La tensión interna en la Corte Suprema sigue en aumento. Los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, molestos por el modo en que el Consejo de la Magistratura trató su proyecto para modificar el sistema de selección de jueces, decidieron volver a intervenir: su objetivo es que el borrador que enviaron se apruebe sin cambios.
Rosenkrantz y Lorenzetti convocaron por separado a todos los consejeros que integran las comisiones de Selección y de Reglamentación —las mismas que se reunieron ayer— para mantener encuentros individuales con cada uno.
El tercer integrante de la Corte, Horacio Rosatti, que preside el máximo tribunal y también el Consejo, no participará de esos encuentros. Según informaron en el Palacio de Tribunales, “fue informado, pero no participa”. De forma cada vez menos velada, sus colegas lo acusan de boicotearles el proyecto; él, en cambio, invoca la necesidad de “consensos”.
El jueves pasado, con Rosatti a la cabeza, el Consejo de la Magistratura comunicó que no aprobará a libro cerrado la iniciativa de la Corte, cuyo propósito declarado es limitar la discrecionalidad de los consejeros en la evaluación de candidatos a jueces. En lugar de eso, la someterán a un debate que podría extenderse en el tiempo, publicó el diario La Nación.
La sesión convocada correspondía a las comisiones de Selección y de Reglamentación. Aunque Rosatti no integra ninguna de las dos, se presentó cuando la reunión recién comenzaba. Dijo que estaba ahí para “agradecerles” a los consejeros por haber abordado el tratamiento del proyecto, pero advirtió que lo enviado por la Corte sería “enriquecido” por otras iniciativas ya presentes en el Consejo y por las opiniones de especialistas de distintas ONG. Con esa intervención, dejó claro desde el inicio que no habría un tratamiento exprés del proyecto de sus colegas.
En línea con lo anunciado por Rosatti, los consejeros convocaron para este miércoles a dos organizaciones del mundo del derecho, informaron fuentes del Consejo: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Rosenkrantz y Lorenzetti habían expresado su expectativa de que su plan fuera aprobado con rapidez. En las últimas semanas este tema dejó al descubierto una fractura entre ellos y Rosatti, hasta el punto de que, en una de las vocalías del máximo tribunal, la semana pasada señalaron que si Rosatti frena el proyecto estaría “deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”. En otra oficina del cuarto piso de Tribunales, tras la reunión de ayer, insistieron: “No representó el mandato”. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Analizan sacarle la presidencia? En la Corte se limitan a enviar el mensaje y guardar silencio.
La agenda de reuniones
Según el cronograma que manejan en la Corte, como borrador, Rosenkrantz y Lorenzetti recibirán el próximo lunes por la tarde a los consejeros Diego Barroetaveña (juez), Gonzalo Roca (diputado), Hugo Galderisi (académico), Alberto Lugones (juez), Jimena de la Torre (abogada) y Guillermo Tamarit (académico). Cada encuentro será individual y están previstos con media hora de diferencia.
El jueves tienen agendados a Fernanda Vazquez (abogada), Santiago Viola (representante del Poder Ejecutivo), Alberto Maques (abogado), Alejandra Provítola (jueza) y Vanesa Siley (diputada). También planean recibir a la diputada Anabel Fernández Sagasti, aunque, según fuentes de la Corte, ella no respondió si asistirá, consignó el diario La Nación.
El encuentro con Viola, viceministro de Justicia y hombre que responde a Karina Milei, llega tras declaraciones del funcionario que no coinciden con lo que pretenden Lorenzetti y Rosenkrantz. “Veo una ansiedad desmedida por un tratamiento urgente”, afirmó Viola en el Consejo. Dijo que “siempre es bueno recibir sugerencias” de “personas tan estimadas como pueden ser los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, pero advirtió que “no hay nadie mejor que los consejeros para modificar el propio reglamento del Consejo”.
Javier Milei llegó a la Presidencia con una promesa que repitió durante toda su campaña: “Si subo un impuesto me corto los brazos”. Pero la guerra fiscal que impulsó desde la Casa Rosada no apuntó hacia arriba en el esquema federal sino hacia abajo: los intendentes se convirtieron en el principal blanco del Gobierno nacional y las tasas municipales, en el nuevo campo de batalla.
El último movimiento de esa disputa ocurrió el 24 de febrero de 2026, cuando la Jefatura de Gabinete lanzó el Portal de Transparencia Tributaria Municipal. Presentada como una herramienta de control ciudadano, la plataforma permite consultar las tasas que cobra cada municipio en cinco categorías económicas.
Sin embargo, el análisis de los propios datos publicados por el Gobierno muestra un mapa más complejo que el relato político que acompañó su creación.
Los municipios más cuestionados por la Casa Rosada no encabezan en todos los casos los rankings de presión fiscal, mientras que distritos del interior del país —ausentes del debate público— aparecen entre los niveles más altos de carga tributaria local.
El conflicto tiene una fecha de inicio precisa. El 2 de septiembre de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en la red social X que los municipios aumentaban tasas “no solamente con fines recaudatorios sino también políticos” y que esas decisiones “obstaculizaban el programa económico” nacional. Desde entonces, la disputa escaló rápidamente.
La Secretaría de Industria dictó la Resolución 267, que prohibía incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos, mientras que la Secretaría de Energía obligó a estaciones de servicio a exhibir carteles informando la tasa vial que cobraba cada distrito.
Los intendentes respondieron en bloque: en enero de 2025, más de 500 jefes comunales reunidos en la Federación Argentina de Municipios rechazaron las presiones oficiales y recordaron que administran apenas el 5% de los recursos públicos totales del país.
Meses después, la Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional aquella resolución por considerar que el Ejecutivo había excedido sus facultades.
El portal lanzado en 2026 se convirtió así en una nueva etapa de esa confrontación discursiva.
AP Photo/Matilde Campodonico
Los datos del Portal
Pero el alcance real de la herramienta es limitado. Sobre un universo de 1.218 municipios argentinos, el portal incluye apenas 188 —el 15,4% del total—, y esa cifra sobreestima su cobertura efectiva. Al depurar los registros, 68 distritos presentan datos que no permiten comparación directa: algunos informan montos fijos sin referencia de precios, otros utilizan fórmulas con variables no declaradas y varios aplican unidades propias.
En la práctica, solo 120 municipios —menos del 10% del país— ofrecen información comparable.
La distribución geográfica tampoco es homogénea. El relevamiento cubre el 100% de los partidos del conurbano bonaerense, epicentro de la disputa política entre el Gobierno nacional y los intendentes peronistas, pero apenas alcanza a 2 de los 102 municipios del interior bonaerense y al 7,8% del resto del país.
Con esos límites como marco, El Cronista procesó la base completa del portal en un trabajo de periodismo de datos realizado con asistencia de inteligencia artificial. El análisis incluyó la depuración de 752 registros y la aplicación de criterios metodológicos destinados a volver comparables datos cargados por los propios municipios en formatos heterogéneos.
Cuando un distrito informaba rangos de alícuotas, se tomó el valor máximo —el mismo criterio utilizado por el portal oficial— como representación de la carga potencial más alta para el contribuyente. También se excluyeron casos en los que la distancia entre mínimo y máximo superaba diez veces, indicio de esquemas diferenciados no comparables entre jurisdicciones. El ejemplo más extremo es Ushuaia, que en industria declara valores entre 0,02% y 27,6%.
Durante el análisis se detectó además la única modificación registrada en la base entre su lanzamiento y el 26 de marzo de 2026: el municipio de Villa Mercedes (San Luis) apareció inicialmente con alícuotas diez veces superiores a las actuales, luego corregidas por el propio Gobierno, lo que sugiere un error de carga original.
Los resultados
Los resultados del procesamiento desafían parcialmente el eje del debate político.
En entidades financieras —la categoría central en la discusión por el cierre de sucursales bancarias— el municipio con mayor alícuota no pertenece al conurbano bonaerense sino al interior: Bahía Blanca encabeza con 8,5%, seguido por Villaguay (Entre Ríos) con 8%, y por Villa Constitución, Santa Fe capital y La Plata, con 7,5%.
En hipermercados, categoría que detonó el enfrentamiento público con el intendente de Lanús, ese distrito sí ocupa el primer lugar. Detrás aparecen Villa Carlos Paz (4,8%), Pilar (4,5%), Quilmes (3,74%) y Hurlingham (3,5%).
La actividad primaria muestra otro patrón: cuatro de los cinco municipios con mayor alícuota pertenecen a Entre Ríos, una provincia prácticamente ausente del debate nacional sobre tasas municipales. Concordia lidera con 2,7%, seguida por Villa Carlos Paz, Rawson, Chajarí y Bahía Blanca.
En industria, el ranking vuelve a combinar distritos de distintas regiones del país. Villa Carlos Paz encabeza con 3,6%, seguida por Concordia, Quilmes, Rawson y Chajarí.
La tasa vial presenta la mayor concentración geográfica: los nueve primeros lugares corresponden a municipios de Neuquén, todos con una alícuota de 4,5%. Cipolletti, en Río Negro, alcanza el mismo nivel. El primer distrito fuera de la Patagonia es Pinamar, con 3%.
