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El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la privatización más grande de la era de Javier Milei: la concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal sobre el río Paraná, más conocida como Hidrovía, a la empresa belga Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus.

Así quedó plasmado en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial.

De esta forma, tras más de un año y medio, el Gobierno cierra la privatización más importante y estratégica de su gestión, con una baja inicial de las tarifas de peaje de 13,5%: de los actuales 4,30 dólares por tonelada de registro neto a 3,80, hasta tanto se ejecuten obras de profundización del dragado. Luego, subirá hasta US$ 4,65 y terminará en US$ 5,78.

Ante un empate entre las propuestas económicas -ya que los dos competidores ofertaron el precio mínimo dispuesto en el pliego-, Jan de Nul y Servimagnus se terminaron imponiendo frente a la también belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME) por la oferta técnica, donde el Gobierno calificó mejor a Jan de Nul por su experiencia anterior en los trabajos sobre la Hidrovía.

La firma tuvo a su cargo la concesión por 25 años, desde 1996 a 2021, y desde entonces siguió con un contrato provisorio, mientras la administración estuvo en manos del Estado.

La Hidrovía es considerada la principal ruta logística del país, ya que concentra el mayor movimiento portuario y productivo de la Argentina. A lo largo de su recorrido se ubican cerca de 60 terminales portuarias y por allí circula el 80% de las exportaciones argentinas.

Esta privatización también fue la que le provocó más dolores de cabeza a los funcionarios. La primera licitación, entre fines de 2024 y febrero 2025, colapsó en medio de denuncias del PRO y de la Coalición Cívica sobre presunta corrupción y direccionamiento, con un dictamen negativo de la fiscalía anticorrupción -Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- y la presentación de un solo oferente, DEME.

En cambio, en esta ocasión el proceso contó con el visto bueno de casi todos los actores, especialmente de los usuarios de la Hidrovía -los exportadores- y las provincias, aunque también tuvo múltiples cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasilera DTA Engenharia, que no prosperó, sobre un presunto direccionamiento.

Pese a ello, el Gobierno indicó que no hubo impugnaciones formales del otro competidor que quedaba en pie, DEME.

El dragado, señalización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal es un negocio por un monto estimado en 15.000 millones de dólares.

En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”.

“La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 dias, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Via Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnologia para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”, se informó oficialmente.

En Economía también detallaron que “las obras previstas permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”.

De este modo, la privatización marca el fin de la etapa pública de gestión, aunque el Estado mantiene el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa.

Según los cálculos oficiales, Jan de Nul tardará unos 7 años en tener ganancias y 13 años en recuperar sus inversiones (lograr un flujo de caja libre -free cash flow- acumulado positivo), dado que tendrá que desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de su licencia.

Se espera que los peajes de la Hidrovía que se les cobran a los exportadores -y ellos, a su vez, trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de los productos, entre ellos los granos- generen ingresos inicialmente por unos 289 millones de dólares, que irán creciendo hasta los US$ 389 millones en el año 6 y saltarán desde entonces a US$ 517 millones.

El Gobierno confirmó hoy que la empresa belga Jan De Nul, que hace los trabajos de mantenimiento hace 30 años de la Vía Navegable Troncal (VNT), ganó la licitación de la Hidrovía y se queda con el negocio por los próximos 25 años. Se encargará de la ruta fluvial junto a la firma de capitales nacionales Servimagnus.

“Adjudíquese la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, Proceso N° 508-0002LPU25, a la firma JAN DE NUL N.V. – SERVIMAGNUS S.A. (CUIT 30717268640) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación, resultando dicha oferta la más conveniente, calificada en el primer orden de mérito”. Con este párrafo, y con la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la Resolución 2026-36-APN-ANPyN#MEC da por finalizada la mayor licitación del gobierno de Javier Milei.

En el documento se hace mención a que la Vía Navegable Troncal concentra el mayor movimiento logístico portuario del país, aglomera cerca de sesenta terminales portuarias a lo largo de su cauce y constituye la ruta fluvial por la que se traslada aproximadamente el ochenta por ciento (80 %) de las exportaciones del país.

