Tag: Entre Ríos

  • El “Plan Limón” da sus frutos: Corrientes exporta cítricos industrializados por u$s 8 millones al año

    El “Plan Limón” da sus frutos: Corrientes exporta cítricos industrializados por u$s 8 millones al año

    La cuenca citrícola de Corrientes atraviesa un período de fuerte consolidación económica impulsado por la sinergia entre los programas de fomento estatal y la inversión privada. En plena etapa de zafra, la provincia logra exportar anualmente un volumen estimado de 50 mil toneladas de jugo concentrado y aceites esenciales, lo que representa una inyección de divisas para la región calculada en 8 millones de dólares.

    Con estas variables comerciales, el territorio provincial se posiciona como uno de los proveedores estratégicos de materia prima industrial para los mercados de los Estados Unidos y la Unión Europea.

    El impacto socioeconómico del sector fue evaluado en el terreno por el ministro de Producción provincial, Walter Chávez, y la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, quienes encabezaron una recorrida técnica por las instalaciones de la firma UTE BV S.A., una de las corporaciones agroindustriales que lidera el procesamiento y envasado en la localidad.

    Procesamiento a gran escala y exportación directa

    El complejo fabril, emplazado estratégicamente sobre el kilómetro 5 de la Ruta Provincial N° 27, procesa actualmente un promedio de 250 toneladas diarias de limón.

    La ingeniería de la planta está diseñada para el mercado externo: de su producción anual —la cual oscila en un techo de entre 10 mil y 14 mil toneladas de jugo concentrado—, el 95% se destina de forma directa a la exportación, despachándose en tambores estandarizados de 200 litros.

    Entre la cartera de clientes internacionales de la firma correntina se destaca la multinacional Coca-Cola, que adquiere los jugos y aceites esenciales como insumo base para su línea global de bebidas.

    “Extraemos jugo concentrado y aceite esencial para uso estrictamente industrial, productos que se colocan en un 95% a 98% en el exterior”, precisó Jaime Goncalves, jefe del laboratorio de calidad de la firma. El especialista remarcó que las instalaciones operan dotadas de tecnología de última generación y bajo regímenes de auditorías internacionales permanentes que certifican los estándares de sanidad desde la fase de extracción hasta el sellado del envase.

    El funcionamiento de la planta tiene un fuerte anclaje en el empleo regional. Actualmente genera entre 60 y 80 puestos de trabajo directos —cubiertos por operarios de Bella Vista y de Entre Ríos, donde radica la casa central de la firma—, a lo que se suma un masivo engranaje logístico de transportistas que abastecen las tolvas con fruta proveniente de localidades como Lomas de Vallejos, Tabaí, Tatacuá, Mburucuyá y Pago de los Deseos.

    El impacto del “Plan Limón” en los pequeños productores

    La fisonomía actual del negocio citrícola responde a un esquema de asociacionismo coordinado. “Hoy los productores cosechan la fruta, generan volumen agrupándose y luego entregan el producto a la empresa, que se hace cargo de la totalidad de la logística de traslado. Esto representa un alivio definitivo para los minifundistas que muchas veces tienen severas dificultades para comercializar sus cosechas de forma individual”, analizó el ministro Walter Chavez.

    El funcionario vinculó de manera directa los niveles de productividad con el éxito del Plan Limón, un programa oficial de asistencia técnica y financiera lanzado por la Provincia en el año 2018. La política pública logró alcanzar a 650 de los aproximadamente 1.500 productores citrícolas que operan en el mapa correntino.

    Gracias a este programa, Corrientes cuenta hoy con unas 4.000 hectáreas implantadas y destinadas de forma exclusiva a la producción de limón.

    Debido al ciclo biológico de los frutales, gran parte de los montes cítricos incorporados en las primeras etapas del plan estatal ingresaron ahora en su fase de plena madurez productiva, garantizando un flujo constante y creciente de materia prima para las moliendas industriales.

    Durante el cierre de la jornada de supervisión, la intendenta Noelia Bazzi elogió el perfil de la prestataria: “Es una empresa modelo dentro de nuestra ciudad. Resulta clave para nosotros no solo por la mano de obra genuina que genera, sino también por el valor agregado y el procesamiento industrial que le brinda a la producción primaria en origen”.

    La jefa comunal ponderó la articulación mixta al concluir que “en el acompañamiento del Estado y la sinergia público-privada está la base para el futuro económico de nuestra provincia”.

  • Hubo un femicidio cada 35 horas en lo que va del 2026 y el 60% de los casos fue cometido por un ex o una pareja

    Hubo un femicidio cada 35 horas en lo que va del 2026 y el 60% de los casos fue cometido por un ex o una pareja

    Susana Chávez / Ni una menos

    En medio de la conmoción que despertaron los femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Carolina Romero en Temperley (Buenos Aires), la organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtió que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 casos en el país.

    De acuerdo con los datos relevados con motivo del 11° aniversario desde que se gestó el movimiento Ni Una Menos, un femicidio se comete cada 35 horas. Incluso, destacaron que el 60% de estos asesinatos fueron cometidos por la pareja, ex pareja o un familiar de la víctima.

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    La estadística, que abarcó el periodo entre el 1 de enero y el 30 de mayo, reveló la persistencia de la violencia de género en el país. Así, en menos de seis meses, se identificaron 80 femicidios directos, 5 vinculados, 3 transfemicidios/travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 1 crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

    Desde Mumalá aclararon que todavía habría 14 casos en investigación, junto con un universo de 420 casos que fueron calificados como intentos de femicidio. En línea con esto, advirtieron que, desde 2015, se contabilizaron un total de 3.096 femicidios.

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    A once años del primer Ni Una Menos, registraron más de 3.000 casos (Mumalá)

    Al mismo tiempo que destacaron que el 60% de las víctimas fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar, apuntaron que el 67% de ellas fueron asesinadas en sus viviendas. Además, se conoció que el 40% eran madres, lo que dejó al menos a 73 niños, niñas y adolescentes sin su madre.