Para medir la presión tributaria agregada, El Cronista calculó el promedio simple de las alícuotas disponibles en la Tasa de Seguridad e Higiene, excluyendo la tasa vial por gravar el combustible y no la actividad económica. Solo se incluyeron municipios con datos en al menos tres categorías.
El resultado ubica en primer lugar a Concordia (Entre Ríos) con 3,65%, seguida por Bahía Blanca (3,62%) y Villa Carlos Paz (3,58%). El podio combina tres regiones distintas del país y ninguno pertenece al conurbano bonaerense.
Chajarí ocupa el cuarto lugar con 3,25%, mientras que Lanús —uno de los distritos más señalados por el Gobierno nacional— aparece quinto con 3,1%. La Matanza queda sexta con 3,03%, seguida por Villaguay, La Plata, Quilmes y Victoria.
Entre Ríos, prácticamente invisible en la discusión política nacional, concentra cuatro municipios dentro de los diez con mayor presión tributaria combinada.
El mapa que surge de los datos oficiales muestra así una realidad menos lineal que la disputa pública: el conflicto político se concentra en el conurbano bonaerense, pero la mayor carga de tasas municipales aparece distribuida en distintas regiones del país.
CÓRDOBA.- A casi dos décadas de su instrumentación, el régimen de promoción de biocombustibles en la Argentina vuelve al centro del debate. Por el impacto de la guerra de Medio Oriente en el precio de los combustibles, Nación habilitó la suba voluntaria del 12% al 15% de la mezcla del bioetanol en la nafta, mientras que hay pedidos para aumentar el corte obligatorio del 7,5% al 20% del biodiesel en el gasoil. Sin embargo, la discusión va más allá y apunta a redefinir un marco legal -al actual le restan cuatro años- que permita a la industria superar las tensiones que enfrenta y seguir desarrollándose.
El del incremento de la mezcla por ley de biocombustibles con los combustibles fósiles integra la agenda del agro en el Congreso. El tema viene demorado. Los economistas del Ieral de la Fundación Mediterránea aportaron una serie de sugerencias en el marco del Programa de Asistencia Legislativa (PAL) que desarrolla para contribuir a las discusiones en Diputados y Senadores. Plantean la necesidad de una revisión integral. El desafío, dicen, es “repensar el equilibrio entre regulación y competencia”, mejorar la eficiencia y reducir costos, sin perder de vista los objetivos originales de la política. La clave, advierte, es lograr un esquema “más sostenible y alineado con las exigencias de competitividad y disciplina fiscal”.
Como antecedente, el reporte sostiene que, a nivel global, los biocombustibles se impulsan a través de mandatos de mezcla obligatoria que “crean mercado por ley” y buscan alinear distintos objetivos: ambientales, productivos y energéticos. El régimen local se estructura sobre cinco pilares: mezclas obligatorias, asignación de cupos, fijación de precios, restricciones a la competencia y beneficios impositivos. En conjunto, este entramado define “la existencia y magnitud del mercado, sus participantes, sus precios y sus (escasas) condiciones de competencia”.
En la práctica, los cortes obligatorios funcionan como piso -y también como techo- del mercado. Cuando los biocombustibles son más caros, “el mercado se restringe al volumen obligatorio”, limitando el desarrollo de segmentos voluntarios. Esos cupos, a su vez, se distribuyen a prorrata de la capacidad instalada, prioriza a Pymes y se excluye a grandes exportadores y petroleras del segmento regulado.
Etanol de maíz
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, está convencido de que el sector necesita, “con urgencia, una nueva legislación que lo modernice, desregule de manera inteligente la actividad y genere un marco de competencia transparente y previsible. Sin reglas claras y estables no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento”. En ese marco, describe que, en los últimos años, se perdió terreno frente a países de la región que avanzaron con “políticas consistentes”. Grafica con Brasil (por una resolución del 1 de este mes el país prohibió importar bios para cumplir con el corte) y Paraguay que operan con mezclas de bioetanol del orden del 25% o más. “No es un problema de capacidad ni de recursos, es un problema de marco regulatorio”, define.
Agrega que el reciente shock petrolero volvió a poner “en evidencia esta debilidad. Si la Argentina hubiera tenido una matriz de combustibles más diversificada, con mayor participación de biocombustibles, el impacto sobre los precios y la inflación habría sido significativamente menor. Los biocombustibles no son solo una política energética, son una herramienta macroeconómica, productiva y ambiental. Permiten sustituir importaciones, generar empleo en el interior y reducir emisiones, todo al mismo tiempo”.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz
Para Adam, de cara al futuro, el desafío es “aún mayor”. La Argentina necesita avanzar no solo en biocombustibles para el transporte terrestre, sino también en nuevos mercados estratégicos como el combustible sostenible de aviación (SAF) y los marítimos. “Ahí hay una oportunidad concreta de inserción internacional y generación de divisas. El mundo está andando rápido. La discusión ya no es si los biocombustibles van a crecer, sino quién va a capturar ese crecimiento. La Argentina tiene todas las condiciones para ser protagonista, pero necesita una decisión política clara y urgente”.
Elevar el corte
Para Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) el principal punto pasa porque el corte obligatorio “debería tener una suba significativa. Más allá de la coyuntura derivada de la crisis en Medio Oriente, el aumento tiene múltiples externalidades positivas, desarrollo regional, industrialización de la biomasa, empleo, cuidado del medio ambiente y cuidado de la salud de la población, sobre todo en las grandes ciudades”.
Admite que hay “objeciones e intereses cruzados que están demorando este debate, pero la dirigencia política tiene la responsabilidad de diseñar un marco normativo más allá de esas tensiones, que sea equilibrado para que ninguna provincia de las que hoy produce biocombustibles se vea perjudicada”. Subraya que es “fundamental” que las Pymes que elaboran biodiésel vuelvan a tener un corte del 10% y que, “de ahí en adelante, con cortes de 15, 17 o 20% ingresen las compañías integradas al sistema“.
Federico Martelli, director ejecutivo de CeprebInstagram
Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables, su titular Marcelo Kuszniers plantea que la Argentina tiene “dos armas secretas” para ganar la’guerra’ contra el aumento de combustible fósil, biodiesel y bioetanol para reemplazar diésel importado y bioetanol para la nafta, “pudiendo aumentar en forma inmediata los cortes habilitados al 20% y al 15% respectivamente”. Enfatiza que la capacidad instalada ociosa y los recursos humanos y financieros disponibles “hacen posible, en lo inmediato, retomar el camino que otros países de la región están profundizando”.
Menciona a Brasil con un corte de biodiésel de 16% en la actualidad y del 20% obligatorio al 2030. En el caso del etanol, 30% hoy y con una visión de crecimiento al 40% en 2030. “Creemos positivamente que podemos aportar desde el sector de los biocombustibles a una transición energética eficaz; creemos en el futuro de la Argentina con las potencialidades que tenemos en materia prima, capacidad instalada ociosa tanto de empresas Pymes no integradas como de integradas. La Argentina debe lograr una asociación estratégica, una complementariedad, debe ‘cruzar’ la Vaca Viva, la energía que se genera en nuestros campos con la Vaca Muerta la que se generó y almacenó durante millones de años”.
“Hoy la Argentina está yendo a contramano del mundo. Mientras el contexto internacional empuja a los países a fortalecer su seguridad energética, acá se está interviniendo usando al biodiesel y a los impuestos como variable de ajuste para contener precios, y sin actuar sobre lo que más pesa en la ecuación, que son los combustibles fósiles”, aporta Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.
Axel Boerr, presidente de Capba
Sostiene que ya se incumplió la ley 27.640 (NR: la del régimen de bios) al publicarse “precios inferiores a los costos durante 16 meses consecutivos; se incumplió en marzo al no publicar precios; y más importante: ahora que está configurada la situación contemplada en su artículo 16, se incumple porque no se avanza con la sustitución de importaciones prevista”.
Boerr añade que, además, “se atenta contra la producción al elevar los costos de hacerlo en la Argentina y de promover la importación de gasoil más caro, incumplir leyes que elevan directamente el riesgo país, afectando negativamente al Estado y a todas las empresas. Es un contrasentido total que no se entiende, o que se entiende muy bien si se mira quiénes son los ganadores”. A su entender, el camino es “bastante obvio” y pasa por “cumplir la ley, normalizar precios y aumentar los cortes, y determinar los precios de biocombustibles en dólares (apenas se requiere una resolución). Si no, el país seguirá subsidiando combustibles fósiles importados mientras desfinancia la producción nacional y juega a la ruleta rusa con el desabastecimiento. Eso no es solo un problema sectorial, es un problema de política económica”.
El Centro Azucarero Argentino ratifica que, en el caso de la industria de bioetanol, está “consolidada y con capacidad disponible”. El país produce aproximadamente 1,2 millones de metros cúbicos anuales y dispone de capacidad instalada para incrementar la producción en el corto plazo, sin necesidad de nuevas inversiones.
“El paso hacia E15 (NR: por la guerra de Medio Oriente) alinea a la Argentina con tendencias internacionales y regionales, donde los biocombustibles tienen una participación creciente en la matriz energética”.
