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  • La instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú reaviva el conflicto ambientalista entre Argentina y Uruguay

    La instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú reaviva el conflicto ambientalista entre Argentina y Uruguay


    El proyecto uruguayo para instalar en Paysandú una planta de combustibles sintéticos que combinaría hidrógeno verde producido in situ con CO biogénico capturado de la combustión de residuos forestales mantiene en vilo a los vecinos de Colón, en Entre Ríos, quienes ya judicializaron la iniciativa.

    El escenario amenaza con convertirse en un nuevo foco de tensión bilateral, similar al que enfrentó a Argentina y Uruguay hace casi dos décadas por la instalación de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia sobre la margen uruguaya del río, a la altura de Fray Bentos: el llamado conflicto por las pasteras.

    Aquella controversia derivó en años de protestas comunitarias con cortes en los puentes internacionales e incluso llevó a ambos países ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El tribunal concluyó que Uruguay había incumplido los procedimientos de información y consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay, aunque determinó que no se había probado una contaminación significativa del río. Por eso, la planta -puesta en funcionamiento en 2007 y luego adquirida por UPM en 2009- continuó operando.

    En ese momento, el conflicto se agravó por la falta de comunicación entre los dos países para cumplir con los tratados vigentes, una situación que algunos actores afirman que vuelve a repetirse ahora. Entonces también confluyeron la movilización de comunidades entrerrianas, grupos ambientalistas y la escalada política que protagonizaron los fallecidos Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez hacia 2005.

    Reclamos políticos y judicialización

    En la actualidad, el foco del conflicto está en un fuerte reclamo de la oposición entrerriana y en la judicialización de parte del proyecto. Pero el gobierno de Rogelio Frigerio sostiene que lo sigue hace un año.

    Este fin de semana, los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador Adán Bahl —todos peronistas— se presentaron como “amicus curiae” en la causa que tramita en la Justicia Federal por la instalación de la planta de hidrógeno verde que construye en Uruguay, frente a Entre Ríos, la empresa HIF Global.

    Por su parte, Frigerio mantiene el tema como una cuestión de Estado. Lo habló con el presidente Yamandú Orsi y con su canciller, Mario Lubetkin . El gobernador no está en contra de la planta, afirman, sino que pide que la relocalicen para que no haya contaminación visual y no afecte el desarrollo turístico de la zona.

    HIF Global se define como desarrolladora de proyectos de e-combustibles. Según su información oficial, produce e-fuels en la planta HIF Haru Oni, en Chile, y desarrolla proyectos a escala comercial en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Brasil y Australia.

    La inversión estimada para el proyecto en Paysandú supera los 5.300 millones de dólares. Pero la protesta va creciendo del lado argentino. Ocurre que en la costa entrerriana crece la preocupación porque su economía es turística y temen volver a enfrentarse con un paisaje dominado por una gran instalación industrial y chimeneas visibles desde sus playas, en la otra orilla del río Uruguay. El proyecto estima que estén a unos 3 a 4 kilómetros de la costa del río y el gobierno entrerriano les pide que lo hagan a 30.

    “Consideramos que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al río Uruguay y a nuestras comunidades”, afirmó Michel en un extenso mensaje publicado en redes sociales. Allí también anunció la creación de un sitio web para difundir documentación del proyecto entre los entrerrianos.

    “De los documentos surge que no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, que obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente”, agregó.

    Ese artículo establece que si uno de los países planea realizar una obra que pueda afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, debe comunicarlo a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), acompañando la documentación técnica y los estudios necesarios para que la otra parte pueda evaluar sus efectos.

    Según los legisladores entrerrianos, ese procedimiento no se habría cumplido. También sostienen que corresponde a la delegación argentina ante la CARU exigir no sólo la notificación de la intención del proyecto, sino también la presentación del plan técnico completo para evaluar su impacto ambiental.

    En paralelo, los legisladores cuestionaron decisiones tomadas en el pasado por la propia representación argentina.

    “En diciembre de 2019, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, la delegación argentina ante la CARU designada por su gestión aprobó la Resolución 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay debilitando estándares ambientales. Hoy afirma defender el ambiente y el río, pero fue su propia gestión la que impulsó una decisión que viola el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay”, afirmaron Michel, Marclay y Bahl.

    La referencia apunta a una modificación del Digesto aprobada sobre el final del gobierno de Mauricio Macri que, según distintos especialistas, redujo exigencias ambientales vinculadas al principio de no regresión, previsto en el artículo 41 del tratado sobre el río Uruguay.

    Ese punto también fue objeto de reclamos diplomáticos durante la gestión de la Cancillería encabezada por Santiago Cafiero.

    De todos modos, el actual rol político de Frigerio -con fuerte presencia territorial- lo ubica hoy en una posición distinta a la que tenía en 2019 dentro del gabinete nacional.

    En la misma línea crítica se pronunció Luciana Tito, ex jefa de Gabinete de la Cancillería durante la gestión de Cafiero.

    “La modificación del Digesto aprobada en diciembre de 2019 fue una decisión política adoptada en el ámbito de la CARU durante el gobierno de ese momento, que implicó flexibilizar los estándares ambientales y ampliar los márgenes de contaminación permitidos”, sostuvo.

    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con el presidente de Uruguay Yamandú Orsi

    Según explicó, la medida se tomó además sin intervención de la Consejería Legal de la Cancillería.

    “Cuando asumimos y advertimos esta situación, sostuvimos siempre la misma posición: la necesidad de revisar ese Digesto, porque implicaba un retroceso en los estándares ambientales establecidos por el Estatuto del Río Uruguay, en clara violación del artículo 41, que establece que ambos países deben proteger el río, prevenir la contaminación y no retroceder en las exigencias técnicas para su cuidado”, señaló.

    La planta proyectada por HIF Global en Paysandú tendrá una capacidad final estimada de hasta 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos.

    El proyecto promete generar 1.400 empleos durante la construcción y unos 300 puestos permanentes en la etapa operativa. Según el memorándum firmado con el gobierno uruguayo, la producción se exportaría a través del puerto de Montevideo, con un horizonte de exportaciones a partir de 2029.

