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El traspié político que sufrió el gobierno de Javier Milei con la caída del capítulo de extranjerización de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada provocó consecuencias en la dinámica interna de la Casa Rosada.

La administración de Javier Milei resolvió someter a un filtro político previo todos los proyectos de desregulación impulsados por el ministro Federico Sturzenegger, con el objetivo de evitar nuevos conflictos parlamentarios y sectoriales que deterioren la gobernabilidad. Esto, en los hechos, significa un freno a esos proyectos de ley que entrarán en revisión.

Según pudo saber iProfesional de altas fuentes oficiales, la decisión fue adoptada en la mesa política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde se resolvió que ninguna iniciativa estratégica llegará nuevamente al Congreso sin una evaluación previa de su viabilidad política.

El primer expediente que quedará bajo esa revisión será el ambicioso proyecto de Ley de Desregulación elaborado por Sturzenegger, que propone cambios de enorme alcance sobre el funcionamiento de las farmacias, las inmobiliarias, los arrendamientos rurales, el mercado del libro, el cabotaje marítimo, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), la vitivinicultura y otros sectores de la economía.

“En la mesa política de la Casa Rosada se decidió que ese cuerpo revisará la viabilidad de todos los proyectos de ley y empezará por el proyecto que desregularía las farmacias, las inmobiliarias, el libro, los arrendamientos y el instituto de carne vacuna, entre otros”, señalaron fuentes oficiales. Existe preocupación en la Casa Rosada por el impacto en la gobernabilidad de Milei. La gobernabilidad es la capacidad de un Presidente de imponer sus políticas.

Otro funcionario confirmó el cambio de criterio. “A partir de ahora todos los proyectos de Federico Sturzenegger pasarán por la mesa política“, señaló, con lo cual dejó traslucir cierta incomodidad del núcleo duro de Milei con Sturzenegger, a quien el Presidente apoda “El Coloso”.

“No se frena nada, pero todos los proyectos serán revisados, se analizará su factibilidad política y recién después se decidirá si avanzan hacia el Congreso”, destacó otro vocero en una muestra de que la factibilidad no está asegurada.

El costo político de la Ley de Tierras

En la Casa Rosada consideran que el fracaso del capítulo que habilitaba una amplia flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros dejó una señal de alarma. El Gobierno quería eliminar todos los límites para la compra por parte de extranjeros. Ese tope es ahora del 15% del territorio del país. Como no pudo imponer ese criterio, negoció con los gobernadores elevar el límite al 25%.

Pero en pocas horas muchos gobernadores se pronunciaron públicamente por su rechazo, presionados por la movilización social adversa en las provincias. La iniciativa terminó siendo retirada luego de que esos gobernadores aliados ordenaran a sus senadores retirar el respaldo al proyecto.

El episodio sorprendió al oficialismo porque buena parte de esos mandatarios habían participado de las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En el Gobierno admiten que la derrota fue mucho más que parlamentaria: interpretan que afectó la imagen de gobernabilidad y dejó al descubierto las dificultades para sostener mayorías legislativas incluso con aliados.

La discusión además coincidió con una fuerte corriente de opinión pública vinculada a la reivindicación de la soberanía territorial, alimentada por la repercusión que tuvo durante el Mundial la bandera de la Selección con la consigna “Las Malvinas son Argentinas”. En ese contexto, la posibilidad de liberalizar sin mayores límites la compra de tierras por extranjeros encontró fuertes resistencias políticas.

La revelación sobre la participación empresarial de Joaquín Benegas Lynch con una empresa que comercializa campos para los empresarios extranjeros terminó de complicar el clima y aceleró la caída del capítulo.

Malestar con Federico Sturzenegger

El fracaso legislativo coincidió además con otro foco de conflicto que golpeó directamente al ministro de Desregulación. Durante esta semana se profundizó la crisis en los puertos tras la paralización de alrededor de 150 buques como consecuencia del conflicto generado por el decreto 690, que desreguló la actividad del practicaje.

Los prácticos son los profesionales que conducen los buques en su ingreso y salida de los puertos. El Gobierno sostenía que el sistema encarecía los costos logísticos, pero el paro iniciado el sábado dejó todo el comercio exterior y sus embarcaciones inmovilizados y provocó fuertes reclamos de empresas navieras y exportadoras.

Dentro del oficialismo aseguran que Karina Milei expresó un fuerte malestar por ese episodio al propio Sturzenegger y también por el costo político que terminó generando el proyecto sobre tierras. Por esa razón comenzó a imponerse la idea de incorporar un control político previo sobre cada reforma estructural.

También hay preocupación económica

La revisión no responde únicamente a razones parlamentarias. En la mesa política también existe preocupación por el deterioro de algunos indicadores económicos y por el impacto que eso comienza a tener sobre la imagen presidencial.

