El gobernador Rogelio Frigerio salió este martes a marcar posición en la escalada contra la planta de hidrógeno verde que los uruguayos construirán en Paysandú, a la altura de la turística localidad entrerriana de Colón. “Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia”, sentenció y recordó que se había reunido con las autoridades uruguayas para pedirle su relocalización.
Ocurre que mientras la empresa HIF Global avanza con su proyecto de construcción de una planta de Hidrógeno verde para producir combustibles sintéticos en Paysandú, frente la zona de Colón, el rechazo al proyecto crece en Entre Ríos, bajo la sombra del conflicto por las pasteras que enfrentó duramente a uruguayos y argentinos a mediados de los 2000.
El lunes, el gobernador estuvo en Colón y habló con las autoridades municipales y legisladores del ese municipio. Allí sentó parte de su posición: “Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse”.
Y agregó: “Logramos que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón y vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos. El compromiso que asumimos desde el primer día es defender los intereses de nuestra provincia y en eso estamos trabajando”.
El gobernador, además, sostuvo. “A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. Queremos más empresas produciendo y creciendo en la región, tanto en Argentina, en Entre Ríos como en Uruguay”.
Y agregó: “Nuestro planteo no es contra la planta ni contra la inversión: es en defensa del desarrollo turístico y productivo de la costa del río Uruguay. Por eso proponemos su relocalización”.
A la par de que la empresa presentó los papeles ante el Ministerio de Ambiente oriental para dar el último paso necesario y empezar a construir la planta, un grupo de legisladores del PJ, enfrentados con Frigerio, presentaron una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA -la que construirá la planta– para, afirman, evitar un eventual daño ambiental derivado de la instalación de una planta de combustibles sintéticos en la ciudad de Paysandú, frente a la costa entrerriana del río Uruguay. Lo hicieron los legisladores nacionales del PJ Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay
Si bien Michel acusó al gobierno entrerriano de una supuesta inacción frente al proyecto, desde el entorno del gobernador Rogelio Frigerio sostienen que el mandatario exigió la relocalización de la planta argumentando que el proyecto pone en riesgo el turismo, el ambiente y las economías regionales. Frigerio exigió que se instale al menos a unos 30 kilómetros de la costa.
Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia.
Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse.… pic.twitter.com/Mg2mGbrNZD
— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 17, 2026
Hoy, los legisladores reclaman al gobierno uruguayo de Yamandú Orsi que los uruguayos no cumplieron presuntamente con los artículos de consulta bilateral que están previstos en el Estatuto del Tratado sobre el Río Uruguay que se administra bajo la Comisión conocida como CARU.
La demanda, presentada por Michel, Adán y Bahl figura bajo el expediente 3276/2026, y solicita medidas de prevención de daños y perjuicios ante lo que los legisladores consideran un posible impacto ambiental “irreparable”. En la presentación sostienen que el proyecto avanza sin cumplir con las obligaciones establecidas en el Estatuto del Río Uruguay ni con la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso de las plantas de celulosa conocido como “Botnia-UPM”.
En ese sentido, solicitaron que “se adopten las medidas necesarias y razonables para que no se produzca o se intente, en todo caso, disminuir su magnitud”, en base a lo previsto en los artículos 1710 y 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 319 del Código Procesal Civil y Comercial.
Días atrás, con la presentación de la empresa, que promete una inversión de más de U$S 5300 millones y un empleo durante la construcción de 1.400 personas,se informó que había hecho ajustes internos como la reducción de la superficie de la planta en un 35%, además de una reducción de la altura de las antorchas de seguridad.
Una vez construida, prometen 400 empleos para fabricar combustibles sintéticos o “e-combustibles”, que sustituyen los combustibles derivados del petróleo.
