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  • Cornejo, en Vendimia, pidió cambios tributarios, un mercado crediticio funcional y avanzar la Ley de jugos naturales

    Cornejo, en Vendimia, pidió cambios tributarios, un mercado crediticio funcional y avanzar la Ley de jugos naturales

    El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que se celebró como cada año en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reunió a funcionarios, bodegueros, productores y referentes de la vitivinicultura de todo el país. Sin la presencia de Milei, pero con la participación de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el acto se centró en la firma de convenios estratégicos y en el análisis de los desafíos económicos que enfrenta el sector.

    En ese marco, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pronunció un extenso discurso en el que destacó la intervención del Estado en el desarrollo de la actividad vitivinícola. El mandatario provincial repasó las medidas que se están implementando para incentivar el crecimiento del sector, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer en materia de competitividad.

    Un reclamo por condiciones de competitividad

    Ante las autoridades nacionales presentes, Cornejo subrayó que el rol del sector público debe orientarse a facilitar la actividad privada mediante herramientas concretas. “Lo que sí debe hacer el Estado es crear condiciones adecuadas para el desarrollo de la vitivinicultura a través de instrumentos que generen crédito competitivo, condiciones aptas de sanidad y seguridad frente al riesgo climático, promoción y negociación internacional y un trabajo constante en la mejora de la infraestructura, fundamentalmente hídrica”, sostuvo el mandatario.

    En ese sentido, vinculó la capacidad exportadora del sector con la necesidad de reformas estructurales en la macroeconomía nacional y aseguró: “Nuestra vitivinicultura es altamente competitiva, de manera que con cambios tributarios y un mercado de crédito que funcione, se podrán aumentar volúmenes de exportación que afiancen la productividad y contribuyan al prestigio exterior de Mendoza y de Argentina“.

    El reclamo de Cornejo se produjo en un momento en que la industria busca recuperar terreno en los mercados globales. Para el gobernador, el crecimiento depende de fortalecer toda la cadena de valor.

    Diversificación y la “Ley de jugos naturales”

    Otro eje central de la postura mendocina fue fomentar la diversificación de la uva. Cornejo confirmó que la provincia mantiene una agenda conjunta con el Gobierno de San Juan y sus legisladores para promover la denominada “Ley de jugos naturales”, orientada a endulzar bebidas no alcohólicas con derivados de la uva.

    Sobre este punto, el Gobernador explicó que el objetivo es “modernizar la legislación acorde al mundo e impulsar un producto que mejore la salud y la nutrición de los argentinos, al tiempo que creará miles de empleos en las economías regionales”. La iniciativa se presenta como una vía para reducir los excedentes vínicos y otorgar un nuevo valor comercial a la producción primaria.

    Gestión provincial: orden fiscal y asistencia financiera

    El mandatario también dedicó parte de su discurso a describir el modelo de administración provincial, sosteniendo que el desarrollo exige un Estado “ordenado, previsible y razonable”. Según detalló, la gestión elegida por Mendoza permitió reducir en cuatro puntos el peso del gasto corriente sobre el Producto Bruto Geográfico en la última década. “Ordenamos para sostener e incrementar el desarrollo y establecer las bases para el crecimiento. Ese es el rol del Estado”, remarcó.

    En cuanto a la asistencia directa al sector, Cornejo enumeró las herramientas financieras diseñadas por Mendoza para mitigar las dificultades del mercado nacional. Destacó la Operatoria de Cosecha y Acarreo para productores de hasta 20 hectáreas, la cual cuenta con financiamiento cercano al 20% anual. Asimismo, mencionó líneas de crédito para malla antigranizo, eficiencia hídrica y maquinaria, con plazos de hasta cinco años.

    La inversión pública y el apoyo directo al sector agroindustrial superaron los 107.800 millones de pesos, incluyendo programas como la lucha contra la Lobesia Botrana, el Fondo Compensador del Seguro Agrícola y el subsidio de tasas. Cornejo precisó que, sumando los beneficios fiscales como la alícuota reducida de Ingresos Brutos del 0,75% para el agro, el aporte total de Mendoza alcanzó los 148.833 millones de pesos. “La diferencia entre las tasas del mercado y las que reciben los productores la absorbe el Estado mendocino”, subrayó.

    En materia de comercio exterior, el Gobernador de Mendoza destacó hitos recientes, como la igualación del arancel del 10% con Chile en el mercado de Estados Unidos, lo que eliminó una asimetría histórica. También defendió la vigencia del Certificado Obligatorio de Ingreso de Uva (CIU) para proteger la trazabilidad y las denominaciones de origen.

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  • En dos años se duplicó la proporción de depósitos privados que financia préstamos a empresas y familias

    En dos años se duplicó la proporción de depósitos privados que financia préstamos a empresas y familias

    La decisión del gobierno de Javier Milei de ordenar las finanzas públicas y recapitalizar el Banco Central de la República Argentina, mediante la eliminación de los pasivos remunerados -depósitos privados en los bancos absorbidos mediante instrumentos de regulación monetaria, como las Letras del BCRA (Lebac), Letras de liquidez (Leliq) y operaciones de pase con garantía de títulos públicos-, obligó a las entidades financieras a centrarse en su función primaria: otorgar crédito, principalmente a empresas e individuos.

    Ese giro comenzó de forma moderada en el segundo semestre de 2024, cuando el Ministerio de Economía y el Banco Central coordinaron la transferencia de los pasivos remunerados, creados para financiar desequilibrios de la Administración Central, que habían alcanzado un máximo equivalente a USD 64.105 millones en el último mes de gobierno de Alberto Fernández y se extinguieron en julio de 2024.

    A partir de ese momento, las estadísticas del BCRA registran un crecimiento sostenido de la proporción de los depósitos privados respecto del total del crédito a empresas y familias. Pasó del 48,2% heredado en el segmento de pesos (equivalente a USD 84.438 millones en noviembre de 2023, al tipo de cambio atrasado de entonces), cayó a un mínimo de 41,1% en enero de 2024 (luego del sinceramiento cambiario que redujo los depósitos equivalentes en dólares a 46.576 millones) y alcanzó 68,6% al cabo del primer año de gestión y 87,1% en el segundo año. En febrero de 2026 se ubicó en 86,2% sobre un total de imposiciones en moneda nacional equivalente a USD 74.997 millones.

    El crédito a empresas y familias pasó de 48,2% de los depósitos en pesos en noviembre de 2023 a 86,2% en febrero de 2026; y en dólares de 26,3% a 52,1% de esas imposiciones en esos meses

    En la franja de dólares también se observó un cambio en el destino de los fondos que las entidades bancarias recibieron de sus clientes. El total de préstamos, principalmente a empresas generadoras de divisas en forma directa (exportadoras) y en menor medida a las que producen insumos cuyo destino principal es la fabricación de productos para exportación, pasó de 26,3% en noviembre de 2023 (USD 3.747 millones) y un mínimo de 22,4% en enero de 2024 (USD 3.547 millones) a un máximo de 56,2% en septiembre de 2025 -previo a las elecciones legislativas- (USD 18.329 millones).

