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Tag: Gualeguaychú

A 32 años del atentado, intendentes de todo el país firmaron en la AMIA un compromiso por la memoria y contra la impunidad

A 32 años del atentado contra la sede de la AMIA, 49 intendentes de distintas provincias argentinas firmaron hoy, en la sede histórica de Pasteur 633, una declaración conjunta por la memoria, la justicia y contra la impunidad que persiste en la causa que investiga el ataque terrorista del 18 de julio de 1994. La firma se realizó en el marco del Encuentro Federal por la Memoria, una iniciativa impulsada por el Vaad Hakehilot, la Federación de Comunidades Judías Argentinas, que buscó, según remarcaron sus organizadores, “federalizar” el reclamo de justicia más allá del ámbito porteño.

El acto contó con la participación de representantes del gobierno nacional, del porteño, jefes comunales de todas las extracciones partidarias, diplomáticos, otras autoridades, y referentes del ámbito comunitario.

La jornada comenzó con una ceremonia de recordación de las víctimas del ataque terrorista en la plaza seca de la AMIA. Con la presencia de los presidentes de las comunidades judías del interior del país, se realizó un minuto de silencio y se encendieron 85 velas —una por cada persona fallecida—, con una plegaria del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. Del encendido participaron familiares directos de tres víctimas: Hugo Basiglio, hijo de Hugo Basiglio; Marina Degtiar, hermana de Cristian Degtiar; y Marcelo Alguea, hermano de Silvana Alguea. También encendieron velas el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el presidente del Vaad Hakehilot de AMIA, Marcos Cohen.

Al dar la bienvenida a las autoridades, el director ejecutivo de la AMIA, Daniel Pomerantz, definió el sentido político de la convocatoria: “Cada uno de ustedes trae hoy la voz de su comunidad. Juntos, representan la Argentina que no olvida.” Agregó que el encuentro buscaba “reforzar el compromiso de mantener vivo el reclamo de justicia” frente a un atentado que, sostuvo, no solo apuntó contra “la institución madre de la comunidad judía argentina”, sino que constituyó “un crimen contra toda la sociedad”.

El momento central se trasladó luego al auditorio de la institución, donde los intendentes presentes suscribieron el documento conjunto. La declaración compromete a los firmantes a sostener iniciativas para visibilizar la impunidad en la causa AMIA, promover políticas de derechos humanos y convivencia democrática, fortalecer la educación en valores, y desarrollar programas de prevención del antisemitismo y la xenofobia. El texto también reafirma la necesidad de una Justicia “independiente, eficaz y transparente” como condición para la consolidación de una sociedad más justa.

Los intendentes que participaron del acto fueron, por la provincia de Buenos Aires: Gustavo Menéndez (Merlo); Fernando Moreira (General San Martín); Soledad Martínez (Vicente López); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno); Rodrigo Aybar (Tres de Febrero); Juan Andreotti (San Fernando); Leonardo Boto (Luján); Marcelo Matzkin (Zárate); Gastón Granados (Ezeiza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Carlos Balor (Berazategui); Marisa Fassi (Cañuelas); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Eva Mieri (Quilmes); Federico Susbielles (Bahía Blanca), Pablo Garate (Tres Arroyos); Ricardo Marino (Carmen de Patagones), y Carlos Bevilacqua (Villarino).

De la provincia de Santa Fe: Pablo Javkin (Rosario); Juan Pablo Poletti (Municipio de Santa Fe); Marcelo Lind (Moisés Ville); Lucas Bussi (Palacios); Dana Astore (Las Palmeras); y Claudio Teloni (Monigotes).

De la provincia de Córdoba, Daniel Passerini (Municipio de Córdoba); Gustavo Benedetti (Arroyito); y José Ibarra (Oliva). De Entre Ríos, Rosario Romero (Paraná); Adrián Fuertes (Villaguay); Mauricio Davico (Gualeguaychú); Dora Bogdan (Gualeguay); Hernán Besel (Basavilbaso); Verónica Luxen (Ubajay); Javier Mendelovich (General Campos); Mario Ernesto López (Villa Domínguez), y Jaime Vélez (Ingeniero Miguel Sajaroff).

De Mendoza, el intendente de la ciudad capital, Ulpiano Suárez; de Chubut, Damián Biss (Rawson) y Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia); Mauricio Nadalich (Formosa), Dante Velázquez (La Quiaca, Jujuy), Luciano di Nápoli (Santa Rosa, La Pampa), Leonardo Stelatto (Posadas), de Chaco, Roy Nikisch (Resistencia) y Rubén Rach (Charata). Jorge Mario Emiliano Durand (Salta), Susana Laciar (San Juan) y Alejandro José Molinuevo (Concepción, Tucumán).

“Los abajo firmantes, participantes del Encuentro Federal por la Memoria, realizado el 1° de julio de 2026 en la sede de Pasteur 633, en el marco de los 32 años del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA, expresan su firme compromiso con la implementación y sostenimiento de las siguientes acciones:

“Impulsar y acompañar iniciativas orientadas a visibilizar la persistente impunidad en la causa, reafirmando el reclamo de justicia y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994.

“Promover políticas y acciones que fortalezcan la paz, la plena vigencia de los derechos humanos y la convivencia en la diversidad, consolidando el ejercicio de la memoria colectiva como resguardo frente a toda forma de odio y discriminación.

“Garantizar el rol estratégico de la educación como herramienta fundamental para la transmisión de valores de respeto, diálogo y solidaridad, y para la formación de nuevas generaciones conscientes de las consecuencias del terrorismo en la sociedad.

“Desarrollar e implementar programas y proyectos en los ámbitos social, cultural y educativo que contribuyan a la prevención y erradicación del antisemitismo y la xenofobia, promoviendo una cultura de respeto y entendimiento mutuo.

“Reafirmar la importancia de una administración de justicia independiente, eficaz y transparente como pilar esencial del sistema republicano y condición necesaria para la consolidación de una sociedad justa y equitativa.”

