei.
Haime descubrió que el 81% de los que creen que hay que mantener el modelo considera que lo más importante es la inflación, mientras que, de los que plantean que habría que sostenerlo con algunas modificaciones, el 70% coincide en esa prioridad. A su vez, de los que dicen que hay que cambiarlo, el 60% de los que sostienen que hay que mantenerlo con algunos cambios cree que lo más importante es la baja de la inflación y, de los que proponen un nuevo sistema en su totalidad, el 37% tiene esa postura. Ahí hay un activo que explica por qué la obsesión de Milei con ese asunto.
Se puede empezar a entender por qué el Presidente todavía está dispuesto a sacrificar otras variables de este experimento económico con tal de que la inflación no se dispare. Puede ser la respuesta para los que dicen que un leve aumento inflacionario podría dar más dinamismo.
En una encuesta de Pulsar, que lidera Augusto Reina, se preguntó con qué partido o espacio político simpatizan más los argentinos y quedó registrado que, en 2023, el 37% no se identificaba con ninguno. Ahí estuvo el triunfo de Milei. Ahora, en 2024 se redujo al 25% pero subió al 35% en 2025 y al 42% en 2026. Está creciendo ese número.
El universo de los que no se identifican con nadie puede hacer caer en la trampa a muchos políticos porque daría la impresión de que, entonces, ese grupo está en el centro ideológico. Los investigadores de Pulsar, en cambio, sostienen que no hay que caer en esa suposición, sino que esa gente no necesariamente quiere algo en el medio. Ahí hay gente de izquierda que no quiere al kirchnerismo y gente de derecha que no simpatiza con Milei. Por eso no es fácil encontrar a algún candidato que los conquiste. Es gente que sigue ideologizada pero no tiene pertenencia ni filiación. No renunciaron a un punto de vista para ver la realidad. No hay homogeneidad.
El Gobierno mira el desencanto y balbucea algunas respuestas en la medida en que se lo permite el dogma de Milei: mantener la inflación a raya por medio de una política monetaria restrictiva que esté acompañada por una política fiscal de ajuste.
Este domingo, Jorge Liotti publicó una columna en LA NACION en la que explicó lo que intenta, con mucha timidez, hacer el Ministerio de Economía para reactivar la economía y reducir la insatisfacción de los que no creen en el modelo.
La primera iniciativa del Gobierno es estudiar un piso salarial para asistir a la clase media baja. La base que quiere poner es de $1.000.070, cuando la línea de la pobreza es de $1.500.000. Además, es confuso porque, si bien hacemos la comparación entre personas y hogares, lo que le entraría en los bolsillos a los argentinos en el caso de la mínima es alrededor de 860 mil.
El Gobierno no quiere dar esa orden, sino inducir a través de las paritarias. Pero ya interviene más expresamente en el mercado del salario. Propondría a quienes les cueste pagar el sueldo por las cargas sociales, que completen con una suma no remunerativa, es decir, “un poco en negro”, pero que figure en el ingreso, hasta llegar a un sueldo bruto de $1.000.070. Eso está pensado para la construcción, maestranza y determinados niveles bajos del sector de la salud.
Otra iniciativa que fue muy divulgada la semana pasada fue la de fondear a los bancos, ofrecerles dinero a través de licitaciones y que accedan a fondos de la Anses -por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad- para que den créditos para la primera vivienda, con una tasa que debe ser UVA más 7,5%. Es una novedad interesantísima porque estamos hablando del gobierno de Milei, hiperliberal austríaco, que permite que Luis Caputo intervenga sobre la tasa de interés y oriente el crédito hacia un sector determinado.
Frente a la necesidad electoral y el clima social que se está generando, empieza a haber algunas licencias poéticas en la política del Gobierno frente al mercado. Sin embargo, no debe sorprender ya que ha mostrado pragmatismo más allá del discurso de Milei respecto al mercado de cambios, que sigue intervenido.