    En febrero retrocedió a 52,1% de los depósitos -aunque comenzó a recuperarse tras haber descendido a 50,1% en diciembre-, pero en monto alcanzó el máximo desde la salida de la convertibilidad en 2001, con USD 19.850 millones.

    Cambios en la operatoria bancaria

    El retiro del Tesoro como principal receptor de los depósitos bancarios, ya sea de forma compulsiva -como los aumentos de los encajes (inmovilización de fondos captados de clientes)- o de manera voluntaria ofreciendo altas tasas con certeza de pago por vencimiento y renovación a muy corto plazo, generó cambios tanto en la composición de los depósitos como en los préstamos del sector privado.

    Del total de las colocaciones, las constituidas en pesos equivalentes en dólares pasaron de representar un máximo de 85,6% del total ($ y USD) en noviembre de 2023 a un mínimo de 65,6% en octubre de 2025 y 66,3% en febrero último.

    El retiro del Tesoro como principal receptor de los depósitos bancarios, ya sea de forma compulsiva -como los aumentos de los encajes- o voluntaria potenció la actividad financiera con la actividad privada

    Por el contrario, la franja en moneda extranjera elevó su participación de 14,4% a 33,7% -tocando un máximo de 34,4% en octubre-, en línea con los objetivos oficiales de fomentar la dolarización en el sistema bancario mediante la captación de los “dólares en el colchón”, primero a través del blanqueo (2024) y últimamente con la reglamentación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal.

    El nuevo escenario macroeconómico, con un plan de estabilización de precios que permitió que la inflación, que en diciembre registraba 25,5% mensual y 211,4% anual -tras el sinceramiento cambiario, la suba de tarifas y la flexibilización de precios aún regulados-, se redujera a menos de 3% mensual y 33% anual, respectivamente, en la actualidad, provocó que los depósitos destinados a transacciones corrientes de empresas y familias perdieran representatividad sobre el total, en tanto ganaron espacio los vinculados al ahorro (plazos fijos a tasa de interés y ajustables por inflación, en dólares).

    Empresas e individuos salen del cortoplacismo y colocan sus excedentes a más de 30 días en el sistema bancario

    Las imposiciones de tipo transaccional pasaron de representar 45,3% al fin del gobierno anterior a 28,9% actualmente. Disminuyeron en 27 meses de presidencia de Milei, de un equivalente agregado de USD 44.736 millones a USD 32.634 millones (27,1%). Sin embargo, si se toma como referencia diciembre de 2023 -posdevaluación-, aumentaron 9 por ciento.

    Los depósitos para ahorro se incrementaron de 54,7% a 71,1% del total, alcanzando USD 80.435 millones. Crecieron 49,1% con el nuevo gobierno y 125,3% respecto del primer mes de gestión.

    Las variaciones relativas fueron menos marcadas en cuanto al destino del crédito bancario. La proporción de los préstamos totales a empresas en pesos y dólares (dentro del segmento de pesos se consideran los adelantos en cuenta corriente, descuentos de documentos y líneas especiales para el sector productivo -“otros” en la estadística del Banco Central- y el total en moneda extranjera) pasó de 50,9% en noviembre de 2023 y 52,8% en diciembre de ese año a 54,4% en la actualidad. Mientras tanto, los dirigidos a individuos descendieron de 49,1% a 45,6 por ciento.

    En monto equivalente en dólares, ambos segmentos crecieron entre extremos: 103,2% y 76,7%, respectivamente, a USD 45.935 millones y USD 38.573 millones.

    Rezago regional y desafíos a futuro

    A pesar de estos movimientos, el sistema financiero local se mantiene muy rezagado en términos internacionales, con depósitos privados totales ($ y USD) equivalentes a 16% del PBI y préstamos por menos de 12% del PBI, mientras que en la región se ubican en torno de 75% en Chile y Brasil; 57% Paraguay; 55% Ecuador; 46% Perú; 40% Colombia; 35% Bolivia; 31% Uruguay; y 27% México, de acuerdo con los últimos datos del Banco Mundial para 2024.

    Gabriel Martino, empresario y ex CEO del Banco HSBC, afirmó en Infobae en Vivo que el desafío de los bancos es reconvertirse. “Los bancos ganan plata dando créditos”, recordó, y subrayó que para que el sistema vuelva a funcionar se necesitan tasas de interés en pesos que sean “levemente reales positivas” -superiores a la inflación- y una baja volatilidad que genere confianza a largo plazo.

    Bancarización de la economía, Transacciones y ahorro, Empresas e individuos, Desplazamiento al sector público, Dolarización, Últimas noticias, Economía-Argentina

  • Crisis productiva: desde 2023, solo una provincia aumentó empresas privadas y solo dos distritos ganaron empleo formal

    Crisis productiva: desde 2023, solo una provincia aumentó empresas privadas y solo dos distritos ganaron empleo formal

    En los últimos meses resonaron con fuerza casos de empresas que cerraron sus puertas, como Fate, y de compañías que formalizaron su quiebra, como Garbarino; pero la crisis alcanza mucho más allá de las grandes firmas. No solo cerraron miles de empresas en distintas provincias, sino que se crearon muy pocas nuevas unidades productivas.

    De hecho, según un “mapa de empresas” difundido por la consultora Equilibra, solo una provincia del país tiene hoy más firmas que en 2023, justo antes de la llegada del gobierno de Milei: Neuquén, que amplió su universo empresarial un 1,8%, fuertemente influida por el boom de Vaca Muerta. El resto registró caídas, porque hubo más cierres que aperturas.

    La provincia más perjudicada fue Misiones, que en los últimos dos años perdió el 10,3% de sus unidades productivas. El mapa muestra también una situación delicada para La Rioja y Chaco, que sufrieron caídas del 9,6% y del 9,2% respectivamente.

    Otras jurisdicciones cayeron menos, pero igualmente perdieron más empresas de las que abrieron. Fue el caso, por ejemplo, de Corrientes (-8,3%), Córdoba (-7,4%) y Santiago del Estero (-5,9%). Asimismo pueden mencionarse muchos otros casos: un mapa casi completo con números en rojo.

    En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires se registró una caída del 3,8%, mientras que en CABA el universo de empresas sufrió un retroceso de 1,6%.

    Qué pasó con el empleo

    De la mano del cierre de empresas, cayó también el empleo privado formal en prácticamente todo el país. De acuerdo con el análisis de Equilibra, realizado en base a datos oficiales, únicamente dos provincias lograron incrementar el número de trabajadores en la era Milei: Neuquén (7% de crecimiento) y Río Negro (0,4%).

