El gobierno de Javier Milei consiguió en el Senado la aprobación del proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” pero igualmente salió golpeado políticamente de la sesión, dado que antes de la votación tuvo que retirar el capítulo que modicaba las regulaciones para los campos afectados por incendios, tras haber resignado el día anterior también el de venta de tierras a extranjeros, en una situación que exhibe fisuras en sus alianzas y amenaza sus planes para el Congreso.
La iniciativa se aprobó en general con 37 votos a favor y 33 en contra luego de casi 12 horas de un debate largo y tenso, porque si bien el bloque oficialista encabezado por Patricia Bullrich confiaba en que lograría darle media sanción y girarlo a Diputados tras luego del retroceso forzoso con la reforma de la Ley de Tierras, la definición sobre los capítulos que quedaron en pie también asomaba ajustada, tanto que ante la inminencia de un rechazo al capítulo sobre incendios, lo sacó.
Poco después de que iniciara el jefe del bloque peronista/kirchnerista, José Mayans, presentó una moción para que el proyecto volviera a comisión pero La Libertad Avanza (LLA) logró impedirlo. Reunió 38 votos contra 31 y ese primer triunfo le anticipó que la iniciativa sería aprobada en general.
Sin embargo, el desafío para LLA pasó a ser el nuevo capítulo 3 que eliminaba las prohibiciones de entre 30 y 60 años para cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios, una restricción que se incorporó a la Ley de Manejo del Fuego en 2020 por iniciativa de Máximo Kirchner. Fue uno de los puntos más discutidos y en el transcurso de la sesión fue perdiendo apoyo de los bloques dialoguistas, que son cada vez menos aliados.
El proyecto pasó a la Cámara de Diputados absolutamente despedazado dado que perdió en total tres capítulos enteros respecto de su versión original. Durante el tratamiento en comisiones el oficialismo ya había aceptado retirar el que habilitaba desalojos en barrios populares.
¿Cómo logró el Gobierno aprobar el proyecto de “propiedad privada” y por qué perdió otro capítulo?
El debate en el recinto fue tenso porque en el oficialismo aún sentían el golpe de haber perdido el capítulo sobre tierras. El tema se volvió adverso para el Gobierno frente a la opinión pública y en las filas libertarias del Senado reconocían en los días previos que perdieron “el relato”. Pero esto repercutió en el esquema de alianzas del cual dependen para avanzar con su agenda legislativa.
Gobernadores que suelen acompañar al oficialismo como el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa, el salteño Gustavo Sáenz y el chubutense Ignacio Torres le quitaron el apoyo de sus senadores y con eso forzaron a LLA a retirar ese capítulo para tratar de salvar el resto del proyecto. Pero tampoco alcanzó.
Durante la sesión el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego fue perdiendo apoyos. Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y el bloque Convicción Federal que integran Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), que suelen colaborar con el oficialismo, se negaron a acompañar ese punto.
Casi todos responden a esos mismos gobernadores, lo que evidencia el resquebrajamiento de las alianzas que ayudan a Milei en el Congreso. No obstante, también influyó el tono del debate y especialmente que lanzó el libertario Joaquín Benegas Lynch culpara por el retiro del capítulo sobre la Ley de Tierras a “la ignorancia de los tibios del medio”.
El libertario llegó molesto a la sesión porque el kirchnerismo lo había puesto bajo sospecha de un conflicto de intereses por ser dueño de una empresa que vende tierras a extranjeros y asesora sobre su administración, pero además de defenderse lanzó ese punzante comentario. Bullrich le pidió entonces que evitara esa actitud para no poner en riesgo la votación de lo que quedaba del proyecto, pero Benegas Lynch lo repitió en una segunda oportunidad.
El peronista Martín Soria, que tomó la palabra después, olió sangre libertaria y lo chicaneó: “Los que estamos hace mucho tiempo en esto sabemos que hay veces en política que menos es más y que cuando uno quiere aclararla la termina embarrando, como acabamos de ver”. En el despacho de otro senador de LLA reconocieron a iProfesional que “molestó mucho” a los aliados y tuvo que ver con la caída del otro capítulo.
¿Cuál es la señal de alerta que la sesión le dejó al gobierno de Milei?
El debate sobre el proyecto de “propiedad privada” llevó unos tres meses. Decidida a aprobarlo como fuera, Bullrich negoció insistentemente con los bloques provinciales, el PRO y la UCR numerosas modificaciones, en contacto permanente con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, promotor de la iniciativa.
Fue tan agónico el proceso que en ese tiempo circularon más de 17 borradores distintos con cambios al proyecto para tratar de encontrar consenso. El capítulo sobre la Ley de Tierras fue siempre la traba principal, pero la pérdida adicional del capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego dejó en evidencia una crisis política.
