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La merma de fondos coparticipables a las provincias y la caída de la recaudación tienen su correlato en los municipios, donde el escenario es cada vez más delicado. De norte a sur del país, los intendentes advierten por el impacto en el territorio en cuestiones como transporte, empleo y pagos de salarios, mientras comienza a asomar en el horizonte el medio aguinaldo de junio.

La semana pasada, una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) en Paraná dejó como saldo un duro pliego de reclamos a Nación y una advertencia por elevación a los gobernadores. Los alcaldes denunciaron “asfixia financiera crítica” por parte de la Casa Rosada, reclamaron distribuir el impuesto a los combustibles y aseguraron que sus gestiones “sostienen lo que Nación abandona”, dando cuenta del repliegue del Estado en distintas competencias.

El diagnóstico fue compartido por jefes comunales de toda la Argentina, indistintamente de sus banderías políticas. Casi en paralelo a la cumbre, Sauce de Luna, un pequeño distrito de Entre Ríos, fue noticia, cuando su jefe comunal, Alcides Alderete, anticipó que pagará parte de los sueldos de la función pública con bonos alimentarios.

“No llegamos a pagar todos y la única forma es proponer un bono para no hacer el uso de la frazada corta: o nos tapamos la cabeza o nos destapamos los pies”, justificó Alderete en declaraciones radiales. Explicó, además, el alto nivel de dependencia de su terruño a la coparticipación provincial, que aún así no alcanza para abonar los salarios.

Desde una alcaldía detallaron a Ámbito que “los municipios más chicos son lo que tienen más problemas, porque dependen mucho de la coparticipación. No tienen una gran recaudación propia por pago de tasas, lo que los hace depender casi exclusivamente de las provincias”. No fue el único caso en Entre Ríos. A mediados de marzo, la comuna La Providencia anunció un shutdown a la estadounidense y dejó de prestar servicios públicos por una semana.

Así las cosas, el gobernador Rogelio Frigerio recibió este martes a la liga de intendentes del PJ, quienes le acercaron un pliego de reclamos por fondos. Distribución de los Aportes del Tesoro Nacional a los Municipios de acuerdo a la fórmula de coparticipación; otorgamiento equitativo de Aportes No Reintegrables a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad y otorgamiento equitativo de Adelantos de Coparticipación a aquellos municipios que acrediten fehacientemente su necesidad, independientemente de su pertenencia política, son algunos de los puntos planteados.

La crisis golpea a los municipios y presiona a intendentes

La sangría no es exclusiva del litoral. El presidente del Foro de Intendentes de Salta, Marcelo Moisés, expresó su inquietud por el derrumbe de la coparticipación y la afectación de toda la provincia.

“Hace siete meses que viene cayendo la coparticipación. Hoy muchos están pagando sueldos con la coparticipación y con lo poco que recaudan ayudan en lo social”, afirmó a Radio Salta, al tiempo que advirtió por el precio de las naftas: “Hoy el combustible es uno de los gastos más importantes que tenemos para poder garantizar los servicios”.

A la caída de los giros y la parálisis de la obra pública, se suma otro problema: la morosidad y el nivel de endeudamiento de las familias, que no solo preocupa a empresas y bancos, sino también a los alcaldes. “Ante la falta de plata, lo primero que dejás de pagar son los tributos que no generan cortes de servicios. El agua, por ejemplo, que es un derecho universal; o la recolección de basura. El recolector va a seguir pasando. Esa es la preocupación hacia los próximos meses”, comentaron desde una municipalidad.

“Somos gobiernos de proximidad, no nos podemos correr de nuestras prestaciones básicas. El Gobierno se empeña en la guerra por las tasas municipales, y es hábil en eso, pero la presión fiscal es entre el 80% y el 90% nacional y provincial”, completaron.

Atentos al escenario, el Ente de Municipios y Comunas de Córdoba -que nuclea a jefes radicales de la provincia- presentó un pedido de audiencia con el gobernador Martín Llaryora, ante la “creciente preocupación por la falta de comunicación entre la mesa ejecutiva del Ente, la mesa Provincia-Municipios y los distintos ministerios del Gobierno provincial”.

El texto, que lleva la firma del intendente de Almafuerte y presidente del espacio, Rubén Dagum, advierte que el contexto actual que atraviesa nuestro país “impacta de lleno en las gestiones locales, y los municipios y comunas no somos ajenos a esta realidad. En este escenario resulta indispensable fortalecer los canales de diálogo institucional”. Los alcaldes, además, remarcaron que la coparticipación a sus terruños cayó más del 20% en los últimos meses.

La situación se repite también en la provincia de Buenos Aires, con foco en el conurbano, área siempre sensible a los vaivenes económicos. El intendente de Morón, Lucas Ghi, admitió al canal Net que percibe un momento de “implosión social”, en referencia a situaciones que tienen que ver con violencia familiar, desborde por angustia, depresión, consumo de fármacos, de distintas sustancias, permitidas o no permitidas, y peleas intrafamiliares, comunitarias.

“Se está dando como una situación de crispación al interior de cada seno familiar que todos los días nos encontramos con escenas muy complejas”, evaluó sobre el deterioro del tejido social. En un encuentro reciente, Axel Kicillof recibió a 60 intendentes de distintos partidos políticos y les prometió coparticipar los fondos que logre recuperar por las diversas demandas que le inició al Gobierno nacional.

El extremo austral del país no permanece ajeno a tales dificultades. Esta semana, trabajadores municipales de Ushuaia se movilizaron en reclamo de “respeto a la autonomía municipal”, una marcha que tuvo como trasfondo la pelea por fondos con el gobernador Gustavo Melella y que fue respaldada públicamente por el alcalde Walter Vuoto, quien rompió la alianza con el mandatario.