En representación de la AMIA, su presidente, Osvaldo Armoza, agradeció la presencia de los jefes comunales y de los referentes de las comunidades judías de todo el país y subrayó el valor político de ampliar la base territorial del reclamo. “Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años en la causa que investiga el ataque terrorista contra la AMIA”, sostuvo. Armoza remarcó que los intendentes presentes serán “portadores de este mensaje y testigos de este compromiso”, y que sostener la memoria activa es “una responsabilidad colectiva” que debe alcanzar a todo el país.

Como cierre simbólico del encuentro, cada intendente recibió de parte de la AMIA una serigrafía original del artista Martín Ron, autor de El muro de la memoria, la obra emplazada en una de las paredes exteriores del edificio de Pasteur 633.

El Encuentro Federal reunió, además de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, a una nómina de funcionarios que reflejó el interés oficial —nacional, provincial y porteño— en la convocatoria. Estuvieron presentes el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Selá, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien asistió en representación del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La presencia de Santilli en el Encuentro Federal había quedado confirmada semanas atrás, cuando el funcionario todavía se desempeñaba como ministro del Interior, antes de su desembarco en la Jefatura de Gabinete.

También participaron Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de la Provincia de Buenos Aires; Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño; Mariano Lomolina, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Ciudad; Jorge Stokland, director nacional del Registro Nacional de Cultos; Gonzalo Adrián, director general de Instrucción de la Policía Federal Argentina; Pilar Bosca Chillida, directora general de Cultos porteña; Juano Torreiro, director de Culto de la Provincia de Buenos Aires; María Teresa Bertotto, subdirectora adjunta de la Secretaría de Coordinación de la Procuración General de la Nación, y Natasha Steimberg, directora general de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Al abrir la firma en el auditorio, el conductor del acto sintetizó el objetivo político del encuentro: “Desde hace 32 años buscamos justicia, una deuda gigante, que se acrecienta con el paso del tiempo, y que este país todavía tiene pendiente. Hoy, este Encuentro Federal por la Memoria busca precisamente eso: federalizar ese reclamo. Hacer que el pedido de justicia resuene en cada rincón del país, de la mano de intendentes y comunidades judías de toda la Argentina.”

La convocatoria de este miércoles se enmarcó en el trabajo territorial que el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, viene desarrollando desde hace semanas, con reuniones en distintos puntos del país para explicar personalmente el sentido de la iniciativa y sumar adhesiones. El antecedente inmediato fue el encuentro federal que, en junio de 2024, reunió en la misma sede a gobernadores de todo el país. La lógica es la misma: ampliar el compromiso institucional con la causa AMIA más allá de la Ciudad de Buenos Aires, y sostener la presión política sobre una causa judicial que, tres décadas después, sigue sin condenas por la autoría del atentado.

El Encuentro Federal funcionó, además, como acto preparatorio del homenaje central por el 32° aniversario del atentado. Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el Acto Central se realizará frente a Pasteur 633 el viernes 17 de julio —y no el sábado 18, fecha exacta del aniversario—, debido a que ese día coincide con el Shabat, el día de descanso y reflexión en la tradición judía. La ceremonia comenzará a las 9.53, hora exacta en que estalló la bomba en 1994, con el sonido de una sirena.

Al cierre del Encuentro Federal, los organizadores extendieron la invitación al acto de julio a “toda la sociedad argentina”, con un mensaje: “La memoria del atentado a la AMIA no le pertenece solo a la comunidad judía: le pertenece a la Argentina.”

July 1, 2026
Otra fábrica autopartista cierra sus puertas

Unionbat, una empresa local que tiene más de 100 años y que se dedica a la fabricación y reciclaje de baterías para autos y paneles solares, cerró su fábrica de Gualeguaychú donde trabajaban 100 operarios. La información fue confirmada por compañía a través de un comunicado interno que hizo llegar a sus proveedores, donde afirma que “discontinúa la actividad productiva en su establecimiento de Gualeguaychú y concentra su producción en San Martín”.

Se trata de la única empresa de capitales nacionales que fabrica baterías para proveer a las terminales automotrices, y que además tuvo presencia exportadora con las marcas Willard, Dinasty, Wao y Unionbat Solar. Tiene dos fábricas en Gualeguaychú y en la localidad de Villa Lynch, en San Martín.

“La decisión forma parte de una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente. En Gualeguaychú permanecerá una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento”, agregó la empresa en su comunicación interna.

En cuanto a los operarios, en Gualeguaychú trabajan 100 de los 300 empleados de la firma, que ahora iniciará una negociación caso por caso. “Las desvinculaciones derivadas de la discontinuación se instrumentan en forma individual, conforme al marco legal aplicable y con la liquidación que corresponde en cada caso”, señaló la empresa.

En el predio de la fábrica, ubicado en el parque industrial de Gualeguaychú, las puertas quedaron cerradas tras la salida del tuno mañana del viernes. A los operarios del turno tarde ya se les impidió el ingreso y el mismo viernes, tras una asamblea con los delegados se resolvió mantener un acampe en la puerta y pedir la conciliación obligatoria ante la secretaría de Trabajo de Entre Ríos. Los operarios están encuadrados en el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas.

La conformación actual de Unionbat lleva casi tres décadas, producto de la fusión de las empresas Ostilio Bocci y Baterías Wao, en 1997. Ostilio Bocci, segunda generación de la firma Gino Bocci y Hermano fundada en 1914, comenzó a vender la marca Willard en la Argentina a partir de 1918. Para 1957, cuando se iba conformando la industria automotriz local, la empresa ya con el nombre Ostilio Bocci comenzó como productora de “repuesto original” de las fábricas.

La crisis actual de la empresa, en el marco de la apertura comercial, no sería por la competencia de productos chinos como ocurre en otros sectores de la industria local. “En el caso de las baterías, todavía el problema no es la importancia de China sino Brasil. Sería una reestructuración para mejorar costos y tener más chances de competir con Brasil”, señalaron fuentes del sector.

