Caputo y Frigerio aprovecharon la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para plantear la necesidad de avanzar en un nuevo esquema impositivo en el plano federal y provincial. El encuentro se concretó la semana pasada en Paraná. Asistieron ministros de todos los distritos.
El gobernador de Entre Ríos, anfitrión del cónclave, planteó la necesidad de impulsar un acuerdo fiscal Nación – Provincias – Municipios. En su discurso de apertura, sostuvo que este nuevo entendimiento debería permitir avanzar hacia la eliminación de la carga tributaria que afecta la competitividad, la inversión y la generación de empleo. El proceso tendría que ser gradual y sostenible.
El titular de la cartera económica nacional, a su turno, se plantó en la misma línea. Consignó que la consolidación del equilibrio fiscal abre la posibilidad de avanzar hacia una nueva etapa de reformas estructurales. Los ejes de este próximo paso deberían ser la competitividad, la inversión y la reducción de la presión tributaria.
En ese marco, destacó la importancia de que Nación, provincias y municipios trabajen de manera coordinada. Así, podrían construir un nuevo acuerdo fiscal. El entendimiento permitiría avanzar de forma gradual hacia un esquema impositivo más simple, eficiente y favorable para la producción.
Frigerio señaló que Argentina necesita discutir una nueva etapa en materia fiscal. Para ello, propuso construir un acuerdo federal que establezca un horizonte concreto para eliminar impuestos distorsivos. Estos gravámenes, aseveró, encarecen la producción y restan competitividad. Entre ellos mencionó Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.
Y subrayó que los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
En esa línea, Caputo consignó que el país debe avanzar “hacia un modelo más federal”. En ese esquema, las provincias contarían con mayor autonomía y menos dependencia de las transferencias nacionales.
Según explicó, un nuevo pacto fiscal puede transformarse en la herramienta que permita ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos en todo el país.
La estrategia, agregó, es aprovechar el ordenamiento de las cuentas públicas para encarar una reforma tributaria profunda. El nuevo escenario tiene que contemplar una reducción de los impuestos que afectan la competitividad. Además, debe incentivar la inversión privada y promover la generación de empleo formal.
Asimismo, planteó que el desafío será construir consensos entre los distintos niveles del Estado para avanzar en una reducción progresiva de la carga tributaria sin poner en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado.
“Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante la mirada de ministros y funcionarios de Economía de las provincias.
El nuevo esquema fiscal que Frigerio tiene en mente no es una salida inmediata. Por el contrario, su concreción requiere de una hoja de ruta.
El mandatario entrerriano precisó que el proceso no puede realizarse de manera inmediata. Debe resguardar la responsabilidad fiscal y la sustentabilidad de las cuentas públicas.
Sin embargo, consideró fundamental avanzar en una línea de trabajo común . Esta guía deberá otorgar previsibilidad a quienes invierten, producen y generan trabajo. Además, tendrá que establecer con claridad que ingresos brutos, impuesto al cheque, retenciones, tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación.
La propuesta también incorpora a los gobiernos locales. El Gobernador señaló la necesidad de revisar tasas municipales que, en algunos casos, funcionan como impuestos encubiertos. Por eso, terminan incrementando los costos de la actividad económica sin una contraprestación clara.
Frigerio y Caputo fueron partícipes del último acuerdo fiscal entre Nación y Provincias. El documento se suscribió durante el gobierno de Mauricio Macri. El actual gobernador era ministro de Interior. Tras la salida de Alfonso Prat Gay de Economía, la cartera se había dividido entre Finanzas, a cargo de Caputo, y Hacienda, con Nicolás Dujovne al frente.
La línea de aquel acuerdo, que quedó trunco tras la debacle financiera del 2018, tenía casi los mismos puntos que la agenda que hoy proponen el Gobernador de Entre Ríos y el ministro de Economía.
Las provincias, con excepción de San Luis que no firmó el acuerdo, se comprometían a una disminución gradual de Ingresos Brutos y Sellos. La Nación, por su parte, se obligaba a revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la Argentina perdió 26.448 empresas privadas registradas, a un ritmo de 31 cierres por día y más de uno por hora. Así lo revela el informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
De acuerdo con el relevamiento, el número total de unidades productivas activas pasó de 512.357 a 485.909, nivel que no se registraba desde septiembre de 2021, cuando el país aún transitaba la salida de la pandemia.
A su vez, solo en marzo de 2026 cerraron 2.011 empresas. De esta forma, resalta el informe, se retomó la tendencia de deterioro del entramado productivo tras una breve interrupción en febrero, cuando se había cortado una secuencia de 23 meses consecutivos de caída. La baja se extendió a 23 de las 24 provincias del país.
El impacto fue desigual según la región. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabeza las pérdidas con 5.374 empresas menos desde el inicio de la gestión libertaria, seguida por Córdoba (-4.159) y Santa Fe (-3.082). Pero en términos relativos, las provincias más afectadas fueron La Rioja (-21,2%), Chaco (-14%) y Catamarca (-13,1%).
Neuquén, por su parte, es la única provincia que registró un saldo positivo. Con un crecimiento del 1,3%, el mayor impulso viene por la actividad en Vaca Muerta.
El informe del IAG, vinculado al peronismo, reconstruye la serie histórica desde 1996 e indica que en total se perdieron el 5,2% de las empresas argentinas en ese período. El máximo de la serie se había registrado en febrero de 2012, con 540.282 firmas activas.
En cuanto a los rubros, el comercio fue el sector más golpeado, con 6.836 cierres, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Le siguieron el transporte y almacenamiento (6.473), los servicios inmobiliarios (3.796) y la industria manufacturera (3.393). El 99,75% de los empleadores desaparecidos tenían menos de 500 trabajadores, lo que equivale a 26.382 pymes.
El achicamiento del tejido empresarial tiene un correlato directo en los niveles de empleo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 370.487 puestos de trabajo privados registrados, a un promedio de 400 empleos por día. La construcción encabeza las bajas sectoriales con 81.425 trabajadores menos -principalmente por el fin de la obra pública-, seguida por la industria manufacturera (-79.263) y el transporte (-64.660). El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) señaló que el empleo fabril registró en marzo su nivel más bajo en cuatro años, con una caída mensual de 5.043 puestos y una baja interanual del 4%, equivalente a 46.659 trabajadores menos en las fábricas.
Entre los cierres más recientes, se destaca la suspensión por tiempo indeterminado de una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos, con 950 empleos en riesgo. A su vez, se confirmó el cierre de la planta de Adient en Pueblo Esther, que dejó de fabricar asientos para autos y pasó a importarlos desde Brasil; el cierre de Leval S.A. en San Nicolás, con 52 despidos; y el de la fábrica textil Mazalosa, en el Parque Industrial de La Rioja, que producía indumentaria para las marcas Portsaid, Desiderata y System.
Los cierres de empresas conviven con anuncios de inversión de gran escala. De hecho ya son 17 los proyectos aprobados el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), mientras que se suman, al menos, una veintena de intenciones de desembolsos que están a la espera de la aprobación gubernamental. Tal es el caso de la petrolera americana Chevron, que recientemente presentó un plan por USD 13.800 millones para desarrollar el área El Trapial en Vaca Muerta.
A su vez, la semana pasada, el comité evaluador del RIGI aprobó el ingreso del que será el mayor proyecto minero del país, con USD 9.700 millones de inversión en una primera instancia. Se trata de Vicuña, la iniciativa desarrollada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining que tiene como eje la explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en la provincia de San Juan, en el límite con Chile.
