Tag: Entre Ríos

  • Paritarias de la carne: las escalas salariales y adicionales confirmados para el mes de junio

    Paritarias de la carne: las escalas salariales y adicionales confirmados para el mes de junio

    La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados y las cámaras empresarias de la actividad sellaron la estructura de ingresos para los trabajadores de la actividad. Las partes refrendaron el entendimiento técnico en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Número 56/75 para la Industria de la Carne. El documento, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijó los parámetros salariales que rigen para las remuneraciones devengadas que se abonan durante el sexto mes del año.

    La diagramación de las planillas salariales incluyó valores fijos por hora que corren de manera uniforme para todo el período de vigencia pautado. El esquema prevé además la revisión obligatoria de las escalas durante el transcurso del mes de junio de 2026, una vez conocida la información del índice de inflación oficial determinado por el Estado Nacional, con el objetivo de resguardar el espíritu de la recomposición salarial acordada.

    El presente Acuerdo contó con la participación y firma de la representación gremial encabezada por su secretario general, José Alberto Fantini, junto a Gabriel Chávez, Carlos Molinares, Fabián Ochoa, Miguel Tapia, Cristian Crudelli, Antonio Loza, Omar Garey, Fabio Oviedo, Gabriel Muñoz y Miguel Ángel Otero. Por la representación empresaria firmaron el Dr. Miguel Ángel Polo por la Unión de la Industria Cárnica (UNICA); el Sr. Alberto Berardi por la Cámara de Industrias Cárnicas de Entre Ríos (CICER); el Sr. Juan Javier Peralta por la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC) y la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA); el Dr. Mario Ravettino por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (CECA) y CAFRA; y el Dr. Sebastián Bendayán Breser por la Cámara de Frigoríficos de la Provincia de Santa Fe (CAFRISA).

    Carne vacuna

    Los sueldos básicos por hora de los operarios de la industria de la carne

    Las planillas salariales vigentes determinaron los siguientes montos correspondientes a los haberes básicos iniciales por hora de la actividad (Anexo IV) para cada escalafón convencional durante el mes de junio de 2026:

    – Operario Inicial (O.I): dispone de un sueldo básico por hora de $6.823,87.

    – Peón Práctico (P.P): cuenta con un sueldo básico por hora de $7.165,06.

    – Sub-Calificado (S.C): percibe un sueldo básico por hora de $7.523,32.

    – Calificado (C): dispone de un sueldo básico por mes de $7.899,48.

    – Especializado (E): cuenta con un sueldo básico por hora de $8.294,46.

    – Especializado de Primera (E. 1º): percibe un sueldo básico por hora de $8.709,18.

    Dentro del sector de Ingeniería se incorpora además la categoría inicial de Oficial de Primera (O. 1ra) con un valor básico de $8.294,46 por hora, y la escala máxima inicial asciende en el Personal Especializado de Primera a $9.144,64 por hora.

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    Las condiciones de las asignaciones por presentismo y adicionales convencionales

    La reglamentación de las asignaciones pautó de forma expresa los importes determinados para el beneficio por presentismo correspondientes a lo normado en el convenio colectivo de trabajo vigente.

    Para el período comprendido entre el 1° de junio de 2026 y hasta el 30 de junio del 2026, se fijó un monto de presentismo de $94.890,51 por mes (o un equivalente de $47.445,25 por quincena). Asimismo, las planillas complementarias determinaron el pago obligatorio de una suma adicional fija que acompaña al presentismo, establecida en un valor de $20.000 mensuales (o distribuidos en $10.000 por quincena) para la totalidad de los operarios integrados en los establecimientos de la actividad del país.

    GZ / lr

  • Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas

    Difirieron la implementación del Código Procesal Penal Federal en Córdoba por razones operativas

    El Gobierno nacional difirió la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

    De acuerdo con lo dispuesto mediante la disposición 274/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, la implementación se postergó hasta las 00:00 horas del 8 de marzo de 2027.

    La decisión responde a la necesidad de consolidar las condiciones materiales, operativas y tecnológicas que permitan asegurar una transición ordenada y sostenible en una de las jurisdicciones federales de mayor complejidad institucional del país.

    La postergación se comunicará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo establece la resolución. El cronograma de implementación, definido por el Ministerio de Justicia, prevé una puesta en marcha gradual del Código en los distintos distritos federales del país, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.150 y sus modificatorias.

    Desde la reanudación del proceso de reforma procesal penal federal, el Ministerio de Justicia impulsó la vigencia del sistema acusatorio en varias jurisdicciones, priorizando la consolidación paulatina y la articulación interinstitucional.

    Hasta el momento, el nuevo modelo se instaló en nueve distritos federales —incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego— y en regiones de la provincia de Buenos Aires, tales como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

    Y aún resta implementar el sistema acusatorio en nueve jurisdicciones federales, entre ellas Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de zonas de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de Córdoba, la extensión territorial, la densidad poblacional, la dispersión geográfica de las sedes judiciales y el volumen de litigiosidad penal federal han sido señalados como factores determinantes para requerir un análisis específico de las condiciones necesarias para la transición.

    El Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques, define el cronograma de implementación de los códigos procesales penales federales en todos los distritos

    La magnitud y complejidad estructural de la Justicia Federal en Córdoba obliga a contemplar una evaluación detallada de los recursos humanos, la infraestructura disponible, la tecnología y la operatividad de los organismos involucrados. El distrito concentra investigaciones vinculadas a delitos complejos, como narcotráfico, criminalidad económica y contrabando, lo que demanda un despliegue técnico y profesional adicional para garantizar la eficacia del sistema acusatorio.

