El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte e impulsó un debate sobre el plan económico que debe tener el peronismo si vuelve a ser gobierno, sumó un segundo acto para consolidar la propuesta y dar cuenta, hacia el interior del país, que el espacio, sin candidato nacional, tiene los brazos abiertos para recibir propuestas y nombres propios.
En Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el esquema que lideran Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Federico Achával, le hizo un guiño al campo, al ponerlo en el vértice de las prioridades que debe tener la actualización del programa económico del peronismo. Un sector que ha vivido momentos de mucha tensión con el PJ durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
“Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional”, indicaron los federales en el documento emitido este lunes, bajo el título “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, en el cierre del acto central. Fue, claro está, un mensaje sobre las decisiones del pasado que tuvieron el sello K.
El peronismo federal quiere cerrar la grieta que existe con el campo desde el 2008 a esta parte. Con altibajos, pero con tensiones sistemáticas, el PJ ha tenido una relación marcada por las descalificaciones y los reproches con el sector agropecuario. Entre las heridas que este espacio considera que hay que suturar está el vínculo con los productores y sus representantes institucionales y políticos, que tiempo atrás confluyeron en lo que fue llamada la Mesa de Enlace.
La idea que manifiestan tiene que ver con “dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales” y “plantear la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional”, según expresó uno de los dirigentes presentes a este medio.
“La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”, explicaron los federales, dándole mayor volumen al debate de la fuerza política respecto al plan económico que debe tener el justicialismo si logra volver al poder.
En el documento final, enumeraron ocho propuestas para mejorar las condiciones del sector agropecuario. Se refirieron a una reforma integral impositiva; una nueva ley de semillas; la modificación en la ley de riego; una modernización de rutas, puertos, caminos rurales y ferrocarriles para tener una mejor logística de conectividad; darle mayor impulso a las economías regionales; el fortalecimiento de organismos técnicos; incentivos y financiación para renovar la maquinaria agrícola; y mayor capacitación y formalidad en el trabajo rural.
“La política para el sector agropecuario y agroindustrial debe estar firmemente orientada a generar mayor producción de todas y cada una de las cadenas productivas, de la soja al girasol, de las peras al limón, de las nueces a las almendras, de la carne bovina a la aviar, de las semillas de última generación a la producción orgánica”, expresaron los dirigentes en el documento.
Al igual que en el encuentro en Parque Norte, uno de los presentes más destacados fue el co-secretario general de la CGT, Christian Jerónimo. También acompañaron el diputado mendocino Emir Félix; el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso; el legislador puntano Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional y ex gobernador entrerriano Gustavo Bordet; los legisladores santafesinos Roberto Mirabella y Marcelo Lewandowski; la diputada porteña Kely Olmos y el diputado jujeño Guillermo Snopek.
En la lista aparecen también el senador nacional por San Luis Fernando Salino; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el secretario de Integración Territorial del Gobierno de Córdoba, Nadir Nifuri, que fue enviado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el diputado misionero Alberto Arrúa, la legisladora correntina Celeste Ascúa y varios dirigentes de Chaco como Josefina Gonzalez, Javier Martínez, Marcela Duarte y Judith Gómez.
En el grupo que estuvo arriba del escenario hubo también varios intendentes y legisladores del peronismo entrerriano como Isa Castagnino, Gustavo Bastian, Adriana Meza Torres, Adrián Fuertes, Rosario Romero, Lorena Arrozogaray, Martín Oliva, Adán Bahl, Marianela Marclay, José Lauritto, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Ricardo Bravo
En el PJ federal consideran que con la propuesta de debate que hicieron en Parque Norte, un mes y medio atrás, abrieron una discusión que no estaba instalada en el peronismo. La principal tiene que ver con la importancia del equilibrio fiscal en el plan económico. El kirchnerismo dio su mirada pública y puso sobre la mesa otra postura. Lo más importante de ese movimiento fue desempolvar los prejuicios y las miradas ideologizadas para empezar a discutirlas con tiempo y de cara a la gente.
Durante su discurso, Tolosa Paz consideró que “las decisiones del peronismo que viene se deben tomar en función de representar y reflejar a la Argentina federal” y remarcó que el espacio que representa tiene la voluntad de profundizar el debate sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”. En ese sentido, agregó: “No hay economía que funcione con la gente pasándola mal”.
A su turno, Juan Manuel Olmos aseguró: “Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”. En su presentación, hizo una referencia a la ex presidenta de la Nación y su condena. “Creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027″, sentenció.
La aparición de Cristina Kirchner en un par de discursos fue uno de los cambios que hubo en los mensajes de la jornada. En Parque Norte nadie la había nombrado. Parece ser una señal de cercanía, lo que no implica poner su causa política y penal en el principal lugar de la agenda política.
Por su parte, Guillermo Michel dio un mensaje de futuro electoral. “Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Además, planteó que el desafío de la fuerza política en su conjunto es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.
Uno de los discursos más potentes del acto fue el del mendocino Emir Félix. “No podemos caer en la trampa de quedar presos de las internas y los candidatos. Tenemos que abrazar a todos. Los peronistas tenemos que estar cerca, entender lo que sucede y tener propuestas claras, para construir un andamio que pueda elevar a nuestros candidatos”, precisó.
Además, autocrítica mediante, consideró: “Tenemos que readaptar las ideas a la nueva realidad de la Argentina. Tenemos que recalcular lo que hemos venido planteando. No podemos ir hacia un 2027 con una foto vieja de lo que sucedió anteriormente en la Argentina. Hay una realidad nueva. Hay que entender cuál es la realidad en cada rincón e interpretarla”
El PJ Federal propuso, en primera instancia, debatir sobre la importancia del equilibrio fiscal en un eventual gobierno peronista. Ayer sumó a esa agenda de debate el vínculo político y productivo con el campo, y las reformas que deberían realizarse para que el sector tenga una mejora en sus condiciones productivas y de conectividad. Temas centrales de un programa económico que debe ser debatido hacia el interior del peronismo. Porque, en el fondo, la intención principal es construir una alianza en unidad con todos las ramas internas, para poder ser competitivos en el 2027.
Con una amplia convocatoria y una fuerte representación territorial, más de 1.600 asistentes participaron este lunes en el Encuentro Regional “El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional”, realizado en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay. Del encuentro formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.
La jornada ratificó el camino iniciado el pasado 1° de mayo en Parque Norte bajo la consigna de priorizar las ideas y las propuestas por sobre las discusiones centradas en candidaturas, con el objetivo de construir una alternativa nacional desde una mirada federal, productiva y con capacidad de representar la diversidad de la Argentina.
En ese marco, uno de los principales resultados del encuentro fue la elaboración de un documento base denominado “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”, orientado a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino. La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.
En ese sentido, el escrito propone dejar atrás las miradas que conciben al sector agroindustrial únicamente como una fuente de recursos para resolver desequilibrios coyunturales y plantea la necesidad de consolidarlo como un motor estratégico del desarrollo nacional. Asimismo, sostiene que el equilibrio fiscal debe alcanzarse potenciando el crecimiento, la inversión y las exportaciones, promoviendo una estrategia que integre campo, industria, ciencia, tecnología y trabajo para generar más producción, arraigo y oportunidades en todo el país.
Voces del encuentro
Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que “las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal”. En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre “los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro”, y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.
La diputada, que antes de iniciar su discurso brindó un sentido homenaje a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tras su fallecimiento, destacó su legado en la defensa de los derechos humanos y reafirmó el compromiso del peronismo con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, sostuvo que “no hay economía que funcione con la gente pasándola mal” y planteó que cualquier programa económico debe tener como objetivo central mejorar las condiciones de vida de la población. “Tenemos un único objetivo que es sacar del enorme sufrimiento al pueblo argentino”, expresó.
Peronismo Federal (1)
Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a “un modelo de país financiero y primario” impulsado por el Gobierno nacional.
“Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos”, afirmó. Además, cuestionó que mientras el oficialismo “defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete”, el peronismo debe defender “a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei”. Por último, remarcó que “creen que con una condena injusta contra Cristina van a silenciar al peronismo, pero nuestra historia demuestra que vamos a levantarnos y volver a ser gobierno en la Argentina en 2027”.
Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina “no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir”. En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca “peruanizar la economía argentina”, consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.
“Lo que está en juego en esta elección no es únicamente un programa económico, sino el modelo social que queremos para nuestro país”, afirmó. Asimismo, planteó que el desafío del peronismo es construir una alternativa amplia y convocante: “Tenemos que trabajar pensando cómo ampliar el peronismo y representar a la mayoría de los argentinos. El futuro de este país le pertenece al peronismo”.
Desarrollo de dos comisiones
Durante la jornada se desarrollaron dos comisiones de trabajo con la participación de más de 15 expositores en cada una, entre intendentes, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, especialistas y representantes de distintos sectores productivos.
