Investigación A los viajes de Adorni se suma un all inclusive en Gualeguaychú
El fiscal Pollicita confirmó que, desde que está en la Rosada, el funcionario hizo dos viajes a Gualeguaychú y se hospedó en el Bolacuá Hotel Club de Campo por el monto de 2.350.000 pesos. El carnaval de pagos en efectivo.
Mientras pone en marcha una nueva tanda de medidas, la Justicia confirmó dos nuevos viajes relámpagos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Gualeguaychú, Entre Ríos, que se suman a los realizados a Bariloche, Aruba y Punta del Este.
La primera escapada se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, y la segunda, entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025. Para ambas estadías, el funcionario reservó dos habitaciones dobles en un exclusivo hotel de campo, según informó una fuente del caso, por un costo total de $2.350.000. Pagó en efectivo.
El número engorda la lista de gastos que revisa el fiscal Gerardo Pollicita en la causa contra al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, con el objetivo de establecer si existió o no un incremento patrimonial injustificado.
Adorni reservó las cuatro noches en Bolacuá Hotel Club de Campo, un all inclusive ubicado a 15 minutos de la Ciudad, que ofrece una amplia gama de servicios y atracciones para la familia, como paseos a caballo, pileta, cine, arquería y tenis, entre otras prestaciones, según se observa en su página web.
La primera información sobre el viaje fue publicada a principios de mes por Ahora El Día, un diario de la ciudad, en una nota que consignó que el funcionario “habría requerido reserva total sobre su estadía”.
Tras la declaración del vecino del country Indio Cua que le alquiló a Adorni una casa allí por 18 meses, la investigación se orienta ahora a reunir nueva documentación que permita profundizar algunas de las líneas que dejaron abiertas las testimoniales y otros elementos incorporados a la causa.
En relación con los viajes, Pollicita solicitó al hotel Llao Llao, de Bariloche, información sobre la estadía de Adorni, en junio de 2024. También pidió a una agencia de viajes precisiones sobre el modo en que se pagó un vuelo de regreso desde Nueva York, destino al que el funcionario y su mujer, Bettina Angeletti, viajaron como parte de una comitiva oficial.
El fiscal también requirió a distintos bancos y empresas proveedoras de servicios de activos virtuales que informen si Angeletti y Adorni registran cuentas o tarjetas de crédito, confió una fuente al tanto de la nueva tanda de medidas.
“En el último año y medio es lo único que hice, irme cuatro días de vacaciones con mis nenes”, dijo Adorni en marzo, en referencia a su viaje en vuelo privado a Punta del Este, que es objeto de una investigación paralela bajo la órbita del juez Ariel Lijo.
La frase del funcionario ante LN+ quedó ensombrecida por los descubrimientos que se sucedieron en la causa por enriquecimiento ilícito.
En orden cronológico, Bariloche fue el primero de los destinos. El funcionario viajó allí el 20 de junio de 2024 junto con su mujer. Se alojaron cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa, y la Justicia pudo reconstruir que los gastos contemplaron, al menos, casi $5 millones de hotel y otros $2.400.000 en excursiones y comidas.
Entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, Adorni viajó al Caribe. El viaje incluyó cuatro pasajes de la empresa Latam, a US$1450 cada uno, por un total de US$5800, pagados en efectivo. La familia Adorni se alojó en dos complejos de lujo, por los que pagó U$S8874
En febrero de 2025, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio. La factura de ida del vuelo fue emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, por US$4830. La vuelta habría costado US$3000, según una factura fechada el 9 de marzo.
En marzo de este año, como parte de una comitiva oficial, Adorni viajó a Nueva York acompañado de Angeletti. Ambos viajaron a la ida en el avión oficial junto con el presidente Javier Milei, pero el regreso fue por separado: Angeletti pagó US$5154,55, mientras que el vuelo de Adorni fue reservado por “Jefatura”.
