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A meses del inicio de la campaña electoral, el gobierno nacional asegura que va a cerrar el Senado de la provincia de Buenos Aires si llega a ganar en ese territorio, por lo que convertiría a la Legislatura en un organismo unicameral, como sucede en la mayoría de los distritos del país.

La iniciativa surgió en las últimas horas como respuesta a un proyecto que estaría preparando el mandatario local, Axel Kicillof, y que es totalmente contrario, ya que en lugar de reducir, buscaría ampliar el número de representantes en el recinto.

La idea del oficialismo local es sumar un total de 12 bancas para que, de esta forma, la Cámara de Diputados pase de 92 a 100 miembros y la de Senadores, de 46 a 50.

La medida estaría incluida dentro del proyecto de reforma de todo el sistema político, que también volver a habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

Está propuesta generó la reacción del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, que volvió a poner en el debate la posibilidad de que la Legislatura pase a ser unicameral, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en varios otros lados del país.

En el bloque violeta, que encabeza Carlos Curestis, reconocen que por el momento no cuentan con los votos necesarios como para poder impulsar un cambio de este tipo, pero en el partido aseguran que será “uno de los ejes de la campaña”, independientemente de quién sea finalmente el candidato a suceder a Kicillof.

En el interior del espacio remarcan que la Cámara alta, según el Presupuesto que se aprobó para 2026, demanda un gasto de $156.204 millones, por lo que si se cierra, ese dinero podría destinarse a otras urgencias.

No obstante, en el partido remarcan que “no es una cuestión solamente de plata, sino también simbólica”, porque el recinto “no funciona como el Congreso, donde hay una cuestión federal”.

“No tenés acá dos tipos de representatividad, como sucede a nivel nacional, que tenés que votar en nombre del pueblo y de las provincias”, precisó una fuente libertaria.

Según subrayan en este espacio, en la Legislatura ”el sistema de elección en este caso es el mismo para las dos Cámaras, entonces estás duplicando las funciones y no tiene sentido”.

“La Provincia de Buenos Aires está en crisis desde hace años. Abandono, desidia y un relato que ya no resiste la realidad. Mientras colapsan la salud, la educación y la seguridad, al kirchnerismo no se le ocurre mejor idea que proponer un aumento de la cantidad de legisladores en ambas cámaras”, escribió Pareja en sus redes sociales.

El diputado nacional cuestionó al gobernador y lo acusó de tener “intenciones de salvarse de por vida en el Estado, a costa del esfuerzo de quienes pagan impuestos“.

“Siempre encuentran recursos para sostener a la política. Que la casta esté en orden, aunque vivamos cada vez peor. Pero chocaron con una realidad. La sociedad quiere a la casta afuera. Estamos cansados de sostener bancas y contratos políticos mientras el Estado provincial abandona sus funciones esenciales“, criticó.

En esta línea, cerró con la propuesta contraria a la de Kicillof: “Vamos a eliminar el Senado bonaerense y usar esa montaña de plata para volver a priorizar lo básico у devolvérsela a quienes lo financian con sus impuestos”.

La iniciativa no es nueva, sino que tiempo atrás ya había sido presentada por el legislador libertario Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero.

El dirigente, cercano a Patricia Bullrich, tuvo como campaña esta medida, pero con un bloque todavía en minoría, nunca prosperó.

En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con una bancada de 10 integrantes, solamente por detrás de Fuerza Patria, que cuenta con 24 representantes.

A pesar de ser el segundo espacio más grande, está lejos de alcanzar al peronismo, incluso si se junta con sus aliados del PRO, que tienen 5 bancas, y de la UCR, que tiene una más.

”Afortunadamente, siempre tuvimos la intención de impulsar un cambio profundo en la estructura actual de la Legislatura provincial, avanzando hacia la conformación de una cámara única que termine con la duplicación de estructuras, costos y trámites que hoy caracterizan al sistema bicameral bonaerense”, señaló uno de los referentes libertarios en la provincia.

Sin embargo, insistió con que “en la actualidad esa reforma no está en carpeta como tema de tratamiento inmediato”, sino que “se trata de una convicción de fondo, parte de la visión de transformación institucional que impulsamos para la Provincia”.

