Tag: entrerriano

Con el bajo perfil que los caracteriza, el juzgado federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta, avanza a paso firme en la segunda etapa de la investigación sobre el fentanilo contaminado que está asociado a 90 muertes de pacientes. El expediente ya tiene a 13 personas procesadas, entre ellas el propietario de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, directivos y responsables de la elaboración del potente anestésico.

En esta segunda etapa, la pesquisa pone la lupa sobre los organismos de control responsables de certificar la calidad de los medicamentos que se comercializan y que los laboratorios cumplan con las estrictas normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Se trata de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.

En el juzgado de Kreplak esperan que en los próximos días la fiscal Roteta presente su dictamen impulsando la acción respecto de los funcionarios de la autoridad de control, ANMAT, INAME y eventualmente el Ministerio de Salud de la Nación.

En el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el titular de la cartera de Salud, Mario Lugones, por medio de la Resolución 2415/2025 publicada en el Boletín Oficial, decidió apartarla preventivamente del cargo. La medida se tomó luego de una investigación de Infobae donde se estableció que se produjeron demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con “desvíos de calidad” y por fuera de las normas de buenas prácticas.

La desvinculación preventiva se dio a conocer horas después de la detención de Ariel Fernando García Furfaro, el dueño de HLB Pharma.

La ANMAT estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio. El 6 de enero pasado el Gobierno Nacional formalizó su renuncia.

Bisio, quien ocupaba la dirección desde 2023 pero integraba el organismo desde hace dos décadas, alegó “razones personales” en su nota de dimisión enviada al ministro Mario Lugones. No obstante, fuentes oficiales vincularon su salida al desgaste tras un año marcado por la crisis del fentanilo y sus derivaciones.

“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”

La fiscalía ya anticipó su criterio sobre el tema en varias oportunidades a lo largo del voluminoso expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.

Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la investigación: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”.

Los fiscales también sostuvieron: La suma de estas irregularidades y deficiencias —dolosas o culposas—, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La fiscal Roteta fue muy crítica (como el juez) sobre la actitud pasiva que habría tenido la ANMAT en el retiro de las ampollas contaminadas de Fentanilo HLB Pharma distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el país. “La información recabada y comunicada al juzgado, relativa al retiro efectivo de los medicamentos cuya calidad se vio comprometida, resulta escasa y a todas luces insuficiente”.

La fiscal también le pidió al juez Kreplak que advirtiera las consecuencias que podrían enfrentar los funcionarios si no cumplían con el retiro del potente anestésico adulterado: “Se informe a las autoridades del organismo sobre las eventuales consecuencias penales que podría acarrear el incumplimiento de tal orden, que constituye una obligación de resultados concretos”.

En la causa está acreditado que fue el juzgado a cargo de la investigación, y no la ANMAT, quien se hizo cargo de retirar el medicamento contaminado.

De esa manera la fiscal María Laura Roteta describió en detalle la posición crítica sobre la responsabilidad y el accionar de los organismos de control, señaló omisiones, demoras, falta de rigor y una respuesta ineficiente ante el escándalo del fentanilo contaminado, y advirtió sobre posibles consecuencias penales.

Ahora el juzgado de Kreplak espera el dictamen de la fiscalía sobre las acciones a impulsar sobre los funcionarios que estaban a cargo de los controles a los laboratorios.

“No surgen controles posteriores”

El juez también se manifestó sobre la ANMAT y el INAME de manera crítica. En su resolución de 401 fojas del 25 de septiembre de 2025, a través de la cual procesó a los 13 imputados, entre ellos el propietario de los cuestionados laboratorios, Ariel García, su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro, expresó:

• “La ANMAT constató que Ramallo estaba elaborando en áreas no habilitadas utilizando como envases ampollas plásticas no autorizadas (estas deficiencias son consideradas críticas). Además, detectó otras irregularidades: falta de grupo electrógeno, documentación de máquinas en inglés y a nombre de otra firma cuando debería estar en español y a nombre de Ramallo, falta de medidores de presión en el sistema de tratamiento de aire, falta de planos, entre otras. Como consecuencia de la inspección, el 15 de enero de 2024 la ANMAT expresó que ‘DE LA INSPECCIÓN REALIZADA SURGE QUE EL LABORATORIO NO CUMPLE CON LA DISPOSICIÓN VIGENTE DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN PARA EL RUBRO SOLICITADO’ (la mayúscula es original del expediente). Dejó indicado que el laboratorio debe corregir las deficiencias advertidas. Del expediente no surge del mismo que se haya constatado la subsanación de las falencias advertidas.”