En sus intervenciones públicas, Adorni evitó referirse a sus vacaciones, con el argumento de que formaban parte de su vida privada, pero sí desmintió viajes que no fueron acreditados por la Justicia, como uno a los parques de diversiones Disney, en Estados Unidos.
En un escenario que se parece peligrosamente al prolongado conflicto binacional por la instalación de la papelera Botnia-UPM en las costas de la ciudad Fray Bentos, frente a la localidad entrerriana de Gualeguaychú, funcionarios argentinos y de Uruguay se reunieron hoy en Montevideo para evitar la posibilidad de otro entuerto limítrofe. Esta vez se trata de una planta de hidrógeno verde planificada en Paysandú, frente a Colón, Entre Ríos, con el mismo río Uruguay como barrera natural e indispensable fuente de agua para el proyecto.
El canciller Pablo Quirno y el gobernador de Entre Ríos, Emilio Frigerio (Pro), encabezaron la delegación argentina. Fueron recibidos por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, y un actor que comienza a ser clave: el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Allí las autoridades uruguayas se comprometieron a analizar la relocalización de la planta.
Las repetidas marchas de protesta que vienen motorizando asambleístas entrerrianos cada fin de semana son el contexto y a la vez el condicionante de las negociaciones, alrededor de la inversión más grande que podría tener Uruguay en su historia, unos U$S 5800 millones generados por la empresa multinacional HIF Global, entre la construcción de la planta y la reforestación de las más de 110 hectáreas que, inicialmente, abarcaba el proyecto.
Luego de la reunión, y aún sin anuncios concretos, el canciller argentino se mostró conforme, sobre todo porque del lado uruguayo contestaron que analizan la “relocalización” de la planta, objetivo compartido por los asambleístas y las autoridades argentinas.
“Tuvimos una excelente reunión con Mario Lubetkin, canciller de Uruguay , y el equipo uruguayo para continuar el proceso de diálogo sobre el proyecto de la planta de elaboración de hidrógeno verde en Paysandú, en la que nos informaron que el Gobierno uruguayo se encuentra analizando alternativas de relocalización de la planta”, escribió Quirno en su cuenta de X. “Seguiremos en diálogo constructivo y permanente para llegar a un escenario que contemple los intereses de todas las partes. Seguimos avanzando”, culminó el jefe de la diplomacia nacional.
En un comunicado conjunto, ambos países dieron cuenta de las negociaciones en curso. En el texto común se aclaró que Quirno “valoró que se hubiere incorporado a la ciudad de Colón como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración de un estudio de Impacto Ambiental, otra de las preocupación en Colón, ciudad turística dónde viven unos treinta mil pobladores fijos.
Lubetkin, en tanto, señaló que, una vez tomada una decisión con respecto a la localización definitiva del proyecto y la evaluación de su estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la entidad binacional, que también tuvo una participación protagónica en el conflicto por Botnia, que incluyó el cierre del puente Gualeguaychú-Fray Bentos durante cinco años e incluyó un litigio internacional en el tribunal de La Haya con resultado adverso para la Argentina.
“Estamos en contra de que la planta se haga en ese lugar, por la contaminación visual, a poco más de dos kilómetros de las playas de Colón”, expresó a LA NACION Gustavo Velzi, abogado de los asambleístas de Colón, y partidario de la relocalización de la planta
Más allá de los asambleístas, ambos gobiernos y las intendencias (el intendente de Colón, José Luis Walser, apoya el reclamo de los manifestantes entrerrianos), otros actores también intervinieron en clave política. Los legisladores del peronismo entrerriano Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl presentaron ante la justicia federal en Concepción del Uruguay una acción preventiva de daños en materia ambiental.
La Justicia envió, a su vez, exhortos a la CARU y al propio Quirno para que suministre la información que tiene sobre el estado del proyecto. Diputado cercano a Sergio Massa, y con aspiraciones de gobernar Entre Ríos, Michel acusó a Frigerio de “sobrevolar los temas” y de ocuparse de la instalación de la planta recién después de su denuncia.