Al respecto, en diálogo con Infobae, el legislador explicó que “su instrumentación requiere de las mayorías y el consenso político necesarios para llevarla adelante con seriedad”.

“En ese marco, aclaramos que desde el Senado provincial no vamos a presentar un proyecto sobre este tema. Se trata de una convicción que sostenemos y que seguirá formando parte de nuestra visión de reforma institucional para la Provincia, pero no es, por el momento, una iniciativa que impulsemos formalmente desde esa Cámara”, aclaró.

Actualmente, en la Argentina solamente Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe tienen también legislaturas bicamerales.

La mayor empresa avícola de la Argentina extendió por otros 15 días el cierre de su planta en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Según pudo saber Infobae, la parada, que originalmente se había anunciado como una detención técnica de dos semanas, se extiende así por un mes completo e impacta a los 350 trabajadores del establecimiento de Avex. La medida se suma a conflictos activos en otras cuatro localidades del país, donde la firma que supo ser la mayor procesadora de pollos del país tiene plantas de producción.

La fábrica cordobesa había detenido su actividad a mediados de julio bajo la definición oficial de “parada programada”, con la promesa de retomar la producción en un plazo breve. Esa fecha no se cumplió.

La extensión del cierre agrava un escenario que ya venía deteriorándose en otras unidades productivas del grupo: la planta Pinazo, en Pilar (Buenos Aires), suspendió durante agosto a la totalidad de su personal; la planta Wade II —conocida como CEISA, ex Cresta Roja—, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales, bloqueos y demoras en los pagos; y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad. A eso se suma la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que permanece cerrada como parte del mismo proceso, desde fines de mayo de este año.

La crisis que atraviesa la compañía tiene su origen en una combinación de factores. El primero y más inmediato fue el impacto de la influenza aviar de alta patogenicidad sobre los mercados de exportación. La Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea y China en febrero de 2023, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó los primeros casos en establecimientos comerciales. Esa interrupción se extendió hasta agosto de aquel año y le costó al sector una caída estimada en USD 160 millones.

Un segundo brote, registrado en agosto de 2025, volvió a cerrar el acceso europeo para la carne fresca. Un tercer episodio, detectado en febrero de 2026 en la localidad bonaerense de Ranchos —con focos posteriores en Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma, Córdoba— prolongó esa situación hasta semanas atrás. Recién el 28 de julio, la Comisión Europea publicó en su Diario Oficial el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que habilita a Argentina a retomar las exportaciones de carne aviar fresca a partir del 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus de país libre de IAAP.

Para Granja Tres Arroyos, sin embargo, esa reapertura llega tarde. La empresa había solicitado en diciembre de 2024 la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, expediente que nunca se formalizó a nivel nacional pero que aceleró los recortes internos.

En paralelo, la compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso. El plan contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos del grupo.

De una dotación cercana a los 7.000 trabajadores y una faena diaria de hasta 760.000 aves, la compañía pasó a operar con una dotación menor y un volumen que llegó a caer a cerca de 200.000 pollos por día. El plan de recuperación que maneja la empresa proyecta un rebote productivo en nueve meses, con una faena diaria que podría volver a ubicarse por encima de las 400.000 aves.

La expansión que precedió a la crisis fue agresiva. En 2018, Granja Tres Arroyos adquirió la planta que hoy opera como Wade —la ex Cresta Roja, que ya había atravesado una quiebra decretada por la Justicia en 2015— con el aval del gobierno nacional. Luego incorporó Avex en Río Cuarto. Esa estrategia la consolidó como la principal procesadora de pollos del país, aunque también implicó administrar una estructura industrial y financiera mucho más grande y compleja.

Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. A comienzos de este año, dentro del mismo proceso de búsqueda de liquidez, el grupo vendió a ACA la planta de Avex bajo un esquema de venta con alquiler posterior, que le permitió obtener fondos de manera inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra dentro de cuatro años.

