El debate en la Cámara de Diputados sobre el Súper RIGI concentra la atención de legisladores, empresas y cámaras empresariales. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, propone una estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos para inversiones superiores a los USD 1.000 millones. La sesión convocada para este miércoles busca definir si el país adopta un modelo que prioriza la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo de sectores emergentes mediante reglas especiales. La discusión se produce en un contexto de expectativa por parte de gobernadores, referentes industriales y actores del sector tecnológico, quienes observan el posible impacto sobre el entramado productivo local.
El texto elevado al Congreso lleva el nombre de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI. A diferencia del régimen anterior, este esquema apunta a sectores que no cuentan con antecedentes de desarrollo en el país, o que se encuentran en fases experimentales. El objetivo oficial consiste en ampliar los beneficios del RIGI original y focalizarse en industrias del futuro. El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el nuevo régimen como una herramienta clave para promover la transformación productiva nacional y captar inversiones estratégicas.
El Súper RIGI establece que sólo podrán acceder proyectos vinculados a actividades industriales, tecnológicas y de servicios asociados a infraestructura digital estratégica que no existan en el país, o que estén en etapa experimental. Las “nuevas actividades económicas” comprenden desde inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores y energías renovables hasta autos eléctricos y cadenas de valor relacionadas con la fabricación de baterías de litio o paneles solares.
Este criterio excluye las ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes. El régimen busca atraer inversiones que generen cadenas de valor locales y produzcan bienes y servicios con alto contenido tecnológico.
Para ingresar al régimen, el proyecto debe comprometer una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables. Este umbral supera ampliamente el del régimen anterior, que oscilaba entre USD 200 millones y USD 600 millones según el sector. El monto elevado apunta a garantizar que sólo ingresen iniciativas de gran escala y alto impacto económico.
La exigencia de capital marca una barrera de entrada relevante, orientando el esquema hacia empresas multinacionales y conglomerados con capacidad de movilizar grandes sumas para nuevos emprendimientos industriales.
El texto fija la obligación de ejecutar al menos el 20% del monto comprometido en los primeros dos años desde la fecha de adhesión. Este requisito busca que los proyectos tengan un avance tangible en el corto plazo y que los anuncios de inversión se traduzcan en desarrollos concretos.
La condición de cumplimiento temprano diferencia al Súper RIGI de otros regímenes de promoción y pretende generar un flujo temprano de obras, compras de bienes de capital y contratación de mano de obra.
Uno de los puntos destacados del Súper RIGI reside en la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son sociedades constituidas exclusivamente para desarrollar cada emprendimiento. Esta tasa resulta inferior a la vigente para empresas en el régimen general y también más baja que la establecida por el RIGI anterior, que fijaba el 25%.
El esquema incorpora un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, permitiendo deducir el 60% en el primer año y el 20% en cada uno de los dos siguientes. Además, habilita la deducción de quebrantos sin límite de tiempo y la posibilidad de transferir esos quebrantos a terceros luego de cinco años.
El proyecto define una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades distribuidas por los VPU. Este beneficio disminuye la presión fiscal sobre la rentabilidad de los proyectos y busca mejorar la competitividad frente a otras plazas de la región.
El objetivo oficial apunta a hacer más atractiva la radicación de inversiones de largo plazo y el financiamiento de capital extranjero en sectores estratégicos.
El Súper RIGI garantiza la exención total de derechos de importación y exportación para los bienes comprendidos en el plan de inversión y los productos obtenidos bajo el proyecto. El texto elimina cualquier traba arancelaria para el ingreso de maquinaria, insumos o tecnología, y para la salida de bienes producidos por las nuevas industrias.
Esta medida promete reducir los costos de instalación y operación, facilitando el acceso a equipamiento global y la exportación de productos con valor agregado.
El proyecto establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales relacionadas con nuevas relaciones laborales generadas a partir del desarrollo de los emprendimientos. Este incentivo favorece la contratación de personal y la creación de empleo formal vinculado a las inversiones aprobadas en el régimen.
La previsión de un marco previsional más laxo para estos proyectos busca potenciar el atractivo para empresas de tecnología y manufactura avanzada.
La estabilidad normativa constituye una de las garantías centrales del esquema. El régimen asegura que las condiciones en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se mantendrán durante 30 años desde la adhesión al programa. Esta previsibilidad resulta clave para inversiones de largo plazo y alto riesgo, como las que requiere el desarrollo de nuevas industrias.
El texto también prevé mecanismos de resolución internacional de controversias para reforzar la seguridad jurídica de los inversores.
A diferencia del RIGI original, el Súper RIGI elimina la obligación de contratar proveedores locales por un mínimo del 20% de la inversión. El proyecto establece que las compras locales sólo podrán exigirse en condiciones equivalentes a las del mercado internacional, lo que otorga mayor flexibilidad a los inversores para elegir proveedores.
Esta medida ha generado debate entre provincias y empresas nacionales proveedoras, ya que reduce la exigencia de integración local en las nuevas cadenas productivas.
El texto introduce un tope máximo del 0,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias adheridas, e impide que los municipios apliquen tasas sobre ventas generadas por los proyectos. Tampoco se podrán imponer nuevos gravámenes locales ni exigir pagos previos como condición para la presentación de recursos o demandas administrativas y judiciales.
El objetivo consiste en evitar que la carga tributaria provincial o municipal neutralice los incentivos nacionales, asegurando un entorno fiscal competitivo para las inversiones de gran escala.
La presentación del Súper RIGI en la Cámara de Diputados generó expectativa en el sector empresarial y entre gobernadores de provincias con potencial para captar inversiones en tecnología y energías renovables. La discusión en el recinto incluye la evaluación de los compromisos fiscales que las provincias deberán asumir para adherir al régimen, y la posible competencia por atraer proyectos de alto impacto.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo busca lograr consenso para aprobar la iniciativa y garantizar la implementación del nuevo esquema antes del cierre del periodo legislativo. El tratamiento parlamentario se da en paralelo a otras discusiones de relevancia económica, como el pago a los holdouts, lo que imprime un clima de negociación intensa entre bloques políticos y representantes regionales.
El régimen vigente, sancionado en la Ley Bases y vigente hasta agosto de 2027, ya acumula 38 proyectos presentados, con 14 aprobados y un volumen comprometido de USD 107.176 millones, concentrados principalmente en energía y minería. El Súper RIGI apunta a diversificar ese perfil y atraer inversiones hacia sectores de frontera tecnológica. La expectativa de los impulsores reside en que el nuevo régimen impulse la industrialización de recursos y la generación de valor agregado.
El debate sobre el Súper RIGI se da en un escenario donde la Argentina compite con otros países por captar capitales destinados a industrias emergentes. Legisladores, empresarios y expertos observan si la Cámara baja valida un esquema que podría transformar la matriz productiva y posicionar al país en la carrera global por la innovación.