    En el resto del país se encuentran números alarmantes. En Formosa, por ejemplo, el mercado laboral registrado se contrajo 18,5%. También sufrieron caídas estrepitosas Santa Cruz (-16,3%), La Rioja (-15%) y Chaco (-11,4%). En lo que respecta a Buenos Aires, la baja fue del 2,9%, mientras que en CABA hubo una caída del 1,6%.

    Es importante aclarar que, en ambos casos (empresas y cantidad de trabajadores), Equilibra comparó los números correspondientes a noviembre de 2025 contra el promedio registrado entre enero y septiembre del 2023. Es decir que se consideró la etapa previa al cambio de gobierno como punto de referencia.

    El escenario detrás de la crisis

    Para comprender las razones que llevaron a esta retracción generalizada del tejido productivo, Infobae habló con Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra, quien señaló que el desempeño económico del periodo analizado se caracterizó por ser limitado y dispar. De acuerdo con el especialista, la evolución de los indicadores contra el año 2023 muestra un panorama donde la recuperación no fue transversal a todos los sectores de la economía nacional.

    Al analizar la dinámica de la actividad, Carrera explica que el crecimiento registrado respecto a los primeros nueve meses de 2023 fue “magro” y presentó una marcada heterogeneidad. El economista sostiene que, exceptuando al sector agropecuario —cuya mejora responde principalmente a la comparación contra un periodo de sequía extrema—, el resto de la economía no ha mostrado una expansión significativa que permita la creación de nuevas compañías.

    “Magro en el sentido de que casi no creciste contra los primeros nueve meses del 2023, salvo el agro, que se recuperó post sequía”, indica Carrera. Al desglosar los componentes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) o el Producto Bruto Interno (PBI) no agropecuario, el analista observa que, si bien sectores como energía, intermediación financiera, hoteles y restaurantes registraron ciertos avances, esto no se tradujo necesariamente en el fortalecimiento del ecosistema empresarial formal.

    En este sentido, el especialista de Equilibra advirtió sobre una aparente contradicción entre el crecimiento de ciertos sectores estratégicos y la capacidad de estos para sostener la cantidad de empresas y puestos de trabajo. Según Carrera, en rubros como energía e intermediación financiera se observa una destrucción de puestos de trabajo privados formales, fenómenos que “no están asociados a creación de empresas prácticamente”.

    La excepción de Vaca Muerta y el impacto regional

    La excepción que confirma la regla en este mapa de caída generalizada es Neuquén. El crecimiento del 1,8% en su universo de empresas y del 7% en el empleo formal encuentra su explicación en el desarrollo de los recursos energéticos. “Neuquén y la energía no convencional es la excepción con Vaca Muerta”, afirmó Carrera, diferenciando este fenómeno de lo que ocurre en otras jurisdicciones de la misma región.

    La disparidad dentro de la Patagonia se hace evidente al contrastar el dinamismo de los hidrocarburos no convencionales con la situación del petróleo convencional. Mientras Neuquén logró cifras positivas, otras provincias vecinas sufrieron el impacto del declive de la actividad tradicional. Al respecto, el economista subrayó: “Se destruyeron puestos de trabajo en otras provincias de la Patagonia por el cierre de petróleo convencional”. Esta divergencia explica por qué el crecimiento, al ser tan localizado y sectorial, no logró revertir la tendencia negativa en el resto del territorio nacional.

    La calidad del empleo y el avance de la informalidad

    Otro de los puntos centrales del análisis de Carrera reside en la distinción entre actividad económica y estructura empresarial formal. El informe sugiere que la recuperación parcial de algunos sectores orientados al mercado interno, como hoteles y restaurantes, no está ligada a la conformación de nuevas unidades productivas, sino a modalidades laborales más precarias.

    “Hay un empeoramiento de la calidad del empleo. Se están destruyendo actividades económicas de mayor calidad y se están remplazando por trabajos de peor calidad que no están asociados en empresas formales”, sostuvo el economista. Esta degradación del mercado laboral implica que, aunque exista movimiento económico, este se canaliza a través del trabajo cuentapropista o informal, el cual funciona muchas veces como un “complemento para ingresos laborales más endebles”, agregó.

    Los sectores más golpeados

    En la vereda opuesta al crecimiento de la informalidad se encuentra el sector asalariado privado formal, que es el que Carrera identifica directamente con la existencia de empresas constituidas. Es en este segmento donde se registra la mayor destrucción de puestos y, consecuentemente, de unidades productivas.

    El análisis de Equilibra identifica dos sectores clave como los principales responsables de esta caída: la industria y la construcción. Estas áreas, que históricamente han sido grandes generadoras de empleo registrado y de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), son las que presentan el panorama más sombrío.

    Esta dinámica explica las fuertes caídas registradas en provincias con perfiles industriales o dependientes de la obra pública y el consumo interno. La sustitución de empleos en empresas formales por modalidades de trabajo independiente o no registrado termina por configurar un mapa donde la supervivencia de las compañías privadas es la excepción y no la regla.

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  • Cómo funciona la calculadora del BCRA que calcula intereses de juicios laborales con tasas pasivas según la Ley 27.802

    Cómo funciona la calculadora del BCRA que calcula intereses de juicios laborales con tasas pasivas según la Ley 27.802

    Desde la entrada en vigor de la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un sistema digital para actualizar pasivos laborales. Esta calculadora online tiene por objetivo principal determinar los intereses correspondientes a créditos derivados de relaciones individuales de trabajo que se encuentren en instancia judicial sin sentencia firme.

    El funcionamiento de la herramienta se ajusta a lo dispuesto en el artículo 55 de la nueva normativa, que establece criterios de indexación y topes para los montos reclamados. La plataforma permite a las partes involucradas —empleados, empleadores, abogados y magistrados— obtener de forma automática una cifra actualizada, eliminando la discrecionalidad en el cálculo de los intereses moratorios.

    Parámetros de carga y procesamiento de datos

    La interfaz de la calculadora del BCRA solicita datos básicos para iniciar la actualización. En primer lugar, el usuario debe ingresar el monto histórico o capital inicial del crédito laboral objeto del reclamo. Luego se precisa el período por el cual devengan intereses, indicando la fecha de inicio de la mora o del conflicto y la fecha de corte para el cálculo.

    Con esa información, el sistema aplica de forma automática la serie de tasas de interés pasivas que el Banco Central elabora específicamente para este fin. Dicha serie se basa en el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras abonan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días. Según los registros de la autoridad monetaria, esta base de datos comenzó a formarse el 3 de junio de 1993 y se actualiza diariamente para reflejar las condiciones vigentes del mercado financiero.

    El sistema de topes

    Un elemento central de la calculadora es la aplicación de los límites máximos y mínimos previstos por la reforma laboral. La herramienta no solo calcula el resultado con la tasa pasiva, sino que lo contrasta simultáneamente con otros dos indicadores para garantizar que el monto final se ajuste a la legalidad vigente.