Claudio Molina, analista y especialista en biocombustibles y ferrocarriles, ratifica que es necesaria una nueva ley para el sector y que debe valorarse su aporte más allá de la conveniencia coyuntural de su precio. “Hay tensiones entre los proyectos existentes, hay que buscar los equilibrios necesarios”, define.
Remover limitaciones
En los dos PALs que elaboró, el Ieral señala que el régimen vigente permitió desarrollar capacidades productivas y encadenamientos regionales, pero que hoy exhibe “rigideces que afectan su eficiencia y proyección”. Apunta que “la principal crítica” es a “la falta de competencia entre empresas en el mercado de mezcla obligatoria”, producto de un conjunto de reglas que configuran un sistema cerrado. Entre ellas, se destaca que “el número de empresas habilitadas está fijo” y que los volúmenes “se asignan a prorrata sin mecanismos de revisión competitiva”, lo que reduce los incentivos a mejorar eficiencia. A esto se suma un esquema de “precio administrado” que, al reconocer costos y rentabilidad, desincentiva la reducción de gastos y la innovación.
“El sistema genera baja rivalidad entre productores”, advierte, y su consecuencia más negativa es que “reduce los incentivos para invertir en nueva tecnología, innovar, mejorar procesos y reducir costos”. Así, un régimen diseñado originalmente para promover el desarrollo industrial termina, en su madurez, operando como un freno a la competitividad.
Otra debilidad central a la que apunta es la “fuerte” dependencia del segmento regulado. Pese al crecimiento de la capacidad instalada, “las empresas siguen dependiendo prácticamente de manera excluyente del mandato de corte obligatorio”, sin haber logrado desarrollar mercados voluntarios relevantes ni una inserción sostenida en el comercio internacional. En el caso del bioetanol, las exportaciones han sido históricamente marginales -“no mayores a entre el 2% y el 3% de la producción”-, mientras que en biodiesel, tras un período de auge, los envíos externos se redujeron por los cambios en los incentivos tributarios y barreras comerciales externas.
BiodiéselCepreb
El informe también subraya las restricciones del actual régimen a la participación de actores clave, como son los grandes exportadores, empresas petroleras y productores extranjeros. “Si bien estas limitaciones buscan proteger a las Pymes y la producción local -dice-, también reducen el universo potencial de oferentes y la escala del mercado”. Al limitar la competencia, “se deriva en mayores costos”.
La intervención estatal en precios constituye otro eje marcado críticamente por el estudio. El esquema actual combina determinación de volúmenes con fijación administrativa de precios, lo que configura, una “doble intervención del Estado”. Si bien el objetivo es asegurar rentabilidad y evitar abusos de mercado, califica a la herramienta como “rudimentaria: distorsiona señales económicas, reduce presión competitiva […] y encarece el precio de los combustibles”. Propone mecanismos “más transparentes”, como subsidios directos, podrían cumplir los mismos fines con menor impacto distorsivo.
Sobre este diagnóstico se montan los proyectos de reforma en discusión en el Congreso. Ambos coinciden en aumentar los cortes obligatorios -con metas en torno a B10/B15 y E15- y en introducir mayores niveles de competencia, reduciendo la discrecionalidad estatal. Difieren en el grado y la velocidad de liberalización.
El proyecto impulsado por el oficialismo nacional propone una transición hacia un mercado plenamente desregulado, donde “los precios serán libremente pactados” y los cupos desaparecerán progresivamente hasta 2031; habilita la participación de petroleras y no restringe importaciones. En contraste, la iniciativa de la Liga Bioenergética plantea un esquema mixto, que preserva un “núcleo duro” protegido para Pymes y economías regionales, complementado con mecanismos competitivos como licitaciones; mantiene limitaciones para evitar concentración y preservar la producción doméstica.
El aumento de los cortes tiene implicancias fiscales. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, llevarlos al 15% implicaría un costo adicional de $245.000 millones, equivalente al 0,02% del PBI, debido a la exención impositiva de los biocombustibles. La cifra refleja el gasto tributario bruto y no el impacto fiscal neto, que dependerá de efectos indirectos sobre la actividad y la recaudación.
Cosecha de azúcar en Brasil: el país vecino es líder en la producción de etanol sobre la base de caña (AP foto/Andre Penner)Andre Penner – AP
A esto se suma un punto clave, el impacto en precios. En un contexto de restricciones fiscales y sensibilidad inflacionaria, el Ieral indica que cualquier expansión del régimen debe evitar trasladarse a mayores costos de combustibles, especialmente para sectores intensivos en su uso, como el agro y el transporte.
El contexto futuro introduce, además, nuevos desafíos. La electrificación del transporte, la volatilidad del precio del petróleo y posibles cambios en los derechos de exportación configuran un escenario incierto. En particular, la eventual reducción de retenciones podría elevar los costos de las materias primas, afectando la rentabilidad del sector. A su vez, la mayor penetración de vehículos eléctricos anticipa un menor crecimiento de la demanda de combustibles líquidos, lo que obliga a repensar el rol de los biocombustibles en el largo plazo.
Por eso, la necesidad de avanzar hacia biocombustibles de nueva generación, orientados a segmentos donde la electrificación es más difícil —como transporte pesado, aviación o maquinaria—, ampliando así el horizonte de la política sectorial más allá del esquema tradicional de cortes obligatorios.
Un alto el fuego temporal entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa comenzará este sábado por la tarde, ante los esfuerzos diplomáticos mediados por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa. El Kremlin anunció una tregua desde el sábado a las 16:00 (13:00 GMT) hasta el final del domingo, con una duración de 32 horas.
El ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del ejército, Valery Gerasimov, recibieron instrucciones de “cesar las hostilidades en todas las direcciones durante este período”, según informó el Kremlin. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que Kiev “declaró repetidamente” estar dispuesta a un alto el fuego durante la Semana Santa y que estaba preparada para corresponder.
La tregua llega después de que las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin al conflicto de cuatro años se vieran afectadas por la guerra en Medio Oriente. Ambas partes también pactaron un alto el fuego por la Pascua ortodoxa el año pasado.
No obstante, un ataque ruso en la madrugada de este sábado dejó dos muertos en Odesa antes de la tregua. A su vez, las autoridades de Poltava y Sumy informaron el viernes de una persona muerta y 15 heridas en dos bombardeos separados. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia
lanzó 128 drones contra el país durante la noche del jueves y la madrugada del viernes.
Las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos no lograron acercar a las partes a un acuerdo definitorio, y Washington dirigió su atención hacia el régimen iraní. Las negociaciones permanecen estancadas, ya que Moscú exige concesiones territoriales y políticas que Zelensky rechazó por considerarlas equivalentes a una capitulación.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que Rusia hubiera discutido el alto el fuego con Ucrania o con Estados Unidos y aseguró que la medida no está vinculada a las negociaciones para poner fin a la guerra. El conflicto causó cientos de miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas,convirtiéndose en el más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Los combates en el frente permanecen prácticamente estancados en los últimos años. Rusia logró pqueñas ganancias territoriales a un alto costo, aunque Kiev consiguió recientemente hacer retroceder a las fuerzas rusas en el sureste. El avance ruso se ha ralentizado desde finales de 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Analistas atribuyen la desaceleración, entre otros factores, a la prohibición impuesta a Rusia de utilizar los satélites Starlink de SpaceX y a los esfuerzos de Moscú por bloquear la aplicación de mensajería Telegram.
El ISW adviertió que la situación es desfavorable para Ucrania en la región de Donetsk, en torno a las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk. Moscú controla algo más del 19% del territorio ucraniano, la mayor parte tomada en las primeras semanas del conflicto.
En materia económica y relacionado al financiamiento bélico cabe recordar que Washington otorgó una exención de 30 días para que países puedan comprar petróleo y productos derivados rusos sancionados que permanecen varados en el mar, medida que vence este sábado. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la iniciativa buscó estabilizar los mercados energéticos globales afectados por la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.
En este contexto, Zelensky, manifestó su deseo de que se restablezcan las sanciones energéticas contra Rusia. “Ahora está comenzando un alto el fuego en Medio Oriente y el Golfo. Y estoy esperando que se vuelvan a imponer plenamente las sanciones al petróleo ruso, como antes”, declaró Zelensky en comentarios difundidos para la prensa este viernes.
El fotorreportero argentino Tadeo Bourbon obtuvo uno de los premios de la prestigiosa organización internacional World Press Photo (WPP) por una imagen impactante de la represión a jubilados frente al Congreso, tomada el 14 de mayo de 2025. En la fotografía se aprecia al cura Jorge “Chueco” Romero siendo detenido por efectivos de la Prefectura durante la marcha de jubilados de los miércoles en el Congreso.
También recibió un reconocimiento Pablo E. Piovano por su trabajo documental “El costo humano de las agrotóxicos”, previamente premiado en 2024. Ambos trabajos fueron destacados por su fuerza para retratar problemáticas urgentes en América Latina, desde la violencia institucional hasta las consecuencias de los modelos productivos.