    En el proceso de adecuación, se realizaron aportes específicos al Poder Judicial de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y garantizar estándares homogéneos en la operatividad del sistema. Entre las acciones desarrolladas, la cartera de Justicia proporcionó herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer el análisis forense digital, mediante la entrega de sistemas UFED y equipamiento especializado que optimizan el tratamiento de evidencia digital y la preservación de la cadena de custodia.

    Además, se inició el relevamiento de las estructuras edilicias del Poder Judicial para avanzar en la adecuación y equipamiento de las salas de audiencias requeridas por el modelo acusatorio, incluyendo sistemas audiovisuales, conectividad y registración digital. Paralelamente, se impulsaron instancias de formación y capacitación para magistrados, funcionarios y equipos técnicos, a través de talleres, actividades académicas e intercambios institucionales con distritos donde el sistema ya está vigente.

    La decisión de diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Córdoba surge tras evaluaciones técnicas y diagnósticos institucionales que coinciden en la necesidad de profundizar la adecuación edilicia, fortalecer la disponibilidad de espacios y asegurar la operatividad de las salas de audiencias bajo el nuevo modelo.

    El proceso fue acompañado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —que solicitó formalmente el aplazamiento mediante la Acordada N° 34/2026— y por la Procuración General de la Nación, que presentó un informe de diagnóstico en abril de 2026 destacando diversas necesidades operativas, tecnológicas y de infraestructura.

    El relevamiento realizado por las instituciones intervinientes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, ratifica la importancia de garantizar condiciones materiales y operativas óptimas para la implementación. Se estima que la entrada en vigencia del Código solo será efectiva cuando las salas de audiencias se encuentren plenamente operativas y se hayan completado las acciones de capacitación, incluyendo simulacros y talleres de estandarización dirigidos a todos los operadores judiciales.

  • Baja el riesgo país, pero sube el riesgo Adorni

    Baja el riesgo país, pero sube el riesgo Adorni

    Este jueves se conoció que la inflación de mayo fue del 2,1%, la menor desde septiembre de 2025, y más baja que la que el mercado había adelantado. Un día antes, el miércoles, la calificadora S&P elevó la nota de la deuda argentina y desató horas de euforia en el mercado argentino: el riesgo país alcanzó los 441 puntos básicos, el valor más bajo en lo que va de la gestión libertaria, y las acciones treparon 6,4 por ciento. Son días de buenas nuevas financieras, que sin embargo el Gobierno no está logrando capitalizar. El affaire Adorni domina la agenda pública con la misma potencia con la que agiganta la grieta en el gabinete.

    El problema es que, si bien la Casa Rosada acumula victorias para mostrar, no puede darse el lujo en este momento de alimentar flancos. El affaire Adorni ya probó que los escándalos de gestión tienen costo político en una administración que construyó buena parte de su capital sobre la promesa de transparencia. No tiene sentido relativizar el monto de la inconsistencia económica de Adorni con otros casos de corrupción. Para el relato libertario es fulminante. Y el margen para tropiezos se achica: la oposición ya procesa cada movimiento del Gobierno con el ojo puesto en 2027, mientras la economía –pese a los equilibrios macroeconómicos conseguidos– sigue sin traducirse en un alivio tangible para la mayoría de los argentinos.

    El consumo sigue estancado (dejó de caer, según el consenso, pero no mejora) y la macro todavía no puede darse por estabilizada. Sin ir más lejos, en el equipo económico ya dan por descontado que junio cerrará en rojo: será la cuarta vez que ocurre en 30 meses. Desde enero de 2024, solo en junio y diciembre de ese año, y en diciembre de 2025, las cuentas públicas acumularon déficit tanto primario –el resultado entre ingresos y gastos– como financiero, lo que queda tras el pago de intereses de la deuda. Varios factores se conjugan para explicar el resultado: el pago de aguinaldos a jubilados y el mayor costo de la energía en el invierno son dos grandes claves. El Tesoro está afrontando este mes la transferencia de unos $300.000 millones a Enarsa para pagar los buques que traen el gas natural licuado importado, y otros $500.000 millones a Cammesa en concepto de subsidios energéticos. Al igual que en la familia Adorni, la herencia kirchnerista se hace chicle.

    Pero a esta altura del Gobierno, el argumento puede empezar a perder elasticidad. Fue el propio ministro Luis Caputo el que adelantó que ya no queda mucho margen para seguir ajustando gastos. Y no terminan de prenderse los motores que impulsen con fuerza los ingresos tributarios. La minería, el petróleo y el gas, y el agro están traccionando, pero no terminan de compensar por ahora al resto de los sectores que todavía vienen rezagados.

    La idea de que los bancos puedan oxigenar el negocio hipotecario con el respaldo de la Anses tampoco termina de despegar. Las conversaciones siguen, sí, pero avanzan en círculos. El problema de fondo es conocido en el gabinete, aunque pocos lo dicen en voz alta: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad –valuado en unos nada despreciables U$S80.000 millones– es responsabilidad de Finanzas, pero queda bajo la órbita de la Anses, que está bajo el paraguas del Ministerio de Capital Humano. Y la ministra Sandra Pettovello no termina de convencerse. Entre ella y el equipo económico hay buena sintonía, pero no necesariamente se traduce en un acuerdo sobre qué hacer con el dinero del FGS.