    • El límite máximo (Inciso B): el sistema determina el valor que resulta de aplicar al capital histórico la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) provisto por el INDEC, más una tasa de interés pura del 3% anual. Ese resultado actúa como techo: si el cálculo por tasa pasiva lo supera, la calculadora indicará que se ha alcanzado el tope.
    • El límite mínimo (Inciso C): la herramienta también establece un piso infranqueable para la actualización, que no puede ser inferior al 67% del cálculo obtenido mediante la fórmula de IPC más el 3% anual.

    Para garantizar precisión, la calculadora utiliza el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un índice que el propio Banco Central confecciona diariamente y que refleja la evolución de la inflación medida por el INDEC. De ese modo, la plataforma muestra tres escenarios posibles para un mismo crédito laboral, favoreciendo la transparencia en la liquidación de las deudas.

    Marco normativo y aplicación judicial

    La operatividad de esta calculadora responde estrictamente al Decreto 137/2026 y a la Ley 27.802. La normativa especifica que estas reglas de cálculo son de orden público, por lo que el funcionamiento de la calculadora del BCRA constituye la referencia obligatoria para jueces y autoridades administrativas, que pueden aplicar sus criterios de oficio o a pedido de cualquiera de las partes.

    La aplicación de estos intereses rige para todos los juicios en trámite que no cuenten con sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de la ley. Incluye también los recursos de queja pendientes de resolución en instancias superiores. Incluso en situaciones críticas de la parte deudora, como concursos preventivos o declaraciones de quiebra, la calculadora sigue siendo el instrumento técnico para fijar los intereses correspondientes.

    Objetivos de la herramienta digital

    La publicación de esta serie estadística y de la calculadora persigue unificar los criterios de liquidación en el fuero laboral. Centralizar la metodología en el sitio oficial de la autoridad monetaria busca reducir la litigiosidad técnica sobre el método de actualización a utilizar.

    La difusión diaria de las tasas garantiza que la información esté actualizada y refleje la evolución económica real, brindando previsibilidad a las transacciones legales derivadas de la Ley de Modernización Laboral. Con este sistema, el BCRA ofrece un soporte técnico que automatiza el cumplimiento del artículo 55, permitiendo comparar directamente la tasa pasiva oficial con los mecanismos de ajuste por inflación más el interés adicional del 3%.

    En definitiva, el sistema opera como un verificador técnico de la deuda laboral: la tasa pasiva actúa como referencia principal de actualización, pero siempre contenida dentro de los márgenes que imponen el IPC y el coeficiente de estabilidad, asegurando que el crédito no se licúe por debajo del piso del 67% ni supere el techo que resulta de la inflación más el interés anual establecido.

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  • Más cambios en el gobierno: Caputo suma a Ernesto Talvi, economista uruguayo, exsenador y canciller, al equipo económico

    Más cambios en el gobierno: Caputo suma a Ernesto Talvi, economista uruguayo, exsenador y canciller, al equipo económico

    “Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” señaló en un posteo en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

    Desde el Palacio de Hacienda indicaron que Talvi se suma como asesor. Se trata de un economista uruguayo con una marcada vocación política, que incorporó de lleno en 2018 cuando fundó el movimiento liberal-progresista “Ciudadanos”, dentro del Partido Colorado de Uruguay.

    Antes de integrarse al equipo económico se desempeñaba como investigador visitante del Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, dirigido por el economista argentino-mexicano Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. También es investigador en el Real Instituto Elcano, de España, y fue director de la iniciativa de Política Económica y Social en América Latina de la Brookings Institution en Washington.

    Su fuerte vocación política se profundizó cuando fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, aunque se retiró de la actividad política en 2021.

    En lo académico, es doctor en Economía y tiene un Master en Finanzas por la Universidad de Chicago, además de ser licenciado en Economía por la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

    La llegada de Talvi al equipo económico podría estar relacionada con la posible salida del economista chileno José Luis Daza, a quien se ha mencionado como probable integrante del gabinete del presidente electo de Uruguay, José Antonio Kast, que asumirá la presidencia chilena la semana próxima, más precisamente el miércoles, 11 de enero.

    Si Talvi y Daza coinciden en el gabinete económico argentino, Caputo podrá decir que su equipo es un combinado del Cono Sur. Desde Economía confirmaron que Daza es el actual viceministro, aunque eludieron responder de manera afirmativa sobre su continuidad en el equipo que encabeza Caputo.

    Por su trayectoria internacional, Talvi podría contribuir especialmente en cuestiones de comercio y acuerdos internacionales. Un estudio de su autoría, publicado en diciembre pasado por el Real Instituto Elcano, aborda el comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

    “La nueva realidad geopolítica y el impulso proteccionista de EEUU -dice el documento- está provocando una profunda transformación estructural en el sistema internacional de comercio: una redefinición de su arquitectura con nuevas prioridades que surgen centradas en la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro, la autonomía estratégica y el realineamiento geopolítico”.

    Según Talvi, en ese escenario de creciente rivalidad geopolítica y proteccionismo, la Unión Europea está rediseñando su arquitectura comercial global para fortalecer su seguridad económica y sus cadenas de suministro, intensificando la expansión y modernización de su red de acuerdos de libre comercio. En ese marco, explica, América Latina y el Caribe se destacan como un socio confiable, afín y económicamente complementario. “La región ofrece precisamente lo que la UE necesita más, materias primas críticas como litio y cobre, y abundantes fuentes de energía renovable esenciales para la transición verde y digital. La UE, a su vez, tiene el capital, la tecnología y el conocimiento para promover el desarrollo de cadenas de producción birregionales de alto valor agregado”.

    Según Talvi, una vez ratificado el acuerdo UE-Mercosur, la red de acuerdos comerciales de la UE con ALC cubrirá el 97% del PIB regional, muy por encima de la cobertura de Estados Unidos (44%) y China (14%).

    Sin embargo, aclara, “esta red aún no está completamente interconectada: la fragmentación de los regímenes de origen actuales impide la combinación de insumos de diferentes países —incluso si tienen acuerdos bilaterales con la UE y entre sí— para beneficiarse de las preferencias arancelarias, lo que limita la creación de cadenas de valor birregionales”.

    Para superar esa fragmentación, propone un mecanismo de “acumulación diagonal flexible” que aproveche los acuerdos bilaterales vigentes. Eso permitiría que los insumos de países que tengan acuerdos bilaterales con la UE y entre sí sean considerados como “originarios”, sin necesidad de modificar las reglas de origen específicas de cada tratado. La adopción de un “protocolo común” sería la base regulatoria para implementar este sistema de “acumulación diagonal flexible” y se incorporaría como anexo a los acuerdos existentes entre la UE y los países o bloques de países de América Latina, sin necesidad de renegociarlos.