Cerca de Frigerio contestaron que “el tema no se resuelve con denuncias judiciales”, y confiaron en seguir impulsando la relocalización de la planta, un pedido concreto que el propio Frigerio hizo llegar al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.
“A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. El gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú”, dijo Frigerio.
“Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el pais hermano uruguayo y creemos firmemente que esto no tiene porque afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. ”, dijo Frigerio al terminar la reunión.
“Ojalá todos aprendan de lo que pasó aquí y no sea otra vez la crónica de una nueva frustración o resignación”, advirtió a este diario Luis Leissa, abogado y ex integrante de la asamblea de Gualeguaychú.
La investigación judicial sobre Manuel Adorni incorporó movimientos de gastos, viajes, propiedades y operaciones en efectivo que no coincidirían con sus ingresos declarados.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en los últimos días nuevos elementos que profundizaron las sospechas sobre su evolución patrimonial y su nivel de gastos personales, en un contexto donde en tribunales ya se analizan posibles carátulas de la causa.
Según diarioAR, el expediente que tramita en Comodoro Py detectó gastos mensuales consecutivos de entre u$s18.000 y u$s20.000 vinculados al funcionario y su entorno familiar, cifras que superarían ampliamente los ingresos oficiales percibidos por Adorni desde su llegada al Gobierno.
La reconstrucción de esos movimientos financieros surge de comprobantes obtenidos en allanamientos, informes bancarios, registros públicos y documentación aportada por testigos en la causa.
De acuerdo con la investigación, el actual jefe de Gabinete comenzó a percibir desde febrero de 2026 un salario cercano a $5,5 millones mensuales, equivalentes a unos u$s3.900 al tipo de cambio financiero. Hasta enero, sus ingresos oficiales rondaban los $2,7 millones. Sin embargo, los gastos registrados multiplicarían varias veces esos montos.
Entre los gastos relevados aparecen expensas por aproximadamente $2,5 millones mensuales correspondientes a distintas propiedades vinculadas a la familia Adorni-Angeletti: un departamento en Caballito, otro en Parque Chacabuco, una unidad en La Plata y una casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
A eso se suman seguros, impuestos, servicios, gastos vinculados a una camioneta Jeep Compass adquirida en 2024 y cuotas escolares por alrededor de $1,6 millones mensuales. La investigación también incorporó resúmenes de tarjetas de crédito que llegaron a registrar consumos de hasta $22 millones en septiembre de 2025.
La causa también incluye viajes realizados desde 2024 a destinos como Aruba, Punta del Este, Madrid, Nueva York, Llao Llao y Gualeguaychú, por montos que superarían los US$30.000. Parte de esos pagos, según la investigación, habría sido realizada en efectivo y sin facturación formal.
Manuel Adorni Diputados
El fiscal Gerardo Pollicita mantiene como principal línea de investigación el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario. Desde diciembre de 2023, la familia habría incorporado una casa en Indio Cua valuada en u$s120.000, con reformas posteriores por u$s245.000, además de un departamento en Caballito escriturado por u$s230.000 y remodelaciones por otros u$s65.000.
La investigación también analiza préstamos otorgados por jubiladas, policías y allegados por alrededor de u$s365.000, utilizados presuntamente para justificar parte de las operaciones inmobiliarias. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de las firmas vinculadas al matrimonio.
El fiscal Gerardo Pollicita recibió los primeros informes de plataformas virtuales. Los montos relevados son inferiores a los flujos en efectivo ya documentados, pero los investigadores no descartan que sean la punta de un iceberg mayor y evalúan ordenar estudios de trazabilidad.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entró en una nueva dimensión: la Justicia federal comenzó a examinar la huella financiera digital de su patrimonio y encontró señales de actividad en criptomonedas. El fiscal Gerardo Pollicita recibió las primeras respuestas de exchanges y plataformas de activos virtuales a las cuales había requerido información, y los datos llegaron confirmando que el funcionario realizó transacciones en ese ecosistema.