La comisión “Agroindustria y economías regionales para el desarrollo” abordó los desafíos vinculados a la competitividad del sector agropecuario, la necesidad de revisar los factores que afectan la producción y las exportaciones, el fortalecimiento de la infraestructura logística, la incorporación de innovación y tecnología y el impulso de marcos normativos que favorezcan el desarrollo sostenible del entramado productivo argentino. También se planteó la importancia de acompañar a la industria metalúrgica y de maquinaria agrícola frente al complejo contexto económico actual.
Por su parte, la comisión “Economía con Inclusión” debatió sobre la necesidad de consolidar un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal y previsibilidad, pero con el trabajo, la producción y la inclusión social como ejes centrales de una estrategia de desarrollo que permita reconstruir el tejido social y productivo del país.
El encuentro dejó una definición compartida: la construcción de una alternativa nacional requiere ampliar el debate, escuchar a las provincias y recuperar una visión federal del desarrollo. Concepción del Uruguay se convirtió así en una nueva etapa de un proceso político que busca poner nuevamente a las ideas, la producción y el trabajo en el centro de la agenda del peronismo.
Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria
Granja Tres Arroyos y defensa del empleo
En el marco de la jornada, Victoria Tolosa Paz, Federico Achával, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y Kelly Olmos, entre otros, mantuvieron una reunión con trabajadores y trabajadoras de Granja Tres Arroyos, representantes gremiales del Sindicato de la Carne y Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, para analizar la delicada situación que atraviesa la principal empresa avícola de Concepción del Uruguay. Los referentes del espacio expresaron su preocupación por la crisis que afecta a cerca de mil puestos de trabajo y que desde hace más de un año impacta sobre las condiciones laborales y salariales de las familias vinculadas a la actividad.
En el lugar coincidieron en que la avicultura constituye un sector estratégico para Entre Ríos y para el desarrollo nacional, advirtiendo sobre las consecuencias que generan las políticas económicas que deterioran las capacidades productivas y ponen en riesgo las cadenas de valor asociadas a la producción de alimentos. Asimismo, asumieron el compromiso de trasladar esta preocupación al ámbito de la CGT y avanzar en el análisis de iniciativas legislativas que contribuyan a preservar el empleo, fortalecer al sector avícola y proteger una actividad fundamental para la economía regional entrerriana.
Con el lema “El peronismo debate”, la nueva vertiente justicialista que buscan instalar dirigentes como Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel se acercó al sector agropecuario. Un mes y medio después del acto de lanzamiento, esta pata justicialista que se diferencia de las ramas centrales de la interna partidaria (identificadas con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof), puso en marcha su dispositivo de campaña en el interior del país, con un encuentro en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que tuvo como eje las problemáticas del campo. En un documento, sintetizaron ocho propuestas para el sector, entre ellas, sobre las retenciones.
En el documento que difundieron tras la reunión, los dirigentes peronistas propusieron una “reforma integral impositiva del sector agropecuario”. En ese punto, profundizaron: “Nos comprometemos a discutir una reforma integral de costos e impuestos distorsivos en el sector agropecuario. El debate sobre la competitividad incluye: las retenciones, los impuestos, la cadena de costos desde la eficiencia logística, el acceso a las semillas y fertilizantes para incentivar el volumen exportable de nuestra producción”.
Los restantes puntos de la propuesta para el campo del peronismo federal son “Nueva Ley de Semillas para fortalecer la innovación y garantizar el acceso de los productores”; “Ley de Riego”; “Eficiencia logística” (para “modernizar rutas, caminos rurales, ferrocarriles, puertos, energía y conectividad”); “Potenciar las economías regionales”; “Fortalecer organismos técnicos” (INTI, Senasa e Inase), “Incentivos para la renovación y competitividad de la maquinaria agrícola”, y Trabajo rural, capacitación y formalización laboral”.
La reunión con representantes gremiales por la situación de Granja Tres Arroyos
En el documento final del encuentro de Concepción del Uruguay, se subrayó el mensaje de respaldo al sector agropecuario. “Debemos aprender de los errores del pasado. Las restricciones sobre el trigo y la carne no bajaron el precio al consumidor y dañaron a dos producciones centrales de la economía nacional. La Argentina necesita dejar de pensar a la agroindustria como una fuente extraordinaria de recursos para cubrir desequilibrios coyunturales y empezar a verla como una palanca estratégica para el desarrollo nacional. El equilibrio fiscal se alcanzará potenciando su crecimiento”.
“No se trata de elegir entre campo e industria, o exportaciones y mercado interno; sino de construir una estrategia nacional que integre producción, innovación, valor agregado, trabajo y desarrollo federal”, se indicó en el documento. “Cuando el agro crece junto a la industria, la ciencia, la tecnología y el trabajo, crece la Argentina”, concluyeron los dirigentes reunidos en Entre Ríos.
En el arranque de la jornada, realizada en el Salón Malvinas Argentinas del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, con unos 1600 asistentes, los dirigentes presentes recibieron a referentes sindicales del gremio de la alimentación para tratar la crisis de la empresa avícola Granja Tres Arroyos, que a fines de mayo cerró su planta “La China”, ubicada en la misma ciudad.
El desarrollo del encuentro peronista incluyó debates en comisiones temáticas, un acto principal y la difusión de un documento con propuestas para el campo, titulado “Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria”. En una de esas comisiones se hizo presente el exministro de Ambiente Juan Cabandié, dirigente que estuvo enrolado en La Cámpora, pero se alejó de esa estructura.
El diputado Michel, una de los protagonistas de este incipiente armado, representa a la provincia de Entre Ríos en el Congreso. “[Javier] Milei no está aplicando un programa económico, quiere imponer un modelo social peruanizando la economía argentina. Un país sin clase media, sin industria sin educación ni salud pública de calidad”, señaló. En un sentido similar, Olmos dijo que el Gobierno “defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete [Manuel Adorni]”. Añadió que el PJ y debe defender “a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei”.
Durante el encuentro, Tolosa Paz destacó la importancia de que “las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal”.
Este sector peronista que busca transitar por fuera de la interna justicialista hizo su presentación en sociedad el 1º de Mayo, en el predio porteño de Parque Norte. En Concepción del Uruguay, se volvieron a hacer presentes dirigentes que estuvieron en ese encuentro fundacional, como el intendente de Pilar, Federico de Achával, la diputada Raquel “Kelly” Olmos y uno de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo. El exgobernador entrerriano Gustavo Bordet también se acercó a los debates.
El diputado Miguel Ángel Pichetto fundó su controvertida propuesta para que el Congreso anule la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad en una supuesta facultad del Poder Legislativo para intervenir sobre la Justicia ante situaciones de clara “gravedad institucional”.
El planteo, sin asidero ni antecedentes jurídicos, según explicaron a LA NACION especialistas en derecho constitucional, formó parte de su exposición de la semana pasada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
“Es una exploración que todavía no se ha desarrollado -dijo el diputado- y sé que es un argumento que va a levantar la polvareda porque entro a jugar con el principio de división de poderes. Pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso frente a temas de gravedad institucional y de nulidades evidentes y notorias”
Pichetto
Pichetto, que ensaya gestos de acercamiento al kirchnerismo y promueve la creación de un espacio de “centro nacional”, argumentó que el Congreso posee facultades “inherentes”, no escritas, que le permitirían anular una sentencia firme del máximo tribunal ante un supuesto caso de “gravedad institucional”.
Buscó sostener esa idea con advertencias generales sobre lo inconveniente que es para la democracia que un exjefe de Estado se encuentre condenado, pero también señalando presuntas irregularidades en el desarrollo específico de la causa Vialidad
Repartió críticas para la Cámara de Casación, la Corte Suprema e incluso para la exprocuradora del kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó, que autorizó el traslado a Comodoro Py de Diego Luciani, el fiscal que años después intervino en el juicio de Vialidad.
También sostuvo que las cinco vocalías previstas para la Corte debieron haber estado ocupadas cuando el tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión contra la expresidenta. Afirmó, además, que sus actuales integrantes debieron apartarse al momento de resolver porque el peronismo había impulsado contra ellos un juicio político.
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111, a un año de la condena de la Corte por la Causa VialidadSantiago Filipuzzi
Según su visión, esas y otras supuestas “irregularidades” configuran un caso de “gravedad institucional”. Para fundamentarlo, invocó una doctrina que, dijo, la Justicia inauguró con el caso “Jorge Antonio”, vinculado con los bienes decomisados a un empresario cercano a Perón tras el golpe de 1955.
Pero el antecedente no reconoce al Congreso ninguna facultad para anular sentencias. La Corte utilizó la figura para admitir un recurso contra una resolución que no era definitiva.