    En las provincias, en tanto, los gobernadores monitorean de cerca los casos de empresas en crisis. A nadie se le escapa que, en clave electoral, la oposición pueda valerse de algún caso como testigo a medida que se caliente la campaña. En Entre Ríos, la reestructuración de la empresa Granja Tres Arroyos mantiene alerta a la gestión de Rogelio Frigerio. El gobernador sabe que tiene enfrente a un contendiente astuto, como es Guillermo Michel, el exresponsable de la Aduana en la gestión de Sergio Massa. La crisis de la compañía avícola se ha transformado casi en una cuestión de Estado. Ya el clima de la provincia está caldeado ante la reforma previsional que busca apuntalar el gobierno de Frigerio para revertir el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

    Pero no es solo la macro la que no termina de despejarse. También la administración libertaria tiene frentes abiertos en los procesos de privatización. La licitación de la Hidrovía, el principal corredor fluvial de la Argentina, por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales, sigue sumando polémica. La belga DEME, que quedó segunda en el proceso que llevó adelante la Administración Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y perdió ante el consorcio conformado por Jan de Nul-Servimagnus, no baja los brazos. Según pudo saber LA NACION, planeaba presentar por estas horas una iniciativa privada ante el Gobierno, en el marco de la Ley Bases y del Decreto 713/2024, para forzar un nuevo proceso licitatorio bajo condiciones que, a su juicio, le habrían permitido ofrecer una tarifa más competitiva que la que habilitaban los pliegos. En una carta que le envió la semana pasada al Ministro Luis Caputo, DEME aseguró que podía prestar el servicio de dragado con una tarifa 17,4% inferior a la establecida como piso en el proceso actual. El de la Hidrovía es un negocio de peces pesados. Nadie se da de baja sin dar una pelea a fondo.

    Pero no es el único. La puja por habilitar la competencia en el negocio de las vacunas contra la aftosa sigue. Pese a que fue una de las primeras batallas del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, todavía no termina de cantar victoria. La apuesta ahora del Gobierno pasa por incorporar un tercer jugador: el laboratorio colombiano Vecol. Se espera que el Senasa apruebe en estas semanas la vacuna de Vecol para sumarse así a la del laboratorio nacional Tecnovax –que fue habilitado en febrero pasado, aunque consideró que su vacuna tiene una efectividad de seis meses y no de 12, como se contempla en Brasil– y del hasta ahora líder del mercado, Biogénesis Bagó, donde son socios el laboratorio Bagó y el empresario Hugo Sigman.

    Entretanto, en el mundillo bursátil finalmente pareciera haber comenzado el proceso de consolidación de agentes -Alycs, en la jerga financiera- que hace meses se viene anticipando. Balanz, una de las principales del mercado, anunció esta semana la adquisición de Grupo del Plata, y estaría por anunciar la incorporación ahora de Zofingen, mientras que el Banco Valo está negociando para incorporar dos operadores. La lógica es clara: escala o irrelevancia. El negocio de inversiones minoristas creció con fuerza en los últimos años, pero la rentabilidad exige masa crítica y los jugadores chicos tienen cada vez menos margen para sobrevivir solos. La apuesta de empresas como Balanz y Valo es eventualmente poder tener el volumen suficiente como para abrir su capital a la Bolsa. En el sector financiero miran la movida con atención. “Balanz es un jugador muy importante en la colocación de los bonos internacionales corporativos y provinciales; están administrando más de US$15.000 millones -dice un hombre del sistema financiero con muy buena lectura del mercado-. Están sobrando muchas Alycs y empieza la fase de la concentración; de las 300 que hay actualmente, en la Argentina deberían quedar 40, como mucho. El mercado estaba sobredimensionado por el negocio del “contado con liqui”. En Brasil y México hay 50 brokers para mercados de capitales varias veces más grandes que el argentino”, explica.

    No menos convulsionada es la situación de las cámaras bancarias. Tras la salida del Banco Nación de Abappra, la cámara que agrupa a la banca pública, el Provincia planteó una renovación de nombres en la dirección ejecutiva. Con el aval del Consejo Directivo, se decidió la salida del experimentado Marcelo Mazzón y se contrató a una consultora para buscar su reemplazo. El nuevo director ejecutivo se definirá en las próximas semanas. Es un puesto codiciado, dado el rol que los bancos públicos provinciales juegan en el financiamiento de las economías regionales, justo cuando los gobernadores tienen la mira puesta en el ciclo electoral que se avecina.

    Aunque todo el ruido argentino pareciera ser menor para el empresario Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley, que acaba de instalarse en la Argentina. Considera que existe en los Estados Unidos una amenaza mucho mayor. Quienes participaron de encuentros con el enigmático Thiel no solo aseveran que parte del motivo de instalarse en la Argentina es su admiración por Milei, con quien comparte buena parte de la cosmovisión libertaria, sino también algo más concreto: la seguridad. En el nuevo mapa geopolítico que trazan los analistas del mundo tech, Bahía Blanca aparece como la ciudad más alejada del radio de alcance de los misiles chinos. En tiempos en que la diversificación geográfica del riesgo es moneda corriente entre los grandes capitales globales, la Argentina empieza a figurar en conversaciones que antes habrían parecido improbables.