Preocupado por la pérdida de recaudación y la informalidad, el Gobierno puso la mira en algunos de los principales bancos del país y algunas aerolíneas. Se trata de denuncias penales por presuntas irregularidades en la retención de cargas sociales y el ingreso de deducciones infladas de sus empleados por el impuesto a las Ganancias.
El sector financiero realizó presentaciones recientes en causas pendientes de resolución, desde que ARCA avanzó a principios de año contra el Banco Galicia, el Banco Santander, el nuevo Banco de Entre Ríos y el Banco Santa Fe, tal como reveló Horacio Riggi en Clarín. Los reclamos ingresaron al fuero penal económico y las fiscalías provinciales.
Las denuncias tienen que ver con la aparente demora de los bancos en presentar los aportes y contribuciones de la seguridad social. Vencido el plazo de 30 días corridos, se puede configurar el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social por la omisión total o parcial del depósito de aportes retenidos.
Pero en los bancos creen que las medidas del organismo recaudador son exageradas y que eligieron al sector como chivo expiatorio. “Están tratando de marcar la cancha como que están controlando, son fuegos de artificio, no ameritaba darle esa entidad“, señaló una fuente vinculada a la actividad bancaria.
En la city financiera observan denuncias “sorpresivas” de la exAFIP que van directamente al fuero al fuero económico penal, sin ningún requerimiento previo por diferencias en las declaraciones juradas. Y si bien la norma fija un plazo de 30 días para efectuar una denuncia penal, aseguran que la rectificación de los datos es parte del procedimiento.
“Asumen que el contribuyente se quedó con retenciones o evadió y con eso hacen una denuncia penal, cuando en rigor no hay nada mal, el fisco sin preguntar asume delito y denuncia, es bastante grave, involucra a directores y pone al banco sobre la lupa, debería haber más responsabilidad”, señalaron cerca de un banco.
En una entidad se mostraron sorprendidos porque sostienen que se trata de una operatoria habitual vinculada a la liquidación retroactiva de las paritarias por un monto “mínimo” de aportes y contribuciones. “Una vez que se conoce el índice de inflación, se firma el acuerdo y se paga en forma retroactiva”, explicaron.
El fisco también denunció la retención de IVA y deducciones de más por ropa de trabajo para pagar menos Ganancias, algo que en las empresas afirman que es responsabilidad de los empleados. Además, hay una denuncia contra una aerolínea por retenciones de Ganancias y beneficiarios del exterior, según pudo saber Clarín.
Los datos del Ministerio de Economía de la semana pasada muestran que la recaudación que recibe el Tesoro nacional cayó 4% interanual en términos reales en mayo, luego de 10 meses de baja consecutiva. Las cargas sociales, que aportaron casi el 40% de los ingresos totales, acumularon un retroceso equivalente en los primeros cinco meses.
Si bien la menor recaudación en aportes y contribuciones estaría vinculada a la caída de la actividad junto con la del empleo formal y salarios en los rubros que generan mayor ocupación, ARCA comenzó a notar una elevada falta de cumplimiento en los aportes de seguridad social y la registración de los trabajadores.
En ese marco, los operativos en los últimos meses detectaron irregularidades en las pizzerías Kentucky y Ugi’s. También en frigoríficos y comercios, como las casas de venta de electrodomésticos. “Se los intima a los que no hagan los aportes y, si no los hacen, termina siendo una denuncia penal”, explicaron fuentes de la exAFIP.
En las empresas creen que las denuncias penales responden a la incorporación de nuevas autoridades en las áreas técnicas penales de ARCA, que “denuncian por las dudas”, sin dimensionar la dificultad que representa el cierre de una causa penal para jueces y fiscales ante la exposición que implicaría dictar un sobreseimiento.
La judicialización de reclamos impositivos y los controles a las empresas se conocen luego de las intimaciones masivas a los empleados de la cuarta categoría que inflaron gastos para pagar menos en Ganancias. También coinciden con el reciente pedido del Fondo Monetario de ampliar la base de contribuyentes en Ganancias, Monotributo e IVA.
En despachos oficiales dicen que los controles son normales, sobre todo teniendo en cuenta la “flexibilidad” concedida a las empresas con la condonación de deudas de aportes y contribuciones en 2024 (blanqueo laboral), la despenalización de diferencias de criterio impositivo en 2025 (Ley de Inocencia Fiscal) y la reducción de contribuciones patronales desde el 1 de mayo de 2026 (reforma laboral).
Según el INDEC, los que trabajan “en negro” alcanzaron al 43% de la población ocupada en el cuarto trimestre de 2025, por encima del 41,4% a fines de 2023. Así, la informalidad alcanzaría a 9 millones de personas y en 2 años creció en 1,6 puntos, que equivale a unos 330.000 informales más, tal como informó este diario.
En el Gobierno hay números que se festejan y otros que preocupan.
Un buen ejemplo de los números que entusiasman al Ejecutivo se dio con el saldo comercial de mayo, que tuvo un superávit de US$ 3.504 millones, un récord nominal sin antecedentes en la serie histórica que mide el Indec. Nada mal.
Ese número se alcanzó por un aumento de 34% en las exportaciones y una caída de 7% en las importaciones. En los primeros cinco meses del año, el saldo positivo acumulado ronda los US$ 11.800 millones, por lo que ya superó al superávit de todo 2025, que había sido de US$ 11.320 millones.
“En mayo de 2026 las exportaciones alcanzaron un récord histórico de US$ 9.537 millones y las importaciones fueron de US$ 6.033 millones“, dijo el Indec en su informe. Mayo fue el mes número 30 con superávit de balanza comercial de manera consecutiva. Por otro lado, la caída de las importaciones está vinculada al freno de la industria. El número preocupa, pero en el nuevo tablero productivo diseñado por el Gobierno, el desplome industrial parece lógico. El foco está puesto en otros sectores productivos, como la energía, la minería y el agro.
Lo que sí comienza a preocupar y no le resulta lógico al Gobierno es la informalidad. Los números asustan y, según fuentes oficiales, superan en algunos rubros el 50%. Y la informalidad no se compone solo de empleados que no cobran su salario en blanco. Hay empresas que no depositan en tiempo y forma las cargas sociales que le retienen a los trabajadores.
Fuentes judiciales indican que ya hay denuncias penales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra bancos por irregularidades en la retención que le hacen a sus propios trabajadores. En ARCA prefieren no hablar del tema.
Los bancos fueron denunciados en abril de este año y son el Nuevo Banco de Entre Ríos, en la Fiscalía Federal de Paraná; el Banco Santa Fe, en la Unidad Fiscal de Santa Fe de Delitos Sencillos; el Banco Galicia y el Banco Santander, en la Fiscalía Penal Económico 11. A todos, se les reclama no haber realizado en tiempo y forma el pago de aportes de Seguridad Social y aportes de Obra Social luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento.
¿Qué dice la Ley? La ley establece un plazo de treinta días corridos de vencido el plazo de ingreso del tributo/recurso de la seguridad social retenido; entonces, el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social se consuma por la omisión total o parcial del depósito de aportes retenidos cuando ha concluido el término legalmente previsto para efectuar aquel depósito.
De esta forma, según la denuncia, la empresa contribuyente retuvo a sus empleados aportes, ya que no ingresó al vencimiento del plazo legal la suma que correspondía.
ARCA no habla de las denuncias presentadas en la Justicia pero sí sobre los operativos que llevó a cabo contra diferentes cadenas de comida y que van en la misma dirección: la evasión.
“A partir del análisis de inconsistencias detectadas sistémicamente, se realizó el 16 de abril del corriente un operativo de relevamiento de personal en una importante cadena de pizzerías con presencia en Capital y Gran Buenos Aires”, afirmó una fuente de ARCA.