Pichetto dijo, además, que su planteo tenía como punto de partida la “presunción de inocencia” de la expresidenta, pese a que la condena quedó fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2, confirmada por la Cámara de Casación y convalidada por la Corte Suprema.
Aseguró, sin embargo, que el Congreso posee la potestad de intervenir, declarar nula la sentencia y hacer valer el “equilibrio de poderes”.
“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, afirmó.
Como ejemplo actual y “aplicable”, mencionó la intervención del Congreso brasileño sobre el régimen de penas que podría alcanzar al expresidente Jair Bolsonaro.
“El principio de que el Congreso puede llegar a analizar, como lo que está haciendo el Congreso brasileño, la aplicación de una pena totalmente absurda que le aplicaron al expresidente Bolsonaro, independientemente de las ideologías”, dijo.
Pichetto se refirió a la denominada ley de dosimetría, sancionada en diciembre pasado por el Congreso brasileño, que modificó retroactivamente las reglas de cálculo y ejecución de las penas y podría reducir el castigo impuesto a Bolsonaro.
La norma no absolvió al expresidente brasileño ni anuló su condena, como propone Pichetto respecto de Cristina Kirchner. Modificó con alcance general el régimen penal aplicable a los delitos vinculados con la tentativa de golpe de Estado.
Pichetto junto a los peronistas Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, en una visita a Sidersa
La ley, posteriormente vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, impide en determinados casos acumular las penas por los delitos de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.
“La propuesta del diputado Pichetto no tiene ningún asidero jurídico”, sostuvo el constitucionalista Pablo Manili, consultado por LA NACION.
“El Congreso de ninguna manera tiene competencia para anular un fallo judicial. Los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solamente pueden ser dejados sin efecto como consecuencia de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que se haya tramitado primero una denuncia ante la Comisión y luego un juicio ante la Corte Interamericana”, amplió el experto.
Una de las primeras reacciones del arco político contra la propuesta de Pichetto provino de la Coalición Cívica. “En la CC respetamos la división de poderes y no vamos a acompañar ningún proyecto para revertir el fallo contra Cristina Kirchner”, dijo Mónica Frade en Radio Zónica. “Si la expresidenta considera que hubo irregularidades, tiene otros ámbitos para plantear el tema. Nosotros respetamos la división de poderes”, sumó.
A medida que el contrabando gana terreno en distintos sectores de la economía, también escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.
La preocupación de las compañías se apoya en las dimensiones que alcanzó el comercio ilegal en los últimos años. Según un informe elaborado por la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade).
Según el informe, la erosión de los ingresos fiscales constituye uno de los principales efectos del comercio ilegal. Los recursos que el Estado dejó de percibir por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros conceptos, equivalen a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.
El estudio también identificó cuáles son los sectores más afectados. El tabaco encabezó la lista con una pérdida estimada de USD 1.100 millones, seguido por los textiles con USD 370 millones, los neumáticos con USD 240 millones y los teléfonos celulares con USD 190 millones.
En este contexto, las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular al país encuentra canales de comercialización en internet. Por ese motivo, distintos actores del sector productivo y del retail reclaman mayores controles sobre los vendedores que operan en plataformas digitales y redes sociales.
En sectores como el de celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según remarcó Afarte
Entre las medidas que mencionan figura la posibilidad de exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería al país antes de habilitar determinadas publicaciones.
También resaltan que, en algunas categorías, podrían solicitarse registros específicos, como Rematel o la homologación del Enacom en el caso de los teléfonos celulares.
Otra de las herramientas que plantean apunta a la utilización de información tributaria. Según explican, con el CUIT de un vendedor podrían hacderse cruces entre IVA crédito e IVA débito para detectar casos en los que la mercadería comercializada no cuente con respaldo de importación.
Algunas fuentes empresarias remarcaron además que las iniciativas impulsadas hasta ahora resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Esta semana, representantes del sector participaron de una capacitación convocada por el Ministerio de Seguridad para mejorar la identificación de productos provenientes del contrabando, en el marco de una mesa de trabajo con organismos públicos y cámaras empresarias.
Del otro lado de la discusión, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechaza que se lo asocie como origen del fenómeno.
Desde la entidad remarcaron, en diálogo con Infobae, que el comercio electrónico funciona como un facilitador del acceso a mayor oferta de productos, más competencia y mejores experiencias para los consumidores. En ese sentido, destacaron que promueven un ecosistema abierto, innovador y con la menor cantidad posible de trabas burocráticas.
El comercio electrónico es un facilitador del acceso a más oferta, más competencia y mejores experiencias para los consumidores (CACE)
Al mismo tiempo, advirtieron en la CACE que observan con atención las situaciones irregulares vinculadas al ingreso y comercialización de productos, ya que pueden generar condiciones de competencia desiguales para las empresas que operan dentro del marco formal de la economía.
Según la cámara, la apertura comercial y la simplificación de procesos deben convivir con mecanismos de control adecuados que garanticen igualdad de condiciones para todos los actores del mercado. Por eso consideran importante fortalecer herramientas de fiscalización para prevenir prácticas irregulares y preservar una competencia leal.
La entidad sostuvo además que el comercio electrónico no constituye el origen del problema. En ese sentido, destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas y facilita el acceso a información relevante por parte de los organismos competentes.
También remarcaron que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento, mecanismos de devolución y las garantías previstas por la normativa de defensa del consumidor.
Desde la cámara plantearon también que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de la innovación, la digitalización y el acceso a una mayor oferta de productos, junto con la necesidad de asegurar condiciones de competencia transparentes y equitativas para toda la actividad económica.
Mientras empresas y plataformas mantienen posiciones enfrentadas, distintas áreas del Gobierno avanzan con mecanismos de coordinación para detectar publicaciones sospechosas y vendedores irregulares.
Fuentes oficiales explicaron a este medio que, cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio por una publicación sospechosa, la subsecretaría de Defensa del Consumidor recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis.
En el caso de Meta, dueño de Instagram, Facebook y Whatsapp (desde donde se vende mucho producto proveniente del contrabando), el Gobierno firmó un convenio a fines del año pasado que estableció un protocolo específico para el envío de información.
El acuerdo comenzó a operar de manera efectiva este año y permite centralizar denuncias que luego son remitidas a los equipos legales de la compañía.
Cuando una empresa presenta una denuncia por una publicación sospechosa, el organismo recibe el caso y lo deriva a las plataformas para su análisis. Ello puede terminar en la suspensión de la publicación (Gobierno)
Muchas de esas denuncias provienen de las propias empresas afectadas. Una vez recibida la información, Meta evalúa los casos y puede disponer la baja de publicaciones o perfiles, dijeron en el Gobierno. Según contaron las fuentes, desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares.
Con Mercado Libre, el mecanismo funciona de manera similar. Defensa del Consumidor unifica denuncias provenientes de distintas jurisdicciones y las remite a la plataforma para su evaluación. Además, desde marzo comenzó a funcionar un esquema de intercambio de información entre la empresa de Marcos Galperín y ARCA orientado a categorías con alto nivel de contrabando y consideradas sensibles por su potencial impacto sobre la salud y la seguridad de los consumidores.
El acuerdo alcanza inicialmente a neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos. En esos rubros, la plataforma remite información sobre los 20 vendedores con mayor nivel de facturación y ARCA realiza cruces con la información tributaria disponible. La verificación apunta a detectar inconsistencias entre las ventas realizadas y las compras declaradas por esos contribuyentes.
Consultadas fuentes de Mercado Libre, plantearon que “el contrabando existe en la informalidad” y que, por el contrario, en su plataforma cada vendedor está identificado, y cada operación queda registrada. Desde la empresa afirmaron que en 2025 respondieron a más de 3.000 requerimientos de información de ARCA y que mantienen acuerdos de cooperación con Aduana y con distintos organismos, tal como dijo el Gobierno.
“Contamos además con mecanismos de prevención y detección proactiva de fraudes, programas específicos de protección de marcas y herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten identificar posibles infracciones y adoptar las medidas correspondientes”, dijeron. De hecho, en el segundo semestre de 2025 analizaron más de 1.084 millones de publicaciones y el 99% de las infracciones fue detectado de forma proactiva, antes de cualquier denuncia externa, agregaron las fuentes. Además, contaron que más de 87.000 propietarios de derechos de marca monitorean y reportan infracciones marcarias activamente a través de su programa de Protección de Marcas.
Mientras continúa la discusión entre empresas y plataformas, el debate también llegó al Congreso. Los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones realizadas por sus usuarios.
La iniciativa plantea verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación que acredite la introducción legal de productos importados al país y establecer responsabilidades ante el incumplimiento de obligaciones tributarias.
El proyecto también prevé multas que pueden alcanzar hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada.