Una conversación presente en cada encuentro

El tema volvió a tomar centralidad en los últimos días. Ayer, Kicillof reunió en la Gobernación a los diputados y senadores provinciales del Movimiento Derecho al Futuro que integran los bloques de Fuerza Patria en la Legislatura, además de los diputados nacionales Hugo Moyano (h) y Jorge Taiana. Participaron, entre otros, las diputadas Ana Luz Balor, Silvina Nardini y Romina Barreiro, los diputados Alejandro Acerbo, Diego Nanni y José Galván, la senadora Ayelén Durán, el senador Jorge “Pitingo” Paredi, la vicegobernadora Verónica Magario y la Secretaria General de Gobernación, Agustina Vila.

Entre las cuestiones de agenda que se repasaron estuvo, otra vez, la reforma a la ley que pone tope a las reelecciones de los alcaldes. Días atrás, con la flamante “Liga de Intendentes” -el espacio que reúne a once jefes comunales con buenos vínculos con todas las terminales justicialistas- también se había tocado el tema en un encuentro en el despacho del mandatario bonaerense, donde ese grupo le planteó directamente a Kicillof la necesidad de destrabar el límite.

“En las dos reuniones se habló de la re-re como prioridad, hay que resolverlo este año sí o sí”, contó a este medio una fuente de peso del axelismo.

Así, la posición de Kicillof no aparece como un gesto aislado hacia sus intendentes, sino como parte de una estrategia más amplia de acumulación de cara a una eventual candidatura presidencial, en la que el peso específico del conurbano bonaerense -y la permanencia de sus intendentes más consolidados- juega un rol central.

La tracción de los municipios

La dimensión de ese poder territorial se observa con nitidez al mirar los principales distritos gobernados por intendentes alcanzados por la ley.

El municipio de mayor peso es, por lejos, La Matanza, donde Fernando Espinoza gobierna desde 2019 (con una gestión previa entre 2005 y 2015) y revalidó su cargo en 2023 con el 53,38% de los votos, sobre un padrón de 1.057.458 electores, el distrito más poblado de todo el país: por sí solo, tiene más electores que provincias enteras como Entre Ríos (1.053.652, según el padrón nacional 2025 de la Cámara Nacional Electoral) y supera también a otras 15 provincias argentinas, entre ellas Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Chaco, Salta y Jujuy.

Le sigue Almirante Brown, donde Mariano Cascallares -ahora diputado provincial- retuvo el municipio con cerca del 49% de los votos, en un distrito de 460.982 electores, lo que es más que el padrón completo de Chubut (453.021). En Merlo, Gustavo Menéndez fue reelecto con el 43,21% sobre un padrón de 434.550 electores, una cifra que también supera a San Luis (399.321).

En General San Martín, Fernando Moreira ganó con el 44% en un distrito de 378.476 electores. En Florencio Varela, Andrés Watson se impuso con el 54% sobre 341.450 electores, y en Tigre, Julio Zamora obtuvo un resultado 2023 del 40% sobre 338.554 electores. En Avellaneda, Jorge Ferraresi, retuvo el distrito con el 56% de los sufragios sobre un padrón de 297.760 electores.

En Esteban Echeverría, Fernando Gray ganó con el 59% sobre 245.355 electores, y en Escobar, Ariel Sujarchuk obtuvo un resultado del 52% sobre 204.417 electores. En Berisso, Fabián Cagliardi retuvo el municipio con alrededor del 41% sobre 83.267 electores; en Presidente Perón, Blanca Cantero fue reelecta con el 48% sobre 84.687 electores; y en San Vicente, Nicolás Mantegazza ganó con el 44% sobre 69.599 electores. En simultáneo, en Ensenada, Mario Secco fue reelecto con alrededor del 71% de los votos sobre un padrón de 59.231 electores, y en Cañuelas, donde Marisa Fassi ganó con el 42% sobre 54.687 electores.

A este grupo se suman Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, quien cosechó el 59% sobre 285.415 electores; Lucas Ghi en Morón, reelecto con el 43% en un padrón de 279.897 personas; Mariel Fernández en Moreno, que ganó con el 57% sobre 372.309 electores; Federico Achával en Pilar, que revalidó con el 57% en un distrito de 287.769 votantes; Juan Andreotti, que en San Fernando fue reelecto con el 57% en un padrón de 137.506 electores; y Mauro García en General Rodríguez, que obtuvo el 54% sobre 99.080 personas habilitadas para sufragar.