    La iniciativa incluye una planta destinada a producir combustibles sintéticos -entre ellos e-gasolina- que pueden utilizarse como reemplazo de combustibles fósiles en motores de combustión, con menores emisiones de carbono.

    El proceso prevé utilizar dióxido de carbono biogénico capturado en parte de la combustión de residuos forestales y también de las emisiones de la planta de bioetanol Alcoholes del Uruguay (ALUR), ubicada en Paysandú.

  • Ante el avance del Gobierno en el Congreso, la oposición dura apunta a armar un nuevo frente anti Milei

    Ante el avance del Gobierno en el Congreso, la oposición dura apunta a armar un nuevo frente anti Milei


    En un momento de desconcierto en el arco opositor, con un escenario favorable al Gobierno en el Congreso y el peronismo complicado con internas y fugas, la visita de Miguel Pichetto a Cristina Kirchner abrió una discusión pública sobre el posible armado de un frente amplio para enfrentar a Javier Milei, incluso con parte del radicalismo y el PRO distanciado de los libertarios. El eventual reagrupamiento podría tener impacto en el ámbito parlamentario, aunque en lo inmediato no alteraría el predominio oficialista.

    El balance positivo para La Libertad Avanza en los debates en extraordinarias, en especial con la sanción de la reforma laboral, sumado al desprendimiento de tres senadores peronistas alineados con gobernadores aliados a la Casa Rosada, implicó otro golpe al espacio de la oposición más dura. Le siguieron los ataques de Milei al kirchnerismo en la Asamblea Legislativa, aunque en ese caso el peronismo buscó sacar provecho al considerarlo un síntoma de la supuesta debilidad del Presidente, reflejada en la necesidad de seguir subiendo al ring al peronismo.

    “Siempre tenemos discusión y quilombo cuando no estamos en el poder. Lo que nos agrupa es la realidad. La mayoría de la gente está destruida y eso va a ir fortaleciendo al peronismo o en realidad al campo popular”, aseguró un dirigente con vínculo frecuente con Cristina Kirchner. La aclaración del final no fue casual: como Axel Kicillof, acaso en una de las pocas coincidencias en este tiempo entre el gobernador y el sector de la ex presidenta, la proyección del armado -bien verde todavía, a esta altura ni siquiera embrionario- apunta a que no sólo incluya a un espectro más amplio del PJ sino a otros espacios opositores a Milei.

    Luego del reencuentro con la ex mandataria en el departamento de San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria, Pichetto contó que le transmitió “la necesidad de construir un frente nacional” lo más amplio posible. “Algo parecido a lo que construyó Lula para enfrentar a Bolsonaro, con todos los partidos democráticos del centro nacional que puedan confluir en un programa, que tiene que ser capitalista y productivo. Nada de un esquema viejo e intervencionista”, diferenció en el streaming Gelatina.

    Es con todos. Yo no hago exclusiones y tampoco tengo prejuicios. Estoy dispuesto a caminar el país y a tratar de hacer un aporte. No con el sentido de que quiero ser el candidato”, completó el diputado de Encuentro Federal, que no hablaba con Cristina Kirchner desde hacía más de diez años. En el Congreso, el proyecto para aliviar el endeudamiento de las familias presentado por Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), la cordobesa Natalia de la Sota, Nicolás Massot y el propio Pichetto había dado un indicio en esa dirección.

    A su vez, Michel, Tolosa Paz y otros diputados como Kelly Olmos y Gustavo Bordet se reunieron la semana pasada con Diego Bossio y Martín Rapetti, fundadores de la consultora Equilibra, para analizar un informe sobre el empleo y “discutir el programa económico que viene”, en un intento de “reconstruir un relato económico propio” en un contexto político adverso. “Lo fiscal es necesario, pero no suficiente. Sin política productiva, sin estrategia de desarrollo y sin un proyecto que ponga al trabajo en el centro, el ajuste se vuelve un fin en sí mismo”, advirtieron.

    “Estamos en una construcción de centro, basada en el peronismo federal no kirchnerista, de las provincias y Buenos Aires, y algunos sectores del radicalismo y el PRO, ligados a los gobernadores”, amplió un dirigente cercano al ex senador por Río Negro, convencido de que en el próximo turno electoral no habrá lugar para la avenida o la callecita del medio. “Si vamos a una elección de tres partes, y tenemos que enfrentar a los dos extremos, el desafío es imposible. Entonces la táctica es enfrentar a uno y ganarle en unas PASO, que sería el kirchnerismo, y en segunda instancia a La Libertad Avanza”, señaló.

    En el kirchnerismo comparten la idea de explorar un armado opositor a Milei bien abarcativo. “El peronismo es frentista, desde su génesis. Hasta ahora el único candidato es Axel. ¿Puede haber más? Sí, para que se defina en unas PASO si el oficialismo no las elimina o por acuerdo. Un frente con todos los que vean que este Gobierno es una catástrofe”, proyectó un dirigente con acceso a San José 1111.

    En esa sintonía se pronunció públicamente la senadora Juliana Di Tullio, de las más cercanas a la ex presidenta, con el foco en una parte del radicalismo. “Hay radicales que son gorilas, más antiperonistas que cualquier cosa. Pero hay otros que todavía tienen ese origen popular, democrático, que son primos. A esos hay que ir a buscarlos”, propuso también en Gelatina.

    “En términos generales es lo que dice Axel desde hace dos años”, marcaron la coincidencia en La Plata. Kicillof ratificó sus aspiraciones de erigirse como alternativa a Milei en su discurso para abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, al día siguiente de Milei, en el que confrontó con el Presidente y explicitó su propósito de articular una opción nacional.

    “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires”, había dicho en diciembre en un acto en Ensenada, en el que llamó a construir “sin sectarismos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente”. Referentes del sector liderado por Kicillof leyeron la reunión de Cristina Kirchner con Pichetto en parte en clave interna, y recordaron las críticas recurrentes del diputado al gobernador bonaerense.