Más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales (Afarte)
El informe difundido por Afarte sostiene que el impacto del comercio ilegal también alcanza al empleo y a la producción. En el caso de los teléfonos celulares, estima que más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó mediante canales legales. En rubros como indumentaria y calzado, la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.
“Para las empresas que operan en la legalidad, este fenómeno genera una competencia desleal que distorsiona los precios de referencia y erosiona los incentivos para invertir e innovar en el país”, dijeron desde la entidad que nuclea a las empresas de electrónica.
En Afarte agregaron: “Las firmas legítimas deben absorber costos adicionales de cumplimiento y control, como sistemas de trazabilidad y peritajes, para diferenciarse de productos contrabandeados que, al carecer de controles de calidad, no solo evaden impuestos sino que representan riesgos para la seguridad de los consumidores y dañan la reputación de las marcas originales”.
El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, reclamó este jueves que el Congreso declare nula la condena a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad y pidió su liberación.
“Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad”, hizo el pedido el legislador peronista, a través de un posteo en su cuenta personal en la red X, como durante su participación en el encuentro “Argentina Productiva”, realizado en el Hotel Brizo de La Plata.
El legislador enumeró una serie de presuntas fallas en el proceso: “Se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar”.
A esas objeciones sumó la falta de imparcialidad, al señalar que los magistrados de la Corte “debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada”.
En esa línea, Pichetto sostuvo que “la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”. Y planteó que, cuando llegó el recurso de queja ante la Corte, “un accionar correcto hubiera significado que los integrantes se apartaran y se constituyera un tribunal ad hoc” para juzgar a la expresidenta.
Kirchner cumple actualmente una condena a seis años de prisión por corrupción, ratificada por la Corte Suprema en segunda instancia, y la lleva adelante en su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
El miércoles, el diputado había desarrollado argumentos similares en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso, donde también abogó por la intervención legislativa en el caso.
“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados“, afirmó Pichetto, y argumentó que el cuerpo legislativo tiene “la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”.
Durante el debate en la Comisión de la Cámara de Diputados, Pichetto expuso que el Congreso puede evaluar “el principio de la defensa en juicio” como está ocurriendo en el Congreso brasileño, que está evaluando “una pena totalmente absurda que le aplicaron al expresidente (Jair) Bolsonaro”.
“El Congreso dijo que la verdadera interpretación del (fallo del) 2×1 no era aplicable en función de los pactos internacionales a los autores de delitos de lesa humanidad. Eso configuró la no aplicación de esa sentencia durante un largo tiempo, casi diez meses, hasta que la Corte resolvió el tema de nuevo en la línea que había fijado el Congreso”, agregó el legislador, y completó: “Quiero decir, que son líneas argumentales que trazan un camino en donde lo que está en juego es la nulidad”.
El diputado admitió que la propuesta generará controversia porque afecta “el principio de división de poderes”, pero insistió en que se trata de “atribuciones inherentes del Congreso” como tomar juramento al presidente y validar resultados electorales, y extendió esa lógica al principio de gravedad institucional para intervenir en fallos de la Corte.
En febrero, Pichetto visitó a la expresidenta en su departamento durante una hora. Según describió el propio legislador, el encuentro fue “fraternal” y giró en torno a la necesidad de unir al peronismo y armar un espacio de “centro nacional” que compita con el presidente Javier Milei en las elecciones de 2027.
El diputado le planteó a Kirchner que el Partido Justicialista (PJ) debe confluir con partidos de “centro” bajo una “visión capitalista productiva” que defienda “la industria, los trabajadores y la cultura”. El exsenador tenía previsto realizar esa visita desde fines del año anterior, pero las restricciones judiciales al régimen de visitas lo habían impedido.
En los últimos meses, Pichetto también tendió puentes con el massista Guillermo Michel, la albertista Victoria Tolosa Paz, el exmacrista Nicolás Massot y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno -inhabilitado para ejercer cargos públicos tras dos sentencias de la Corte por amenazas y peculado- con el objetivo de organizar una nueva fuerza política.
En paralelo, Pichetto arremetió contra la administración de Milei al calificarlo de “presidente de transición con una crueldad increíble” y con falta de “sensibilidad humana”, “sociabilidad” y “vínculos”. Definió al Ejecutivo como “un gobierno de inexpertos, de endeudadores seriales” y de “una letalidad extraordinaria” que “está destruyendo el alma de los argentinos”.
Ante ese diagnóstico, el legislador llamó al armado de un “gran frente de unidad nacional que incluya al peronismo y a otros sectores”, inclusive ex libertarios. “Si el Gobierno actual se queda cuatro años más, destruyen todo”, advirtió, y convocó a trabajar en un modelo de “capitalismo nacional productivo”.
La última actividad de Pichetto fue con el senador bonaerense Carlos Kikuchi, que encabezaron este miércoles otra actividad proselitista en La Plata. El dato saliente es que la puesta en marcha de un acercamiento de Pichetto, ex aliado del PRO en Cambiemos y ahora afín al peronismo de Fuerza Patria, con Kikuchi, quien fuera el armador de las listas de La Libertad Avanza (LLA) durante las elecciones presidenciales de 2023.
“Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos que trascienden las diferencias políticas. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo”, expresó Kikuchi durante la actividad.
Este jueves se conoció que la inflación de mayo fue del 2,1%, la menor desde septiembre de 2025, y más baja que la que el mercado había adelantado. Un día antes, el miércoles, la calificadora S&P elevó la nota de la deuda argentina y desató horas de euforia en el mercado argentino: el riesgo país alcanzó los 441 puntos básicos, el valor más bajo en lo que va de la gestión libertaria, y las acciones treparon 6,4 por ciento. Son días de buenas nuevas financieras, que sin embargo el Gobierno no está logrando capitalizar. El affaire Adorni domina la agenda pública con la misma potencia con la que agiganta la grieta en el gabinete.
El problema es que, si bien la Casa Rosada acumula victorias para mostrar, no puede darse el lujo en este momento de alimentar flancos. El affaire Adorni ya probó que los escándalos de gestión tienen costo político en una administración que construyó buena parte de su capital sobre la promesa de transparencia. No tiene sentido relativizar el monto de la inconsistencia económica de Adorni con otros casos de corrupción. Para el relato libertario es fulminante. Y el margen para tropiezos se achica: la oposición ya procesa cada movimiento del Gobierno con el ojo puesto en 2027, mientras la economía –pese a los equilibrios macroeconómicos conseguidos– sigue sin traducirse en un alivio tangible para la mayoría de los argentinos.
El consumo sigue estancado (dejó de caer, según el consenso, pero no mejora) y la macro todavía no puede darse por estabilizada. Sin ir más lejos, en el equipo económico ya dan por descontado que junio cerrará en rojo: será la cuarta vez que ocurre en 30 meses. Desde enero de 2024, solo en junio y diciembre de ese año, y en diciembre de 2025, las cuentas públicas acumularon déficit tanto primario –el resultado entre ingresos y gastos– como financiero, lo que queda tras el pago de intereses de la deuda. Varios factores se conjugan para explicar el resultado: el pago de aguinaldos a jubilados y el mayor costo de la energía en el invierno son dos grandes claves. El Tesoro está afrontando este mes la transferencia de unos $300.000 millones a Enarsa para pagar los buques que traen el gas natural licuado importado, y otros $500.000 millones a Cammesa en concepto de subsidios energéticos. Al igual que en la familia Adorni, la herencia kirchnerista se hace chicle.
Pero a esta altura del Gobierno, el argumento puede empezar a perder elasticidad. Fue el propio ministro Luis Caputo el que adelantó que ya no queda mucho margen para seguir ajustando gastos. Y no terminan de prenderse los motores que impulsen con fuerza los ingresos tributarios. La minería, el petróleo y el gas, y el agro están traccionando, pero no terminan de compensar por ahora al resto de los sectores que todavía vienen rezagados.
La idea de que los bancos puedan oxigenar el negocio hipotecario con el respaldo de la Anses tampoco termina de despegar. Las conversaciones siguen, sí, pero avanzan en círculos. El problema de fondo es conocido en el gabinete, aunque pocos lo dicen en voz alta: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –valuado en unos nada despreciables U$S80.000 millones– es responsabilidad de Finanzas, pero queda bajo la órbita de la Anses, que está bajo el paraguas del Ministerio de Capital Humano. Y la ministra Sandra Pettovello no termina de convencerse. Entre ella y el equipo económico hay buena sintonía, pero no necesariamente se traduce en un acuerdo sobre qué hacer con el dinero del FGS.
