El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó este miércoles que el presidente Yamandú Orsi dispuso “relocalizar” la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global planeaba instalar en la localidad de Paysandú, frente a la entrerriana de Colón, lo que generó un reclamo ante la justicia argentina.
Lubetkin hizo el anuncio poco antes de una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno, quienes participan en Montevideo de una reunión de cancilleres del Mercosur.
“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, sostuvo el ministro uruguayo ante la prensa y destacó que ambas partes están “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.
Y, añadió que se recibieron solicitudes del canciller argentino y de autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar “la contaminación visual” que representaría la instalación de esta planta.
Con una inversión total prevista de 5.385 millones de dólares, estaba previsto que el proyecto de HIF se instalara a 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón e incluyera un parque de energía solar, uno eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.
Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental por parte de Uruguay se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.
La demanda que se tramita en tribunales argentinos fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, de la provincia argentina de Entre Ríos, fronteriza con Uruguay. Se trata de una demanda civil de prevención de daños y perjuicios.
Un nuevo episodio se sumó a la investigación sobre uno de los fraudes más grandes que tuvo lugar dentro del organismo recaudador de Entre Ríos.
Condenada por compensaciones tributarias fraudulentas y ex jefa del Departamento Despacho de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich inició una denuncia penal contra Marcelo Casaretto, quien fuera director ejecutivo del organismo, junto con otros cinco ex funcionarios de su gestión.
Dicha presentación incluyó también a Damián Alcides Zoff, quien dirigía Impuestos; César Del Castillo, a cargo de la Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, jefe en Informática; Federico Borra, responsable del área Jurídico; y Manuel Valiero, responsable de Interior.
Lo distintivo es que la denuncia llega de una persona que participó directamente en la causa: ante la Justicia, Martínez de Yankelevich admitió su rol y recibió condena por esos hechos. En este momento argumenta que la operatoria no pudo haber sido culminada solo desde los escalafones administrativos a los que se atribuyó la responsabilidad y vincula la maniobra con la conducción de ATER.
La pesquisa, que abarcó actividades entre los años 2004 y 2014, derivó finalmente en tres voluminosos expedientes. Entre 2004 y 2007, el perjuicio calculado fue de cerca de $8 millones; desde 2008 hasta 2011, alcanzó los $20 millones; y en el periodo 2012-2014 superó los $18 millones.
La suma total, considerando los valores nominales de aquel entonces, ronda los $46 millones. Según una actualización tomada con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y segmentando cada periodo, esa cifra llegaría a $14.700 millones de agosto de 2026, lo que equivale actualmente a unos US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista.
Esta equivalencia responde únicamente a fines comparativos, no representa una actualización ordenada por la Justicia ni implica que Casaretto o los denunciados sean responsabilizados por haberse apropiado de esa suma.
La causa penal se originó en junio de 2014. Fue el propio Casaretto, entonces cabeza de ATER, quien hizo la denuncia inicial, la cual luego se amplió hasta englobar maniobras perpetradas desde 2004.
El dispositivo implicaba incluir datos ficticios en el sistema tributario, que colocaban a determinados contribuyentes como acreedores del Estado por montos inexistentes. Esos créditos simulados se empleaban para pagar deudas tributarias reales, de modo que el efectivo no ingresaba nunca a las cuentas provinciales.
En diciembre de 2017, se definió la situación procesal de 180 personas imputadas. Finalmente, el 21 de agosto de 2026, el juez Alejandro Diego Grippo, miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná, firmó la sentencia en un juicio abreviado. Entre quienes resultaron condenados se contaron Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.
Tras conocerse la condena, Martínez de Yankelevich volvió a acudir a la Justicia. Aceptó su participación en los delitos por los que fue previamente juzgada, pero sostiene que la maniobra no resulta plausible de haberse montado apenas desde los escalafones administrativos.
La denuncia sostiene que tanto Casaretto como los otros ex directivos habrían estado al tanto de la adulteración de datos sobre contribuyentes e habrían influido en los procedimientos mediante los cuales las resoluciones y expedientes llegaban al personal que registraba las operaciones.
Martínez de Yankelevich asegura: “jamás” podría haber llevado a cabo las maniobras sin la “aprobación y consentimiento expreso y claro” de Marcelo Casaretto y de las máximas autoridades.