  • CASA ROSADA Mesa política sin foto: dos horas y media cara a cara tras los detalles de la declaración juarda de Adorni

    CASA ROSADA Mesa política sin foto: dos horas y media cara a cara tras los detalles de la declaración juarda de Adorni

    Mientras en los pasillos de la Casa Rosada retumbaban los detalles de la declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete Manuel Adorni, arrancó a las 13.30 la reunión de mesa política del presidente Javier Milei que se extendió por dos horas y media e incluyó un momento festivo por el cumpleaños de Patricia Bullrich.

    Algunos todavía estaban digiriendo las duras críticas de la jefa de bloque en el Senado al alto funcionario respaldado por la cúpula violeta, cuando se sentaron a debatir la estrategia para la agenda legislativa de La Libertad Avanza, incluida la reforma electoral con foco en las PASO.

    Al concluir el mitin del cual no hubo foto, el primer y único mensaje en la red social X relacionado estuvo a cargo de Adorni, quien se encargó de dejar en claro su continuidad en el cargo: “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin“. 

    Fuentes de la Casa Rosada aseguraron antes a cronica.com.ar sobre los cuestionamientos de Bullrich y de la sociedad en general en torno a la declaración jurada que “era previsible este nivel de revuelo“. En el entorno de Adorni ya se preparaban para volver al centro de la escena, aunque anhelan que dure “unos días” nomás y que el Mundial de Fútbol se lleve la marca.

    La cumbre fue convocada por Adorni y la encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que venia de reunirse la semana pasada con Bullrich para calmar los ánimos internos. El oficialismo todavía define alianzas electorales con las provincias de cara al 2027, cuando buscara la reelección de Milei.

    Se sentaron también el asesor presidencial, Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Interior, Diego Santilli; el secretario de Gestión Institucional, Eduardo ‘Lule’ Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

    Ninguno brindó declaraciones a la prensa. Además, faltó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Fuentes de esa cartera confirmaron a este medio que no asistió por “un viaje personal

    “.Desde Interior, informaron, a su vez, que Santilli continuará la ronda de visitas con gobernadores y recibirá este viernes al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Casa Rosada para avanzar en temas vinculados a la reforma electoral.

    Antecedentes de Adorni en la Cámara de Diputados

    Cuando Adorni brindó su último 29 de abril su informe de gestión en la Cámara de Diputados ya habían explotado los escándalos por su patrimonio y las encuestas empezaban a preocupar al Gobierno por el impacto negativo en la imagen de Milei.

    Sin embargo, el presidente dio la orden y la primera plana de La Libertad Avanza se alineó detrás y asistió al Congreso en señal de unidad. En las ultimas horas, el mandatario nacional también hizo gestos de respaldo a Adorni en X.

    En esa exposición en Diputados el oficialismo cuidó hasta el mínimo detalle, desde las respuestas ensayadas y leídas por Adorni, hasta la transmisión oficial que sólo mostró a dirigentes o legisladores de La Libertad Avanza y al Presidente en el palco. Ya se especula con que Milei estee presente en el Senado para acompañarlo.

    Pero con la declaración jurada del Jefe de Gabinete ya presentada ante la Oficina Anticorrupción se sabe que Adorni, por lo menos, no fue preciso en las respuestas sobre la constitución de su patrimonio ante los diputados nacionales.

    En ese marco, en la Cámara baja se realizó hoy el pedido de sesión por la oposición para el próximo martes 23 de junio a fin de interpelarlo e implementar una moción de censura, que exige mayoría tanto en Diputados como en el Senado.

    Vale recordar que aquel 29 de abril en el Congreso fue pocos días antes del testimonio del contratista Matías Tabar en Comodoro Py, quien aseguró ante la Justicia que Adorni le pagó 245 mil dólares en efectivo y sin factura por las reparaciones de su casa en el country Indico Cuá.

    Fue cuando Bullrich decidió no cumplir la orden de los Milei sobre la situación de Adorni. La senadora exPRO no dudó en remarcar su inconformidad antes de entrar hoy a la Rosada al asegurar que “esto es más que un error, esto es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado“.

  • La Corte Suprema ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales a empresas radicadas en otros distritos

    La Corte Suprema ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales a empresas radicadas en otros distritos

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este jueves que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas que no estén radicadas en sus territorios y condenó a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Así declaró la inconstitucionalidad de normas locales que fijaban esos impuestos, creando una suerte de “aduana interior” entre provincias.

    Por un lado, la Corte Suprema analizó la causa “Deloitte & Co. S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”.

    La firma de servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos y finanzas corporativas, registrada como contribuyente bajo el régimen de Convenio Multilateral en todo el país, fue a tribunales a raíz de que la Administración Provincial de Impuestos (API) de Santa Fe le reclamó una deuda impositiva por una alícuota más alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por sus servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal durante el período 2012-2015, en base a que la empresa no tenía su radicación física dentro de la jurisdicción.

    La provincia defendió la medida amparada en su autonomía tributaria, en busca del desarrollo, fomento y promoción de la producción y el trabajo dentro de su propio territorio, y rechazó que se trate de una resolución discriminatoria.

    La Corte Suprema, contra las “aduanas internas”

    En base a su jurisprudencia, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que cobrar un impuesto más alto solo por estar radicado en otra provincia constituye una discriminación irrazonable ya que la medida implica habilitar “aduana interior” entre provincias.