“Basta de retener los fondos de Ushuaia. La Provincia nos debe más de 12.000 millones de pesos. Plata que ya llegó de Nación. ¿Dónde está esa plata? La respuesta es clara: se la gastaron. La usaron irresponsablemente”, denunció el jefe comunal en duros términos, al tiempo que aseguró que en el municipio hay “atrasos en salarios, problemas en el transporte y un sistema de salud que necesita respuestas urgentes”. Pidió, además, por una “ley de goteo”, con transferencia automática y sin discrecionalidad”.

Las alarmas que llegan desde todo el país no pasaron desapercibidas en la Casa Rosada, que este lunes oficializó adelantos por coparticipación federal por $400 mil millones para 12 provincias en un intento por auxiliar a los mandatarios -principalmente dialoguistas- ante una coyuntura delicada, que incluye cierre de empresas y caídas del consumo y de la recaudación, entre otros ítems. Fue, además, un guiño para los gobernadores en la antesala del debate en Diputados por las modificaciones a la ley de Glaciares.

El montaje y puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Paysandú no traerá consecuencias negativas a Colón y al resto de las ciudades costeras argentinas, de acuerdo a una de las conclusiones que arroja el estudio de impacto ambiental de la empresa HIF, desarrolladora del proyecto. El dato fue confirmado a Infobae por una fuente con acceso directo al escrito.

El documento incluye un modelo 3D de la planta y de su visual desde la costa argentina. Según ese esquema, “no habría afectación al paisaje”. El escrito se presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.

El dossier completo, que consta de unas 2.800 fojas, será hecho público en las próximas semanas. Luego, se abrirá un período de estudio y análisis por parte de la cartera de Ambiente uruguaya. Este esquema incluye una ronda de consultas públicas sobre el emprendimiento. El proceso podría extenderse entre 6 y 8 meses. El lapso comenzó a correr el 13 de marzo, cuando la empresa presentó el informe.

Recién entonces, y si el Ministerio de Ambiente da luz verde, podría comenzar la obra civil del proyecto. La inversión rondará los USD 5,8 mil millones. La producción final de e-combustibles ya fue preubicada en otros países. El complejo se ubicará al norte de Paysandú, a la vera del río Uruguay.

La planta se desarrollará en cuatro etapas o “trenes de producción”, avanzando de manera gradual. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de USD 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año. En el proceso productivo reciclará 900.000 toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos.

Hasta ahora, HIF cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de la planta. Es un primer paso. El segundo es el más complejo.

La empresa, controlada por capitales chilenos, mantendrá la línea de responder los requerimientos del Estado uruguayo. Y no intervendrá en la disputa que, hasta ahora, mantienen Argentina y el país vecino.

En rigor, el proyecto de Paysandú fue hecho por el Estado uruguayo. HIF es solo la firma que ganó la licitación. El proceso se inició durante la gestión de Luis Lacalle Pou, del partido Blanco. La actual administración del Frente Amplio heredó el esquema en marcha.

Qué pasará con los planteos argentinos

El Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina cuestionan el lugar de emplazamiento original. Esto provocaría un impacto visual que afectaría en forma directa al turismo, la principal industria de la región.

Ante este escenario, las autoridades del país vecino exigieron a la empresa que, en el estudio ambiental, incluyeran a Colón y sus alrededores dentro de la zona de impacto. ()

“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, planteó como condición el Ministerio de Ambiente.

La respuesta a la que habría arribado la empresa al realizar las mediciones es que no el impacto visual sobre los balnearios no se produciría. Tampoco se registraría un efecto ambiental en el río.

Ahora la cuestión pasa por lo formal. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Un tratado de 1960 estableció que cualquier acción de uno de los dos Estados que lo afecte debe ser notificada y consultada con el otro. Hasta el momento, no hay elementos para constatar que este paso se haya dado.

Un problema de esta naturaleza estuvo detrás del conflicto por Botnia a principios de siglo. Argentina denunció a Uruguay por incumplimiento del acuerdo. La Corte de La Haya le dio la razón a nuestro país. Pero entendió además que la instalación de la pastera no violaba normas de protección ambiental.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que la posibilidad de una nueva demanda internacional está dentro de la estrategia. Pero una intervención del presidente uruguayo Yamandú Orsi calmó las aguas.

Cómo marcha la causa penal en Entre Ríos

En paralelo, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó con la demanda por contaminación. La denuncia fue promovida por la fiscal Josefina Minatta. El juez Hernán Viri la recepcionó y decidió tomar las riendas de la investigación. Por eso, encargó una serie de informes que Fiscalía pidió.

El magistrado le solicitó saber si se observaron los procedimientos de consulta del acuerdo binacional. El organismo encargado de esto es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Viri la emplazó a que haga llegar esta respuesta a su despacho en un plazo perentorio.

Además, le pidió a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos que le haga llegar estudios o evaluaciones sobre la influencia de la planta en la actividad turística de Colón y la zona.

Por otro lado, también involucró a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En concreto, le solicitó un estudio de impacto ambiental sobre la costa argentina de la instalación de HIF en Paysandú.

Asimismo, requirió información por vía diplomática al Estado uruguayo. Esto incluye la que es de acceso público y la que tiene carácter reservado o confidencial. El pedido de Viri alcanza datos técnicos como tipo y cantidades de producción, personal y fecha de inicio de actividad. Además, la identificación de los responsables de HIF.

Uno de los puntos más conflictivos del exhorto es la solicitud para acceder a una copia íntegra del memorándum que el Gobierno uruguayo y la empresa firmaron en diciembre. Se trata de la hoja de ruta del proyecto. Viri quiere conocer la letra oficial y también “aquella información que revista carácter reservado o confidencial, en la medida en que su ordenamiento jurídico interno lo permita”.