La justicia de Comodoro Py recibió una nueva denuncia penal para que se investigue la licitación pública por la Hidrovía, que menciona a funcionarios del Gobierno y empresas y se suma a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)
La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación de la Hidrovía, con acusaciones contra funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas al dragado del Paraná.
La presentación apunta contra Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto, Iñaki Arreseygor, las empresas Jan De Nul y grupo Neuss, entre otros.
La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti. Allí se habla de una supuesta “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en “u$s7.000 millones”.
La presentación sostiene que “la planificación estratégica se sitúa en la órbita de Santiago Caputo”, bajo la “supervisión jerárquica de Luis Caputo”, mientras que la “ejecución administrativa” recaería sobre Benvenuto e Iñaki Arreseygor.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la supuesta confección de un pliego “a medida” para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.
El texto afirma que “la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica”, particularmente la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, condición que —según los denunciantes— “garantiza un oferente único”.
“Es una licitación con un solo corredor”, sostiene el escrito. Y agrega: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.
La denuncia también cuestiona el esquema de cobro del peaje. Según los denunciantes, el Gobierno buscaría que el concesionario privado vuelva a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP). “Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirma el texto.
En otro tramo, el escrito asegura que “si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja”. Y añade: “El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”.
La presentación judicial también menciona supuestas reuniones informales en oficinas de Puerto Madero. “Se menciona que asesores directos de Santiago Caputo se habrían sentado con representantes técnicos de la Compañía Sud Americana de Dragados para ‘pulir’ las condiciones técnicas”, señala el documento.
Además, denuncia que habría existido una “purga silenciosa” de técnicos dentro de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Según el escrito, funcionarios “desplazaron a los cuadros técnicos que hacían las observaciones sobre los costos de dragado” para reemplazarlos por perfiles alineados con el nuevo esquema.
“La Hidrovía es el ejemplo más obsceno de cómo se maneja este Gobierno: con una mesa chica que decide por encima de las instituciones”, afirma la denuncia.
También sostiene que “no es una privatización mal hecha; es una privatización bien hecha para los fines que ellos buscan: el desfinanciamiento del Estado y la entrega de una renta extraordinaria dirigida a un grupo de amigos”.
Entre las medidas de prueba solicitadas, la fundación pidió el secuestro de borradores de los pliegos, auditorías sobre la rentabilidad de la AGP, pericias navales para determinar cuántas empresas podían cumplir con el requisito de los 44 pies y el relevamiento de comunicaciones y expedientes administrativos.
También reclamó una cautelar para frenar el proceso licitatorio. “Se dicte una medida cautelar de no innovar disponiendo la suspensión inmediata del proceso licitatorio de la Hidrovía hasta tanto se auditen los pliegos y se garantice la transparencia del proceso”, concluye la presentación.
Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, hombre al frente de la entidad, firmó el viernes la resolución 28/26 para dar un paso más hacia la finalización de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje de la Hidrovía. Se trata de la privatización de los trabajos para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT).
Sin que ninguna de las dos empresas belgas que quedan en carrera, Jan De Nul (junto a la argentina Servimagnus) y DEME, impugnaran el resultado del proceso en marcha, a través de la resolución se informó que la fecha de apertura del Sobre N° 3 de las ofertas precalificadas será el día 19 de mayo de 2026 a las 13, y que se realizará a través del portal contratar.gob.ar.
Hasta aquí, todo iba sin demasiados escollos. Sin embargo, poco tiempo después de darse a conocer la resolución con la firma de Arreseygor, se conoció un nuevo dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con cuestionamientos al proceso. Es la tercera vez que la PIA interviene a la hora de la privatización de la Hidrovía. Lo hizo durante el primer intento mileista, y también durante el gobierno de Alberto Fernández, un intento que derivó en escándalo y en la estatización de la autopista fluvial.
Hasta mañana a las 13, la Justicia podría impedir la apertura del tercer sobre, en el cual se conocerá la oferta económica de ambos oferentes. Todo indica que la propuesta se acercaría al piso de la banda, que es US$3,80 por tonelada de registro neto, o tonelada transportable (se cobra igual si el barco no va con la carga completa). En el caso de que ambas empresas vayan al mínimo, Jan De Nul, que tiene hasta ahora más puntaje, resultaría la ganadora. Pero no está todo dicho. Según las fuentes oficiales, ambas siguen en carrera y habrá que esperar un mes para conocer el resultado final de manera oficial.
En cuanto a la intervención de la Justicia, ya que la PIA informó que había “elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, la entidad dependiente del Ministerio Público Fiscal presentó las conclusiones a la Fiscalía Federal N° 9 en el marco de la causa n° CFP 478/25 del registro del Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuentes cercanas al Gobierno advirtieron que, si hay una cautelar, el juez debería “correr traslado”, o notificar a la otra parte para que pueda ejercer su derecho de defensa y dar una respuesta. Creen que el tercer sobre será abierto sin restricciones porque, además, es un proceso automático, ya en marcha desde el momento en que se aprobó el segundo tramo de la licitación.