    En el caso concreto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al gravar con la alícuota del 4,5 % la actividad ya referida de la actora, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias –dijo el máximo tribunal-.

    En tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales” y de “los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el caso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, incisos 13 y 126), instaurando así una suerte de ‘aduana interior’ vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos o servicios foráneos, en beneficio de los manufacturados o prestados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada”, se afirmó.

    Y en ese marco el fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 6°, tercer párrafo, de la ley 3650 —incorporado por el artículo 9° de la ley 13.286— y el artículo 1° del decreto 2707/2012, todos de la provincia de Santa Fe, en cuanto establecían un régimen de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos en razón del lugar de su radicación de la firma, así como la de la pretensión fiscal”, exclusivamente en cuanto atañe a la cuestión que fue materia de discusión en esta causa.

    Por otro lado, la Corte Suprema también condenó a la provincia de Entre Ríos en la demanda que inició la firma Inc S.A., la empresa propietaria de la cadena de supermercados “Carrefour”, por motivos análogos.

    El conflicto surgió a raíz del reclamo de deuda por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) le realizó a la empresa por los períodos fiscales de enero a septiembre de 2016. La provincia pretendía cobrarle a Inc S.A. un alícuota general elevada al 5%, en base a lo establecido por la Ley Provincial N° 9622, modificada por la Ley N° 10.270, ya que la firma se encontraba radicada fuera de la Provincia de Entre Ríos.

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    Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

    Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

    La firma denunció que se la estaba obligando a pagar un impuesto más costoso por la sola circunstancia de tener su sede en otra jurisdicción, mientras que la provincia rechazó la demanda argumentado que la empresa había liquidado el impuesto con la alícuota menor y la provincia toleró esa situación sin iniciar acciones judiciales.

    También afirmó que la discusión se había vuelto abstracta debido a que posteriormente sancionó la Ley Local N° 10.557, la cual unificó las alícuotas sin hacer distinciones basadas en el domicilio o radicación.

    Los ministros analizaron el planteo y sostuvieron que la nueva ley no tenía efectos retroactivos sobre los períodos reclamados en 2016, por lo que la controversia seguía vigente.

    Y en ese sentido determinó que “la ley impositiva local 9622, modificada por la ley 10.270, al gravar la actividad comercial ya referida de la actora con la alícuota del 5 %, ha obstaculizado el desenvolvimiento del comercio entre las provincias” y generó una “discriminación” en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente

  • Entre Ríos y Santa Fe La Corte Suprema ratificó que las provincias no pueden cobrar impuestos más altos cuando las empresas no son locales

    Entre Ríos y Santa Fe La Corte Suprema ratificó que las provincias no pueden cobrar impuestos más altos cuando las empresas no son locales

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas que no estén radicadas en sus territorios y condenó a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Así declaró la inconstitucionalidad de normas locales que fijaban esos impuestos, creando una suerte de “aduana interior” entre provincias.

    Por un lado, la Corte Suprema analizó la causa “Deloitte & Co. S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”. La firma de servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos y finanzas corporativas, registrada como contribuyente bajo el régimen de Convenio Multilateral en todo el país, fue a tribunales a raíz de que la Administración Provincial de Impuestos (API) de Santa Fe le reclamó una deuda impositiva por una alícuota más alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por sus servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal durante el período 2012-2015, en base a que la empresa no tenía su radicación física dentro de la jurisdicción.

    La provincia defendió la medida amparada en su autonomía tributaria, en busca del desarrollo, fomento y promoción de la producción y el trabajo dentro de su propio territorio, y rechazó que se trate de una resolución discriminatoria.

    En base a su jurisprudencia, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que cobrar un impuesto más alto solo por estar radicado en otra provincia constituye una discriminación irrazonable ya que la medida implica habilitar “aduana interior” entre provincias.

    “En el caso concreto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al gravar con la alícuota del 4,5 % la actividad ya referida de la actora, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias -dijo el máximo tribunal-. En tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales” y de “los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el caso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, incisos 13 y 126), instaurando así una suerte de ‘aduana interior’ vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos o servicios foráneos, en beneficio de los manufacturados o prestados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada”, se afirmó.

    Y en ese marco el fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 6°, tercer párrafo, de la ley 3650 -incorporado por el artículo 9° de la ley 13.286- y el artículo 1° del decreto 2707/2012, todos de la provincia de Santa Fe, en cuanto establecían un régimen de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos en razón del lugar de su radicación de la firma, así como la de la pretensión fiscal”, exclusivamente en cuanto atañe a la cuestión que fue materia de discusión en esta causa.

    Por otro lado, la Corte Suprema también condenó a la provincia de Entre Ríos en la demanda que inició la firma Inc S.A., la empresa propietaria de la cadena de supermercados “Carrefour”, por motivos análogos.

    El conflicto surgió a raíz del reclamo de deuda por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) le realizó a la empresa por los períodos fiscales de enero a septiembre de 2016. La provincia pretendía cobrarle a Inc S.A. un alícuota general elevada al 5%, en base a lo establecido por la Ley Provincial N° 9622, modificada por la Ley N° 10.270, ya que la firma se encontraba radicada fuera de la Provincia de Entre Ríos.

