El gobernador autorizó al Ministerio de Infraestructura a traspasar al máximo tribunal provincial el estudio, ejecución y fiscalización de trabajos en inmuebles con “gran deterioro” que posee el Poder Judicial en esa ciudad. La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial.
El gobernador Axel Kicillof autorizó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a delegar en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el estudio, ejecución y fiscalización de obras en propiedades del Departamento Judicial de Mar del Plata. Lo hizo a través del decreto 700/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial del distrito, donde se reconoció que en la actualidad “se observa un gran deterioro” en esas propiedades y que, dada su relevancia arquitectónica y patrimonial, resulta necesaria una intervención urgente.
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El texto advierte además que “la situación crítica desde el punto de vista edilicio y contractual” en que se encuentran los inmuebles donde funcionan órganos judiciales torna impostergable la realización de los trabajos. Entre los fundamentos se señala que las obras exceden el límite contractual por el cual puede contratar directamente la Suprema Corte, de ahí la necesidad de la delegación prevista en la Ley 6021 y su decreto reglamentario.
El antecedente inmediato de esta decisión es un proceso de adquisición de inmuebles que la Corte provincial viene encarando desde hace años en distintos departamentos judiciales para resolver la emergencia edilicia. En Mar del Plata, en 2023 se concretó la compra de dos propiedades patrimoniales -Villa Devoto y Villa de Bary- ubicadas a unos 100 metros de la sede central de Tribunales, en una inversión cercana a los dos millones de dólares, y actualmente se realizaban tareas de restauración. Paralelamente, se avanzó en la compra de otro inmueble en Entre Ríos 2262, un antiguo hotel situado a pocos metros de Tribunales.
La crisis del edificio judicial marplatense se inscribe en un problema más amplio y persistente. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) viene denunciando una crisis edilicia en numerosos edificios del Poder Judicial bonaerense, y advirtió que el inicio de 2026 encuentra a muchas dependencias en un estado alarmante, con un deterioro sostenido de la infraestructura que “no solo afecta el normal funcionamiento de las oficinas, sino que en muchos casos pone en serio riesgo la salud de los trabajadores judiciales”.
El marco normativo que habilita la delegación se remonta a la sanción de la Ley 13.795, que declaró el estado de emergencia de la infraestructura edilicia del Poder Judicial bonaerense, y a la posterior aprobación de un Plan de Infraestructura por la Ley 14.190. El mecanismo de delegar el manejo de ciertas obras en la Corte – en lugar de gestionarlas directamente desde el Ministerio de Infraestructura – ya había sido utilizado en 2015 mediante el Decreto 1798, cuando también se invocó la necesidad de dar respuesta a situaciones apremiantes.
Uno de los mayores problemas que tienen tanto economistas como funcionarios locales y de organismos internacionales es acceder a la información fiscal de las provincias argentinas. La mayoría presenta incumplimientos en los términos que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a publicar los presupuestos, gastos, endeudamiento y niveles de deuda flotante, entre otros datos.
Según señala la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) solo tres provincias cumplen al pie de la letra con la normativa: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El resto varía entre un alto cumplimiento a escaso.
“La ASAP actualizó su monitoreo sobre el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal en las provincias. El relevamiento, correspondiente al cierre del ejercicio 2025, con fecha de corte al 31 de marzo de 2026, en las que evaluó a 22 jurisdicciones adheridas al régimen federal”, señala la entidad en su ultimo reporte.
El mismo indica que “el índice general de cumplimiento cayó a 70,9 puntos. Son 3,4 puntos menos que en septiembre pasado y 6,8 menos que en marzo de 2025″. En ese sentido concluye que “la tendencia es clara: el promedio viene bajando”.
Entre otras puntos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es de 2004, indica que los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires tienen que a mas tardar en un mes difundir información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios.
También tienen que detallar listado de acreedores. Además de ello, con rezago de tres meses en junio y diciembre tienen que informar su planta de personal y los empleados que trabajen en planes financiados por organismos.
Hay solo tres jurisdicciones que publican todo, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Luego hay un grupo de alto cumplimiento entre las que figuran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. “Todas las mencionadas han publicado toda la información requerida en el plazo establecido, a excepción de la correspondiente a la Planta de Personal”, dice el reporte.
Entre las de cumplimiento intermedio, que publican solo el Presupuesto Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. El resto de requisitos no los cumplen.
En un nivel de cumplimiento bajo están Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. De ese segmento, San Juan y Tierra del Fuego no publicaron el Presupuesto 2026.