La industria autopartista atraviesa una crisis profunda que le pega por varios flancos, como la importación directa de productos chinos y la reconversión de algunas terminales automotrices hacia nuevos modelos de origen chino que requieren menor porcentaje de autopartes locales. Además la Ley de Autopartes, que había sancionada en 2016 y festejada por el sector, está a punto de caducar (fue promulgada con una vigencia de 10 años) y no hay por el momento proyectos para renovarla o actualizarla.

Durante 2025 la industria autopartista tuvo una caída en su nivel de actividad de 3,9% que se aceleró en los primeros meses de este año, con un retroceso de 8,9% en los primeros cinco meses de 2026, según datos del Indec. Sólo el año pasado el sector perdió 4.100 puestos de trabajo. Según estimaciones del sector, desde 2024 ya suman una docena las empresas autopartistas que cerraron, sin contar las que iniciaron o están alalizando abrir procesos preventivos de crisis.

June 27, 2026
Finalmente Adorni fue útil

La falta de quorum en la sesión de Diputados de este martes, en la que se buscaba emplazar el tratamiento de los proyectos de interpelación con moción de censura a Adorni fue la gota que derramó el vaso. Antes del comienzo de esa sesión, el oficialismo aceptó convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar esos proyectos y darles dictamen la semana próxima. Los argumentos técnicos de la oposición no kirchnerista sobre que la convocatoria se había vuelto abstracta, porque en Labor Parlamentaria poco antes y sin tiempo para deshacer la convocatoria a la sesión, La Libertad Avanza había concedido lo que pedía la oposición, es decir, activar la Comisión de Asuntos Constitucionales y el próximo martes debatir los dictámenes que luego llegarán al recinto, no convencen a la opinión pública, que mayoritariamente lo percibe como una concesión para darle más tiempo a Adorni.

Hay versiones incluso de que les habrían anticipado que Adorni renunciaría antes del martes pero, aun si así fuera, el daño reputacional producido a los gobernadores independientes del gobierno nacional cuyos legisladores no dieron quorum, como a los propios legisladores y al PRO y la UCR como partidos, es considerable.

Fue el diputado radical de la provincia de Buenos Aires Pablo Juliano quien desde el propio Congreso y altisonantemente les reclamó a sus correligionarios por sus ausencias: “¡Si vos te hacés llamar radical, tenés que estar acá! ¡Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá! ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron?”. Terminaron interpelados los legisladores que no comparecieron dilatando la interpelación a Adorni.

Al día siguiente del reclamo a los radicales el exsenador del PRO Esteban Bullrich le recordó a su partido sus principios al tiempo de renunciar en desacuerdo: “Desde hace ya hace un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen. No se trata de diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política. Se trata de una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos (…) permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme. La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

Pablo Juliano al radicalismo y Esteban Bullrich al PRO están haciendo un aporte al campo político que integran tratando de que regresen a ser lo que son. Muy lamentablemente la UCR tiene una serie de incoherencias que por acumulación son más difíciles de reparar pero el PRO, que por su juventud se enfrenta por primera vez a su equivalente a su Convención de Gualeguaychú (donde se votó aliarse al PRO) todavía puede remediar el daño de subsumirse en una alianza con La Libertad Avanza, aunque fuera solo tácita.

Cambió Cambiemos. El problema es genealógico. Aunque nunca extremo como LLA, el PRO surgió como partido de derecha, con lo que le alcanzaba para ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, pero para llegar a conquistar la presidencia del país en la subjetividad de época y humor social precovid precisaba correrse al centro. La asociación con Elisa Carrió y los radicales fue un acto fundacional de una coalición de centro. Quizá su principal artífice, Marcos Peña, desarrolló explícitamente ese proceso en un reportaje en 2017 en PERFIL cuya síntesis fue “Cambiemos es la evolución del PRO de la centroderecha al centro”.

Probablemente para Mauricio Macri aquella alianza de 2015 con Carrió y los radicales haya sido táctica y no estratégica, como claramente fue táctica incorporar en su fórmula para la reelección en 2019 a un peronista –Miguel Ángel Pichetto– como candidato a vicepresidente. Pero en el PRO inicial, y más aún en aquel de 2015, siempre hubo un ala socialdemócrata, del capitalismo del Rin y los padres del milagro alemán, el economista democratacristiano de tendencia liberal Ludwig Erhard y el sociólogo luterano Alfred Müller-Armack, resumido en la frase “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”, originalmente asignada al jefe de Gobierno Willy Brandt.

Además de Marcos Peña, era promotor del giro al centro del PRO Jaime Duran Barba, quien con su actitud provocadora de siempre previo a las elecciones de 2017, en las que Esteban Bullrich le ganó a Cristina Kirchner, dijo que “Mauricio Macri es la nueva izquierda, ahora el PC no es más Partido Comunista, sino Personal Computer”.

Integran junto con Esteban Bullrich el componente socialdemócrata del PRO la presidente y la vicepresidente de la Fundación Pensar: María Eugenia Vidal y Silvia Lospenato, las dos principales candidatas del partido en el AMBA.

El PRO tiene que superar el trauma que le dejó salir tercero en las elecciones legislativas desdobladas en el otoño pasado y dejar de sobreactuar el corrimiento a la derecha que infieren tiene la sociedad tras la emergencia Milei. Es más, tendrían que sacar pecho por no haber hecho una alianza en esas elecciones con La Libertad Avanza porque quien hubiera encabezado la lista conjunta era nada menos que Manuel Adorni y hoy su desprestigio se irradiaría sobre el PRO.