Refiere además que en 2012 un auditor y el director de Interior informaron a Casaretto acerca de movimientos inusuales en cuentas de contribuyentes y que el entonces administrador hizo “caso omiso” a esa observación.
Suma que Casaretto y sus directores tenían en su poder claves de mayor nivel en el sistema informático que les permitían operar sobre cuentas de contribuyentes y manejar compensaciones. Indica también que una pericia informática, según su presentación, habría probado vulnerabilidades en el sistema.
Además, Martínez de Yankelevich solicitó que se investigue tanto su propio patrimonio como el de Gaggión, Casaretto y los cinco ex directores mencionados. También pidió ser citada para ratificar y ampliar su denuncia y exponer qué papel habría jugado cada implicado.
Le corresponde ahora a la Justicia evaluar si existen fundamentos suficientes para avanzar contra los responsables de los niveles jerárquicos superiores en el organismo.
La denuncia contra Casaretto se enmarca en un escenario donde diversas causas penales involucraron a altos dirigentes del peronismo entrerriano en los últimos años.
En el llamado “Megajuicio”, Sergio Urribarri, ex gobernador, recibió en 2022 una condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque tal sentencia no se considera firme. El Superior Tribunal de Justicia, en enero de 2025, suspendió la prisión preventiva ordenada mientras continuaba la revisión del veredicto.
Por su parte, Adán Bahl, ex vicegobernador e intendente de Paraná, está investigado en la causa “Contratos Truchos II”, que procura establecer cuál fue la responsabilidad de las principales figuras políticas de la Legislatura entrerriana en el sistema de contrataciones entre 2008 y 2018. En 2026 fue convocado para designar abogado defensor y solicitó prestar declaración en el expediente. Hasta hoy no se dictó condena en su contra.
El caso de Edgardo Kueider sobrepasó incluso la frontera nacional. El ex senador fue hallado culpable por la Justicia del Paraguay en julio de 2026; recibió dos años de prisión —con ejecución de la condena suspendida— por tentativa de contrabando, tras ser hallado con más de US$200.000 sin declarar. La resolución fue apelada, permanece en prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y hay en curso un pedido de extradición a la Argentina.
Gustavo Bordet, mandamás entrerriano entre 2015 y 2023, igualmente es objeto de pesquisas por presunto enriquecimiento ilícito. En mayo reciente, la Justicia revisó bienes en propiedades suyas y tanto él como su esposa entregaron sus teléfonos celulares a la Fiscalía. El expediente sigue abierto y, según el estado procesal disponible públicamente, Bordet aún no cuenta con imputación formal.
En tales circunstancias surge la denuncia hacia Casaretto, quien desempeñó cargos de relevancia bajo diversas gestiones justicialistas y lideró ATER desde 2011 a 2015. La irrupción de una persona condenada dentro del propio caso vuelve a poner en el centro la actuación de los niveles políticos superiores y plantea un interrogante hasta aquí sin respuesta judicial: cuál fue el grado de conocimiento de la cúpula del organismo sobre las maniobras desplegadas en su interior.
Contador público y referente del peronismo de Entre Ríos, Marcelo Casaretto inició su carrera estatal en 1993 como director de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía nacional. Desde 1995 ejerció funciones en economía provincial y fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos entre 1997 y 1999, bajo el gobierno de Jorge Busti.
Entre los años 1999 y 2003 fue senador provincial por Tala, con la presidencia del bloque del PJ; luego, entre 2003 y 2007 se desempeñó como asesor de la Gobernación y, desde 2007 hasta 2011, como asesor de la Vicegobernación. En la segunda administración de Sergio Urribarri estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, abarcando parte de la investigación.
Desde 2015 a 2017, bajo la gestión de Gustavo Bordet, se encargó del asesoramiento en asuntos políticos, fiscales y económicos y presidió el IAPV desde 2017 hasta 2019. Posteriormente, fue diputado nacional por el Frente de Todos entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
La aprobación de 67 pliegos judiciales concentró la atención, pero no agotó la agenda delSenado. La Cámara altatambién avalócinco tratados internacionales y tres proyectos simbólicos, mientras el recinto incorporó dos asuntos a la agenda legislativa próxima: la reforma electoral y la respuesta al avance de la inteligencia artificial.