Avances y retrocesos
ASAP elaboró una tabla en la que le asigna un puntaje a cada ítem que debe informar las jurisdicciones. A su vez, cada rubro tiene una ponderacióndiferente.
En función de ello elaboró un índice general para las todas las provincias y CABA, menos La Pampa, que no adhiere. “Se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos), mientras que, si se compara respecto un año atrás (77,7), la caída es de 6,8 puntos”, señala ASAP.
El reporte indica que “comparando con el relevamiento anterior, de las 22 jurisdicciones relevadas, 7 han mejorado, 8 se mantuvieron sin cambios, mientras que 7 experimentaron un deterioro”.
“Entre los incrementos más destacados, Tucumán lidera con una mejora de 55 puntos, seguida por Santa Cruz con 45 puntos y Neuquén con 25 puntos”, dice el reporte.
El trabajo señala que “Buenos Aires presentó un avance de 15 puntos, mientras que Santiago del Estero y Chubut registraron mejoras leves de 5 puntos cada una”.
Por otra parte, el estudio indica que “CABA, Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes repitieron el puntaje obtenido en el informe anterior, sin registrar variaciones respecto al período previo”.
“En cuanto a los retrocesos, Tierra del Fuego encabeza las caídas con -60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro con -55 puntos cada una. San Juan retrocedió 35 puntos, Mendoza 25 puntos y Salta 20 puntos. Completan el grupo Formosa con 10 puntos”, dice el trabajo.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la designación de más de 50 jueces federales, cuyos pliegos habían sido aprobados en la sesión del Senado del 4 de junio.
No obstante, aún continúa pendiente el nombramiento de María Verónica Michelli como integrante del Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Es que pese a que su postulación fue promovida por el Ejecutivo, el Gobierno trató de frenar el tratamiento del pliego de la jurista que es cuñada de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas que investigó el caso $LIBRA.
No obstante, la candidatura fue convalidada por el Senado pero luego de la sesión, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en duda que el Gobierno oficialice el nombramiento de Michelli al señalar que la Cámara “habilitó al Presidente pero no lo obligó“.
Jueces: nombramientos oficializados
Este jueves en el fuero civil fueron designados jueces de primera instancia en distintos juzgados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires: Santos Enrique Cifuentes (Juzgado N° 25), Julián Herrera (N° 44), Germán Augusto Degano (N° 64), Juan Martín Balcazar (N° 95), Gabriela Mariel Palopoli (N° 94), Javier Alberto Santiso (N° 5), Paula Diana Marinkovic (N° 77) y Ezequiel Javier Sobrino Reig (N° 80).
En tanto, en las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil fueron nombrados vocales Lucila Inés Córdoba (Sala K), Osvaldo Felipe Pitrau (Sala F), Paula Andrea Castro (Sala F) y Samanta Claudia Biscardi (Sala E).
Asimismo, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ingresaron Santiago Quian Zavalía (Vocalía N° 20) y Yamile Susana Bernan (Vocalía N° 14), mientras que para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal fueron nombrados jueces de cámara Nicolás Antonio Pacilio (TOC N° 1), Hugo Fabián Decaria (TOC N° 3), Ivana Sandra Quinteros (TOC N° 20), Nicolás Ramón Ceballos (TOC N° 7) y Marcelo Alejandro Peluzzi (TOC N° 2).
Laura Fabiana Kvitko, por su parte, fue designada jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, Pablo Federico Moya en el N° 47, Diego Javier Souto en el N° 31, Mariano Francisco Amaduri en el N° 7, Santiago José Jaimes Munilla en el N° 59 y Santiago Alberto Poncio en el N° 13.
En el fuero federal penal, además, los nombramientos abarcaron distintos puntos del país. Para los Tribunales Orales Federales de San Martín fueron designados Mario Alberto Ferrario (TOF N° 2), Javier Matías Arzubi Calvo (TOF N° 5) y Juan Manuel Gaset Maisonave (TOF N° 5). En La Plata fue nombrada Jésica Yael Sircovich en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 mientras que Emilio Santiago Faggi integra desde hoy la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III.
En el fuero federal del interior, Diego Anzorreguy fue designado en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, Pablo Antonio Matkovic en el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, Gerardo Daniel Cacace en el similar de Formosa y Leandro Agustín Gómez Constenla en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza fue nombrado vocal Sebastián Guillermo Soneira (Sala A).