Según la fuente se revelaron 46 locales y 463 trabajadores de la cadenas de pizzerías Kentucky. Como resultado, el 49% de los mismos se encontraba con irregularidades, entre las que se destacan la falta de alta, diferencias en fechas de ingreso y de remuneraciones declaradas. También, se identificaron 222 trabajadores no declarados.
Además de supervisar la situación de los empleados en los comercios, en los operativos también se controlaron los dispositivos PosNet utilizados para el cobro de las operaciones.
En otra cadena de pizzerías (Ugi’s) fueron relevados 95 trabajadores, de los cuales el 94% se encontraba con irregularidades, según ARCA.
Por último se fiscalizaron 17 locales de la cadena gastronómica La Panera Rosa. “El 78% de los trabajadores tenía alguna irregularidad, con 103 empleados no declarados y 181 empleados sin alta”, indicó el organismo recaudador.
Los operativos van a seguir y en rubros diferentes. Los números preocupan porque la recaudación está lejos de dejar tranquilo a un Gobierno que decidió bajar retenciones y dejar de cobrar algunos impuestos ¿Alcanzará para recuperar algo del terreno perdido con cobrarle multas a los bancos y relevar los empleados en negro que tienen las pizzerías?
Este mes se cumplieron seis meses del funcionamiento del nuevo Congreso de la Nación, tras la asunción de 127 diputados el pasado 10 de diciembre, la mitad del total de sus miembros. De ese total, 95 fueron debutantes, sin experiencia previa en la Cámara baja.
En este primer semestre de 2026, se presentaron un total de 1.354 proyectos de ley, 691 de resolución (pedidos de informes) y 1.088 de declaración.
La mayoría de las iniciativas de ley fueron impulsadas por diputados de la oposición, algo usual históricamente, ya que son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.
El bloque con más integrantes nuevos es el de La Libertad Avanza (LLA): 55 de sus 95 miembros actuales. Es el que más creció respecto del período anterior y, hoy, es el más numeroso. A su vez, es bancada en la que la mayoría de sus integrantes no tenían experiencia legislativa, o incluso política previa, cuando ingresaron.
Le sigue en cantidad de debutantes el bloque de Unión por la Patria (UxP), con 43 legisladores nuevos de 93 miembros. El peronismo/kirchnerismo es la segunda minoría y es el sector que tuvo una mayor renovación de integrantes, aunque – a diferencia de LLA – con militancia previa de algún tipo.
Lejos en número, luego, aparecen el bloque de Provincias Unidas con 7 miembros nuevos de una bancada de 18; el PRO, con 6 diputados que ingresaron en diciembre de sus 12 actuales; la UCR, con 4 nuevos de 6.
A continuación, siguen los espacios provinciales y de izquierda: el bloque Independencia, que responde al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo, con dos integrantes debutantes de un total de 3; Innovación Federal, con dos diputados nuevos de un total de 9 que tiene esta bancada integrada por representantes de Misiones, Salta, San Luis y Formosa; el PTS-Frente de Izquierda con una renovación de sus dos integrantes; Elijo Catamarca, alineado con el mandatario peronista Raúl Jalil,con un legislador nuevo de los tres que forman esta bancada que se abrió de UxP; el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, con uno nuevo de de uss dos miembros; Producción y Trabajo, ídem;y finalmente, los monobloques Defendamos Córdoba, La Neuquinidad y Primero San Luis, cuyos integrantes debutaron el 10 de diciembre.
Del análisis de los datos publicados en el sitio web de la Cámara baja que hizo Infobae, 24 diputados presentaron menos de 10 proyectos en total, incluidos los de ley, resolución y declaración: 18 legisladores son de LLA, 2 son de la UCR y del bloque Independencia, y el resto de La Neuquinidad y de Primero San Luis.
De los 127 nuevos legisladores, 4 no presentaron ningún proyecto de ley en estos seis meses desde el 10 de diciembre, todos de La Libertad Avanza, los de “menor productividad” legislativa.
Los proyectos de ley son las más relevantes, y requieren la aprobación de ambas Cámaras, a diferencia de los de resolución y declaración que se refieren a cuestiones internas del cuerpo, pedidos de informes, expresión de posiciones o recomendaciones.
Uno de esos cuatro legisladores de LLA que no presentaron proyectos de ley desde que asumieron el 10 de diciembre es Adrián Ravier, de La Pampa, el flamante vocero presidencial. Este economista muy cercano a Javier Milei sólo presentó 2 proyectos de declaración (uno de repudio por el atentado contra Donald Trump en Washington, y otro por las pintadas en fachadas públicas y privadas, atribuidas al diputado nacional Juan Grabois), y 3 de resolución (un homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento; un repudio a la agresión física sufrida por el diputado nacional Federico Pelli en Tucumán; y una modificación del artículo 128 del Reglamento de la Cámara para acotar las cuestiones de privilegio).
Su colega Nicolás Emma, electo por la Ciudad de Buenos Aires, no presentó ninguna iniciativa en estos seis meses, pero sí entre 2023 y 2025 ya que integraba la lista legislativa de LLA cuando Milei ganó la presidencia, y asumió la banca que dejó el primer mandatario al ir a la Casa Rosada. De profesión abogado, es presidente del Partido Libertario de la Ciudad.
María Luisa González Estevarena, electa por la Provincia de Buenos Aires, tampoco presentó proyectos de ningún tipo hasta ahora. Fue hasta diciembre legisladora porteña. Ingresó a la Legislatura de la Ciudad por el PRO, alineada con Patricia Bullrich, pero pegó el salto al bloque libertario cuando la entonces ministra de Seguridad se alineó con LLA.
Agustín Pellegrini, electo por Santa Fe y vicepresidente de LLA en esa provincia, tampoco impulsó iniciativas de ningún tipo, según figura en el sitio oficial de la Cámara baja.
Desde el 10 de diciembre hubo solo seis sesiones: tres en período extraordinario y tres ordinarias, el 8 y 29 de abril (informe del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni), y el 20 de mayo.
En estos seis meses de la renovación de la Cámara, el cuerpo aprobó la ley de Presupuesto 2026, la de Inocencia Fiscal, la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil que significó la baja de imputabilidad, la modificación de la Ley de Glaciares, la llamada Ley Hojarasca (derogación de legislación obsoleta) y cambios en laley de Zonas Frías. Todas fueron iniciativas promovidas por el Ejecutivo. En el período de sesiones extraordinarias, entre diciembre y finales de febrero, solo se trata el temario que envía el Presidente.
Más allá de asistir a las reuniones del pleno, los diputados participan en distintas comisiones, en un número que varía entre 5 y 9, para discutir los distintos proyectos y emitir dictámenes.
La dieta mensual que cobran – a mayo – es $6 millones brutos ($4,5 millones netos), más un plus de $600.000 por gastos de representación.
Desde el bloque de LLA sostuvieron, ante la consulta de Infobae, que “no es la tarea principal” de los legisladores del oficialismo presentar proyectos y que, en cambio, sí deben apoyar las iniciativas del Ejecutivo. “No es un valor para nosotros. Somos conscientes que somos soldados del Ejecutivo, y ese es el mandato popular que planteamos ya en la campaña”.
“Se habló en la escuela parlamentaria que las iniciativas que alguno pueda querer presentar, se acuerdan con el equipo parlamentario de Ignacio Devitt (Secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación). Todo el bloque está alineado con ese objetivo. La excepción son proyectos de declaración de interés en sus provincias o beneplácito o repudio por algún hecho”, explicaron.
