Tag: Hidrovía

  • Los gobernadores del Norte Grande se reúnen para armar una agenda conjunta

    Los gobernadores del Norte Grande se reúnen para armar una agenda conjunta

    Una decena de mandatarios provinciales se reunirán en Misiones para reclamar por las “zonas cálidas”, obras viales, coparticipación y manejo de la hidrovía.

    Los diez gobernadores del enominado “Norte Grande” se reunirán este miércoles desde las 10:00 en Posadas, Misiones, con la intención armar una agenda conjunta de demandas al Gobierno nacional.

    Hugo Passalacqua será el anfitrión de Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

    El encuentro comenzará a las 10 en el predio llamado “El Centro del Conocimiento”, ubicado al lado del aeropuerto General San Martín. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, será el interlocutor del Ejecutivo.

    Los pedidos al Gobierno nacional

    Según informaron fuentes allegadas a la reunión, entre otros temas, buscarán aunar criterios en el pedido para una tarifa diferenciada por “zonas cálidas” en cara a la llegada de la primavera y el verano, además se evaluará el impacto del fenómeno de “El Niño”, por el cual se prevén fuertes lluvias y crecidas de los ríos en casi toda la región del Norte, a partir de septiembre.

    Los mandatarios también solicitarán más fondos para obras de infraestructura vial, además de pedir que se fiscalicen y ejecuten los fondos del fideicomiso SisVial (Sistema Vial Integrado).

    Los mandatarios analizarán la posibilidad de pedirle al Gobierno nacional que lo recaudado por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) se gire automáticamente a las provincias, como los fondos de la coparticipación.

    Además, las provincias de Misiones y Corrientes tienen una demanda en común en referencia a la incorporación al tramo del río Paraná desde Confluencia hasta Posadas, a la Hidrovía.


  • Ante Santilli. Desde la única provincia sin gas natural, los gobernadores del Norte pedirán un subsidio por zonas cálidas

    Ante Santilli. Desde la única provincia sin gas natural, los gobernadores del Norte pedirán un subsidio por zonas cálidas

    POSADAS.- Los diez gobernadores del Norte Grande se reunirán este miércoles desde las 10 en Posadas, Misiones, para consensuar una agenda de demandas en común a Nación, donde el pedido para una tarifa diferenciada por “zonas cálidas” estará entre las principales solicitudes.

    También se evaluará el impacto del fenómeno de El Niño, por el cual se prevén fuertes lluvias y crecidas de los ríos en casi toda la región del Norte, a partir de septiembre próximo.

    Según pudo saber LA NACION, los gobernadores norteños solicitarán más fondos para obras de infraestructura vial, además de pedir que se fiscalicen y ejecuten los fondos del fideicomiso SisVial (Sistema Vial Integrado), que se alimenta con una parte de los impuestos a los combustibles.

    Según una investigación de Hugo Alconada Mon publicada en este medio, el Gobierno nacional tenía retenidos la mayor parte de un fondo que alcanzó a 1,5 billón de pesos, mientras en provincias como Corrientes y Misiones reclaman por el estado deplorable de rutas nacionales troncales como la RN12 y la RN14.

    Los mandatarios analizarán la posibilidad de pedirle a Nación que lo recaudado por el ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) se gire automáticamente a las provincias, como los fondos de la coparticipación.

    El gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, la vez que llegó en taxi a la Casa Rosada
    El gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, la vez que llegó en taxi a la Casa Rosada

    Hugo Passalacqua será el anfitrión de Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja).

    El encuentro comenzará a las 10 en el predio llamado “El Centro del Conocimiento”, ubicado al lado del aeropuerto General San Martín. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, será el principal interlocutor de los mandatarios por parte de la Casa Rosada, según confirmó la Casa Rosada.

    “Somos la única provincia sin un metro de gasoducto”, repite siempre Passalacqua, para dejar en claro que Misiones depende 100% de la energía eléctrica. En efecto, es el único distrito que está fuera del mapa gasífero de la Argentina, y no está contemplado en el trazado de ningún futuro gasoducto, a pesar de las insistentes demandas.

    Desde la época de Cristina Kirchner, que prometió la llegada del gas natural en varias visitas, Misiones viene realizando un reclamo histórico. En 2018 se modificó la traza del gasoducto del NEA, que contemplaba originalmente llevar el fluido a esta provincia, donde toda la población debe consumir gas en garrafas y cuyo sistema productivo tiene una alta dependencia de la energía eléctrica.

    Será casi un símbolo que desde la capital misionera los mandatarios elevarán un pedido y un proyecto de ley para tener una tarifa de energía eléctrica diferenciada por “Zonas Cálidas”, según adelantaron algunos gobernadores, como el correntino Valdés.

    El Centro del Conocimiento será epicentro de una nueva reunión del Norte Grande
    El Centro del Conocimiento será epicentro de una nueva reunión del Norte Grande

    “Nosotros tenemos en claro que vamos a trabajar sobre la ley de zona fría; seguimos esperando que se apruebe y se trabaje en el Senado porque claramente a nosotros nos beneficia para destrabar las zonas cálidas y muy cálidas, donde las beneficiarias son todas las provincias del norte”, afirmó Valdés.

    Los gobernadores apoyaron a la Casa Rosada en la media sanción en Diputados, al recorte del subsidio a las zonas frías. Pero como contrapartida, habían negociado con el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, una rebaja en la tarifa de energía por zonas cálidas, que beneficiará a las provincias del Norte y a Santa Fe.

    Como todavía no tuvieron novedades sobre esas promesas del ministro de Economía, los mandatarios mantienen frenado en el Senado el trámite de “Zonas Frías”, a la espera de que se cumplan estos compromisos, como publicó LA NACION el último domingo.

    La otra demanda en la cuestión energética tiene que ver con la inclusión de las distribuidoras de energía provinciales y municipales, como Energía de Misiones SA (que abastece al 70% de los usuarios de esta provincia) en el programa para refinanciar deudas con CAMMESA.

    El Gobierno Nacional había incluido en un esquema de compensación de deudas a las transportistas, pero no a las distribuidoras de energía locales.