El Gobierno negó por completo tener algo que ver con el mundo de los endeudados, ese gran problema de los que cubren gastos con la tarjeta para llegar a fin de mes o los que quedaron colgados del pincel por la suba de las tasas de interés. El Banco Central llegó al final al tema y lanzó recomendaciones antes de solicitar un crédito y respuestas a qué es un préstamo personal y qué variables analizar.
Detrás no solamente está el haber ingresado de manera incorrecta al haber seguido señales que el mismo Gobierno emitía, sino un problema de educación financiera que lleva a la gente, sobre todo a los más humildes, a no tener noción de cuánto están pagando o van a terminar pagando.
Se va generando una discusión interesante aún dentro del mismo Gobierno. Patricia Bullrich, que suele ser una voz disidente en determinados temas de la agenda oficial, le dijo a Milei en una reunión de gabinete que deberían mirar el tema de los endeudados porque esa gente está destinando al pago de la deuda un dinero que le resta al consumo. A lo mejor, si se atiende ese problema de alguna manera, se puede hacer que se deriven algunos fondos al consumo y haya mayor actividad. En el Ejecutivo saben muy bien que Milei está preocupado porque los resultados que él esperaba llegan más tarde o no llegan.
Se va generando una agenda y un temario para la elección presidencial, que tienen que ver con los cambios de paladar de la gente y que las preocupaciones ya no son las mismas de antes. La inflación emerge como algo ya conquistado que debe mantenerse y que se espera que el próximo gobierno conserve, pero la gente quiere que, además, se le den otras cosas. Los que sostienen a Milei quieren el mismo modelo con más trabajo.
Estas cuestiones llevan a que se discuta la política industrial, aunque al Gobierno no le guste esa palabra. Sostiene que no existe una política productiva, sino que la debe fijar el mercado. Sin embargo, existe el RIGI, donde a determinados sectores, como minería, petróleo y gas se les dan determinadas ventajas impositivas que a otros no.
El Gobierno elige determinados sectores para favorecer y parece dirigista. Acá también es pragmático y no se aferra a los manuales de la escuela austríaca. Hay una novedad: la administración chavista de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, llegó a un acuerdo con Donald Trump para promover a las empresas estadounidenses de petróleo. Ese RIGI del chavismo es curioso porque cobra regalías del 16%, mientras que la Argentina cobra el 12%.
En Venezuela, el impuesto a las ganancias se aplica en 34% y en la Argentina en 24%. La cuestión radica en que, con estos números, las empresas van a ese país; Trump lo firmó. Algún día quizás se discutirá si el gobierno de Milei no fue muy concesivo para conseguir inversiones que probablemente en algunos sectores -como la minería- vendrían igual. No hay muchos lugares en el mundo con litio y tierras raras. Para el año que viene empieza la discusión del modelo productivo.
Frente a todo este panorama, que implica una sociedad que se va empobreciendo y cambiando su perfil socioeconómico, la vieja promesa argentina del progreso individual. que trajo tantos inmigrantes. ya no se cumple, sino que ocurre la contrapromesa: hijos que viven peor que sus padres y tienen menos acceso que ellos a los bienes. Ante eso, hay un programa de ajuste y estabilización que siempre tiene este tipo de costos, y un Gobierno que intenta dar una respuesta, aunque sea tímida.
Pero Milei sigue defendiendo su modelo e insulta a los que sugieren cosas que hace el ministro Caputo. Con las actitudes de hoy, dos años atrás, el ministro hubiese sido un “mandril”, ya que interviene la tasa de interés para facilitar el mercado hipotecario.
¿Por qué hace eso Milei? ¿Porque es un dogmático y no ve la realidad, o hay una lógica detrás de esa crueldad? Daría la impresión de que al Presidente le preocupa un problema: el déficit. El financiamiento tal vez lo lleve, de un modo u otro, a tener que emitir un bono para poder pagar la deuda del año que viene, lo que el Gobierno se viene resistiendo a hacer. No logra que el sector financiero le baje la tasa de interés. A esa gente le habla. Para ellos grita e insulta Milei, que está pensando en un problema central de su gobierno: el problema fiscal no está resuelto y posiblemente vaya a tener que pedirle plata a ese sistema financiero que le pide sangre, sudor y lágrimas, para que él pueda garantizar que los bonos se paguen.