• “Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo de 2022 se llevaron a cabo inspecciones sobre Ramallo. ANMAT constató deficiencias y otorgó distintos plazos para subsanarlas, tales como temperaturas fuera de parámetros aceptables, condiciones de dosificación que incumplen las Buenas Prácticas de Fabricación en áreas de fraccionado en bolsas flexibles de PVC. Las deficiencias advertidas por ANMAT fueron notificadas al laboratorio el 22 de marzo de 2022. Ramallo presentó un plan de acción para subsanar las falencias detectadas que fue considerado aceptable por ANMAT. Sin embargo, no surge del expediente la realización de controles posteriores mediante los que se haya constatado el efectivo cumplimiento del plan propuesto.”

• “Pese al reporte cursado por el nosocomio entrerriano (de contaminación bacteriana), basado en estudios realizados por sus profesionales, la ANMAT no puso en conocimiento de Laboratorios Ramallo el desvío de calidad ni ordenó el retiro del mercado del lote. Sin embargo, como se sabe, el brote efectivamente existió e, incluso, tomó estado público.”

El juez también detalló múltiples hallazgos de la ANMAT y el INAME sobre el laboratorio, pero no se registraron seguimientos posteriores para verificar que se subsanaron falencias en la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, uso de envases plásticos no autorizados, falta de documentación, control de calidad, ausencia de libros de producción, daños en instalaciones, productos comercializados en presentaciones no autorizadas, fragmentos extraños en medicamentos y falta de trazabilidad de lotes.

El juez señaló que la ANMAT prohibió el uso de ciertas áreas y lotes, y condicionó la rehabilitación a una nueva inspección con resultado favorable, pero remarca que “no consta en el expediente la subsanación de las falencias ni la clausura efectiva”, salvo la “inhibición de actividades productivas” dictada recién con la Disposición ANMAT 3158/2025, tras el escándalo por el fentanilo contaminado. Es decir, después que se conocieron las primeras muertes reportadas por el Hospital Italiano de La Plata.

La presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, con la entrevista previa en la que admitió haber sumado más de 500.000 dólares en negro a su patrimonio, complicó aún más la situación política del jefe de Gabinete, que vuelve a tambalear en su cargo.

Pero el caso, con su rebote judicial desde hace tres meses, suma ahora un nuevo capítulo a nivel legislativo, que el Gobierno está intentando gambetear o patear para adelante, aunque el complejo escenario amenace con llevarse puesta esa estrategia.

El viernes pasado el peronismo ingresó al Senado un pedido para que Adorni sea interpelado en un plazo de siete días y, si así se aprueba, removido de su puesto.

En el Gobierno se ilusionan con que la semana corta por el feriado de este lunes dilate los plazos y se llegue al 2 de julio en el que el jefe de Gabinete tiene previsto ir a dar su informe de gestión. Parece difícil frenar una avanzada opositora que, además del PJ, podría contar con los respaldos del PRO, la UCR y otros bloques.

Por eso en la Rosada, y también en el Congreso, empiezan a hablar del “factor Kueider”, recordando la destitución del senador entrerriano en diciembre de 2024, días después de haber sido detenido por ingresar con más de US$ 200.000 sin declarar a Paraguay, junto a su secretaria Iara Guinsel Costa.

Kueider terminó siendo destituido por amplísima mayoría de la Cámara alta, con 60 votos a favor de su salida y sólo seis en contra. No hubo manera de respaldar en ese momento al dirigente, peronista de origen, pero con buen vínculo con el Gobierno por esos días. Ese antecedente es el que comparan con Adorni.

Hay otra vía, que hasta ahora el oficialismo se negó a tomar. Echar a Adorni antes de que sea expuesto nuevamente en el Congreso, como ya pasó cuando fue a Diputados. O, la que muchos en el gabinete esperan: que renuncie a su cargo y termine con casi 100 dias de agonía que complican a todo el proyecto libertario.

La delicada situación de Adorni, curiosamente, acercó posiciones entre dos dirigentes clave de La Libertad Avanza que vienen con tensiones desde principios de año.

Después de la forzada foto del jueves en la mesa política, con torta incluida para celebrar el cumpleaños de Patricia Bullrich, Karina Milei terminó de aceitar el lazo con la senadora al ser una de las dos invitadas libertarias al festejo más íntimo que hizo la ex ministra de Seguridad por sus 70 años.