    Hidrovía a Misiones y Corrientes

    Además, las provincias de Misiones y Corrientes tienen una demanda en común: la incorporación al tramo del río Paraná desde Confluencia hasta Posadas, a la Hidrovía.

    Hasta ahora, esta parte del río no está contemplada en la Hidrovía mientras ambas provincias ya pusieron en marcha o están por activar los puertos de Corrientes, Ituzaingó y Posadas, fundamentalmente para la industria forestal, gran demandante de cargas a los puertos de ultramar en Rosario y Buenos Aires.

    Misiones y Corrientes plantearán la necesidad de fortalecer la Hidrovía Paraná-Paraguay, y extender el corredor logístico, fundamentalmente con obras de dragado que son imprescindibles sobre todo desde la represa de Yacyretá hacia Confluencia, donde se unen los ríos Paraná y Paraguay, cerca de la capital correntina.

    Las enormes barcazas sojeras de bandera paraguaya que surcan este tramo del río Paraná, por momentos pasan a apenas a 10 centímetros del lecho del río, que necesita obras de dragado al punto tal que empresarios privados paraguayos, en los últimos años, pusieron fondos propios para mejorar el calado en algunos puntos críticos.

    Ahora con la reactivación de los puertos de Corrientes capital y Posadas, y la inminente entrada en operaciones del puerto de Ituzaingó, cada vez más las provincias piden ser incorporadas a la Hidrovía con todos los derechos.

  • Gobernadores norteños se reúnen en Misiones: reclamos regionales, dialoguistas que mostraron los dientes y un anfitrión que rompió

    Gobernadores norteños se reúnen en Misiones: reclamos regionales, dialoguistas que mostraron los dientes y un anfitrión que rompió

    Los gobernadores de las diez provincias del Norte Grande se reunirán este miércoles 12 en Posadas en una cumbre que, más allá de la agenda de reclamos compartidos ante la Nación, quedará marcada por el nuevo escenario de poder que despliega el anfitrión, Hugo Passalacqua. El mandatario misionero recibe a sus pares apenas una semana después de haber formalizado su ruptura definitiva con Carlos Rovira, el histórico líder que durante dos décadas controló la política provincial desde la sombra.

    La cita, con la presencia confirmada del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, servirá también para medir el pulso de un bloque de gobernadores dialoguistas que, días atrás, le mostró los dientes al Gobierno en el Senado y logró dinamitar dos capítulos polémicos de la reforma de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tenían una férrea oposición social.

    Una de las incógnitas que rodea a la cumbre es la presencia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien todavía no definió si viajará a Posadas o enviará un representante. “Tenemos una agenda medio complicada en Tucumán. La semana pasada no estuve dos días en la provincia, así . Así que la verdad que estamos viendo si yo puedo ir o mandaremos a alguien para que nos represente en esa reunión, en donde se reunirán 10 gobernadores del Norte Grande para elaborar proyectos y tomar decisiones en cuanto a los planteos que se le están haciendo al gobierno nacional”, explicó Jaldo.

    El tucumano es uno de los gobernadores que más ha apostado por el diálogo con la Casa Rosada pero también fue uno de los que más firmeza mostró en la reciente batalla parlamentaria por la Ley de Tierras.

    Una agenda de reclamos

    La reunión, la primera que se realiza tras la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande celebrada en junio pasado en la sede del Consejo Federal de Inversiones, con sede en CABA, tiene como eje central unificar los planteos regionales ante el Ejecutivo nacional. Los mandatarios de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Misiones llevarán a la mesa una batería de demandas en materia energética, logística e infraestructura.

    En la agenda energética, el reclamo más fuerte gira en torno a la tarifa eléctrica diferenciada para las provincias del norte, en paralelo al proyecto de “Zonas Cálidas” que busca replicar el esquema de la Ley de Zona Fría. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, adelantó que presentarán un proyecto de ley para establecer una quita en el costo de distribución de la electricidad, una medida que, según sus palabras, “le pueda permitir a todos los habitantes del Norte Grande mejorar así la tarifa”, sostuvo en un contacto con medios de su provincia.

    En simultáneo, exigirán la inclusión de las empresas distribuidoras y transportistas provinciales dentro del esquema de regularización de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

    En materia de infraestructura vial, los gobernadores reclamarán la restitución de la coparticipación automática del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la fiscalización de los fondos viales, que denuncian inmovilizados en cuentas financieras pese al aumento de la recaudación por decretos nacionales. Pese a que algunos mandatarios, los menos, han mostrado disposición al traspaso de tramos de rutas nacionales para sus provincias para su mantenimiento, el resto lo rechaza por tratarse de una “facultad y obligación exclusiva de Estado nacional”, según una fuente de una Casa de Gobierno norteña.

    Para Misiones, el punto más sensible es la extensión formal de la Hidrovía Paraná-Paraguay hasta sus costas, un reclamo compartido con Corrientes para fortalecer la cuenca forestoindustrial y reducir los costos logísticos de cargas de gran volumen como la madera y la producción agroindustrial. Passalacqua también volverá a plantear la histórica demanda por el acceso a la red de gas natural y la urgencia de nuevos puentes con los países limítrofes.

    El escenario político con el que Passalacqua recibirá a sus pares es inédito porque el pasado lunes 4 de agosto, el gobernador formalizó su renuncia a Encuentro Misionero, el partido creado por Carlos Rovira como plataforma para ordenar su sucesión política, y consumó una ruptura que venía gestándose desde hacía meses.

    La desafiliación, presentada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones, confirma el divorcio entre el gobernador y el histórico líder que, desde 2003, mantuvo el control efectivo de la administración provincial primero desde la gobernación y luego desde la presidencia de la Legislatura. “Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”, escribió Passalacqua de puño y letra en el formulario de renuncia .

    La ruptura no es un mero gesto administrativo. Passalacqua se quedó con la mayoría de los intendentes, ministros y legisladores (17), que se reorganizaron en torno al espacio que denominó Movimiento por lo que Viene, mientras Rovira quedó al frente de un partido con apenas seis bancas en la Legislatura. Por primera vez en dos décadas, el gobernador de Misiones no integra el espacio político conducido por Rovira y el exgobernador tampoco conserva influencia formal sobre la administración que él mismo construyó.