La Municipalidad de Colón desacreditó la versión que el Gobierno uruguayo dejó trascender para salvar al presidente Yamandú Orsi de una polémica internacional. El mandatario dijo que, en el diferendo por la instalación de la planta de HIF Global en Paysandú, Argentina había retirado la demanda penal en contra de Uruguay.
Tras ser desmentido por la fiscal federal que lleva adelante el caso, Josefina Minatta, y por el demandante en otro expediente en el fuero civil, el diputado Guillermo Michel (UP – Entre Ríos), el Ejecutivo uruguayo salió a aclarar que Orsi se refería a una supuesta demanda interpuesta por la viceintendenta de Colón, María Dalleves.
De esta manera, se dejaba a salvo la palabra presidencial del yerro que había causado un escándalo en ambos lados de la frontera.
Sin embargo, la solución fue peor que el problema. A las pocas horas, el Municipio de Colón emitió un comunicado en el que expresó que esa denuncia a la que se habría querido referir Orsi jamás existió.
El texto del documento, enviado a Infobae, expresó: “El Municipio de Colón desconoce a qué denuncia se refiere el Presidente de Uruguay”.
“En ningún momento -agregó- el Municipio local efectuó una denuncia penal, ni de otro tipo”. “De hecho -resaltó- formalmente nadie presentó una demanda” en la Justicia.
Párrafo seguido, el comunicado reconstruyó que a principios de año, el Gobierno local solicitó “acceso al expediente” que se abrió en Uruguay referido a la instalación de la planta de e-combustibles en Paysandú, frente a sus costas. Desde que se conoció el proyecto, hubo preocupación en las ciudades argentinas ribereñas al río Uruguay por el impacto que tendría. Se temía que la contaminación visual afectara al turismo y que aumentara la polución sobre el curso de agua.
El escrito del Municipio argentino recordó que para poder acceder al expediente “se hicieron varios tipos de presentaciones”. Una de ellas fue “una solicitud de comunicación al Comité de Escazú, para que solicite al Uruguay que nos dé intervención”.
El acuerdo al que hizo mención refiere al primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe en incluir normas específicas para proteger a los defensores de los derechos humanos en estos asuntos.
“Con posterioridad a dicha solicitud, el Gobierno Uruguayo nos dio intervención. De hecho, nos contestaron”, añadió el Municipio. Por esta razón “la instancia del Comité de Escazú ya no era necesaria, lo cual comunicamos a dicho organismo”, abundó.
Por último, el documento remató: “Nuestra posición y comportamiento ha sido siempre el mismo desde el primer momento: respetar los canales diplomáticos para la resolución de este conflicto. De hecho, es lo que hasta ahora nos ha dado resultado”, concluyó.
El emprendimiento pretende generar e-combustibles sintéticos. Para ello, utilizaría dióxido de carbono que emerge de las cadenas de biomasa y también hidrógeno verde generado a partir de energías renovables. Ponerlo en marcha implicaría 3 mil empleos en forma directa.
Se trataría de la mayor inversión extranjera en la historia del país vecino: USD 5.400 millones.
El emplazamiento original estaba 5 kilómetros al norte de Paysandú, frente al principal balneario de Colón. Ante las alarmas que sonaron en Entre Ríos y para evitar repetir la experiencia traumática de la pastera Botnia (hoy UPM), se activaron todos los canales de la diplomacia formal e informal.
El resultado fue relocalizar la planta en otro lugar. Se evitaría así la contaminación visual sobre el río y se reduciría el impacto en la biodiversidad.
Hasta que esto quede confirmado, la demanda penal que inició de oficio la fiscal Minatta y la causa civil por daño que interpuso Michel seguirán su curso, adelantaron ambos en declaraciones a este medio.