Pusieron como ejemplo, el proyecto de regulación del lobby que estuvo trabajando el diputado de LLA Andrés Laumann (Entre Ríos), que había sido enviado a revisión del Ejecutivo cuando entró la iniciativa sobre el mismo tema que impulsa el Gobierno. “Llegó el de Ejecutivo antes de que sea revisado el de Laumann. Pero finalmente, en los cambios que se están acordando con la oposición, se están tomando aspectos muy parecidos al qué él había elaborado y que no había llegado a presentar”, señalaron fuentes del bloque libertario.
En el otro extremo, los nuevos diputados de Unión por la Patria son los que más iniciativas de todo tipo presentaron. Lideran el ranking entre todos los legisladores que asumieron el 10 de diciembre, considerando los proyectos de ley, resolución y declaración.
Juan Carlos Molina, de profesión cura y electo por Santa Cruz, sin mandatos previos, presentó o firmó 173 iniciativas, de las cuales, 60 proyectos fueron de ley (ocupa el tercer lugar si se consideran solo este tipo de normas presentadas). Otros 18 proyectos fueron de declaración y 95 proyectos de resolución.
Le sigue la bonaerense Agustina Propato, con 172, en total, de los cuales 61 fueron de ley (en segundo lugar si se consideran solo estas iniciativas). Ya había sido diputada nacional por el peronismo, electa en 2021.
El tercer lugar lo ocupa Agustín Rossi, de Santa Fe. En los últimos seis meses firmó 168 iniciativas, de las cuales 40 fueron proyectos de ley. Tampoco es su primer mandato ya que desde 2005 ocupó una banca de diputado nacional por el Frente para la Victoria y retuvo su mandato hasta el 2013. Repitió cargo entre 2017 y 2019 y dejó su banca para asumir en este último año como ministro de Defensa de Alberto Fernández.
Luego aparece en cantidad de iniciativas impulsadas desde el 10 de diciembre, Gabriela Pedrali, electa por La Rioja, quien también había ocupado una banca desde 2021. Firmó 161 proyectos, de los cuales 65 fueron de ley. Es una de las legisladoras más prolíficas, ya que que lidera el ranking de iniciativas de este tipo como autora o cofirmante.
Le siguen Cristian Andino, de San Juan, diputado por primera vez, aparece con 146 proyectos firmados, de los cuales 54 son de ley; y Moira Lanesan Sancho, de Santa Cruz, también novata en su banca, con 46 proyectos de ley, de los 144 que firmó.
En el ranking aparece después Hugo Yasky, el secretario general de la CTA desde 2006 y ex secretario general de la CTERA. Llegó a la Cámara de Diputados en 2017. En el último semestre firmó 137 proyectos de los cuales 41 fueron de ley.
En tanto, María Teresa García, diputada por Buenos Aires y muy cercana a Cristina Kirchner, es autora o coautora de 133 proyectos, entre ellos 56 de ley. Ya había pasado por el Congreso entre 2005 y 2017, y luego fue legisladora provincial bonaerense.
Si se consideran sólo los proyectos de ley, también lideran la tabla los nuevos legisladores de UxP. De los 8 que presentaron más de 40 iniciativas desde diciembre hasta ahora, todos son peronistas/kirchneristas. Lidera el ranking la riojana Pedrali.
Sólo tres diputados de LLA presentaron 10 o más proyectos de ley en este semestre: el salteño Carlos Zapata,18; y el puntano Carlos Almena y la bonaerense Johana Longo, 10 cada uno.
Otros 8, firmaron entre 7 y 9 iniciativas de este tipo: Laura Soldano, Sabrina Ajmechet, Soledad Molinuevo, Alejandro Fargosi, Laura Rodríguez Machado, María Gabriela Flores, Rosario Goitia y Aníbal Tortoriello.
Si se consideran todas las iniciativas de ley, resolución y declaración que firmaron desde que asumieron en diciembre, el ranking de los libertarios lo encabezan Zapata (52); Almena (41); Soldano, de Córdoba (37); Longo(36); Molinuevo, de Tucumán (36); Soledad Mondaca, de Neuquén (34); Flores, de Salta (32); Adrián Brizuela, de Catamarca (31); Goitía, de Chaco (31) y Federico Pelli, de Tucumán (30).
La fuente de información fue el sitio Web de la Cámara de Diputados, de donde se realizó la extracción de datos. De los 257 legisladores en total, se analizó el universo de 127 que asumieron el 10 de diciembre. De este grupo se procedió a la descarga de los proyectos en los que aparecen como autores o confirmantes, discriminando entre proyectos de resolución, de declaración o de ley. La información se cruzó por pertenencia geográfica y de bloque. La fecha de corte para el análisis de los datos fue el 10 de junio.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
NTMAP: No Todo Marcha Acorde al Plan. Todas las ideas pergeñadas para disuadir a la opinión pública y suavizar la agenda política y mediática del escándalo que salpica a Manuel Adorni, y mantiene encorsetado al Gobierno, fallaron. Ni el inicio de la Copa del Mundo, ni el debut de la Argentina y Lionel Messi en su sexto Mundial, con tres goles a los 38 años y una actuación memorable, alcanzaron para correr el eje. Tampoco el revuelo por las desafortunadas informaciones en torno a la intimidad del capitán argentino que el Gobierno intentó capitalizar, sin éxito. La resignación es total puertas adentro: nada alcanza mientras Javier Milei sostenga al jefe de Gabinete en su cargo.
Está por verse cuál será el impacto del anuncio de este viernes del diputado Adrián Ravier como nuevo vocero de la Presidencia, una iniciativa con doble objetivo: el reconocimiento de que Adorni ya no está en condiciones de comunicar ningún logro y la necesidad de intentar instalar en la agenda pública algunos hitos del programa económico y financiero, un rubro en el que Ravier se mueve con comodidad. Luis Caputo, “Toto”, se cansó en los últimos meses de bufar en privado contra las internas y las turbulencias políticas que, según él, golpean su programa: “Sin eso, la Argentina volaría”, le escucharon decir algunos amigos.
Dicen que Karina Milei le pidió “tiempo” a Patricia Bullrich en una de las últimas charlas privadas en la que la senadora insistió, por enésima vez, en que la permanencia de Adorni en el Gabinete se tornaba insostenible. El viernes, la ex ministra reunió, como todas las semanas, a su equipo de colaboradores. La notaron cansada, desgastada, como el resto de los legisladores y el Gabinete que, con excepción de Milei, creen que el ministro coordinador debe dar un paso al costado para darle el cierre definitivo a un escándalo que ya lleva más de tres meses al tope de la taquilla y opaca cualquier iniciativa. “El Congreso que conocimos durante el verano se acabó, está cerrado”, le planteó senadora a la cúpula del Ejecutivo.
Bullrich hace equilibrio entre su rol como jefa del bloque oficialista en el Senado y figura de un sector del electorado de la centroderecha que está espantado con el insólito crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete que suma capítulos inéditos todas las semanas, alimentada, para colmo, por un grupo de empresarios del círculo rojo que empezó hace algunos meses a fantasear y trabajar en el nacimiento de un proyecto bautizado por algunos como “mileísmo sin Milei”. En ese plan, que incluye desde Mauricio Macri hasta al banquero Jorge Brito-el propio expresidentele reconoció a amigos que no lo descarta como una opción-, están embarcados sectores potentes del establishment que apoyan los trazos gruesos del modelo libertario pero están desencantados con el liderazgo del presidente. Se menciona entre uno de los principales mecenas de la ex ministra de Seguridad al integrante de una familia empresaria que en el último año avanzó con firmeza en la compra de varios activos, en particular del sector energético, muy vinculada a un sector del gobierno.