En un comunicado del Ministerio de Economía se informó que habrá una baja del 13,5% en los costos logísticos y que se completó “una licitación histórica para el país”.

La cartera que lidera Luis Caputo informó que, tal como sucedió en las etapas previas, el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes, “que de esta manera convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en cada una de las etapas de la licitación pública”, aseguró.

En cuanto a precisiones administrativas, aclaró que la firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, “servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.

Detalles de la oferta

Se calcula que la adjudicataria tendrá una facturación anual promedio por US$628,2 millones y la total, proyectada al término de la concesión, ascendería a US$15.707 millones.

También se contempló un crecimiento acumulado para el periodo de 25 años del tráfico internacional en un 38,1%, el de cabotaje 28,2% y los que transitan de Santa Fe al norte serán un 52,4% más.

Según la Anpyn, “se observa que el oferente realizará el esfuerzo grande de inversiones en los años 1 a 7, y comenzaría a recuperar en los años 8 a 15, con su respectiva toma de ganancias a partir del año 16″.

Vencido el plazo para formular impugnaciones, que son siete días corridos, la Anpyn se tomó unos días más y finalmente dictó el acto administrativo de adjudicación. Se notificó al adjudicatario y al resto de los oferentes. El acto administrativo será ahora publicado en el Boletín Oficial. Tal como estipula el pliego de licitación.

El 19 de diciembre de 2025, la Anpyn lanzó la licitación para la elección de un concesionario para realizar las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal. Es un régimen de concesión de obra pública por peaje, a riesgo empresario sin aval del Estado. La concesión tendrá un plazo de duración de 25 años, contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato. Podrá prorrogarse por un período adicional que no excederá el 20% del plazo original, es decir, cinco años más.

El ganador de la licitación debe constituir una Sociedad de Propósito Específico (o para un fin determinado); presentar garantías y ejecutar las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal, conforme a las especificaciones técnicas y etapas previstas. También debe cumplir con la normativa ambiental y legal.

Como aclaración, los oferentes no podrán ceder su participación en el contrato sin la autorización previa y expresa de la Anpyn. La venta o transferencia de acciones de la sociedad de propósito específico que no implique un cambio de control estará permitida. La venta o transferencia de acciones de la Sociedad de Propósito Específico que sí implique un cambio de control exigirá la autorización previa y expresa del concedente.

Los beneficios que vienen

Según un documento de Ciara-CEC al que tuvo acceso LA NACION, cada pie adicional de profundización implica aproximadamente 2200 toneladas más de carga. A los 40 pies, se pueden completar los barcos y esto implica un importante ahorro en los costos.

Unos días antes de que se definiera el nombre de la empresa adjudicataria, Gustavo Idígoras, en representación de las empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), le envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para “solicitar que el Gobierno Nacional adopte las medidas necesarias para concluir de manera prioritaria y definitiva los procesos de adjudicación de la Vía Navegable Troncal (VNT)”.

También se refirió a la “necesidad de formalizar la exención del IVA en los servicios de dragado y balizamiento”, ya que son “un insumo indispensable para la navegación internacional y, por ende, para la exportación”, explicó Idígoras en la misiva.

Las etapas de profundización pueden resumirse en:

Según Ciara-CEC, el mayor peaje anual asociado al nuevo esquema tarifario, calculado sobre el segmento granelero del tráfico internacional y considerando los ajustes por tarifa base, factor de calado y reducción en la cantidad de buques, se estima en un rango del orden de US$65 a 80 millones por año.

En cuanto a los beneficios, arrojan valores del orden de US$1,8 a 2,1 millones por buque, según su porte. La profundización a 38 pies permite una reducción estructural del orden del 9% al 11 % en la cantidad de buques necesarios, equivalente a 189 a 230 buques evitables por año.

Esta reducción de buques arroja un ahorro logístico sistémico anual del orden de US$375 a US$456 millones, y excede ampliamente el mayor costo del peaje asociado al nuevo esquema tarifario, según los cálculos de la entidad Ciara-CEC.