Más allá de lo que pudiera suceder, el Gobierno se guarda una carta que considera muy importante, y es la opinión de los usuarios de la Hidrovía, que podrán corroborar, una vez abierta la oferta económica, que el costo del peaje podría bajar un 15%. Confía, en que entidades como Ciara-Cec o la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otras, hagan su parte, y defiendan al proceso licitatorio que podría significar un ahorro importante en sus costos.
De esta manera, se abre el juego y la Anpyn, un organismo que está bajo el paraguas del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, pasa la pelota con un mensaje a los exportadores, que ya le dieron su aval: si quieren pagar menos, hagan su parte.
El factor China
En un proceso bastante complejo que no ahorró artilugios de parte de todos los oferentes (incluso los que no se presentaron o los que se quedaron afuera) para descalificar a oponentes, la última carta se jugó en el plano geopolítico y terminó poniendo a la República Popular China en el centro de la escena a pesar de que los pliegos estipularon que no podían presentarse empresas que fueran en un todo o en parte propiedad de un Estado.
Es así que la gigante dragadora china CCCC Shanghai Dredging Company quedó afuera del negocio de la Hidrovía, aunque no de otros negocios en la Argentina. La empresa con base en Shanghai confiaba en que su oferta económica sería muy tentadora, pero no contaba con que el Gobierno de la Argentina decidiera que no podría participar porque “si pasa algo con las obras, hay que ver el tema con un privado, no con un gobierno”, defendieron desde los canales oficiales. De todas maneras, las bandas tarifarias tampoco estaban en el horizonte chino. Por lo bajo, murmuran que no es justo y perdonan, pero no olvidan.
Sin embargo, entre los oferentes comenzó a jugarse una nueva carta, el “factor chino”. Una de las empresas dragadoras quiso posicionar a la otra como el brazo chino de la Hidrovía mientras que se autoproclamaba del lado de Estados Unidos. El lobby extendió sus brazos y llegó al hemisferio norte.
La realidad indica que los componentes chinos están en todos lados. Hasta se usan astilleros de ese país para la construcción de las dragas y hay elementos pedidos en la licitación que provienen del gigante asiático.
Desde el Gobierno insisten en que “no hay problema con China”, que “el país tiene muchas inversiones en el ámbito local”, incluyendo a Cofco, uno de los principales exportadores y procesadores de granos del país.
Mañana, si todo sigue su curso, lo que no está claro por el momento, se podría vislumbrar un ganador. O no.
Hay una metáfora en política que no tiene un origen claro, pero es bastante precisa para describir la dinámica de las luchas internas que terminan liquidando un proyecto político. Si encerrás varios escorpiones venenosos en un frasco, más que intentar sobrevivir, terminan atacándose unos a otros hasta la muerte. La guerra de trolls entre Las Fuerzas del Cielo, con Santiago Caputo a la cabeza, y el karinismoconducido por Martín Menem en las redes no parece tener ningún tipo de sentido práctico y debilita aún más a un Gobierno que no encuentra el rumbo. ¿Podrán los escorpiones superar su propia naturaleza y dejar de atacarse unos a otros o la dinámica de la propia interna será el desencadenante de la derrota libertaria en las próximas elecciones?
Primero vamos a explicar lo sucedido por si alguien se lo perdió. El destape del caso Rufus se produjo por un error técnico y un descuido digital en el manejo de las redes sociales. El paso a paso de cómo se descubrió la vinculación de Martín Menem con la cuenta anónima ocurrió de la siguiente manera: la cuenta @PeriodistaRufus publicó un tuit con críticas directas hacia Santiago Caputo y su entorno.
Para respaldar su argumento o difundir un contenido específico, el usuario incluyó en la publicación un enlace que derivaba a un posteo de la plataforma Instagram. Al hacer clic en ese enlace de Instagram desde la plataforma X, el sistema abrió una ventana de previsualización que expuso los datos de origen. Debido a las funciones de sincronización de la aplicación, cuando un usuario comparte un link teniendo su propia sesión de Instagram iniciada, la plataforma deja un rastro digital que invita al receptor a “seguir” a la persona que envió o generó ese enlace original.
En la pantalla de los usuarios y militantes que ingresaron al link, apareció visiblemente asociada la cuenta oficial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La advertencia en la interfaz delató de manera inmediata el origen del mensaje y encendió las alarmas en el ecosistema digital oficialista. La información llegó rápidamente a oídos de la tropa digital que responde al asesor presidencial, liderada por comunicadores como el Gordo Dan, quienes capturaron las pantallas del error y reconstruyeron el mecanismo para certificar que el rastro conducía directamente al legislador riojano.