La oposición en Diputados trabaja para poner en el centro de la discusión parlamentaria el creciente endeudamiento y la morosidad de las familias. Para eso reunió 50 proyectos que ofrecen distintas respuestas, desde planes de refinanciación y quitas de intereses hasta límites a las tasas, suspensión de embargos y mayores controles sobre bancos y fintech.
El objetivo es llevar el tema al recinto en la sesión especial convocada para el 9 de septiembre. La iniciativa no solo reúne al peronismo y al Frente de Izquierda, sino también a un amplio abanico de bloques del centro político, como Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Argentina Federal, además de espacios que responden a gobernadores que suelen colaborar con la agenda libertaria, como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil.
La última sesión dejó una señal concreta: la oposición reunió 133 votos, una mayoría suficiente para abrir el recinto y emplazar a las comisiones, es decir, imponerles una fecha límite para tratar y dictaminar los proyectos. Es una herramienta que se utiliza cuando el oficialismo demora iniciativas en las comisiones que controla.
Germán Martínez encabezó la conferencia de prensa de la oposición en el Salón Pasos Perdidos con motivo de resolver el tema de la morosidad Santiago Filipuzzi
El oficialismo, que rechaza que la morosidad pueda atribuirse a su política económica, buscó anticiparse: convocó para este miércoles a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli. Sin embargo, no lo hizo en conjunto con las otras comisiones a las que fueron girados buena parte de los proyectos. Por eso, aun si reúne los votos, la oposición no podrá avanzar esta semana con dictámenes para llevar al recinto.
Los proyectos se acumularon en los últimos meses. La oposición incluyó 50 en el pedido de sesión para preservar la mayoría de 133 votos que consiguió en el recinto y ahora trabaja en cómo articular los emplazamientos. La dificultad es que no todos tienen los mismos giros: varios coinciden en Finanzas y Defensa del Consumidor, mientras que otros, por su temática específica, deben pasar por comisiones diferentes.
“Tenemos dos semanas”, resumen en los bloques que impulsan la sesión.
EL GOBIERNO SE BURLA DE LOS ARGENTINOS SOBREENDEUDADOS Y DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Los diputados de La Libertad Avanza hoy volvieron a actuar con el cinismo que los caracteriza. En lugar de abrir una discusión seria en el Congreso para abordar respuestas a la situación de…
Una de las principales coincidencias entre las iniciativas es la creación de mecanismos para reestructurar las deudas de las familias y reducir el peso de las cuotas sobre sus ingresos.
Un proyecto de Natalia Zaracho, Itai Hagman, Germán Martínez y otros diputados de Unión por la Patria (UP) propone crear un fondo que compre y reorganice las deudas de personas de bajos ingresos para consolidarlas en una única cuota que no supere el 30% de sus ingresos.
Marcela Pagano, en tanto, plantea un régimen extraordinario para personas con más de 90 días de mora e ingresos inferiores a seis salarios mínimos, con una quita total de los intereses punitorios. Otro proyecto, de Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz, propone refinanciar las deudas de tarjetas de crédito hasta en 36 cuotas, con límites a las tasas y eliminación de punitorios.
La izquierda propone una salida más drástica: condonar determinadas deudas de los hogares de menores ingresos y refinanciar el saldo restante a tasa cero. También impulsa suspender embargos y ejecuciones sobre salarios.
Ariel Rauschenberger, Carlos Castagneto y Germán Martínez, de Unión por la PatriaSantiago Oroz
Suspender embargos y punitorios
Otro grupo de proyectos busca establecer una suerte de período de protección para las familias endeudadas. Las iniciativas incluyen la suspensión temporal de ejecuciones y embargos, el congelamiento de intereses punitorios y restricciones para informar a los deudores en registros crediticios.
Las propuestas varían respecto del alcance y la duración de la emergencia.
También hay un proyecto para regularizar las deudas acumuladas en servicios, como facturas de luz, gas y agua, con condonación de recargos y punitorios.
Límites al crédito
Una tercera línea apunta a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. Hay proyectos para restablecer topes sobre intereses y punitorios, evitar su capitalización y permitir que los propios usuarios establezcan un límite de consumo inferior al crédito que les ofrece una entidad.