    Respecto al perfil de las víctimas, se observó que la edad promedio fue de 39 años. Sin embargo, entre las víctimas, también identificaron a 10 que eran adultas mayores de 60 años y 10 eran niñas o adolescentes menores de 18.

    Incluso, destacaron que al menos una de las víctimas estaba embarazada, mientras que el 7% de ellas había permanecido desaparecida antes de ser hallada sin vida. Asimismo, indicaron que el 75% de las víctimas había denunciado a sus agresores, el 19% contaba con orden de restricción y el 12% disponía de botón antipánico.

    El perfil de los femicidas

    Según el informe de Mumalá, en la mayoría de los casos existía un vínculo previo. A la vez que reiteraron que el 60% era una pareja, ex pareja o un familiar de la víctima, destacaron que el 32% convivía con ellas al momento de cometerse el crimen.

    Dentro de ese espectro, resaltaron que el 32% de los femicidas se dieron a la fuga tras haber consumado el crimen y que, de ese porcentaje, un 18% de los agresores todavía no logró ser localizado por las autoridades. Además, apuntaron que el 16% se suicidó y otro 9% intentó hacerlo, pero no tuvo éxito.

    Al mismo tiempo que se dio a conocer que el 10% tenía antecedentes penales, subrayaron que el 6% pertenecía a una fuerza de seguridad. Asimismo, el 5% de los agresores asesinó a una tercera persona durante el femicidio.

    Me Too medieval

    En cuanto a la modalidad de los crímenes, el 32% de los femicidios se perpetró con arma de fuego, el 24% con arma blanca, el 13% mediante asfixia, el 11% por golpes y el 7% con otros métodos. El resto de los casos, es decir, el 13%, no especificó la modalidad.

    Las provincias con las tasas de femicidios más altas

    1. Chubut: 1,1%
    2. Jujuy: 0,7%
    3. Salta: 0,7%
    4. Santiago del Estero: 0,6%
    5. Catamarca: 0,6%
    6. Neuquén: 0,6%
    7. Río Negro: 0,6%
    8. Chaco: 0,5%
    9. Corrientes: 0,5%
    10. Formosa: 0,5%
    11. La Rioja: 0,5%
    12. Santa Fe: 0,5%
    13. Santa Cruz: 0,5%
    14. Entre Ríos: 0,5%
    15. Córdoba: 0,7%
    16. San Juan: 0,3%
    17. Mendoza: 0,4%
    18. Misiones: 0,4%
    19. Buenos Aires: 0,4%
    20. Tucumán: 0,4%
    21. San Luis: 0,4%
    22. Tierra del Fuego: 0,7%
    23. La Pampa: 0%
  • Hubo 105 femicidios cada 35 horas en lo que va del 2026 y el 60% de los casos fue cometido por un ex o una pareja

    Hubo 105 femicidios cada 35 horas en lo que va del 2026 y el 60% de los casos fue cometido por un ex o una pareja

    En medio de la conmoción que despertaron los femicidios de Agostina Vega en Córdoba, Dulce María Candia en Misiones y Noelia Carolina Romero en Temperley (Buenos Aires), la organización feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) advirtió que en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 casos en el país.

    De acuerdo con los datos relevados con motivo del 11° aniversario desde que se gestó el movimiento Ni Una Menos, un femicidio se comete cada 35 horas. Incluso, destacaron que el 60% de estos asesinatos fueron cometidos por la pareja, ex pareja o un familiar de la víctima.

    La estadística, que abarcó el periodo entre el 1 de enero y el 30 de mayo, reveló la persistencia de la violencia de género en el país. Así, en menos de seis meses, se identificaron 80 femicidios directos, 5 vinculados, 3 transfemicidios/travesticidios, 5 suicidios feminizados, 12 homicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado, 1 crimen de odio y 5 muertes violentas asociadas al género.

    Desde Mumalá aclararon que todavía habría 14 casos en investigación, junto con un universo de 420 casos que fueron calificados como intentos de femicidio. En línea con esto, advirtieron que, desde 2015, se contabilizaron un total de 3.096 femicidios.

    A once años del primer Ni Una Menos, registraron más de 3.000 casos (Mumalá)

    Al mismo tiempo que destacaron que el 60% de las víctimas fue asesinada por su pareja, ex pareja o un familiar, apuntaron que el 67% de ellas fueron asesinadas en sus viviendas. Además, se conoció que el 40% eran madres, lo que dejó al menos a 73 niños, niñas y adolescentes sin su madre.

    Respecto al perfil de las víctimas, se observó que la edad promedio fue de 39 años. Sin embargo, entre las víctimas, también identificaron a 10 que eran adultas mayores de 60 años y 10 eran niñas o adolescentes menores de 18.

    Incluso, destacaron que al menos una de las víctimas estaba embarazada, mientras que el 7% de ellas había permanecido desaparecida antes de ser hallada sin vida. Asimismo, indicaron que el 75% de las víctimas había denunciado a sus agresores, el 19% contaba con orden de restricción y el 12% disponía de botón antipánico.

    Según el informe de Mumalá, en la mayoría de los casos existía un vínculo previo. A la vez que reiteraron que el 60% era una pareja, ex pareja o un familiar de la víctima, destacaron que el 32% convivía con ellas al momento de cometerse el crimen.

    Dentro de ese espectro, resaltaron que el 32% de los femicidas se dieron a la fuga tras haber consumado el crimen y que, de ese porcentaje, un 18% de los agresores todavía no logró ser localizado por las autoridades. Además, apuntaron que el 16% se suicidó y otro 9% intentó hacerlo, pero no tuvo éxito.

    Al mismo tiempo que se dio a conocer que el 10% tenía antecedentes penales, subrayaron que el 6% pertenecía a una fuerza de seguridad. Asimismo, el 5% de los agresores asesinó a una tercera persona durante el femicidio.