  • A todo o nada contra las PASO, aportes electorales con ideología y Milei quiere el voto de Cambiemos

    A todo o nada contra las PASO, aportes electorales con ideología y Milei quiere el voto de Cambiemos


    Glaciares congelaron el Congreso

    El destino de las reformas es siempre resbaladizo. La mayoría de ellas suele volverse en contra de quienes las crearon, como pasó con las mismas PASO. Debutaron con el extraordinario éxito de Cristina en 2011, pero sepultaron al peronismo en 2015. El Gobierno igual amenaza al Congreso con más reformas. En su discurso Milei prometió que irán 90 proyectos: 10 por cada uno de los 9 meses del año legislativo.

    Quizás ahora logren aprobar que los jueces usen toga, outfit que el renunciado Cúneo Libarona llegó a justificar en la primera versión de la desatinada ley de Bases, recordando que en la Suprema Corte había desde hace mucho tiempo un perchero para colgarlas. Con esos proyectos, alardeó Milei, quedará diseñada “la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.

    La oposición retruca con que el Gobierno necesita mantener el Congreso abierto para que no se hable de la economía. El debate de la ley de glaciares, sin embargo, congeló la actividad legislativa. Permitió que se entreguen los diputados y senadores a viajar por el mundo, al menos donde el espacio aéreo no está contaminado por el clima de guerra. Mandó el debate a audiencias y comisiones que dilatan la reapertura de las sesiones.

    Tentaciones autoritarias

    La política es el territorio de la ironía, como lo prueba el argumento que dio Milei ante el Congreso para justificar la reforma. “Necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados”, argumentó. No era el más indicado para dar clase de legitimidad de representación.

    Sus elencos se alimentan del transfuguismo político, donde dirigentes que fueron votados como oposición se lucen como oficialismo. En su gabinete seis de los nueve ministros han sido funcionarios o punteros del PRO (Monteoliva, Mahiques, Caputo, Santilli, Sturzenegger y Quirno). Toquetear el reglamento electoral es un ardid de las administraciones autoritarias.

    Ya desde el primer Perón se ensayaron reformas para consolidar el poder. Reformó la Constitución, tuvo reelección y modificó las normas electorales en su favor -elección uninominal de los diputados (el sueño confesado de Santiago Caputo, víctima de una sobredosis de Netflix)-. Las elecciones de 1951, encima, se hicieron bajo el estado de sitio.

    Matar las PASO, innegociable

    El menú de reformas incluye una sola que es innegociable: la abolición o suspensión de las PASO. Sin PASO y con boleta única, los partidos no reciben subvención para impresión. Ese dinero es el que alienta la tarea de los partidos. Además, en particular para el peronismo, la distribución de boletas ha sido un método de campaña refinado que el peronismo se atribuye como una clave de su éxito en los grandes distritos.

    Sin boleta, no hay nada que distribuir ni pretexto para movilizar la calle. El gran recurso del Gobierno para ganar ha sido desmovilizar al peronismo del interior, que se quedó en casa en 2023 y miró por TV cómo Massa y el peronismo del AMBA eran derrotados.

    En el menú de reformas que el Gobierno filtra, se incluye la eliminación de los espacios en los medios audiovisuales. Este recurso ha ido perdiendo utilidad. En las elecciones de 2025, al menos en el orden nacional, no atrajo la atención como antes, cuando agobiaba al público.

    Cuando se les piden explicaciones a los funcionarios, citan un recurso contra la ley de imponer los avisos gratuitos a los medios que ha llegado a la Suprema Corte. Lo presentó el grupo América y puede ser el golpe final a los espacios gratis. La compensación de esa carencia se traslada, siempre en el menú oficial, al mercado.

    Sin financiamiento oficial y levantando los techos del financiamiento privado se busca beneficiar la relación entre los partidos y sectores empresarios, que siempre ha sido importante para todos los partidos.

    Un consenso de los expertos dice que el financiamiento estatal favorece a las izquierdas y el financiamiento privado favorece a las derechas. Pero no está probado que en la Argentina los mecanismos legales modifiquen la tendencia del voto.

    Consuelo: todos votan siempre igual

    Ni la Boleta Única ni la suspensión de PASO lograron modificar las tendencias históricas del voto. En 2025 el oficialismo repitió el porcentaje de la coalición del no peronismo, que circuló hasta 2023 en Cambiemos. Milei sacó los votos de Macri. El peronismo retuvo 33,7% de los votos, algo menos de lo que sacó Massa a presidente en la primera vuelta del 2023.

    Sin PASO o con PASO, con sábana o boleta única, los resultados dan más o menos lo mismo. La política, después de todo, se resuelve en una democracia con la representación. Lo que hace falta es que los dirigentes sepan representar a sus votantes. La crisis de las dos coaliciones -del peronismo y del no peronismo- en 2023 disparó el balotaje que lo hizo presidente a Milei.

    El desafío para el 2027 es que el mileísmo asegure el apoyo del votante promedio de lo que fue Cambiemos. En 2025 lo logró. El peronismo descabezado trabaja sobre ese electorado de casi 34 puntos, que lo votó en 2025 en el peor momento del partido.

    El oficialismo salió a buscar el apoyo de los gobernadores, en especial del peronismo no K y de otros partidos. Lo obtuvo para la serie de victorias legislativas en las sesiones extraordinarias de este verano. Premió a algunos de ellos invitándolos a una semana de promoción del país en Nueva York.

    Despolarizar y tirar al centro

    El Gobierno necesita tenerlos agarrados y contentos porque del otro lado ya hay competencia para capturar a esos sectores no K para un formato renovado del centro moderado. Es el proyecto de Miguel Pichetto y otros: formar un Frente Nacional con el peronismo no K y ampliarlo a otros sectores del centro no peronista que se animen a montar una polarización con el mileísmo en 2027.

    Este armado imagina que haya una PASO entre ese centro ampliado, hoy llamado Frente Nacional en los papeles de sus estrategas, para competir con el peronismo de Axel Kicillof, al que creen encapsulado en un discurso viejo y que se dirige más a los dirigentes del peronismo que al electorado del interior.

    Este intento marcará la política de los próximos meses. Pichetto y Emilio Monzó -uno de los constructores de Juntos por el Cambio en 2015- imaginan una primera manifestación pública en abril, con dirigentes de todo el país. Como para localizar voluntades, buscan actividades con peronistas críticos de la conducción de Cristina y que necesitan encontrar alguna apertura que les dé un futuro lejos del axelismo y también del cristinismo de tobillera.