También se propone regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.
Otros buscan establecer límites y garantías frente a los sistemas automatizados que utilizan bancos y billeteras virtuales para ofrecer préstamos o determinar el perfil crediticio de una persona.
Martín Menem frente a diputados peronistasSantiago Filipuzzi
Créditos de la Anses
Finalmente, otro grupo de diputados propone que el Estado vuelva a intervenir directamente en el financiamiento. Un proyecto encabezado por Guillermo Michel (UP) plantea recuperar los créditos blandos, con tasas bajas, financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para jubilados y trabajadores.
Los kirchneristas Vanesa Siley, Mario Manrique y Sergio Palazzo, por su parte, impulsan una plataforma administrada por la Anses para unificar distintas deudas de personas de bajos ingresos en un único plan de pagos, con cuotas que no superen el 33% del salario.
El rechazo de Milei
El Gobierno rechaza el diagnóstico sobre el que se apoyan estas iniciativas. Javier Milei aseguró que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno” por el aumento de la morosidad y sostuvo ante sus legisladores que no deben “tragarse la píldora de la empatía”.
Según el Presidente, el problema está concentrado en determinados segmentos de las familias y parte del endeudamiento responde a decisiones de consumo. Incluso vinculó parte de la mora con la compra de televisores durante el Mundial y con las apuestas. “Lo que están proponiendo los kirchneristas es rescatar al usurero, y no lo vamos a hacer”, afirmó.
El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de e-combustibles en Paysandú, frente a las costas entrerrianas, había entrado en un camino de solución tras la decisión de la relocalización. El emplazamiento original había generado quejas del lado argentino. La ciudad de Colón protestó porque estaría frente a su balneario principal. La posible «contaminación visual» podría afectar al turismo, principal ingreso de la localidad.
Pero una declaración del presidente Yamandú Orsi volvió a remover las aguas. En una visita a Guichón, ciudad ubicada en el departamento Paysandú, el titular del Ejecutivo uruguayo afirmó: “Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho”.
Sus dichos fueron desmentidos casi al instante.
“Yo no retiré ninguna denuncia. Los Amicus Curiae tampoco. La causa sigue en pie”, dijo a Infobae la fiscal Josefina MInatta. La funcionaria judicial fue quien promovió la acción penal por tentativa de contaminación en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
Por su parte, el diputado nacional Guillermo Michel (Entre Ríos – UP), que motorizó la demanda civil contra HIF Global y el Gobierno uruguayo, también negó los dichos de Orsi. “La acción preventiva judicial de daño civil que iniciamos sigue adelante”, indicó en diálogo con este medio.
Hace unos meses, un entendimiento entre ambas Cancillerías había logrado evitar un desborde del diferendo. En ambas márgenes del río hay malos recuerdos de la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos.
El Presidente uruguayo había sostenido que el retiro de la acción judicial en Argentina había sido “una buena noticia a nivel diplomático que tiene que ver con que vamos ganando en confianza”.
“Por supuesto falta. Había que relocalizar (la planta). Eso implica nuevos estudios de impacto (ambiental). Pero la idea no se detuvo. Se podrá demorar de acuerdo a lo que el mercado del hidrógeno establezca. Nosotros seguimos trabajando teniendo los cuidados que se tienen que tener”, agregó en diálogo con la prensa local.
“Seguimos, seguimos”, afirmó el mandatario oriental cuando fue consultado por la inversión en Paysandú, que se avizora como la más importante de la historia del país vecino: más de USD 5 mil millones.
“Llegado el momento de la inversión, se tienen que tomar decisiones”, agregó.
Además, consignó que las conversaciones entre el Estado uruguayo y HIF Global por el costo del suministro de energía “viene bien”. La electricidad para realizar el proceso debe ser provista por la estatal UTE. Y el valor al que se venderá es motivo de negociación por el impacto que tendrá en el costo final de los productos que la firma pretende producir y exportar.