Santiago Caputo recogió las pruebas y lanzó el contraataque público publicando un tuit corto con la frase “Qué gagá” (Martín Menem tiene 51 años y Santiago Caputo 39), arrobando directamente a la cuenta @PeriodistaRufus. Al notar que el engaño había quedado al descubierto, los administradores del perfil anónimo eliminaron la cuenta por completo en un lapso de veinte minutos. Lejos de aplacar la situación, el cierre intempestivo de la cuenta provocó una nueva y más dura reacción del asesor presidencial, quien publicó: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes“. Horas más tarde, el estratega redobló la apuesta al compartir un posteo de su entorno que fustigaba directamente a la conducción de los Menem en el armado político por su falta de pericia en el manejo de redes: “No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera“.
¿Cuál es el origen de esta disputa? ¿Realmente los Menem y los Caputo representan ideas distintas de cómo aplicar el plan de gobierno de Javier Milei o simplemente es una pelea de poder?
Volviendo a la imagen de los escorpiones peleando dentro del frasco, el frasco funciona como metáfora de la falta de salida. Y el de este Gobierno empieza a achicarse. Sostenido en gran medida por el respaldo de Estados Unidos —económico, a través del Tesoro norteamericano y su influencia ante el FMI, y político, por la afinidad ideológica con Donald Trump—, el mileísmo enfrenta un escenario internacional menos favorable. El desgaste de Trump tras el conflicto con Irán anticipa un futuro electoral sombrío, lo que llena de preguntas al gobierno libertario sobre la reacción de los mercados frente a un declive del principal garante frente a los acreedores financieros.
A medida que se acercan las elecciones norteamericanas, el frasco se vuelve más pequeño y en el plano económico, el RIGI y ahora el llamado “Super RIGI”, lejos de provocar una explosión de inversiones extranjeras capaces de modificar la estructura productiva o reactivar rápidamente la economía, siguen siendo —por ahora— más promesa que transformación concreta. Existen anuncios, algunos de enorme magnitud, pero todavía no alcanzan a mover la aguja cotidiana. Mientras tanto, proliferan las casi 25 mil empresas que bajaron sus persianas con este gobierno, los profesionales que se reinventan manejando Uber y los trabajadores obligados al rebusque.
Hay expectativas de inversión, pero pocos puestos de trabajo reales en el presente.
A eso se suma una inflación que, aun lejos de los picos recientes, permanece alta en términos históricos y tarifas de servicios y transporte que siguen erosionando ingresos y paciencia social. El humor colectivo oscila entre la resignación y el escepticismo.
Es dentro de ese frasco, de esta situación sin salida aparente, donde los escorpiones del caputismo y el menemismo karinista empezaron a picarse entre sí. El affaire Rufus expuso a Martín Menem como un operador de una cuenta anónima que no sólo atacaba a Las Fuerzas del Cielo, sino también al propio Luis “Toto” Caputo y otros integrantes del oficialismo. La guerra digital explotó y expone las fracturas del Gobierno a plena luz del día. ¿Cuánto de los problemas que tiene el propio Gobierno son generados por filtraciones de ambos bandos para perjudicarse mutuamente?
El presidente Javier Milei intentó una operación para salir de la guerra interna con un viejo recurso: atacar al periodismo. Es decir, frente al conflicto interno, buscó reavivar la guerra contra un enemigo externo, una jugada clásica.
El Presidente se agarró de que el acusado de narcotráfico Fred Machado llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense para declararse culpable del delito de lavado y otras acusaciones, cerrando la causa por narcotráfico. De esta manera, ataca a la prensa al decir que mentimos contra Espert. Vamos a leer el tuit.
“PERIODISTAS DE MIERDA (95%)
A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.
Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo.
Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert.
Ahora pregunto: ¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?
Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina.
¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta.
Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que algunos lo hicieran, no veríamos ni un DÉCIMO del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida.
Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS.
Con José Luis Espert, SIEMPRE del lado de la verdad y de la libertad.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”
El planteo de Javier Milei sobre José Luis Espert tiene varios problemas. El principal es que presenta como una “declaración de inocencia” algo que no fue exactamente eso. En Estados Unidos, Federico “Fred” Machado —el empresario vinculado financieramente a Espert— no fue absuelto en un juicio por narcotráfico, sino que llegó a un acuerdo con la fiscalía: aceptó declararse culpable de otros delitos, como lavado y fraude, a cambio de que se retirara la acusación narco. Eso no significa que un tribunal haya probado su inocencia.
Además, aunque se descartara el narcotráfico, el vínculo económico entre Machado y Espert existió. El propio Espert reconoció haber recibido unos 200 mil dólares de una empresa ligada al empresario, algo que inicialmente había negado o evitado explicar. Por eso el tema no nació de una operación sin pruebas, sino de documentación judicial y movimientos financieros reales.
Milei también exagera cuando plantea: “¿Quién puede creer que Espert entró a la política para lavar dinero?”. En realidad, buena parte de las críticas nunca apuntaron a decir que Espert fuera un narcotraficante, sino a cuestionar la transparencia de sus vínculos económicos con una persona investigada por delitos graves. Son cosas distintas. Se puede pensar que Espert no cometió delitos y, al mismo tiempo, considerar legítimo que se investigue el origen y la naturaleza de esos fondos.