En las provincias, en tanto, los gobernadores monitorean de cerca los casos de empresas en crisis. A nadie se le escapa que, en clave electoral, la oposición pueda valerse de algún caso como testigo a medida que se caliente la campaña. En Entre Ríos, la reestructuración de la empresa Granja Tres Arroyos mantiene alerta a la gestión de Rogelio Frigerio. El gobernador sabe que tiene enfrente a un contendiente astuto, como es Guillermo Michel, el exresponsable de la Aduana en la gestión de Sergio Massa. La crisis de la compañía avícola se ha transformado casi en una cuestión de Estado. Ya el clima de la provincia está caldeado ante la reforma previsional que busca apuntalar el gobierno de Frigerio para revertir el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Pero no es solo la macro la que no termina de despejarse. También la administración libertaria tiene frentes abiertos en los procesos de privatización. La licitación de la Hidrovía, el principal corredor fluvial de la Argentina, por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales, sigue sumando polémica. La belga DEME, que quedó segunda en el proceso que llevó adelante la Administración Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y perdió ante el consorcio conformado por Jan de Nul-Servimagnus, no baja los brazos. Según pudo saber LA NACION, planeaba presentar por estas horas una iniciativa privada ante el Gobierno, en el marco de la Ley Bases y del Decreto 713/2024, para forzar un nuevo proceso licitatorio bajo condiciones que, a su juicio, le habrían permitido ofrecer una tarifa más competitiva que la que habilitaban los pliegos. En una carta que le envió la semana pasada al Ministro Luis Caputo, DEME aseguró que podía prestar el servicio de dragado con una tarifa 17,4% inferior a la establecida como piso en el proceso actual. El de la Hidrovía es un negocio de peces pesados. Nadie se da de baja sin dar una pelea a fondo.
Pero no es el único. La puja por habilitar la competencia en el negocio de las vacunas contra la aftosa sigue. Pese a que fue una de las primeras batallas del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, todavía no termina de cantar victoria. La apuesta ahora del Gobierno pasa por incorporar un tercer jugador: el laboratorio colombiano Vecol. Se espera que el Senasa apruebe en estas semanas la vacuna de Vecol para sumarse así a la del laboratorio nacional Tecnovax –que fue habilitado en febrero pasado, aunque consideró que su vacuna tiene una efectividad de seis meses y no de 12, como se contempla en Brasil– y del hasta ahora líder del mercado, Biogénesis Bagó, donde son socios el laboratorio Bagó y el empresario Hugo Sigman.
Entretanto, en el mundillo bursátil finalmente pareciera haber comenzado el proceso de consolidación de agentes -Alycs, en la jerga financiera- que hace meses se viene anticipando. Balanz, una de las principales del mercado, anunció esta semana la adquisición de Grupo del Plata, y estaría por anunciar la incorporación ahora de Zofingen, mientras que el Banco Valo está negociando para incorporar dos operadores. La lógica es clara: escala o irrelevancia. El negocio de inversiones minoristas creció con fuerza en los últimos años, pero la rentabilidad exige masa crítica y los jugadores chicos tienen cada vez menos margen para sobrevivir solos. La apuesta de empresas como Balanz y Valo es eventualmente poder tener el volumen suficiente como para abrir su capital a la Bolsa. En el sector financiero miran la movida con atención. “Balanz es un jugador muy importante en la colocación de los bonos internacionales corporativos y provinciales; están administrando más de US$15.000 millones -dice un hombre del sistema financiero con muy buena lectura del mercado-. Están sobrando muchas Alycs y empieza la fase de la concentración; de las 300 que hay actualmente, en la Argentina deberían quedar 40, como mucho. El mercado estaba sobredimensionado por el negocio del “contado con liqui”. En Brasil y México hay 50 brokers para mercados de capitales varias veces más grandes que el argentino”, explica.
No menos convulsionada es la situación de las cámaras bancarias. Tras la salida del Banco Nación de Abappra, la cámara que agrupa a la banca pública, el Provincia planteó una renovación de nombres en la dirección ejecutiva. Con el aval del Consejo Directivo, se decidió la salida del experimentado Marcelo Mazzón y se contrató a una consultora para buscar su reemplazo. El nuevo director ejecutivo se definirá en las próximas semanas. Es un puesto codiciado, dado el rol que los bancos públicos provinciales juegan en el financiamiento de las economías regionales, justo cuando los gobernadores tienen la mira puesta en el ciclo electoral que se avecina.
Aunque todo el ruido argentino pareciera ser menor para el empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, que acaba de instalarse en la Argentina. Considera que existe en los Estados Unidos una amenaza mucho mayor. Quienes participaron de encuentros con el enigmático Thiel no solo aseveran que parte del motivo de instalarse en la Argentina es su admiración por Milei, con quien comparte buena parte de la cosmovisión libertaria, sino también algo más concreto: la seguridad. En el nuevo mapa geopolítico que trazan los analistas del mundo tech, Bahía Blanca aparece como la ciudad más alejada del radio de alcance de los misiles chinos. En tiempos en que la diversificación geográfica del riesgo es moneda corriente entre los grandes capitales globales, la Argentina empieza a figurar en conversaciones que antes habrían parecido improbables.
El peronismo está moviendo piezas en diferentes tableros para converger en un eventual diseño electoral para el 2027. La provincia de Buenos Aires es el escenario de uno de estos ensayos y tiene actores que exhiben raíz justicialista aunque en los últimos años exploraron otras experiencias.
Uno de esos entramados lo promueve Miguel Angel Pichetto, diputado nacional por Consenso Federal, ex candidato a vice de Cambiemos y en etapas anteriores, jefe de bloque del kirchnerismo. Este miércoles presentó en La Plata un espacio que denominó “Argentina productiva” y que se sostiene con otros dirigentes que fueron peronistas, como Emilio Monzó, pero también con referentes que enarbolaron ideas libertarias, como Carlos Kikuchi.
Intenta representar un “peronismo ampliado”. O -como dijeron en la presentación- una “coalición bien extendida que ofrezca una alternativa a Javier Milei”, anclada en el PJ pero con mayor representación que las actuales estructuras de ese partido.
Desde que regresó al Congreso luego de su paso por la Auditoría General de la Nación, Pichetto comenzó a expresar distancia del macrismo y -más aun- con la experiencia libertaria. Ese recorrido en reversa de su historial reciente lo llevó hasta San José 1111, donde tuvo una charla con la ex presidenta Cristina Kirchner, con detención domiciliaria por una condena de corrupción.
También lo acercó a Axel Kicillof, quien busca instalar una candidatura presidencial. Hace dos meses, el Gobernador recibió en su despacho a Monzó y a Nicolás Massot, que orbitan también el universo de Pichetto. En esas tertulias también incursionaron otros actores como el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini (hasta hace poco funcionario provincial), el alcalde de Luján, Leo Boto y dirigentes reportados en el massismo.
Hasta ahí una amalgama de figuras que tienen entre su foja de antecedentes años de compartir espacios. Muchos dentro de la coalición que condujo Mauricio Macri (Cambiemos/Juntos por el Cambio). Resulta un aporte novedoso la incorporación de dos ex libertarios como Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, ambos legisladores provinciales que llegaron en boletas con la inscripción de LLA pero que enseguida se corrieron del mileísmo. Constituyen en el ámbito legislativo provincial los libertarios blue. Y en la confección de la lista que los incluyó en esos comicios de 2023, tuvo intervención activa el massismo de la Provincia.
La presentación de “Argentina Productiva” fue en el coqueto hotel Grand Brizzo, situado a 500 metros de la Gobernación y a 100 metros de la Legislatura. Tuvo un formato de conferencia pero se convirtió en la presentación formal del espacio político que se autocalifica como de “centro”. La exposición del ex candidato a vice de Mauricio Macri estuvo a cargo del senador Vargas y se incluyó el aporte del economista Eduardo Setti, exsecretario de Finanzas durante la gestión del Frente de Todos.
“La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno. Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia”, planteó Pichetto como plataforma desde la que se cuestionó todo el modelo económico del actual Gobierno.
“La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo, hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo. No existe un modelo económico que deje fuera a gran parte de la población”, cuestionó el economista Setti.
No hubo definiciones sobre alianzas o candidaturas. Se sabe que Monzó pretende pujar por una candidatura a gobernador. En los últimos comicios lideró la lista de Provincias Unidas pero no llegó al piso para mantenerse en el Congreso.
Buenos Aires ya es un andamio donde comienzan a asomar los postulantes desde distintos sectores. El peronismo -sin chances de reelección para Kicillof- es el más prolífico. Hay intendentes, ministros y legisladores que se anotan.
El oficialismo nacional también debate -en medio de tensas internas- si repite con Diego Santilli (ahora ministro del Interior, pero en 2025 lideró la lista de diputados nacionales y ganó por escaso margen) o busca un libertario “puro” como podría ser Sebastián Pareja. Y también comenzó a caminar el territorio el ex intendente de Junín, hoy senador Pablo Petrecca, presidente de bloque y quien resistió a la alianza “violeta-amarilla” que se concretó el año pasado.