    Me Too medieval

    En cuanto a la modalidad de los crímenes, el 32% de los femicidios se perpetró con arma de fuego, el 24% con arma blanca, el 13% mediante asfixia, el 11% por golpes y el 7% con otros métodos. El resto de los casos, es decir, el 13%, no especificó la modalidad.

    1. Chubut: 1,1%
    2. Jujuy: 0,7%
    3. Salta: 0,7%
    4. Santiago del Estero: 0,6%
    5. Catamarca: 0,6%
    6. Neuquén: 0,6%
    7. Río Negro: 0,6%
    8. Chaco: 0,5%
    9. Corrientes: 0,5%
    10. Formosa: 0,5%
    11. La Rioja: 0,5%
    12. Santa Fe: 0,5%
    13. Santa Cruz: 0,5%
    14. Entre Ríos: 0,5%
    15. Córdoba: 0,7%
    16. San Juan: 0,3%
    17. Mendoza: 0,4%
    18. Misiones: 0,4%
    19. Buenos Aires: 0,4%
    20. Tucumán: 0,4%
    21. San Luis: 0,4%
    22. Tierra del Fuego: 0,7%
    23. La Pampa: 0%

  • Revuelo por la candidata vetada. Bullrich le ofreció su renuncia a Milei y el bloque quedó en estado de deliberación

    Revuelo por la candidata vetada. Bullrich le ofreció su renuncia a Milei y el bloque quedó en estado de deliberación

    La decisión del presidente Javier Milei de aplicar un veto a la candidatura a jueza de María Verónica Michelli por ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de LA NACION que investigó el caso $LIBRA, generó una polémica que amenaza con alcanzar ribetes escandalosos. El tema incluso puede llegar a intoxicar la relación con las fuerzas opositoras dialoguistas que, hasta ahora, mostraron su disposición a ayudar al Poder Ejecutivo en el Senado.

    La decisión de la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), que anunció que se negaba a cumplir con la orden de la Casa Rosada de rechazar la nominación de Michelli, cayó como una bomba de profundidad en la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

    Desde el lunes, el bloque oficialista quedó en estado de deliberación.

    María Verónica Michelli
    María Verónica MichelliComunicación Senado

    Por lo pronto, el primer síntoma de la conmoción provocada por la senadora es que se disparó un cruce de facturas y reproches dentro del oficialismo del que no se salva nadie, que va desde Javier Milei hasta el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), pasando por la propia Bullrich, la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

    Según pudo reconstruir LA NACION, la jefa de la bancada les adelantó solo unos minutos antes a los senadores la postura que iba a hacer pública en la red social X.

    Casi en los mismos términos del posteo, les contó a los legisladores que iba a votar en contra del retiro del pliego de Michelli y que ya había hablado del tema con el Presidente.

    Pero precisó algunos detalles más, que no ventiló en X y que le dijo al Presidente en su conversación. Por ejemplo, justificó su decisión en el hecho de que “hay todo un electorado que necesita gestos republicanos”.

    Además, destacó que el veto a una postulante por ser pariente de una persona, encima un periodista, no era algo que ayudara “en momentos en que tenemos que levantar la imagen y reconstruir al votante” de La Libertad Avanza.

    Karina Milei y Patricia Bullrich hace un mes, en el estreno de la obra ¿Qué Somos?, donde actuaba Guillermo Yanco, marido de Bullrich
    Karina Milei y Patricia Bullrich hace un mes, en el estreno de la obra ¿Qué Somos?, donde actuaba Guillermo Yanco, marido de BullrichGerardo Viercovich

    Al menos dos de las fuentes consultadas por LA NACION leyeron en este último mensaje una crítica velada al desgaste que enfrenta Javier Milei por las correrías patrimoniales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la decisión de Karina Milei de sostenerlo en el cargo contra viento y marea.

    Si bien la conversación de Bullrich con Milei habría sido en tono pacífico, no estuvo exenta de tensión, ya que la senadora le habría puesto a disposición su renuncia a la jefatura de la bancada, la que el jefe del Estado rechazó.

    Por lo pronto, no hay versiones ni señales que hablen de una salida de Bullrich de la conducción de la bancada, con la que recién podrá verse cara a cara este miércoles, cuando vuelva de un viaje a Mendoza que emprendió para participar de una conferencia sobre ciberseguridad.

    No obstante, el anticipo de su voto en contra de los deseos del Presidente en el chat de los senadores de La Libertad Avanza no pasó desapercibido.

    “Algunos, cuatro o cinco, la apoyaron, y una senadora manifestó su diferencia con la postura de Patricia; los demás nos quedamos en silencio”, le contó a LA NACION uno de los testigos del diálogo.

    Los que ya se daba por descontado que iban a apoyar fueron los cordobeses Carmen Álvarez Rivero, que militó en Pro junto con Bullrich, y Luis Juez, aliado del oficialismo que juega como líbero a pesar de haberse integrado al bloque oficialista.

    La voz crítica, aunque con mucha diplomacia según las fuentes consultadas, fue Nadia Márquez (Neuquén), quien habría planteado la idea de que todos estaban ahí gracias a Javier Milei y que, por lo tanto, tendrían que seguir las órdenes del jefe del Estado.

    Patricia Bullrich
    Patricia BullrichMario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

    La senadora neuquina y pastora evangelista, junto con María Eugenia Orozco (Salta) y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), integran el grupo de “ultras” leales a los hermanos Milei.

    El otro aliado de la Casa Rosada es el riojano Pagotto, quien cumpliendo órdenes de Karina Milei mantiene retenido en la Comisión de Acuerdos el dictamen de Michelli, a pesar de que tiene las firmas necesarias para quedar habilitado para su tratamiento en el recinto.

    “Si presentaba el despacho, nada de esto hubiera pasado”, se quejó un compañero del bloque.

    Los interrogantes

    La rebeldía de Bullrich abre la puerta a muchos interrogantes y dudas al interior del oficialismo de la Cámara alta.