Tampoco es exacto decir que “lo condenaron sin pruebas”. Hubo documentos judiciales, transferencias registradas y vínculos reconocidos por el propio Espert. Se puede discutir si algunos periodistas exageraron o utilizaron políticamente el caso, pero no que todo haya sido inventado.
Finalmente, Milei convierte el episodio en una batalla épica contra “los periodistas de mierda”, para tapar el conflicto interno.
La aparición y posterior desenlace del caso Rufus exponen que la feroz interna libertaria dejó de ser una mera disputa de egos en las redes sociales para transformarse en una guerra abierta por el control de los negocios del Estado y los resortes económicos de la gestión. Las acusaciones que la cuenta anónima vinculada a Martín Menem lanzaba contra Santiago Caputo perforaron el blindaje del oficialismo porque no apuntaban a la pureza ideológica, sino a la cartelización de áreas estratégicas en favor del círculo íntimo del asesor presidencial.
Al ventilar públicamente la adquisición de Flybondi por parte del exespía Leonardo Scaturicce, señalado como operador y hombre de máxima confianza de Caputo para influir en las designaciones de control aduanero y recaudación, el perfil fake tocó una fibra extremadamente sensible. El ataque se profundizó al denunciar el vertiginoso desembarco de los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos de la infancia del estratega, en sectores neurálgicos como la red eléctrica de Transener y la licitación de la Hidrovía.
Vamos a ver un tuit viejo de la cuenta Rufus que ilustra las presuntas operaciones del menemismo karinista contra los seguidores de Santiago Caputo.
Para el ala del Gobierno alineada con Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, estas maniobras corporativas representan la construcción de una fenomenal caja política paralela, diseñada por el entorno de Caputo para financiar estructuras de poder propias y consolidar un esquema de influencia que margina al resto del espacio. Cuando el error técnico del enlace reveló que detrás de estas delicadas filtraciones de información estaba la terminal de los Menem, la furiosa reacción del asesor tildando de incapacitados políticos a sus socios de gobierno desnudó la fragilidad de la alianza gobernante.
La utilización de cuentas fake para operar políticamente no es una novedad en este Gobierno. Desde el principio, hay varias cuentas sin nombre que postean mensajes que luego son compartidos por el Presidente u otros funcionarios. Como si fueran personas anónimas que opinan libremente que Milei toma como prueba de que la opinión popular está de su lado.
Estas cuentas provenían del ecosistema de Santiago Caputo, quien además tenía cuentas fake que ya habían sido identificadas por la prensa, SomeBody y SnakeDocLives.
Lo que sucedió fue que la misma táctica que usaban contra el resto de las fuerzas políticas las empezaron a usar para la lucha interna. Ya en 2024 se le atribuía a Martín Menem la cuenta Praetor de León. El periodista Luis Majul le preguntó por esto en su momento y esto respondió el presidente de la Cámara de Diputados.
Probablemente la pelea entre Martín Menem y Santiago Caputo haya iniciado como una pelea de egos, dos personas que se muestran como machos alfa, de familias poderosas del país que hace dos años no eran conocidos por nadie y ahora son parte del establishment político del país.
Los Menem, una familia ligada a la casta política y a las disputas de poder, mientras que los Caputo provienen más del sector privado aunque con negocios con el Estado y la política.
La pelea termina de tomar una dimensión familiar, cuando la cuenta fake de Martín Menem ataca al propio Toto Caputo. Como si la idea de una familia dentro del poder, una sociedad interna, no pudiese tolerar a otra sociedad haciéndose con el poder y los recursos del Estado. Una disputa digna de los Montescos y los Capuletos por los resortes del poder y la caja estatal.
El affaire Rufus institucionalizó una fractura donde el control de la botonera estatal y el reparto de los grandes contratos económicos de la Argentina se dirimen mediante operaciones cruzadas, carpetazos corporativos y un espionaje interno que amenaza con dinamitar el equilibrio del propio triángulo de hierro presidencial.
Del otro lado, el karinismo enfrenta acusaciones similares: la creación de un conjunto de negociados corruptos que tuvieron en el Caso ANDIS vinculado a Lule Menem y al 3% para Karina su punto más bochornoso.
La biología ofrece una metáfora útil para entender esta etapa. Cuando una célula no puede alimentarse del exterior, activa un mecanismo llamado autofagia: empieza a consumir partes de sí misma para sobrevivir. Algo parecido parece ocurrir en el oficialismo. Cuando el plan político y económico deja de expandirse sobre la realidad, las tensiones internas se intensifican y el organismo empieza a metabolizar sus propios conflictos para sostener una vitalidad cada vez más exigida.
Claro que ningún frasco está cerrado para siempre. Siempre puede abrirse una salida inesperada. Un repunte económico, la concreción efectiva de inversiones del RIGI que alimenten la idea de un país en ascenso o un error opositor de gran magnitud podrían modificar el equilibrio. En política, incluso un escorpión herido puede encontrar la forma de salir del vidrio antes de morir envenenado.
