Será del 15% al bioetanol y del 10% al biodiésel. Buscan tratarlo en una sesión este mismo mes. Continúan dudas acerca de la participación de las pymes.
Con amplio respaldo de las provincias y de distintos bloques, el proyecto que busca reformar la ley N° 27640de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI. Las provincias con pymes industriales productoras de biodiésel insisten en cambios para tener mayor participación.
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El proyecto que alcanzó respaldo fue encabezado por La Libertad Avanza (LLA) pero canalizó reformas de representantes de Jujuy, Tucumán y Salta. Según pudo conocer Ámbito, la salteña Flavia Royón -presidenta de la Comisión de Minería- propuso nuevas modificaciones y mantuvo una reunión con el neuquino Pablo Cervi (LLA) hasta minutos antes del plenario que terminó por dictaminar la propuesta, que será elevada a sesión este mismo mes. La proyección también es integrar la iniciativa con el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que se está debatiendo en comisiones de Senado.
La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% al bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar -por la pugna entre grandes productoras y las pymes industriales- y se estableció una ampliación del 5% al 10% en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta el 2036 un cupo del 3% de las no integradas.
Hasta último momento, el proyecto de biocombustibles recibió cambios.
Senado
Este porcentaje cuenta con disidencia de aliados provinciales, por ser considerado menor. “Ya nos estiramos lo suficiente para alcanzar consenso“, planteó un senador libertario a este medio, aunque la misma Royón reconoció que pueden haber modificaciones en el recinto.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias de poder ampliar los cortes. “Nadie terminó contento del todo con la redacción que quedó, así que debe ser una buena ley”, sostuvo una de las representantes provinciales que impulsó el proyecto, quien agregó para Ámbito: “El debate está agotado. Tiene que aprobarse la próxima sesión”.
Un sector del peronismo, encabezado por el puntano Fernando Salino presentó un dictamen de minoría considerando el reclamo de las pymes industriales productoras de biodiésel, emplazadas principalmente en las provincias de San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos. “Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas”, insistió, aunque reconoció que “cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada y la vamos a acompañar”.
El Gobierno profundizó el ajuste fiscal en agosto y recortó 10,3% interanual en términos reales el gasto primario devengado, lo que se considera el mayor ajuste desde noviembre de 2025, según datos de la consultora Analytica, en un mes en el que la recaudación tributaria volvió a mostrar señales de debilidad y la actividad económica llegaba golpeada desde julio. En tanto, los ingresos fiscales apenas alcanzaron los $20 billones y cayeron 0,2% interanual en términos reales, el Ejecutivo profundizó la reducción de desembolsos, con fuertes bajas en programas sociales, bienes y servicios y transferencias a las provincias.
El deterioro de los ingresos quedó plasmado en un informe de LCG donde señala que, durante los primeros ocho meses de 2026, la recaudación acumuló $153 billones y una caída real del 3,7% interanual. Para la firma, la evolución de los últimos cuatro meses muestra una dinámica “muy pobre”, con apenas dos períodos de crecimiento, uno de caída y otro prácticamente estancado.
La composición de los recursos también expuso las dificultades de la economía doméstica. Si bien Ganancias creció 8% real interanual, los Derechos de Exportación treparon 91% y el Impuesto a los Combustibles aumentó 12%, esos ingresos apenas consiguieron compensar el retroceso de los tributos más vinculados al consumo. El IVA DGI cayó 3% real contra agosto de 2025 y Créditos y Débitos se desplomó 9%, después de haber bajado 11% en julio.
El Gobierno profundizó el ajuste fiscal en agosto y recortó 10,3% interanual en términos reales el gasto primario devengado.
La Seguridad Social tampoco logró escapar de esa tendencia y redujo su recaudación 1% interanual real.
LCG descartó que el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) sea por ahora determinante y vinculó principalmente la baja con una reducción del empleo formal, otro factor que limita la capacidad del Estado para recuperar ingresos por la vía tributaria.
Con respecto a la deuda flotante de la administración nacional, en los primeros ocho meses del 2026 lleva acumulado un monto que alcanzó los $2,1 billones, lo que resulta en un equivalente del 0,2% del PBI. De esta manera, “se mantiene prácticamente invariante respecto a julio y en niveles similares a los registrados en 2025”, según señalaron desde Analytica.