    “¿Esto significa que ahora yo puedo votar en contra de la Ley Hojarasca porque me parece una estupidez que [el ministro de Desregulación, Federico] Sturzenegger quiere derogar la ley del Lobizón (el Presidente como padrino del séptimo hijo varón), que a mí me parece buena porque es una tradición sostenida por años?”, se preguntó un miembro de la bancada que, aclaró, en lo personal comparte la postura de Bullrich. “Pero esto es un bloque político”, agregó.

    “Creo que ella jugó, dio un mensaje que va más allá de los pliegos”, comentó otro legislador, que advierte una agenda encubierta, con proyección electoral al 2027, en la movida que hizo Bullrich con el caso Michelli.

    Los cuestionamientos

    En el sector del bloque que apoya a Bullrich apuntaron sus cañones a la Casa Rosada. Uno de los cuestionados es el ministro Mahiques, a quien responsabilizan por no haber peinado la lista de candidatos para evitarle estos problemas a Milei. “Ni siquiera hacía falta que movieran el aparato de inteligencia; con googlear los nombres o preguntarle a ChatGPT antes de enviar los pliegos le habrían ahorrado al Presidente este problema”, se quejó un legislador libertario.

    En un despacho de trato frecuente con la jefa del bloque comentaron que Bullrich había planteado la semana pasada en la mesa política que era inconveniente pedir el retiro del pliego de Michelli, como ya lo había hecho el Gobierno, porque no hacía más que darle más visibilidad al tema, ya que el pedido debía votarse en el recinto.

    “No es así, el ministro de Justicia nos dijo que no hace falta votarlo”, cuentan los aliados de Bullrich que le respondieron.

    Siempre según esta versión, la senadora habría replicado diciéndoles que la votación de los retiros estaba establecida en el Reglamento del Senado, a pesar de lo cual siguieron sin contemplar sus objeciones.

  • Milei aumentó el giro de transferencias no automáticas a las provincias: el detalle

    Milei aumentó el giro de transferencias no automáticas a las provincias: el detalle

    El Gobierno nacional transfirió un total de $160.265 millones a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante mayo de 2026 en concepto de transferencias no automáticas.

    Aunque la cifra global representa una caída del 43,8% en términos reales respecto al mismo mes de 2025, el flujo de recursos hacia las 23 provincias marcó un incremento del 7,8% una vez que se retira del cálculo el distrito porteño.

    Esta divergencia en las estadísticas responde al cese de los giros de fondos hacia la Capital Federal que no obedece a un recorte de partidas corrientes, sino a una modificación en el mecanismo de cancelación de la deuda por coparticipación que la Nación mantiene con ese distrito tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

    Los datos corresponden a un informe de la consultora Politikón Chaco, que procesó Agencia Noticias Argentinas. El motivo técnico de la exclusión de CABA radica en un convenio financiero reciente. 

    El Gobierno nacional y las autoridades porteñas acordaron que la deuda pendiente por la medida cautelar de la Corte “se saldará vía Bonos del Estado Nacional y no vía transferencias como se realizó durante gran parte de 2025”.

    De esta manera, el distrito dejó de recibir efectivo por esta vía, afectando el promedio general de envíos discrecionales. En cuanto al destino de los fondos, tres áreas concentraron el 83% de los desembolsos totales del mes.

    El programa de Universalización de la Jornada Extendida recibió $ 64.735 millones (40% del total), seguido por las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales con $ 47.167 millones (29%) y los fondos para Comedores Escolares con $ 20.844 millones (13%).

    Los giros destinados a las jubilaciones provinciales mostraron un alza debido a la firma de nuevos convenios entre los distritos y el Estado central.

    Mientras que en enero solo tres provincias contaban con acuerdos vigentes, en mayo la nómina se amplió a ocho: Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén.

    En este marco, el informe destaca que “el valor transferido en mayo por Cajas Previsionales Provinciales es el más alto en la era Milei, con la sola excepción de diciembre 2025”.

    En el reparto por territorio, la provincia de Buenos Aires lideró la recepción con $ 53.366 millones (33,3% del total), seguida por Santa Fe con $ 20.174 millones (12,6%) y Córdoba con $ 14.317 millones (8,9%).

    En el extremo opuesto, Santa Cruz y San Luis fueron las jurisdicciones que menos recursos percibieron, con menos de $ 500 millones cada una. Por otro lado, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no registraron ninguna distribución de fondos durante el periodo analizado.

  • Diego Santilli confirmó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral: “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares”

    Diego Santilli confirmó que el Gobierno avanzará con la reforma electoral: “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares”

    Diego Santilli se refirió a las PASO

    El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con la reforma electoral que impulsa la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta 250 millones de dólares, eso es algo que nos cuesta mucho a los argentinos”. La declaración se produjo en la antesala de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde Santilli compartió agenda con gobernadores de distintas provincias.

    El titular del Ministerio del Interior ratificó el respaldo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y remarcó que la decisión responde tanto a un criterio de austeridad fiscal como a la percepción de un desinterés social creciente por participar en varias instancias electorales. “La gente no quiere votar tantas veces”, sostuvo Santilli, quien vinculó la baja participación en comicios recientes a la saturación de convocatorias a las urnas.

    El funcionario afirmó que, de mantenerse el esquema actual, el año próximo habría PASO provinciales para cargos de gobernador en distritos que adelanten elecciones, PASO presidenciales y la elección general. En su opinión, ese cronograma resultaría excesivo para el electorado y para el presupuesto público. “La gente no quiere votar cuatro o cinco veces en las elecciones”, concluyó.

    El proyecto de reforma, ya remitido al Congreso, propone eliminar las PASO con el objetivo de simplificar el calendario electoral y reducir los costos asociados. Santilli aseguró que, de concretarse la medida, la Argentina podría ahorrar una suma considerable que hoy se destina a la organización de estos comicios.

    Hace poco más de un mes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, manifestó su apoyo al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionando el gasto que este sistema representa para el Estado. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada, Frigerio afirmó que “el objetivo es reducir costos y aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

    De regreso a su provincia, Frigerio enfatizó en una entrevista con Canal Once que la situación económica actual exige prudencia en el uso de los recursos públicos: “Si nos cuesta tanto el mango, hay que cuidarlo”.