Según distintas fuentes del oficialismo, Karina Milei también trasladó cuestionamientos al ministro de Economía, Luis Caputo, por la falta de recuperación de la actividad. “Le reclama la falta de resultados a Toto Caputo”, señalaron fuentes oficiales a iProfesional.

En el Gobierno reconocen que persisten problemas como la caída del consumo, la baja utilización de la capacidad instalada, la disminución de la recaudación tributaria, la acumulación de deuda con proveedores y dificultades en distintos sectores productivos.

La lectura interna es que cualquier nueva reforma que genere conflictos adicionales podría agravar ese escenario.

Los gobernadores que soltaron la mano

La votación sobre la Ley de Tierras dejó además un dato político que inquieta al oficialismo: buena parte de los gobernadores considerados aliados terminaron retirando el respaldo. Entre ellos aparecen:

• Misiones: Hugo Passalacqua, con los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut
• Neuquén: Rolando Figueroa, con Julieta Corroza
• Tucumán: Osvaldo Jaldo, con Beatriz Ávila
• Catamarca: Raúl Jalil, con Guillermo Andrada y Lucía Corpacci
• Salta: Gustavo Sáenz, con Flavia Royón
• Chubut: Ignacio Torres, con Edith Terenzi
• Los radicales Flavio Fama, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger
• La senadora del PRO María Victoria Huala, de La Pampa

También mantuvieron desde el comienzo su rechazo Carolina Moisés y los integrantes del bloque Convicción Federal. El episodio dejó especialmente desgastada la estrategia política de Santilli, quien había trabajado durante semanas en la negociación con los mandatarios provinciales.

En la Casa Rosada reconocen que ahora será más difícil construir consensos para proyectos sensibles como la eliminación definitiva de las PASO. Un funcionario resumió el diagnóstico con una frase que circula en los despachos oficiales: “Los gobernadores empiezan a preguntarse si Milei es un salvavidas… o un salvavidas de plomo”.

La interna por el control del Congreso

La derrota parlamentaria también reavivó las tensiones internas. La estrategia oficial consistía en que, tras la salida de Manuel Adorni y el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, la mesa política concentrara el manejo de la agenda legislativa y limitara el margen de acción de Patricia Bullrich. Sin embargo, el fracaso de la Ley de Tierras alteró esos planes.

Bullrich impulsó eliminar el capítulo de extranjerización para evitar que cayera toda la ley y preservar la gobernabilidad. Pero dentro del oficialismo comenzaron nuevamente los pases de factura. Algunos dirigentes sostienen que la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza no logró ordenar al Senado como había prometido. Otros responsabilizan directamente a la mesa política por haber subestimado la resistencia que generaba el proyecto.

Lo cierto es que la discusión dejó instalada una preocupación central: el Gobierno advierte que ya no alcanza con la coherencia técnica de las reformas. También necesita medir con precisión su impacto político antes de abrir nuevos frentes de conflicto.

Qué cambia el proyecto de desregulación

El anteproyecto elaborado por Federico Sturzenegger, que ahora será frenado y revisado en la mesa política que preside Karina Milei, constituye una de las reformas económicas más amplias impulsadas por el Gobierno. Entre sus principales puntos figuran:

• Eliminación de requisitos de colegiación y títulos específicos para corredores inmobiliarios, financieros, de seguros y otras profesiones
• Prohibición de fijar aranceles mínimos o máximos en profesiones liberales
• Venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y autorización para comercializarlos mediante plataformas digitales
• Posibilidad de que un mismo farmacéutico sea director técnico de varias farmacias
• Apertura del cabotaje nacional a buques de bandera extranjera
• Derogación de la Ley de Arrendamientos Rurales
• Transformación en voluntarios de los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
• Disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)

Ahora todas esas iniciativas deberán atravesar un examen político previo antes de llegar al Congreso, porque la mayoría de ellas causará conflictos sectoriales que ahora la Casa Rosada quiere evitar.

La conclusión que empieza a imponerse en la Casa Rosada es que la velocidad de las reformas ya no dependerá únicamente de la convicción desreguladora del Gobierno, sino también de su capacidad para construir consensos y evitar que cada proyecto termine convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto político.

Durante la jornada del jueves se presentó una impugnación formal contra el senador de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch. La iniciativa, impulsada por la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, colocó bajo la lupa los nexos comerciales del legislador oficialista, acusándolo de incurrir en un grave conflicto de intereses en el marco del tratamiento del proyecto de la cuestionada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que promueve la administración de Javier Milei, sobre todo en lo que tenía que ver con el ahora postergado capítulo de la ley de tierras.

La presentación, dirigida formalmente a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, exige la inmediata inhabilitación y abstención de Benegas Lynch para intervenir, debatir, firmar dictámenes o emitir su voto en torno a esta ambiciosa e integral reforma legislativa. El eje medular de la denuncia parlamentaria apunta a la participación directa del senador entrerriano en Glocal Terra S.R.L., una compañía de su propiedad con sede en la localidad de La Paz. De acuerdo con las actas constitutivas de la sociedad comercial invocados por la oposición, Benegas Lynch no solo figura como socio fundador y director, sino que mantiene el cargo activo de socio gerente de la firma junto a su entorno familiar.