    La firma denunció que se la estaba obligando a pagar un impuesto más costoso por la sola circunstancia de tener su sede en otra jurisdicción, mientras que la provincia rechazó la demanda argumentado que la empresa había liquidado el impuesto con la alícuota menor y la provincia toleró esa situación sin iniciar acciones judiciales. También afirmó que la discusión se había vuelto abstracta debido a que posteriormente sancionó la Ley Local N° 10.557, la cual unificó las alícuotas sin hacer distinciones basadas en el domicilio o radicación.

    Los ministros analizaron el planteo y sostuvieron que la nueva ley no tenía efectos retroactivos sobre los períodos reclamados en 2016, por lo que la controversia seguía vigente. Y en ese sentido determinó que “la ley impositiva local 9622, modificada por la ley 10.270, al gravar la actividad comercial ya referida de la actora con la alícuota del 5 %, ha obstaculizado el desenvolvimiento del comercio entre las provincias” y generó una “discriminación” en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente

  • Conflicto en Medio Oriente al agro: “Convivimos con múltiples procesos que afectan a los precios en distintas velocidades”

    Conflicto en Medio Oriente al agro: “Convivimos con múltiples procesos que afectan a los precios en distintas velocidades”

    El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y sostuvo que el foco del mercado internacional está puesto en el informe de oferta y demanda del USDA y en la evolución de los conflictos geopolíticos, aunque advirtió que, por ahora, las tensiones en Medio Oriente todavía no están generando un impacto fuerte sobre los precios de los fertilizantes ni del petróleo.

    Desde Entre Ríos, donde destacó las buenas condiciones de los cultivos de invierno, Germán Iturriza señaló: “Con una mañana con mucha niebla, pero con una humedad espectacular para los cultivos de invierno, para el trigo que están en este momento, ya nacido, trigo de invierno, que va a ser cosechado en diciembre, en muy buenas condiciones por el momento“.

    Expectativa por lo que se pueda indicar en el USDA

    Sobre el reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, explicó que será determinante para las perspectivas del hemisferio norte. “Hoy sí, a la 1 vamos a estar teniendo el reporte de oferta y demanda mundial del Departamento de Agricultura norteamericano”, indicó.

    Según detalló Iturriza, “el partido de los precios se define en el hemisferio norte en los próximos 60, 70 días”, en una etapa en la que Estados Unidos ya finalizó la siembra de maíz y soja y comienza el período crítico para la definición de rendimientos.

    También remarcó que el informe más esperado llegará a fines de mes: “Para mí el más importante del mes es el del 30, el 6, donde vamos a tener el ajuste de área sembrada en Estados Unidos“.

    Cómo impacta el conflicto en Medio Oriente al agro

    Respecto de la escalada entre Estados Unidos e Irán y el eventual impacto sobre los insumos agrícolas, el entrevistado llamó a observar las cotizaciones. “El mercado habla con cotizaciones y el petróleo está bajando cerca del 1% ante esta escalada“, afirmó.

    Luego, manifestó que hoy conviven varios factores simultáneos que condicionan a los mercados: “Estamos conviviendo con múltiples procesos que afectan a los precios en distintas velocidades”. En ese sentido, sostuvo que la política monetaria internacional podría tener más peso que los ataques militares. “Me parece que el flujo de dinero a nivel global está de alguna manera buscando liquidez, más que buscando ser invertido”, explicó.

  • La reforma jubilatoria que propone Frigerio en Entre Ríos profundiza la desigualdad de género

    La reforma jubilatoria que propone Frigerio en Entre Ríos profundiza la desigualdad de género

    Una verdad tremenda: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se ensaña con las mujeres. Su proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones, que envío al Senado provincial, declara la emergencia previsional. Dice que busca sanear el déficit del sistema sin afectar los haberes de los jubilados actuales, pero desconoce uno de los avances sociales y culturales más importantes de las últimas décadas: el impacto de las tareas de “cuidado” y su valor económico.

    Al aumentar la edad de acceso a la jubilación e igualar las condiciones de edad entre hombres y mujeres, las mujeres retroceden. Frigerio está negando las desigualdades reales existentes y, de este modo, se profundizan inequidades históricas (se nota mucho el espíritu machista que sostiene el texto del proyecto).



    La igualdad de género que históricamente reclamamos cuenta con normas nacionales y provinciales y está en las antípodas de esta decisión, por lo cual es de absoluto cinismo invocarla.

    Especialistas y organizaciones internacionales y locales en seguridad social advierten que elevar la edad jubilatoria sin considerar las brechas de género profundiza la desigualdad económica y previsional.

    La reforma jubilatoria que propone Frigerio en Entre Ríos profundiza la desigualdad de género
    El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
    Foto: Mariano Martino
    La reforma jubilatoria que propone Frigerio en Entre Ríos profundiza la desigualdad de género

    Las mujeres tienen mayores niveles de informalidad laboral, menores salarios y más responsabilidades en labores de cuidado durante toda su vida activa.

    Está demostrado que enfrentan mayores dificultades para acceder y permanecer en empleos formales, y registran trayectorias laborales interrumpidas. Además, sostienen una doble jornada entre el trabajo remunerado y las tareas de cuidado no remuneradas. A esto se suman las reconocidas desigualdades para acceder a cargos jerárquicos.

    ¿Sabe Frigerio lo que son y qué implican las tareas de cuidado? ¿Acaso conoce cómo y cuánto agotan, y el tiempo que demanda ese trabajo impago?