    El jueves de esta semana un grupo que integran Miguel Pichetto, Guillermo Michel, Nicolás Massot y otros, visitará Expoagro en San Nicolás. Monzó estará este lunes, como adelantado, en la cena inaugural. Pichetto, aficionado a los gestos estridentes como visitar a Cristina y hacer actos con Guillermo Moreno, hará una visita a Siderca, en Campana. Una manera de meterle el dedo en la oreja a Milei, enojado con los dirigentes del grupo Techint.

    2027: la sombra de la deuda

    Este grupo se reunió esta semana en el Congreso con dos economistas de la consultora Equilibra, Martín Rapetti y Diego Bossio, para escuchar una exposición sobre la coyuntura. La conclusión es ya su lema de campaña: lo fiscal es necesario, pero no suficiente.

    Rapetti comparó los primeros 28 meses con los de tres experiencias de estabilización: el Plan Austral, la convertibilidad impulsada por Domingo Cavallo en los años noventa y el programa actual de Milei. Planteó que los tres planes lograron en su arranque cierto ordenamiento nominal y alivio inflacionario, pero enfrentaron tensiones crecientes en el frente cambiario y externo a medida que avanzaban los meses.

    El fantasma de este ciclo es, según uno de los cuadros que mostraron, el peso de los vencimientos de deuda del año que viene. Las elecciones se harán en un clima apurado por la necesidad de pagar, en total, USD 18.800 millones. ¿Cuál Trump estará en ese momento para auxiliar al Gobierno?

    Tampoco ese punto será tan importante porque el resultado de 2025 repitió tendencias anteriores, y quizá la ayuda de los EE. UU. fue más un golpe psicológico que un impacto en el resultado electoral, que hubiera sido el mismo sin ese auxilio.

    La crítica del grupo que integraban, entre otros, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Gustavo Bordet, Kelly Olmos, Ernesto Pipi Alí y Marianela Marclay, fue a la pobrización del empleo. Recordaron la chanza de Robert Reich, que era ministro de Trabajo de Bill Clinton, momento cuando se creaban 200 mil puestos de trabajo por mes. Lo importante es también lo que se paga. Reich contó que un hombre que lo paró en la calle lo felicitó: “Claro, señor ministro, muchos trabajos nuevos. Ya tengo tres para llegar a fin de mes”.

    La nostalgia no es una estrategia

    Los radicales en recuperación del tsunami Lousteau-De Loredo eligieron para mostrarse la sede porteña del Comité Nacional. Será en un homenaje a Raúl Alfonsín al cumplirse 99 años de su nacimiento, y a los diputados nacionales de la UCR que ingresaron a la cámara en 1983.

    Habrá recuento de filas y estarán tres supérstites de la primavera alfonsinista: Marcelo Stubrin, que fue vicepresidente del bloque que presidía César Jaroslavsky; Jesús Rodríguez, que era el diputado más joven en ingresar al Congreso; y Juan Manuel Casella, que era el más viejo.

    La emergencia de la marca UCR es más grave que la del peronismo. El partido ha sido desalojado del palacio del Congreso. Después de las elecciones quedaron sólo 6 diputados. Los otros se fueron a bloques ajenos. La oficina que fue de Jaroslavsky -como lo indica una placa en la puerta- en el segundo piso del palacio se la quedó Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza.

    La UCR la tuvo durante 40 años. Cuando Mario Negri presidía el bloque, hasta 2023, llegó a tener 44 diputados. Los 6 que quedaron (los preside Pamela Verasay) fueron enviados un edificio anexo en la avenida Rivadavia, en el conurbano legislativo. También perdieron las oficinas del 5° piso del anexo. Allí se instaló también LLA y removió la placa que le daba el nombre de Ricardo Balbín.

    Jesús llegará al acto después de un viaje a Guatemala en donde participó de unas jornadas organizadas por el PNUD (Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo) junto a estrellas de la región como Carlos Ominami, ex ministro del primer gobierno de la transición en Chile, el escritor Jorge Castañeda, el también ex ministro de Chile y ex secretario de la OEA José Miguel Insulza.

    Estas reuniones se hacen anualmente y entre los expositores estuvo el politólogo Levitsky, autor de libros como “La tiranía de las minorías” y “Cómo mueren las democracias”, escritos en colaboración con Daniel Ziblatt. En estas reuniones suele haber una representación del peronismo. Antes han concurrido Felipe Solá y Jorge Taiana.

    Este año fue la antropóloga Sabina Frederic, que fue ministra de Seguridad de Alberto Fernández. Jesús Rodríguez redondeó desde Guatemala la exposición de este jueves, que seguramente incluirá la frase del premier de Canadá Mark Carney del discurso de Davos: la nostalgia no es una estrategia.

    El crimen no paga

    Cualquier reforma improvisada se te puede volver en contra. El peronismo invertebrado que ha legado Cristina es el más débil de la historia. Generó la economía que le dejó al país en 2023. Perdieron las elecciones en manos del pequeño Milei, creado por el peronismo para derrumbar a Cambiemos y le dejaron en bandeja el poder a un presidente débil sin respaldo propio, que no tiene plan y que no tiene a dónde regresar.

    Toto Caputo se quejó del riesgo Kuka ante los empresarios de Córdoba y Mendoza, pero debió reparar en que la debilidad del Gobierno es un riesgo más difícil de remediar. Textual de la confesión de Caputo ante la Fundación Mediterránea: “En Argentina definitivamente el riesgo político influye, el riesgo Kuka está y sigue estando y uno no puede pelearse contra eso. Quiere decir que el mercado implícitamente sigue priceando un riesgo Kuka de casi 300 puntos básicos, porque es 230 contra 570 que hay hoy”.

    La profesión de fe en el riesgo Kuka justifica, en palabras del ministro, el reconocimiento de los gobernadores que el gobierno ha capturado con el Grupo Gobernabilidad. El ademán de Miguel Pichetto conduce a eso, como él le dijo a Cristina en la calle San José. Confesó: “Coincidimos -contó al salir- en la necesidad, eso se lo transmití yo, mi visión respecto a la construcción de un frente nacional, algo parecido a lo que construyó Lula para enfrentar a Bolsonaro”.