Glocal Terra es una empresa especializada en el sector inmobiliario rural de alta escala, dedicada de manera explícita a la tasación, administración, intermediación y comercialización de campos tanto en la Argentina como en otros países de la región, entre ellos Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Las fuentes documentales citadas en el texto de la impugnación revelan que el objeto social de la empresa de los Benegas Lynch contempla de modo literal brindar “asesoramiento comercial, legal, financiero e intermediación directa destinada a inversores extranjeros” que buscan adquirir grandes extensiones de inmuebles y tierras rurales en territorio nacional.

Es justamente en esta actividad donde radica el choque ético denunciado por el peronismo. El mega-proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el mileísmo contenía originalmente un polémico capítulo —el Capítulo III— redactado con el propósito de flexibilizar y desregular de forma agresiva la vigente Ley de Tierras. La propuesta del Poder Ejecutivo buscaba elevar sustancialmente el tope del 15% al 25% para la concentración y adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, eliminando a su vez las restricciones en zonas fronterizas estratégicas y reduciendo drásticamente las protecciones ambientales nacionales que impiden el cambio del uso del suelo en áreas arrasadas por incendios.

Para la senadora Di Tullio, esta confluencia normativa representa una situación de “juez y parte” absolutamente incompatible con el ejercicio de la función pública. El argumento central de la impugnación sostiene que existe una colisión directa y manifiesta entre el deber de proteger el interés público por parte del legislador y sus propios beneficios económicos privados. De aprobarse una flexibilización para la compra de campos por parte de extranjeros, el volumen de negocios, la facturación y la cartera de clientes de Glocal Terra experimentarían una expansión exponencial e inmediata.

La oposición remarcó que cualquier voto del senador oficialista se encuentra viciado de parcialidad, violando de forma flagrante el artículo 66 de la Constitución Nacional y el artículo 15 de la Ley de Ética Pública (N° 25.188), el cual exige a los funcionarios abstenerse de intervenir en asuntos vinculados a sus actividades comerciales particulares dentro de los últimos tres años. La presión institucional y el fuerte revuelo político generado por la denuncia de este entramado societario forzaron un repentino repliegue del oficialismo. Ante la certeza de no contar con las voluntades necesarias en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza resolvió retirar de manera completa el capítulo referido a la extranjerización de tierras de la orden del día, en un intento por blindar y rescatar el resto del articulado del proyecto.

A pesar de esta severa derrota parlamentaria para la agenda desreguladora de la Casa Rosada, Juliana Di Tullio ratificó que la impugnación contra el senador libertario debe sostenerse para el resto de la sesión. Desde la bancada opositora se argumentó que el proyecto remanente de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aún resguarda reformas críticas sobre desalojos exprés, expropiaciones y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que inciden de igual modo en el valor inmobiliario y la explotación de los recursos rurales que administra la firma del legislador.

Por su parte, Joaquín Benegas Lynch rompió el silencio para defenderse públicamente de las acusaciones. En sus declaraciones, el senador oficialista admitió su rol en el mercado de intermediación rural pero descartó la existencia de una falta ética, argumentando que la normativa de ética pública exige un “interés directo y singular” y que un beneficio general para el sector agropecuario o para quienes dinamizan el mercado inmobiliario de campos no constituye bajo ningún punto de vista un privilegio particular. Además, acusó a Di Tullio de hacer “vieja política”, al haber hecho la presentación de igual manera, aunque ya se sabía que el capítulo de la ley de tierras no se trataba en la sesión del jueves 6. 

GW

La senadora del bloque Justicialista Juliana Di Tullio quiso impugnar a su par libertario Joaquín Benegas Lynch del debate de este jueves por la ley de propiedad privada, en un intento frustrado que el legislador atribuyó a maniobras de la “vieja política”.

Di Tullio había accionado de esa manera debido a que Benegas Lynch es dueño de una empresa que gestiona la venta de tierras extranjeras, un capítulo que de todos modos fue retirado del proyecto oficial que se debatía en la Cámara alta.

Benegas Lynch le respondió a Di Tullio y consideró que su acción es parte de “la vieja política”.

“El capítulo III no se va a votar hoy. La senadora hizo la presentación a sabiendas de que no se iba a votar. Pero por supuesto, esta es la vieja política”, manifestó en alusión al capítulo de venta de tierras a extraneros que el Gobierno eliminó del proyecto para evitar un nuevo revés legislativo.

El mensaje de Benegas Lycnh se dio luego de Di Tullio presentara el miércoles una impugnación para que el senador libertario no pudiera participar del debate debido a su condición de dueño de una compañía que se dedica a la venta de tierras argentinas a extranjeros.

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