Milei, y en particular Adorni, creyeron que el maridaje entre el inicio de la Copa del Mundo, la performance de la Argentina y su justificación patrimonial alcanzaría para modificar la discusión pública y cambiar el eje político, pero sucedió más bien lo contrario. La explicación de un supuesto atesoramiento en negro de poco más de USD 500.000 dólares entre el 2014 y el 2018 en criptomonedas, rápidamente desmentido por el propio funcionario en charlas virtuales entre el 2020 y el 2022, enfureció al Gabinete, no convenció a la Justicia y complicó los planes el gobierno en el Congreso: todas las iniciativas quedaron opacadas, y la actividad legislativa paralizada, por la lluvia de pedidos de interpelación y mociones de censura contra el ministro coordinador.
En ese contexto, los roles parlamentarios del PRO y de Bullrich quedaron en el centro de la escena. En las últimas horas, Cristian Ritondo, jefe del bloque de los 12 diputados del PRO, les transmitió a Diego Santilli y a Gabriel Bornoroni –Martín Menem volvió de un conveniente viaje por Israel hacia el final de la semana- que la mejor salida para la crisis Adorni consistía en dar quórum este martes, habilitar la sesión especial pedida por el peronismo, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y otros bloques y enviar a comisiones la interpelación del jefe de Gabinete. Es decir, ganar al menos una semana más. “Nosotros queremos sesionar el miércoles, y para sesionar el miércoles habría que sesionar el martes, y no vemos eso con malos ojos, todo lo contrario, que se emplace a las comisiones para que se traten los dictámenes. Así se destraba el funcionamiento del Congreso”, explicó ayer un diputado que responde a Macri y que es muy crítico del ministro coordinador. “Después, lo relevante es lo que haga la Justicia, o que Milei lo eche (a Adorni) o que él mismo renuncie”, agregó.
En esas conversaciones privadas, según fuentes oficiales, Ritondo ratificó la posición del bloque, y avisó: “No nos pueden pedir más que a Patricia”. La alusión remite a la reunión de labor parlamentaria del miércoles del Senado, en la que la senadora aplazó el debate sobre Adorni una semana pero con aval al pedido del bloque K, en cabeza de José Mayans, que resolvió avanzar con la interpelación y una posible moción de censura con mayoría absoluta -37 senadores- y no dos tercios, tal como se requiere para un proyecto sin dictamen. Bullrich quiere modificar este martes esa acta acordada a mediados de semana.
La mancha del escándalo Adorni que se esparce y corroe la actividad legislativa atenta, según las espadas legislativas de LLA, contra la agenda del Ejecutivo. La Ley de Lobby, que busca regular el cabildeo con la creación de un polémico registro cuestionado por decenas de ONGs y la oposición, parece haber quedado archivada. El debate convocado por el oficialismo para este miércoles para tratar de darle media sanción al Súper RIGI también está en suspenso: dependerá de la decisión política que tome la Casa Rosada respecto al jefe de Gabinete por las sesiones pedidas para el martes en la Cámara baja y el jueves en el Senado. El futuro de ese proyecto, sin embargo, no es solo una incógnita por la crisis en torno al ministro coordinador, sino también por la resistencia de algunos sectores. Existe, en ese sentido, un grupo de empresarios de peso del rubro de la metalurgia que ya han pedido reuniones con diputados y senadores para convencerlos de modificiar ese eventual régimen para favorecer a la industria local. Lo mismo sucede con la Ley de Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger, que está atada en el Senado a la suerte del ahora ex vocero presidencial.
En medio de ese vendaval, el Ejecutivo activó una ronda de diálogos con los gobernadores, en algunos casos con el incentivo de una serie de adelantos financieros como los publicados esta semana en el Boletín Oficial para Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy por $400.000 millones. En paralelo, el ministro del Interior inició con los jefes provinciales conversaciones simultáneas para intentar convencerlos de eliminar, o suspender, las primarias, un capítulo contemplado dentro de la reforma electoral, también aplazada para después del Mundial y contaminada por el escándalo que tiene al ministro coordinador investigado por la Justicia. El Gobierno aún no tiene los votos, por eso ya se habla de una iniciativa intermedia: primarias no obligatorias.
Desde Olivos, Milei no comparte el diagnóstico de casi toda la dirigencia libertaria: a cada sugerencia sobre la posibilidad de correr a su jefe de Gabinete respondió irascible, en algunos casos con exabruptos. No quiere entregarle la cabeza al sistema político, mucho menos al periodismo, más allá de que el caso Adorni resolvió, salvo escasísimas excepciones, la grieta impuesta por el Presidente entre el 95% odiado y el 5% de los periodistas afines. Milei no opera bajo la lógica tradicional: se deja llevar, en buena medida, por relaciones y afinidades personales. Bajo esa premisa intentó sostener el año pasado a José Luis Espert, y echó, en el primer semestre del 2024, a Nicolás Posse, al que le había encargado el diseño y el control de la gestión. Por esa decisión alcanzó una marca histórica: fue el presidente que más rápido removió a un ministro coordinador desde la reforma constitucional del ‘94.
El sostenimiento de Adorni corroe no solo la actividad del Congreso si no también el resto de la gestión. El viernes, Santiago Caputo se hizo eco de ese reproche que atraviesa al círculo rojo: en su cuenta de X, irónico, escribió “el gobierno ‘sin gestión’ logró la privatización más compleja de la Argentina” en alusión a la licitación de la Vía Troncal Navegable, cuyo proceso concluyó en favor de Jan de Nul-Servimagnus. Inversores locales, pero también del exterior, esperan ahora por la licitación del Belgrano Cargas, muy demorada, a cargo de Alejandro Núñez, un funcionario muy cercano a Francisco Caputo, hermano del consultor, y a integrantes del grupo Neuss. Esa privatización es muy relevante para el negocio de la minería, uno de los mayores dinamizadores de la actividad económica.
El impacto sobre la gestión tiene también su correlato en la publicidad de las iniciativas libertarias, lo que hace aún más desafiante el trabajo del nuevo vocero. En las últimas semanas, funcionarios y legisladores de LLA cancelaron notas por temor a que cualquier aparición quede circunscripta al escándalo Adorni. “Tenemos cerrado el espacio aéreo (de los medios)”, bromeó, resignado, un legislador. La imposición se esparce a todos los ámbitos. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, capitalizó unilateralmente la sanción del endurecimiento de las penas para los “trapitos”, un proyecto que el PRO había congelado en la Legislatura y que se revitalizó por impulso del bloque porteño de La Libertad Avanza. Ni un solo referente libertario de la capital se atrevió a ir a los medios para apropiarse de la iniciativa por temor al efecto Adorni.
El affaire en torno al jefe de Gabinete tiene su propio capítulo en la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada, en TN, el nuevo vocero presidencial se refirió al futuro político de su antecesor. “No podemos responder por él, él tiene que responder. Hay posibles contradicciones que él tiene que explicar mejor, sin dudas su capital político personal, de ese eventual jefe de Gobierno que pudo ser, hoy está más dañado, o habrá que ver cómo le impacta a él en su situación personal para su carrera política”, resaltó Ravier.
La caída de Adorni, los trascendidos cerca de Bullrich de su supuesta aversión a encabezar un proyecto porteño y el “efecto derrame” en la economía promocionado por el gobierno que todavía no tiene anclaje con la realidad, reanimaron al jefe de Gobierno: en el PRO de la capital están convencidos de que LLA no va a tener más alternativa que acordar con ellos el próximo año.