Volviendo a la Fundación Pensar, principal usina de ideas del PRO, dice en el último informe de esta semana que hay “una nueva grieta económica” y “una sociedad partida” donde “el riesgo es que sea un enclave: muchos dólares, poca integración local y conflictividad territorial”, que la motosierra sobre la obra pública “dejó rutas, viviendas, escuelas, hospitales, empresas y trabajadores en el camino”, además que “la macro se convierte en changuito, mostrador y persiana baja”, concluyendo que “desde el PRO no nos resignamos a creer que desde el Estado no podemos ayudar a aquellos sectores que hoy se están quedando atrás, como la industria y la construcción”.

Este es el espíritu que hizo grandes a Cambiemos y al PRO, entusiasmando a personas como Esteban Bullrich. Quizá su renuncia sea un llamado de atención para volver a las fuentes y recuperar la ambición de la mayoría que los llevó a la presidencia.

June 27, 2026
Un chofer ganó una indemnización cercana a USD 500.000 por un infarto laboral y ahora la Corte Suprema la dejó sin efecto

Un chofer de larga distancia sufrió una descompensación tras finalizar una jornada laboral, inició un reclamo judicial por un episodio cardíaco que atribuyó al estrés del trabajo, obtuvo una indemnización en la Justicia y luego la Corte Suprema de Justicia revocó esa condena.

La causa se inició con la presentación de Luis Esteban Succetti, quien trabajó como chofer de larga distancia para la Empresa Ciudad de Gualeguaychú S.R.L. Según su planteo, el 7 de octubre de 2011, tras finalizar su jornada laboral, sufrió una descompensación mientras se trasladaba hacia su domicilio. Luego recibió atención médica en distintos centros de salud por un cuadro de infartos y permaneció 20 días internado.

A partir de ese episodio, el trabajador demandó a su empleador y a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. En su presentación, solicitó un resarcimiento integral por los daños sufridos. Sostuvo que el cuadro de salud se vinculó directamente con las condiciones en las que desarrolló su actividad como chofer de transporte de pasajeros de larga distancia.

En la primera instancia del proceso, el juez rechazó la demanda. En su decisión, señaló que el trabajador no indicó ni probó cuál fue el vicio o riesgo de las cosas utilizadas por la empresa que pudiera vincularse de manera directa con el daño. De ese modo, concluyó que no existieron elementos suficientes para atribuir responsabilidad a la empresa ni a la ART.

Luego de ese pronunciamiento, el chofer apeló la sentencia. En su recurso, sostuvo que la enfermedad que lo incapacitó resultó imputable al ambiente laboral. A partir de ese planteo, el expediente pasó a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La Cámara del Trabajo resolvió hacer lugar al recurso del trabajador. En ese marco, revocó la decisión de primera instancia y condenó solidariamente a la Empresa Ciudad de Gualeguaychú S.R.L. y a Asociart S.A. al pago de $2 millones en concepto de resarcimiento por la enfermedad profesional. Al tipo de cambio de ese momento, representan 476.000 dólares.

En su resolución, la Cámara dio por probado que el chofer sufrió un cuadro coronario severo. También afirmó que las condiciones estresantes de su actividad como chofer de larga distancia tuvieron una incidencia decisiva en el desarrollo del episodio. Además, sostuvo que las demandadas no identificaron medidas preventivas destinadas a reducir las cargas laborales ni a generar condiciones de trabajo menos nocivas.

Frente a esa decisión, la aseguradora Asociart S.A. presentó un recurso extraordinario federal, que llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia. En su planteo, sostuvo que el trabajador no objetó ante la Cámara la sentencia de primera instancia en lo relativo a la responsabilidad de la ART.

La aseguradora señaló que el actor no dirigió agravios contra la aseguradora en su recurso. Indicó que en ningún tramo de su presentación existió mención a los deberes que se imputaron a la ART ni a su eventual incumplimiento.

El máximo tribunal analizó el caso con la intervención de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En su análisis, la Corte afirmó que el memorial de agravios no incluyó ninguna referencia a la ART ni a su responsabilidad en la producción del daño. En ese sentido, sostuvo que la Cámara del Trabajo extendió la condena a la aseguradora sobre una cuestión que no integró el objeto del recurso del trabajador. Indicó que ese punto no formó parte de los agravios presentados ante la alzada.

La Corte señaló que el tribunal de segunda instancia avanzó sobre un aspecto que no le fue planteado. De ese modo, consideró que la cuestión resultó ajena al alcance del recurso concedido. El fallo recordó que la jurisdicción de los tribunales de apelación se limitó por los recursos interpuestos. En esa línea, sostuvo que el incumplimiento de ese límite afectó la garantía constitucional de defensa en juicio.

El máximo tribunal calificó la decisión de la Cámara como arbitraria y entendió que se configuró un exceso de jurisdicción. A partir de ese razonamiento, resolvió hacer lugar a la queja presentada por la aseguradora.

En consecuencia, la Corte declaró procedente el recurso extraordinario federal y revocó parcialmente la decisión recurrida. El expediente volvió al estado previo al fallo de la Cámara del Trabajo, con la instrucción de dictar un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios del máximo tribunal.

June 26, 2026
Investigan a Manuel Adorni por comprar un flipper de colección de 8.000 dólares para su casa de country

La investigación judicial sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un nuevo elemento que vuelve a poner bajo la lupa sus gastos personales. Según reveló la periodista Romina Manguel, el funcionario adquirió un flipper de colección de Los Locos Addams para equipar su propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz valuado en USD 8.000, una cifra que generó interrogantes debido a la diferencia entre el valor del bien y los ingresos que percibía oficialmente al momento de la compra.

El objeto adquirido por Adorni es una cotizada pieza de culto fabricada por la empresa Bally en el año 1992, lanzada al mercado en paralelo con el estreno de la película Los Locos Addams. Se trata del flipper de estado sólido más vendido de la historia de la industria del entretenimiento arcade, con un total de 20.270 unidades producidas a nivel global.

Valuado entre $12 y $14 millones, el flipper de colección de Los Locos Addams es otro de los gastos que generó interrogantes sobre la evolución patrimonial de Adorni

El sistema de juego se caracteriza por recrear un recorrido virtual por la mansión de los personajes y otorgar acceso a una «bóveda» que premia al jugador con la modalidad de juego múltiple o multiball.