    La renuncia también tiene consecuencias en el tablero nacional. Como señalaron fuentes legislativas, el voto de los senadores misioneros en la reciente sesión sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada reflejó por primera vez la nueva correlación de fuerzas: lejos de acompañar la estrategia parlamentaria que Rovira sostuvo junto a la Casa Rosada, Passalacqua se diferenció.

    Mostraron los dientes

    La cumbre de Posadas se desarrollará en un contexto en el que los gobernadores dialoguistas del Norte Grande demostraron que su alianza con el gobierno de Javier Milei tiene límites, al imponer cambios a la reforma de la Ley de Tierras, un gesto que no pasó desapercibido porque fue la primera vez que estos mandatarios ejercieron un veto real sobre una iniciativa clave del Gobierno, dejando en evidencia que su apoyo condicionado no equivale a sumisión.

    Más allá de los reclamos técnicos -como la hidrovía, las tarifas, los fondos viales y el gas-, la cumbre del Norte Grande en Posadas tendrá una lectura política inevitable. Passalacqua llega al encuentro como un gobernador que, por primera vez, camina sin la tutela de Rovira y con una base propia de poder.

    Sus pares, especialmente aquellos que también negocian con la Casa Rosada desde una posición dialoguista pero autónoma, observarán de cerca cómo el anfitrión maneja su nueva condición de líder desanclado, a días de que el Norte Grande enviara a la Casa Rosada el mensaje de que “dialoga pero no se arrodilla”, según trascendió, un eje transversal entre los mandatarios.

  • Hidrovía: el Gobierno formalizó el Consejo de Control para monitorear la nueva concesión

    Hidrovía: el Gobierno formalizó el Consejo de Control para monitorear la nueva concesión

    El Gobierno puso en marcha el Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal (VNT), un organismo que tendrá a su cargo el seguimiento, evaluación y asesoramiento técnico de la nueva concesión de la principal vía de comercio exterior del país, cuya operación quedará bajo la órbita de Vías Navegables Argentina S.A. Se trata del consorcio ganador de la licitación para las obras de mantenimiento, dragado y balizamiento de la Hidrovía, y está conformado por la empresa belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus.

    El 7 de julio, se firmó el contrato de concesión y así se dio comienzo a una nueva etapa en la gestión de la VNT, después de un tortuoso camino de marchas y contramarchas que duró varios años. En septiembre, la tarifa bajará de US$4,30 a US$3,80 por tonelada de registro neto (TRN) o tonelada transportable. Tras los estudios ambientales, también comenzarán las obras de profundización.

    La medida apunta a acompañar la nueva etapa de gestión privada, a riesgo empresario y sin aval del Estado, de la vía navegable por donde se traslada más del 80% del comercio exterior de la Argentina. Por allí circulan la mayor parte de las exportaciones argentinas de granos, subproductos agroindustriales y otras cargas. Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema permitirá aportar previsibilidad sobre las obras de profundización del canal, incorporar nuevas tecnologías y reducir costos logísticos para los sectores productivos.

    De acuerdo con el estatuto aprobado, el Consejo funcionará como un ámbito de participación y consulta integrado por representantes de las provincias vinculadas al sistema fluvial, usuarios de la vía navegable, áreas técnicas y sociales relacionadas con la actividad y la autoridad de control.

    El organismo estará conformado por un plenario, que sesionará cada dos meses, y por distintas comisiones especializadas encargadas de elaborar informes y recomendaciones técnicas. Entre ellas figuran las comisiones de Seguimiento del Tráfico y Régimen Económico; Gestión Ambiental; Seguridad para la Navegación y Tecnología; Infraestructura, Obras y Servicios Asociados; Mantenimiento y Mejora del Sistema; y Desarrollo Federal y Logística Regional.

    Si bien las conclusiones elaboradas por estas comisiones no tendrán carácter vinculante, servirán como insumo para el análisis y tratamiento en las reuniones plenarias, donde se debatirán los principales aspectos vinculados al funcionamiento y evolución de la Vía Navegable Troncal.

    Según se estableció, las actas de las reuniones, las recomendaciones que reciban aprobación y las resoluciones emitidas por la presidencia del Consejo serán de acceso público y se difundirán a través del sitio web oficial del organismo. La excepción estará dada por la información que se encuentre protegida por razones de confidencialidad comercial, contractual o de seguridad nacional.

    Según el estatuto, la Presidencia del Consejo será ejercida por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que excepcionalmente podrá convocar asesoramientos de equipos técnicos, entre otras funciones. También podrá ejercer el derecho de veto institucional respecto de las recomendaciones efectuadas en el plenario.

    La Anpyn deberá presentar informes bimestrales ante los integrantes del Consejo. Estos reportes incluirán información sobre el estado general de la navegación, las obras ejecutadas en la traza, los programas de mantenimiento e inversión y la evolución del tráfico de embarcaciones y cargas.



  • ¿Qué se esconde detrás de la Hidrovía? (II)

    ¿Qué se esconde detrás de la Hidrovía? (II)

    1.- Integración regional y Canal Magdalena. En la actual etapa del proceso de centralización de capital, también asistimos a renovadas controversias y conflictos geopolíticos en materia de: comercio internacional; infraestructuras; tecnologías y transporte fluvial, que impactan tanto sobre la producción de bienes y servicios como en el ordenamiento territorial de los países. A este respecto, los Planes de Negocios de los conglomerados transnacionales –desplegados merced a la intervención y tutela que le brindan sus Estados gendarmes− se proyectan en dirección a controlar núcleos de producción; flujos de circulación de mercancías y rutas comerciales.

    En esos escenarios y adecuados a su misión, Norteamérica y China extienden estrategias donde se entrecruzan cuestiones de índole logística; portuaria; diplomática y militar.