Pero antes que eso, la familia Macri deberá ordenarse internamente: la relación históricamente compleja entre Jorge y Mauricio Macri está peor que nunca. Una muestra de ese quiebre -¿pasajero?- es que, según testigos, el jefe de Gobierno ya no oculta su fastidio con su primo. Esa rotura es bien conocido por Daniel Angelici, “El Tano”, que hace malabares entre ambos.
La resolución de ese conflicto familiar puede tener injerencia directa en la estrategia del PRO en el 2027. ¿Existen mensajes encriptados entre el ex presidente y Horacio Rodríguez Larreta? Esas versiones son alimentadas por la cotidianeidad entre el legislador y Fernando de Andreis, mano derecha de Macri: sus hijos comparten actividad escolar. La relación entre Jorge Macri y su antecesor también está cada vez peor: ni siquiera se saludaron por sus recientes paternidades.
Ese escenario incierto dentro del PRO arroja aún más inquietudes en virtud de los planes del ex presidente. De viaje en Estados Unidos, abocado a la Copa del Mundo, en su entorno dicen que le escapa a una respuesta sobre una eventual candidatura en el 2027, aunque admiten que de haber agua en la piscina estaría dispuesto a calzarse el traje de baño y tirarse de cabeza. También dicen que su hija Antonia no quiere saber nada con esa posibilidad.
En una semana en la que la interna peronista sumó nuevos capítulos de alta tensión, el gobernador Axel Kicillof evitó responder a las críticas de La Cámpora y ratificó la estrategia que viene sosteniendo desde hace meses: correrse de la confrontación pública, fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro y ampliar su volumen político tanto dentro como fuera de la provincia.
La semana corta arrancó con la viralización de un discurso en el que la legisladora porteña Berenice Iáñez, enrolada en el MDF, criticaba a Cristina Kirchner y cerró con el «banderazo» en Parque Lezama para pedir por la liberación y la candidatura 2027 de la expresidenta. Kicillof no asistió al acto y tampoco hubo dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro sobre el escenario, aunque el espacio sí convocó y envió militantes a la movida.
El único orador del acto fue el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, que aprovechó la centralidad de la jornada para enviar mensajes filosos hacia adentro del peronismo. Aunque sin nombrar al gobernador, cuestionó a “los que hablan de hacer la unidad” pero “ni siquiera son capaces de ir a verla a San José para decirle: ‘Compañera, ¿necesita algo?, ¿cómo está?’”. Desde el año pasado, en las filas camporistas le reprochan a Kicillof no visitar a la expresidenta. La única reunión entre ambos se dio en octubre del año pasado y fue sin fotos.
El diputado nacional también dejó otra definición con fuerte contenido político al sostener que “está claro de quién debe ser la conducción política” del peronismo, en referencia a la expresidenta. Además, aseguró que mucha gente quiere que Cristina vuelva a ser candidata y no que “haya un candidato por default”, en otro mensaje interpretado como un tiro por elevación hacia el mandatario bonaerense. La militancia, por su parte, reflotó el ya clásico cantito “si querés una canción vení que presto la mía”, en alusión a aquella frase de Kicillof durante la campaña de 2023, cuando llamó a construir “canciones nuevas”.
Pese a los dardos discursivos, cerca del gobernador aseguran que no habrá respuesta pública. Fiel a su estilo, Kicillof limita todas sus críticas a Javier Milei y evita polemizar con la dirigencia camporista o pronunciarse sobre una eventual visita a Cristina.
La decisión estratégica sigue siendo la misma: bajar el volumen de la disputa interna y avanzar en la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro. Aunque por ahora no hay nuevos actos previstos, la mesa chica del axelismo -integrada por ministros, intendentes y referentes territoriales- continúa trabajando tanto en los municipios bonaerenses como fuera de la provincia con la mira puesta en 2027.
Entre las próximas apuestas aparece el lanzamiento de MDF Juventudes, que iba a presentarse oficialmente el 6 de junio en San Martín pero fue suspendido tras el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari. También está en carpeta el MDF Deportes. Según confiaron desde la organización, ambas iniciativas se activarían después del Mundial de fútbol.
En paralelo, el axelismo avanza con su plan federal sobre provincias consideradas estratégicas en términos electorales. Tras los primeros desembarcos en Córdoba y Corrientes, ahora busca consolidar armado en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. La tarea se repite en cada distrito: tender puentes con intendentes, organizaciones sociales, sindicatos y sectores académicos, aunque cada distrito tiene sus particularidades políticas. La elección no es casual ya que las cuatro provincias reúnen en conjunto cerca de 8,5 millones de electores, un caudal decisivo en cualquier estrategia de construcción nacional del peronismo.
Convocatoria por Perón
En paralelo a la expansión territorial del MDF, Kicillof busca enviar una señal de amplitud desde el PJ bonaerense, que preside desde la salida de Máximo Kirchner. Según confirmaron desde su entorno a Tiempo, el gobernador trabaja por estas horas en la convocatoria a una actividad prevista para el próximo 1 de julio, cuando se cumpla un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón.
La idea, según fuentes de su gabinete, es reunir a las autoridades del PJ de los 135 municipios bonaerenses. Sería la primera foto conjunta desde que Kicillof quedó al frente del partido y, justamente por eso, una postal de alto valor político. Pero no será una convocatoria sencilla. Entre los presidentes de los partidos locales conviven dirigentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro, referentes de La Cámpora y sectores del peronismo tradicional.
El encuentro se realizaría, otra vez, en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente, donde descansan los restos de Perón. Desde el entorno del mandatario aclararon que no está previsto «un acto grande» como el realizado en 2024, cuando compartió escenario con el gobernador riojano Ricardo Quintela. La intención, aseguran, es una actividad de tono más institucional. «
Los trabajadores registrados que cobran la mínima hoy pueden comprar sólo seis de cada diez productos que su salario les permitía antes de que asuma Javier Milei. Se trata de un poder de compra incluso inferior al que tenían durante la crisis de 2001, advirtió un informe de la Universidad de Buenos Aires. Esto se da en un contexto de destrucción de compañías que se aceleró en el último período. En un mes cerraron más de dos mil sociedades.
El salario mínimo vital y móvil perdió casi 40% de capacidad de compra respecto a noviembre de 2023. El estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reseña que con el arribo del gobierno libertario se inició un extenso proceso de merma del valor real del ingreso básico, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria. Esto estuvo seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024. La tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses, cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación.
Sin embargo, en el balance entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el salario mínimo real acumuló una caída de 39,7%. Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, llevó a que el mes pasado se ubique en términos reales en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad. Implica también una erosión del 66,5% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.
A la par de esta caída, el empleo formal perdió en marzo 11 mil puestos, contabilizó la UBA. Contra noviembre de 2023, disminuyeron 217 mil vacantes registradas del sector privado.
Esta destrucción de vacantes laborales se dio por el achicamiento de la economía, mientras se funden compañías. El último dato de Fundar advierte que cerraron 26.448 empresas entre marzo de 2023 y mismo mes de este año.
Sólo en marzo de 2026 bajaron la persiana 2.011 sociedades. “El dato contrasta con la caída de 257 firmas registrada el mes anterior y marca una nueva aceleración en el deterioro del tejido productivo”, aclaró Fundar. Entre los casos más relevantes se encuentran Citroën, que dejó de fabricar vehículos en Argentina y concentrará su producción regional en Brasil y Uruguay; Leval S.A., histórica fabricante de estructuras metálicas y proveedora de Siderar, Siderca y Acindar, que cerró tras más de 50 años de actividad; y la planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos.