En el mercado local del coleccionismo y en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, este modelo específico mantiene una cotización elevada, con valores actuales que oscilan entre los 12 y los 14 millones de pesos, dependiendo de su estado de conservación y la originalidad de sus componentes.

Los registros indican que Adorni recibió el flipper en julio de 2025. En ese mismo mes, su salario neto como funcionario público se posicionaba por debajo de los 2 millones de pesos mensuales, lo que significa que el valor de la máquina de juegos importada triplicaba su capacidad de ingresos oficiales de todo un mes.

Un patrón de consumo en efectivo

El pago en efectivo billete sobre billete es un patrón de consumo de Adorni. La pista de los gastos suntuarios surgió a partir de las pericias realizadas sobre el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista a cargo de las lujosas remodelaciones de la vivienda del country, quien declaró ante la Justicia que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por diversas obras independientes, que incluyeron una parrilla, aberturas, carpintería, una isla de cocina y una pileta con cascada valuada en 3.500 dólares.

A partir de la información extraída del teléfono de Tabar, el fiscal Pollicita detectó también un gasto de $8.183.383 (unos 6.820 dólares al tipo de cambio oficial de la fecha) realizado el 2 de junio de 2025 en una casa de colchones del barrio porteño de Recoleta.

La facturación de dicha compra, enviada directamente al country Indio Cuá, se emitió a nombre de Gisela Kocsis, una empleada de planta que se desempeña desde hace años en el Gobierno bajo la órbita de Adorni, quien se presentó personalmente en el local para abonar el total en efectivo. El grueso de ese desembolso, alrededor de 6 millones de pesos, correspondió a tres conjuntos de sommiers completos, mientras que el saldo restante se destinó a sábanas de lujo, edredones y almohadas.

El extenso listado que unifica la fiscalía como paso previo a exigirle al jefe de Gabinete un requerimiento de justificación patrimonial abarca además costosos viajes familiares abonados bajo la misma modalidad. Entre ellos se detallan:

–Vacaciones en Aruba entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, con pasajes de 5.800 dólares y gastos de hotel por 8.874 dólares.

-Un viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a España en septiembre de 2025 por un costo estimado de 6.000 dólares en efectivo.

–Estadías en el hotel Bolacuá de Gualeguaychú por un piso mínimo de $2.350.000.

Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, quien también aparece mencionada en el expediente por viajes y gastos bajo análisis

La base del expediente penal continúa unida, sin embargo, a las sospechas iniciales sobre el salto patrimonial del funcionario: la compra de una casa en el country Indio Cuá por USD 120.000 y de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000, operaciones justificadas mediante dos polémicos préstamos “entre amigos” otorgados, segun dijo, por mujeres policías y jubiladas que habilitaron la postergación de los pagos sin intereses.

GD

June 21, 2026
En efectivo. Tres sommiers, sábanas y almohadas: la compra de más de $8 millones que se suma a la lista de gastos de Adorni

Los costos económicos y políticos de la refacción que Manuel Adorni realizó en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, son un frente aún abierto para el jefe de Gabinete.

Como parte de un paquete de nuevas medidas que ordenó la Justicia en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, ayer se conoció otro gasto del funcionario que volvió a encender el tema, en momentos en los que su continuidad como ministro coordinador está puesta en duda.

Del celular de Matías Tabar —el contratista a cargo de aquellas remodelaciones, que alteró el curso de la investigación al sostener que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo—, el fiscal Gerardo Pollicita extrajo información que lo llevó a golpear las puertas de una casa de colchones en el corazón de Recoleta.

En 2024, Adorni compró una casa en el country Indio Cúá que escrituró en 120 mil dólaresicgc.com.ar

Es que, en el local, para equipar los cuartos de su nueva casa en el country, Adorni gastó un total de $8.183.383, según refleja una factura que surgió del teléfono que tiene la Justicia.

Es decir, casi 6820 dólares, de acuerdo con la conversión al tipo de cambio oficial del 2 de junio de 2025, día en el que una de las personas que trabaja bajo la órbita del funcionario, Gisela Kocsis -una empleada de planta que se desempeña desde hace años en el Gobierno- se presentó para pagar en efectivo el total de la compra, que fue luego enviada a la casa de Adorni en el country Indio Cua, según pudo reconstruir LA NACION.

El grueso de ese desembolso —alrededor de 6 millones de pesos— se corresponde con la compra de tres conjuntos de sommiers completos. El resto del saldo, con los respectivos juegos de sábanas y edredones, además de unas almohadas.

El nuevo gasto consolida el pago con dinero en efectivo como patrón de consumo del funcionario. Adorni, cuando José Del Rio le preguntó en LN+ por este hábito, sostuvo que todos los fondos surgían de “25 años de ahorros en el sector privado”.

Entrevista de Manuel Adorni en LN+Augusto Famulari – LA NACION

El gasto en el local de colchones se sumará al extenso listado en el que la fiscalía reúne todas las salidas de dinero del funcionario, material sobre el que ya trabaja un organismo especializado, como paso previo para pedirle explicaciones al propio Adorni en una declaración indagatoria.

Allí se incluye una cantidad de gastos para la casa del country, contemplados en los 245 mil dólares que Tabar declaró haber recibido del funcionario. Entre las remodelaciones, se detallan una parrilla, nuevas aberturas, aires acondicionados, trabajos de carpintería, una isla para la cocina y la pileta con la cascada de 3500 dólares, que le dio repercusión al caso en redes sociales.

El universo de gastos incluye también viajes. Entre ellos, el que llevó a la pareja del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, a España, en septiembre de 2025, por alrededor de 6000 dólares, gasto que también habría hecho en efectivo; las estadías en el hotel Bolacuá, en Gualeguaychú, por al menos $2.350.000; y las vacaciones familiares en Aruba, entre fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, que incluyeron pasajes por unos 5800 dólares y gastos de hotel por otros 8874 dólares.