La causa, radicada ante el juez Ariel Lijo en Comodoro Py, suma así un capítulo que abre una ventana hacia un tipo de patrimonio difícil de rastrear por las vías convencionales. Los investigadores creen que estos hallazgos son apenas una muestra de movimientos más grandes y planean profundizar la búsqueda, según publicó NA. La fiscalía evalúa avanzar con estudios técnicos de trazabilidad, una herramienta que permite reconstruir el recorrido de cada unidad de criptomoneda a través de la cadena de bloques y determinar con precisión el origen y el destino final de los fondos.
El hallazgo aparece poco después de que el presidente Javier Milei anunciara que su jefe de Gabinete presentará una versión actualizada de su declaración jurada con, prometen, todos los números en regla de las propiedades, cuentas, gastos de tarjeta y viajes, entre otros, que salieron a la luz en el último mes y provocó una crisis política en el Gobierno.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prepara la presentación de su declaración jurada de bienes de 2025, un documento clave en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia. Aunque la senadora Patricia Bullrich reclamó que la entregue “de inmediato”, la presentación se realizaría recién hacia fines de mayo, antes del plazo formal previsto para este tipo de declaraciones.
Según trascendió, uno de los puntos centrales del informe patrimonial será la herencia recibida de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. En el expediente sucesorio figuran dosbienes ubicados en La Plata: un departamento y un terreno. En el caso del terreno, el funcionario habría heredado solo una parte, ya que el resto corresponde a su madre y a su hermano.
Ese dato aparece como uno de los elementos que Adorni buscará incorporar para justificar parte de sus ingresos y explicar cómo afrontó gastos relevantes durante los últimos dos años. Entre ellos, la compra de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y refacciones que, según una declaración testimonial incorporada a la causa, habrían demandado alrededor de u$s245.000 en efectivo.
El departamento heredado en La Plata, ubicado sobre la calle 48, entre 6 y 7, fue puesto en venta semanas atrás por unos u$s95.000. En su declaración jurada de 2024, Adorni había informado que recibió ese inmueble como una donación vinculada a la herencia familiar y consignó que poseía el 100% de la titularidad. Ahora, la expectativa está puesta en las precisiones que pueda sumar sobre la sucesión, posibles cesiones de derechos o donaciones posteriores.
La documentación también deberá dar respuesta a otros gastos bajo análisis judicial, entre ellos viajes familiares a Aruba, Bariloche, Gualeguaychú, un viaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase a Nueva York que no habría sido utilizado.
Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni y aseguró que el funcionario tiene “todo en regla”. El Presidente sostuvo que la presentación se hará dentro de los plazos correspondientes y descartó desplazarlo del cargo: “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó.
Ayer, en una entrevista televisiva, la exministra de Seguridad hizo referencia al informe de gestión que brindó el funcionario en la Cámara de Diputados, donde aseguró tener “una explicación a los gastos”. Tras citarlo, Bullrich pidió rapidez en dicho procedimiento: “Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿para que vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?”.
Incluso, aseguró que se trata de un trámite “bastante fácil de hacer” e insistió: “Si dijo que tiene todo probado, para mi tiene que ser inmediato”.
Según trascendió, uno de los puntos centrales del informe patrimonial será la herencia recibida de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. En el expediente sucesorio figuran dosbienes ubicados en La Plata: un departamento y un terreno. En el caso del terreno, el funcionario habría heredado solo una parte, ya que el resto corresponde a su madre y a su hermano.
Ese dato aparece como uno de los elementos que Adorni buscará incorporar para justificar parte de sus ingresos y explicar cómo afrontó gastos relevantes durante los últimos dos años. Entre ellos, la compra de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y refacciones que, según una declaración testimonial incorporada a la causa, habrían demandado alrededor de u$s245.000 en efectivo.