En los círculos empresariales se conversa cada vez más sobre las elecciones de 2027 en momentos en que distintos sectores se manifiestan disconformes con algunos lineamientos de las políticas de Javier Milei. Si bien falta mucho para los comicios, hay quienes están empezando a pensar en figuras que aseguren la continuidad del modelo (equilibrio fiscal, apertura, alineamiento con el mundo capitalista), que eviten un regreso al populismo, pero dentro de un esquema menos “dogmático” que el planteado por el líder libertario.

La mayoría de los empresarios evalúa de manera positiva el ordenamiento macroeconómico llevado adelante por La Libertad Avanza, comenzando por un recorte de 15 puntos de déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central logrando en el primer año superávit financiero que se viene manteniendo a rajatabla.

También el desarrollo de sectores clave como la minería y la energía. Así, en el primer cuatrimestre del año los ingresos de dólares en el mercado de cambios provenientes del petróleo, gas y minerales fueron equivalente a los aportados por el agro, el principal proveedor histórico de divisas (8.100 millones en el primer caso y 8.200 millones de dólares en concepto de cereales y oleaginosos).

Con compras de divisas por parte del BCRA en lo que va del año que superan los 10.000 millones de dólares, la posición externa del país tiende a fortalecerse. Así, en las últimas jornadas el riesgo país descendió a la zona de 420 a 430 puntos básicos, alcanzando el nivel más bajo de los últimos ocho años.

También es ponderada, entre otros aspectos, la inserción internacional con la firma de un acuerdo especial de comercio con los Estados Unidos y la firma del entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea.

Y la inflación, una de las mayores preocupaciones, da muestras de desaceleración -algunas mediciones privadas anticipan que el índice de precios al consumidor del mes en curso podría ubicarse por debajo de 2%-.

Ingenuidad

Estos elogios se mezclan con críticas. Entre los aspectos centrales que cuestionan en medios patronales se señala la actitud “ingenua” con que el gobierno encara la competencia externa. Por ejemplo, “cuando se trata de empresas chinas no considera que en realidad no se está disputando sólo con compañías, sino también con el Estado de esta nación gigante, que es quien está detrás de sus corporaciones”, sostiene el directivo de un importante grupo local.

Así, generó polémica y desagrado – sobre todo en medios de la Unión Industrial Argentina y de la Cámara Argentina de la Construcción – la reciente decisión del consorcio minero Lundin Mining y BHP de adjudicar a empresas de China – bajo la modalidad llave en mano – la instalación del Campamento Batidero – una miniciudad modular con una capacidad inicial de 2.500 camas – para el megaproyecto de cobre Distrito Vicuña en la provincia de San Juan.

El ganador fue un consorcio liderado por la estatal Power China. Los proveedores locales denuncian que para estas obras se importarán módulos de acero prefabricados y totalmente equipados desde China, lo que “destruye el compre local”.

Precisamente, frente a la creciente competencia externa, entre los empresarios existe preocupación por las “severas deficiencias” que presenta la infraestructura en el país, un elemento clave del llamado “costo argentino”. Desde este punto de vista, se considera que la posición “dogmática” del Gobierno, en cuanto a que los privados van a realizar todas las obras necesarias – alentada especialmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger-, dilata soluciones que son calificadas de urgentes.

Al respecto, la inversión real directa del Estado nacional en las provincias se desplomó en abril último un 72,5% con relación a doce meses atrás, en lo que representó el recorte porcentual más acentuado en 18 meses, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Y los más críticos plantean paralelismos incómodos con la anterior administración, en cuanto a la existencia de “un capitalismo de amigos”. Comienzan a escucharse comentarios críticos sobre el rol de los hermanos Neuss y su vinculación, dicen, en particular con Santiago Caputo. Algunos ven una matriz similar en la manera de hacer negocios como la de los kirchneristas en “quedarse con las empresas”. Se refieren al avance de los Neuss en negocios claves como la distribución de energía (Transener) bajo el “padrinazgo” que atribuyen al asesor presidencial Caputo.