La deuda flotante se mantiene prácticamente invariante respecto a julio y en niveles similares a los registrados en 2025.
El recorte volvió a sentirse con fuerza en las provincias
El ajuste del gasto tuvo uno de sus principales focos en las transferencias a provincias, que según Analytica cayeron 86,1% interanual real en agosto dentro del gasto primario devengado. Si se excluyen las transferencias a hospitales SAMIC, el retroceso se reduce al 81,8%. La consultora también registró fuertes bajas en programas sociales (-40,6%), bienes y servicios (-19,6%) y gasto en personal (-8%), mientras que la obra pública aumentó 60,9% por una baja base de comparación.
La medición de Politikon Chaco, que analiza específicamente las transferencias no automáticas efectivamente pagadas a provincias y CABA, también mostró un fuerte retroceso, aunque sobre un universo diferente. El Gobierno distribuyó en agosto $68.288 millones por esa vía, una caída real del 66,4% respecto de igual mes de 2025 y el peor registro para un agosto desde, por lo menos, 2005.
Además, dos conceptos concentraron prácticamente todo el reparto: la Universalización de la Jornada Extendida recibió $30.455 millones y las transferencias a Cajas Previsionales Provinciales otros $15.000 millones. Entre ambas partidas explicaron 67% de todos los fondos no automáticos enviados durante agosto, mientras el resto de los programas se repartió los $22.833 millones restantes.
La política de contención del gasto tuvo una de sus expresiones más marcadas en las transferencias no automáticas a provincias y CABA.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) directamente no fueron distribuidos durante agosto, tal como ya había sucedido en mayo y junio, pese a que el fondo recaudó $107.987 millones durante el mes. A su vez, Politikon detectó incumplimientos parciales en las transferencias a las cajas previsionales: solo La Pampa, Entre Ríos y Neuquén recibieron esos fondos, mientras Córdoba, Misiones, Santa Fe, Chubut y Corrientes quedaron afuera pese a contar con convenios vigentes.
La actividad perdió fuerza y condicionó los ingresos fiscales
El ajuste encuentra además una economía que volvió a perder impulso. El Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estima que la actividad cayó 1,1% mensual en julio y quedó apenas 0,7% por encima del mismo mes de 2025. Según la consultora, ese retroceso podría haber marcado el nuevo mínimo de 2026, incluso por debajo del nivel registrado en febrero.
La baja fue extendida y alcanzó sectores con fuerte peso sobre el resto de la economía. La producción automotriz cayó 13,8%, las ventas a concesionarios retrocedieron 6,8%, el consumo de cemento bajó 6,2% y el Índice Construya perdió 0,8%. En siderurgia, mientras hierro y acero crudo mostraron mejoras, el acero plano cayó 15% y el laminado en frío se desplomó 26,3%.
Las señales provenientes del consumo también fueron contradictorias. Analytica registró en julio una mejora del 2,5% en la recaudación del IVA y un avance del 1,2% en los préstamos al sector privado, pero al mismo tiempo la confianza del consumidor cayó 4,8%. Las exportaciones retrocedieron 4,9% y las importaciones disminuyeron 4,5%, reforzando la imagen de una actividad sin una recuperación generalizada.
El ajuste encuentra además una economía que volvió a perder impulso.
La recaudación seguiría débil y mantiene la presión sobre las cuentas públicas
Ese escenario contrasta con junio, cuando el EMAE había crecido 0,8% mensual y 2,7% interanual, aunque tampoco mostraba una recuperación pareja: solo seis de los quince sectores habían avanzado contra el mes anterior y la actividad del segundo trimestre terminó 0,9% por debajo de los primeros tres meses del año. En el primer semestre, la economía acumulaba un crecimiento de 1,9% interanual, pero con marcadas diferencias sectoriales.
Hacia adelante, LCGno espera una mejora significativa de los ingresos fiscales. La consultora proyecta que la recaudación terminará 2026 con una caída cercana al 5% real, porque el eventual aporte de los Derechos de Exportación difícilmente alcance para compensar el bajo crecimiento o la contracción de los impuestos vinculados con la actividad. En paralelo, durante los primeros ocho meses las transferencias no automáticas a provincias acumularon $806.489 millones, un desplome real del 63,1% y el peor enero-agosto desde al menos 2005.