    “Me imagino -siguió Pichetto- con todos los partidos democráticos del centro nacional, que pueden confluir en un programa que tiene que ser capitalista, productivo, nada de un esquema viejo, intervencionista, el Estado presente, toda esa paparruchada que ya fracasó y que además forma parte de una estética vieja.”

  • Corrientes recibió casi la cuarta parte del total de los ATN ejecutados en 2026

    Corrientes recibió casi la cuarta parte del total de los ATN ejecutados en 2026

    El 30 de enero, la página oficial del Ministerio del Interior resumía un encuentro entre el titular de esa cartera, Diego Santilli, y el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, de la siguiente manera: “Durante la reunión, celebrada en la Casa de Gobierno, ambos destacaron las acciones conjuntas y coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma laboral”. La misma nota resalta, un poco más adelante, que el Gobierno enviaría $ 3 mil millones en concepto de Aportes del Tesoro a esa provincia, “para paliar la crisis que atraviesa por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía”. Los tres senadores correntinos votaron en consonancia con lo manifestado por el gobernador y apoyaron la reforma laboral planteada por el oficialismo nacional, que también cumplió su promesa. Con la transferencia en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de febrero, Corrientes se transformó en la jurisdicción más beneficiada en lo que va de 2026: recibió $ 6 mil millones de un total de $ 27 mil que se ejecutaron entre enero y febrero: el 22,2%.

    PERFIL consultó al Ministerio del Interior y al gobierno correntino por este tema, pero, hasta la publicación de esta nota, no tuvo respuesta.

    Solamente siete provincias argentinas recibieron transferencias en concepto de ATN en el primer bimestre: después de Corrientes están Misiones, Salta, Santa Cruz y Chubut (con $ 4 mil millones), Jujuy con $ 3 mil millones y Neuquén con $ 2 mil millones.

    Los datos surgen de un análisis que hizo la consultora Politikon Chaco con información del presupuesto abierto y de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

    La misma consultora, en otro documento elaborado en conjunto con el centro de estudios Idesa, explica que la asignación de estos fondos –que se componen del 1% de la masa coparticipable neta y el 1% de la porción coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales– es de carácter discrecional, por lo que, en muchos casos, “está influida por consideraciones políticas”. Por lo general, aclaran, la recaudación no se distribuye en su totalidad en el período fiscal anual. “Cuando esto sucede, si bien el Gobierno nacional no puede destinar los recursos a otros fines, los fondos no distribuidos disminuyen el gasto nacional y por ende pasan a formar parte del resultado fiscal (aumentan el superávit o disminuyen el déficit)”. En el primer bimestre del año, el porcentaje de ejecución fue del 15,2% de lo recaudado, lo que representa una caída respecto al mismo período de 2025, cuando ese número fue del 17,1%.

    El documento realiza una comparación de la ejecución y la distribución de estas asignaciones no automáticas en diferentes gobiernos argentinos y concluye que, durante la gestión actual, “se observa un quiebre respecto del patrón histórico” ya que “las transferencias discrecionales hacia provincias tradicionalmente favorecidas fueron prácticamente inexistentes”.

    El factor central de este reparto, afirman, “estuvo en la necesidad de alianzas con gobernadores, donde los ATN compensaron, aunque parcialmente, el recorte de otras transferencias presupuestarias”.

    Si se considera el total de las transferencias no automáticas a las provincias –esto es, los ATN más otros fondos nacionales destinados a salud, educación, obra pública o pago de medidas judiciales– el primer bimestre de 2026 presentó una baja real interanual del 47,2% contra 2025, con un total de $ 160.425 millones ejecutados. Es, según Politikon, el peor bimestre en materia de ejecución desde 2005 (con la excepción de 2024).

    Del total distribuido el 55,5% fue para CABA ($ 88.990 millones, de los cuales en febrero $ 87.597 millones fueron en concepto del cumplimiento de medida cautelar CSJN 1864/2022). El resto para Entre Ríos (7,5%), Córdoba (6,3%), La Pampa (6,3%) y Misiones (5%). En el extremo opuesto se encuentran Formosa, Catamarca y Chaco, que representan el 0,3% entre las tres.

    En términos interanuales, algunas provincias presentaron en febrero bajas significativas: Río Negro (-99,1%), Chaco (-98,7%), Mendoza (-98,5%), La Rioja (-98,9%), Catamarca (-96%) y Entre Ríos (-95,9%) son algunas de ellas. En esta última provincia, el diputado de Unión por la Patria y extitular de la Aduana, Guillermo Michel, cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por apoyar las políticas nacionales aún con una caída sustancial en la coparticipación: según un informe privado del legislador, Entre Ríos percibió $ 45.337 millones menos en el primer bimestre del año. En el total de las provincias, señaló, ese monto es de $ 1 billón. Catamarca, Chaco y Mendoza aún no respondieron ante la consulta de este medio, y desde La Rioja aseguraron que el gobierno nacional les adeuda un total de US$ 1.200 millones “en concepto de un punto de coparticipación que históricamente se le transfirió a la provincia”.

    Ese punto de coparticipación fue eliminado hace 37 años, pero todos los gobiernos lo reconocieron “excepto el de Javier Milei”, afirmaron. En 2025 llevaron el caso a la Corte Suprema. Más allá de esta deuda señalaron que en el primer bimestre de 2026, en concepto de coparticipación, la provincia recibió $ 19.292 millones menos que en el mismo período del año anterior.

    La coparticipación se redujo en febrero. Para el segundo mes del año, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $ 5,4 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Esto, frente a los $ 4,4 billones enviados durante igual período del año anterior, representa una caída real del 7,4%. Esa disminución se explica, continúan desde el instituto, por la variación interanual negativa en la recaudación del IVA (13%) y del impuesto a las ganancias (0,8%).

    La coparticipación –las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones–, habría descendido un 8,8% real de acuerdo con esta misma fuente.

    El Centro de Economía Política Argentina, por su parte, concluyó que, en febrero, se observa una disminución interanual de la totalidad de los recursos de origen nacional destinados a las provincias en el orden del 4%.