    El mandatario consideró que la discusión sobre la continuidad de las PASO es necesaria y planteó la conveniencia de debatir la frecuencia de los comicios y el financiamiento de las campañas políticas. “Yo creo que todo tiene que estar en debate. ¿Por qué no nos ponemos a debatir si realmente es necesario destinar esos millones y millones de pesos de los contribuyentes a pagarle a cada espacio político la consulta sobre cuáles son los candidatos que tiene que poner en la cancha?”, expresó.

    En tanto, el senador Maximiliano Abad, referente de la Unión Cívica Radical (UCR), rechazó la eliminación de las PASO y defendió su vigencia como mecanismo transparente de selección de candidaturas. En declaraciones a Infobae en Vivo, Abad sostuvo que “al suprimir las elecciones primarias, solamente las cúpulas políticas decidirían los candidatos”, por lo que insistió en la necesidad de mantener la participación ciudadana y el control judicial en el proceso.

    Abad reconoció que el sistema de las PASO es perfectible y apoyó la modernización del sistema electoral, pero advirtió que “hoy no hay acuerdo ni consenso para eliminar la PASO”. Propuso, entre otras alternativas, que solo se realicen primarias en aquellos casos donde existan internas reales, para evitar gastos innecesarios y movilización de recursos sin justificación.

  • Biocombustibles: Javier Milei activa el debate en el Senado con apoyo de las petroleras y tensión con las pymes

    Biocombustibles: Javier Milei activa el debate en el Senado con apoyo de las petroleras y tensión con las pymes

    El presidente Javier Milei y la Casa Rosada activaron en el Senado el debate por una nueva Ley de Biocombustibles, una iniciativa que persigue un doble objetivo: contribuir a moderar la presión sobre el precio de las naftas en un contexto de incertidumbre internacional por el conflicto en Medio Oriente y, al mismo tiempo, responder a un reclamo histórico de gobernadores y aliados provinciales vinculados a la producción agroindustrial.

    El proyecto, presentado el pasado 14 de mayo por la senadora Patricia Bullrich, propone elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, mientras que en el caso del biodiésel aumenta la mezcla obligatoria en el gasoil hasta el 10%.

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    Sin embargo, las principales dudas aparecen en torno al capítulo de biodiésel. Las empresas pymes no integradas advierten que podrían verse perjudicadas por el esquema de mayor apertura y liberalización que impulsa la iniciativa. Actualmente existen unas 25 pymes productoras de biocombustibles en el país, concentradas principalmente en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

    Petroleras y refinadoras, entre los beneficiados

    A diferencia de debates anteriores, en los que los proyectos de biocombustibles generaban fuertes resistencias por parte del sector hidrocarburífero, esta vez las principales empresas refinadoras observan la iniciativa con buenos ojos.

    Según pudo averiguar PERFIL, la definición amplia y flexible de “biocombustibles” incluida en los fundamentos del proyecto abre la puerta para que las propias compañías petroleras puedan desarrollar tecnologías y procesos que les permitan participar del negocio de los combustibles renovables.

    En otras palabras, además de incrementar la demanda de bioetanol y biodiésel, el texto permitiría que las refinadoras encuentren nuevas oportunidades de negocio dentro de la transición energética, motivo por el cual el sector habría dado su visto bueno al inicio del debate parlamentario.

    El aval político de Milei

    Un dato político relevante es que el proyecto fue conversado previamente en la Casa Rosada. Fuentes consultadas señalaron que fue la propia Bullrich quien solicitó autorización para firmar y presentar la iniciativa, una decisión que finalmente contó con el aval del presidente Milei.

    Milei en LATAM Economic Forum

    De esta manera, el oficialismo comenzará a discutir una reforma que promete generar impacto en toda la cadena agroindustrial y energética.Las comisiones encargadas del tratamiento serán las de Minería, Energía y Combustibles, presidida por el senador catamarqueño Flavio Fama, y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Agustín Monteverde.

    Como parte de los acuerdos internos del oficialismo, trascendió que Flavia Royón (Salta) ocupará la vicepresidencia primera de la comisión de Energía, mientras que Pablo Cervi (Neuquén) será designado secretario.

    División en el peronismo

    Hasta la semana pasada, el proyecto no figuraba entre las prioridades del peronismo, que ahora enfrenta una discusión interna con intereses provinciales contrapuestos.

    Por un lado, las provincias del norte vinculadas a la producción de caña de azúcar observan con interés la ampliación del mercado para el bioetanol. Por otro, provincias del centro como La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe analizan el impacto que la reforma podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.

    La discusión podría reabrir diferencias dentro de Unión por la Patria, históricamente atravesada por intereses regionales divergentes en materia energética y agroindustrial.

    Carbio celebra, las pymes alertan sobre concentración

    La iniciativa fue recibida con entusiasmo por la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a las grandes empresas exportadoras del sector.

    La entidad recordó que la industria sufrió un duro golpe cuando Estados Unidos cerró su mercado al biodiésel argentino en 2017, durante la administración de Donald Trump, mediante la aplicación de aranceles antidumping y compensatorios. A ello se suman las crecientes restricciones ambientales impulsadas por la Unión Europea, que amenazan el futuro de las exportaciones vinculadas a la soja.

    “El nuevo proyecto nos llevará a un esquema de competencia que premia la inversión y la eficiencia”, sostuvo Carbio en un comunicado, donde además calificó de “absurdo” al esquema vigente por beneficiar a un grupo reducido de empresas.

    En la vereda opuesta, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) denunció que el proyecto favorece una mayor concentración del mercado y señaló como potenciales beneficiarias a compañías como Cargill, Bunge, AGD y Molinos Agro.

    Tecnología Flex y el “quinto surtidor”

    La iniciativa también incorpora herramientas orientadas a ampliar el uso de combustibles renovables. Entre ellas se destaca la denominada tecnología Flex, que permite que los motores puedan operar con combustibles que contienen porcentajes más elevados de bioetanol.