La combinación deja al Gobierno frente a una ecuación cada vez más exigente: menor recaudación, una actividad económica que perdió fuerza y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. Agosto mostró esa respuesta con el mayor recorte de gasto del año, mientras los ingresos tributarios se mantuvieron prácticamente estancados y los envíos discrecionales a las provincias volvieron a funcionar como uno de los principales canales del ajuste.
CÓRDOBA.- A pesar de que la Casa Rosada tiene la decisión de avanzar con el proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, las ineludibles negociaciones con los gobernadores siguen manejándose de forma individual. En agosto, las transferencias discrecionales a las provincias -una señal más general de la voluntad de la Nación- marcaron una baja real interanual de 66,4%. El mes se convirtió, así, en el peor agosto desde 2005. No hubo reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).
En lo que hace a la coparticipación y los giros automáticos, el mes pasado se cortó la tendencia negativa, aunque el acumulado del año sigue abajo del 2025 en términos reales. Según el Iaraf, el mes pasado hubo un alza real del0,1% interanual.
De acuerdo con los datos de Politikon Chaco, en los envíos discrecionales, los correspondientes a Universalización de la Jornada Extendida ($30.455 millones) explicaron el 45% del total pagado y alcanzaron a 16 distritos. El segundo puesto fue para los giros a Cajas Previsionales Provinciales no transferidas ($15.000 millones), concentrando el 22% del total. Es decir, los dos rubros totalizaron el 67% del global.
Respecto de los giros a las cajas previsionales, fueron La Pampa, Entre Ríos y Neuquén las que recibieron recursos, pero las otras con convenios vigentes -Córdoba, Misiones, Santa Fe, Chubut y Corrientes-no cobraron.
La dinámica es la misma que en junio y julio. En el primer caso, solo una provincia captó esos fondos (Corrientes) y en el segundo, La Pampa y Neuquén. Sobre la base de datos oficiales, a Córdoba y Santa Fe se les adeudan tres meses por este concepto.
El mes pasado se volvió a cortar el reparto de Aportes del Tesoro Nacional. Ya había ocurrido lo mismo en mayo y junio. Ese fondo -que se integra con un 1% de la coparticipación- recaudó $107.987 millones, según números oficiales en agosto.
En los primeros ocho meses del año, de los $798.839 millones recaudados, el fondo distribuyó 18,9%, una cifra levemente superior a la de igual período de 2025, cuando llegó al 17,1%. Quedan sin repartir 647.839 millones de pesos. Los gobernadores, hace un año, reclamaron que les entregaran esos recursos siguiendo el esquema de la coparticipación. Lo que no se distribuye antes de fin de año queda para la Nación y se computa como parte del superávit.
Por provincias, en lo que va de 2026, recibieron ATN: Misiones ($20.000 millones), Entre Ríos ($15.000 millones), Corrientes y Mendoza ($14.000 millones en cada caso), Neuquén ($12.000 millones), Catamarca ($11.500 millones), Salta ($11.000 millones), Jujuy ($10.000 millones), San Juan ($10.000 millones); Chaco ($10.000 millones); Santa Fe ($8.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Córdoba ($5.000 millones) y, por último, Santa Cruz ($4.000 millones).
Del total de envíos no automáticos, entre enero y agosto, La Pampa es la única provincia que perdió menos del 50% (marcó 36,8%) respecto del año pasado. Hay siete jurisdicciones con recortes mayores al 90% y La Rioja presenta la mayor caída (99,1%).
La Cámara Nacional Electoral aprobó cambios en 14 secciones electorales de la provincia, con nuevas delimitaciones y denominaciones. La medida se vincula con la creación de nuevas comunas y deberá continuar su trámite ante el Poder Ejecutivo Nacional.
La Cámara Nacional Electoral aprobó una serie de modificaciones en los circuitos electorales de Entre Ríos, que incluyen la creación de nuevos circuitos, cambios en los límites de divisiones existentes y modificaciones de denominación. La resolución fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y alcanza a 14 secciones electorales de la provincia.
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La medida, establecida mediante la Resolución 11/2026, se tomó en el marco de un expediente iniciado a partir de una propuesta elevada por el Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos. Según explicó el tribunal, los cambios están vinculados con la Ley provincial 11.058, sancionada en 2023, y sus normas reglamentarias, que reconocieron como territorio de nuevas comunas a las jurisdicciones de los entonces denominados Centros Rurales de Población.