En el fuero comercial, Juan Pedro Giudici fue designado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4 y María Agustina Boyajian Rivas en el N° 22. La Cámara Federal de la Seguridad Social, en tanto, sumó a Walter Fabián Carnota (Sala II) y Fernando Strasser (Sala III).
En el fuero penal económico, Federico Novello fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y Juan Andrés Moldes fue nombrado fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalía N° 1).
El Gobierno mediante el Decreto 542/2026 nombró también a cuatro conjueces para los Juzgados Nacionales en lo Civil con Competencia Exclusiva en Asuntos de Familia y Capacidad de las Personas: Ramiro Santo Fare, Raúl Augusto Montesano, Adrián Jorge Hagopian y Claudia Inés D’Acunto.
Dentro del Ministerio Público, por último, Verónica Mabel Polverini fue nombrada defensora de menores e incapaces ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo (Defensoría N° 7); Felipe Alberto Alliaud fue designado defensor curador de la Defensoría General de la Nación (Defensoría Pública Curaduría N° 4); Carlos Agustín Parma, defensor oficial federal con asiento en Mendoza; y Juan Ignacio Lazzaneo, defensor de víctima en la provincia de Entre Ríos.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”, que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. La votación resultó en 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones para ser debatido en el Senado.
El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.
Entre los bloques oficialistas y aliados que respaldaron la medida, están La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento de Integración y Desarrollo y partidos provinciales.
La Libertad Avanza (93):
Pablo Ansaloni (Buenos Aires)
Vertie Benegas Lynch (Buenos Aires)
Alejandro Carrancio (Buenos Aires)
Giselle Castelnuovo (Buenos Aires)
Sergio Figliuolo (Buenos Aires)
Álvaro García (Buenos Aires)
María Luisa González Estevarena (Buenos Aires)
Gladys Humenuk (Buenos Aires)
Lilia Lemoine (Buenos Aires)
Johanna Sabrina Longo (Buenos Aires)
Lorena Macyszyn (Buenos Aires)
Guillermo Montenegro (Buenos Aires)
Miriam Niveyro (Buenos Aires)
Joaquín Ojeda (Buenos Aires)
Sebastián Pareja (Buenos Aires)
María Lorena Petrovich (Buenos Aires)
Karen Reichardt (Buenos Aires)
Juliana Santillán Juárez Brahim (Buenos Aires)
Santiago Santurio (Buenos Aires)
Rubén Darío Torres (Buenos Aires)
Hernán Urien (Buenos Aires)
Patricia Vasquez (Buenos Aires)
Andrea Fernanda Vera (Buenos Aires)
Sabrina Ajmechet (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Damián Arabia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Nicolás Emma (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Alejandro Fargosi (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Alida Ferreyra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Silvana Giudici (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Patricia Holzman (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Andrés Leone (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Adrián Brizuela (Catamarca)
Carlos García (Chaco)
Rosario Goitia (Chaco)
Maira Frías (Chubut)
César Treffinger (Chubut)
Belén Avico (Córdoba)
Gabriel Bornoroni (Córdoba)
María Cecilia Ibañez (Córdoba)
Enrique Lluch (Córdoba)
Marcos Patiño Brizuela (Córdoba)
Luis Albino Picat (Córdoba)
María Celeste Ponce (Córdoba)
Gonzalo Roca (Córdoba)
Laura Elena Rodríguez Machado (Córdoba)
Laura Soldano (Córdoba)
Lisandro Almirón (Corrientes)
María Virginia Gallardo (Corrientes)
José Federico Tournier (Corrientes)
Andrés Ariel Laumann (Entre Ríos)
Francisco Morchio (Entre Ríos)
Atilio Basualdo (Formosa)
Bárbara Andreussi (Jujuy)
Alfredo Gonzales (Jujuy)
Manuel Quintar (Jujuy)
Martín Matzkin (La Pampa)
Gino Visconti (La Rioja)