    Asimismo, se habilita el denominado “quinto surtidor”, una alternativa opcional para los consumidores que ofrecería combustibles con una participación mucho mayor de biocombustibles que la actualmente obligatoria.

    PV/fl

  • Caso Kueider: el Procurador recomendó a la Corte rechazar que la investigación se concentre en la Justicia Federal

    Caso Kueider: el Procurador recomendó a la Corte rechazar que la investigación se concentre en la Justicia Federal

    El procurador Eduardo Casal emitió un dictamen donde le sugiere a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechace el pedido del Juzgado Federal de San Isidro de quedarse en exclusiva con la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exsenador Edgardo Kueider.

    La jueza Sandra Arroyo Salgado había presentado un pedido de inhibitoria contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. El titular es Ives Bastián. Allí también se lleva adelante una pesquisa contra el exsenador. El reclamo de la magistrada era que la justicia entrerriana frene y remita todo lo actuado a su despacho. Pero Bastián lo rechazó. La Cámara provincial lo avaló.

    La puja llegó a la Corte. Allí deberá definirse si la investigación tramitará en uno u otro juzgado. Frente a esta disyuntiva, Casal propuso una salida sinuosa.

    En primer lugar, consideró que el delito por el que se investiga a Kueider en ambos estrados es el mismo: enriquecimiento ilícito. Pero evaluó que en San Isidro y en Concordia el zoom está en épocas distintas. El Juzgado Federal centró su investigación a partir de abril de 2019. La Justicia entrerriana recortó un lapso que va de 1999 a 2019, período en el cual Kueider fue funcionario municipal de Concordia y luego del Gobierno provincial.

    Por eso entendió que no debía concentrarse en San Isidro la causa. La solución de Casal es que cada Juzgado siga avanzando. Pero cargó en la Justicia entrerriana la responsabilidad de vigilar que no se viole el principio «ne bis in idem», que resguarda a las personas para no ser juzgadas dos veces por el mismo hecho.

    Casal emitió el dictamen el 28 de mayo. El expediente, ahora, pasará a los ministros de la Corte. Pero como la opinión del Procurador no es vinculante, podrán tomar ese camino u otro distinto.

    Lo que está en juego es más que una cuestión de jurisdicción. Mientras que Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez mostraron hiperactividad en la pesquisa, Bastián y el fiscal entrerriano José Arias tienen el legajo casi paralizado. Fue el Juzgado Federal el que solicitó la extradición de Kueider al Paraguay. Y el que envió a juicio a la banda que actuaba con él.

    En el dictamen de seis fojas, Casal realizó una reconstrucción de las posiciones de Arroyo Salgado y Bastián.

    Luego, fue dejando sus conclusiones que remataron en la sugerencia de negar que San Isidro concentre la investigación.

    “Un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”, razonó. “En el caso de que sean ilícitas, puede tratarse de conductas realizadas por el funcionario público en cualquier momento, de manera simultánea o sucesiva, y adecuadas a distintas figuras penales”, agregó. Por lo tanto “no parece aconsejable, en esta etapa inicial del proceso, cercenar el alcance de la investigación que la justicia provincial está llevando a cabo“, razonó.

    Casal estimó “comprensible” la inquietud de la jueza federal por el riesgo de doble juzgamiento. En la argumentación de la magistrada, esto podría ocurrir si continúan las dos investigaciones judiciales paralelas.

    Edgardo Kueider contando dinero en efectivo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos

    El Procurador evaluó en el marco teórico de Arroyo Salgado “el enriquecimiento ilícito es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial”.

    La magistrada sostiene la hipótesis de que el crecimiento del patrimonio de Kueider podría estar relacionado con el pago de coimas por parte de Securitas. Las autoridades de la firma de seguridad multinacional denunciaron esa práctica en su filial argentina. Una de las empresas comprometidas en la maniobra es la estatal eléctrica entrerriana Enersa. El exsenador, mientras fue Secretario General de la Gobernación, representó a las acciones del Gobierno en la firma.

    Los referentes de Securitas en Entre Ríos vivían en el mismo edificio de lujo donde Kueider tenía departamentos y cocheras. Los inmuebles estaban a nombre de Betail SA. Arroyo Salgado considera a la firma como una mascarada para tapar el incremento injustificado de bienes.

    El titular de la Procuración estimó que no es un planteo prematuro de inhibitoria “el remedio adecuado” a un posible doble juzgamiento.

    A renglón seguido, estimó que la tramitación del conflicto de competencia “ha cumplido, a su manera, como una fehaciente puesta en conocimiento” del Juzgado de Bastián “de lo que es materia de juzgamiento en el fuero federal”.

    “Ahora incumbe al magistrado provincial, en tanto juez de garantías, evitar, en su caso, la lesión del principio «ne bis in idem»”, sostuvo.

    Sobre este punto, acotó: “A medida que la averiguación arroje mayor claridad y precisión, (Bastián deberá) juzgar si se da la triple identidad de hecho, persona y causa”, los tres puntales sobre los que se basa el doble juzgamiento.

    Asimismo, consideró que esto se da “sin mengua de la facultad que asiste a las partes interesadas de ejercer las vías procesales que estimen pertinentes para hacer valer su derecho”.

    Las defensas de los imputados en la causa entienden que este punto abre las puertas a que puedan plantear que el caso se subsuma en el Juzgado de Entre Ríos. Es que, hasta el momento, Arroyo Salgado pidió la inhibitoria de Bastián, pero no ocurrió lo inverso. Entienden que la recomendación de Casal se circunscribió a negar el pedido de la jueza federal porque nadie solicitó que toda la investigación pase al Juzgado de Garantías de Concordia.

  • Javier Milei blinda pax con gobernadores y plancha al gabinete aferrado al Mundial 2026

    Javier Milei blinda pax con gobernadores y plancha al gabinete aferrado al Mundial 2026

    Javier Milei reaparecerá este martes ante el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en la semana previa al inicio del Mundial 2026 de la FIFA que pondrá a la gestión y las internas de La Libertad Avanza en modo pausa. De hecho, esta semana no está prevista la reunión de gabinete y tampoco hubo convocatoria de la mesa política.