Por lo pronto, la pelea entre Santiago Caputo y Martín Menem expone una disputa directa entre el asesor presidencial y Karina Milei y el hecho de que el Presidente no haya echado a Caputo representa un límite a su propia hermana. Un Gobierno que se devora a sí mismo porque no tiene éxitos concretos de cara a la población. En eso es similar al Frente de Todos.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
El Gobierno nacional ratificó este lunes a las dos empresas que continuarán en carrera para definir el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay en la instancia económica de la licitación internacional, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) aprobara la segunda etapa del proceso y confirmara la apertura del Sobre N°3 para el 19 de mayo.
La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial del 18 de mayo, a través de la Resolución 28/2026 y mantiene como oferentes precalificados a las firmas JAN DE NUL N.V. y SERVIMAGNUS S.A., y DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, en el marco del proceso para la modernización, ampliación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó “lo actuado en la segunda etapa correspondiente a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025”, vinculada al sistema de señalización, dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná y el Río de la Plata exterior.
El documento oficial además confirmó que las dos compañías seguirán adelante en la compulsa luego del análisis técnico y administrativo de las propuestas presentadas en el Sobre N°2. Según la resolución, la Comisión Evaluadora “recomendó la precalificación de las ofertas presentadas” por ambas firmas y estableció el correspondiente orden de mérito.
La definición de la etapa económica
La resolución estableció que la apertura del Sobre N°3 se realizará el 19 de mayo de 2026 a las 13 horas a través del portal CONTRAT.AR, instancia en la que comenzará la evaluación económica de las propuestas para la concesión de la Hidrovía.
El proceso licitatorio apunta a la modernización y operación de la Vía Navegable Troncal bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, incluyendo tareas de dragado, mantenimiento y señalización en uno de los principales corredores logísticos y exportadores del país.
La ANPYN recordó que el procedimiento se desarrolla bajo las facultades delegadas por el Decreto 709/2024 y que la actual agencia actúa como continuadora jurídica de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la Administración General de Puertos.
En los considerandos de la resolución también se destacó que la licitación contó con un amplio proceso previo de consultas y observaciones, incluyendo participación de actores técnicos y organismos internacionales. En ese marco, se mencionó el Memorando de Entendimiento firmado con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó de las mesas de diálogo y emitió recomendaciones sobre el proceso.
Qué pasó con las ofertas y las impugnaciones
La primera etapa de apertura de sobres se realizó el 27 de febrero de 2026 y allí se presentaron tres ofertas correspondientes a JAN DE NUL N.V. y SERVIMAGNUS S.A., DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV y DTA ENGENHARIA LTDA.
Sin embargo, posteriormente la Comisión Evaluadora consideró admisibles únicamente las propuestas de JAN DE NUL N.V. y SERVIMAGNUS S.A. y DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING NV, mientras que la oferta de DTA ENGENHARIA LTDA fue declarada inadmisible durante la primera etapa del procedimiento.
La resolución también señaló que ambas firmas precalificadas realizaron presentaciones con “consideraciones y comentarios” respecto del dictamen técnico de evaluación, aunque la Comisión Evaluadora concluyó que esos planteos “no aportan nuevos elementos técnicos” que modifiquen las conclusiones previas.
Además, el organismo sostuvo que las observaciones realizadas por las empresas “no poseen naturaleza impugnatoria” debido a que no cumplieron con los requisitos formales exigidos en el pliego, aunque igualmente fueron analizadas “en atención a los principios de buena administración y debido proceso”.
Finalmente, la ANPYN ratificó íntegramente el dictamen técnico previo y confirmó que las dos compañías continuarán en la etapa económica de una licitación considerada estratégica para el sistema exportador argentino y el funcionamiento de la principal vía navegable del país.
Hay algo en el plan económico de Javier Milei que está saliendo bien. Algo que se pensó desde el inicio y que florece hoy, justo cuando el resto de la economía no sale del pozo y la población resiste un duro ajuste en su costo de vida. Como pocas veces en la historia, la transferencia de ingresos de los sectores medios y bajos a los empresarios más grandes y con más espaldas se consolida y crece, mientras el rechazo social al Gobierno por la crisis se hace habitual en las encuestas de opinión. Una especie de gestión estatal en modo “Hood Robin”, en la que los beneficiados se apuran a exprimir los regalos del Gobierno en el peor momento político de la Libertad Avanza, a sabiendas de que la continuidad política post 2027 ya no está garantizada.