    Por su parte, y en función del dominio e interconexión de recursos de carácter estratégico, en América del sur se promueven Corredores bioceánicos (que incluyen: carreteras; redes ferroviarias y transporte fluvial). Esto con el propósito de consolidar la integración regional; incrementar el comercio transfronterizo y reducir costos de importaciones-exportaciones sudamericanas a través de los océanos Atlántico y Pacífico.

    Así, en el caso argentino nos encontramos con el desarrollo del Corredor Bioceánico Norte (“Capricornio”), una carretera que comprende zonas de Brasil; Paraguay; Argentina; Chile y se articulará con la Hidrovía Paraguay-Paraná. Corredor este que, en vista a organizar la propiedad en defensa de la soberanía e intereses de la Nación, pone de relieve la importancia geopolítica de impulsar el dragado y balizamiento del Canal Magdalena de modo de conectar el sistema de navegación troncal (Ríos Paraná; Uruguay y de la Plata) con el Atlántico sin necesidad de que los barcos pasen por el puerto de Montevideo. 

    2.- Estrategias de seguridad transnacionales. La doctrina de seguridad nacional imperante en EE UU (NSS25), adecuada a los intereses de corporaciones tecnológico-financieras, encamina su política exterior en términos de readecuar la cadena de suministros −recursos y producción de Latinoamérica−  al mercado estadounidense (nearshoring).

    Entonces, en ese rumbo: se articulan alianzas con “socios estratégicos” del área. De tal forma, por intermedio de una cadena de instituciones que van del FMI y el Departamento de Estado; pasan por entidades como las Cámaras de comercio norteamericanas; hasta llegar al Comando Sur de EUA: el “país del norte” viene suscribiendo “acuerdos de cooperación” con distintos gobiernos de la región.

    En este aspecto, podemos destacar, en línea con los convenios referidos a la  supervisión militar en el Río Paraná dispuestos por la administración argentina contemporánea: el avance de diferentes tratativas encaradas por EE UU con nuestros países limítrofes. Tratativas estas que incluyen capacitación y asistencia militar en áreas de inteligencia,  entre las cuales cabe consignar a modo de ejemplos:  los actuales acuerdos de Bolivia con: la INL−Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (luego de haber transcurrido 20 años desde el momento en que se suspendieron los convenios con la DEA, por entenderse que esta Agencia realizaba tareas de espionaje en el Altiplano); los pactos (con participación de la Paraguayan-American Chamber of Commerce/ Amcham Paraguay) que contemplan la intervención de técnicos militares en la elaboración de un Plan maestro para la navegabilidad del Río Paraguay al tiempo que prevén instalar un Destacamento de soldados en territorio paraguayo (en inmediaciones de la Hidrovía).                                         

    3.-Exportadoras de Cereales y Territorios. En el año 2025 las exportaciones de bienes en Argentina llegaron a representar un total de U$S 87.000 millones, monto dentro del cual las cadenas agroindustriales “registraron” ventas que significaron unos U$S 51.000 millones. Ritmo exportador ese que se mantuvo durante el primer semestre de 2026, constatándose que: desde comienzos del mes de mayo, se pudo verificar la operatoria de 100 embarcaciones activas —ya sea amarradas, en rada o con arribo confirmado— que colocaron a nuestro Corredor fluvial (Hidrovía) en el centro logístico de salida de mercancías. Posición esa que, a su vez, se expresa en el funcionamiento de 34 terminales portuarias censadas (22 de las cuales están específicamente dedicadas a la exportación de granos, harinas y aceites vegetales) y que ocupan más de 70 kilómetros de la costa del río Paraná.

    Sobre esta cuestión es necesario destacar, en lo que hace a la administración portuaria y dominio de puertos, que los mismos han sido transferidos a las provincias (Ley 24.093/92). Esquema este que resulta finalmente controlado y gestionado por un núcleo de siete empresas, asentadas en la referida vera del Corredor Litoral. Núcleo empresario que concentra un 45% en el comercio de exportación de cereales y que está compuesto por Bunge (EE UU); Cargill (EE UU), COFCO (China), LDC (Francia), ADM (EE UU), Asociación de Cooperativas Argentinas-ACA (Argentina) y Aceitera General Deheza-AGD (Argentina).

    Todo aquello en un marco donde se promueve la venta de terrenos en áreas de frontera, en simultáneo con el abandono de la supervisión por parte del Estado nacional en puertos, ríos y mares. Situación que habilita los programas orientados a reconvertir ríos en canales industriales de acuerdo a las estrategias transfronterizas que fijan las corporaciones. Estrategias, globales, de inversionistas que procuran alcanzar la mayor titularidad, e influencias factibles, en lo que hace al desarrollo de territorios y el incremento de la explotación de recursos naturales al menor costo.

    En esos contextos también es importante resaltar que el proyecto de legislación atinente a la venta de tierras debatido en el Congreso Nacional, con el mismo espíritu que nutrió al Decreto 70/23 tiene por objeto acentuar el proceso tendiente a desarticular (balcanizar) el territorio de la República Argentina y sus áreas de frontera. Ello en medio de un estado de situación donde más de 15 millones de hectáreas se encuentran en manos de particulares y/o de empresas extranjeras, muchas de ellas sociedades offshore o dirigidas por Fondos de Inversión acreedores de la República Argentina (que resultan ser en definitiva los Beneficiarios finales del “negocio”). «

    ¿Qué se esconde detrás de la Hidrovía? (II)

  • Estados Unidos y China reeditan su guerra de potencias a través de una competencia por el negocio con cooperativa eléctrica de la Patagonia

    Estados Unidos y China reeditan su guerra de potencias a través de una competencia por el negocio con cooperativa eléctrica de la Patagonia


    A través de sus respectivos embajadores en Buenos Aires, Peter Lamelas y Wang Wei, Estados Unidos y China están reviviendo duramente su disputa geopolítica global, que tiene hasta color en las redes sociales.

    Tal como anticipó Clarín, el capítulo de esta disputa en Argentina es porque Estados Unidos está intentando frenar la expansión de Huawei en una infraestructura tecnológica en la Patagonia que busca entrar en Vaca Muerta. La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), que es la que está negociando con el gigante de las telecomunicaciones chino un acuerdo, denunció que Washington utilizó la amenaza de restricciones de visas para presionarla; el embajador estadounidense recordó que se trataba de “un asunto” de seguridad y que entrar a su país era un “privilegio y no un derecho”.