La sesión marcó el regreso de los senadores al recinto después de tres semanas sin actividad. Con un temario acotado, La Libertad Avanzaconsiguió el respaldo para las designaciones judiciales y los acuerdos internacionales.
Cinco tratados internacionales
El Senado aprobó cinco acuerdos vinculados con el comercio y la cooperación jurídica. Entre ellos figura el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
También recibieron respaldo el convenio con Ucrania sobre traslado de personas condenadas; el tratado de extradición conChile; el Tratado de Medellín, sobre transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional; y una enmienda al Protocolo de Montevideosobre comercio de servicios del Mercosur.
La fundamentación estuvo a cargo deFrancisco Paoltroni, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Los cinco acuerdos fueron aprobados después de la votación de los pliegos judiciales.
Bullrich reabrió la discusión sobre las PASO
La principal señal política apareció durante un pedido de preferencia presentado por la senadora radical Edith Terenzi para tratar un proyecto deFicha Limpia. En ese momento, Patricia Bullrich anunció que convocará a la comisión para retomar lareforma electoral.
La jefa del bloque deLa Libertad Avanza anticipó que el encuentro no se realizará la próxima semana, debido a la cantidad de reuniones previstas, sino la siguiente. La discusión tiene como ejes la eliminación de las PASO y el financiamiento de los partidos políticos.
El debate había comenzado en comisión, pero quedó paralizado después de una jornada ante la falta de acuerdos. El anuncio de Bullrich no implica que la reforma haya sido aprobada ni que el oficialismo cuente con los votos: establece un plazo para reanudar la negociación.
Kirchner pidió una comisión sobre inteligencia artificial
Alicia Kirchner reclamó que el Senado avance con la creación de unaComisión Bicameral Permanente de Inteligencia Artificial, Desarrollo Humano y Transformación Digital. La iniciativa fue presentada hace cuatro meses, pero todavía no tuvo tratamiento.
La senadora pidió preferencia para que el proyecto pase por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Ciencia y Tecnología, y Población y Desarrollo Humano antes de llegar al recinto. La propuesta también lleva las firmas de Carlos Linares, Martín Soria, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich, Ana Marks, Adán Bahl y Sergio Uñac.
La bicameral tendría como función estudiar el impacto de lainteligencia artificial y las tecnologías emergentes, además de elaborar marcos normativos y políticas públicas sobre innovación, derechos humanos y desarrollo productivo.
“Hoy lainteligencia artificial produce una verdadera revolución y creo casi que es un tema geopolítico mundial”, sostuvo Kirchner. La legisladora pidió que la discusión no quede limitada al aspecto tecnológico porque, según remarcó, “tiene que ver con el desarrollo humano”.
Kirchner vinculó estas transformaciones con los debates recientes sobre la ley de sociedades y el denominado Súper RIGI. “Yo quiero para mi país soberanía nacional, soberanía cognitiva, pero también que nos ocupemos del desarrollo social y del desarrollo humano”, afirmó.
La senadora sostuvo que la bicameral podría reunir los distintos proyectos presentados y cuestionó la falta de una definición oficial. “Ya que el Poder Ejecutivo Nacional no se expide al respecto, sea este Congreso, con la fuerza de sus senadores, el que pueda tratar todo este tema”, reclamó.
Morosidad, ciencia y el buque británico
El peronismo utilizó las cuestiones de privilegio para llevar al recinto una serie de reclamos contra elGobierno. Entre ellos apareció la crisis de endeudamiento de las familias y las empresas, un asunto que también atravesó la sesión del miércoles enDiputados.
Los senadores opositores cuestionaron además el recorte en ciencia y tecnología, la presencia de un buque británico en el puerto deUshuaiacon autorización delGobierno y la situación del consultor político Fernando Cerimedo. Esos planteos formaron parte del debate, pero no derivaron en votaciones ni sanciones legislativas.
Fiestas nacionales y un héroe tucumano
El Senadoaprobó tres iniciativas de carácter conmemorativo. La primera propone declarar Fiesta Nacional al Festival del Membrillo de Las Juntas, Catamarca; la segunda busca otorgar la misma categoría a la Fiesta del Mate y la Amistad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, Corrientes.