El proyecto fue analizado por la Unidad de Geografía Electoral de la Cámara Nacional Electoral, que informó que la propuesta cumple con los lineamientos técnicos previstos para su evaluación mediante el Sistema de Información Geográfica. En el expediente también consta la documentación cartográfica y la información correspondiente a los locales de votación.
Los cambios abarcan las secciones electorales de Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Gualeguaychú, Islas Ibicuy, Villaguay, Concordia, Federal, Colón, Federación y San Salvador.
En Paraná se dispuso la creación del circuito 050A, denominado “Aldea Santa Rosa”, junto con modificaciones en los circuitos 031, 042, 049 y 050. En La Paz se modificarán los límites de los circuitos 066 y 070, mientras que en Diamante los cambios alcanzarán a los circuitos 086 y 094.
También se modificará el circuito 107 de Victoria y los circuitos 113 y 119 de Nogoyá. En la sección Tala se creará el circuito 150A, denominado “Arroyo Clé”. En Gualeguaychú se incorporará el circuito 203A, “General Almada”, y se modificarán los límites del circuito 205.
En Islas Ibicuy se modificará el circuito 212. Para Villaguay se creará el circuito 222A, “Estación Raíces”, junto con cambios en el circuito 222. En Concordia se incorporará el circuito 237A, “Estación Yuqueri”, y se modificarán los circuitos 247 y 248.
La resolución también contempla cambios en el circuito 264 de Federal y en el 275 de Colón, ambos con modificación de denominación. En Colón, además, se cambiará el nombre del circuito 290, aunque sus límites permanecerán sin modificaciones.
En Federación se modificarán los circuitos 299, 300 y 301, también con cambios de denominación. Finalmente, en San Salvador se creará el circuito 314A, “San Ernesto”, y se modificará el límite del circuito 314, que también tendrá una nueva denominación. La documentación oficial incorpora los mapas y la descripción de las nuevas delimitaciones.
Qué dispuso la Cámara Nacional Electoral
La resolución establece que las modificaciones fueron aprobadas junto con la delimitación cartográfica incluida en los anexos I y II. A su vez, la Cámara dejó asentado que la propuesta no abarca en esta primera etapa la totalidad de los cambios planteados originalmente.
Según el texto, las modificaciones de los límites de otros circuitos electorales preexistentes que no estén directamente relacionadas con los cambios de municipio serán analizadas en una etapa posterior, de acuerdo con los criterios técnicos y administrativos que se establezcan.
El tribunal también ordenó avanzar con las tareas registrales y de administración electoral vinculadas con las modificaciones, debido a la necesidad de realizarlas con suficiente anticipación. Estas acciones quedarán sujetas a la resolución definitiva sobre la cuestión.
Finalmente, la Cámara Nacional Electoral dispuso remitir las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional y notificar al Juzgado Federal con competencia electoral de Entre Ríos. El presidente del tribunal, Alberto Ricardo Dalla Vía, no intervino en la resolución por encontrarse de licencia. La decisión lleva las firmas de Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
Luego la denuncia de Argentina por la cercanía de una planta de hidrógeno verde con Entre Ríos, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mandó reubicarla.
Según la Agencia Noticias Argentinas, esta disposición fue confirmada por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, junto a su colega argentino, Pablo Quirno, por pedido de Orsi. El funcionario de La Libertad Avanza está en Montevideo, donde participará de un encuentro de cancilleres del Mercosur.
Antes de su reunión con Quirno, Lubetkin señaló: “El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”. Además, reveló que el canciller argentino, autoridades de Entre Ríos y de la ciudad de Colón le hicieron solicitudes de evitar “la contaminación visual” que generaría la planta de hidrógeno verde.
Yamandú Orsi
El mensaje del canciller Pablo Quirno
En su cuenta oficial de X, el canciller Pablo Quirno escribió: “El diálogo, la diplomacia y la voluntad de encontrar soluciones comunes volvieron a demostrar que son el mejor camino para resolver incluso los temas más sensibles entre nuestros países. Hoy podemos decir que este trabajo conjunto permitió llevar este proceso a buen puerto, con una decisión que contempla el bien común de Argentina y Uruguay”.