Fue el sábado, en el restaurante del hotel Uno Buenos Aires Suites, justo detrás del Congreso, sobre la avenida Rivadavia. La familia de Bullrich le armó una especie de brunch vespertino, con dos turnos de invitados que pasaron por allí entre las 16 y las 19.

Por un lado, la senadora recibió a su familia, pero en una versión más extendida que su marido, hijo y nietos, ya que también concurrieron primos que hacía mucho tiempo no veía.

Por el otro, estuvo su equipo de colaboradores del Senado, con el que ya había celebrado el jueves, día del cumpleaños, pero al que se agregó la secretaria general de la Presidencia y, también, Pilar Ramírez, la principal espada karinista en la Legislatura y con aspiraciones de candidaturas para 2027 en la Ciudad.

El encuentro sirvió para aliviar tensiones entre la hermana del Presidente y la senadora, que por ahora parece negarse a encarar una candidatura a nivel porteño el año que viene y que, además, en una aparente intención de nacionalizar sus expectativas electorales, viene despachándose duro contra el Gobierno por temas diversos de la agenda, más allá de Adorni.

“Karina entendió que Patricia quiere ayudar desde adentro, y que su rol muchas veces es criticar cuando cree que corresponde hacerlo”, sueltan cerca de Bullrich, que viene intercalando gestos que hacen pensar en una ruptura política con acercamientos con los hermanos Milei que intentan solidificar la alianza.

El jueves, Patricia Bullrich había dicho en público, otra vez, lo que pocos se animaban a decir en voz alta: que la situación patrimonial de Manuel Adorni no era un error sino una omisión ética, y que la Justicia tendría la última palabra. Cuarenta y ocho horas después, Karina Milei apareció en el cumpleaños de Bullrich. El gesto no pasó desapercibido para nadie que siga de cerca la geometría del poder dentro de La Libertad Avanza.

El sábado a la noche, en la terraza del bar Uno —a metros del Congreso—, Bullrich festejó sus 70 años con un grupo de unas 50 personas entre amigos de la política y de la vida, según pudo confirmar Infobae. El salón fue alquilado por los propios invitados y los gastos se dividieron a la romana. Había sido un viernes intenso: el día de su cumpleaños real, lo había pasado con su familia extendida. El sábado era la noche de los suyos. En un momento de la velada llegaron Karina Milei y Pilar Ramírez. No fue una visita protocolar. En medio del escándalo Adorni, con el oficialismo en estado de crisis y una ofensiva opositora sobrevolando el Congreso —con el Senado forzando una citación anticipada y Diputados queriendo iniciar una interpelación y posterior moción de censura—, la secretaria general de la Presidencia eligió ese lugar para estar. Eso habló por sí solo.

Puertas adentro del oficialismo, el gesto fue leído como lo que era: una señal de que, más allá de las turbulencias, el vínculo entre Karina y Bullrich se mantiene intacto. Para los aliados que venían mirando con inquietud el nivel de tensión interna, fue exactamente el gesto que esperaban ver.

Mientras la tormenta política sacudía los despachos de Casa Rosada, Javier Milei eligió el domingo para hacer pública su posición. Sin pronunciarse directamente sobre las explicaciones patrimoniales de su jefe de Gabinete, el Presidente reposteó en su cuenta de Instagram un mensaje de un militante libertario que auguraba que el mandatario saldría fortalecido por sostener a Adorni, como había ocurrido —según el texto— con otras operaciones en su contra. En X hizo lo propio con una columna del escritor libertario Leonardo Facco que enmarcaba el caso bajo el título “Adorni y la defensa del ahorro”. El mensaje presidencial era nítido: no hay marcha atrás.

La estrategia de Milei espeja la del propio Adorni. Desde que se conoció el salto patrimonial de más de 500.000 dólares en su última declaración jurada —justificado en operaciones con bitcoins realizadas entre 2013 y 2018 y en ahorros que, según sus propias palabras, nunca habían sido declarados formalmente— el jefe de Gabinete intentó encuadrar su situación como un caso de evasión antes que de enriquecimiento ilícito. La frase “ahorramos en negro como todos los argentinos” resumió esa estrategia y, tal vez, le costó más de lo que calculó.