La tercera propone declarar héroe nacional a Bernabé Aráoz por su participación en la batalla de Tucumán de 1812 y en el Congreso de 1816. La iniciativa fue impulsada por los tres representantes tucumanos: Beatriz Ávila, Juan Manzur y Sandra Mendoza.
Durante la sesión también ingresaron otros24 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo. A diferencia de las 67 designaciones aprobadas en el recinto, las nuevas postulaciones fueron giradas a la Comisión de Acuerdos y deberán completar el procedimiento parlamentario antes de llegar a una votación.
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Una decena de senadores nacionales que forman parte del bloque peronista, encabezados por Ana Marks, presentaron este miércoles un proyecto de resolución para pedir la comparecencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que aclararen el uso de los recursos del Sistema Vial Integrado y la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial.
La propuesta tiene con el respaldo de los legisladores Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Daniel Bensusan, Martín Soria, Cristina López, Florencia López, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich y Adán Bahl.
Jorge Capitanich
Esta iniciativa pide que los dos funcionarios oficialistas brinden un informe detallado sobre el desvío de fondos destinados a la infraestructura vial hacia otras inversiones financieras, y el bajo nivel de uso del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, en medio de las fuertes críticas por el deterioro y la falta de atención de las rutas nacionales.
Según el texto del proyecto, los recursos generados por el Impuesto a los combustibles Líquidos deben asignarse al financiamiento de obras viales, por ese motivo se cuestiona que el Gobierno supuestamente haya redirigido una parte importante de ese dinero a operaciones financieras.
En la iniciativa se denuncia que entre el año 2024 y los primeros meses de 2026 se recaudaron cientos de miles de millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero el monto ejecutado para obras viales habría sido considerablemente menor.
De acuerdo a este informe, por ejemplo, en los primeros 5 meses de 2026 se recaudaron 450.500 millones de pesos, pero solo se usaron. supuestamente, 83.144 millones, lo que significaría el 18,5% del total.
Marks expresó al respecto: “Es urgente que el jefe de Gabinete y el Ministro de Economía expliquen el desvío de los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para prevenir accidentes y promover el desarrollo de nuestras comunidades, y no para actividades especulativas”.
Y sumó: “Mientras las familias y los productores continúan pagando impuestos incorporados en el precio de los combustibles, nuestras rutas se deterioran y los proyectos de obras están estancados”, lamentó.
Además, remarcó que “el Gobierno tiene la responsabilidad de explicardónde están esos recursos y por qué no se utilizan para asegurar rutas seguras y transitables”.
Rutas argentinas
El posteo de Ana Marks
En su cuenta de X, Ana Marks publicó un extenso posteo con el título de “EQUILIBRIO FISCAL Y MU3RT3: ¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES?”. El texto comienza diciendo: “Mientras las familias, los trabajadores y quienes producen pagan cada vez más caro el combustible, las rutas nacionales se caen a pedazos”.
Para luego sumar: “En Río Negro lo vemos todos los días en las rutas 151, 22, 23, 40, la 3 entre otras, presentan tramos destruidos, falta de mantenimiento, condiciones cada vez más peligrosas y falta de finalización de obras. Y, lamentablemente, semana tras semana tenemos que lamentar nuevas víctimas fatales”.
En ese punto, señaló: “En los últimos doce meses, la nafta aumentó alrededor de un 65%. Cerca del 46% del precio final está compuesto por impuestos y tasas, y aproximadamente un 20% corresponde al impuesto a los combustibles, creado para financiar la infraestructura y el mantenimiento vial”.
La legisladora preguntó: “¿Dónde está esa plata?“: Para luego sumar: “El gobierno nacional recaudó en el último año en Impuesto a los Combustibles cerca de $5 billones, pero en Río Negro no vemos esos recursos en nuestras rutas, en nuestros caminos, ni en nuestros sistemas de transporte. El contribuyente paga, el Estado recauda y la plata no está en nuestras rutas”.
La senadora remarcó: “La situación de la Ruta Nacional 151, estratégica para Río Negro, Neuquén y el desarrollo de Vaca Muerta, es particularmente grave. La Justicia Federal hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó a Vialidad Nacional presentar un plan de acción e iniciar trabajos de remediación.”