Y sumó: “Quiero agradecer muy especialmente al Gobierno de Uruguay, a su Presidente, Orsi Yamandu, y a su Canciller, Mario Lubetkin, por la disposición, la confianza y el espíritu constructivo con el que abordaron este tema. También al Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a los intendentes de las localidades involucradas y a todos los equipos técnicos y diplomáticos de ambos países que hicieron posible este resultado”.
Para luego remarcar: “Asimismo, destacamos especialmente la paciencia y la confianza de las comunidades de ambas orillas, que acompañaron este proceso confiando en nuestra capacidad de encontrar una solución conjunta”.
El canciller cerró su posteo escribiendo: “Aprendimos de nuestra historia para no repetir errores del pasado. Argentina y Uruguay demostramos que la confianza mutua, la buena fe y la voluntad de construir soluciones comunes son el camino para superar nuestras diferencias y fortalecer los profundos lazos que unen a nuestros pueblos”.
Pablo Quirno
Cómo era el proyecto
El proyecto HIF iba a instalarse a 3 kilómetros de la costa de Colón y a 15 de Paysandú. Contemplaba un parque de energía solar, un parque eólico y una planta en la que se producirían hasta 876.000 toneladas de metanol al año con hidrógeno verde.
Según la Agencia Noticias Argentinas, los trámites para obtener la autorización ambiental comenzaron el primer cuatrimestre del año 2024 en Uruguay y, a finales del año 2025, el plan logró la viabilidad ambiental de ubicación denominada VAL.
El 13 de marzo de este año, HIF presentó ante las autoridades del Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.
La denuncia que realizó Argentina
El pasado 12 de marzo, los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador nacional Adán Bahl, todos de Entre Ríos, presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios que está siendo tramitada en tribunales argentinos.
Rogelio Frigerio
Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también habló al respecto en marzo pasado, afirmando: “No podemos permitir otra Botnia”. Y luego reveló: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”.
El cese de actividades de la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento abrió un frente de conflicto entre el municipio y la empresa avícola. La intendente Fernanda Astorino cuestionó públicamente a la compañía y, en una carta dirigida a su titular, reclamó precisiones sobre el futuro de los trabajadores. También anticipó que pedirá una mesa de diálogo con la firma y el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La misiva está dirigida a Joaquín De Grazia, quien está al frente de firma, y comienza con una referencia directa a la situación que atraviesan los empleados de la planta local. “Me dirijo a usted en mi carácter de Intendente Municipal de Capitán Sarmiento, ante los telegramas que comenzaron a recibir trabajadores de Granja Tres Arroyos y la situación de profunda incertidumbre que esto genera en numerosas familias de nuestra ciudad”, escribió Astorino.
A partir de ese planteo, la jefa comunal pidió la conformación de una instancia de diálogo con participación oficial. “Ante la gravedad de esta situación, exijo la participación activa de Granja Tres Arroyos, junto con el Ministerio de Trabajo, en una mesa de diálogo y concertación, con el propósito de conocer de primera mano el estado real de la situación y coordinar acciones inmediatas que protejan las fuentes de empleo de nuestros vecinos”, indicó. Y agregó: “Estamos hablando de trabajadores y de familias que, de un día para otro, quedaron sin certezas sobre su fuente de trabajo y sobre cómo afrontar sus obligaciones cotidianas”.
En otro tramo de la carta, Astorino apuntó contra la forma en que la empresa comunicó la medida. “Granja Tres Arroyos conoce perfectamente la importancia que tiene su actividad para Capitán Sarmiento y la cantidad de familias que dependen de estos puestos de trabajo”, planteó, para luego cuestionar: “Por eso resulta difícil comprender que se haya avanzado de esta manera, sin contemplar adecuadamente las consecuencias para quienes durante años formaron parte de la empresa”.
La intendente detalló además las acciones que el municipio puso en marcha desde que se conoció la situación de los trabajadores. “Desde el primer momento, el Municipio estuvo presente. Recibimos a los trabajadores, escuchamos sus situaciones particulares, comenzamos a brindar asistencia a las familias y realizamos gestiones ante prestadores de servicios esenciales y obras sociales para acompañar a quienes hoy atraviesan dificultades”, señaló. No obstante, remarcó los límites de esa intervención: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero el Municipio no puede ni debe reemplazar a una empresa privada en las responsabilidades y obligaciones que mantiene con sus trabajadores”.