La primera capa de la investigación está vinculada, sin embargo, con las dos operaciones inmobiliarias que despertaron las sospechas iniciales sobre el salto patrimonial que hizo Adorni desde que es funcionario público: la compra de la casa del country Indio Cuá, por 120 mil dólares, y la adquisición del departamento en Caballito, por 230 mil dólares.

Ese vértice del caso abrió el entramado de los dos préstamos: el de las mujeres policías, por 100 mil dólares, y el otorgado por las jubiladas, de 200 mil dólares, que se materializó como la postergación del pago sin intereses. Sobre este último, el funcionario dijo que fue una “operación entre amigos”, en alusión al hijo de una de las jubiladas, Pablo Martín Feijoo.

June 18, 2026
Tras el caso Michelli. El Gobierno abre una nueva etapa de designación de jueces y vuelve la tensión política al Senado

Lejos de calmarse, la tensión política volverá a instalarse en el Senado ante la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con el rediseño de un Poder Judicial con impronta libertaria y las negociaciones para aprobar un nuevo paquete de más de 70 nombramientos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo a lo largo del último mes y medio.

El trámite legislativo de la nueva tanda de pliegos judiciales arranca con incertidumbre. Tras el caso de María Verónica Michelli, quien obtuvo el aval del Senado pese al rechazo de La Libertad Avanza (LLA), los ánimos quedaron encrespados tanto en el oficialismo -por el desmarque de Patricia Bullrich– como con legisladores de los bloques denominados dialoguistas.

En ese marco, la mayoría de las postulaciones permanecen sin fecha de audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), hombre que responde a los mandatos de Karina Milei a partir de su alineamiento político con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. Ese grupo es el que activó el veto presidencial a Michelli.

La Comisión de Acuerdos, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto (LLA)

Ahora, esta segunda etapa de debate comenzará este martes, a las 10, con el tratamiento en comisión de tan sólo 7 nominaciones, todas correspondientes al fuero laboral. Se trata de apenas el 10% de los 71 pliegos que fueron arribando a la Cámara alta en diferentes tandas avaladas con las firmas del Presidente y de su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Sin embargo, y a pesar de que empezaron a ingresar al Senado a partir del 24 de abril último, el resto de los diplomas no tienen fecha de tratamiento, lo cual genera incomodidad en varios bloques políticos.

Esto es así porque en esta tanda se encuentran varios de los postulantes negociados por gobernadores y senadores con la Casa Rosada como moneda de cambio al apoyo de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Milei.

Patricia Bullrich, el radical aliado Vischi y Villarruel en pleno recintoFabian Marelli

En la nómina hay nombramientos de jueces federales, fiscales y defensores oficiales distribuidos a lo largo de todo el país, en distritos como Río Negro, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Gualeguaychú (Entre Ríos), Buenos Aires (San Martín, Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Justo) y San Juan.

También prevé nombramientos de magistrados para Córdoba, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Rosario (Santa Fe), Catamarca y Comodoro Rivadavia (Chubut).

Patricia Bullrich junto a la radical dialoguista Carolina LosadaPilar Camacho

Todo indica que una primera definición podría conocerse este martes, cuando la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), se reúna con los líderes de las bancadas dialoguistas de la oposición.

La idea del encuentro es armar una nueva hoja de ruta con los proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Senado en el último tiempo. En esa lista se destacan dos iniciativas que, por diferentes razones y en distintos estados, se encuentran demoradas: la reforma electoral, que pretende eliminar las elecciones primarias (PASO), y el de inviolabilidad de la propiedad privada, que busca endurecer mecanismos de desalojos para usurpaciones y relajar controles en la venta de tierras a extranjeros.

No se descarta que estos proyectos, junto con otros remitidos por el Gobierno y aprobado en Diputados (zonas frías y ley hojarasca) entren en un combo en el que se negocie el impulso a los pliegos judiciales a cambio de votos en el recinto.

Audiencia pública

La audiencia de este martes contará con la presencia de siete candidatos, casi todos para ocupar cargos en el fuero laboral, entre los que se destacan los de María Edith Pisacco y Víctor Arturo Pesino.

Víctor Arturo Pesino

En el caso de Pisacco, que postula para vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, las dudas giran en torno a su condición de esposa del periodista de TN Adrián Ventura.

En el Senado no son pocos los que se preguntan si Milei le bajará el dedo por estar relacionado con un miembro de la prensa, como hizo con María Verónica Michelli, propuesta para un tribunal oral penal de La Plata, por ser cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, quien investigó el caso $LIBRA.

Pesino, por su parte, busca continuar como miembro de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo por cinco años más una vez que cumpla los 75 años que la Constitución establece como edad jubilatoria para los magistrados.

Sin embargo, se han presentado varias impugnaciones en contra del camarista, impulsadas por la CGT, gremios y abogados laboralistas. Le cuestionan algunas decisiones judiciales, la más reciente de ellas fue ordenar el levantamiento de la medida cautelar planteada por la central obrera para evitar que se aplique la ley de reforma laboral.

Los otros candidatos que concurrirán este martes a la Comisión de Acuerdos son Diego Fernando Manauta, propuesto como camarista para la Sala V; María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II) y Claudio Fabián Loguarro (Sala III). La nómina se completa con el pliego de Leopoldo Rago Gallo, propuesto para el Juzgado Federal 2 de la ciudad de San Juan.

June 8, 2026
Buscarán licitar en tres meses unos 9.000 kilómetros de ruta para agilizar la construcción

Las privatizaciones de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales -sobre una red de 40.000 kilómetros- representan una de las grandes apuestas del Gobierno para mejorar la actividad económica y el empleo en los próximos meses, a través de la construcción de obra pública, pero con dinero privado. En las próximas semanas se avanzará con adjudicaciones de licitaciones que en tres meses llegarían a los casi 9.000 kilómetros.