    Sin embargo, antes del inicio del Mundial el jueves 11 de este mes, Manuel Adorni podría finalmente cumplir con la presentación de su declaración jurada en medio de las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Si bien en algunos despachos del Gobierno nacional estiman que sobre el final de esta semana podría haber novedades, el delicado trámite que deberá cumplir el jefe de Gabinete se realizaría lo más cerca posible al primer partido de la selección de Lionel Messi el 16 de junio para evitar que los escándalos patrimoniales del funcionario vuelvan a copar la agenda.

    La Libertad Avanza logró algo de oxígeno ante la opinión publica en las últimas dos semanas. La interrupción del desfile de testigos que complicaban a Adorni frente al fiscal Gerardo Pollicita, el fuego cruzado entre el sector de Santiago Caputo y Martin Menem, sumado al caso policial por la muerte de la joven, le dieron un respiro al ex vocero en la agenda nacional.

    La apuesta de Javier Milei

    Milei se aferra al crecimiento diario de las reservas y a la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos para defender el rumbo económico. En palabras de Luis Caputo, el próximo año la economía le ganaría a la política. Desde algunas provincias aliadas a la Casa Rosada, como Entre Ríos, donde gobierna Rogelio Frigerio, dejan trascender un repunte de la recaudación como “brote verde” de cara al año electoral que se avecina.

    Otro termómetro de la tregua política que se vivirá durante el mes mundialista es la reunión de gobernadores del Norte Grande, anticipada por Ámbito, que se realizará este martes a las 10:00 en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En su último encuentro, en noviembre en Santiago del Estero, este pelotón de 10 mandatarios provinciales había desplegado una amplia y critica agenda de reclamos al gobierno nacional. Desde el recorte de fondos coparticipables, deudas por las cajas previsionales no transferidas y obra pública, entre otros puntos. Tanto que el exgobernador santiagueño Gerardo Zamora había vociferado que saldrían a pedirle una audiencia a Javier Milei para plantearle cara a cara su lista de demandas.

    mesa politica gobierno milei adorni

    Milei busca calmar las aguas dentro del Gabinete.

    Milei busca calmar las aguas dentro del Gabinete.

    El pedido de audiencia de los mandatarios con el Presidente no sólo nunca se concretó. En la orden del día del encuentro de este martes no aparecen reclamos a la Casa Rosada. Apenas el diseño de una “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”. Es que los gobernadores del norte, con la excepción de los peronistas Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y el santiagueño Elías Suárez, aportaron sus votos a partir de acuerdos con Diego Santilli a la iniciativa de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zonas frías y recortar los subsidios energéticos. A cambio de ese apoyo al gobierno de Javier Milei, sería inminente la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía para lograr algún tipo de beneficio en el monto de las tarifas para sus provincias a partir de diciembre, época en la que se inicia la temporada de mayor consumo eléctrico por el calor.

    Tregua con Gobernadores

    El riojano Quintela, uno de los participantes del encuentro de mañana en el CFI y uno de los principales opositores a La Libertad Avanza en la región del Norte Grande graficó el actual momento político de las provincias con el gobierno nacional en los siguientes términos: “El chat de los gobernadores está apagado. El gobierno compra voluntades de los gobernadores dialoguistas. Tenemos un sistema prostitutivo. Compran voluntades que ni siquiera están de acuerdo con lo que van a sancionar y, sin embargo, lo sancionan”. Durante una entrevista agregó en relación a Martin Menem, brazo político de Karina Milei, que “el presidente de la Cámara de Diputados es muy hábil para las compensaciones con los gobernadores. Son beneficios económicos”.

    Con la reforma electoral para eliminar las primarias abiertas y obligatorias empantanada, en La Libertad Avanza se reflota la posibilidad de cerrar acuerdos políticos con los gobernadores aliados para no competirles en 2027. El calendario de desdoblamientos electoral obliga a Karina Milei a intentar que su hermano llegue a las presidenciales de octubre fortalecido con triunfos previos en los comicios provinciales. En esa lógica, “el jefe” sumó a Eduardo “Lule” Menem a las reuniones que Diego Santilli encabeza en la Rosada con los mandatarios provinciales. Encuentros de los que fue excluido Adorni, quien se convirtió en una especie de pianta votos para los gobernadores de cara a sus intentos por reelegir en sus distritos.

    Esta “pax” con los mandatarios provinciales se traduce en la racha positiva que el oficialismo mantiene en el Congreso desde fines del 2025 cuando logró la aprobación del Presupuesto por primera vez en la gestión Milei y también la sanción de la reforma laboral. La semana pasada sumó la votación del cambio del región de “zonas frías” que afectará a 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Desde el Gobierno argumentan que con esta modificación se logra un ahorro fiscal de entre $200 y $460 mil millones de pesos.

    Agenda de La Libertad Avanza para el Mundial 2026

    Con la agenda legislativa como centro de la gestión, uno de los pocos terrenos donde el gobierno nacional logra pisar firme, al proyecto de ley de super RIGI se le sumarán esta semana en el Senado el acuerdo con bonistas por el default de 2001, los proyectos sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada y pliegos judiciales. Una fila de iniciativa destinadas a retomar el control de la agenda con la reforma electoral, Ficha Limpia, Ley Hojarasca; reforma de la Ley de Salud Mental; derogación de la Ley de Etiquetado Frontal; reforma de la Ley de Sociedades; y hasta la Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea.

    Anestesiadas las internas, a la espera de la declaración jurada de Adorni y con el Mundial de la FIFA como telón deportivo para desactivar la agenda política, la Casa Rosada aspira a transitar junio con un respiro en los indicadores económicos, en especial, con una nueva baja del índice de inflación luego de 10n meses consecutivos al alza. Después del fútbol, lo que viene será campaña electoral a manos de un año de la fecha prevista para el cierre de alianzas y la inscripción de candidaturas.