“Se acercaron los números. Por supuesto: hay que ser muy prudente”, puntualizó.
La fiscal Minatta expresó: “No sé de dónde sacó esa información el presidente Orsi”.
Luego detalló que la Justicia Federal argentina “sigue esperando que Uruguay dé respuesta a todas las cosas que le pedimos a través de la CARU”, la comisión administradora del río Uruguay. El organismo es una entidad binacional que maneja el curso de agua como recurso compartido entre ambos países. Un pacto de la década del ‘60 estableció que la acción de cualquier Estado que afecte el río debe ser antes consultado con el otro.
Michel, en tanto, subrayó: “La palabra presidencial es un activo importante que el presidente Orsi tiene que cuidar. La fiscal (Minatta) ya lo desmintió y la acción que iniciamos sigue con importantes medidas”. En los últimos días se realizaron controles del agua del río ante la eventualidad de que HIF contamine el flujo cuando entre en funcionamiento.
“La salida a este conflicto no es confrontar en los medios. Se requiere diálogo serio y responsable”, agregó el diputado nacional.
Por otro lado, Minatta indicó que incluso en el mejor escenario, la relocalización de la planta, ella continuará con el proceso. “Es importante que si se ubica en otro lugar tampoco cause daño ambiental en el río y la biodiversidad”, consignó. “El reclamo no es solo por la contaminación visual en Colón. Es mucho más importante”, agregó.
La fiscal precisó además que a la acción penal que tiene a su cargo y a la demanda de Michel y otros legisladores del peronismo se sumó otro planteo judicial. Se trata de un amparo colectivo en el Juzgado Civil 2 de Concepción del Uruguay. La inició un gremio de la ciudad de Concordia. “Hay dos causas civiles y una penal”, resumió la funcionaria judicial.
“Inocencia Fiscal II no es un blanqueo, es un engendro”: la dura crítica de un exjefe de Aduana a un proyecto clave de LLA
Días después de la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto oficial de Inocencia Fiscal II, el legislador y extitular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel criticó duramente la iniciativa y consideró que “no es un blanqueo, es un engendro”.
“Es una mala copia del famoso tapón fiscal de (Domingo) Cavallo del año 1991. Cuando Cavallo asume aplica un tapón fiscal que decía ‘si presentás tu última declaración jurada bien, el fisco no puede ir para atrás’. Con ese engendro, lo que quieren es fomentar el ingreso de dólares”, planteó Michel, quien aclaró que “el paquete fiscal I fracasó”.
En diálogo con radio Mitre, el diputado de Unión por la Patria y dirigente del Frente Renovador alertó: “Esto genera un fuerte desincentivo a cumplir, porque qué incentivo va a tener un contribuyente a cumplir y pagar sus impuestos en término y con lo que corresponde si siempre tiene la posibilidad de rectificar y seguir con los beneficios. Creo que es una ley mal diseñada que roza cuestiones muy sensibles del tema del lavado”.
Mientras las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Brasil siguen paralizadas a raíz de los insultos que el presidente Javier Milei le propinó a su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en su última visita al país vecino, con el diputado Nicolás Massot a la cabeza, una comitiva de legisladores nacionales viaja este martes para establecer un canal de diplomacia parlamentaria.
“La semana que viene, más puntualmente el miércoles, una comitiva de distintos diputados de esta casa, y algunos senadores de distintos partidos vamos a estar viajando a Brasilia para mantener reuniones en el marco de la diplomacia parlamentaria para tener reuniones en la Comisión de Relaciones Exteriores (del Senado), en Cancillería y en el Planalto”, anunció el diputado de Encuentro Federal el último miércoles desde su banca, en el marco de la sesión en la que se avanzó con la nueva Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II.
El anuncio fue acompañado de una invitación a sus pares. Al menos hasta ahora, según pudo saber este medio, además de Massot, viajarán rumbo a Brasil sus pares Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas); Eduardo Falcone (MID); Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria). Por el bloque peronista, también podría sumarse Guillermo Michel. Además, podrían incorporarse algunos senadores, también de la oposición. ¿Quién costea el viaje y la estadía de los legisladores? Ellos mismos.