Esa consolidación de grandes negocios la usufructúan, además, los empresarios más cercanos al Presidente, los que se congregan en una especie de nueva burguesía libertaria. La consolidación se apoya en tres pilares: el régimen de perdón impositivo para inversiones RIGI; el flamante Súper RIGI, la variante más regalona: y el proceso de privatizaciones de empresas estratégicas. Los dos primeros se hicieron a medida de las multinacionales y el remate de empresas del Estado es el coto de caza de las firmas grandes de capitales nacionales. El costo fiscal de perdones impositivos millonarios que empezaron a calcular varias consultoras y economistas de la oposición adelanta tormentas para gobiernos venideros y hasta riesgos de litigio en tribunales internacionales. Los permisos para hacer son impúdicos y en detrimento de casi toda la población que padece la diaria. Además, esos favores impositivos se expresaron de manera muy gráfica justo en la semana de la marcha universitaria que denunció un ajuste del gobierno nacional a los planes de estudio, sueldos y acceso a la educación de calidad. Como ya se animan a decir algunos economistas, incluso Milei-friendly, no parece ser esta una economía a dos velocidades, sino una que tiene claro que su sujeto de representación es el poder económico.
Hace unas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un nuevo proyecto de beneficios impositivos RIGI. El Gobierno aprobó hasta ahora 16 iniciativas, de los cuales 9 son de mineras multinacionales y 4 de petroleras, todas empresas consagradas que ya invierten en el mundo sin ayuda fiscal. En las últimas semanas, en Mendoza, hubo varias marchas contra el proyecto de minería de cobre y oro en Uspallata. Ese proyecto RIGI, el San Jorge, es un esquema asociativo entre la firma suiza Metals GmbH y la compañía Alberdi Energy, que es propiedad del Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Martín Rappallini es dueño, además, de una empresa de cerámica que viene penando por la crisis como el resto de las industrias convencionales. Este jueves, Página I adelantó una carta en la que Rappallini pide un RIGI para industrias pequeñas, un texto que surgió de la presión de las bases de UIA, que están quebradas por la caída de las ventas. Este martes 19, la central fabril se verá con Caputo. Uno de los que estará en el mitín perdió, pero se recuperó con el RIGI. El resto mira de afuera y ve una quiebra del entramado productivo peor que la del menemismo. Paradojas de los negocios en la era libertaria.
Quizás la salida repentina y sorpresiva hace un mes del economista jefe y director de UIA, Diego Coatz, explique por qué la entidad navega en estas vaguedades, elogios a Milei y el manejo de tiempos y exposiciones de Techint, el que manda y alumbra el camino. “La industria está, en promedio, 13,5 por ciento por debajo de su pico de la última década, en noviembre del 2017. En el último año se perdieron 9 empleos industriales por hora. Es clave que el orden macro incluya una agenda de crecimiento, porque esta trayectoria está configurando dos argentinas”, escribió Coatz ya alejado de la sede de Avenida de Mayo. Lapidario.
El intento por motivar inversiones no es en sí un problema. El asunto es el desfinanciamiento del resto de la sociedad para ceder recaudación impositiva en beneficio de firmas con espalda financiera. Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, es la relación del gobierno con las mineras. En San Juan se encontraron días atrás la hermana de Milei y varias empresas, muchas de las cuales ya tienen RIGI. En el pelotón de beneficiados aparecen Río Tinto, Galan Lithium, la canadiense Mc Ewen Copper, Barrick Mining, Abra Silver, Ganfeng Lithium, America Lithium y JEMSE.
Varias de esas compañías han dispuesto para las gestiones con el Gobierno a estudios de abogados variados, muchos de los cuales abrieron divisiones especiales para los negocios mineros del RIGI.
Martínez de Hoz & Rueda es el buffete que está de moda. Lo encabeza José Alfredo hijo, el heredero del ex ministro de economía de la dictadura. El abogado es además asesor legal de la Cámara de la Industria del Petróleo y de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos desde los años 90 hasta la actualidad. Dato de color: Acindar, la empresa de la que salió su padre, también recibió un RIGI de Milei.
Un RIGI para una fortuna de 30 mil millones
Misión Productiva, un agrupamiento nuevo de economistas que cuenta entre sus filas a Martín Alfie y otros economistas y sociólogos de prestigio, elaboró un trabajo sobre el Súper RIGI que describe una “serie de “parches fiscales” y regulatorios extremadamente generosos que consolidan una fragmentación fiscal. Los sectores beneficiados pagan pocos impuestos; la economía tradicional formal, que paga impuesto, cada vez es más chica; y una economía informal, que no paga impuestos, está creciendo”. Agregan que “se posterga la discusión de fondo: que estructura tributaria y regulatoria necesita el país para crecer”.
Introducen que “de esta manera vuelve a postergarse una discusión de fondo: qué estructura tributaria, regulatoria y productiva necesita Argentina para sostener inversión, mejorar competitividad y desarrollar capacidades de manera más generalizada. En vez de avanzar hacia un esquema más simple y coherente, se acumulan mecanismos particulares vinculados a lobbies sectoriales para compensar problemas estructurales que siguen sin resolverse”. Asimismo, asegura que el “súper RIGI parece consolidar esa lógica, ampliando beneficios sin una discusión demasiado clara sobre sus fundamentos económicos, sus costos fiscales o los objetivos productivos asociados”.