  • Reforma tributaria. El Gobierno evalúa citar a las provincias para explorar un nuevo pacto fiscal

    Reforma tributaria. El Gobierno evalúa citar a las provincias para explorar un nuevo pacto fiscal

    CÓRDOBA.- El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que podría convocar a todos los mandatarios provinciales para acordar una rebaja de Ingresos Brutos y tasas municipales. Sería una suerte de nuevo consenso fiscal. El funcionario evalúa la convocatoria a instancias de un pedido de un gobernador aliado: Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos y excompañero de Caputo durante la gestión de Mauricio Macri.

    La posibilidad de un acuerdo con las provincias se daría después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclame a la Nación una reforma tributaria integral, la que requeriría más de un esquema de coordinación amplio que de un pacto de difícil monitoreo. Los antecedentes de los últimos 30 años muestran que esos acuerdos son muy volátiles.

    “Estamos hablando con algunos gobernadores para hacer esa convocatoria”, le respondió Caputo a LA NACION hace una semana y sostuvo que la idea es avanzar durante este año con la reducción de tributos provinciales -en especial Ingresos Brutos- y municipales que, dijo, representan hoy uno de los principales componentes del “costo argentino”.

    Desde inicios de los ’90, los pactos fiscales entre la Nación y las provincias han sido recurrentes. Funcionan, en muchos casos, como parches a la reforma de fondo que viene demorada desde 1994, cuando la nueva Constitución Nacional ordenó dictar una nueva ley de coparticipación. La normativa actual data de 1988; nació como transitoria en la presidencia de Raúl Alfonsín. En medio de una situación económica crítica, estableció porcentajes fijos de distribución de recursos entre la administración central y los estados subnacionales.

    Con Carlos Menem en la presidencia y Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, los pactos aparecieron como una herramienta para que las provincias corrigieran sus desequilibrios fiscales y la Nación pudiera sostener el modelo de la convertibilidad.

    En 1992, firmaron un acuerdo por el que los gobernadores aceptaron la retracción del 15% de la masa coparticipable para financiar Anses (impactado por la creación de las AFJP), asumían compromisos de disciplina fiscal y se comprometían a reformas administrativas y previsionales. A cambio, la Casa Rosada garantizaba un piso mínimo de transferencias mensuales, asistencia financiera en caso de desequilibrios, refinanciación de deudas provinciales y apoyo político para la gestión de créditos internacionales.

    Ese acuerdo terminó convirtiéndose en uno de los puntos más conflictivos del federalismo argentino. Varias provincias fueron a la Justicia porque, desaparecidas las AFJP, la retención continuaba. En 2015, la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis y declaró inválida la continuidad de ese descuento sin un nuevo acuerdo federal.

    Le siguió el Pacto Fiscal Federal de 1993 -firmado también bajo el menemismo- por el que las provincias asumían compromisos concretos como eliminar o reducir impuestos considerados “distorsivos” y modernizar la administración tributaria, privatizar bancos provinciales deficitarios, ajustar el gasto público, limitar el crecimiento del empleo estatal y avanzar en reformas previsionales. El enunciado es similar a lo que hoy todavía está pendiente.

    A cambio, la Casa Rosada ofrecía compensaciones financieras, fondos especiales para cubrir déficits, avales para tomar créditos afuera y programas de asistencia técnica. El Gobierno nacional necesitaba resultados fiscales para mostrar al FMI y varios gobernadores no tuvieron otro camino que aceptar por su dependencia creciente de los giros nacionales.

    Con Fernando de la Rúa en la presidencia y José Luis Machinea en Economía se sucedieron los compromisos fiscales de 1999 y 2000 que pedían déficit cero provincial, congelamiento del gasto público, reducción del déficit previsional, reformas impositivas locales y límites al endeudamiento. A cambio la Nación que, una vez más, negociaba recursos con el FMI, garantizaba refinanciación de deudas, compensaciones económicas y asistencia técnica. En medio de la crisis, las provincias emitieron cuasimonedas y los acuerdos quedaron en la nada.

    Otra etapa

    Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003 comenzó un estilo diferente de relación con las provincias. La Nación concentró poder y, a partir de la entrega o negación de fondos, buscó disciplinar políticamente a los gobernadores. Crecieron las transferencias no automáticas, los recursos distribuidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

    En esos años, además, creció la presión tributaria nacional a partir de suba de impuestos, como las retenciones, que no son coparticipables. Cristina Kirchner terminó creando un “fondo sojero” para distribuir parte de esa recaudación con las provincias. Fue a finales de su gestión cuando la Corte Suprema de Justicia puso fin del descuento del 15% de la coparticipación para Anses. Fue Mauricio Macri, a semanas de asumir, quien debió cumplir con el fallo.

    En 2017, con Frigerio como ministro del Interior, se firma un nuevo Consenso Fiscal. Hay especialistas que lo consideran el “más ambicioso” de los de la lista, mientras que para otros nació con problemas de diseño.

    Las provincias debían reducir progresivamente durante cinco años, Ingresos Brutos, bajar impuestos de Sellos, eliminar tratamientos diferenciales, contener el gasto público, transparentar la información fiscal y frenar juicios contra la Nación. A cambio, la Rosada compensaba pérdidas de recaudación, devolvía gradualmente el 15% retenido para Anses, transfería fondos adicionales a Buenos Aires y refinanciaba deudas.

    Macri intentaba generar previsibilidad fiscal y mostrar un esquema más “federal” de relación con los gobernadores. Como en algunas categorías de Ingresos Brutos la banda superior de alícuotas era más alta que las vigentes, hubo provincias que las subieron. La crisis cambiaria de 2018 alteró el contexto y el pacto se suspendió en 2019.

    Alberto Fernández, después de asumir y en medio de la pandemia, directamente lo dejó sin efecto.

    La relación de la administración de Javier Milei con los gobernadores es zigzagueante, con alianzas que se reeditan en función de las promesas en un contexto permanente de reclamo de obras y recursos por parte de las provincias.