    El cálculo se realizó en base a una inflación estimada en 2,4% para ese mes. Algunas consultoras adelantaron que fue del 2,9%.

  • Por fuera de la ley. Descubrieron que una localidad de La Pampa tenía un concejal de más desde 1999

    Por fuera de la ley. Descubrieron que una localidad de La Pampa tenía un concejal de más desde 1999

    La localidad de Alpachiri sorprendió a La Pampa cuando el intendente Iván Fuhr anunció que la municipalidad tiene seis concejales, uno más de los permitidos por ley. El funcionario se comprometió a desarrollar una iniciativa en 2027 para terminar con la irregularidad.

    La Ley Orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento de la provincia establece en su Capítulo II que las localidades con poblaciones entre 1150 y 2300 habitantes deben tener un máximo de cinco concejales titulares en su Concejo Deliberante. Según el sitio oficial del Gobierno de La Pampa, Alpachiri tiene 2032 habitantes.

    El Concejo Deliberante de la localidad tiene actualmente tres concejales oficialistas -José González, Dalila Furh y Gabriela Benzack- y tres opositores -Bárbara Sánchez, Jorge Gigena y Lilian Florez.

    Fuhr anunció en diálogo con Radiosónica 98.5 de Alpachiri que estaban reduciendo la planta de personal de la municipalidad para “ordenarse financiera y económicamente”. Fue entonces que apareció el tema del Concejo Deliberante, que inició sesiones ordinarias ayer. “En la próxima convocatoria [en elecciones] va a haber cinco concejales en la localidad porque tiene que tener cinco concejales. No sé por qué en Alpachiri siempre se siguió convocando seis”, cuestionó.

    Y sumó: “Desde 1999 que deberíamos tener cinco concejales pero, como en 1995 se hizo la elección para seis luego se siguió con seis y nunca se cambió en la convocatoria que se hace por resolución del intendente. A partir del próximo Concejo Deliberante seguramente habrá cinco”.

    El intendente de Alpachiri en Radiosónica 98.5
    El intendente de Alpachiri en Radiosónica 98.5

    Fuhr expresó el miércoles la necesidad de la municipalidad de hacer recortes en diálogo con el medio local Diario Textual:Ayer entró la coparticipación y cayó mucho. Eso preocupa. El martes ingresó un 87% de lo estimado por coparticipación y en las localidades chicas dependemos de esos ingresos. Alcanza solo para pagar sueldos y nada más. Por eso estamos recontra preocupados”, admitió en diálogo con el medio local Diario Textual.

    Durante esa misma charla aseguró que la provincia dejó de percibir alrededor $9000 millones por coparticipación nacional en febrero, lo que impactó de lleno en las intendencias y activó las alarmas para buscar estructuras que recortar.

    De allí es que Fuhr encontró la irregularidad presente en la municipalidad desde 1999. La baja se dio principalmente por la baja en la recaudación del IVA, uno de los principales impuestos que alimentan la coparticipación, detallaron desde el medio pampeano. En enero se produjo una pérdida similar.

    Según un reporte presentado por el diputado de Unión por la Patria y extitular de la Aduana, Guillermo Michel, La Pampa perdió $18.328 millones.

  • La caída de la recaudación preocupa a los gobernadores: cuánto perdieron las provincias en enero y febrero

    La caída de la recaudación preocupa a los gobernadores: cuánto perdieron las provincias en enero y febrero

    La caída de la recaudación en enero y febrero preocupa a los gobernadores. Entre las causas de la baja –que ya acumula siete meses consecutivos– se destacan menores ingresos por IVA por el resentimiento de la actividad económica, la menor cantidad de días hábiles y la derogación de la suspensión de certificados de exclusión de la percepción de IVA Aduana.

    “En el acumulado a febrero del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $ 11.291.000 millones, frente a $ 9.174.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 23%, que se traduciría en una baja real del 7,2% al descontar la inflación del período (calculando una inflación de 2,8% para febrero)”, precisó Iaraf en un informe.

    Solo en febrero, en términos reales, la baja habría llegado a 7,4%; y, si únicamente se cuentan las transferencias automáticas (sin otro tipo de compensaciones), el descenso llegaría a 8,8% real el mes pasado, dice la consultora que dirige Nadin Argañaraz.

    En Politikon Chaco relevaron que “en febrero, las transferencias automáticas totalizaron $ 5,44 billones, descenso interanual en términos reales de 7,5%, y retroceso mensual de 9,5%.

    A su vez, el diputado Guillermo Michel, de Fuerza Patria, indicó a través de la red social X, que en los primeros dos meses de 2026, las provincias perdieron ingresos por casi $ 1 billón.

    Para Iaraf, a precios de febrero, la baja real del consolidado de las transferencias totales en los primeros dos meses del año sería de $ 891.000 millones.

    El Gobierno aprovechó el tuit de Michel, a través de la Oficina de Respuesta Oficial, para explicar que Javier Milei no tiene la culpa del descenso de las transferencias, sino que se trata de una caída generalizada de la recaudación.

    “Confundir una comparación interanual con una supuesta ‘pérdida’ de recursos es un error técnico. Los datos son un hecho estadístico, no una decisión discrecional del Gobierno. Que la comparación interanual resulte negativa en términos reales en un período puntual no significa que el Gobierno Nacional le haya quitado recursos a las provincias”, apuntó.

    “La actividad económica interanual se mantiene en niveles similares e incluso levemente por encima del año pasado, por lo que atribuir esta variación exclusivamente a una caída de actividad tampoco tiene sustento. Además, el inicio del año presenta factores transitorios como una menor cantidad de días hábiles y efectos asociados a cambios recientes en la administración tributaria, que impactan en la comparación de enero y febrero”, sostuvo.

    “Por ese motivo, los datos de los próximos meses van a permitir observar una serie más representativa de la evolución de la recaudación. Presentar el resultado de dos meses como si se tratara de una ‘pérdida’ provocada por el Gobierno Nacional no es un análisis técnico serio. Es una interpretación forzada de los datos usada para construir un ataque político insostenible en la evidencia”, señaló la oficina en su posteo en X.