Después de 30 meses de parate y un ajuste equivalente a 7.400 millones de dólares -de acuerdo a los números de Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora-, alrededor del 70% de las rutas nacionales están en “regular o mal estado”, según las cifras que maneja el sector de la construcción.

Para revertir este deterioro, desde comienzos de 2026, con la adjudicación de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones viales, empezaron los trabajos en 741 kilómetros de las rutas 12, 14, 117, 135, A-035 y la 174 (Puente Rosario – Victoria), en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

El grupo José Cartellone, titular de Autovía del Mercosur S.A., ya rehabilitó unos 203 kilómetros entre Zárate y Gualeguaychú, con trabajos de bacheo, recambio de losas de hormigón, recalce de banquinas, señalización horizontal y vertical y reparación de luminarias, entre otras tareas que permiten garantizar “óptimas condiciones de circulación”.

Así, se garantizó poder empezar a cobrar una nueva tarifa de peaje en esos tramos.

Mientras tanto, se espera que en las próximas semanas la Dirección Nacional de Vialidad avance con el resto de las adjudicaciones. Las primeras serán las de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que incluyen al “Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur”, cuya extensión total es de 1.325,17 kilómetros.

Esos tramos comprenden a las rutas nacionales (RN) 3 hasta Bahía Blanca, RN 205 hasta Bolívar, RN 226 hasta Mar del Plata y las autopistas Ezeiza – Cañuelas, Riccheri y Newbery. Los concesionarios serán las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.

También se otorgará el “Tramo Pampa”, integrado por la RN 5 desde el Km 65 (en Luján, Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 (en Santa Rosa, La Pampa), con una longitud total de 546,65 kilómetros, a Construcciones Electromecánicas del Oeste, del empresario mendocino Fernando Porretta.

Por último, la Etapa III se dividió en dos licitaciones cuyas ofertas se presentaron en mayo y las adjudicaciones se esperan para julio o agosto.

En primer lugar, unos 2.500 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis, y trayectos dentro de Córdoba); 8, 36, 193 y A-0059 (Buenos Aires hasta Córdoba y San Luis); 9, 33 y A-008 (Buenos Aires hasta Santa Fe); y 188 (Buenos Aires hasta La Pampa).

Más adelante, se otorgarán las concesiones sobre los últimos 3.920 kilómetros, que incluyen:

“Es importante esta inversión en rutas, pero no va a cambiar la lógica de la construcción ni la obra pública tradicional. No va a volar la actividad por esto”, expresó Delgado. El economista calculó que por cada empleo directo que genera la construcción, su efecto se multiplica por 3 o 4 en el trabajo indirecto asociado.

En el último informe oficial de Vialidad, que relevó los datos de 2024, más del 50% de las rutas nacionales no estaban en buenas condiciones.

June 6, 2026
La pelea por los nuevos pliegos: desde candidatos K a nombres propuestos por Macri y críticos de Milei

Tras el escándalo generado por el caso de María Verónica Michelli, los senadores de la oposición pasaron a revisar uno por uno los nuevos pliegos judiciales que comenzarán a ser tratados en audiencia pública desde la próxima semana y que aún no hay proyección de cuándo podrían llegar a ser debatidos en el recinto.

Pero esta nueva tanda, 61 pliegos que ingresaron en la sesión del pasado 14 de mayo, incluye nombres vinculados al kirchnerismo, otros a Mauricio Macri e incluso funcionarios judiciales que llegaron a criticar algunas decisiones políticas del gobierno de Javier Milei.

Por ejemplo, la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos junto a Hernán Enrique Figueroa, candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico, firmaron un documento de rechazo al intento del Presidente de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

En la iniciativa también participó Ana Clarisa Galán Muñoz, quien busca ser promovida a defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Galán Muñoz también trascendió porque en 2022 denunció al fiscal federal de Salta Francisco Snopek, a quien acusó de violencia de género, hostigamiento y acoso laboral. Los tres candidatos fueron vinculados con el kirchnerismo y a la agrupación Justicia Legítima.

Otro de los casos vinculados a los K es el de María Ángeles Ramos, la fiscal nacida en Tandil, cercana a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y quien está a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde marzo de 2017, cuando se jubiló Jorge Auat.

Tras ser promovida a fiscal general, Ramos busca ser designada como representante del Ministerio Público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE).

Otra vez el fantasma de la AFA y el “Chiqui” Tapia

En esta segunda ronda de debate de pliegos judiciales vuelve a colarse la polémica por presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, porque entre los candidatos figura un miembro del Tribunal de Apelaciones de la asociación.

Se trata de Raúl Agustín Rubiero, quien busca ser promovido como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal sala D. Su caso, al menos, genera cierta suspicacia en el Congreso porque se impulsa en momentos que la justicia investiga a Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.

En la primera etapa de los pliegos judiciales quedaron sin definir los casos de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes fueron bajados por sus presuntos vínculos con la AFA.

La lista también incluye candidatos asociados al macrismo como Vanesa Alfaro, quien fue nominada a integrar la cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal. La aspirante, especialista en casos en los que se investigan hechos de lavado de dinero, estuvo entre las seleccionadas por Mauricio Macri, pero durante el Gobierno de Alberto Fernández su pliego fue retirado del Senado.

Otro de los postulantes vinculado al ex presidente es Claudio Loguarro, quien busca acceder como vocal a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala III.

La lista tiene otros nombres que rozan al macrismo como el caso de Matilde Ballerini, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala B, quien busca el acuerdo del Senado para extender su mandato por 5 años ya que en septiembre cumplirá 75, la edad límite para ejercer la magistratura.

El tema es que Ballerini integra el juzgado que tramita la causa de la quiebra del Correo, un proceso que aún sigue abierto pese a que la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la firma administrada por el grupo Macri.

A la lista de candidatos se agrega Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien está a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas judiciales.