    Pero Wang contraatacó para defender a Huawei y acusó a EE.UU. de injerencia. Entretanto, el Gobierno de Javier Milei quedó atrapado entre su alineamiento con Trump y la necesidad de mantener su relación económica con Beijing. Milei nunca viajó a China, para corresponder la invitación a Xi Jinping, y mantiene los intereses chinos alejados de asuntos sensibles como puertos, Hidrovía, logística, inteligencia y telecomunicaciones, pero sostiene el intercambio de monedas que se va renovando año tras año.

    El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, también quedó en una incómoda posición por los intereses estadounidenses que hay en su provincia a través del atractivo del principal yacimiento gasífero del país. Y en las últimas horas cundió el pánico en otras empresas. El planteo es: si Washington cuestiona a CALF por utilizar tecnología Huawei, ¿qué pasa con otras empresas estratégicas argentinas que también utilizan tecnología china? El dato fuerte es sobre YPF, que utiliza tecnología Huawei.

    A su vez, denunciaron en la empresa CALF que los pedidos de ayuda a la Cancillería no fueron respondidos.

    Este viernes, los gobiernos reavivaron su disputa, y fuerte, hasta con un fuerte contenido cultural según se observa en el tuit de última hora de la embajada china en Argentina.

    “Reza un proverbio chino que dice: Si se quiere acusar a alguien, siempre habrá pretextos. El hecho de exagerar y generalizar deliberadamente el concepto de seguridad nacional no convierte las mentiras en realidad”, empezó diciendo el tuit de la Embajada de la potencia asiática, que en la semana también salió a rechazar la embestida de la potencia estadounidense en este país contra Huawei.

    “Argentina, como Estado soberano, tiene todo derecho a decidir de forma autónoma con quién colabora, sin necesidad de que otros le digan qué empresas y proveedores son fiables y seguros, y mucho menos de que otros le ‘ayuden’ revocando visados. Si se llega incluso a anular una licitación normal, celebrada por las empresas con arreglo a los principios de la competencia de mercado y las normas económicas y comerciales internacionales, eso bastará para que el mundo se plantee: ¿queremos libertad o queremos hegemonía y política de fuerza?”, concluyó.

    El embajador Lamelas, que mantiene una intensa actividad en la Argentina desde que llegó, se encargó por todos los medios —incluso habló con Clarín— de sostener las razones sobre por qué un funcionario de su embajada había enviado un mensaje a CALF advirtiéndole que, por las leyes de los Estados Unidos, ampliadas por otras normativas del secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, los directivos de la cooperativa podrían encontrar revocadas sus visas de entrada. El castigo migratorio podía alcanzar hasta entre 16 y 18 directivos de CALF, que a su vez defendió su política de negociar con Huawei y con otras empresas.

    “Es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, la Argentina y para las empresas energéticas que están invirtiendo en Vaca Muerta y Neuquén. Nosotros estamos dispuestos a ayudar para identificar empresas y proveedores confiables y seguros”, sostuvo el embajador en distintos ámbitos, como había dicho a Clarín, mientras que la cuenta del FBI tuiteaba, con foto y todo, el mensaje de: “Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras. En Argentina, el Co-Director Adjunto del FBI Andrew Bailey se reunió con el Embajador de EE.UU. Peter Lamelas @pldocmd y altos líderes del Centro Nacional Antiterrorista de Argentina y @SIDE_Argentina para llevar la lucha a las redes terroristas y criminales en el extranjero y detener amenazas antes de que lleguen al pueblo estadounidense”. Fue una demostración de fuerza.

    Los medios patagónicos, como el Diario de Río Negro, aseguran que los directivos de CALF estuvieron en reuniones en China invitados por Huawei.

    Desde la política neuquina también salió a fijar posición un dirigente de la Libertad Avanza que sorprendió: el parlamentario del Mercosur Fabriscio Cascino. “No desconozco que EEUU es un aliado político de Argentina y Neuquén, que también China nos metió una antena con raras funciones y tb que no es una pelea por 200 millones de dólares. ¡Es por inteligencia en Vaca Muerta! Lo cual, la cooperativa está fuera de esa pelea, para CALF es un negocio. EEUU se manejó muy mal con las formas y ahora recogieron el guante para tratar de que la cooperativa no lleve a cabo la operación de compra de 3200 kilómetros de fibra óptica”, dijo.

    A mediados de semana, el presidente de CALF, Marcelo Severini, recibió una carta de Lamelas y hay una invitación a una reunión. Insistió en que la empresa china responde al Partido Comunista y, por lo tanto, para Washington está el Estado y el Ejército chino detrás, con la posibilidad de que ello se use para inteligencia. En este caso hay un elemento que vuelve particularmente sensible la situación: Neuquén es Vaca Muerta. Y Huawei quiere participar de la instalación de un data center.

    Para Estados Unidos, que una empresa china gane posiciones en infraestructura tecnológica vinculada a una provincia que concentra una parte estratégica de la producción energética argentina es algo que Washington mira con mucha atención.

    Y hay otro ingrediente: China ya tiene una presencia estratégica en Neuquén, con la estación espacial de observación que funciona en Bajada del Agrio.

    Desde la empresa sostienen que preferirían una visita del embajador, pero que, si no es posible, están dispuestos a reunirse, aunque le explicarán que sus decisiones se toman “por precio y calidad y no por razones políticas”.

    CALF, que tiene 9.000 clientes conectados en menos de 8 meses, con un promedio actual aproximado de 1.200 instalaciones mensuales y un alto índice de retención, es la principal eléctrica patagónica y, con sus respectivos cambios, existe desde 1933. Hoy tiene obras en ejecución para extender la red a nuevos barrios de la ciudad y proyección de expansión hacia otras localidades de la provincia y la zona de Vaca Muerta. Hace negocios con los estadounidenses, con los suizos, letones y ahora busca acuerdos con los chinos para su modernización tecnológica.