    La caída de la recaudación pone presión a las cuentas fiscales y hace que el superávit sea más desafiante. Se suma que la reforma laboral tendrá aparejado un costo fiscal adicional por fondos que el Estado dejará de recaudar, entre otras medidas, por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos.

    En porcentaje, el distrito que más perdió fue la Ciudad de Buenos Aires, con una caída del 8,4% en términos reales, seguida por Córdoba (8,1%) y Santa Fe (8%), en el primer bimestre.

    El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, advirtió que los recursos provinciales cayeron 8% en términos reales en el primer bimestre y planteó que “el gobierno santafesino sigue la evolución de la recaudación y su impacto en las cuentas”. Y reconoció que “la desaceleración de la actividad nacional ya se refleja en los recursos que llegan por coparticipación federal, aunque destacó que la administración provincial mantiene una estrategia para continuar con la inversión pública”.

    Si la medición se hace per cápita, según Iaraf, las provincias que menos perdieron fueron CABA, Buenos Aires y Salta; mientras que las que más lo hicieron fueron Tierra del Fuego, Formosa y Catamarca.

    “Esta caída de transferencias requiere una caída proporcional del gasto, en caso que cada jurisdicción quiera mantener su resultado fiscal previo. De lo contrario, se tiene un empeoramiento relativo de la situación fiscal previa. Con el correr de los meses se podrá apreciar la estrategia seguida por cada jurisdicción ante la gran caída real inicial de transferencias automáticas nacionales del año 2026″, agregó la consultora.

  • Estiman que las provincias perdieron $1 billón por la caída de la recaudación a nivel nacional

    Estiman que las provincias perdieron $1 billón por la caída de la recaudación a nivel nacional

    Las provincias argentinas sufrieron una

    Durante el primer bimestre de 2026, las provincias argentinas sufrieron una fuerte caída en los fondos coparticipables que reciben de la recaudación nacional. El monto total de lo perdido alcanzó los $964.619 millones, cifra cercana a $1 billón según un informe del diputado Guillermo Michel. Este recorte en los recursos impactó de manera directa en las finanzas provinciales y continuará en los próximos meses, a no ser que la actividad repunte como busca el ministro de Economía, Luis Caputo.

    La merma en la coparticipación se originó en el desempeño negativo de los impuestos coparticipables. El principal factor fue la baja de la actividad económica que afectó la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, influyeron las modificaciones en la percepción aduanera de este impuesto, lo que amplificó el efecto negativo sobre los ingresos de las provincias.

    Según datos oficiales, la recaudación total en el primer bimestre trepó a $34,6 billones. De ese monto, solo el 32% se distribuyó entre las provincias a través del sistema de coparticipación, lo que representó $11,2 billones. El resto quedó en manos del Tesoro nacional y de organismos de la administración central. En este contexto, el reparto de fondos mostró una tendencia descendente. En enero, los recursos transferidos a las provincias por coparticipación mostraron una caída real de 7,6%. En febrero, la baja se profundizó y llegó al 9,7% en términos interanuales reales, es decir, descontando el impacto de la inflación.

    Buenos Aires, la provincia más grande del país que es gobernada por Axel Kicillof, fue la jurisdicción que más fondos perdió en el bimestre, con una reducción de $204.499 millones. La provincia de Córdoba sufrió una merma de $81.028 millones, mientras que Santa Fe registró una pérdida de $82.957 millones. Otras provincias con caídas notables fueron Tucumán ($44.372 millones), Entre Ríos ($45.337 millones) y Chaco ($45.337 millones).

    Buenos Aires, Córdoba y Santa

    La provincia de Mendoza experimentó una disminución de $39.549 millones en sus ingresos coparticipables, seguida de Salta con $36.656 millones y Corrientes con $34.726 millones. En la región del NEA, Formosa perdió $32.797 millones, mientras que Misiones llegó a $31.832 millones.

    Las provincias del noroeste también sintieron el impacto. San Juan dejó de recibir $30.868 millones, Jujuy $27.009 millones y Catamarca $25.080 millones. En la Patagonia, Río Negro perdió $24.115 millones, Chubut $17.363 millones, Neuquén $17.363 millones, Santa Cruz $16.399 millones y Tierra del Fuego $12.540 millones. El distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también vio una baja, con $18.328 millones menos. La Pampa perdió el mismo monto, mientras que San Luis sufrió una reducción de $21.222 millones y La Rioja de $19.292 millones.

    El impacto sobre las provincias fue generalizado, aunque con diferencias en el monto absoluto perdido según la densidad demográfica y el volumen de actividad económica de cada distrito. Las provincias más grandes, en términos poblacionales y de Producto Bruto Geográfico, encabezaron la nómina de las más afectadas en términos absolutos. En cambio, las jurisdicciones más pequeñas también experimentaron una disminución relevante en términos relativos, considerando el peso que la coparticipación tiene en sus presupuestos.

    El total de $964.619 millones perdidos en el primer bimestre representó un desafío para la gestión financiera de las provincias. De continuar este escenario, los gobernadores deberán revisar las partidas presupuestarias y postergar gastos ante la menor disponibilidad de fondos nacionales, que es lo que pretende que hagan el Gobierno Nacional. Aunque este escenario podría implicarle mayores costos en las negociaciones en un año en donde el presidente Javier Milei aseguró que enviará 90 reformas al Congreso.

    El panorama en los primeros dos meses del año mostró que los fondos coparticipables representaron apenas una tercera parte de la recaudación nacional, lo que supuso una reducción en la participación de las provincias en la distribución fiscal. Este fenómeno se agravó por la persistente inflación, que erosionó el poder de compra de los recursos transferidos.

    En el desglose regional, las provincias del centro y del litoral sufrieron las mayores pérdidas absolutas, aunque el impacto relativo varió según la estructura presupuestaria de cada distrito. El comportamiento de los ingresos en el primer trimestre se transformó en un indicador a seguir para anticipar la evolución de la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

    Los datos relevados durante este período sirvieron como referencia para los equipos técnicos de los gobiernos subnacionales, quienes se encuentran al tanto y sufren la caída de las transferencias automáticas. El seguimiento de la recaudación nacional y su efecto en la coparticipación provincial se consolidó como una de las principales preocupaciones de la agenda política y financiera de las administraciones locales.