Facundo Correa Llano (Mendoza)
Mercedes Llano (Mendoza)
Álvaro Martínez (Mendoza)
Julieta Metral Asensio (Mendoza)
Luis Petri (Mendoza)
Maura Gruber (Misiones)
Diego Hartfield (Misiones)
Soledad Mondaca (Neuquén)
Gabriela Luciana Muñoz (Neuquén)
Gastón Riesco (Neuquén)
Aníbal Tortoriello (Río Negro)
Lorena Villaverde (Río Negro)
Eliana Bruno (Salta)
María Gabriela Flores (Salta)
Julio Moreno Ovalle (Salta)
Carlos Raúl Zapata (Salta)
Abel Chiconi (San Juan)
José Peluc (San Juan)
Carlos Alberto Almena (San Luis)
Mónica Becerra (San Luis)
Jairo Guzmán (Santa Cruz)
Rocío Bonacci (Santa Fe)
Alejandro Bongiovanni (Santa Fe)
Romina Diez (Santa Fe)
Nicolás Mayoraz (Santa Fe)
Juan Pablo Montenegro (Santa Fe)
Agustín Pellegrini (Santa Fe)
Valentina Ravera (Santa Fe)
Verónica Razzini (Santa Fe)
Yamile Tomassoni (Santa Fe)
Santiago Pauli (Tierra del Fuego)
Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego)
Mariano Campero (Tucumán)
Gerardo Huesen (Tucumán)
Soledad Molinuevo (Tucumán)
Federico Agustín Pelli (Tucumán)
PRO (12):
María Florencia De Sensi (Buenos Aires)
Alejandro Finocchiaro (Buenos Aires)
Cristian Ritondo (Buenos Aires)
Javier Sánchez Wrba (Buenos Aires)
Martín Yeza (Buenos Aires)
Fernando De Andreis (CABA)
Daiana Fernández Molero (CABA)
Antonela Giampieri (CABA)
Álvaro González (CABA)
Alicia Fregonese (Entre Ríos)
Martín Ardohain (La Pampa)
Emmanuel Bianchetti (Misiones)
UCR (6):
Guillermo César Aguero (Chaco)
Gerardo Cipolini (Chaco)
Diógenes Ignacio Gonzalez (Corrientes)
Lisandro Nieri (Mendoza)
Darío Schneider (Entre Ríos)
Pamela Fernanda Verasay (Mendoza).
Innovación Federal:
Claudio Alvarez (San Luis)
Alberto Arrúa (Misiones)
Bernardo Biella (Salta)
Gerardo Gustavo Gonzalez (Formosa)
Oscar Herrera Ahuad (Misiones)
Pablo Outes (Salta)
Yamila Ruiz (Misiones)
Daniel Vancsik (Misiones)
Yolanda Vega (Salta)
Adelante Buenos Aires (ex UCR):
Karina Banfi (Buenos Aires).
Independencia (3) -Tucumán-:
Elia Marina Fernández
Gladys Medina
Javier Noguera
Producción y Trabajo (2) -San Juan-:
Nancy Picon Martínez
Carlos Quiroga.
La Neuquinidad (1) -Neuquén-:
Movimiento de Integración y Desarrollo (2):
Eduardo Falcone (Buenos Aires)
Oscar Zago (CABA)
Por Santa Cruz (1):
Las siete abstenciones correspondieron a los siguientes legisladores:
Provincias Unidas (5):
Lourdes Arrieta (ex LLA-Mendoza)
Sergio Eduardo Capozzi (Río Negro)
José Nuñez (Santa Fe)
Jorge Rizzotti (Jujuy)
María Inés Zigaran (Jujuy)
Elijo Catamarca (2):
Fernando Monguillot
Sebastián Noblega
La oposición estuvo conformada principalmente por Unión por la Patria, PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Coherencia y otros bloques.
Desde estos espacios, las principales críticas se centraron en los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que, según la mirada opositora, no requieren semejantes incentivos.
Además, advirtieron que la Argentina perderá soberanía, al permitir que las empresas que se acojan al régimen puedan elegir en qué tribunales internacionales resolver todas las eventuales controversias.
El Gobierno publicó una batería de decretos con los que formalizó las designaciones judiciales que se votaron en la sesión del 4 de junio en el Senado. Los cargos cubren una amplia variedad de fueros y jurisdicciones, desde juzgados de primera instancia en la Capital Federal hasta tribunales federales del interior del país.
Este jueves, el Poder Ejecutivo formalizó en el Boletín Oficial la segunda y más numerosa tanda de nombramientos judiciales derivada de aquella jornada parlamentaria, con más de 50 decretos firmados por el presidente. Los cargos cubren una amplia variedad de fueros y jurisdicciones, desde juzgados de primera instancia en la Capital Federal hasta tribunales federales del interior del país.