El impulsor de la comitiva, también le extendió por privado la invitación a diputados del PRO y la UCR. “No vamos a compartir comitiva con la oposición al Gobierno que se encarga de poner palos en la rueda. Al margen de eso, tampoco el bloque recibió invitación”, dijeron desde la bancada que conduce Cristian Ritondo. Es cierto, la invitación formal no fue enviada a las autoridades de las bancadas, pero Massot se contactó personalmente con algunos de sus pares, y luego hizo pública la invitación en el recinto. La UCR que conduce Pamela Verasay también fue invitada al viaje, pero no asistirá.
Además, el bonaerense se encargó de comunicarle la jugada al canciller Pablo Quirno. No hubo ningún tipo de respuesta oficial desde ese ministerio. En el recinto no solo lo hizo público, sino que le pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem: “Intermedie, por favor, con el canciller, para que entienda que esto es institucional, que no es partidario y trate de estar a la altura para acompañar esto”.
El bloque que preside la radical Pamela Verasay no participa de la comitiva.
Cómo sea, los objetivos de la comitiva son varios. El más importante, en palabras de Massot, es “intentar establecer un canal de diplomacia parlamentaria paralelo al oficial, que se ha degradado o suspendido”. Básicamente, los legisladores apuntan a que, hasta tanto continúe la anomalía de “un presidente que quiere estar peleado con su principal socio comercial”, que exista un canal alternativo donde pueda fluir la agenda bilateral. De alguna manera, llenar el vacío de cancillería, sin -dejan muy en claro los integrantes de la comitiva- sustituirla.
Asimismo, el grupo de legisladores tiene un objetivo “gestual: es una especie de desagravio”, explicaron a Ámbito. En este sentido, el grupo de legisladores busca dejar en claro que “el 60% de la representación parlamentaria está en contra” del accionar de Milei.
“No hay ningún mandato electoral, por más fuerte que sea, que le permita a un poder, en este caso al Ejecutivo, llevarse puesto 40 años de relaciones bilaterales estratégicas, más cuando han sido, en muchos casos, ratificadas por acuerdos bilaterales que este Congreso votó y, por ende, es de nuestra total incumbencia y es casi nuestro deber velar por la permanencia de esas relaciones estratégicas”, explicó Massot quien, además, presentó un proyecto que, entre otros ítems, pide interpelar a Quirno por este tema.
Vale recordar que el conflicto se desencadenó tras la última visita de Milei a Brasil, cuando participó de un acto proselitista del candidato a presidente, Flávio Bolsonaro. En ese contexto, el Presidente llamó “ladrón” y “presidiario” a su par brasileño. Además, tildó de “basura calva” al juez de la Corte Suprema de aquel país, Alexandre de Moraes, por haberle negado visitar en prisión domiciliaria al expresidente -y padre del candidato- Jair Bolsonaro.
Además de insultarlo, Milei apuntó contra Lula por la supuesta campaña anti-Argentina.
Además, Milei acusó al gobierno brasileño de financiar la supuesta campaña anti-Argentina que se desplegó en las redes sociales en el marco del Mundial.
Es en este escenario, y luego de que Brasil retirara a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, que se impulsa el viaje de la comitiva. Tal cual dio a conocer Massot, durante la visita a Brasilia, que durará dos días (este martes y miércoles), los legisladores se reunirán con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño; el Grupo de Amistad de Brasil con Argentina, así como también la vicecanciller de ese país, María Laura da Rocha. Además, no se descarta que se reúnan con cámaras empresariales.
LaLibertad Avanza consiguió aprobar este miércoles, en la Cámara de Diputados, la nueva ley deInocencia Fiscal con la que el Gobierno busca expandir el universo de contribuyentes que podrán sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La media sanción de esta iniciativa tuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.
Al oficialismo lo ayudaron sus aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo; en contra votó Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Cómo votaron los diputados la ley de Inocencia Fiscal II