Sobre esa base, Astorino formalizó su pedido a la empresa. “Por todo ello, solicito que brinde explicaciones claras respecto de la decisión adoptada, las circunstancias que llevaron al envío de estos telegramas y, fundamentalmente, cuáles serán las respuestas concretas de la empresa frente a las obligaciones que aún mantiene con sus trabajadores”, escribió.
El pedido de la intendente llegó dos días después de que Granja Tres Arroyos notificara, mediante un comunicado interno, la suspensión de las tareas operativas en la planta de Capitán Sarmiento “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”. El documento instruyó al personal a no concurrir a prestar servicios, salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor, y atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”. La empresa no precisó una fecha de reanudación de actividades ni garantizó la continuidad de los puestos de trabajo afectados por la medida.
El cierre de la planta de Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que la compañía acumula desde diciembre de 2024, cuando solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces, Granja Tres Arroyos cerró su planta de Tristán Suárez, con 200 desvinculaciones sobre un plantel de 270 trabajadores, y anunció el cierre definitivo de la planta de Becar, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cuyo personal fue trasladado a la planta La China. Esta última permanece cerrada desde fines de mayo.
A esos antecedentes se sumó, en julio, la paralización de la planta Avex, en Río Cuarto, Córdoba, presentada en un primer momento como una “parada programada de dos semanas” que terminó extendiéndose por otros 15 días a comienzos de agosto, hasta completar un mes de inactividad que afectó a 350 trabajadores. Ya en agosto, la planta Pinazo, en Pilar, suspendió a la totalidad de su personal, mientras que la planta Wade II, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales y bloqueos, y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad.
A mediados de agosto, la empresa había desvinculado a 250 trabajadores de su planta industrial de Concepción del Uruguay, sobre un plantel total de 900 empleados, a través de telegramas que invocaron “una grave disminución de trabajo, originada en circunstancias extraordinarias”. En paralelo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores la reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso, en un plan que contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo. La compañía es conducida por Joaquín De Grazia y, desde 2022, el 34% de su capital pertenece a la estadounidense Tyson Foods.
Si bien en un principio el ministro habló de 5.000 kilómetros de rutas, luego aclaró que serán 6.000. Además, se mostró confiado de tener el apoyo de los gobernadores para las exenciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que impulsará un proyecto para privatizar las rutas nacionales bajo un esquema de inversiones que quedarían exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Se trata de una iniciativa que enviará al Congreso y que deberá contar con el apoyo de los gobernadores.
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“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal, de manera que se genera más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido”, afirmó Caputo durante el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
Si bien en un principio el ministro habló de 5.000 kilómetros de rutas, luego aclaró que serán 6.000. Además, se mostró confiado de tener el apoyo de los gobernadores para las exenciones. “Ellos coinciden que la inversión en ruta e infraestructura es fundamental”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.
El anuncio llega luego de fuertes críticas por el estado de las rutas, así como también por la retención de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley el 28,5% de lo recaudado debe ir al mantenimiento de la infraestructura de transporte nacional, mientras que el 14,25% debería destinarse a la red vial.
Un informe del Instituto Argentina Grande advirtió que “lo que el Gobierno no gastó en el impuesto a los combustibles equivale al mantenimiento de 9.148 kilómetros de red vial nacional”. El estudio sostiene que el impuesto a los combustibles pasó de representar el 8,9% (noviembre 2023) del precio de la nafta súper en el surtidor al 18,6% (julio 2026), que no se destina a las partidas específicas que está previsto.
“$1,35 billones es el monto extra que podría haber gastado la DNV si hubiese gastado el total que le llega por la asignación del ICL ($534 mil millones extra por año). Así, sin implicar transferencias extras del Tesoro —solo con lo que le llega vía ICL— podría haber cubierto el mantenimiento anual de 9.148 km de red vial nacional. Se trata de un cuarto de la red, o más de 2 veces la distancia de Ushuaia a La Quiaca”, dice la investigación.
El Gobierno viene de adjudicar cerca de 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales a través de contratos a 20 años que otorgan buena parte de las tareas de mantenimiento, conservación y operación.