  • Los abusos de Trump para boicotear a las empresas chinas en América Latina

    Los abusos de Trump para boicotear a las empresas chinas en América Latina

    Las intimidaciones de Estados Unidos para que los países de América Latina y el Caribe (ALC) renuncien a sus crecientes vínculos con empresas de origen chino tuvieron, en los últimos días, una serie de polémicos episodios que revelan la lógica de una política hegemónica que parece no advertir que los tiempos han cambiado.

    Uno de estos escándalos ocurrió en la Argentina cuando la embajada de Estados Unidos en ese país advirtió a los directivos de la Cooperativa CALF, la distribuidora de energía eléctrica más grande de la Patagonia, que si finalmente firmaban un acuerdo con la empresa china Huawei, sus visas de entrada a los EE UU serían revocadas. Peter Lamelas, embajador de Donald Trump en Buenos Aires, justificó la amenaza en nombre de la seguridad nacional estadounidense.



    En una rápida respuesta, que no se detuvo en términos diplomáticos, un portavoz de la embajada China en Argentina rechazó “la arrogancia y los prejuicios” de Estados Unidos al insistir con “la teoría de la amenaza china”, al tiempo que denunció la “naturaleza hipócrita” de un país que, por un lado, dice defender los valores de la democracia y la libertad y, por el otro, falta el respeto a la soberanía de otras naciones y atenta contra los principios del libre mercado.

    Cuando una embajada condiciona la entrega de visas a la renuncia de acuerdos con determinadas empresas ya deja de aplicar la diplomacia. Está ejerciendo un peligroso imperialismo económico. Se trata de una observación natural que, sin embargo, occidente evita cuando el objeto de su análisis son las políticas que Estados Unidos impone sobre su zona de influencia.

    De ahí que a algunos hasta les parezca normal el argumento de la seguridad nacional que emplea Washington para intentar frenar la presencia de las aproximadamente 2.700 compañías que operan en la región, con un stock de inversión de unos 650.000 millones de dólares, según cálculos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China).

    Al respecto, sinólogos coinciden que la administración Trump no tolera que Beijing se haya convertido en una alternativa de desarrollo, además de ser el principal socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos, incluido el influyente Brasil. 

    Precisamente, Brasil es otro país que sufre una presión constante y desde varios frentes, como si fuera ilegal tener a China como principal socio comercial desde hace más de una década. Estados Unidos le impuso aranceles del 25 por ciento (alegando prácticas comerciales desleales), luego un adicional del 12,5 por ciento (bajo un argumento de trabajo forzoso), revocó la visa del embajador brasileño en Washington y envió funcionarios para cuestionar la equidad de su sistema electoral, de cara a las próximas elecciones. 

    La crudeza de estas medidas, sin embargo, revela una contradicción de fondo que los analistas se cansan de señalar. Para el especialista en relaciones internacionales Jiang Shixue, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Shanghái, esta presión ejercida por Washington pone al descubierto la ansiedad de una administración que ha visto erosionada su capacidad de influir en la región, y que ahora recurre a herramientas propias de la Guerra Fría, un signo de debilidad más que de fortaleza. 

    “No se trata de un debate técnico sobre seguridad, es la aplicación de una doctrina de sometimiento”, sostiene el académico, quien ve en estas acciones “una fórmula tosca que subestima la capacidad de los países latinoamericanos para tomar decisiones soberanas”, como la ya anunciada primera emisión de Bonos Panda en Brasil, una operación que permitirá al país diversificar sus fuentes de financiamiento y dejar de estar atado al dólar estadounidense.

    América Latina y el Caribe concentran el 46 por ciento de las reservas mundiales de litio, el 35 por ciento del cobre, el 28 por ciento del grafito y el 23 por ciento de las tierras raras, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, es la principal región exportadora neta de alimentos del mundo y alberga casi la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Para los EE UU, el control de esos recursos es estratégico. Para China, es una oportunidad de cooperación. 

    Esa tensión explica la creciente presión estadounidense sobre los gobiernos latinoamericanos, que en el caso de Argentina logró paralizar el proyecto de la central nuclear Atucha III, valuado en 8.000 millones de dólares con financiamiento y tecnología china; además de bloquear la importación de componentes para el radiotelescopio CART en San Juan, un proyecto de cooperación científica con China de 32 millones de dólares; y excluir a firmas chinas de la licitación para el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay. 

    En Chile, la influencia de Washington llevó a descartar el Parque Astronómico Cerro Ventarrones y el cable submarino Chile-China Express, una inversión de Huawei que fue desviada hacia Australia. En Panamá, las presiones forzaron la cancelación de las concesiones portuarias en el Canal operadas por CK Hutchison Holding. República Dominicana, Bahamas y Haití se vieron obligados a limitar la participación de empresas chinas en proyectos de infraestructura que EE UU buscó monopolizar. 

    En los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington utiliza su peso accionario para bloquear financiamientos donde participen empresas chinas. A través de la U.S. International Development Finance Corporation y el Export-Import Bank, ofrece créditos condicionados a la exclusión de competidores chinos. 

    Representantes del Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Comando Sur también ejercen presión sobre los ministerios de Defensa y Telecomunicaciones locales, con advertencias sobre supuestos riesgos de ciberespionaje e inteligencia militar en instalaciones científicas, puertos y redes 5G.

    “China se opone a que Estados Unidos extienda excesivamente el concepto de seguridad nacional y abuse del poder estatal para perseguir a empresas chinas. Seguiremos defendiéndolas con firmeza”, resumió desde Beijing un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

    La insistencia en concebir a América Latina y el Caribe bajo una lógica de tutela unilateral choca de frente con la realidad económica del continente. En un escenario global signado por la competencia, la región exige el respeto a su soberanía comercial y la libertad de definir sus propios socios de desarrollo.