La magnitud de ese universo conurbano explica, en buena medida, por qué la discusión legislativa por la reelección no es percibida en el Ejecutivo provincial como un tema ajeno, sino como una pieza central de la estrategia electoral rumbo a 2027. La lectura que baja desde el despacho de Kicillof es que la provincia de Buenos Aires sigue siendo, con enorme diferencia, el distrito de mayor peso electoral del país: en los comicios legislativos de 2025, el padrón nacional ascendió a 36.478.360 personas en todo el territorio argentino, y Buenos Aires concentró 14.376.592 electores, es decir, el 39% del total.

Dentro de la provincia, la Primera sección, que incluye buena parte del Gran Buenos Aires, reunió 5.131.861 electores -casi el 36% del padrón bonaerense-, y la Tercera, con otro tramo clave del conurbano sur, sumó 5.101.177, el 35,5%. Entre ambas concentran más del 70% del electorado de toda la provincia. Muy por detrás quedan la Quinta sección, con 1.336.787 electores (9,3%), la Sexta, con 672.483 (4,7%), la Octava -que incluye a La Plata-, con 639.839 (4,5%), la Segunda, con 661.721 (4%), la Cuarta, con 547.677 (3,8%), y la Séptima, con 285.047.

Qué dicen los jefes comunales

Esa mirada también aparece entre los propios intendentes del peronismo. Un jefe comunal del conurbano que participa de las conversaciones, aunque pidió reserva de identidad, aseguró a Ámbito que la discusión excede los intereses individuales y forma parte de la estrategia electoral para 2027.

“Para que el peronismo saque a Milei, sea quien sea el candidato, hace falta remover el límite de las reelecciones. Ahora que pasó el Mundial y terminaron las vacaciones, el tema empezó a plantearse muy fuerte”, sostuvo.

Según ese mismo intendente, hoy conviven dos alternativas para destrabar el conflicto. “Se están explorando dos vías: que se vote el proyecto de Durán o introducir una modificación a la ley que limitó las reelecciones para que sean los concejos deliberantes los que decidan si cada municipio, porque son autónomos, habilita o no una nueva postulación”, explicó.

Otro alcalde, también del Gran Buenos Aires, agregó además que la actual legislación que pone topes a los mandatos “es inconstitucional” porque, a su entender, contradice el espíritu de la carta magna bonaerense.

“El que tiene el contacto permanente con el vecino es el intendente. Hay jefes comunales como (el fallecido Juan José) Mussi, Jorge Ferraresi, Mario Secco o Mariano Cascallares que fueron muy exitosos en sus distritos y por eso la gente los sigue votando. Prohibirlo es proscriptivo“, afirmó.

Los pronunciamientos

El gobernador, de hecho, volvió a instalar el tema públicamente la semana pasada, durante una recorrida de gestión por General Alvear, donde planteó que buena parte de los sectores políticos bonaerenses ya se manifestaron a favor de no vedarle a nadie la posibilidad de ser votado.

“Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos”, sostuvo, y agregó que si un intendente gestiona mal, “los conoce el pueblo”.

La vicegobernadora Magario acompañó ese planteo en sus redes sociales, calificando la postura del gobernador de “absoluta lógica” y apuntando contra la oposición por, a su entender, no terminar de comprender a la provincia. En la misma línea se había expresado meses atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien calificó a la norma vigente de “proscriptiva”, con el argumento de que la Constitución bonaerense “sólo establece límites para gobernador y vice”.

La rosca, en la Legislatura

En el Gobierno, buscarán destrabar el proyecto de la senadora del MDF Durán, hoy empantanado en la Comisión de Legislación General que preside el senador Germán Lago, propio del kicillofismo. Ese texto, que elimina el límite a la reelección de intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares, es la versión ampliada de una discusión que en 2025 ya había dejado un antecedente incómodo para el oficialismo: el entonces senador Luis Vivona, hoy diputado y dirigente cercano al cristinismo, había presentado un proyecto que habilitaba la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, sin incluir a los intendentes, algo que cayó mal entre los jefes comunales del MDF.