    En las últimas horas, Caputo aseguró que tienen la intención de que la recaudación aumente, pero no a través de la suba de impuestos, sino por medio de la aplicación de la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal. “La segunda cosa que tiene que pasar para que crezcan los ingresos tributarios es que el país crezca (…). Lo que pasa en Argentina es que el ahorro está, pero abajo de los colchones. No es una casualidad que el país no crezca desde 2011 y que cuando nosotros llegamos al Gobierno el porcentaje de préstamos al sector privado era de apenas el 3%, no había crédito en Argentina. En cualquier país normal, mediano, ese número está por arriba del 30%. Y en Argentina no tenemos un mercado de capitales y por eso ha sido un país que ha dependido mucho del crédito externo, cosa que tenemos que terminar”, sostuvo durante su participación en el evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

  • Estiman que provincias perdieron $1 billón por caída de la recaudación y la postura de Luis Caputo sobre suba de ingresos

    Estiman que provincias perdieron $1 billón por caída de la recaudación y la postura de Luis Caputo sobre suba de ingresos

    Durante el primer bimestre de 2026, las provincias argentinas enfrentaron una fuerte caída en los fondos coparticipables que reciben de la recaudación nacional. El total perdido alcanzó los $964.619 millones, cifra cercana a $1 billón, según un informe del diputado Guillermo Michel. Ese recorte impactó de manera directa en las finanzas provinciales y se mantendrá en los próximos meses, salvo que la actividad económica repunte como espera el ministro de Economía, Luis Caputo.

    La merma en la coparticipación obedeció al mal desempeño de los impuestos coparticipables. El factor principal fue la caída de la actividad económica, que redujo la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, las modificaciones en la percepción aduanera de ese impuesto ampliaron el efecto negativo sobre los ingresos provinciales.

    Según datos oficiales, la recaudación total en el primer bimestre alcanzó $34,6 billones. De ese total, solo el 32% se distribuyó entre las provincias mediante el sistema de coparticipación, es decir $11,2 billones. El resto quedó en manos del Tesoro nacional y de organismos de la administración central. En este marco, el reparto de fondos mostró una tendencia descendente: en enero las transferencias a las provincias por coparticipación registraron una caída real del 7,6%, y en febrero la baja se profundizó hasta el 9,7% interanual real, descontado el efecto de la inflación.

    Buenos Aires, la provincia más grande del país gobernada por Axel Kicillof, fue la jurisdicción que más fondos perdió en el bimestre, con una reducción de $204.499 millones. Córdoba sufrió una merma de $81.028 millones, mientras que Santa Fe reportó una pérdida de $82.957 millones. Otras caídas relevantes fueron las de Tucumán ($44.372 millones), Entre Ríos ($45.337 millones) y Chaco ($45.337 millones).

    Mendoza experimentó una disminución de $39.549 millones en sus ingresos coparticipables, seguida por Salta con $36.656 millones y Corrientes con $34.726 millones. En la región del NEA, Formosa perdió $32.797 millones y Misiones $31.832 millones.

    Las provincias del noroeste también sintieron el impacto: San Juan dejó de recibir $30.868 millones, Jujuy $27.009 millones y Catamarca $25.080 millones. En la Patagonia, Río Negro perdió $24.115 millones, Chubut $17.363 millones, Neuquén $17.363 millones, Santa Cruz $16.399 millones y Tierra del Fuego $12.540 millones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrió una baja de $18.328 millones. La Pampa registró la misma pérdida, mientras que San Luis anotó una reducción de $21.222 millones y La Rioja de $19.292 millones.

    El impacto fue generalizado entre las provincias, con variaciones en el monto absoluto según la densidad demográfica y el nivel de actividad económica de cada distrito. Las jurisdicciones más grandes, por población y Producto Bruto Geográfico, encabezaron la lista de las más afectadas en términos absolutos. En cambio, las provincias más pequeñas también afrontaron disminuciones relevantes en términos relativos, dado el peso que tiene la coparticipación en sus presupuestos.

    El total de $964.619 millones perdido en el primer bimestre constituyó un desafío para la gestión financiera provincial. Si este escenario se prolonga, los gobernadores deberán revisar partidas presupuestarias y postergar gastos ante la menor disponibilidad de fondos nacionales, tal como el Gobierno Nacional pretende. Este panorama también podría encarecer las negociaciones en un año en el que el presidente Javier Milei aseguró que enviará 90 reformas al Congreso.

    En los primeros dos meses del año, los fondos coparticipables representaron apenas una tercera parte de la recaudación nacional, lo que redujo la participación de las provincias en la distribución fiscal. A esa dinámica se sumó la persistente inflación, que erosionó el poder de compra de los recursos transferidos.

    En el desglose regional, las provincias del centro y del litoral sufrieron las mayores pérdidas en términos absolutos, aunque el impacto relativo varió según la estructura presupuestaria de cada distrito. El comportamiento de los ingresos en el primer trimestre se convirtió en un indicador clave para anticipar la evolución de la relación fiscal entre la Nación y las provincias.

    Los datos relevados durante este período sirvieron de referencia para los equipos técnicos de los gobiernos subnacionales, que monitorean y padecen la caída de las transferencias automáticas. El seguimiento de la recaudación nacional y su impacto en la coparticipación se consolidó como una de las principales preocupaciones de la agenda política y financiera de las administraciones locales.

    La postura de Caputo

    En las últimas horas, Caputo aseguró que tienen la intención de que la recaudación aumente, pero no a través de la suba de impuestos, sino por medio de la aplicación de la reforma laboral y la ley de Inocencia Fiscal. “La segunda cosa que tiene que pasar para que crezcan los ingresos tributarios es que el país crezca (…). Lo que pasa en Argentina es que el ahorro está, pero abajo de los colchones. No es una casualidad que el país no crezca desde 2011 y que cuando nosotros llegamos al Gobierno el porcentaje de préstamos al sector privado era de apenas el 3%, no había crédito en Argentina. En cualquier país normal, mediano, ese número está por arriba del 30%. Y en Argentina no tenemos un mercado de capitales y por eso ha sido un país que ha dependido mucho del crédito externo, cosa que tenemos que terminar”, sostuvo durante su participación en el evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

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