El WPP es una organización independiente sin fines de lucro, con sede en Ámsterdam, que organiza el concurso de fotoperiodismo más prestigioso y conocido del mundo. Fundada en 1955, tiene como objetivo apoyar el periodismo visual de alta calidad y defender la libertad de prensa y de expresión. Cada año, miles de fotógrafos de todo el mundo envían sus mejores imágenes y reportajes. Este año participaron 3747 fotógrafos de 141 países, que presentaron 57.376 fotografías tomadas en 2025, y fueron premiados 42 trabajos de seis regiones. Un jurado internacional e independiente premia las fotos que mejor capturan un evento o tema de gran relevancia periodística, social o ambiental.
Sobre la foto de Bourbon, titulada “La Argentina de Milei”, el jurado señaló: “Captura un momento decisivo durante las protestas contra el gobierno de Milei en Argentina, destacando la lucha de los ciudadanos mayores por sus pensiones y el acceso a medicamentos. Mediante una sincronización precisa y una composición dinámica, subraya la marcada disparidad y el desequilibrio de fuerzas entre la policía fuertemente armada y un anciano sacerdote solitario. La fotografía constituye una poderosa representación del movimiento en general y de los desafíos que enfrentan quienes defienden la justicia social”. Al ser detenido, el padre Romero intentaba socorrer al padre Francisco “Paco” Olveira, que había sido detenido poco antes. Los sacerdotes integran el grupo de curas católicos Opción por los Pobres.
La WPP premió a fotógrafos de seis regiones. Los galardones se dividieron en tres categorías: tres fotos individuales, tres historias cortas y un proyecto a largo plazo por región. Bourbon ganó en la primera categoría de la región sudamericana, junto con el ecuatoriano Santiago Arcos y la brasileña Priscila Ribeiro. Piovano, en tanto, fue reconocido en la categoría de proyecto a largo plazo.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó el viernes a Estados Unidos e Irán a aprovechar las negociaciones previstas este fin de semana en Islamabad para entablar un diálogo “de buena fe” que permita alcanzar un acuerdo “duradero” y ponga fin definitivo a las hostilidades.
“(Guterres) hace un llamamiento a las partes para que aprovechen (EEUU e Irán) esta oportunidad diplomática para entablar un diálogo de buena fe en pos de un acuerdo duradero e integral, con miras a la desescalada y la prevención del retorno a las hostilidades”, indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.
Guterres reiteró que “no existe ninguna alternativa viable a la solución pacífica de controversias internacionales de conformidad plena con el Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas”.
El enviado especial de la ONU para el conflicto en Medio Oriente, Jean Arnault, se encuentra en la región y mantuvo un encuentro el jueves con el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en Teherán. Arnault también se reunió con representantes de la Media Luna Roja Iraní y visitó lugares afectados por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos un centro universitario y un bloque de viviendas destruido.
Arnault, quien inició su gira regional el miércoles para apoyar “todos los esfuerzos para lograr una resolución duradera y exhaustiva” al conflicto, estaría presente en Pakistán para las conversaciones de este sábado entre Teherán y Washington.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también solicitó el pasado miércoles un “acuerdo integral” tras el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán, advirtiendo que los civiles “siguen en gran peligro” en toda la región.
“Espero fervientemente que el anuncio de un alto el fuego por parte de Estados Unidos e Irán traiga alivio a todos los civiles que han sufrido durante semanas y que siguen en gran riesgo”, expresó Türk en un mensaje difundido por su oficina en redes sociales.
El diplomático instó a todas las partes a “actuar de buena fe y a asegurar que este primer paso se traduzca en un acuerdo integral”. Señaló que “también es crucial poner fin al dolor y al sufrimiento causados por la guerra en Líbano” y subrayó la importancia de alcanzar “una paz regional duradera, que proteja los Derechos Humanos y respete el Derecho Internacional”.
Guterres celebró el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump el martes pasado y pidió a todas las partes cumplir con el compromiso asumido. Guterres calificó como “urgente” el “fin a las hostilidades” y remarcó: “Todas las partes en el conflicto actual en Medio Oriente debe cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y respetar los términos del alto el fuego para allanar el camino hacia una paz duradera e integral en la región”. El secretario general agradeció a Pakistán y a “otros países” por facilitar el alto el fuego.
A su vez, el titular de Naciones Unidas pidió aprovechar “la oportunidad” del acuerdo temporal de tregua alcanzado entre Washington y teherán para “evitar más muertes en el Líbano e Israel”.
“La ONU condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles. Seguimos instando a todas las partes a que recurran a los canales diplomáticos, cesen las hostilidades y renueven su compromiso con la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad; el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ofrece una oportunidad para evitar más pérdidas de vidas entre el Líbano e Israel”, declaró el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq.
El gobernador se acomodó la corbata y encaró a la pequeña multitud que lo esperaba ansiosa a la salida de una de sus típicas recorridas de gestión por el territorio. Inocente, por un instante pensó que lo iban a abrazar y pedirles selfies. Pero a los pocos segundos comprendió que la situación era bien distinta: sin perder el respeto, aunque con tono elevado, un grupo de trabajadores públicos empezó un relato pormenorizado de sus actuales padecimientos económicos.
“¡No hay nada para festejar! Te vimos con cara alegre en Estados Unidos…”, escuchó de boca de uno de los hombres que estaba visiblemente más ofuscado. Hacía referencia al viaje a Nueva York en el que se había embarcado el político en busca de inversiones durante aquella “Argentina Week” que quedó opacada por las desprolijidades de Manuel Adorni.
Como de costumbre, el mandatario mandó a sus asesores a tomar anotaciones, dio algunas justificaciones de ocasión y juró estar encima del asunto con viajes frecuentes a la Capital Federal. Ya en el auto oficial rumbo a su casa, se quejó por tantas presiones y le admitió a su equipo chico que la situación económica provincial estaba al límite. Y, acto seguido, canceló una entrevista telefónica que tenía agendada para el día siguiente: como los líderes de los otros 23 rincones del país, no tenía demasiado para decir.
2026 llegó con un combo complicado: actividad golpeada en la mayoría de los rubros y caída de la recaudación nacional. Los números hablan por sí solos: la caída del volumen tributario acumula ocho meses consecutivos y el acumulado del primer trimestre tocó su nivel más bajo en 13 años. El resultado de enero, febrero y marzo se explica por los menores ingresos provenientes de los impuestos al comercio exterior, empleo y también por las variaciones en el IVA y el impuesto al cheque, variables que en el acumulado todavía quedan por debajo de 2025. Con esos guarismos como telón de fondo, desde el interior subrayan que en ese breve período hubo una disminución de un billón de pesos respecto al mismo período del año anterior. Y alertan que se viene consolidando un grave deterioro de los ingresos provinciales por transferencias nacionales.
Más datos del primer trimestre: los territorios de la República registraron una caída real acumulada del 8,3% en las transferencias totales, lo que equivale a una pérdida de $1.559.141 millones. O sea, $1,5 billones. Sí, un número con once ceros.
Este ajuste se explica por dos caminos que conviven entre sí: la retracción del 6,4% real en las transferencias automáticas como la coparticipación y el desplome del 59,1% de las no automáticas. Se puede agregar, además, un tercer factor: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), utilizados históricamente para asistir a los distritos, caen a cuentagotas; la Casa Rosada tiene listo para utilizar un acumulado de un billón y medio de pesos. Malas noticias para la tan prometida reforma tributaria con su posible cambio en el régimen de los Ingresos Brutos: las jurisdicciones tienen una dramática dependencia presupuestaria (78,7%) de ese ítem.
Este panorama alcanza para entender cómo se enhebra una cadena de tensiones que se traduce en la enorme dependencia que los jefes locales tienen con el poder central al mismo tiempo que sufren conflictos salariales y paritarias cada vez más álgidas, presión sindical de los gremios estatales y complejidades desgastantes a la hora de sostener servicios básicos. “Más de la mitad de nuestros ingresos dependen de lo que nos tiene que mandar el ministerio de Economía, lo que obviamente nos deja expuestos a sus caprichos y decisiones. Para colmo, la baja de la actividad impacta en las propias recaudaciones de nuestros distritos. Cartón lleno”, se sincera un mandatario de vínculo fluido con La Libertad Avanza.
El caso de Buenos Aires, el punto más poblado de esta tierra, es paradigmático: Axel Kicillof calcula que desde la asunción de Javier Milei lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica. “Para dimensionar el impacto, esa cifra equivale a 8 años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto de toda la administración bonaerense o a más de un año de recaudación propia. Y en términos físicos, equivale a más de 15.000 km de rutas”, suele graficar el ministro de hacienda Pablo López. La respuesta de la Quinta de Olivos llega en oleadas de dardos envenenados que apuntan a la “mala administración que hace desde siempre el soviético”.