En las filas oficiales, mientras tanto, siguen envolviendo regalos. “Toto está excitado con la idea de que Thiel se mete sí o sí al Súper RIGI”, contó a este diario un funcionario que frecuenta Hacienda. Toto es Caputo y Peter Thiel es el dueño de Palantir y Paypal, uno de los ceos fetiche de Trump, que compró una casa en Barrio Norte para instalarse en Argentina con la idea de hacer negocios millonarios. El Súper RIGI les rebaja la mitad del Impuesto a las Ganancias a las empresas tecnológicas que no tengan empleos humanos. Relatan los que conocen el paño que hay contactos casi diarios de gente de Caputo con Thiel. Hay dos designados para explicarle cómo invertir en un negocio de Inteligencia Artificial.
Thiel viene con un perfil muy bajo recibiendo en su casa a economistas afines al Gobierno y a funcionarios que peregrinan a su mansión. El caso es de estudio porque es la consagración de la no distribución del ingreso: el dueño de Palantir tiene una fortuna superior a los 30 mil millones de dólares. Es decir, tiene la capacidad de comprar países enteros y acá le quieren bajar impuestos a cambio de que invierta. Otro de los que se habrían reunido con Thiel es Agustín Laje, el ideólogo de la batalla cultural libertaria. Se está moviendo él con sigilo. Santiago Caputo y su hermano, los jefes políticos de la Fundación Faro presidida por Laje ordenaron evitar encuentros con empresarios, reuniones con tarjetas pagas y otros encuentros hasta que aclare el escenario de las investigaciones de enriquecimiento ilícito sobre Adorni. Faro se apaga adrede. Es mejor que choquen contra la costa otras embarcaciones que la propia.
AYSA y los Big Five criollos
El viernes último el Gobierno de Milei lanzó la licitación para privatizar AYSA. Ofrecen el 90 por ciento de la empresa de aguas, porque el 10 restante está en manos de los trabajadores. El caso muestra a los mismos ceos nacionales que compitieron por el resto de las privatizaciones libertarias y que son, a la vez, una especie de burguesía a medida del Presidente.
Hay una carrera por la empresa de parte de empresarios nacionales, pero también de gente muy vinculada a la Embajada de Estados Unidos, como el dueño de Flybondi, Leonardo Scaturicce. De todos modos, el nombre que picó en punto es el del señor del cloro, Mauricio Filiberti. El dueño de Transclor ya tiene el negocio de provisión del producto purificador a la firma del Estado. La quiere comprar.
También se puso en el pelotón el grupo más afín a Milei: los Neuss. Compiten por la hidrovía, por AYSA y ya se han llevado activos estratégicos como la transportista de electricidad Transener, en sociedad con los dueños de Havana, el banquero Jorge Brito, el mexicano David Martínez y Rubén Cherñajosky, el propietario de la ensambladora fueguina Newsan.
Otro de los nombres que no descarta entrar es el de Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, que acaba de quedarse con la cementera Loma Negra, que estaba en manos de capitales brasileños. Al revés que en la crisis del 2001, hoy no quiebran los gigantes argentinos y entran los foráneos. Hoy los argentinos compran multinacionales en crisis y firman estatales rematadas por Milei. Sobre todo, están comprando a precio basura negocios que se caen sin mercado interno.
La iniciativa legislativa se presenta luego de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal al respecto de un potencial direccionamiento del concurso que busca concesionar la Vía Navegable Troncal.
La investigación del Ministerio Público Fiscal sobre la licitación de la Hidrovía fue contundente: registró distorsión en la evaluación, limitación a la participación y falta de justificación para la deuda pendiente. Ante ello, Jorge Taiana presentó un proyecto en Diputados en donde solicita al Poder Ejecutivo “la inmediata suspensión del procedimiento”.
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Entre los puntos de su proyecto de resolución, el diputado nacional también pide que “los pliegos licitatorios garanticen el efectivo cumplimiento de los principios de transparencia, concurrencia, igualdad, razonabilidad y acceso a la información pública”; requiere “la realización de estudios ambientales integrales”; impulsa “una nueva instancia de participación ciudadana y audiencia pública”; y reitera su “más enérgico repudio a las graves irregularidades, cuestionamientos técnicos, jurídicos, ambientales e institucionales denunciados en torno al proceso licitatorio“.
Taiana realizó advertencias acerca de la licitación desde el inicio del procedimiento, presentando en febrero un pedido de informes luego de detectar que en el proceso se estaban “desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia”. Este viernes, una investigación de la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA), organismo del Ministerio Público Fiscal, consideró que la “ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo”. Los dos grupos que están involucrados en la licitación son los belgas Jan De Nul -que opera en la Hidrovía desde 1995- y DEME.
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Hidrovía: qué dice la investigación judicial
“La Agencia Nacional de Puertos y Navegación repitió irregularidades que ya habían sido advertidas en procedimientos licitatorios anteriores”, plantea la Justicia. Las pruebas quedaron en manos de la Fiscalía Federal N° 9 de la ciudad de Buenos Aires. Dentro de ellas, la PIA remarcó:
Incumplimiento de la Ley 27.566: sobre el acceso a la información ambiental durante el proceso de audiencia pública, dado que se presentaron más de 9.000 páginas para analizar en un plazo breve para su consideración. “El procedimiento instado de participación ciudadana se redujo a un cumplimiento meramente formal y ritualista”, sostiene el documento.