    Se lo pueden explicar muy bien las enfermeras y médicas, las docentes, las cocineras, las mujeres de servicios auxiliares, las empleadas públicas provinciales y municipales y las jubiladas.

    Para ilustrar al respecto, ANSES informó que, sobre la densidad de aportes previsionales entre quienes alcanzaron la edad jubilatoria en 2024, el 64 % de los varones contaba con los aportes necesarios para acceder a la jubilación, mientras que entre mujeres ese porcentaje se reducía drásticamente al 37 %.

    Por lo tanto, miles de mujeres quedaron excluidas del beneficio jubilatorio, ya que Milei eliminó en 2025 la posibilidad de acceder a la moratoria para completar aportes. Solo en Entre Ríos se vieron afectadas 6800 mujeres de esa franja etaria por la decisión oficial.

    ¿Alguien puede honestamente afirmar que esas mujeres no trabajaron?

    Lejos de reparar esa desigualdad, Frigerio la profundiza. El aumento de la edad jubilatoria y la dificultad adicional para cumplir requisitos más exigentes constituyen una definitiva postergación que despoja de derechos.

    El déficit de la Caja es usado como razón principal del proyecto de ley, aunque sólo constituye una parte de la realidad de las finanzas del Estado provincial, que se evita considerar integralmente, mientras se difunde información imprecisa.

    Sin embargo, es empleado para tomar decisiones con consecuencias nefastas para grandes mayorías de entrerrianos. Y peor aún, desde el gobierno se alientan contradicciones entre sectores, estatales o no, que buscan ocultar las consecuencias del ajuste que inexorablemente sobrevendrá de aprobarse esta norma.

    Vemos que, para resolver la situación previsional de quienes hacen funcionar las diversas reparticiones del Estado —organismo central, organismos descentralizados, el Poder Judicial, personas que atienden múltiples obligaciones, responsabilidades y servicios—, no se consideren diversas fuentes de financiamiento y solo se defina poner todo el peso del ajuste en el propio personal.

    Por citar algunos ejemplos: el juego en línea, que ha tenido crecimiento exponencial; los impuestos a embarcaciones y autos de alta gama; la renta minera extractiva sobre arenas silíceas, áridos y arcillas; la transmisión de patrimonios por vía de herencias, legados o donaciones; o el Convenio Multilateral, donde Entre Ríos es la provincia de la Región Centro con menor índice (3,5 %), en relación con Córdoba (4,7 %).

    El debate tributario debe sincerarse si es que la situación es grave.

    Del mismo modo, la mentada solución del déficit de la Caja debería incluir la revisión de la vigencia del Decreto 1 de los primeros minutos de 2025 y del Decreto 77/25, firmados por el gobernador para asegurar el aumento constante y actualizado de su propio sueldo y el de sus funcionarios, a través de las llamadas UCES (Unidades de Compensación Económica), que se engrosan automáticamente mes a mes y tienen carácter remunerativo y bonificable; mientras que, en contrario, no hay aumento ni paritarias para empleados y educadores. Por ello, Entre Ríos integra desde marzo de 2026 el grupo de las cuatro provincias argentinas peor calificadas en materia de salarios docentes.

    También debiera revisarse la ampliación injustificada de la estructura del gobierno provincial, con la creación de nuevos ministerios, secretarías y coordinaciones que suman varias decenas de altos cargos nuevos, a lo que se agregan todos los gastos adicionales de funcionamiento, servicios, viáticos, etc.

    Cuando nos preguntamos qué esconde Frigerio en su proyecto de reforma previsional, aparecen respuestas que no pueden permanecer ocultas:

    Discriminación de género y afectación de los intereses de las mujeres.

    Su íntima relación política con Milei, que impide reclamos por fondos nacionales adeudados.

    Concentración del ajuste en entrerrianos/as de sectores mayormente medios y bajos, como docentes, empleados del Estado y jubilados.

    Declaración de emergencia en un solo organismo, la Caja de Jubilaciones, sin clara justificación presupuestaria y financiera integral.

    Incremento apreciable de nuevos gastos y muestras palpables de injusticia tributaria que deben revisarse.

    Atribución excepcional e inconstitucional para extender la emergencia sin aprobación legislativa.

    Denunciamos que la ley jubilatoria no puede modificarse desde una acotada planilla de cálculo.

    No hay equilibrio fiscal posible sin equilibrio social. Menos aún si, como se ve, al gobierno de Frigerio no le importa afectar a trabajadores y jubilados y pisotea derechos y conquistas de las mujeres.

    La reforma jubilatoria que propone Frigerio en Entre Ríos profundiza la desigualdad de género

  • Más de 100 intendentes se reunieron en Santa Fe y trazaron un duro diagnóstico sobre el escenario económico

    Más de 100 intendentes se reunieron en Santa Fe y trazaron un duro diagnóstico sobre el escenario económico

    Con duras críticas al Gobierno, más de 100 intendentes participaron este miércoles en la ciudad santafesina de Pérez de un Encuentro Federal convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde analizaron el impacto de la crisis económica y social en sus distritos y debatieron estrategias para afrontar las crecientes demandas locales ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

    La actividad estuvo encabezada por el presidente de la FAM y alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, y contó con la participación de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, además de jefes comunales de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y representantes de distintas provincias argentinas.