    Los abusos de Trump para boicotear a las empresas chinas en América Latina

  • Se normaliza el comercio exterior después de dos jornadas de alta tensión

    Se normaliza el comercio exterior después de dos jornadas de alta tensión

    La foto del radar en las aguas de Ensenada, provincia de Buenos Aires, cambió completamente. Mientras que durante los dos días de paro de actividades de los prácticos se acumulaban los barcos en esta zona de espera, mostrando un sinfín de puntos en un círculo concentrado, ya se puede ver una fila de buques que reemprenden la navegación en el canal del Río de la Plata, cada uno con su carga y hacia su destino.

    Empresarios del sector, pero también los altos mandos del Gobierno, respiraron aliviados cuando hubo un principio de acuerdo con los prácticos. Son unos 520 profesionales en todo el país que son independientes y que decidieron, “por razones de seguridad”, darle la espalda al decreto 690/2026, firmado por Javier Milei, Federico Adolfo Sturzenegger, Alejandra Susana Monteoliva, TG Carlos Alberto Presti y Diego César Santilli.

    Tras la publicación del decreto, el agua les llegó al cuello. La normativa, ya inactiva, había introducido cambios que pusieron en estado de alerta a quienes deben subir obligatoriamente a los buques para guiarlos en el último tramo. Sin ellos, los barcos no pueden llegar a los puertos.

    Ayer, en Ensenada, se podían contar hasta 25 barcos parados por la falta de un práctico que los guíe al puertoNicolás Suárez

    Desde Presidencia se está preparando el decreto que suspende al 690/2026 y llama a una mesa de dialogo. Luego la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) emitirá una resolución que comunica la baja del 20% de las tarifas del practicaje. Hay que ver si todos ganan o si alguien paga los platos rotos.

    Para destrabar el conflicto que ya llevaba dos días de máximo parate, desde el Ministerio de Seguridad (y no del de Desregulación) se activó una reunión con la otra parte, los prácticos comandados por el capitán de nombre cinematográfico: John Ryan. La firma ausente en el acta de entendimiento fue la de Federico Sturzenegger, un ferviente defensor de los cambios en un sector al que acusó de tener un “kiosko”.

    Hubo paz antes de que se asfixie el comercio exterior, que tanto se festeja desde el Gobierno cuando llegan los datos récord de las exportaciones y del superávit comercial, clave para la vital entrada de dólares.

    Desde Ensenada, en medio del conflicto, se podían contar nítidamente más de 25 buques recortados en el horizonte, pero el radar mostraba muchos más. Habían echado el ancla, mientras que los empresarios se sumían en la desesperación, las horas se hacían eternas, los clientes demandaban la llegada de la carga en tiempo y forma y las fábricas de la Argentina veían venir demoras en su producción, entre otros males. En todo el país, se acumularon los barcos mercantes en las zonas de espera. Solo en la Hidrovía había 90 de ellos sin poder operar.

    El radar en la zona de Ensenada, en medio del conflicto

    El Gobierno finalmente dio marcha atrás con el nuevo Reglamento. Los representantes del sector se comprometieron a reactivar de manera inmediata y regular el servicio de practicaje y pilotaje y aceptaron reducir un 20% las tarifas vigentes.

    Además, ambas partes acordaron crear una Mesa Intersectorial, integrada por el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes del sector, para elaborar un nuevo reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales del país.

    Sale de escena el Ministerio de Desregulación y entra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que depende del Ministerio de Economía. Iñaki Arreseygor, al frente de la Anpyn, fue que llevó adelante la licitación de la Hidrovía y ahora deberá poner las manos en la masa para que fluyan los cambios sin generar conflictos. El organismo había quedado afuera de esta disputa ya que Prefectura, que estaba a cargo de la situación, depende del Ministerio de Seguridad.

    Una de las lanchas que lleva a los prácticos a los buques mercantesNicolás Suárez

    En diálogo con LA NACION, John Ryan, uno de los firmantes del acuerdo, capitán de ultramar y práctico del Río Paraná, además de presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje de la República Argentina, dijo que “los prácticos son profesionales independientes, de libre contratación. Por eso hay que aclarar que no hubo paro ni huelga, no hay un convenio colectivo ni gente en relación de dependencia. Son profesionales independientes y pactan sus trabajos en determinadas condiciones”.

    Agregó que luego, de la publicación del decreto en el boletín oficial, los prácticos entendieron que se estaba atentando contra la seguridad náutica y su seguridad individual. Por eso decidieron no pactar nuevos trabajos hasta no analizar los alcances e implicancias del decreto, sostuvo. El resultado fue el paro casi completo de la actividad.

    La reforma facilitaba el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establecía que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios. Además, disponía que la Prefectura Naval Argentina mantendría un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad.

    Además, que se fijarían tarifas máximas para el servicio, algo que en realidad estaba vigente.

    La normativa desestimada flexibilizaba además las condiciones para el transporte de prácticos, permitiendo utilizar embarcaciones comerciales que cumplan con los estándares de seguridad. Por otro lado, se ampliaban las dimensiones de los buques a partir de los cuales era obligatorio contratar a un práctico y se definieron áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos, según la explicación oficial.

    Todos estos puntos son considerados de extrema peligrosidad por los prácticos. Ahora se inicia una etapa de acuerdos.



  • La pelea con los prácticos y el peligro de comparar peras con manzanas

    La pelea con los prácticos y el peligro de comparar peras con manzanas

    Con la loable intención de reducir los costos a los fletes, al ministro Federico Sturzenegger se le ocurrió terminar con una actividad que ejercen 530 profesionales que primero fueron capitanes de barcos y luego rindieron exigentes exámenes ante la Armada acerca de sus conocimientos sobre cartas de navegación para poder guiar a los barcos por estrechos canales y llegar o salir de los puertos. Los conocemos como los prácticos.

    Suele decirse que las tarifas que cobran son exageradas y en efecto son más altas que en otros países. Para el ingreso al Puerto de Buenos Aires rondan los US$ 15.000 y para la más larga navegación con cuatro prácticos a la zona de Rosario, US$ 50.000.

    Pero quienes dominan el negocio de la navegación acotan que cotejar esas tarifas con la que cobran los vecinos Uruguay y Paraguay, es como comparar peras con manzanas. En Argentina el de los prácticos es un servicio público prestado por un privado, a diferencia de Uruguay donde son empleados de la Prefectura uruguaya.