La motosierra ya no se discute en abstracto ni en planillas de Excel. Pero si bien todos los gobernadores vienen ajustando sus cinturones, son los municipios los que primero sienten el impacto. Ejemplos random: en Salta, Rosario de la Frontera, Cafayate y Orán admiten que están con la soga al cuello, al límite de no pagar sueldos, un calvario idéntico al de lugares como Bragado, Villa Gesell, Monte Hermoso y Navarro en Buenos Aires; en La Pampa, Santa Isabel y Rolón quedaron como los casos más crudos de una secuencia que los intendentes describen con una mezcla de resignación y pánico, ya que terminaron abonando remuneraciones en cuotas, como pasó también en Gran Guardia, Formosa; en Entre Ríos, el jefe comunal de Sauce de Luna directamente resolvió cubrir una parte de los haberes con un bono alimentario; y en Tierra del Fuego, Ushuaia denunció que la deuda de coparticipación local equivale a cuatro masas salariales y que viven al límite. Postales picantes, de norte a sur.
Agobiados y preocupados, intendentes de la Argentina entera nucleados en la Federación Argentina de Municipios van a presentarse el próximo martes en las puertas del edificio donde trabaja Luis “Toto” Caputo con la intención de entregar un documento que describe una “crisis financiera sin precedentes” y para advertir que “la catástrofe ya llegó”.
¿La Casa Rosada toma nota de esta mamushka de problemas? Sí y no. Hacia afuera, la orden de la cúpula libertaria es insultar al Círculo Rojo, incluidos “empresarios prebendarios” y “periodistas ensobrados”, y difundir la idea de un golpe por parte de sectores que en teoría no quieren que el presidente termine su mandato. Sin embargo, hacia adentro puede acercarse una novedad de relevancia: los funcionarios más cercanos a los hermanos Milei juran que el inquilino del Sillón de Rivadavia dijo en las últimas horas en la intimidad que está dispuesto a tener una nueva ronda de encuentros mano a mano con líderes provinciales. Ojo: no a todos.Otra vez serían excluidos Kicillof y los otros tres opositores duros de Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. Por ahora, la contención la sigue haciendo bajo el radar el ministro del Interior Diego Santilli, que ya se juntó con los líderes de Chubut, San Juan, Mendoza, San Luis, Corrientes, Jujuy y el lunes 13 de abril hará lo propio con el de Río Negro.
Lo que seguro no habrá es una foto masiva y federal. Muy lejos quedó la instantánea con sonrisas con los 20 gobernadores que el 30 de octubre de 2024, después de la victoria violeta en las legislativas, fueron a Casa Rosada para juntarse con Milei y con un jefe coordinador y un ministro que 24 horas más tarde iban a dejar sus cargos: se fueron Guillermo Francos y Lisandro Catalan y llegaron Manuel Adorni en modo empoderado y “El Colo” en modo pac man. Otros tiempos.
Una más sobre el vínculo con los mandatarios provinciales: ¿habrá voluntad libertaria para aliarse con ellos de cara a una posible reelección? ¿Habrá voluntad del interior para no desdoblar las fechas de sus elecciones locales? ¿Habrá ayudas y “caramelos” extra para salir de la malaria? De acá al 24 de octubre de 2027 falta una eternidad.
Por lo pronto, esta semana se anunciaron adelantos de coparticipación de hasta $400.000 millones “a ser reintegrado dentro del Ejercicio Fiscal en curso” y con una tasa del 15% para 12 provincias, entre ellas aliadas como Mendoza, Chaco y Corrientes y opositoras como La Rioja y Tierra del Fuego. “De esta manera se evita que los territorios salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente”, contextualizan en Balcarce 50. Reemplazar transferencias por adelantos implica mayor dependencia financiera de cara al futuro. En paralelo, Economía ya tiene listas las resoluciones para conceder el traslado de la operación de más de mil kilómetros de rutas a gobernadores variopintos, una respuesta a un reclamo recurrente. Es que, más allá de pedidos puntuales, la mayoría de los mandatarios quiere lo mismo a largo plazo: fondos para obra pública, compensación por la caída de transferencias no automáticas, ayuda para subsistir sin atrasos salariales y un esquema financiero previsible para el resto de 2026.
En este contexto, generó ruido político un informe de la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que indica que “las transferencias de fondos ATN realizadas durante el mes de marzo y los adelantos de coparticipación anunciados el 1 de abril inclinaron la balanza en el debate de la reforma de la Ley de Glaciares”. De acuerdo al estudio, el 50% de los 137 votos que se obtuvieron en la cámara de Diputados provinieron de legisladores de provincias que fueron beneficiadas por los envíos de dinero. Suspicaces, abstenerse.
La contención de los 24 territorios no es el único desafío para la gestión violeta: los más de 100 piquetes que se produjeron por el final del programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) que le asignaba $78.000 mensuales a unas 900.000 personas, los recortes en la atención a jubilados del PAMI por una deuda de cerca de $500.000 millones con prestadores del mundo de la salud y los enflaquecidos sueldos de las fuerzas de seguridad en todo el país son sólo algunos de los puntos que, admiten en el primer piso de la Rosada, hay que seguir con atención. Un bonus: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó en su última publicación que la tensión fiscal ya tiene traducción concreta en lo que va de 2026: entre enero y marzo se registraron 92 conflictos laborales en las provincias. El 80% sigue activo.
Todo esto sucede mientras el gobierno sufre el affaire Adorni en incómodos fascículos. Pese al levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal sobre el jefe de gabinete y a las declaraciones judiciales y mediáticas de la escribana Adriana Nechevenko, la decisión oficial continúa siendo sostenerlo en su función. De hecho, en su despacho adelantan que el cuestionado funcionario podría volver a mostrarse activo y viajar el 16 de abril a Vaca Muerta para poner el foco en la agenda energética del gobierno. Una escala previa a su informe de gestión del día 29 en el Congreso.
“Vamos a estar bien. Confíen, que todo marcha acorde al plan”, dicen, misteriosos, muy cerca del primer presidente liberal libertario de la historia vernácula. Y piden poner la lupa en la “marcada empatía” que tuvo Javier Milei en un posteo en X que irradió menos odio que de costumbre: “Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado”. Fin.
Durante el último año, los créditos a las familias registraron un fuerte incremento en los niveles de morosidad. Los datos disponibles muestran que el porcentaje de préstamos en situación irregular para personas físicas pasó de 2,67% en enero de 2025 a 10,6% doce meses después, alcanzando el valor más elevado en casi 20 años. Hacia adentro del fenómeno de la irregularidad, destaca el incumplimiento en los préstamos personales, que se encuentra en los niveles más altos de la última década y media.
El más reciente Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revela quela mora en el financiamiento al sector privado se ubicó en 6,4% en enero, lo que implica un aumento de 0,8 puntos porcentuales (pp) respecto a diciembre anterior y de 4,77 pp frente al mismo mes de 2025. Todas las entidades financieras reflejaron este deterioro, aunque el impacto fue mayor en los créditos a familias, donde la suba mensual alcanzó 1,3 pp.
Entre los préstamos personales, el nivel de incumplimiento llegó a 13,2% en enero, con una suba mensual de 2,2 puntos porcentuales. Los créditos hipotecarios mostraron una mora de 1,3%, con un avance de 0,1 pp. Las líneas prendarias llegaron a 6,3%, con un alza de 0,5 pp en el mes, y el financiamiento mediante tarjetas de crédito trepó a 11%, 1,7 puntos porcentuales más respecto a diciembre anterior.
La mora promedio de 10,6% registrada en enero de 2026 es la más elevada en casi 20 años
Todos los segmentos de crédito experimentaron sus mayores tasas de morosidad al inicio de 2026. Los registros anteriores muestran aumentos significativos en 2019 y 2021, aunque en valores significativamente menores. El salto reciente en los niveles de irregularidad marca un récord desde, al menos, 2004.
Según estimaciones de la consultora 1816 en base a datos del Central de Deudores (Cendeu) del BCRA, en el sector bancario, la proporción de familias con atrasos en sus pagos aumentó de 10,6% en enero a 11,2% en febrero. A modo comparativo, la morosidad de las empresas se elevó de 2,8% a 2,9%, mientras que el indicador para todo el sector privado pasó de 6,4% a 6,7%. Estos registros anticipan los resultados que el Banco Central difundirá oficialmente a fin de mes. Así, los atrasos de los hogares con los bancos crecieron por decimosexta vez consecutiva y marcan el nivel más alto en más de veinte años.
El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la problemática del endeudamiento de los hogares. Bajo su perspectiva, es clave “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. Además, atribuyó la situación de la mora a factores políticos de la última elección legislativa: “Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”.
Los economistas de LCG consideraron que el aumento de la morosidad en los créditos otorgados a las familias se explica por las tasas de interés activas altas y el estancamiento de los salarios. A eso se suma que, actualmente, la tasa de interés real se mantiene por encima de la inflación, por lo que las deudas no pierden valor con el tiempo.
Evolución y diferencias en los índices de morosidad
El deterioro también se observó en el financiamiento a empresas, aunque en menor medida: la tasa de irregularidad llegó a 2,8% en enero, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mes anterior y de 2 pp en la comparación interanual.
Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades (Caputo)
En cuanto a las previsiones del sistema financiero, representaron el 89,2% de la cartera irregular, con una baja de 4,1 pp respecto al mes previo. El total de reservas para contingencias equivalió al 5,7% del financiamiento al sector privado, con incrementos de 0,5 pp mensuales y 3 puntos porcentuales en comparación con un año antes.