    Alerta de intendentes por el escenario económico

    Durante el encuentro, los mandatarios locales hablaron sobre el “deterioro de las condiciones económicas y sociales” en sus municipios. Según expresaron, son los gobiernos locales los que actualmente deben responder a las demandas derivadas de la emergencia alimentaria, la caída de la actividad productiva, el cierre de PyMEs, la pérdida de empleos y la creciente precarización laboral.

    Uno de los temas que concentró mayor preocupación fue la situación de los pequeños productores rurales de Santa Fe. En ese marco, Espinoza advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector y aseguró que muchos productores se ven obligados a desprenderse de sus tierras por la falta de rentabilidad.

    “Es muy fuerte lo que está pasando con los pequeños productores acá en la provincia, están regalando sus campos porque no tienen rentabilidad”, sostuvo el titular de la FAM. Los intendentes de la región señalaron además que los pequeños productores ya no pueden competir con los grandes grupos económicos vinculados al sector agroexportador y advirtieron que el escenario actual les recuerda a la crisis de 2001.

    “Frente a un modelo que profundiza las desigualdades, retira al Estado y pregona una realidad artificial, proponemos generar más diálogo, participación y organización, para poner nuevamente en el centro al trabajo, la producción, la educación y la salud”, afirmó Espinoza.

    Otro de los ejes centrales de la jornada fue la situación financiera de las universidades públicas. Los participantes manifestaron preocupación por los conflictos presupuestarios que atraviesan las casas de estudio y destacaron el rol estratégico que cumplen para el desarrollo de las comunidades locales.

    Además de los debates políticos e institucionales, el encuentro incluyó mesas de trabajo con concejales, jóvenes dirigentes, representantes sindicales, sociales, universitarios y referentes de distintos sectores de la sociedad civil. Entre los temas abordados figuraron infraestructura y obra pública, transporte y conectividad, autonomía municipal, federalismo y desarrollo regional.

    Magario Espinoza

    Fernando Espinoza y Verónica Magario encabezaron el encuentro de intendentes.

    Fernando Espinoza y Verónica Magario encabezaron el encuentro de intendentes.

    En el cierre del encuentro, Espinoza llamó a construir una alternativa política basada en el diálogo y la cercanía con la ciudadanía. “La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región”, expresó.

    También participaron integrantes de la mesa ejecutiva de la FAM, entre ellos Flor Destefanis, Pablo Grasso y Mauro Poletti. Asimismo, expusieron el exsecretario de Comercio Roberto Feletti y la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, quienes presentaron un diagnóstico sobre la situación económica, productiva y laboral del país. Entre los asistentes también estuvieron el ministro bonaerense Gabriel Katopodis, el intendente Andrés Watson, el diputado provincial Mariano Cascallares y el senador nacional Marcelo Lewandowski.

  • MUNICIPIOS Fernando Espinoza encabezó un encuentro federal de intendentes en Santa Fe para analizar la situación social y económica

    MUNICIPIOS Fernando Espinoza encabezó un encuentro federal de intendentes en Santa Fe para analizar la situación social y económica

    El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó en la ciudad de Pérez, provincia de Santa Fe, un encuentro federal que reunió a más de 100 intendentes e intendentas de todo el país junto a jefes y jefas comunales de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

    La actividad contó con la participación de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y tuvo como eje central el análisis de la situación económica y social que atraviesan los municipios, con el objetivo de debatir propuestas y alternativas para hacer frente a las problemáticas que afectan a las distintas comunidades.

    Durante la jornada, los representantes de los gobiernos locales intercambiaron diagnósticos sobre las demandas que reciben en cada distrito y abordaron temas vinculados a la educación, la producción, el empleo y el desarrollo local. También analizaron el impacto que tiene en las ciudades el contexto económico actual.

    Más tarde, las intendentas e intendentes participaron de encuentros junto a concejalas, concejales, jóvenes provenientes de 12 provincias, referentes sindicales, sociales, eclesiásticos y representantes del ámbito universitario de la región centro del país.

    En ese marco, Fernando Espinoza sostuvo que “la Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región; todos unidos, trabajando junto a cada provincia de nuestro país”.

    Además, planteó la necesidad de generar mayores espacios de diálogo y participación para fortalecer el trabajo, la producción, la educación y la salud como pilares del desarrollo.

    “Debemos construir una alternativa que tenga la inteligencia social que merece el pueblo argentino. Al lado de nuestra gente, unidos y escuchándonos en cada una de las ciudades, podremos transformar la realidad de millones de argentinas y argentinos”, afirmó.

    Debate sobre producción, empleo e infraestructura

    Durante el encuentro también se desarrollaron mesas de trabajo sobre distintos ejes vinculados a la gestión municipal. Entre ellos se destacaron infraestructura y obra pública, transporte y conectividad, autonomía municipal, federalismo y desarrollo regional.

    En ese contexto, el ex secretario de Comercio Roberto Feletti y la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, presentaron un diagnóstico sobre la situación económica, financiera, productiva y laboral.

    Asimismo, participaron de las actividades el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el diputado provincial Mariano Cascallares; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; y el senador nacional Marcelo Lewandowski, entre otros dirigentes.

    La apertura estuvo a cargo del intendente de Pérez, Pablo Corsalini, anfitrión del encuentro, quien recibió a las autoridades y representantes municipales de distintos puntos del país.

    También participaron la diputada nacional Caren Tepp; la ex vicegobernadora santafesina Alejandra Rodenas; la concejala rosarina Norma López; y el ex diputado provincial Leandro Busatto.