    Esta propuesta, escribió, sería el trampolín para la creación de un área económica birregional integrada UE-América Latina “que abarcaría a 1.100 millones de personas y un PIB comparable al de Estados Unidos, un área que permitiría un incremento de hasta el 70% en el comercio birregional y del 40% en el comercio intrarregional, y facilitaría la articulación de cadenas industriales birregionales, con gran potencial en cadenas descarbonizadas de alto valor agregado”.

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  • Juicio por YPF: Amerio, en su primera medida como procurador, pidió frenar pesquisas hasta definir la apelación de fondo

    Juicio por YPF: Amerio, en su primera medida como procurador, pidió frenar pesquisas hasta definir la apelación de fondo

    La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a través del estudio neoyorquino que la representa, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones para suspender el intrusivo proceso de “Discovery” exigido por los demandantes, a quienes acusa de convertir el proceso “en un circo”.

    Es la primera medida de Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro –su designación fue confirmada ayer– en el mayor juicio que afronta este organismo, el cuerpo de abogados del Estado. La demanda, que ya lleva más de una década en la corte de Loretta Preska, en Nueva York, tuvo un fallo adverso en primera instancia en 2023, por el cual se condenó al Estado a pagar USD 16.000 millones por la expropiación irregular de la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

    Ese fallo fue apelado y, en paralelo, mientras la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York decide —algo que se cree podría ocurrir en los próximos meses— Burford Capital, el principal beneficiario, lanzó una serie de intentos para acelerar el pago. Solicitó el turnover de acciones, la declaración de desacato contra el Estado y trató de acreditar el alter ego (que el Estado y la empresa son “lo mismo”), entre otras medidas. Todas estas acciones derivaron en presentaciones, decisiones de Preska y apelaciones puntuales. Ese proceso enmarañado es el que ahora, de manera urgente, el Estado argentino pide frenar hasta que se defina la apelación de fondo: si el fallo de Preska de primera instancia es válido o no.

    En concreto, la PTN solicitó la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia mientras se resuelve la apelación de fondo.

    “En la presentación se solicita la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026″, detalló el organismo, y remarcó que el 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU presentó un escrito en respaldo de la posición argentina, señalando que el discovery resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior. Además, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF.

    “En su escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens. Asimismo, advierte que la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras. También destaca que el interés público aconseja evitar impactos en las relaciones exteriores y posibles ineficiencias procesales si la decisión de fondo torna abstractas las controversias vinculadas a la ejecución”, destacó el ente ahora comandado por Amerio.

    La PTN explicó que Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango. “Además, en cumplimiento de la orden emitida respecto de dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, aseguraron.

    El documento presentado ante la Cámara de Apelaciones sostiene que la suspensión (stay) de discovery es la medida apropiada en esta etapa del proceso judicial; que Argentina prevalecerá en base a los méritos del caso; que el país sería “irreparablemente dañada” si la Cámara no la concede; que los demandantes no sufrirán perjuicios por la suspensión; y que el “interés público” pesa fuertemente a favor de detener el discovery.

    “Desde entonces, mientras se espera la decisión sobre el fondo de este Tribunal, los demandantes han convertido la producción de pruebas relacionada con la ejecución en un circo”, detalló el documento.

    Cambios en la PTN

    Luego de los cambios en el ministerio de Justicia, ayer se oficializó la designación de Sebastián Amerio en la PTN.

    Además, se informó que Santiago María Castro Videla, hasta ahora al frente del organismo, pasó a ser subprocurador y se suma a los otros dos cargos similares ya existentes, a cargo de Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.

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  • Qué pasará con los contratos de trabajo antiguos tras la reforma: cambios en indemnizaciones, prueba y banco de horas

    Qué pasará con los contratos de trabajo antiguos tras la reforma: cambios en indemnizaciones, prueba y banco de horas

    Tras la promulgación de la reforma laboral, numerosos trabajadores quieren saber cómo afectarán las nuevas normas a quienes ya están contratados bajo el régimen anterior. Los cambios en la contratación, los despidos y el registro de personal concentran la mayor atención, porque inciden tanto en la estructura de costos de las empresas como en los derechos ya consolidados de los empleados.

    La ley de Modernización Laboral extiende las nuevas pautas a los contratos preexistentes, especialmente en lo relativo a la finalización de la relación laboral. Si bien la regla general prohíbe la retroactividad, en el ámbito laboral existen matices cuando los contratos siguen vigentes y subsisten efectos u obligaciones pendientes de ejecución.

    El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo sentenció con contundencia: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. De este modo, ratificó que los cambios contemplados alcanzarán tanto a los contratos previos como a los que se celebren después de la promulgación de la ley.

    Despidos e indemnizaciones

    Uno de los principales debates gira en torno a la transformación del régimen indemnizatorio. La ley habilita reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por fondos de cese laboral o modelos de capitalización, análogos a los del sector de la construcción. Así, para las relaciones laborales vigentes la fecha de entrada en vigor resulta determinante: si la desvinculación ocurre después de la promulgación, el cálculo se realizará conforme a las nuevas reglas.

    Abogados laboralistas y previsionalistas advierten que la posibilidad de impugnar la aplicación inmediata de estos cambios es reducida. Su fundamento es que, aunque la relación laboral se hubiera iniciado bajo otra norma, el hecho generador —el despido— acontece ya bajo la nueva normativa. Por lo tanto, los nuevos criterios para calcular indemnizaciones, la eliminación de recargos por empleo no registrado y los topes fijados por la reforma serán aplicables a quienes ya estaban contratados, lo que podría reducir los montos a pagar por la finalización de la relación.

    Período de prueba y banco de horas

    El texto también amplía el período de prueba, que pasará de tres meses a seis u ocho meses, según el tamaño de cada empresa. En este punto la distinción entre contratos anteriores y posteriores es clara: quienes ya hayan superado el período de prueba mantienen su estabilidad laboral, un derecho adquirido que no puede ser revertido por la reforma sin entrar en conflicto con la Constitución.

    La normativa incorpora la figura del “banco de horas”, que permite compensar las horas extra con días libres en lugar de pagos adicionales. Para quienes ya están empleados, la adopción de este sistema dependerá de acuerdos entre empleador y trabajador y no será automática.

    En materia de responsabilidad solidaria en esquemas de subcontratación, la normativa restringe la posibilidad de reclamar a la empresa principal a los casos de fraude o negligencia grave. Así, la protección de quienes trabajan para empresas tercerizadas quedará acotada una vez que la ley entre en vigor, sin que importe la antigüedad del vínculo.

    Plataformas digitales y registro laboral

    La reforma también modifica la situación de quienes trabajan en plataformas digitales de reparto y transporte, excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo y reconociéndolos como independientes con un régimen especial. Esto dificultará futuros reclamos por el reconocimiento de una relación de dependencia.