El informe del BCRA destaca: “Al contemplar de forma conjunta los niveles de morosidad agregados y los registros de previsiones y de capital disponible, surge que el sistema financiero local conserva elevada cobertura respecto del riesgo de crédito. En particular, el indicador compuesto por el saldo en situación irregular neto de las previsiones en términos de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) se ubicó en 1,5% en el comienzo del año, por debajo de la mediana -valor que divide en mitades al universos relevado- de una muestra amplia de países”.
Impacto en entidades no bancarias y billeteras virtuales
El aumento de la morosidadtambién se extiende a billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias, donde las estimaciones marcan niveles superiores a 30% en algunos casos. Esta dinámica refleja la presión sobre los sectores que acuden a los microcréditos para cubrir gastos cotidianos, más allá de los canales tradicionales.
Un informe privado con datos actualizados a diciembre de 2025 evidenció disparidades en los índices de morosidad entre las principales firmas de crédito no bancario y bancos digitales. Tarjeta Naranja encabezó el listado con 35,7% de préstamos en situación irregular; Cencosud reportó 25,5% y Credicuotas Consumo alcanzó 25,4%. Mercado Libre, propietario de Mercado Pago, presentó una tasa de 14,7% en enero pasado.
Sobresalen los sectores que acuden a los microcréditos para cubrir gastos cotidianos, más allá de los canales tradicionales
“Entre las diferentes entidades que componen el sistema de entidades financieras, los bancos son los de menor tasa de incumplimiento, con los privados levemente por encima de los públicos. Por otro lado, las entidades financieras no bancarias (empresas que intermedian financiamiento sin ser un banco) tienen niveles de mora promedio más altos, superiores ya al 30%, igual que las compañías que financian sus ventas, como electrodomésticos o textiles”, detalló un informe de la consultora Empiria.
Desde entidades bancarias destacan que el crecimiento de la mora también responde a un aumento significativo en el crédito a las familias. Antes de la asunción de Javier Milei, los bancos prestaban aproximadamente el 50% de sus carteras al sector público -parte quedaba inmovilizado por encajes-, mientras que en 2025 se revirtió esa ecuación: casi la mitad del financiamiento está destinado al sector privado.
El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, ponderó la expansión crediticia que tuvo lugar desde diciembre de 2023. Según estimaciones de la cámara, el crédito bancario sobre el Producto Bruto Interno (PBI) pasó de 5% a fines del gobierno de Alberto Fernández a 12% en 2025. Durante la gestión de Mauricio Macri, esa cifra había llegado a 14% del PBI.
Más allá de ese salto, en los primeros meses del año se registró una desaceleración de la dinámica crediticia. Según los cálculos de First Capital Group, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado fue de $95,7 billones en marzo, lo que representa un alza de 2,4% mensual en términos nominales. De confirmarse los pronósticos de las principales consultoras del país, habría quedado por debajo de la inflación, que se ubicó en torno a 3 por ciento.
Completamos un trimestre con el mismo comportamiento: leves incrementos nominales que no llegan a compensar la pérdida del valor de la moneda, lo cual implica una variación real negativa (Barbero)
“Completamos un trimestre con el mismo comportamiento: leves incrementos nominales que no llegan a compensar la pérdida del valor de la moneda, lo cual implica una variación real negativa de la cartera nominada en pesos, esto sumado a un crecimiento anual de solamente el 12,2% nos indica un estancamiento en la recuperación del crédito”, concluyó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.
La inmigración, la necesidad de una mayor soberanía industrial, el legado de De Gaulle y los vínculos franco-argentinos son los temas abordados en esta entrevista con Lucas Chancerelle, abogado, comunicador y emprendedor francés.
A sus 26 años, Lucas Chancerelle ya ha incursionado en política, en el periodismo y en el emprendedurismo. Su formación es en derecho y actualmente es director general de Nid, una incubadora de empresas “arraigadas”, es decir, las que apuntan a producir en Francia con recursos locales.
De visita en Argentina por primera vez, en esta charla con Infobae, expone sus impresiones de Buenos Aires, donde se siente “en casa” y su aspiración a aportar a la amistad entre nuestros países, cuya historia conoce.
“En Francia seguimos viviendo de la herencia que dejó De Gaulle”, asegura y expone los motivos por los que la inmigración descontrolada inquieta a los franceses y constituye para él un problema de supervivencia de su país.
Su enfoque de éste y otros temas de actualidad resulta un aporte para una visión más plural ya que existe a distancia un falso consenso mediático sobre estas problemáticas. Por caso, considera que el Rassemblement National (antes Frente Nacional) tiene chances de llegar al poder el año próximo pero no lo ve como un partido de derecha clásico: buena parte de su base electoral son trabajadores y su línea en materia económica se acerca más al socialismo que al liberalismo.
El fenómeno de un regreso a la tradición católica -del que él mismo es un exponente, dado que se bautizó hace pocos años– lo relaciona con la necesidad de las actuales generaciones de recuperar un vínculo con la tradición milenaria del país, con sus raíces culturales, negadas o como mínimo ignoradas por la clase política en las últimas décadas.
— ¿Es posible que Rassemblement National (antes Frente Nacional) llegue al poder en la próxima elección presidencial de 2027?
— Todas las encuestadoras sitúan a Jordan Bardella o a Marine Le Pen encabezando la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ahora bien, hay un juicio pendiente que involucra a Marine Le Pen por lo que aún no se sabe si podrá ser candidata. Será un tema político mayor, ya que Jordan Bardella contaría con un 36% en la primera vuelta, pero es muy joven. Tiene 30 años y eso plantea un problema de credibilidad. ¿Logrará superar el 50% en segunda vuelta, el techo de cristal del Frente Nacional? Es un partido muy fuerte en la primera vuelta, pero en la segunda se produce el llamado “muro republicano”. Todos los demás movimientos, la izquierda, los centristas, los ecologistas, se unen contra el candidato del Frente Nacional. Lo que se vislumbra como tendencia es que, contra Bardella, en la segunda vuelta, tal vez esté Jean-Luc Mélenchon, que encarna otro aspecto de la radicalidad francesa: la extrema izquierda. Y ahí se ve una fuerte tensión entre dos extremos. El país está dividido. Esta polarización tal vez rompa el frente republicano. Así que, en mi opinión, en 2027, el partido de Bardella ganará.
— ¿El extremismo de Mélenchon podría favorecer a Bardella?
— Sí. Las encuestadoras sitúan al segundo candidato muy por debajo. En resumen, Bardella está muy alto y a la segunda vuelta se accede con alrededor del 10 al 13%. El sucesor de Emmanuel Macron, Édouard Philippe, centrista, también podría beneficiarse de esta dinámica. Pero después de diez años de macronismo, hay un deseo de renovación, una ventana de oportunidad para nuevos partidos que superen un poco la división derecha-izquierda, como propone el Rassemblement National (RN).
— ¿El Rassemblement National no es de derecha?
— Lo es en el sentido de la seguridad, en las prerrogativas llamadas regalianas, sobre la policía, el ejército, la justicia. Pero desde el punto de vista de valores, matrimonio igualitario, eutanasia, las cuestiones familiares, no es de derecha porque la mayoría de los franceses no lo son en estas cuestiones. Como el RN intenta ganar las elecciones, se posiciona de manera prudente para evitar temas divisivos. Hay muy pocos católicos practicantes en Francia, tal vez un 1% ó 2%. Entonces se dicen: no vamos a perder votos abordando estos temas conflictivos. Prefieren tener una línea más progresista en cuanto a valores para garantizar su éxito electoral.
— ¿Y en el plano económico?
— En lo económico, tienen una línea más social. En Francia somos un poco como en Argentina, tenemos muchos empleados públicos, mucho porcentaje de gasto público en el PIB. El Estado gasta mucho dinero. Algunos candidatos más liberales como (Eric) Zemmour, (Sarah) Knafo, (Bruno) Retailleau, proponen reducir drásticamente ese gasto. Ahora bien, el RN está compuesto por un electorado popular, que no quiere que se recorten las prestaciones sociales. Así que, por miedo a perder ese electorado, el RN mantiene una posición muy social, incluso muy socialista, en economía.
— Uno por ciento de católicos practicantes es realmente mínimo. Sin embargo, en la Pascua del año pasado hubo un aumento importante de bautismos, sobre todo de jóvenes. ¿Hay un renacimiento del catolicismo en Francia?
— Hay un renacimiento de la tradición católica. Muchos jóvenes asisten a la misa en latín, vuelven a la religión. Primero, por razones identitarias. Quieren reconectarse con una herencia milenaria, con la rica historia de sus antepasados. La religión es un medio de conversión, en un proceso cultural e identitario. En eventos como la peregrinación de Chartres, se ve a decenas y decenas de miles de jóvenes, es magnífico. Es reconfortante. Creo que efectivamente hay un renacimiento. Yo, por ejemplo, me bauticé a los dieciocho años, ahora tengo veintiséis. Es cierto que en las iglesias se ve a muchos jóvenes conversos que se acercan. Creo que es porque también aporta una dimensión estética y que el mundo neoliberal, la vida cotidiana que tenemos, no nos aporta esa dimensión trascendental que da el catolicismo, que otorga esa verticalidad, ese sentido de los valores que proporciona el catolicismo romano latino. En resumen, las misas en latín están llenas de jóvenes. Las misas llamadas modernas son más de personas mayores y la cuestión demográfica hará que las misas en latín se vuelvan mayoritarias.