En ese contexto, la diputada Lilia Lemoine —que responde de manera vertical a Javier y Karina Milei— fue la voz libertaria que salió públicamente a defenderlo, tanto en las redes sociales como en la televisión. A través de su cuenta de X, calificó a Adorni de inocente y atribuyó las denuncias a una operación política de Marcela Pagano, diputada que desde hace más de un año se convirtió en una de las voces más críticas del oficialismo dentro del propio Congreso. La aparición de Lemoine no fue casual: es la espada mediática que Milei reserva para las batallas que considera propias. Su salida pública a defender a Adorni fue, en ese sentido, una extensión de la misma señal que el presidente había dado desde sus redes.

El jueves, horas antes del cumpleaños de Bullrich, la mesa política se había reunido en Casa Rosada con una atmósfera que nadie describió como distendida. Adorni encabezó el encuentro junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Eduardo y Martín Menem. Luis Caputo no estuvo. Lo que ocurrió en esa sala, según fuentes que hablaron con Infobae, tuvo un momento de tensión.

En ese ámbito, Adorni le reclamó a Bullrich que la exposición pública de las consideraciones sobre su situación podían perjudicar al Gobierno. La respuesta de la titular del bloque de senadores oficialistas no fue conciliadora: le marcó la diferencia entre las reglas que rigen el manejo del dinero privado y las obligaciones éticas que impone el ejercicio de un cargo público, y adelantó que en el Congreso la moción de censura podía prosperar. Karina Milei intervino para defender a su hombre de confianza. Santiago Caputo intentó bajar la tensión, aunque reconoció ante los presentes que las mediciones propias mostraban un daño enorme: un nivel de penetración negativa en la sociedad que, según los trabajos de campo que supervisa, no tenía antecedentes en la gestión.

El diagnóstico que circulaba en el entorno de Bullrich era más crudo todavía. Analistas especializados que siguieron la conversación en redes registraron que el 97% de las menciones sobre las explicaciones de Adorni eran negativas —un índice que, según le dijeron a Infobae, no tenía precedentes—. La paradoja central era que Adorni seguía convencido de que había actuado bien y de que lo que le ocurrió a él le ocurre a todos los argentinos. Pero hay una diferencia que el oficialismo no puede ignorar: Adorni es funcionario público. Y había dicho públicamente que no tenía nada que ocultar. Es una opinión que —dicen los que hablaron con ella este fin de semana— Bullrich comparte.

Según pudo saber Infobae, en conversaciones reservadas se propuso que Adorni solicitara al menos una licencia hasta que el fiscal Gerardo Pollicita definiera los próximos pasos de la investigación por enriquecimiento ilícito y el panorama judicial se aclarara. La propuesta no tuvo recepción. Karina es, en este momento, el principal sostén político del jefe de Gabinete, y su posición no tiene fisuras visibles. “No es Karina la que lo sostiene, no se confundan. Es una decisión que tomó el Presidente que Karina ejecuta”, explicó a Infobae una de las personas que estuvieron sentadas en la mesa política.

Lo que sí tiene fisuras es el escenario parlamentario. En el Senado circula con insistencia la comparación con el caso Kueider: el senador entrerriano que iba a ser suspendido y terminó siendo expulsado en cuestión de horas, cuando el efecto cascada llevó a que nadie quisiera pagar el costo político de sostenerlo. La analogía inquieta a los propios: si la presión opositora se intensifica, sostener a Adorni en una votación podría volverse inviable para los aliados. La destitución requiere 37 votos en el Senado —mayoría absoluta— y el kirchnerismo ya presentó el pedido de interpelación como paso previo.

La fecha del 2 de julio para la presentación de Adorni ante la Cámara alta fue el resultado de negociaciones que Bullrich encaró con los bloques dialoguistas para ordenar los tiempos y reducir la presión. Un senador aliado confirmó a Infobae que la fijación de la fecha descomprimió bastante la situación e hizo menos probable una acción inmediata. El propio Diego Santilli pasó el viernes y el fin de semana al frente de las negociaciones con gobernadores y legisladores aliados para explicar la situación y consolidar apoyos, según supo este medio. Las señales que llegaban desde ese flanco eran, por el momento, más tranquilizadoras: los senadores y diputados que responden a los gobernadores habían comprometido no sumarse a la ofensiva que impulsa, principalmente, el kirchnerismo.

El miércoles hay Labor Parlamentaria y el caso Adorni tendrá protagonismo. En el oficialismo predomina una cautela que no alcanza para disimular la incomodidad: la estrategia es sostener, llegar al 2 de julio y ver cómo evoluciona el escenario judicial. Por ahora, la fecha funciona como válvula. Pero en el Senado saben que las válvulas, cuando la presión es suficiente, también ceden.