    En el terreno de la informalidad, la ley busca promover el registro de trabajadores no declarados, ofreciendo a los empleadores la condonación de deudas y sanciones. No obstante, la regularización se efectuará bajo un esquema que facilita la desvinculación en comparación con el régimen anterior.

    En definitiva, la reforma laboral no se limita a las nuevas contrataciones: establece nuevas reglas para la resolución de conflictos, los despidos y la organización de los vínculos laborales, abarcando también relaciones iniciadas en el pasado y ofreciendo un marco más flexible para las empresas.

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  • Guerra en Medio Oriente dispara precio de fertilizantes y amenaza campaña 2026/2027; importaciones 2025: USD 2.000 M

    Guerra en Medio Oriente dispara precio de fertilizantes y amenaza campaña 2026/2027; importaciones 2025: USD 2.000 M

    Si bien el precio del petróleo suele considerarse el principal termómetro económico del impacto de la guerra en Medio Oriente, el conflicto golpeó con mayor intensidad al precio del gas —especialmente al comercio de GNL transportado en buques metaneros— y al de los fertilizantes, cuyo insumo principal es, precisamente, el gas.

    Esto tiene una importancia decisiva para el campo argentino. Guido D’Angelo, economista e investigador de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), precisó a Infobae que cerca del 50% del consumo de fertilizantes en la Argentina es importado y que en 2025 el país acumuló dos años consecutivos de aumento de las compras, algo que no sucedía desde hacía tiempo.

    El año pasado, el país importó algo más de USD 2.000 millones en fertilizantes, un incremento del 38% respecto de 2024. Ese salto se debió en parte a una parada técnica de Profertil y a un temporal en Bahía Blanca, que también afectó la operación de la principal planta productora de fertilizantes del país.

    Un estudio de la BCR precisa que los dos principales renglones de importación son la urea, un fertilizante nitrogenado clave en la producción de trigo y maíz, y el fosfato monoamónico, MAP, el principal fertilizante fosfatado, utilizado en soja. La importación de fertilizantes potásicos tiene menor peso y se distribuye entre una amplia variedad de productos. Según datos de la Asociación Civil Fertilizar y de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), maíz y trigo concentran el 70% del consumo de fertilizantes del país. La soja explica solo el 8% del consumo, principalmente en forma de fosfato monoamónico. Además, el maíz sufrió un impacto negativo en materia de precios, ya que Irán —principal importador mundial— se abastece mayormente desde Brasil.

    El salto de la urea

    Según el “Reporte informativo de fertilizantes” de la consultora Ingeniería en Fertilizantes (IEF) fechado este viernes, que incluye el gráfico de abajo, del 26 de febrero al 5 de marzo el precio de la urea tuvo aumentos de entre 23 y 80 dólares por tonelada (según mercado, incluyendo costo y flete). En porcentaje, las variaciones fueron desde 11% del precio internacional FOB hasta aumentos del 14% en el Báltico, 18% en Egipto y 15% en Brasil. El reporte describe un escenario de crisis, con interrupciones en producción, logística y comercio internacional, tanto en el mercado global como en la Argentina.

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    “El impacto se concentró en el Estrecho de Ormuz, corredor por donde circula cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes, incluyendo urea, amoníaco y materias primas fosfatadas. La reacción fue inmediata: retiro de ofertas de productores, traders cubriendo posiciones, subas abruptas en precios físicos y derivados, paralización de compradores y problemas logísticos severos con buques detenidos, navieras suspendiendo tránsito y aseguradoras retirando cobertura. Incluso se declararon casos de fuerza mayor en cargamentos hacia India. La urea llegó a subir hasta 40% en pocos días, acercándose a los máximos observados durante la crisis energética de 2022”, dice un pasaje.

    En consecuencia, el salto de precios comenzó a trasladarse a Sudamérica. Al cierre de la semana, los precios CFR (esto es, costo y flete) ya habían aumentado 160 dólares la tonelada en el caso de la urea (para trigo y maíz) y 50 dólares la tonelada para los fosfatados (entre los cuales está el MAP, que usan los productores de soja argentinos) en solo siete días.

    “En Argentina la reacción de la cadena comercial fue defensiva. Importadores y distribuidores prácticamente se retiraron del mercado ante la dificultad de estimar costos de reposición en un contexto de extrema volatilidad. Recién hacia el final de la semana reaparecieron ofertas muy cautelosas para cubrir necesidades puntuales de corto plazo”, dice el informe de IEF.

    “Afortunadamente estamos más en tiempo de cosecha que de siembra, por lo que el consumo de fertilizantes no es ahora tan elevado, pero el aumento de precios sí está sucediendo a las puertas de la siembra en el hemisferio norte, en particular en EEUU, y eso pone presión adicional sobre los precios de los granos”, explicó D’Angelo, quien también precisó que el grueso de las importaciones de fertilizantes ocurre en la segunda mitad del año, pero las decisiones al respecto deben tomarse en mayo. Es decir, dentro de aproximadamente dos meses.

    De hecho, señala el Reporte de Fertilizantes, “en este momento del año, Argentina, Uruguay y Paraguay no presentan urgencia de compra frente a mercados como EEUU, Brasil o India, lo que reduce el incentivo de los traders a asumir riesgo comercial en la región. Factores clave a monitorear: evolución del conflicto en Medio Oriente, reapertura del Estrecho de Ormuz, continuidad de exportaciones desde Omán (actual vía logística viable), posicionamiento de India en el mercado y comportamiento de la demanda brasileña”.

    La paralización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y la interrupción de operaciones energéticas en la región generaron una rápida reacción alcista de los fertilizantes.

    Oferta muy concentrada

    “Al tratarse de una zona que concentra una porción significativa de las exportaciones globales de urea, las restricciones logísticas y productivas provocaron una inmediata búsqueda de orígenes alternativos. Al mismo tiempo, el aumento en los precios del gas natural y la incertidumbre sobre la disponibilidad de cargamentos incrementaron la volatilidad del mercado. A pesar del fuerte movimiento de precios, la demanda final agrícola continúa condicionada por la relación desfavorable entre fertilizantes y commodities agrícolas. En India surgieron riesgos para el abastecimiento debido a la posible interrupción de cargamentos provenientes de Medio Oriente comprometidos en recientes licitaciones de importación. La suspensión de exportaciones de LNG desde Qatar también amenaza con reducir la producción doméstica de urea al afectar el suministro de gas utilizado como insumo en las plantas”.

    En gran medida, esto responde a que la producción en Qatar se detuvo por ataques a la infraestructura energética. En Irán la actividad productiva se paralizó y algunos embarques se despacharon desde puertos de Omán.

    En Europa, el aumento del gas natural y la incertidumbre sobre el suministro provocaron fuertes alzas. En EEUU, la expectativa de menor oferta global impulsó el mercado de cara a la temporada de aplicación de primavera, y en Brasil el incremento del costo de reposición redujo la actividad comercial.