— ¿Existe una brecha de género en este fenómeno?
— Honestamente, no. Hay muchas, muchas mujeres. Es cincuenta y cincuenta.
— ¿Es un fenómeno de provincias o más bien urbano?
— No hay que fantasear sobre el número. Es un fenómeno que existe, una fuerte corriente, que actúa especialmente entre las élites, entre jóvenes activos en política, comprometidos, pero no son conversiones de masas. La mayoría de los franceses en las zonas rurales también están en abandono espiritual. No necesariamente tienen una búsqueda identitaria. Pero en París, por ejemplo, misas como la de Saint-Roch, en el barrio junto al Louvre, están llenas de jóvenes. Es sobre todo un fenómeno de las ciudades, de jóvenes profesionales que buscan sentido.
— Los franceses, o un porcentaje significativo de ellos, atribuyen todos los males del país al hecho de pertenecer a la Unión Europea, a Bruselas. ¿Es así?
— La idea compartida por muchos franceses es que Bruselas no es el origen de todos nuestros problemas, pero los empeora todos. Nos sentimos europeos porque nuestra historia, cultura e identidad son europeas, pero se distingue la Europa civilización de las instituciones de Bruselas, que están algo pervertidas respecto a su origen. Porque cuando se ve lo que hace (la presidente de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen, lo que hicieron Jean-Claude Juncker y sus predecesores, es una política completamente vaciada de su sustancia civilizatoria. Nunca se hace referencia a los orígenes griegos, latinos, cristianos, de Europa. Es un ensamblaje tecnocrático, normativo, exclusivamente basado en el libre comercio, pero eso no basta para hacer un proyecto político. Así que eso crea en las poblaciones locales un resentimiento. Desde el punto de vista de la agricultura, la inmigración, la industria, se tiene la impresión de que hay competencia desleal, por ejemplo, entre un agricultor francés y uno en Europa del Este, que no van a tener las mismas normas ni los mismos costos salariales. Eso genera frustración y un sentimiento anti-Unión Europea que, a mi parecer, puede revertirse. No estoy en contra de Europa, pero sí de esta Unión Europea.
— ¿El gran reemplazo ya ha tenido lugar? Estamos en un punto en que incluso quienes negaban su existencia ahora lo reivindican.
— Sí, se ha convertido en un argumento político. Hubo varias fases. Al principio el gran reemplazo era una teoría conspirativa, no existía. Luego se volvió aceptable. Mélenchon decía “sí, hay un gran reemplazo”. Los medios decían “sí, hay un gran reemplazo, ¿pero es realmente grave?” Y en la tercera fase, ahora, se ha convertido en algo que hay que promover, una reivindicación. Mélenchon usa el término “criollización”. Solo que hace menos de 50 años que hay olas de inmigración extraeuropea en Francia. Es un fenómeno muy reciente en nuestra historia. Así que sí, el gran reemplazo existe. Todos lo ven. Es un fenómeno más bien urbano. Genera el sentimiento de ser extranjero en el propio país. Más allá de cualquier consideración racista, es un hecho objetivo. Existe un pueblo francés histórico que es blanco, de cultura cristiana, de filosofía griega; en fin, un legado civilizacional. Y un nuevo pueblo ha llegado muy recientemente y ha reemplazado muy rápidamente a barrios enteros y eso crea fuertes tensiones comunitarias. Porque se puede asimilar a individuos, pero no a pueblos enteros. Y es por eso que el RN crece tanto. Es en primer lugar por la cuestión migratoria. Por supuesto, hay temas de herencia colonial. No se puede decir simplemente: ah, están aquí, y quejarse. Hay una justificación histórica de por qué estas poblaciones llegan tan fácilmente. Pero hoy eso ya no puede funcionar. Hay tensiones étnicas, identitarias, culturales tales que algunos consideran que esto podría llevar a una situación de pre-guerra civil. Yo no lo creo. Pienso que será más bien una descomposición generalizada, una especie de “guetoízación”. Cada uno ya vive por su lado. Como decía el exministro del Interior, Gérard Collomb, “vivimos uno al lado del otro, mañana viviremos frente a frente”.
— ¿Es ésta la principal problemática en Francia hoy?
— Sí, Francia está en una situación grave porque la primera cuestión es la de la inmigración descontrolada y el cambio poblacional. Porque se puede cambiar una política económica, una política social; son leyes que se pueden cambiar fácilmente. Pero un pueblo no se cambia tan fácilmente.
— ¿El problema es que estos inmigrantes no tienen la aspiración de ser franceses?
— Pero aunque la tuvieran, para mí, es una cuestión de número. No se puede asimilar a poblaciones enteras. La asimilación ya no funciona hoy. Puede haber excepciones, bellos ejemplos de personalidades asimiladas. Yo tengo lejanos orígenes armenios y uno de mis grandes representantes es Charles Aznavour [Aznavourian]. ¡Qué bello ejemplo de asimilación el de Aznavour! Pero eran excepciones. Hoy ya no es posible promover esa política de asimilación. Y se ve en todo Occidente, en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, los mismos problemas. Así que, espero que los políticos aborden estas cuestiones para encontrar soluciones pacíficas que permitan que la dignidad de cada pueblo sea respetada. Mi pueblo está desde hace mucho tiempo en esta tierra de Francia. No quiero que desaparezca. Tiene derecho a estar aquí, como otros pueblos tienen derecho a ocupar su país. Es necesario poner fin a esta situación y no simplemente detener la inmigración ilegal. Hay que combatir también la inmigración legal. Son quinientas mil entradas legales por año en Francia, la inmigración. El equivalente a una gran ciudad como Burdeos cada año. Es asombroso. No tenemos la capacidad de absorción de esta población. Ese es el principal problema de Francia hoy, que decide la vida o la muerte del país.
— Francia era uno de los países más reacios al Tratado del Mercosur, por los intereses de sus agricultores. ¿A pesar de ello, hay interés en profundizar los lazos a partir de este acuerdo?
— Yo creo que sí. Vine ahora por primera vez a América Latina, justamente en el marco de este acuerdo, porque, a pesar de sus límites, creo que también hay oportunidades de fortalecer los lazos existentes, económicos y culturales entre Europa y América Latina, entre Francia y Argentina. Hay que ver al Mercosur como algo positivo en ese sentido. Ahora bien, Francia es un país de campesinos. Un país agrícola. Se honra y respeta mucho a nuestros campesinos. Tienen una especie de privilegio que se mantiene. Tienen muchas ayudas del Estado y de la Unión Europea, pero socialmente eso es aceptado porque se los valora. Así que, una vez que se logre un compromiso sobre el asunto agrícola, creo que el Mercosur puede abrir vías en temas industriales, tecnológicos, para el desarrollo de actividades de empresas francesas.
— ¿Es optimista entonces respecto de las perspectivas que abre este acuerdo?
— Sí, por eso estoy aquí. Hay una amistad entre Francia y la Argentina. Se pueden citar muchos ejemplos. Soy originario de Bretaña. Y el nombre Malvinas viene de Saint-Malo, puerto bretón. Históricamente, también hubo una ayuda de corsarios franceses para liberar el puerto de Buenos Aires contra los ingleses. Ha habido visitas presidenciales: De Gaulle (1964), más recientemente, Macron. En Buenos Aires, cuando se camina por las calles, se ve esa herencia arquitectónica, ese legado del arte de vivir a la francesa. Me siento muy a gusto aquí, me siento un poco en casa. Me gusta encontrarme en este universo cultural, y me siento cómodo para desarrollar proyectos empresariales. Así que espero que el Mercosur llegue a un compromiso que respete a los agricultores franceses y que recoja los aspectos positivos, los posibles beneficios de esta nueva colaboración.
— Tienes intereses en política, periodismo y emprendimiento. ¿En qué consiste este último aspecto?
— Trabajo con personas preocupadas por la soberanía, es decir, por producir y decidir en nuestro país, en Francia. Ha habido muchas deslocalizaciones. Además, hay cuestiones geoestratégicas en relación con la influencia anglosajona, con nuestras capacidades para encontrar nuevos medios de desarrollo, nuevas vías de autonomía. Por ejemplo, el hecho de que los ejércitos franceses tengan sus datos en Microsoft, una empresa estadounidense, a mí me preocupa. Así que creo que es bueno que existan actores franceses para buscar soluciones soberanas. Si tomamos una perspectiva histórica, creo en una gran alianza latina, una gran alianza de países latinos, para trazar otro camino frente a la hegemonía norteamericana y anglosajona.
— ¿Qué imagen te llevás de Argentina?
