Diputados del Bloque Unión por la Patria le enviaron un carta al Fondo Monetario Internacional –que hoy inicia la tercera revisión del programa con Argentina en Buenos Aires– quejándose por el Presupuesto 2027, que envió el Gobierno de Javier Milei a Congreso la semana pasada.
En la misiva, dirigida a Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, les piden un “urgente análisis” y cambios en la metas pactadas con el Gobierno. EL texto advierte por graves riesgos institucionales y fiscales que presenta el proyecto y aseguran que es inconsistente y da discrecionalidad al Poder Ejecutivo Nacional en un año electoral.
“Teniendo en cuenta que el organismo que Ud. dirige no solo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también –cuando lo considera- introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas es que solicitamos un urgente análisis del Presupuesto 2027 en virtud de que el mismo no cumple con los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que las cuentas públicas del país requieren”, dice el texto.
Aseguran que “en efecto, y sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis”.
El documento de UP al FMI detalla tres aspectos principales que justifican las consideraciones anteriormente expuestas
1) Subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: “El Superávit está sobreestimado, ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en “plena ejecución”, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive)“.
2) Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: “Tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al gobierno. La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos”.
3) Duplicación de la Inversión Financiera Neta: “muestra un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de “inversiones financieras temporarias” y/o de “caja y bancos” y/o de “otras inversiones financieras”. Entonces, ¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?“.
La carta está firmada por Germán Martínez, Guillermo Michel, Agustín Rossi, Victoria Tolosa Paz, Cecilia Moreau, Carlos Castagneto e Itaí Hagman, entre otros.
La misión del FMI llegó hoy al país para realizar la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, con el foco puesto en un superávit fiscal primario anual de 1,4% del Producto Bruto Interno y en las medidas que el Gobierno prevé aplicar tras quedar por debajo de la meta semestral.
La misión estará encabezada por Joyce Wong y analizará las causas del desvío fiscal de los primeros seis meses del año. La pauta para ese período era de 0,7% del PBI, pero el resultado se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo de ese nivel.
El Gobierno deberá explicar cómo compensará la diferencia acumulada para alcanzar el resultado previsto al cierre de 2026. Entre los compromisos asumidos en la segunda revisión figuran la postergación de iniciativas de la reforma laboral, una mayor percepción de impuestos específicos y una nueva focalización de los subsidios al transporte.