En las exposiciones dejaron claro un “reconocimiento” a los “avances en materia de equilibrio fiscal y control de la inflación” de la administración Milei. Pero advirtieron que desatendió los efectos concretos de ese ajuste sobre la economía real, como el cierre de miles de pymes y la destrucción de empleo en el último año.
Pichetto insistió en la necesidad de “fortalecer la unidad del peronismo para consolidar una alternativa con un desafío claro: conformar un gran frente popular y democrático, sin exclusiones que recupere el gobierno nacional”.
El proyecto muestra coincidencias con dirigentes del peronismo federal como los diputados Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz y el armador porteño Juan Manuel Olmos, actual presidente de la AGN.
El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias que está contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según surge de registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Lo hicieron en las últimas horas, ella ayer y Adorni esta mañana, cuando estaba previsto que el funcionario de Milei enviara su tan esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción, con la que buscará saldar todas las dudas sobre su incremento patrimonial del último año, en el que se compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, ambos en la mira de la Justicia.
De acuerdo al sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una nueva forma de declarar y pagar impuestos pensada para las personas que cumplen con sus obligaciones.
“La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”, explica en el organismo, donde también hacen una aclaración: ” No es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
La Ley de Inocencia Fiscal se aprobó en el Congreso Nacional en diciembre pasado, y el oficialismo sostuvo la posibilidad de que se puedan incluyir en ella los funcionarios, como sucedió este miércoles con Adorni.
¿Esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, que está siendo investigado por el crecimiento veloz de su patrimonio en los tribunales federales?
Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación por el juez Ariel Lijo, primero tendrá que verificar “que declara Adorni en ARCA, luego analizar la reglamentación de la la ley de Inocencia Fiscal, y ver si se dan las condiciones objetivas que la ley enumera para evitar la investigación penal”.
En diciembre, durante el debate de la ley, el diputado opositor Guillermo Michel, especialista en temas tributarios, aseguró que la ley que se estaba votando “no es un blanqueo” y por eso no implicaba beneficios con respecto a la situación de los contribuyentes en materia penal.
Apenas se conoció el dato de la inscripción en ARCA, enseguida las redes sociales desempolvaron un tuit de Adorni el día que se aprobó la ley a la que ahora, en medio de denuncias, se acogió.
“La ‘Ley de inocencia fiscal’ probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, escribió el jefe de Gabinete el 27 de diciembre pasado.
La “Ley de inocencia fiscal” probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica.
Fuentes de Casa Rosada manifestaron que ni Adorni ni su esposa Bettina Angeletti tiene previsto entrar en ningún blanqueo y que la información que se publicó sobre su trámite en ARCA es de público conocimiento.
En ese sentido, explicaron que lo único que hicieron los Adorni fue aplicar uno de los instrumentos contemplados en la Ley de Inocencia fiscal para simplificar la presentación de su declaración jurada.
Hay fenómenos misteriosos en la Argentina que aparecen de manera cíclica. El viernes se vivió uno de ellos: la movilización en torno a la muerte de un ídolo del rock. Es un desplazamiento enigmático y raro, no solo por su dimensión -se cubrió la Plaza de Mayo y hubo alrededor de 15 cuadras de cola para asistir al funeral en el Centro Deportivo Gatica en Villa Dominico-. El fallecimiento del Indio Solari plantea una serie de interrogantes sobre lo que parece ser un país subterráneo que se moviliza espontáneamente alrededor o detrás de un muerto.
Son formas extrañas de expresión, que lindan casi con la fe, por ejemplo al hablar de “misa ricotera”. Pero esto no se circunscribe sólo a lo social, radica también en lo político. Sin ir más lejos, el programa de streaming de Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan”), uno de los voceros del oficialismo, se llama “La Misa”. También, alrededor del asesor Santiago Caputo, existen personajes que se autoidentifican como las “Fuerzas del Cielo”.
La convocatoria por el deceso de Solari cuenta solo con algunos antecedentes, como los funerales de Hipólito Yrigoyen, Carlos Gardel, Eva y Juan Domingo Perón, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Diego Maradona. Ante cualquiera de estos fenómenos naturales, la política trata de no ser ajena. Intenta, aunque sea subliminalmente, apropiarse de aquel sentimiento.
El “Indio” era un hombre de izquierda, un “anarco” según sus allegados. En sus últimos años, se identificó y se aproximó al kirchnerismo. Dentro del Gobierno, que tiene algunos rasgos populistas, sabían también que no podían quedar fuera de este fenómeno. Personas cercanas a Milei como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el realizador audiovisual Santiago Oría, asomaron una despedida que incluyó una especie de pedido de perdón hacia el electorado por tener esa manifestación de dolor, que los conecta con dicho fenómeno popular.
El kirchnerismo, por su parte, intentó presentar aquella manifestación como una pieza de su propia historia. Para la microfísica del movimiento, permitió que se produjera un hecho que podría transformarse en una semilla: la organización del funeral de Solari, en la que intervino la municipalidad de Avellaneda, estuvo a cargo de Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Hablaron después de mucho tiempo, lo que no asegura que vaya a ser tampoco el comienzo de otras conversaciones.
Una de las incógnitas que atraviesa hoy a la política argentina es bajo qué esquema competirá el peronismo en las elecciones presidenciales de 2027. En los últimos meses, uno de los movimientos más relevantes fue la fractura del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, su principal bastión. Esa división tuvo origen en las diferencias entre Kicillof y Cristina Kirchner, profundizadas por las tensiones del gobernador con Máximo Kirchner y La Cámpora. En ese contexto, el diálogo que ambos referentes mantuvieron durante el velatorio del Indio podría marcar el inicio de un acercamiento.
Encuesta: el esfuerzo de los argentinos
Es necesario detenerse en un aspecto importante de la discusión electoral: existen dudas respecto de cuál será la oferta política del próximo año. Ha habido una descomposición total del sistema, una de cuyas manifestaciones ha sido la llegada de Javier Milei al poder con La Libertad Avanza. Del otro lado, un Juntos por el Cambio que se desarmó y un peronismo con una crisis sin precedentes.
Así como se desconoce la oferta, tampoco hay certezas respecto de la demanda: ¿qué pedirá el electorado? Puede elegir continuar con el proyecto economicista de Milei, ligado a una pretensión de desregulación y liberalización de la economía por la vida del ajuste. O, por el contrario, apoyar otra alternativa “más confortable”.
Un estudio de Casa Tres de Mora Jozami podría tener la respuesta. Ante la pregunta “¿Piensa que los esfuerzos que hicieron hasta el momento valieron la pena para mejorar el futuro económico del país?”, el 52% de los encuestados optó por la negativa. Esta lectura, de una demanda de cambio, coincide en gran medida con los niveles de adhesión y rechazo al gobierno de Milei. Hay mucho camino, sin embargo, hacia las elecciones. Quizás otros resultados económicos en el corto plazo puedan ayudar al cambio de sentido.
Encuesta. gestión nacional
Hay algunos indicios que se deben tener en cuenta. El aumento de las reservas del Banco Central, que se traduce en la baja del Riesgo País, es uno de ellos. Hubo un incremento en lo que va del año de US$900.000 millones. La inflación parece continuar también su proceso de desaceleración, como refleja en el índice de mayo para la ciudad de Buenos Aires (2,1%), dato que suele anticipar el porcentaje a nivel nacional.
Por otro lado, sectores como construcción, consumo, comercio e industria, que tienen conexión directa con los grandes centros urbanos y representan el 51% del empleo, están planchados. Esta interrupción impacta de lleno en la vida de la gente, y trastoca la percepción de bienestar o malestar que produce esta economía. Los salarios siguen deprimidos, caída que se manifiesta junto a un problema que es otro motivo de enojo en la base de la sociedad:el endeudamiento y morosidad para pagar las deudas. En un artículo para LA NACION, el periodista Agustín Maza precisa que el 25% de personas que solicitaron un crédito tienen una mora de al menos 90 días para saldar su deuda, lo que genera intereses y se convierte en una situación irritante.
Existen otros sectores, en los que se detiene la administración Milei y por los cuales se regocija, donde la economía es más dinámica. Uno es el sector agropecuario, aún a pesar de las retenciones, lo que da pauta de su nivel de profesionalización y modernidad. Hay también novedades curiosas, que son ejemplo además del misterioso movimiento de la historia. El ataque de Rusia contra Ucrania puso en crisis la provisión de girasol a nivel internacional, lo que llevó a un aumento en su valor y resultó en que la producción fuera más rentable. Aquel fenómeno tuvo tal efecto en la Argentina que inspiró a Louis Dreyfus, una de las grandes cerealeras a nivel mundial, a anunciar una inversión de entre 300 y US$400 millones en Bahía Blanca para levantar la planta de molienda de girasol más importante del planeta.