Y agregó: “Esta semana presenté un pedido de informe para que nos expliquen cómo está avanzando en la aplicación de lo que la justicia ordenó, ya que hasta junio de 2026 apenas se había ejecutado el 33,6% del presupuesto asignado a Vialidad Nacional, y programas destinados al mantenimiento de puentes, alcantarillas y seguridad vial registraban 0% de ejecución”.
La legisladora indicó: “Esto no es solamente una discusión presupuestaria, estamos hablando de vidas. No puede existir un supuesto ‘equilibrio fiscal’ construido a costa de abandonar la infraestructura, desfinanciar Vialidad y poner en riesgo a quienes todos los días tienen que transitar nuestras rutas”.
La senadora especificó: “Exigimos que Javier Milei, Luis Caputo, .Enzo Fullone -quien estuvo al frente del Distrito de Vialidad Nacional— y todo el Gobierno Nacional rindan cuentas y expliquen por qué los recursos destinados al sistema vial no están llegando a nuestras rutas“.
Posteo de Ana Marks
Para luego aclarar: “Desde el Senado vamos a seguir reclamando lo que corresponde, recursos para las provincias, inversión en infraestructura y rutas seguras. Porque Río Negro y sus familias no pueden pagar dos veces primero, con cada litro de combustible; y después, con sus vidas, por las rutas que la Nación abandona”.
Y cerró diciendo: “El equilibrio fiscal no puede ser sinónimo de abandono y mucho menos de mu3rt3”.
En un clima sin ningún tipo de conflicto y tras un acuerdo para no desmadrar el objetivo principal, legisladores oficialistas y opositores consensuaron remitir diversos pedidos de informes al Ejecutivo relacionados con todo el proceso de privatizaciones en marcha que activó la ley Bases, sancionada a mitad de año de 2024.
La decisión fue adoptada por la comisión bicameral de Reforma del Estado y Del Seguimiento de Las Privatizaciones (ley 23.696), que comanda el senador libertario Pablo Cervi (Neuquén). El consenso implica no sólo 15 días hábiles para que el Gobierno reciba y responda los requerimientos, sino una visita para que exponga -se estima un debate tenso-, durante la primera semana del mes próximo, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.
El esquema de la ley Bases apunta a privatizaciones totales o parciales -según el caso- de AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Energía Argentina (Enarsa), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Algunos procesos están más avanzados que otros y, ante cuestionamientos de la oposición sin devolución es que la bicameral tuvo que reactivarse, en octubre del año pasado.
La diputada kirchnerista y vice de la comisión, Ana María Ianni (Santa Cruz), alertó por “procesos de privatización en marcha sobre los que nos enteramos por los medios de comunicación, algo que nos parece que no es lógico” y dejó en claro que lo que se reclama es “información básica”.
Ianni también dijo que es necesario un “control sobre las decisiones que están involucrando el patrimonio público de todos los argentinos, como servicios esenciales y sectores estratégicos”, para poder “validar la transparencia en este proceso, algo tan simple y sencillo, pero que nos está llevando bastante trabajo conseguir”.
La diputada ultra K mencionó varios ítems que deberá precisar el Ejecutivo: informes técnicos, económicos y jurídicos; expedientes completos; cómo se evaluaron las empresas, quién lo hizo y con qué metodología; cuál es el estado de los servicios, cómo se prestan y en qué condiciones, y su impacto territorial; qué inversión en mantenimiento y expansión deberían garantizar los privados, con sus respectivos controles; la situación de empleo y continuidad frente al ajuste de la administración central, así como de los equipos técnicos; y la intervención de los organismos de control, publicidad y el rol de Congreso.
Ianni criticó al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación Julio Villamonte, sobre quien también pidió que se presente en las próximas semanas para dar explicaciones, así como los referentes de cada una de las empresas involucradas. Revalidó lo comentado por la legisladora el senador kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco), quien sumó un puñado de comentario de índole técnico.
La bicameral también está integrada por los jefes del radicalismo y de Provincias Unidas en la Cámara alta, los correntinos Eduardo Vischi y Carlos Espínola, respectivamente; el senador peronista Adán Bahl (Entre Ríos); y diputados como el libertario Carlos Zapata (Salta) y la cristinista Florencia Carignano (Santa Fe), entre otros.