    Se señala que la diferencia en lo que cobran se basa en la dificultad y el tiempo de navegación para barcos que cuestan sin contar la mercadería unos US$ 100 millones. Un ejemplo, en Uruguay la salida o entrada del barco a puerto es de poca distancia ya que está mucho más cerca del mar y la guía requiere que un solo práctico oriente al timonel por pocas horas.

    Para el ingreso al puerto de Buenos Aires se requiere un práctico que llega al barco desde una lancha para abordarlo, luego lo guiará hasta lo que se llama una recalada para por ejemplo seguir hasta los puertos graneleros. Allí se subirán dos prácticos primero hasta la zona común en el puerto de San Lorenzo en Rosario: les toma nueve horas de navegación para esos 600 kilómetros. Luego habrá recambio de prácticos hasta el destino final.

    Esa zona va desde Timbúes al norte de Rosario a General Lagos en el sur y allí se transforma el 85% de la cosecha de soja en aceites, harinas y pellets que se cargará en los Panamax.

    Según los entendidos, el estuario del Río de la Plata es complicado entre las frecuentes sudestadas, el canal angosto y las posiciones milimétricas para la carga y la descarga. Cuando se navega por el Paraná, por la Hidrovía también se tiene en cuenta que se trata de un solo carril con lugares de paso y de espera. El riesgo de errores es alto y los costos millonarios si se traba un buque y se entorpece el tránsito.

  • Por qué se levantó el paro portuario y qué cambia con la baja de costos del 20%

    Por qué se levantó el paro portuario y qué cambia con la baja de costos del 20%

    En Ronda de Editores, el ciclo de análisis político y económico de +Perfil, un paro portuario paralizó por completo la actividad en los puertos argentinos durante la jornada del martes, en un conflicto centrado en el rol de los prácticos, los profesionales encargados de asistir a los buques desde su ingreso hasta el desembarco de la mercadería. Tras horas de parálisis y con un fuerte costo económico denunciado por las cámaras empresarias, se abrió una instancia de negociación que derivó en una serie de definiciones del Gobierno.

    El Ejecutivo decidió dejar sin efecto el decreto que había impulsado Federico Sturzenegger y que había motorizado el reclamo gremial, y ofreció además una baja de costos del 20% a cambio de que se retomara la actividad en los puertos. En paralelo, se anunció la creación de una comisión de negociación para avanzar hacia una regulación más estable del sector.

    El rol de los prácticos y el origen del conflicto

    Daniel Capalbo explicó que el oficio de los prácticos es muy técnico y a la vez muy escaso: no se trata de un gremio tradicional sino de profesionales liberales que operan bajo un sistema de cupos. “Los prácticos arreglan con los dueños de las navieras”, señaló, en referencia a que sus honorarios surgen de acuerdos entre privados y no representan un costo directo para el Estado.

    Capalbo remarcó que el decreto original de Sturzenegger buscaba modificar esa lógica regulatoria, algo llamativo tratándose de un funcionario identificado con la desregulación. La medida había sido conocida recién el domingo por la noche y, según su lectura, no tuvo en un primer momento la trascendencia que ameritaba su impacto.

    La decisión del Gobierno: baja de costos y derogación del decreto

    Alejandra Gallo detalló que, frente a la parálisis portuaria, el Gobierno optó por una salida en tres frentes: derogar el decreto cuestionado, reducir un 20% los costos vinculados a la actividad y abrir una mesa de diálogo con los distintos actores involucrados, incluida la Prefectura, encargada de supervisar las aguas argentinas.

    Según Gallo, el objetivo declarado de la medida original apuntaba a bajar el flete comercial y, con ello, generar una desaceleración en los precios a lo largo de toda la cadena productiva. Esa lógica de abaratamiento de costos logísticos se enmarca, agregó, en discusiones más amplias como la eventual privatización de la hidrovía.

    Sindicalismo bajo presión en año electoral

    Pablo Helman sostuvo que el paro portuario se inscribe en una semana con varios capítulos de tensión entre el Gobierno y los sindicatos: el conflicto docente, la disputa por el Estado y la presentación de gremios en Washington contra la reforma laboral completaron el cuadro. Para Helman, se trata del capítulo social de un enfrentamiento más amplio.

    Gallo, por su parte, advirtió que el sindicalismo atraviesa “uno de los momentos más delicados” de los últimos años, presionado tanto por el clima de campaña como por el cuestionamiento social a su propio accionar.

    La discusión de fondo: cupos, honorarios y regulación

    Gallo planteó que uno de los ejes del debate pasa por el sistema de cupos que limita el registro de prácticos habilitados. Según la postura oficial que reconstruyó, ese esquema impide a algunas empresas contratar profesionales de países limítrofes si no están inscriptos dentro del cupo vigente en la Argentina.

    La eliminación o flexibilización de ese registro, señaló Gallo, podría derivar en mejores condiciones de negociación para el sector. La baja del 20% en los costos fue presentada como una de las condiciones centrales para destrabar la medida de fuerza.

    Hidrovía y el modelo portuario del Gobierno

    Pablo Helman analizó que “todo lo que es la hidrovía, todo lo que son los puertos, es claramente parte del modelo del Gobierno”, en un vínculo directo entre la infraestructura portuaria y la estrategia exportadora que impulsa el Ejecutivo. Bajo esa lectura, la intervención de Sturzenegger en el conflicto no sería casual.

    Helman leyó el trasfondo del conflicto en clave política antes que gremial: “lo que se pone en juego es también el poder del rumbo del Gobierno” y su capacidad de negociación con distintos sectores de la sociedad.

    Qué se viene: la mesa de negociación

    Con la actividad portuaria retomada, el foco pasa ahora a la comisión de negociación anunciada por el Gobierno, que reunirá a los distintos actores involucrados para definir un marco regulatorio más estable. El resultado de esa instancia será determinante para evaluar si el conflicto quedó realmente saldado o si se trató de una tregua transitoria.