Los corredores incluidos en la Etapa III, la última hasta el momento, atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
El nuevo proyecto, que anticipó el funcionario, buscará ampliar el proceso de privatización de las rutas y sumar otros miles de kilómetros bajo un nuevo esquema en el que la eliminación de impuestos, que incluiría a las provincias y municipios, funcionaría como incentivo para atraer capital privado.
Durante su exposición, Caputo apuntó contra la administración anterior y cuestionó: “Verlos criticar me parece cómico”, en referencia a quienes cuestionan la situación de la infraestructura vial.
La provincia de Entre Ríos sancionó este miércoles una Ley que pone fin a las pensiones vitalicias que sus gobernadores y vicegobernadores cobraban tras cumplir sus mandatos. Rogelio Frigerio, el actual mandatario provincial e impulsor de la iniciativa y su vice, Alicia Aluani, serán los primeros funcionarios alcanzados por la medida.
La propuesta, que había sido enviada por Frigerio al Congreso provincial al inicio de su gestión y ya había pasado por Senadores, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y derogó la Ley 4.506, vigente desde 1965, que otorgaba a los titulares del Ejecutivo provincial una pensión equivalente al 75% de sus sueldos una vez que terminaban su período de gobierno.
“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores”, anunció al respecto Frigerio este miércoles, y confirmó que tanto él como su vice serán los primeros alcanzados por la decisión.
“Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, indicó además el mandatario provincial. Desde el ejecutivo provincial indicaron además que la medida se encuadra dentro de una agenda de reducción del gasto político, transparencia y transformación institucional que el Gobierno provincial puso en marcha desde que asumió, en diciembre de 2023.
Por su parte, Aluari aplaudió la derogación de la ley que les otorgaba pensiones vitalicias a los titulares del Ejecutivo provincial y sostuvo que la decisión “reafirma la igualdad ante la ley”. “Si pedimos esfuerzo y responsabilidad, tenemos que empezar por nosotros mismos”, apuntó a través de X.
SE TERMINARON POR LEY LAS JUBILACIONES DE PRIVILEGIO EN ENTRE RÍOS
Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. @AliciaAluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos.…
En el marco de las políticas de reducción de gastos, el Gobierno provincial ya había recortado prácticamente a la mitad los cargos políticos, a la vez que eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron además otras medidas impulsadas por el oficialismo local, tales como la eliminación de gastos reservados, el avance sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, la reducción en las adscripciones y la puesta en marcha de herramientas para transparentar la nómina, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
La ley sancionada este miércoles, apuntaron desde el Gobierno provincial, se convirtió en una nueva medida de la agenda para reducir los privilegios asociados al ejercicio de la función pública.
“Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo“, sostuvo Frigerio al respecto este miércoles.
Después de más de seis décadas de vigencia, un beneficio que garantizaba un ingreso de por vida a las máximas autoridades provinciales dejó de existir en Entre Ríos. La Legislatura sancionó este miércoles una norma que alcanza, en primer término, a quienes impulsaron el proyecto desde la gobernación.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva a la derogación de la Ley 4.506, una norma que regía desde 1965 y que establecía una pensión vitalicia equivalente al 75% de la remuneración para quienes hubieran ocupado los cargos de gobernador o vicegobernador. La votación se resolvió con 30 votos afirmativos y ningún voto en contra, tras el tratamiento previo en ambas cámaras del Poder Legislativo provincial.
La iniciativa había sido enviada por el gobernador Rogelio Frigerio al inicio de su gestión, como parte de un conjunto de compromisos orientados a reducir los privilegios asociados al ejercicio de la función pública. Con la sanción de la nueva ley, tanto Frigerio como la vicegobernadora Alicia Aluani quedan directamente comprendidos por la medida: serán, según se informó, el primer gobernador y la primera vicegobernadora en completar su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio que hasta ahora contemplaba la norma derogada.
“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, señaló Frigerio luego de la sanción, a través de su cuenta de la red social X.
En esa misma publicación, el mandatario provincial agregó una definición que sintetiza el sentido político de la medida: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”. Y completó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
La derogación de la Ley 4.506 no es una medida aislada, sino que se inscribe en una agenda que el Gobierno de Entre Ríos puso en marcha desde diciembre de 2023. En ese período, la gestión provincial redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. A esas decisiones se sumó el fin de los gastos reservados y distintas medidas vinculadas con los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, además de una reducción en las adscripciones de personal.