En esa línea, el último reporte de la fundación Pensar detalló que el modelo Milei creó ganadores pero que no se derrama en la mayoría. Los datos analizados por el centro de estudios del PRO mostraron que crecieron más los sectores intensivos en capital, recursos naturales, dólares, finanzas, grandes inversiones y exportaciones: energía, minería, agro, bancos, servicios profesionales y real estate. En tanto, sufren más los sectores intensivos en empleo, pymes, mercado interno, obra pública, consumo popular y salarios: construcción, industria pyme, comercio tradicional, gastronomía masiva, empleo público, servicios personales, educación, salud y cultura.
Pensar planteó que este tipo de crecimiento produce un grupo “que genera dólares e inversión, pero todavía no logra transformar esa recuperación en empleo masivo, salarios altos y mejora extendida para la clase media”.
Además, incorporó nuevas mediciones de opinión pública sobre percepción sectorial que muestran el desacuerdo con el modelo libertario. El 83% de los encuestados aseguró tener una imagen favorable de la industria nacional y el 40% está de acuerdo en que se debe proteger frente a la competencia externa para que el país crezca.
Hay una línea divisoria que se ha convertido en un problema para el peronismo. Por esa marca invisible camina, ida y vuelta, Cristina Kirchner. De un lado, está la guardia política de su nombre, su conducción y su lugar dentro de las fronteras peronistas. Del otro lado, están las distintas vertientes justicialistas que la respetan, la reconocen, la consideran parte de un armado nacional, pero a las que no les marca el pulso de sus actividades y expresiones.
El lugar de la ex presidenta en el tiempo actual y, sobre todo, en el que viene, se ha convertido en un debate estéril. Unos les recriminan a otros que digan lo que no van a decir. Y esos otros platean análisis e hipótesis que jamás serán convalidadas del otro lado. Entonces, la discusión empieza a convertirse en una guerrilla dialéctica en la que todos pierden. O, en el mejor de los casos, reconfirman su propia verdad.
Esta tarde, en Parque Lezama, el cristinismo convocó a un banderazo por el aniversario de la confirmación de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad y su posterior detención. Será una nueva muestra de la centralidad que el sector de la ex presidenta le quiere dar al reclamo por su inocencia y su libertad. No está estipulado que se motorice una movilización a San José 1111, aunque es probable que haya una parte de la militancia que camine hasta la puerta de ese edificio donde la líder peronista pasa sus días.
Para la gran mayoría de los que estén presentes hoy CFK tiene que ocupar un lugar central en el armado opositor. Porque es la que tiene los votos, aunque esté presa. Porque es la que está pagando los platos rotos de una gestión de gobierno de la que se benficiaron todos: la gente y la política. “Sin Cristina, Kicillof no era gobernador”, suelen decir algunos camporistas que nunca se olvidan del Gobernador.
Para poder ser competitivo el año que viene y tener la posibilidad de ganar, el peronismo necesita unidad y conformar una coalición lo suficientemente amplia para que logre hacer pie. El rival a enfrentar es el ala antiperonista, que en la última elección, con la convergencia de La Libertad Avanza y el PRO, ha demostrado su poderío en las urnas. En ese sentido, el mensaje que salga de Lezama será importante. Máximo Kirchner será el único orador.
En los últimos días hubo dos hechos que volvieron a poner a la ex presidenta en el centro del debate peronista. El primero, en el comienzo de la semana, fue la viralización de un discurso pronunciado por la legisladora porteña Benerice Iánez, cercana a Andrés “Cuervo” Larroque, y que es parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce Axel Kicillof.
Iáñez dijo que la ex Jefa de Estado “jode bastante las pelotas” y que “quiere ordenar desde un balcón”. Ese mensaje fue reprochado por el cristinismo, donde consideraron que lo dicho fue “una falta de respeto” y “pasó un límite”, y fue utilizado como un argumento para defender a la ex presidenta de los ataques internos. Además, y por sobre todas las cosas, rompió el clima de buena voluntad que existía para que Kicillor y Máximo Kirchner, condiciones mediante, se sentarán a hablar.
Las críticas de la legisladora porteña Berenice Iañez, parte de la agrupación de Andrés Larroque y Axel Kicillof, contra Cristina Kirchner y La Cámpora
“Los peronistas de la Ciudad queremos a Cristina libre y rompiendo las pelotas”, escribió en sus redes el senador camporista Mariano Recalde, para convocar al banderazo por el aniversario de la condena de Cristina Kirchner que se realizará esta tarde en Parque Lezama. La diputada nacional Paula Penacca también utilizó esa frase de Iañez para defender a su líder. “El pueblo argentino debe ser a lo único que Cristina no le rompe las pelotas. Cristina le rompió las pelotas a los militares, a Videla y al poder económico”, sostuvo.
Son solo dos ejemplos de un discurso que se repite en otros nombres propios del cristinismo, donde resaltan que la ex mandataria tiene un alto nivel de intención de votos pese a estar presa, inhabilitada para competir y siendo víctima de un proceso de deslegitimización. “Es competitiva y la quieren sacar de la cancha a través del partido judicial”, dijo también Penacca.
El segundo hecho que amplificó el debate sobre el lugar de CFK y su causa judicial dentro de la vida del peronismo, fue lo que dijo la senadora nacional jujeña Carolina Moisés, rival interna del kirchnerismo en el extenso mundo justicialista. “Cualquier peronista que haga el razonamiento de que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney. Dejen de decirlo. Es imposible. Nadie va a liberar a Cristina”, sostuvo en una entrevista en el canal de streaming Gelatina.
Moisés, que es parte del esquema norteño que tiene como referentes a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), todos enfrentados al cristinismo, consideró que la posibilidad de un indulto dependerá del perfil del candidato y advirtió que si ese es el eje de la campaña electoral, quien lo cumpla, no llegará a la Casa Rosada. “Cualquier dirigente razonable va a decir que a ese perfil de candidato no lo van a votar”, explicó.
La senadora jujeña Carolina Moisés cuestionó la estrategia de La Cámpora respecto al rol de Cristina Kirchner y el armado nacional del peronismo
La senadora nacional dio un paso más y afirmó: “En el mundo ideal, Cristina debería estar libre y los peronistas deberíamos ganar la próxima elección. Seamos realistas. Hoy está condenada con última instancia. Es un dato de la realidad. No hay más lugar donde apelarlo. Ya está. Es injusto, hay lawfare, no corresponde, todo pasa por la corriente de la opinión”, indicó la jujeña.
“La realidad es que está presa, condenada y no puede ejercer cargos públicos. Si el peronismo no se para sobre esa realidad, y construye la opción, y seguimos pensando que hay que liberar a CFK, no llegamos. Si el candidato dice que hay que liberar a Cristina, no llega. Interpretemos a la sociedad porque sino, no construimos poder. Y el peronismo que no construye poder, no es peronismo”, fue el mensaje más fuerte que expresó Moisés.
Las respuestas públicas no tardaron en llegar. Hubo cuestionamientos de Facundo Tignanelli, Teresa García y Leila Chaher, todos cristinistas duros. Pero el salto de potencia en la confrontación fue de Mayra Mendoza. La quilmeña fue al hueso. “Buscas acomodar tu posición a que el poder del peronismo es ser más sistema y justamente es todo lo contrario. Si sos tan corajuda te espero el sábado en Parque Lezama que vamos a hacer un banderazo por Argentina (a la que está destruyendo el que vos le votas todo -Milei-) y lo charlamos ahí”, le escribió.