Hay luces y sombras. Mientras se conocen noticias como esta, también aparecen otras. Daniel Yofra, sindicalista del sector aceitero, cerealero y de la soja, encaminó un reclamo de 20% de aumento salarial que las aceiteras rechazan, lo que podría derivar en la interrupción del flujo de comercio que sale por Hidrovía, que tiene su núcleo en el puerto de Rosario. Es una novedad de magnitud para Santiago Bausili, presidente del Banco Central, quien pone la vista en la cantidad de dólares que se producen en dicho sector exportador. Empieza un problema en Rosario y hay que mirarlo de cerca.
Se completó la concesión para el manejo y explotación de la hidrovia río ParanáMarcelo Manera – LA NACION
El Gobierno, que empieza a mirar con preocupación los rasgos recesivos de esta política económica en los grandes conurbanos en industria y comercio, y lo que tiene que ver con construcción, dice que no va a llevar adelante ninguna política industrial porque descree, aunque sí lo tiene para la Cordillera, con los hidrocarburos y la minería, que son dos actividades promovidas por la política nacional a través del RIGI. Incluso ahora va a ser un “Super RIGI”, con más ventajas para ese tipo de inversiones.
Hay quienes critican estas ventajas porque sostienen que son para sectores muy aventajados para inversiones que vendrían de todos modos. Esa es la discusión.
El otro día, Luciana Vázquez planteó en una nota de LA NACION, si con el RIGI no se están generando varias Tierra del Fuego: regímenes de privilegio que después son muy difíciles de remontar porque generan un derecho adquirido de una forma legal.
Todo esto rodea una pregunta: ¿la gente qué va a pedir de la política el año que viene? ¿Cambio o continuidad? Y la otra que surge es qué le va a ofrecer la política.
El gobernador Axel Kicillof supervisando el operativo por la despedida del Indio Solari en Avellaneda.Prensa PBA
En este marco aparecen varias preguntas tanto para el oficialismo como para la oposición: ¿cómo se va a organizar la interna peronista? El otro día dimos un dato de una encuesta de Hugo Aime que generó sorpresa en mucha gente y malestar y satisfacción en otra. Cristina Kirchner está muy bien dentro del universo opositor a Milei, de los que no quieren este tipo de gobierno. Ahora, la pregunta es: ¿Cristina, que no puede ser candidata, le puede transferir esa luz a otro? Es muy complicado responder. En Brasil, Lula no pudo; ganó Bolsonaro y Haddad, que era su candidato, perdió. Después volvió, pero compitiendo él.
La otra pregunta es si Kicillof tiene destino después de Cristina. ¿Será él a quien ella finalmente le transmita ese prestigio en el mundo peronista enfrentado al Gobierno? A lo mejor Kicillof quiere otra cosa, como ir hacia el centro. ¿Pero no es tarde? ¿Qué tendría que hacer para que le crean que ya no pertenece al modelo estatista, que en alguna medida puso en un pentagrama cuando Cristina sólo lo tarareaba? ¿Puede salir y convertirse en otra cosa o están condenados a entenderse?
Allí está otra pregunta que Kicillof no quiere hacerse del todo: ¿estará obligado a someterse a Cristina? Es muy difícil pensar en ser candidato de ella sin pensar en una dosis de sometimiento, como pasó con Alberto Fernández.
¿Esta es la única versión del peronismo que vamos a tener? ¿Qué van a hacer los peronistas que dicen querer emanciparse de la experiencia kirchnerista para conectar con los valores que parece que hoy pesan en la sociedad, sobre todo en materia de economía y rigor fiscal? Ese grupo, que lideran en la Capital Juan Manuel Olmos: en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz; y en Entre Ríos, Guillermo Michel; y tiene representantes en muchas provincias. ¿Tiene tiempo ese peronismo “renovador” de encontrar un candidato y construirlo, o va a tener que comprar uno llave en mano? Ahí piensan en un empresario: Jorge Brito, uno de los accionistas del Banco Macro y fantasea con saltar a la política. Fue presidente de River y desde esa experiencia busca meterse para sacar a Kicillof y ganarle dentro de una interna.
Jorge Brito, empresario y expresidente de River PlateKathleen Kennedy – New York Stock Exchange
Pareciera que la interna del peronismo va a estar sembrada de incógnitas. Es curioso pensar qué liderazgos vamos a ver. Un líder es alguien que puede modificar y condicionar el proceso histórico con un programa derivado de su voluntad.
En el universo oficialista -que sería la base de Milei- cabe preguntarse qué va a hacer Mauricio Macri. Tuvo dos reuniones importantes este fin de semana: una fue con Maximiliano Pullaro, gobernador radical de Santa Fe, provincia importantísima, sobre todo para la sociología no peronista. Pullaro le sigue hablando a Macri en términos de alianzas, de reconstruir con los gobernadores radicales lo que sería Juntos por el Cambio, obviamente sin Milei. Su idea es contener ahí a los desencantados de Milei, suponiendo que no va a haber una reversión importante de este achatamiento de los sectores productivos, sino que va a seguir habiendo desencanto y que la gente que cree que no valió la pena va a ser más. Ellos le quieren ofrecer un instrumento para que no se vayan al peronismo, principalmente a aquel que intenta una renovación.
Sin embargo, según trascendió, Pullaro le hizo una advertencia: que Macri no les haga hacer todo esto para después renegociar en la mesa de la Casa Rosada con el solo objetivo de que Jorge Macri siga siendo el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El gobernador leyó muy bien porque para los Macri la Capital es crucial.
Mauricio Macri en Santa Fe con Pullaro y Frigerio
El expresidente además tuvo una reunión con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos del Pro, con el cual habló de temas similares, pero también de algo más, algo operativo. El exdiputado le planteó apoyar al Gobierno en eliminar las PASO y que haya una elección menos; que haya una ocasión menos para Milei de hacer sentir el rigor fiscal de la nación a los gobernadores que quieren armar esta nueva experiencia, de tal manera que no pida ir a unas primarias en contra de suya. Esa es una idea que no le conviene al peronismo que quiere pelear contra Cristina.
Para Macri hay límites en esta operación y tienen nombres: DiegoSantilli y Cristian Ritondo, dos dirigentes importantes y con peso en la Ciudad y la Provincia que quieren mantener su acuerdo con el Gobierno. Aunque, ellos también -inminentemente Santilli, que quiere ser candidato a gobernador del oficialismo- van a tener algún desafío. Empieza a haber, tal como hubo el año pasado en la elección bonaerense, dirigentes del Pro que proponen ir en una lista distinta a la de La Libertad Avanza. En este sentido, hay que mirar a los hermanos Passaglia, de San Nicolás, que están en un experimento electoral novedoso, por ahora, navegando sin luces.
Mientras tanto, LLA sigue condicionada por una interna muy virulenta. Su última manifestación tiene que ver con una publicación de Hugo Alconada Mon, que irritó a Santiago Caputo, donde informa sobre una auditoría de la Inspección General de Justicia sobre la Fundación Faro -recaudatoria de La Libertad Avanza- donde habría miles de millones de pesos que no tienen una procedencia clara porque no se sabe quiénes son los aportantes. Se trata de una fundación que es manejada nada menos que por el hermano de Santiago Caputo, Francisco, un personaje que se mueve entre bambalinas y cuyo rostro casi ni se conoce, pero con un extraordinario poder interno. Son todos asesores; ninguno firma resoluciones ni tiene responsabilidades por lo que pasa en el Gobierno.
La mesa política libertaria: Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Santilli, Eduardo y Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devit
Resulta interesante porque esa auditoría la hizo un organismo público del gobierno nacional que depende de Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, quien, a su vez, depende de Karina Milei. Es curioso que en el tweet en el que Caputo se queja de la nota de Alconada aparece ilustrando su foto y la de Karina Milei.
La interna genera paranoia en los dos bandos: ambos creen que todo lo malo que les pasa es culpa del otro, y tiene todavía en el centro a Manuel Adorni, cuya declaración jurada sería la noticia de esta semana, porque en el sector de Karina Milei creen que todo el vapuleo judicial que viene de Ariel Lijo puede estar relacionado a la amistad entre el juez y Santiago Caputo. En el fondo, ¿Adorni es víctima de Santiago Caputo? ¿Lo van a procesar? Y, si es así, ¿podrá seguir en el cargo?
¿Quiénes serían los reemplazantes de Adorni en caso de que el jefe de Gabinete sea procesado por no poder explicar su enriquecimiento? ¿Martín Menem? ¿Sandra Pettovello? ¿Pablo Quirno, que tiene unas ganas que se muere? ¿O Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete y personaje poco conocido que integra la mesa política del Gobierno?
