Durante una emisión del programa “QR!”, que se emite por Canal E, el conductor Pablo Caruso entrevistó al diputado nacional de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade para analizar los recientes movimientos en el Ministerio de Justicia —con Juan Bautista Mahiques como ministro y Santiago Viola como secretario— y su impacto político. La conversación se centró en el rol del Gobierno en la política judicial y en la influencia de distintos actores del sistema judicial.
Caruso abrió el diálogo recordando que el público del programa ya conoce la trayectoria de algunos de los funcionarios mencionados. “La audiencia de “QR!” sabe de alguna manera el prontuario de Mahiques y de Viola”, planteó el conductor. En ese contexto, le preguntó al diputado qué significa el movimiento político que se consolidó dentro del área de Justicia del Gobierno.
Tailhade respondió con duras críticas al oficialismo y aseguró que el cambio representa una delegación del poder político en sectores del sistema judicial. “El asunto de fondo es que Karina Milei toma el control total del Ministerio de Justicia y lo delega en la corporación judicial”, afirmó. Según el legislador, esa estructura estaría vinculada a los tribunales federales de Comodoro Py.
Durante la entrevista, el diputado también habló de una supuesta alianza entre el Gobierno y sectores del Poder Judicial. “Se está delegando la política judicial en manos de los responsables de que la Justicia funcione como funciona hoy”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que los cambios podrían profundizar la persecución judicial contra dirigentes de la oposición, especialmente del espacio de Unión por la Patria.
Caruso le pidió entonces que explicara cómo funciona ese entramado de relaciones dentro del sistema judicial. El diputado respondió que se trata de un grupo reducido de actores con fuerte influencia política. Según su descripción, son funcionarios y operadores con cargos de gran estabilidad institucional que mantienen vínculos permanentes con sectores de poder.
“Son personas que tienen mucho poder y que se dedican todo el día a hacer política”, explicó Tailhade. También sostuvo que los operadores judiciales construyeron redes de contactos durante años y que esas relaciones se consolidaron especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri. Para el legislador, esa estructura todavía mantiene influencia en distintas áreas del Poder Judicial.
En otro tramo del diálogo, Caruso mencionó el episodio del viaje a Lago Escondido, que generó polémica cuando se difundieron chats entre jueces, funcionarios y empresarios. El conductor señaló que ese caso expuso públicamente los vínculos entre distintos sectores del poder político, judicial y empresarial. Tailhade coincidió con esa interpretación y lo describió como un ejemplo de cómo operan esas relaciones.
“El caso de Lago Escondido mostró cómo funcionan estas cosas”, señaló el diputado. Según su visión, en esos espacios se discuten temas de coyuntura política y se fijan líneas de acción que luego impactan en decisiones judiciales o institucionales. También mencionó la influencia de sectores empresariales y actores internacionales en esas dinámicas de poder.
La conversación también abordó el contexto institucional actual, marcado por vacantes en distintos cargos judiciales. Caruso recordó que hay más de doscientos puestos de jueces pendientes de designación, además de futuras definiciones sobre la Corte Suprema. En ese marco, preguntó si en gobiernos anteriores hubo errores al no avanzar con esos nombramientos.
Tailhade reconoció que hubo falencias en administraciones previas, en particular durante la gestión de Alberto Fernández. Según explicó, faltó decisión política y estrategia para impulsar candidatos en cargos clave del sistema judicial. “Hubo un déficit político y de comunicación”, señaló al referirse a ese período.
Hacia el final de la entrevista, el diputado planteó su interpretación sobre el escenario político que podría abrirse en los próximos años. Según dijo, el Gobierno estaría anticipando un contexto social y económico complejo y busca ordenar el frente judicial. “Creo que el cambio en la política judicial del Gobierno responde a un análisis de lo que van a ser los próximos años”, sostuvo.
En esa línea, Tailhade aseguró que el oficialismo busca garantizar respaldo institucional frente a eventuales conflictos sociales o judiciales. También planteó que el Gobierno necesitaría estabilidad en el sistema judicial para avanzar con su agenda política y económica.
LB