La iniciativa de Vivona obtuvo media sanción en el Senado bonaerense gracias al voto de desempate de Magario, pero quedó trabada en Diputados. La de Durán, en cambio, ni siquiera logró esa media sanción: la senadora massista Sofía Vannelli votó en contra y forzó un empate de 22 a 22 que la dejó sin dictamen favorable ese mismo día.

Esa votación expuso una de las principales trabas internas: la resistencia no viene tanto de la oposición como de los propios socios de Kicillof dentro de Fuerza Patria. El nudo pasa por resolver la interna propia: voceros del sector que responde a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner aclararon que no se oponen al regreso de las reelecciones, pero condicionan avanzar a que se resuelvan antes otros puntos clave.

Entre las principales cuestiones a conversar aparecen la definición sobre una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández y el reclamo de que sea el propio gobernador quien convoque a todos los sectores a una mesa de negociación donde se discuta el paquete electoral completo: reelecciones, desdoblamiento o concurrencia con los comicios nacionales, el régimen de PASO y la cobertura de las vacantes pendientes en la Suprema Corte bonaerense, la Subprocuración, la Defensoría General y la Defensoría Adjunta.

Desde el Ejecutivo no descartan sentarse a discutir ese paquete de manera integral, aunque puertas adentro dejan trascender que prefieren mantener afuera de esa mesa la cobertura de los cargos vacantes en el máximo tribunal.

El Frente Renovador de Sergio Massa, por su parte, defiende públicamente la ley de 2016 como una de sus banderas históricas: en el Senado bonaerense, la discusión pasa también por la Comisión de Reforma Política, que preside la senadora massista Malena Galmarini, donde sostienen que ese límite “no se puede cambiar”.

Sin embargo, en el entorno de Kicillof relativizan esa posición: “No es que Sergio esté en total desacuerdo. Lo impulsó en su momento, pero no plantaría una bandera si todo el espacio se alineara en torno a esta idea. Incluso, referentes del FR han planteado que sería mejor una salida por la vía judicial en lugar de una reforma legislativa. Pero, para nosotros, sso termina en la Corte y no va a funcionar”, planteó.

Del otro lado del arco político tampoco hay consenso. El PRO bonaerense, que conduce el diputado nacional Cristian Ritondo, salió a cruzar las declaraciones de Kicillof y Magario y calificó la iniciativa como un “retroceso para la democracia bonaerense”, al tiempo que acusó al gobernador de buscar blindar a su propia tropa de intendentes para sostener su proyección presidencial de cara a 2027. La Libertad Avanza también rechaza de plano la posibilidad de extender los mandatos, mientras que la Unión Cívica Radical exhibe posiciones divididas.

Con todo, en el propio oficialismo remarcan que si el peronismo logra ordenar su interna y consigue los votos a través de sus propios intendentes, la oposición no necesariamente sería un obstáculo insalvable. Con ese punto resuelto, el Gobierno quedaría en mejores condiciones de buscar entendimientos parlamentarios que le permitan reunir los apoyos necesarios.

En ese esquema, en el axelismo incluso especulan con que parte del Frente Renovador podría optar por la abstención, mientras que los votos necesarios podrían completarse con sectores de la UCR y algunos exlegisladores libertarios con posiciones más dialoguistas, aunque por ahora no existen conversaciones cerradas en ese sentido.

Aunque dentro del peronismo admiten que la discusión por las reelecciones ocupa buena parte de las conversaciones, algunos intendentes relativizan el impacto político del debate. “Ganarle a Milei vamos a ganarle igual porque la gente no da más. Cada vez nos vienen a pedir más comida y más remedios al municipio. Hay una tensión social muy grande. La gente está muy mal. Está todo parado, la economía no aguanta. Con o sin reelecciones, ganamos igual“, resumió ante Ámbito un intendente peronista del interior bonaerense.

En esa lógica, las reelecciones aparecen como una herramienta para ordenar la política, pero no como el factor que decidirá la elección. “La gente no te pregunta por la ley de reelecciones cuando golpea la puerta del municipio”, resumen, en definitiva, quienes creen que el resultado de 2027 dependerá mucho más de la economía que de la ingeniería electoral.