Lo que se fisuró fue el grupo “de los 44” al que siempre aludió Bullrich para referirse a LLA más los bloques del PRO, la UCR y los espacios provinciales que, unidos, le permitían al Gobierno ganarle una pulseada tras otra al kirchnerismo, aún cuando tuviera que hacer concesiones a esos aliados.
Todos los senadores que le quitaron apoyo primero al capítulo sobre tierras y luego al referido a los incendios integraban ese grupo “de los 44” en el que siempre se apoyó Bullrich. El proyecto terminó siendo con 37 votos, el número justo para tener quórum.
El gran interrogante para Milei ahora es lo que pase con la reforma electoral, un tema clave para la estrategia con la que buscará la reelección en 2027 que también aguarda tratamiento del Senado.
El Gobierno ya desistió de eliminar las PASO definitivamente y apunta a suspenderlas, pero el proyecto todavía no tiene los votos asegurados y las conversaciones con los gobernadores vienen lentas. La fisura en el esquema de alianzas del oficialismo dejó un mal panorama para ese proyecto.
¿Qué plantea el proyecto de propiedad´privada sobre los desalojos “exprés”?
El principal punto que mantiene el proyecto de “propiedad privada” es la reforma del Código Civil y Comercial en lo referido a los desalojos. La iniciativa establece que los procesos de restitución de inmuebles deberán tramitar bajo el procedimiento de juicio sumarísimo, una vía más rápida que la actual.
La iniciativa del Gobierno establece que cuando la acción de desalojo sea contra “tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible” el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble “en cualquier estado del juicio” una vez iniciado el litigio, siempre que considere acreditado el derecho del propietario.
En tanto, cuando sea a causa de “cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes con “nombre completo, nacionalidad y número de documento o pasaporte”.
Una de las principales modificaciones que aceptó el oficialismo en este capítulo durante la discusión en comisiones fue hacer una distinción entre ocupantes ilegales e inquilinos, dado que el proyecto original contemplaba un desalojo “exprés” también para quienes alquilan legalmente un inmueble con destino a vivienda y se atrasen con el pago.
Ante las críticas de la oposición, que apuntaron principalmente a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias que alquilan, el oficialismo aceptó que, en los casos donde el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgue un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que regularice la situación.
Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble, “el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley”, según quedó establecido en el proyecto.
También incorpora el mecanismo de las notificaciones electrónicas, lo que permitirá que el trámite de desalojo continúe incluso cuando el ocupante del se niegue a recibir la notificación física.
Por otro lado, la iniciativa contempla una protección especial cuando en el inmueble habiten:
- Menores de edad
- Personas con discapacidad
- Adultos mayores en situación de vulnerabilidad
En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos correspondientes antes de concretar el desalojo.
¿Cuáles son los cambios que avanzan para las expropiaciones del Estado?
En otro capítulo el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” también introduce cambios importantes en el régimen de expropiaciones por parte del Estado. La declaración de utilidad pública de un bien debera ser “de interpretación restrictiva” y justificar de manera concreta “el fin perseguido”.
Con el objetivo de dar seguridad a grandes empresas e inversores, el Gobierno establece en la inniciativa que la expropiación del bien debe probarse “idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.
En ese marco, realiza otro cambio relevante en la forma de calcular la indemnización. Según el texto, el valor del bien expropiado deberá tomar como referencia la fecha inmediatamente anterior a “cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación”.
Al respecto, se establece que el monto será actualizado conforme al IPC “con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago”.
Otra modificación que el oficialismo tuvo que consensuar con los bloques dialoguistas fue la limitación del cálculo sobre el lucro cesante, que “en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente”. Este fue un planteo de la oposición para juicios millonarios que afecten las arcas públicas.
¿Qué establecía la reforma sobre incendios que finalmente quedó afuera?
El capítulo que finalmente quedó afuera del proyecto girado a la Cámara bajaeliminaba las restricciones que impedían cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante períodos de entre 30 y 60 años,una restricción que fue incorporada por un proyecto de Máximo Kirchner en 2020.
El Gobierno sostiene que esas limitaciones generan un perjuicio económico para los propietarios afectados por incendios, al impedirles desarrollar actividades productivas o inmobiliarias en sus terrenos.
Para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales, el proyecto eliminaba el plazo de 60 años pero señalaba que “no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.
Además, se deroga el artículo 22 quarter de la Ley de Manejo del Fuego vigente que prohíbe por 30 años cualquier cambio de uso -incluida la “realización de emprendimientos inmobiliarios”- de los terrenos ubicados en zonas agropecuarias que sean afectados por incendios.
La pérdida de ese capítulo profundizó el clima de derrota que ya se había generado con el retiro de la reforma a la Ley de Tierras. El gobierno de Javier Milei consiguió finalmente aprobar el proyecto sobre “propiedad privada” pero con una versión muy lejana de la original y un notable desgaste político, entre la presión social contra la venta irrestricta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras y el abandono de aliados políticos importantes para manejar el Senado. El oficialismo se llevó así una señal de alerta hacia adelante.