En paralelo a esta reunión, la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), avanzó con otra ronda de pliegos judiciales, en medio de la expectativa por la audiencia pública que se generó para oír las disertaciones de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, postulados como vocales de la Cámara Nacional de Casación Penal porteña, tribunal judicial trascendental a cargo de la supervisión y revisión de lo actuado por los juzgados federales de Comodoro Py.
Por la tarde, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General analizará, con la participación de funcionarios nacionales, el proyecto de Súper RIGI que ya aprobó Diputados y que implicaría eventuales inversiones -y grandes beneficios fiscales-, de más de USD 1.000 millones, para industrias y tecnologías de frontera.
Con 37 votos a favor y 33 en contra, el Senado aprobó este viernes, de madrugada, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El oficialismo logró la mayoría después de recortar el proyecto. Primero, dejó fuera del texto el capítulo que modificaba la ley de Tierras y, con el debate ya en marcha, sacó también la modificación de la ley de Manejo del Fuego.
En la votación que dio media sanción a la iniciativa no hubo abstenciones y hubo dos ausencias.
Votos a favor
Votaron por la aprobación senadores de La Libertad Avanza, Pro, parte del radicalismo y algunos bloques provinciales. A continuación, la lista completa:
La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina María Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Marcela Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Alberto Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Luis Juez, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.
UCR: Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
Frente Pro: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara y María Victoria Huala.
Provincias Unidas: Carlos Mauricio Espínola.
Despierta Chubut: Edith Terenzi.
Frente Renovador de Misiones: Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut.
Votos en contra
Senadores del Partido Justicialista y fuerzas provinciales votaron en contra. Fueron:
PJ: Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, María Celeste Giménez Navarro, Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida Cristina López, María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, José Neder, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac.
Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y María Carolina Moisés.
Frente Cívico por Santiago: Elia Moreno y Gerardo Zamora.
Justicia Social Federal: Jesús Rejal y Fernando Salino.
Movere por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano.
Independencia: Beatriz Ávila.
La Neuquindad: Julieta Corroza.
Primero los Salteños: Flavia Royón.
Provincias Unidas: Alejandra Vigo.
Los ausentes
Ausentes figuraron el radical Flavio Fama y Anabel Fernández Sagasti, del justicialismo. Los dos intentaron que les permitieran participar de forma remota del debate y votar, pero no lo consiguieron.
La Libertad Avanza (LLA) consiguió esta madrugada en el Senado darle media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La votación finalizó con 37 votos a favor y 33 en contra. No hubo abstenciones.
El oficialismo consiguió la aprobación tras una maratónica sesión y para conseguir el acompañamientos de sus habituales aliados, debió quitar de la iniciativa el capítulo que establecía cambios en la Ley de Manejo del Fuego. Previamente, ya había retirado las modificaciones a la Ley de Tierras.
Quiénes votaron a favor
Entre los 37 senadores que votaron afirmativamente estuvieron los libertarios Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Romina María Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Luis Juez, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Antonio Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.
También acompañaron la iniciativa los radicales Maximiliano Abad, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Además votaron a favor Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y María Victoria Huala (Frente PRO); Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social); Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).
Votos en contra y ausentes
En tanto, en contra del proyecto votaron los integrantes del Bloque Justicialista José Mayans, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, Juan Manzur, Ana Marks, José Neder, Mariano Recalde, Martín Soria y Sergio Uñac.
También optaron por la negativa Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés (Convicción Federal); José María Carambia y Natalia Gadano (Alianza por Santa Cruz); Gerardo Zamora y Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico); Jesús Rejal y Fernando Salino (Justicia Social Federal); Flavia Royón (Primero los Salteños), Alejandra Vigo (Provincias Unidas); Beatriz Ávila (Independencia) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).
Los únicos dos senadores ausentes en la sesión fueron Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical, y Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista.
El oficialismo logró en el Senadosancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero tuvo un contratiempo con la Ley del Manejo del Fuego, al verse obligado a quitar ese capítulo al no contar con los votos de sus legisladores aliados.
Finalmente, la iniciativa sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue sancionada por 37 votos a favor que se dividieron de la siguiente manera: 21 votos de La Libertad Avanza; 9 de la UCR; 3 del PRO; 2 de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; 1 del correntino Carlos “Camau” Espínola; y 1 de la chubutense Edith Terenzi.
