En la sesión del 25 de junio pasado de la Cámara de Diputados de la Nación, me referí, haciendo uso de una cuestión de privilegio, a la decisión del gobierno nacional de privatizar el río Paraná por 25 años. Sin dudas, eso implica la entrega de un recurso estratégico a intereses no sólo privados sino fundamentalmente extranjeros, con una incidencia muy particular de Estados Unidos en la trayectoria que ha tenido todo el proceso privatizador.
Especialistas en hidrología advierten que la profundización del dragado de 34 a 44 pies alterará la dinámica del río, acelerará la erosión de las costas y afectará la biodiversidad, el acceso al agua y las economías regionales, como ya ocurrió en Victoria (Entre Ríos).
También señalan que la desregulación y privatización del sistema fluvial impactaría negativamente en el cabotaje nacional y pondría en riesgo puestos de trabajo. En ese sentido, remarcan que las principales potencias del mundo, como Estados Unidos y China, mantienen control estatal sobre sus ríos por su valor estratégico en la logística, el comercio y la seguridad.
La reciente decisión de Milei y el proceso que culminó en la adjudicación están plagados de irregularidades y de intereses económicos que nada tienen que ver con el desarrollo de la región en el plano nacional e internacional, sino con nichos corporativos cuyo propósito principal es incrementar su tasa de ganancia.
La primera convocatoria de la llamada Vía Navegable Troncal del Río Paraná de diciembre de 2024 quedó sin efecto en medio de sospechas, denuncias y tironeos espurios.
A eso se sumó la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto 699/24, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable – ECOVINA, único espacio de participación de las provincias del litoral fluvial: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires quedaron afuera. Las declaraciones de Frigerio, además de inconsistentes, sólo expusieron la ausencia de compromiso en la defensa real de los intereses locales.
El 3 de noviembre de 2025 se llevó a cabo por plataforma la Audiencia Pública, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, en la que estuve presente. Los funcionarios del Gobierno de Entre Ríos inscriptos no participaron. En la audiencia, el 90% de las exposiciones rechazó las condiciones de los pliegos, señalando la falta de estudios de impacto ambiental, cuestionamientos a la profundidad del dragado y el incumplimiento del Acuerdo de Escazú, entre otras críticas.
Sin embargo, pese a lo expresado en noviembre, el Gobierno convocó una nueva licitación el 18 de diciembre del mismo año.
Previa a la adjudicación, que ya se evidenciaba con marcada preferencia a favor de la La PIA emitió en mayo un dictamen[1] que advirtió graves irregularidades en la licitación vinculada a la empresa Jan De Nul, señalando posibles consecuencias penales.
Entre los puntos observados se incluyen la falta de Evaluación de Impacto Ambiental Integral, incumplimientos normativos, desigualdad entre oferentes, restricciones a impugnaciones y ausencia de criterios objetivos de evaluación. También cuestionó la debilidad del control del organismo licitante.
El informe advirtió además posibles conflictos de interés y señaló que lo actuado podría derivar en responsabilidades administrativas y judiciales, aún en análisis.
El Día de la Bandera, el 20 de junio, fue publicada en el BO la adjudicación de este negociado al consorcio Jan De Nul – ServiMagnus, difícil imaginar un gesto más oprobioso ante la entrega de la cuenca hídrica más grande de Sudamérica.
Antecedentes
En mi intervención en el recinto cité antecedentes jurisprudenciales relevantes que fundamentan el valor del federalismo en la defensa del Paraná como recurso estratégico.
El Túnel Subfluvial, acordado en 1960 entre Entre Ríos y Santa Fe ante la falta de financiamiento nacional, se inauguró en 1969 y dio origen a un modelo de gestión interprovincial del río, basado en el dominio compartido de sus recursos.
La Ley de Libertad de los Ríos (1997), fruto de la movilización popular y con rango constitucional en Entre Ríos, fue clave para frenar el proyecto de la represa Paraná Medio, consolidando una defensa del territorio frente a decisiones centralizadas.
Por último, los incendios en las islas en 2008 derivaron en fallos judiciales que obligaron a la coordinación interprovincial mediante el PIECAS-DP, un acuerdo para la protección del Delta del Paraná cuya continuidad, sin embargo, ha sido débil en los últimos años.
¿Qué dejan en claro estos antecedentes? El valor del sentido federal, el desafío democrático que implican algunas decisiones, el poder de convocatoria que sostienen la defensa de los bienes naturales cuando están en riesgo.
Y frente al afán oficial de dilapidar soberanía a intereses corporativos, esa convocatoria se justifica.
Estas razones fundan nuestro rechazo a la pretensión de instituir un Consejo de Control integrado por «usuarios», donde prevalezcan la Bolsa de Rosario y las cámaras portuarias, priorizando sus finanzas y de espaldas al bien común.
La envergadura y el impacto de esta privatización exigen que el Congreso de la Nación y las provincias participen formalmente.
Aún tienen vigencia parlamentaria el proyecto que presenté de creación de la Comisión Administradora del Río Paraná (4053-D-2025)[2], como ente público interjurisdiccional con representación de las provincias ribereñas e instituciones.
Y asimismo el proyecto de Comisión de Seguimiento y Control de la Licitación VNT (105-D-2026), de la diputada Propato[3].
Una premisa irrefutable: el río Paraná no es mercancía.
Y no lo será, pese a que el agua dulce comenzó a cotizarse desde 2020, vía contratos de futuro, en la Bolsa de Wall Street de Nueva York como bien transable.
El Paraná es eje vertebrador de una región de riqueza social, ambiental, económica y de gran dimensión geopolítica.
Delegar el control estatal es resignar capacidad de decisión sobre nuestros recursos y nuestro desarrollo.
Sostener la defensa de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay y los cursos de agua que atraviesan nuestra provincia es parte de la identidad entrerriana, y es una materia que está en juego todos los días. Por eso decimos no al dragado a 44 pies. Por eso no resignaremos postura y exigiremos el cumplimiento de normas vigentes y la participación de los sectores implicados.
El control y la preservación de la principal vía fluvial del país es un desafío cuya resolución política es el gran interrogante que requiere respuestas para el tiempo que viene.
Defender el Paraná frente a esta brutal entrega es defender la soberanía, el trabajo, la producción y la vida.
[1]https://www.mpf.gob.ar/pia/files/2026/05/Expte-113-26-y-119-25-dictamen-15-5-26.pdf?utm_source=chatgpt.com
[2]https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4053-D-2025.pdf
[3] https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/detalle_tp_adjunto/index.html?id=289598