En paralelo, la provincia impulsó herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios. El paquete de reformas incluyó también la reforma política y electoral, la implementación de la Boleta Única de Papel y la sanción de la Ley de Transición de Gobierno, junto con otras iniciativas orientadas a la ética pública y el acceso a la información.
Con la eliminación de las pensiones vitalicias, la administración de Frigerio consolidó uno de los puntos centrales de la agenda que se planteó al asumir la gobernación. La norma deroga un régimen que llevaba 61 años de vigencia y establece, de manera expresa, que el ejercicio de los cargos de gobernador o vicegobernador ya no generará por sí mismo el derecho a una pensión vitalicia en la provincia de Entre Ríos.
El Gobierno de Uruguay decidió reubicar la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyectaba construir en el departamento de Paysandú, frente a la costa de Colón, Entre Ríos. La decisión fue tomada por el presidente Yamandú Orsi luego de los cuestionamientos planteados por la Argentina y quedó confirmada este miércoles 2 durante un encuentro entre los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno.
Mario Lubetkin
“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, confirmó Lubetkin al informar la decisión. El anuncio se produjo en Montevideo, en el marco de la agenda bilateral que ambos países mantuvieron durante la reunión de cancilleres del Mercosur.
La definición uruguaya respondió a los reclamos de autoridades argentinas, especialmente de Entre Ríos y de la ciudad de Colón, que habían advertido sobre el impacto que podía generar la ubicación original del emprendimiento. Entre las objeciones se encontraba la denominada contaminación visual, además de la preocupación por eventuales consecuencias sobre las actividades económicas y turísticas de la zona.
Desde la Cancillería argentina habían seguido el proyecto de cerca durante los últimos meses. En mayo, Quirno había viajado a Montevideo acompañado por el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Colón, José Luis Walser, para plantear formalmente las inquietudes argentinas. En esa oportunidad, ambos gobiernos habían acordado continuar analizando alternativas para la localización del emprendimiento.
Una inversión millonaria que seguirá en Paysandú
La relocalización no implicó queUruguaydesistiera del proyecto. La planta continuará dentro del departamento de Paysandú, aunque en una ubicación más alejada de la frontera y de la costa argentina.
El emprendimiento de HIF Global contempla una inversión estimada en US$5.385 millones, lo que lo convertiría en uno de los proyectos privados más importantes de la historia uruguaya. La iniciativa apunta a producir hidrógeno verde y utilizarlo junto con dióxido de carbono para elaborar combustibles sintéticos destinados principalmente a la exportación.
El proyecto original contemplaba la instalación de la planta a unos 15 kilómetros de Paysandú y apenas tres kilómetros de la costa de Colón. El complejo incluía además infraestructura para generación de energía solar y eólica y una capacidad proyectada de hasta 876.000 toneladas de metanol por año.
La alternativa que se había comenzado a analizar contemplaba un predio perteneciente a ANCAP, la empresa estatal uruguaya de combustibles. Según información conocida durante las negociaciones, el terreno contaba con ventajas para el desarrollo industrial debido a su infraestructura y a su conexión con energía, rutas y vías ferroviarias.
La decisión también permitió evitar que el conflicto derivara en una disputa diplomática de mayor alcance. El antecedente de Botnia había estado presente desde el comienzo de la controversia, debido a que aquella instalación provocó durante años una fuerte confrontación entre Argentina y Uruguay por su impacto ambiental sobre el río Uruguay.
En este caso, ambos gobiernos optaron por mantener abierto el diálogo para evitar una escalada. En noviembre de 2025, las autoridades de ambos países ya habían acordado intercambiar información sobre el proyecto y analizar sus posibles efectos sobre las poblaciones ribereñas.
La controversia también había llegado a la Justicia argentina. Legisladores entrerrianos habían presentado una demanda civil contra el Estado uruguayo y HIF Global para prevenir eventuales daños ambientales vinculados con la instalación del proyecto. El expediente avanzó con medidas de prueba ypedidos de información sobre los posibles efectos de la planta.
Con la decisión de Orsi, el foco quedó puesto ahora en definir la nueva ubicación y las condiciones bajo las cuales avanzará la inversión. Para Argentina, el traslado representa una respuesta al reclamo de las autoridades entrerrianas, mientras que para Uruguay permite preservar un proyecto considerado estratégico sin profundizar las tensiones con uno de sus principales socios regionales.