Los votos en contra del proyecto fueron 33: 24 del interbloque justicialista; 3 de Convicción Federal; 2 de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; 1 de Beatriz Ávila de Independencia; 1 de Flavia Royón de Primero los Salteños; 1 de Alejandra Vigo de Provincias Unidas; 1 de la neuquina Julieta Corroza.
Cómo votó cada senador la Ley de Propiedad Privada
La Cámara Alta dio la media sanción con xx votos a favor y xx en contra. El oficialismo tuvo que ceder el capítulo de la ley de Tierras para lograr un avance del proyecto que ahora deberá tratar Diputados
El Senado aprobó este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, aunque sin el capítulo de la ley de Tierras, sin consenso para tratarlo. El proyecto incluye una gran cantidad de reformas, entre las que se encuentran cambios al Código Civil y Comercial sobre desalojos, y a la ley del Manejo del Fuego. Ahora el proyecto deberá ser tratado en Diputados donde el Gobierno espera convertirlo en ley.
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Desde mayo, cuando en un plenario de comisiones se dictaminó el texto, este atravesó un derrotero impensado. Sufrió más de 16 modificaciones y, en cuatro ocasiones, el oficialismo intentó llevarlo al recinto pero, por falta de votos, terminaba retirándola del temario. Por este motivo, durante la sesión, el peronismo pidió -sin éxito- que el texto vuelva a comisión.
Los xx votos afirmativos se conformaron con los xx libertarios y el acompañamiento de legisladores de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales, superando los xx rechazos del peronismo y sus aliados.
Quiénes votaron a favor de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)
Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
Romina Almeida (La Libertad Avanza)
Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)
Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
Vilma Bedia (La Libertad Avanza)
Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
Agustín Coto (La Libertad Avanza)
Enzo Fullone (La Libertad Avanza)
Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
Nadia Marquez (La Libertad Avanza)
Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)
Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)
Bruno Olivera (La Libertad Avanza)
M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
Maximiliano Abad (UCR – Unión Cívica Radical)
Eduardo Galaretto (UCR – Unión Cívica Radical)
Mariana Juri (UCR – Unión Cívica Radical)
Daniel Kroneberger (UCR – Unión Cívica Radical)
Carolina Losada (UCR – Unión Cívica Radical)
Silvana Schneider (UCR – Unión Cívica Radical)
Rodolfo Suárez (UCR – Unión Cívica Radical)
Gabriela Valenzuela (UCR – Unión Cívica Radical)
Eduardo Vischi (UCR – Unión Cívica Radical)
Andrea Cristina (PRO)
Martín Goerling (PRO)
Victoria Huala (PRO)
Luis Juez (PRO)
Carlos Arce (Encuentro Misionero)
Sonia R. Decut (Encuentro Misionero)
Julieta Corroza (La Neuquinidad)
Carlos Espínola (Provincias Unidas)
Edith Terenzi (Despierta Chubut)
Quiénes votaron en contra de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
A las distintas tribus del peronismo les cuesta mucho llegar a acuerdos que demuestren la voluntad de caminar juntos rumbo a 2027. Ni siquiera la oposición a Javier Milei los une en su totalidad. Pero cada tanto aparecen temas externos que sacuden la agenda política y provocan una reacción inmediata en el armado opositor.
En los últimos dos días, después de las críticas del Presidente a Luiz Inácio Lula da Silva y la visita a la Argentina de Kristalina Georgieva, el peronismo se unió en un discurso público unificado. Con los mismos matices y con el mismo ímpetu.
Las distintas tribus justicialistas apuntaron contra el jefe de Estado luego de llamar a su par de Brasil “ladrón” y “presidario”, y que apuntara contra su gobierno al decir que en el país vecino se sufre “el riesgo Lula”, como en Argentina está “el riesgo Kuka”, y al pedirle al candidato Flávio Bolsonaro que pare “la basura socialista”.
“La Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional. Milei no representa el sentir del pueblo argentino. Brasil es nuestro principal socio comercial. Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina. La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones”, sostuvo Axel Kicillof.
El Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, se pronunció en el mismo sentido. Aseguraron que de la relación con Brasil dependen miles de Pymes, industrias y empleos argentinos y advirtieron de la gravedad de causar un conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.