El vínculo con Lijo y el reclamo por la reforma laboral

Además, Rodríguez Ponte, quien busca quedarse con el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, está vinculado al juez Ariel Lijo y es esposo de la fiscal María Alejandra Mángano que pidió el cierre de la causa iniciada contra la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su viaje a Nueva York dentro de la comitiva oficial.

Y si bien en los pasillos del Senado deseaban, luego del caso Michelli, que entre los nuevos pliegos no haya nuevos candidatos que tengan algún vínculo familiar con periodistas, eso no será posible. Es que entre los nominados está la jueza laboral Marina Edith Pisacco, esposa del periodista de Radio Mitre y TN, Adrián Ventura.

La magistrada, que busca ser promovida a la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, seguramente tendrá un duro debate en la audiencia pública porque fue quien dispuso que la causa para evitar el traspaso de la justicia a la Ciudad -promovida por el gremio de los judiciales que conduce Julio Piumato- pase del fuero del trabajo pase al fuero Contencioso Administrativo, un terreno más favorable para el Gobierno.

Dentro de los casos promovidos en esta etapa también figura Bernardo Rodríguez Palma, quien fue postulado para la cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín. El candidato es hijo de quien fuera el abogado defensor del brigadier general Orlando Ramón Agosti en el juicio a las Juntas Militares en 1985.

Además está Pedro Rebollo, quien busca convertirse en el fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos. El funcionario investigó las causas de abusos en el Ejército de Gualeguaychú y el manejo irregular de los Potenciar Trabajo.

Las audiencias comenzarán el martes con 7 pliegos entre los que figura Víctor Arturo Pesino, quien busca extender su mandato al llegar al límite de edad para ejercer el cargo. Esta caso va a generar tensión porque su nominación fue impulsada a pocas horas de haber firmado el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la ley de Reforma Laboral.

June 6, 2026
De cuánto es la fortuna que habría dejado el Indio Solari y cómo la construyó

Carlos “El Indio” Solari murió a los 77 años y su fallecimiento volvió a poner en primer plano una de las incógnitas que lo acompañó durante décadas: cuál fue la fortuna que logró construir a lo largo de su carrera.

Considerado por distintos relevamientos periodísticos como uno de los músicos más ricos la Argentina, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habría dejado un patrimonio un patrimonio superior a los US$ 20 millones, de acuerdo con la estimación de Forbes Argentina.

La discusión sobre su riqueza no es nueva. Ya en 2012 distintos informes periodísticos ubicaban su fortuna en torno a los US$ 13 millones, aunque con el paso de los años y la continuidad de los ingresos generados por sus recitales y su catálogo musical, las estimaciones fueron creciendo hasta superar los US$ 20 millones. Sin embargo, Solari nunca avaló esos cálculos y llegó a calificar esa información como un “cualquier dislate”.

La repercusión de aquellos rankings fue tal que el músico salió a responder públicamente, algo poco habitual en una figura que siempre cultivó un perfil distante de los medios tradicionales. A pesar de sus desmentidas, las cifras vinculadas a sus espectáculos y a la explotación de su obra alimentaron durante años las especulaciones sobre el patrimonio que logró acumular.

Declaraciones de Solari respecto a las noticias en 2024 sobre su fortuna personal.

Los recitales que explican la magnitud de su patrimonio

Buena parte de las estimaciones sobre la fortuna del Indio Solari se apoyan en el extraordinario rendimiento económico de sus recitales. Según los datos conocidos, solo sus seis shows más recordados generaron más de US$ 36 millones en facturación por venta de entradas, una cifra que permite dimensionar la capacidad de convocatoria que mantuvo durante años.

El caso más emblemático fue el recital de Olavarría en 2017. Según el artículo de Forbes, La Nación reconstruyó que “con una facturación en torno a los U$S 10 millones por la venta de entradas, las ganancias netas del fatídico recital del Indio Solari en Olavarría superarían los U$S 7 millones”. La estimación contemplaba una venta de al menos 180.000 entradas y costos operativos significativamente inferiores a los ingresos obtenidos.

La rentabilidad de esos eventos fue una constante en la etapa solista del músico. Tras la separación de Los Redondos y luego de iniciar su camino junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Solari convirtió cada presentación en un fenómeno masivo. En 2005, su primer show en el Estadio Único de La Plata generó unos US$ 600.000 solo por entradas.

Con el correr de los años, la escala del negocio creció de manera sostenida con sus recitales: US$ 2,8 millones en Junín (2011), US$ 8 millones en Gualeguaychú y US$ 5,8 millones en Mendoza (2014), US$ 9 millones en Tandil (2016) y US$ 10 millones en Olavarría (2017), siempre considerando exclusivamente la recaudación por entradas.

El valor de un catálogo que sigue generando ingresos

Además de los recitales, otra de las fuentes que ayuda a comprender la magnitud de su patrimonio es el valor de su catálogo musical. Aunque no existen datos oficiales sobre cuánto percibía específicamente por reproducciones en plataformas digitales, distintos análisis de mercado sitúan los pagos de Spotify en una banda de entre US$ 0,003 y US$ 0,005 por reproducción para los titulares de derechos.

A esto se suma que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuenta con varias canciones que superan los 100 millones de reproducciones, lo que permite inferir que la obra construida por Solari continuó generando ingresos incluso después de su retiro de los escenarios anunciado en 2023 por problemas de salud.

La singularidad de la fortuna atribuida al Indio Solari no radica únicamente en el monto estimado, sino también en la forma en que fue construida. Mientras gran parte de la industria musical dependió de sellos, sponsors, televisión o difusión radial, el músico apostó durante décadas a la fidelidad de su público, transformando cada lanzamiento y cada recital en un acontecimiento de enorme escala.

Por último, esa combinación de convocatoria masiva, control artístico y explotación de su catálogo explica por qué, más allá de haber rechazado siempre la etiqueta de millonario, quedó instalado como el rockero más rico de la Argentina.

GZ

June 5, 2026