Con el fin de fortalecer su estructura y una futura candidatura para las elecciones de 2027, el gobernador Axel Kicillof encargó a sus funcionarios realizar distintas reuniones políticas en distintos puntos del país, desde su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Uno de ellos fue Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, quien advirtió en Comodoro Rivadavia sobre el impacto del ajuste en el sistema sanitario y llamó a construir una mayoría política para defender el derecho a la salud.

Durante su visita a Chubut, el funcionario afirmó que “la salida no es resignarse al ajuste” y sostuvo que es necesario organizarse para cambiar el rumbo político del país.

La agenda de Kreplak incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili, autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la firma de un convenio de cooperación entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, la presentación del Manual de Salud Pública y el lanzamiento del Foro por el Derecho a la Salud.

Sin embargo, el eje principal de la jornada fue el análisis de las consecuencias del ajuste en el sistema sanitario, y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública.

“Hoy la crisis golpea con más fuerza a la seguridad social que al propio sistema público. El 80% de las obras sociales nacionales no recauda lo suficiente para financiarse, el PAMI sufrió un recorte presupuestario de más del 40% y todo ese deterioro termina trasladándose al hospital público”, expresó el ministro.

Según Kreplak, el retiro del Estado nacional de áreas estratégicas trasladó la responsabilidad del financiamiento a las provincias, profundizando las desigualdades entre jurisdicciones. “El Gobierno nacional dejó de financiar programas esenciales como REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas de programas que sostenían a las provincias. Hoy cada jurisdicción tiene que hacerse cargo sola, con menos recursos y con mucha más desigualdad”, indicó.

En un contexto de creciente demanda en los hospitales públicos, Kreplak aclaró que esto no responde a una mejora de las condiciones sanitarias, sino al deterioro de los otros subsectores. “La gente ve hospitales con más demanda porque son el único lugar que sigue dando respuesta. Mientras la seguridad social y el sector privado se achican, el Estado se hace cargo de cada vez más necesidades, pero con menos financiamiento. El resultado es claro: menos salud para los jubilados, para las personas con discapacidad, para los trabajadores y para toda la población”, aseveró.

La actividad en Comodoro Rivadavia formó parte de una estrategia de articulación con universidades públicas, gobiernos locales, trabajadores y organizaciones sociales para consolidar espacios de debate y construcción colectiva hacia un sistema de salud federal, integrado y basado en el acceso universal a la atención.

El cierre de la agenda incluyó la presentación del foro donde se leyó el documento “Compromiso por el Derecho a la Salud en la Patagonia”, que sintetizó la preocupación compartida por el deterioro del financiamiento nacional y la necesidad de construir una agenda federal para sostener el sistema público de salud.

La presencia de Kreplak en Chubut fue interpretada como parte de una estrategia política más amplia, orientada a proyectar desde la provincia de Buenos Aires un espacio federal de debate sanitario y a fortalecer alianzas con universidades, municipios y actores sociales de distintas regiones del país.

En los últimos días, otros ministros salieron del territorio bonaerense con la misión de instalar el proyecto de Kicillof. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, estuvo este sábado en la localidad de San José en la provincia de Entre Ríos, mientras que el ministro de Trabajo, Walter Correa, compartió actividades en Concordia con el titular de ATE local, Enrique Vázquez. Antes, había estado el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en Santa Fe.

Mientras ministros y dirigentes bonaerenses recorren provincias para fortalecer el armado político de Axel Kicillof, la interna del peronismo sumó en el último tiempo un nuevo capítulo con las definiciones de Máximo Kirchner, titular de La Cámpora y diputado nacional.

En una entrevista con C5N, Kirchner aseguró estar dispuesto a reunirse con el gobernador: “Estoy convencido de que no estamos en veredas opuestas”. El hijo los dos ex presidentes está lanzado a construir un perfil nacional, con el objetivo de recorrer el país como delegado de CFK y asumirá un rol electoral.