Condiciones para la cesión del contrato: el modelo de contrato establece que el contrato de concesión podrá cederse a un tercero si este cumple “requisitos similares” al cedente, transcurrido al menos el 20% del plazo del contrato o de la inversión comprometida. “Esta cláusula atenta contra el principio de igualdad -que debe garantizarse en todas las etapas- respecto de otros oferentes que no fueron adjudicados o que se autoexcluyeron por no cumplir los requisitos exigidos, ya que permitiría que termine siendo concesionario alguien que originalmente no cumplía con todas las condiciones”, expresa la PIA.
Inadecuada redacción de la Cláusula Anticorrupción: el pliego conserva una redacción que permitiría reconocer prestaciones al concesionario sobre la base del enriquecimiento sin causa, incluso tras haberse verificado una práctica corrupta. El dictamen advirtió sobre “la irracionalidad de compensar económicamente al sujeto activo del hecho ilícito cuando su propio accionar irregular es el que origina la nulidad del vínculo contractual”.
Limitación a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes: el pliego licitatorio establece una lógica restrictiva donde solo pueden cuestionar la evaluación de una etapa quienes hayan sido sujetos de evaluación en ella. La PIA observó que esta disposición constituye “una restricción ilegítima al derecho de todo oferente a que todo el procedimiento se lleve adelante en un contexto de regularidad, razonabilidad e igualdad”.
Limitación a la participación de ciertas formas asociativas: el pliego licitatorio persiste en restringir la participación de oferentes bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE) sin brindar un sustento fáctico o legal que justifique tal limitación.
Distorsión en la forma de evaluación de las ofertas: el diseño del pliego “desnaturaliza el funcionamiento estructural del procedimiento de licitación pública de etapa múltiple. La irregularidad principal radica en la implementación de una fórmula de Puntaje Global de la Oferta (PGO) que vuelve a ponderar la calificación técnica junto con la económica en la instancia final. Esta doble valoración desvirtúa el propósito del sistema de etapas, en el cual el análisis técnico debiera operar estrictamente como un filtro de admisibilidad y capacidad”.
Falta de justificación para la deuda pendiente con acreedores actuales: se mantuvo “la falta de justificación sobre la inclusión de las deudas pendientes con los actuales acreedores” de la Hidrovía.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) elevó este viernes un dictamen ante la Justicia Federal en el que señaló presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la privatización del dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía. Sin embargo, no exigió ninguna medida y el proceso continúa firme.
La PIA integra la Procuración General de la Nación, y es el órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción e irregularidades dentro de la Administración Nacional.
No es la primera vez que la PIA participa del proceso: el año pasado, justo el día anterior a la presentación de ofertas, también había denunciado irregularidades. “Se los invitó en cada ocasión de la Mesa de Diálogo Interdisciplinario y a las reuniones del Consejo de Control y siempre contestaron que no iban a participar”, dijeron fuentes oficiales.
En esta ocasión, el dictamen, firmado por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, fue presentado al fiscal federal Guillermo Marijuan el mismo día en el que el Gobierno avanzó con el proceso y le puso fecha a la apertura de las ofertas económicas, que será el martes 19 de mayo a las 13 horas.
La PIA concluyó que la licitación de la Vía Navegable Troncal (VNT) sobre los ríos Paraguay y Paraná “repite errores, tales como la forma de redacción de la cláusula anticorrupción; las condiciones para una eventual cesión del contrato; los límites a la posibilidad de impugnar y a la presentación de ciertas formas societarias; la limitación a que las empresas presenten ofertas bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas; así como la obligación impuesta al concesionario de justificar las garantías sobre deudas pendientes con los acreedores actuales”.
“Resaltamos lo desvirtuado de la fórmula de evaluación de las ofertas y del procedimiento de etapa múltiple establecido, en el cual recaen reparos sobre un posible direccionamiento del proceso”, dice el dictamen.
La licitación generó el interés de tres empresas: las belgas Jan de Nul y DEME y la brasilera DTA Engenharia; las primeras dos siguen en pie y la última quedó descalificada por no haber presentado las garantías.
En la evaluación técnica oficial, Jan de Nul —anterior concesionario y acreedor de una deuda del Estado— le sacó una amplia diferencia a DEME. En un escenario donde existe una tarifa mínima de 3,40 dólares por tonelada registrada neta y donde ambos competidores podrían haber propuesto el peaje más barato posible, la balanza se terminará de inclinar por la mejor oferta técnica.
La Procuraduría también cuestionó las audiencias públicas, que habrían vulnerado el “derecho a una información comprensible, accesible y oportuna”, así como la “falta de una evaluación de impacto ambiental” completa.
“Las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, cerró el fiscal.