    Al igual que el de la urea, el mercado de fertilizantes fosfatados como el MAP, para la producción de soja, también está atravesado por la incertidumbre. “La posible interrupción de exportaciones desde Arabia Saudita y el encarecimiento de materias primas como azufre y amoníaco llevaron a numerosos productores a retirar ofertas y adoptar una postura cautelosa”, dice el Reporte.

    El mercado de EEUU es el más dinámico, debido a la cercanía de la campaña de primavera (boreal), mientras Sudamérica y Europa parecen en situación de espera. “En América Latina –prosigue- el mercado brasileño permanece prácticamente paralizado, con proveedores e importadores retirados de las negociaciones mientras evalúan la evolución del conflicto. Sin embargo, se reportaron operaciones de MAP ruso con destino a Brasil y al Cono Sur que reflejan valores superiores a los de semanas previas”.

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  • Analistas: ¿inflación debajo del 1% en agosto y un IPC que podría empezar en cero, como deslizó caputo?

    Analistas: ¿inflación debajo del 1% en agosto y un IPC que podría empezar en cero, como deslizó caputo?

    Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaron que la inflación perforará el 1% mensual en agosto próximo o en los meses subsiguientes.

    Con los precios avanzando más cerca del 3% que del 2%, los analistas ven desafíos para la ambiciosa meta que el Gobierno se fijó para este año. Entre esos obstáculos están el reacomodamiento de precios relativos y regulados, como las tarifas de servicios públicos, y la pérdida de dos anclas que se emplearon en los primeros dos años de gestión para el proceso de desinflación.

    Coincidiendo con las previsiones presidenciales, Caputo afirmó en declaraciones recientes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) quebrará el 1% durante el octavo mes de 2026. Admitió, además, que intentar llevar la medición anual a un dígito anual exige un “programa mucho más agresivo” que el aplicado por países que lograron domar el flagelo inflacionario en poco tiempo.

    Intentar llevar la medición anual a una dígito anual requiere un “programa mucho más agresivo” que el que aplicaron países que lograron domar el flagelo inflacionario en poco tiempo (Caputo)

    En concreto, Economía pretende volver al sendero de desinflación mediante un esquema que mantiene y profundiza el superávit fiscal —esto es, sin emitir pesos para financiar desequilibrios fiscales— combinado con una política monetaria restrictiva.

    A pesar de los pronósticos oficiales, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestra que, al menos hasta agosto, el IPC no arrancará en 0. El sondeo, que recoge proyecciones de las principales consultoras, bancos y entidades financieras del país, plantea una trayectoria descendente desde el 2,7% en febrero hasta el 1,5% en agosto.

    Procesos de estabilización en países como Israel, Perú y Chile indican que reducir inflaciones muy elevadas —por encima del 100% anual— hasta niveles cercanos al 30% suele lograrse en plazos relativamente cortos. No obstante, bajar desde ese 30% hasta tasas de un dígito anual demanda más tiempo y enfrenta mayores obstáculos. Parte de esa dificultad se explica por los ajustes en los precios relativos, que son más complejos cuando la inflación deja de ser tan alta y las distorsiones se vuelven menos evidentes.

    La clave está en cómo los cambios en precios relativos impactan el promedio del índice. Si rubros puntuales —como la carne o ciertos alimentos— suben mucho más que otros, el IPC puede mostrar un aumento aunque la mayoría de los precios se mantenga estable o disminuya. Eso no necesariamente refleja una inflación generalizada, sino variaciones concentradas en determinados sectores.

    Parados con los ojos de hoy y con lo que ha pasado en los últimos meses parece difícil: suba de los servicios públicos, la carne, el turismo y ahora en marzo la educación (Tiscornia)

    Según la visión oficial, descontados los efectos de la devaluación y de la inflación internacional, el indicador podría ubicarse por debajo del 1%, reflejando una mayor estabilidad en el resto de los precios.

    La mirada de los analistas

    Los economistas consultados por Infobae coinciden, en distinto grado, en que la meta fijada desde las altas esferas del Poder Ejecutivo resulta, cuando menos, desafiante. Los principales factores que limitarían una baja tan contundente de la inflación son el reordenamiento de los precios relativos y el abandono de las anclas cambiaria y salarial para frenar el proceso inflacionario.

    Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T, argumentó que “el Gobierno va haciendo cosas para que eso ocurra: ha corregido la situación fiscal, es prudente y bastante duro monetariamente, con lo cual podría bajar en algún momento fuertemente la inflación”.

    Tiscornia explicó: “Parados con los ojos de hoy y con lo que ha pasado en los últimos meses parece difícil, pero lo cierto es que también en ese período hubo factores puntuales, como la suba de los servicios públicos, la carne, el turismo y ahora en marzo la educación. Entonces, es difícil animarse a decir que va a arrancar con cero”.

    Desde la perspectiva de C&T, el rumbo actual para desacelerar la suba de precios es “correcto”, aunque para alcanzar una cifra alineada con el resto del mundo es necesario “cambiar comportamientos que están muy arraigados en Argentina”, en referencia a decisiones de consumidores y empresas que pueden alimentar la inercia inflacionaria.

    Por su parte, la economista de LCG, Florencia Iragui, sostuvo que en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, “resulta difícil pensar en poder reducir el porcentaje de inflación mensual con rapidez y en una magnitud bastante elevada; no quiero decir imposible, pero sin ir más lejos, resulta difícil recortar 2 puntos porcentuales del IPC cuando el gas en febrero presentó subas cercanas al 17% mensual”.

    Iragui enfatizó que la persistencia de la inercia inflacionaria constituye un desafío. Ante la posibilidad de que la inflación se acelere o, en el mejor de los casos, se mantenga en los niveles actuales, la dinámica es difícil de revertir y complica que el registro caiga por debajo del 1% mensual.

    Resulta difícil recortar 2 puntos porcentuales del IPC cuando el gas en febrero presentó subas cercanas al 17% mensual (Iragui)

    Según ella, la caída del indicador de variación de precios al consumidor dependerá de la evolución de la actividad económica, de las importaciones —que actúan como ancla frente a los precios locales— y de las medidas que adopte el equipo económico en los próximos meses.

    Para Guido Zack, director de Economía de Fundar, es poco probable que se materialice el escenario que vislumbra el oficialismo. En tal sentido, subrayó que el principal objetivo debería ser lograr una reducción estable de la inflación por debajo del 2% mensual.

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    Zack explicó que “hay movimientos de precios relativos que impiden que la desinflación del 30% al 10% sea rápida. En particular, destacó que las tarifas están rezagadas, lo que impacta en prácticamente todos los precios de la economía, y que dicho rezago se mantiene a través de subsidios. En consecuencia, si el Gobierno quiere reducir el gasto público por ese lado, eso tiene un impacto inflacionario”.