Moisés no se quedó atrás. “No es necesario que me invites a pelear a la plaza porque no tenes ningún argumento para responderme. A mi me encontrás siempre del mismo lado, el peronismo es algo que vos no podes entender”, le respondió en sus redes sociales. La discusión de fondo es la misma, aunque cambien las palabras, las formas o los focos. Se trata de cómo rearmar una opción competitiva y creíble del peronismo, y qué lugar ocupa Cristina Kirchner en esa estructura.
Hay dirigentes del peronismo discutiendo sobre un indulto que, según dijo el ministro de Justicia bonaerense y asesor judicial de la ex presidenta, Juan Martín Menna, Cristina Kirchner no quiere. Cada frase respecto a esa situación dispara un sobreanálisis de si el dirigente de turno que habló la quiere esconder a CFK, la quiere enaltecer o la quiere defender.
El cristinismo está en una trinchera casi en forma permanente. Confrontando contra los rivales internos, pero sin dar muestras claras de hacia donde se puede ampliar el espacio de cara al 2027. Las diferencias que existen con sus planteos sobre el lugar de CFK, el rol que debe tener en el peronismo y la fuerza de los votos que conserva, altera todas las conversaciones políticas.
Moisés, apuntada por estar en un esquema que ha jugado, y sigue jugando, como un aliado táctico de Milei en el Congreso, expresó lo que muchos dirigentes del peronismo dicen por lo bajo. Incluso, muchos que cuestionan a la dirigente jujeña en otros aspectos de su vida política. Si no lo exponen, no es porque no tengan intenciones de dar la pelea, sino porque advierten, con claridad, que esa búsqueda de la razón sobre el otro, solo genera más daño al conjunto. No hay ganadores cuando la grieta interna se agiganta. Sea por los motivos que sea.
En esa lógica se mueven los integrantes del PJ Federal, que el lunes pasado, en Concepción del Uruguay, nombraron a Cristina Kirchner en sus discursos, lo que no habían hecho en Parque Norte, con el fin de limitar y edificar su identidad. No hablaron de la consigna “Cristina libre” ni de que tiene que ser la candidata del peronismo. Pero no se olvidaron de ella.
Guillermo Michel nombró el progreso del sector avícola en Entre Ríos gracias a los prestámos del Bicentenario otorgados durante su gobierno y Juan Manuel Olmos aseguró que los sectores de poder creen que “una condena injusta contra Cristina iba a silenciar el peronismo”, postura que también ha marcado Victoria Tolosa Paz en público.
Fue una forma de bajar las tensiones y evitar cualquier tipo de confrontación. Porque, en definitiva, todos se necesitan para poder armar un gran frente y ser competitivos. Si no hay una convicción profunda, hay una necesidad segura. Cada uno por separado no tiene peso propio a nivel nacional. Lo saben todos. Desde Kicillof hasta CFK, desde Massa hasta los federales. Por eso la construcción amplia requiere de menos rencillas y más puntos de acuerdos. O de mínima, la capacidad de no plantar una pelea donde las diferencias abundan.
En el 2019, el kirchnerismo, de la mano de Máximo Kirchner y Eduardo “Wado” De Pedro, tendió los puentes para el regreso a la estructura central del peronismo de Sergio Massa. El mismo dirigente que se había ido del gobierno de CFK, había fundado su espacio, había ganado una elección de medio término, les había discutido el poder de los votos y había dicho que iba a “barrer a los ñoquis de La Cámpora”.
Ese regreso de Massa fue uno de los movimientos claves para el triunfo del peronismo en las elecciones presidenciales. El pragmatismo estuvo atado a la capacidad del olvido y el perdón. Y a la necesidad de compartir un rumbo. Después, por un sinfín de motivos, la experiencia de gobierno fracasó.
Esa misma flexibilidad y aptitud es la que en la actualidad le piden muchos dirigentes del peronismo profundo al cristinismo, para sentar las bases de un armado nacional. Empezar a cerrar las heridas o, si no es posible, no abrirlas más. Porque, como dijo el papa Francisco y resaltan a menudo en las mesas políticas del justicialismo, nadie se salva solo. Y en este complejo mapa electoral que tiene el justicialismo por delante, nadie gana solo.
LA PLATA.- La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires presentó un escrito ante el Juzgado Federal N°4 de esta capital para que el gobierno de Javier Milei responda, en diez días, si avala un crédito preacordado con el Banco Mundial destinado a obras de saneamiento de efluentes contaminantes en la cuenca del Río de la Plata.
El pedido ante la Justicia federal se produjo luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo en Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.
De ese encuentro en la Quinta de Olivos participó también el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien está dirigido el pedido de resolución a favor de una garantía de Nación para que la provincia pueda tomar deuda.
El presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.Presidencia
El gobierno de Axel Kicillof elevó el pedido en 2024 ante el Ministerio de Economía, que dirige Caputo. El gobernador reiteró la solicitud en abril y mayo de este año, y aún no obtuvo respuesta.
“Hasta la fecha, transcurrido más de un año y medio desde el primer pedido, el Estado nacional no ha dado respuesta a tales requerimientos”, expresó la Fiscalía de Estado en un escrito en que solicitó se libre un oficio al Ministerio de Economía.
Pese a que Buenos Aires aún espera, otras diez provincias sí obtuvieron avales para créditos internacionales, según detalló el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
Las provincias beneficiadas fueron Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones.
Gabriel Katopodis, funcionario de Kicillof, en la audiencia públicaNacho Amiconi
Los avales otorgados por decreto de Nación ascienden a un total de US$180 millones para distintos créditos, destinados a obras de agua potable, infraestructura, logística, producción y urbanismo.
La provincia de Buenos Aires tiene preacordado un crédito por US$270 millones con el Banco Mundial para obras de saneamiento en la cuenca contaminada del Río de la Plata.
ElPrograma para el tratamiento y disposición final de residuos de los líquidos cloacales de La Plata, Berisso y Ensenadacontempla una Planta de Tratamiento Primario Avanzado en la localidad de Berisso, dentro del predio de la planta existente, un caño emisario subterráneo, un emisario subfluvial y un difusor. La vinculación entre la planta de tratamiento y el emisario se realizaría a través de una estación de bombeo y una cámara de carga, también dentro del predio actual.
Kicillof, en una inauguración de una planta potabilizadoraDiego Nasello
El gobierno provincial tiene preacordado ese crédito para la obra, pero no puede avanzar sin la garantía de Nación.
Esta no es la única obra frenada por falta de avales. También se encuentra en esa situación un programa de desarrollo sustentable de la cuenca hídrica de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que incluye los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. La construcción de un acueducto en San Martín, la ampliación del cauce del río Salado, la adecuación del cauce del río Areco y la construcción de la Autovía 6 son otras de las obras paralizadas por la falta de garantía nacional para que la provincia pueda endeudarse.
El presidente Javier Milei se reunió hoy en la Quinta de Olivos con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra.Presidencia
El proyecto de tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en el arroyo El Gato alcanzaría a más de un millón de personas de los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes.
Deuda pendiente
Buenos Aires tiene un stock de deuda de US$10.980 millones, de los cuales el 79% está nominado en moneda extranjera y el 21% en moneda nacional.
En 2021, el gobierno de Axel Kicillof reestructuró la deuda y, actualmente, el 53,4% del perfil de vencimientos es a largo plazo. Otro 36% corresponde a vencimientos de mediano plazo hasta 2030, y un 10% venció entre 2025 y julio próximo. Para este año hay servicios totales programados por US$2545 millones, según el Ministerio de Economía bonaerense.
Kicillof tiene autorización este año para tomar deuda por US$3000 millones, la Legislatura. La mayor parte de ese monto se destinará a cubrir servicios de deuda. Según el gobierno provincial, la obra de US$270 millones no puede afrontarse sin financiamiento internacional.