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El departamento heredado en La Plata, ubicado sobre la calle 48, entre 6 y 7, fue puesto en venta semanas atrás por unos u$s95.000. En su declaración jurada de 2024, Adorni había informado que recibió ese inmueble como una donación vinculada a la herencia familiar y consignó que poseía el 100% de la titularidad. Ahora, la expectativa está puesta en las precisiones que pueda sumar sobre la sucesión, posibles cesiones de derechos o donaciones posteriores.
La documentación también deberá dar respuesta a otros gastos bajo análisis judicial, entre ellos viajes familiares a Aruba, Bariloche, Gualeguaychú, un viaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase a Nueva York que no habría sido utilizado.
Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni y aseguró que el funcionario tiene “todo en regla”. El Presidente sostuvo que la presentación se hará dentro de los plazos correspondientes y descartó desplazarlo del cargo: “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó.
La nómina abarcó cargos en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero. Con este envío, el Gobierno profundizó su estrategia de completar estructuras judiciales en todo el territorio nacional.
Entre los postulantes se destacaron nombres para juzgados nacionales en lo criminal y correccional, como Fernando Carlos Damián Pascual para el Juzgado N° 41 y Javier Rodrigo Pereyra para el N° 3. En el ámbito civil, aparecieron candidaturas como Florencia Inés Córdoba para el Juzgado de Primera Instancia N° 66 y Lucila Califano para el N° 9.
El listado también incluyó propuestas para tribunales orales, entre ellas la de Bernardo María Rodríguez Palma para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín.
En cuanto a cámaras de apelaciones, sobresalieron las postulaciones de Alicia Isabel Braghini para la Cámara Federal de la Seguridad Social y de Matilde Evangelina Ballerini para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Además, se incorporaron cargos vinculados al Ministerio Público, con nombres como Germán Luis Artola para la Defensoría Oficial Adjunta en lo Criminal y Correccional y Pedro Mariano Rebollo para la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. También se contemplaron defensores de víctimas en provincias, como María Laura Irastorza en Río Negro y Sofía Beatriz del Milagro Martín en Santiago del Estero.
El ingreso de los pliegos marcó el inicio del procedimiento parlamentario. Las comisiones del Senado deberán evaluar los antecedentes de cada candidato antes de avanzar hacia una eventual aprobación en el recinto.
El mecanismo incluye instancias de consulta a organismos judiciales y la posibilidad de que se presenten objeciones por parte de la sociedad civil.
Este proceso resulta clave para definir el futuro de las designaciones y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la inclusión del pliego de Víctor Arturo Pesino, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su postulación llegó horas después de que firmara, junto a la jueza María Dora González, una resolución que dejó sin efecto una medida cautelar que suspendía parte de la ley de Reforma Laboral.
Desde el punto de vista práctico, la decisión judicial permitió que los artículos cuestionados recuperaran vigencia en esta etapa del proceso. En términos políticos, representó un respaldo para la Casa Rosada.
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Sin embargo, la cercanía temporal entre el fallo y el envío del pliego generó cuestionamientos en sectores de la oposición, que consideraron que el Ministerio de Justicia debió actuar con mayor prudencia y dejar pasar más tiempo entre ambos hechos.
Estos nuevos expedientes se sumaron a más de 80 pliegos que ya se encontraban en tratamiento en la Cámara alta, impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de cubrir vacantes en distintos fueros.
Entre los casos que despertaron atención se encontraron pedidos de continuidad como el de Carlos “Coco” Mahíques, padre del ministro, y la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosatti, para un tribunal en Santa Fe.
También se destacó la candidatura de Ana María Juan para el Juzgado Federal de Hurlingham, quien es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa $LIBRA.
En este contexto, el avance del Gobierno en materia de designaciones judiciales volvió a colocar el foco en los equilibrios entre el Poder Ejecutivo, el Senado y el sistema de Justicia, en medio de tensiones políticas y debates sobre transparencia e independencia.