— Es una tierra de oportunidades, una tierra de aventura, una tierra donde todo es posible. Y el Mercosur ofrece precisamente una ventana de apertura hacia ese mundo. Espero que la amistad entre Francia y Argentina siga desarrollándose. Argentina es un país inmenso en dimensiones, y libre. Es la segunda palabra que se me ocurriría. La relación con la gente es mucho más cálida, más abierta. Y tiene esa dimensión de oportunidad. Si tuviera que elegir tres palabras, serían esas: libertad, oportunidad e inmensidad. Oportunidad porque es un país —tengo esa impresión— todavía no acabado, como Francia, que es una anciana de mil quinientos años, respetable por su cultura, sus instituciones, pero a la que le cuesta moverse. Le cuesta recuperar la vitalidad que Argentina aún puede tener. Por supuesto, la imagen que tenemos hoy pasa también por el prisma mediático de Milei, por su estilo estruendoso. Pero en síntesis la imagen que proyecta Argentina es la de una tierra de oportunidades.
— Volviendo a Francia, ¿hay un distanciamiento respecto del legado de Mayo del 68?
— Bueno, vuelvo un poco atrás en nuestra conversación, al retorno del catolicismo entre los jóvenes, al regreso de cierta tradición. Se considera que los boomers representaron una ruptura generacional, una ruptura antropológica, una ruptura de valores, de la cadena de transmisión. Mayo del 68, a través de figuras como Daniel Cohn-Bendit y otros, se proyectó como la imagen internacional de esos boomers que querían destruir todo, deconstruir todo. Ahora bien, los jóvenes franceses vuelven a misa, votan a la derecha, son patriotas. Entre los jóvenes, el legado de Mayo del 68 está disminuyendo. Me parece algo positivo. Francia siempre ha estado a la vanguardia del progresismo y la transgresión de los valores. Creo que esa tendencia está cayendo. En todo el mundo, los patriotas están regresando. En todo el mundo hay un retorno de alguna forma de valores tradicionales. Estamos al final de un ciclo. Creo que los valores de Mayo del 68 no sobrevivirán a los boomers.
— Charles de Gaulle es una figura muy respetada en el mundo. Cuando vino a Argentina, la gente salió a la calle para recibirlo. ¿Cuál es la imagen de De Gaulle en Francia actualmente?
— Es el último gran presidente francés. Todavía vivimos de sus activos. Si Francia aún tiene una voz poderosa, una voz soberana, es gracias a lo que él instauró: el Consejo de Seguridad de la ONU, la energía nuclear, la industria de defensa. Los que vinieron después vivieron de sus logros y los deterioraron un poco. El último gran estadista francés. Además, un poco como el peronismo en Argentina, es una figura central, de eje. En realidad, no se le puede encasillar políticamente. Hay gaullistas de derecha, gaullistas de izquierda. Marine Le Pen se reivindica gaullista. El Partido Socialista se reivindica gaullista. Emmanuel Macron, todos se reivindican gaullistas porque, en cierto modo, es una postura fácil, tan poderosa por su evocación positiva. Y hoy, cuando se piensa en Francia, es De Gaulle–Napoleón. Efectivamente, él encarnaba cierto arraigo francés, cierta defensa de los intereses estratégicos de nuestro país. Y es con esa voluntad que intento desarrollar estas actividades empresariales made in France. Es en esa línea.
El lunes 12 de agosto de 2015 quedó marcado en la memoria como “el día de la mayor pérdida de valor de la historia argentina”. Las acciones de las empresas nacionales se desplomaron más del 60% en Wall Street; en el Merval retrocedieron un 33% en términos reales y el peso se devaluó un 23% frente al dólar. Ese recuerdo se reactivó tras la derrota de LLA en las elecciones bonaerenses de septiembre pasado, y solo fue contenido por el anuncio del Tesoro norteamericano de un préstamo de 20 mil millones de dólares y por la promesa de “lo que fuera necesario” (whatever it takes).
Las posibilidades de que, en agosto del año próximo, Estados Unidos repita un salvataje semejante son inciertas; en cambio, es más probable que se reactiven los mismos temores de los mercados financieros ante el mero riesgo de una eventual derrota del Gobierno. Si la alternancia es la base de todo sistema democrático, el problema central de la economía argentina es la inconsistencia intertemporal de sus políticas macroeconómicas básicas.
El anuncio del “salariazo” de Menem en su campaña dinamitó la ya muy fragilizada economía de Alfonsín. De la Rúa, para suceder a Menem, tuvo que prometer la continuidad de la Convertibilidad. Kirchner, para ganar por primera vez en 2003, anunció que mantendría al entonces ministro de Economía Roberto Lavagna. El regreso de Cristina Kirchner como candidata a vicepresidente provocó la citada hecatombe que sufrió Macri el lunes 12 de agosto tras su derrota en las PASO. Y el anuncio de campaña de Milei sobre la dolarización de la economía potenció la aceleración inflacionaria del gobierno de Alberto Fernández. De cara a 2027, ni siquiera hace falta una profecía autocumplida: parte de la renovación de la deuda en pesos del gobierno de Milei se fijó con vencimiento previo al cambio de gobierno, justamente para cubrirse de ese riesgo.
Lo que Milei llama “efecto kuka” atraviesa las cuatro décadas de nuestra recuperación democrática y, en realidad, consiste en un empeoramiento asociado al cambio de gobierno, salvo cuando el candidato de la oposición se compromete a garantizar la continuidad de los aciertos económicos de su competidor o cuando la reelección del oficialismo resulta segura.
¿Qué hacer entonces? Hay dos opciones: colaboración o aniquilamiento.
Aniquilamiento. El gobierno de Milei apuesta a asociar al candidato peronista al caos económico para generar temor entre los votantes, que podrían optar por no elegirlo ante el riesgo de convertirse en víctimas de un descalabro económico; ese voto por miedo fue con el que el Gobierno logró imponerse en las elecciones de octubre pasado.
Paralelamente, un candidato kirchnerista podría considerar que le conviene que LLA instale la idea del “cuco kuka”, un fantasma peronista desestabilizador: así Milei se estaría disparando un tiro en el pie, porque las consecuencias del caos económico las sufriría antes de las elecciones el propio gobierno de LLA, facilitando y no dificultando el ascenso de la oposición frente a un oficialismo cuya economía ya está en caos y cuyos votantes no tienen nada que perder.
Alentar la polarización mediante escenarios apocalípticos para cosechar adhesiones es un arma de doble filo: funciona en el presente, pero es una bomba de tiempo segura para estallar en el futuro.
Colaboración. Un ideal, probablemente utópico, sería que los candidatos con posibilidades reales firmaran un compromiso para mantener ciertos lineamientos macroeconómicos básicos: una suerte de Pacto de La Moncloa concentrado en un puñado de compromisos económicos; o, como hicieron en Israel en los años 80 con éxito, que todos los partidos acordaran medidas para ordenar la economía y erradicar la inflación.
Otra alternativa sería que, antes de las PASO en 2027, oficialismo y oposición votaran por unanimidad un presidente del Banco Central que, con acuerdo del Senado (el último así designado fue hace más de una década), pudiera atravesar el mandato del presidente electo más allá del partido que ganase, garantizando estabilidad e independencia frente al Poder Ejecutivo.
La colaboración cobra sentido cuando ambos sectores en pugna descubren que la aniquilación del oponente equivale a la propia autodestrucción: la disuasión nuclear mutua que inhibió durante décadas el uso de armas atómicas entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética.
Mañana PERFIL publica un extenso reportaje al economista Emilio Ocampo, director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA y autor, entre otros libros, de Dolarización: una solución para la Argentina y Argentina dolarizada. Para Ocampo, la única “vacuna” contra la volatilidad monetaria ante cada cambio de gobierno es que no dispongamos de moneda propia, y lo expone con argumentos que merecen ser analizados.
En su visión predomina más el historiador que el economista: proyecta lo que en el mundo anglosajón se denomina “dependencia de la trayectoria” (path dependency), esa idea de “lo que ha sido será” que llevó a Zaratustra, según Nietzsche, a asumir la dificultad de torcer el rumbo de un destino cimentado por el pasado.
Los antecedentes de la economía argentina, desde Alfonsín hasta la fecha, son una evidencia de esa “dependencia de la trayectoria”; sin embargo, el Brasil de poco más de veinte años atrás mostró pruebas comparables y logró romper con la aparente inevitabilidad de la repetición.
Allí la clave fue que un presidente como Lula —siendo un líder sindical combativo y representante de un partido más a la izquierda que el peronismo— supo romper con “el pasado me condena” y puso al frente del Banco Central a un economista opositor, diputado del partido de Fernando Cardoso, expresidente mundial del Banco de Boston con sede en Estados Unidos, Henrique Meirelles.
Algo similar sucedió con la Concertación de centroizquierda en Chile tras la salida de la dictadura, que mantuvo las bases macroeconómicas legadas por Pinochet. Y en Uruguay, donde el Frente Amplio llevó a la presidencia a un exguerrillero como Pepe Mujica, éste ofreció a su rival en la interna, el economista conservador Danilo Astori, sumarse como vicepresidente de su gobierno.
Siguiendo esos ejemplos, el candidato del peronismo podría anticipar la designación de un presidente del Banco Central y/o de un ministro de Economía que otorguen tranquilidad a los mercados.
En cualquiera de los casos, el síndrome de agosto de 2019 plantea un desafío para nuestro sistema político.