Las transferencias no automáticas desde la Nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires continúan muy por debajo de los niveles registrados en el gobierno anterior. En el acumulado de enero a julio de 2026, estos envíos se ubicaron 83,2% por debajo, en términos reales, del mismo período de 2023.

La contracción alcanza a la totalidad de las jurisdicciones, aunque con diferencias significativas. La Pampa es la provincia que presenta la menor caída, con un retroceso del 36,2%, y es la única cuyo descenso es inferior al 50%, según detalló Politikon Chaco.

En el otro extremo, siete provincias registran desplomes superiores al 90% respecto de igual período de 2023. El caso más pronunciado es el de La Rioja, donde las transferencias no automáticas se redujeron 99% en términos reales.

También figuran entre las jurisdicciones con mayores recortes Santiago del Estero (-95,4%), Formosa (-94,6%), Río Negro (-94,1%), Santa Cruz (-92,7%), Buenos Aires (-92,4%) y Tierra del Fuego (-90,8%).

Por debajo del promedio nacional, se ubicaron Salta (-82,3%), San Luis (-81,3%), Santa Fe (-78,9%), Neuquén (-73,1%), Mendoza (-71,1%), San Juan (-70,6%), Córdoba (-69,9%), Corrientes (-68%), Entre Ríos (-62,6%), Misiones (-59,9%), Chubut (-56,1%), CABA (-54,9%), Jujuy (-54,8%) y Catamarca (-54,6%).

En tanto, en los primeros 7 meses de 2026 las transferencias no automáticas totalizaron $738.201 millones, presentando una baja real interanual del 62,8% contra igual período del 2025. De este modo, se trata del peor período enero-julio peor desde, por lo menos, el año 2005.

“Del total distribuido, Buenos Aires (20,1%), CABA (12,7%), Entre Ríos (8,0%), Córdoba (7,1%) y Santa Fe (6,2%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en el extremo opuesto Río Negro y La Rioja son las provincias que menos recursos captaron por esta vía (apenas 0,7% del total entre ambos)“, indicó Politikon.

Las partidas se concentraron principalmente en tres conceptos. El primero fue Universalización de Jornada Extendida, que representó el 26% del total, con $194.699 millones distribuidos entre 19 distritos. Le siguieron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que explicaron el 20% de los envíos, con $151.000 millones destinados a 14 provincias, y las transferencias a cajas previsionales provinciales, que concentraron el 18% del total, con $133.167 millones para ocho provincias. El 35% restante, equivalente a $259.335 millones, correspondió a otras actividades.

En cuanto a los ATN puntualmente, estos mostraron un alza del 12,1% real contra igual periodo del 2025. El Fondo ATN recaudó $690.851 millones, de los cuales se distribuyó el 21,9%, una proporción levemente superior a la registrada en igual lapso de 2025 (19,1%).

No obstante, el nivel de ejecución sigue por debajo del observado en 2022, cuando había alcanzado el 33,5%, el porcentaje más alto para este período en los últimos años. De esta manera, el saldo sin distribuir asciende a $539.851 millones.

Entre las provincias que recibieron mayores aportes, Misiones encabezó el ranking con $20.000 millones. Le siguieron Entre Ríos ($15.000 millones); Corrientes y Mendoza, con $14.000 millones cada una; Neuquén ($12.000 millones); Catamarca ($11.500 millones); Salta ($11.000 millones); Jujuy, San Juan y Chaco, con $10.000 millones cada una; Santa Fe ($8.000 millones); Chubut ($6.500 millones); Córdoba ($5.000 millones); y Santa Cruz, que cerró la lista con $4.000 millones.

Es importante mencionar también en este contexto que entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, las provincias ajustaron su gasto, principalmente en 2024, con una caída real del 24%, seguida de una recuperación moderada en 2025 y 2026.

Según un informe del IERAL, el 38% de este ajuste fiscal se debió a recortes del Gobierno nacional en transferencias discrecionales, que disminuyeron un 66%, mientras que el 62% restante respondió a decisiones provinciales, especialmente en gasto corriente (51%) y de inversión (74%). En total, el gasto provincial cayó un 10% real, frente a una reducción del 32% en el gasto nacional.