Carlos, Juan Bautista e Ignacio Mahiques
Sigue la danza de nombres alrededor de un Adorni extraordinariamente debilitado. Y también surge una novedad a la que hay que prestar atención y la cual el Gobierno pretende presentar como “técnica”. Se trata de un viaje que habrá la semana que viene de Lijo y Mahiques a París como miembros de una comitiva que va a participar de una reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, encargado de monitorear los sistemas antilavado de dinero que hay en los distintos países. Nadie cree que ese viaje no derivará en una conversación política entre ellos y, tal vez, en un acuerdo. Adorni debe estar prestando atención para ver si le trae solución a su caso, y Karina Milei también porque Lijo tiene la causa de la Administración Nacional de Discapacidad, donde hay acusaciones de coimas.
¿Va a haber un acuerdo interno entre dos facciones de Comodoro Py: la de Lijo y la de Mahiques, que se proyecta sobre los Servicios de Inteligencia, como también pasa con la Justicia Federal?
Aún quedan dudas sobre si los Mahiques trabajan para los Milei o para ellos. Que los Milei les hayan dado todo ese poder a los Mahiques es como que les hayan dado un RIGI judicial, es decir, una cantidad extraordinaria de ventajas que ahora también manejan para ellos.
Mientras tanto, la familia Mahiques va colonizando el Estado. Ignacio, el hermano del ministro, que fue uno de los fiscales que investigó a Cristina Kirchner -a la sombra del fiscal Pollicita, que ahora tiene el caso Adorni- en la causa de la obra pública en Santa Cruz, por la que está presa, ahora es vicepresidente en una cámara de la Justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires. Fue designado por Jorge Macri como rector del Instituto Universitario de Seguridad, que todavía no terminó de crearse. Olfateo que alguna injerencia tuvo Daniel Angelici. Jorge Macri, a su vez, tenía como fiscal general de la Ciudad a Juan Bautista Mahiques. En el gobierno porteño sale uno y entra otro.
La designación de Ignacio Mahiques en el gobierno de la Ciudad
Esta designación es importante no solo por la historia familiar de los Mahiques, sino también porque plantea una pregunta: ¿hasta dónde llega la disidencia de Macri con Milei? Porque en Justicia parecen coincidir, como en la capacidad de los Mahiques para manejar cuestiones institucionales.
Esto lleva a otras sospechas, que contaminan a toda la Justicia: en las designaciones judiciales que se están produciendo, ¿algunas no tendrán que ver con intereses de la familia Macri, como el armado de la Cámara Civil de la Ciudad, donde se tramita la causa del Correo? ¿Juan Bautista Mahiques trabaja para los Milei y también para los Macri?
También hay otro Mahiques, Esteban, quien fue designado por su hermano como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia ad honorem. Dicen que es el que más sabe de Derecho y sigue siendo funcionario de Cancillería, donde aparentemente cobra más que en la cartera de su hermano. Una curiosidad simpática: el día que Juan Bautista Mahiques designó a Esteban, el padre de ellos, Carlos, decía en el Senado -mientras lo interrogaban para prorrogar su mandato como juez después de los 75 años- que en su familia no había nepotismo. Estaba mal informado.
Lo cierto es que Esteban Mahiques fue miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA, así como el ministro fue delegado de la asociación ante la FIFA. Es importante porque tiene que ver con las vinculaciones que tienen con Toviggino y el armado de determinados tribunales, como la Cámara Federal en lo Penal y Económico, donde se decide la suerte de varios temas de la AFA. Tapia y Toviggino se sienten absolutamente cómodos. Alguien les habrá prometido alguna impunidad porque ahora terminaron renovando el contrato escandaloso con el matrimonio Faroni, tan ligado a Sergio Massa. Contratos de intermediación por otros de la AFA que le permitieron girar montañas de dinero en los Estados Unidos.
La nota de Alconada Mon sobre el cumpleaños de Crlos Mahiques en la quinta atribuida a Toviggino
Puede ser que después del Mundial haya novedades en EE.UU. para todo este grupo, mientras tanto, los Mahiques siguen su propia política judicial, que no sabemos si es la de Milei. Una de las víctimas es Leopoldo Bruglia, quien fue junto con Pablo Bertuzzi uno de los dos camaristas por los que Pro bregaba para que no fuera impugnado el traslado que había ordenado Macri al sacarlos de tribunales orales federales y mandarlos a la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora a Bruglia le dicen que tiene que dejar el cargo y volver al tribunal porque en el Consejo de la Magistratura se está iniciando un concurso para reemplazarlo y hay un fallo de la Corte que dice que todos los que estén trasladados deben suspenderlo cuando haya un concurso. Bruglia fue a la Corte Internacional de Derechos Humanos y pidió una medida cautelar, alegando que los estaban discriminando porque a Carlos Mahiques, que es camarista de Casación, nadie le pide que deje el cargo. Incluso, en caso de que suceda, es una situación más débil, porque él no se movió dentro de la Justicia federal. En ese caso, al ministro no se le ocurre armar un concurso.
Podría haber un “ajuste de cuentas” contra Bruglia porque él proceso, junto con Bertuzzi, al actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, en una causa escandalosa donde había quedado demostrado que Viola, en combinación con Silvia Majdalani -en ese entonces mujer poderosa en la AFI, hoy SIDE-, organizó una patraña con testigos falsos para demostrar que el juez Casanello había estado en combinación con Cristina Kirchner en la causa de la Ruta del Dinero K, en reuniones con Lázaro Báez en Olivos. Era todo mentira: querían sacarle la causa para dársela, en teoría, a Servini de Cubría y tener de rodillas a la billetera de Báez.
Viola seguramente se esté “vengando” de Bruglia y, con esos antecedentes, es el delegado de Milei en el Consejo de la Magistratura, nada menos que en la Comisión de Designación de Jueces. A su vez, quien hacía gestiones por Viola cuando estaba por ser procesado era Juan Bautista Mahiques, que tal vez llegó a ministro por estos servicios prestados. Viola está muy ligado a Karina Milei.
María Verónica Michelli en el Senado de la NaciónComunicación Senado
Otro asunto es el caso de la jueza María VerónicaMichelli. Es sabido que el Presidente envió su pliego al Senado, los senadores empezaron a aprobarlo y ahí se dieron cuenta de que era cuñada de Hugo Alconada Mon. Intentaron retirar el pliego, aunque el Senado lo aprobó por una mayoría muy amplia y ahora hay una discusión sobre si Milei va a firmar el decreto o no. Algunos le aconsejaron que lo haga porque a lo mejor se va de viaje y lo termina firmando Victoria Villarruel, lo que sería para un dirigente de la provincia de Buenos Aires “comer pochoclo”.
Lo cierto es que este problema, o escándalo, a la jueza por las notas que escribe Alconada Mon castiga sobre todo a Karina Milei. Él escribe sobre $LIBRA, Andis y Adorni, pero toda esa narrativa se olvida de un dato: Alconada fue el que publicó que Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Toviggino, lo que quiere decir que los Mahiques deben tener un problema especial, ellos. Hay que decirle a Karina Milei que no se deje imputar todo este tema. Probablemente el mismo Juan Bautista Mahiques tenga un interés en castigar a Alconada con la vida de su cuñada, a pesar de lo aberrante de esa conducta.
Este problema llevó a un inconveniente a Carlos Mahiques: Mercedes Ninci -tal como hace ella- lo interceptó en los tribunales de Comodoro Py. Aparentemente, esa fue la gota que colmó el vaso de la cobertura periodística sobre su actividad y comportamiento, y terminó escribiéndole una carta al juez Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación que él integra, pidiéndole una especie de censura al periodismo, una reflexión para limitar la actividad de la prensa en relación a la Justicia, sanciones a los magistrados que hablen con la prensa y toda una explicación diciendo que hay de parte del periodismo una politización del discurso intencionalidad que lo que pretende es construir una realidad que permita operaciones de ataque, en este caso, a los jueces.
Suena familiar ese argumento y alguien lo encontró así: AnabelFernándezSagasti, la voz y los ojos de Cristina Kirchner en el Senado, quien el jueves pasado dijo: “No es el kirchnerismo el que denuncia persecución mediática, intereses económicos que influyen en las sentencias, sino que es el mismo Mahiques quien advierte a Barroetaveña que haga una reglamento para que los magistrados no puedan hablar con los periodistas esbirros y matones que transan información o favores para desprestigiar a jueces de la nación. Yo le quiero dar la bienvenida a las filas de los que denunciamos el lawfare en la Argentina”.
Son dos rostros del populismo, de derecha y de izquierda, unidos por una consigna: “No odiamos lo suficiente al periodismo”, que, con la Justicia independiente, suelen ser, y así está previsto, los principales límites que tienen los que mandan.
