La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo de inhibición que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había presentado contra el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, Entre Ríos. En ambos tribunales se investiga a Kueider por enriquecimiento ilícito. La determinación dejó abierta la posibilidad de que los dos expedientes sigan su curso en paralelo.
La magistrada federal había pedido a su par entrerriano Ives Bastián que cese las pesquisas y le remita las actuaciones. El juez de Concordia se negó y entonces el conflicto llegó a la Corte. El máximo tribunal es el único superior común que tienen ambos juzgados por pertenecer a jurisdicciones diferentes.
El decisorio de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz es breve. “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, Provincia de Entre Ríos”, consigna.
Esto implica que los jueces tomaron como propio el argumento expuesto por el procurador Eduardo Casal cuando emitió su opinión. “No es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado”, había razonado el jefe de los fiscales federales. Que haya cometido los delitos investigados en San Isidro no implica que no sea responsable de otros que se analizan en Concordia, entendió.
Arroyo Salgado fue quien pidió a Paraguay la extradición del exrepresentante de Entre Ríos en el Congreso. Las autoridades del vecino país dieron luz verde. La única condición que pusieron fue que Kueider termine de rendir cuentas con la Justicia paraguaya.
El exlegislador tiene allí una condena por tentativa de contrabando y una causa en trámite por lavado. Si bien la Corte no le dio a la jueza de San Isidro la exclusividad de la investigación, avaló que continúe avanzando. Esto implica que, cuando el exsenador sea enviado desde Paraguay a la Argentina, deberá comparecer ante su Juzgado.
Casal sopesó qué tenía bajo la lupa Arroyo Salgado. La magistrada había enfocado su atención en Kueider a raíz de otro caso: Securitas. En ese expediente, se investigan sobornos pagados por la empresa de seguridad privada a organismos públicos para quedarse con contratos. Uno de ellos es Enersa, la estatal eléctrica de Entre Ríos, donde Kueider ejerció como representante de las acciones del Poder Ejecutivo.
A este elemento le sumó una denuncia que se presentó en su despacho. Se basaba en datos publicados en el sitio El Disenso sobre la declaración jurada patrimonial de Kueider como senador. La magistrada unió ambos extremos y abrió otro expediente. Cuando avanzó, se enteró de la pesquisa que había iniciado Bastián y el fiscal José Arias en Concordia.
Con los mismos datos de El Disenso, allí están escrutando al exsenador por su actividad desde 1999, cuando asumió como concejal de la ciudad.
Frente a ese panorama, el procurador razonó: “La pretensión de la justicia federal para que su colega provincial se abstraiga de su pesquisa todo lo que pudo haber ocurrido a partir de que Edgardo Kueider se involucró en la trama de corrupción del caso “Securitas” no atiende a la circunstancia de que, mientras era miembro de Enarsa, continuaba siendo secretario general de la gobernación de Entre Ríos”.
Luego, acotó: “Los hechos ventilados en la citada causa “Securitas” ni el presunto blanqueo de su producto —que también investiga el mismo juzgado federal— excluyen la posibilidad de que durante ese tiempo hayan ocurrido otros hechos penalmente relevantes al alcance de la justicia local”.
Casal entendió como “comprensible” la inquietud de Arroyo Salgado por el riesgo de doble juzgamiento. El funcionario judicial evaluó que dentro del marco teórico de la magistrada el enriquecimiento ilícito “es entendido como una figura subsidiaria que quedaría desplazada si se lograra la condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial”. Pero, pese a esto, consideró; “No es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado”.
El procurador cargó sobre el juez entrerriano Bastián la responsabilidad de que no haya doble juzgamiento a Kueider. “Ahora incumbe al magistrado provincial, en tanto juez de garantías, evitar, en su caso, la lesión del principio ne bis in idem”. Esto implica que, a medida que la averiguación arroje mayor claridad y precisión, deberá juzgar “si se da la triple identidad de hecho, persona y causa”.
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