Remarcaron que la relación bilateral debe sostenerse sobre el diálogo, el respeto y una agenda común orientada a la producción, el trabajo y el crecimiento con inclusión; y cuestionaron que el Gobierno nacional priorice la confrontación política por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.
“Trabajador metalúrgico, líder sindical, valiente contra la dictadura, mejor presidente de la historia de su país, se sobrepuso a tres derrotas electorales hasta llegar al gobierno, víctima del lawfare, amigo de Argentina, compañero de Néstor y Cristina. Como a ella, lo secuestraron, pero salió libre y volvió a ser presidente”, escribió la diputada provincial y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza.
El sanjuanino Sergio Uñac planteó que a “los argentinos no les sirven las peleas ni las faltas de respeto hacia un país hermano como Brasil, y nuestro principal socio comercial” y sostuvo que “la política exterior debe ser seria, inteligente y responsable” .“Insultar a un aliado estratégico para el desarrollo de nuestras economías regionales y el trabajo de miles de argentinos es absolutamente irresponsable”, precisó.
“Independientemente del error político que implica involucrarse en la elección de un país hermano como el de Brasil y agredir a un gran dirigente como Lula, es una torpeza atacar a su presidente”, explicó el entrerriano Guillermo Michel, que es parte del PJ Federal.
En esa misma línea argumental, agregó: “Brasil es el principal destino de las exportaciones de Argentina: a junio de 2026 acumula el 14% del destino de los productos que Argentina vende al mundo. La Argentina, la industria argentina y el trabajo argentino están por sobre cualquier alineamiento político de los dirigentes de turno en nuestro país”.
En coincidencia con el sector mayoritario del peronismo nacional también estuvo la cordobesa Natalia de la Sota. “La inaceptable seguidilla de insultos de Javier Milei contra el presidente democrático de la nación hermana de Brasil es una conducta irresponsable que no representa al pueblo argentino. Milei convirtió la violencia verbal y la descalificación en una forma de hacer política. Ataca al adversario, degrada el debate democrático y reemplaza la seriedad institucional por la provocación permanente”, afirmó.
Hubo una unidad de criterio y de argumentos muy marcada en las distintas vertientes del peronismo. Una unidad que también se vio reflejada en los cuestionamientos a la llegada de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a la Argentina.
“No deja de llamar la atención que sea la primera vez que en 8 años el FMI hace pie de esta manera en el país. Socarronamente, podríamos decir que vino a inventariar las garantías de pago desde donde se va a cobrar el FMI, la visita a Vaca Muerta”, explicó Máximo Kirchner en una entrevista con C5N.
El líder de La Cámpora sostuvo también que la visita de Georgieva “viene a fortalecer o a dar una sensación de certezas y seguridad que la economía argentina ya no puede explicar por sí misma” y avisó: “Lo que vimos los argentinos y las argentinas hoy es la llegada de quien realmente a pesar de no conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, gobierna el país”.
Kirchner presentó ayer un proyecto de ley que busca recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo con el objetivo de que ninguna operación de crédito se decida por decreto. Propone distinguir con claridad lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente), según explicaron en el camporismo. Es decir, que haya una diferencia formal entre lo obtenido como parte del préstamo y lo que llegó como parte de un acuerdo político con el gobierno de Mauricio Macri.
Esa es una propuesta que, tiempo atrás, también había hecho el ex titular de la Aduana Guillermo Michel, quien subrayó la necesidad de que el peronismo tenga un acuerdo sólido sobre ese tema porque es fundamental abarcarlo en el caso de que les toque ser gobierno.
“No creo que la señora Kristalina Georgieva traiga algo nuevo para la Argentina, el FMI nunca lo trajo”, sostuvo el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, sobre la visita de la titular del organismo internacional. Y agregó: “Desde el año ’56 que Argentina ingresa al FMI, en el marco de la revolución fusiladora y hasta el día de hoy, el FMI nunca trajo nada bueno para la Argentina”,
Es decir, que existen coincidencias entre distintos sectores respecto a cómo plantear la negociación por el pago de la deuda y la postura de un eventual gobierno peronista frente al Fondo. Un puñado de coincidencias en el medio de un mar de diferencias.