    Martín Kalos, director ejecutivo de Epyca Consultores, coincidió en que el Gobierno precisa de “tiempo y paciencia” para bajar la inflación a niveles internacionales. Además, subrayó que se agotaron las dos anclas que se utilizaron en la primera parte del plan de estabilización: los salarios y el tipo de cambio.

    El principal objetivo debería ser que la inflación se reduzca de manera estable por debajo del 2% mensual (Zack)

    “Cuando esas dos anclas se agotaron, a mitad de 2025, la inflación dejó de desacelerarse. Si bien hoy hay un leve proceso de apreciación, no hay espacio para que el dólar corra muy detrás del resto de los precios. Y tampoco, en principio, uno querría creer que tampoco van a volver a generar una caída de los salarios. Los salarios están en los niveles de hace dos años, a excepción de los del sector público nacional. Eso tampoco puede volver a ser usado de ancla. A eso se suma las tarifas de servicios públicos, que fueron un poco atrasadas antes de las elecciones”, describió.

    Kalos concluyó: “Si todo le sale muy bien al Gobierno, puede pasar que la inflación empiece con 1%, pero la verdad es que no es el escenario más probable. Lo sano sería que del casi 3% actual vaya bajando y si para fin de año estamos en uno y pico, es un buen dato. El problema ahí es discursivo porque el Gobierno se pone una meta demasiado exigente y que incluso puede ser contraproducente”.

    InflaciónPreciosIPCIndecREMLuis CaputoPrecios relativosJavier MileiÚltimas noticias

  • Carlos Maslatón: ninguna reforma de fondo compensará el desastre cambiario y el atraso complica la actividad económica

    Carlos Maslatón: ninguna reforma de fondo compensará el desastre cambiario y el atraso complica la actividad económica

    El analista financiero Carlos Maslatón hizo un diagnóstico pormenorizado sobre la situación económica de la Argentina. En una entrevista con el equipo de Infobae en Vivo, el abogado sostuvo que el problema central está en la política monetaria y cambiaria, y advirtió que los esfuerzos oficiales en otras áreas serán insuficientes si no se corrige lo que definió como un “desastre” en el mercado de divisas.

    Maslatón admitió que medidas como la reducción de impuestos —especialmente en los niveles municipal y provincial— son positivas, pero señaló que su impacto real queda limitado frente a la distorsión de los precios relativos. El analista afirmó que el “costo argentino” está directamente vinculado a un tipo de cambio que calificó de “artificial” y “sobrevaluado”. En su visión, “ninguna de las reformas de fondo que está haciendo el Gobierno va a compensar el desastre cambiario que hay en el país”, y añadió que la Argentina se volvió cara en moneda dura por la ausencia de un mercado libre.

    La “bicicleta financiera” y el endeudamiento

    Uno de los ejes de la crítica de Maslatón fue el mecanismo de remuneración de pesos que implementa la actual gestión. El analista sostuvo que el Gobierno envía un mensaje claro al inversor: no conviene comprar dólares porque el Estado ofrece, mediante letras y bonos, tasas de interés de entre el 40% y el 45% anual. Según él, esa dinámica asegura una rentabilidad real en moneda extranjera mientras el tipo de cambio oficial permanece contenido o con tendencia a la baja.

    “El país es caro y la economía es recesiva. Te puedo mencionar 20 cosas buenas en política económica, pero la arruinan con el sistema cambiario, monetario y con la deuda pública”, afirmó. Maslatón caracterizó este escenario como una “bicicleta financiera” que favorece a un grupo reducido —alrededor de 500.000 personas vinculadas a la especulación— y perjudica al aparato productivo y a la población en general.

    El abogado también señaló al Ministro de Economía, Luis Caputo, al afirmar que el esquema vigente responde a los intereses que el funcionario representa. En ese sentido denunció que la toma de dinero “cuasi fiscal” —antes concentrada en el Banco Central y ahora trasladada al Tesoro— impide el saneamiento de las cuentas nacionales.

    Propuestas para la liberación del mercado

    Consultado sobre soluciones para destrabar la coyuntura económica, Maslatón fue categórico: propuso aplicar una “libertad cambiaria total”. Esa medida implicaría la eliminación inmediata de todo control de cambios y garantizaría libertad absoluta para el ingreso y egreso de capitales. Además, instó al Gobierno a retirarse de la intervención en la tasa de interés, dejando que ésta surja exclusivamente de la oferta y la demanda del sector privado.

    Su plan se reduce a dos medidas drásticas: establecer la libertad total y dejar de renovar las letras de deuda. “Toda letra que vence no se renueva, se paga. En algún momento tenés que cortar”, enfatizó. Maslatón comparó esa salida con el éxito de la gestión económica durante la década de los 90, y subrayó que el gran acierto de aquel período fue, precisamente, terminar con la especulación financiera de corto plazo.

    Si bien reconoció que estas medidas provocarían un salto inicial en los precios y una presión alcista sobre el dólar, defendió la necesidad de ese proceso para alcanzar un “país barato” y competitivo. “Tendría un rebote inflacionario, pero sería para bien. Lo que tenés que hacer es licuar la deuda acumulada”, explicó, priorizando la recuperación de la actividad económica por encima del control inmediato de la inflación.

    Críticas a la teoría monetarista y al equilibrio fiscal

    Maslatón también puso en duda uno de los pilares del discurso del presidente Javier Milei: la idea de que la inflación es un fenómeno puramente monetario. El abogado señaló una contradicción entre la teoría y la praxis oficial y afirmó que desde la asunción de la actual gestión la cantidad de moneda en el país se ha multiplicado por cuatro veces y media. “Tomar plata y pagar intereses es aún peor que emitir”, sentenció, advirtiendo que cuando la demanda de dinero caiga, toda esa masa monetaria se trasladará inevitablemente a los precios.

    En cuanto al equilibrio fiscal, relativizó su rol como único “ancla” de la economía. Aseguró que el problema estructural de la Argentina en los últimos cincuenta años no ha sido tanto el déficit en sí, sino los mecanismos financieros empleados por gobiernos sucesivos para intentar controlar el tipo de cambio. Para Maslatón, el efecto es el mismo si el Estado emite para financiar gasto corriente o para pagar intereses de deuda financiera.

    Finalmente, el analista hizo un breve repaso histórico para contextualizar el presente: destacó que entre 2003 y 2011 la política económica se manejó correctamente hasta la implementación del cepo cambiario, que marcó el inicio del deterioro actual. En su visión, la profundización del déficit cuasi fiscal y las restricciones operativas vigentes conducen a mayor recesión, cierre de fábricas y aumento del desempleo. Concluyó que, con el tiempo, la sociedad comprenderá que “la inflación no es tan mala” comparada con la parálisis total de la economía real.

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