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El Senado de la Nación había aprobado el 4 de junio pasado 74 pliegos para el ingreso de nuevos jueces en el Poder Judicial de la Nación, en una sesión que derivó en una disputa interna por la cantidad de candidaturas a tratar. Tras un cuarto intermedio de más de media hora y negociaciones intensas, se alcanzó un acuerdo parlamentario para tratar los 73 pliegos originales más el de la jueza María Verónica Michelli, pese al veto del presidente Javier Milei. En esa misma sesión también se votó el pago a dos fondos buitres y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Uno a uno, quienes son los magistrados designados por el Poder Ejecutivo
En el fuero civil, fueron designados jueces de primera instancia en distintos juzgados nacionales de la Capital Federal: Santos Enrique Cifuentes (Juzgado N° 25), Julián Herrera (N° 44), Germán Augusto Degano (N° 64), Juan Martín Balcazar (N° 95), Gabriela Mariel Palopoli (N° 94), Javier Alberto Santiso (N° 5), Paula Diana Marinkovic (N° 77) y Ezequiel Javier Sobrino Reig (N° 80). En las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil fueron nombrados vocales Lucila Inés Córdoba (Sala K), Osvaldo Felipe Pitrau (Sala F), Paula Andrea Castro (Sala F) y Samanta Claudia Biscardi (Sala E).
En el fuero penal, la renovación fue masiva. En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ingresaron Santiago Quian Zavalía (Vocalía N° 20) y Yamile Susana Bernan (Vocalía N° 14). Para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal fueron nombrados jueces de cámara Nicolás Antonio Pacilio (TOC N° 1), Hugo Fabián Decaria (TOC N° 3), Ivana Sandra Quinteros (TOC N° 20), Nicolás Ramón Ceballos (TOC N° 7) y Marcelo Alejandro Peluzzi (TOC N° 2). Laura Fabiana Kvitko fue designada jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, Pablo Federico Moya en el N° 47, Diego Javier Souto en el N° 31, Mariano Francisco Amaduri en el N° 7, Santiago José Jaimes Munilla en el N° 59 y Santiago Alberto Poncio en el N° 13.
En el fuero federal penal, los nombramientos abarcaron distintos puntos del país. Para los Tribunales Orales Federales de San Martín fueron designados Mario Alberto Ferrario (TOF N° 2), Javier Matías Arzubi Calvo (TOF N° 5) y Juan Manuel Gaset Maisonave (TOF N° 5). En La Plata fue nombrada Jésica Yael Sircovich en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1. Emilio Santiago Faggi integra desde hoy la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III.
El fuero federal del interior también recibió designaciones: Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, Pablo Antonio Matkovic en el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, Gerardo Daniel Cacace en el similar de Formosa y Leandro Agustín Gómez Constenla en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza fue nombrado vocal Sebastián Guillermo Soneira (Sala A).
En el fuero comercial, Juan Pedro Giudici fue designado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4 y María Agustina Boyajian Rivas en el N° 22. La Cámara Federal de la Seguridad Social incorporó a Walter Fabián Carnota (Sala II) y Fernando Strasser (Sala III). En el fuero penal económico, Federico Novello fue nombrado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 y Juan Andrés Moldes – hijo del ex fiscal Germán Moldes – fue designado fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalía N° 1).
El decreto 542/2026 nombró además a cuatro conjueces para los Juzgados Nacionales en lo Civil con Competencia Exclusiva en Asuntos de Familia y Capacidad de las Personas: Ramiro Santo Fare, Raúl Augusto Montesano, Adrián Jorge Hagopian y Claudia Inés D’Acunto.
Dentro del Ministerio Público, los decretos cubrieron cargos de la defensa pública. Verónica Mabel Polverini fue nombrada defensora pública de menores e incapaces ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo (Defensoría N° 7); Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación (Defensoría Pública Curaduría N° 4); Carlos Agustín Parma, defensor público oficial federal con asiento en Mendoza; y Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctima en la provincia de Entre Ríos.
Semanas atrás, un equipo de técnicos del gobernador Axel Kicillof aterrizó en Wall Street para mantener un raid de reuniones con fondos de inversión y bancos de primera línea, entre ellos el Deutsche Bank. La misión buscaba tantear el escenario financiero y quizás ensayar un gesto de acercamiento con los mercados. Sin embargo, la realidad de los números es otra: si la provincia de Buenos Aires quisiera salir hoy a emitir nueva deuda, no tiene esa posibilidad.
El cerrojo bonaerense es apenas la punta del iceberg de un mapa federal que experimentó un cambio de ciclo. En 2025, el consolidado de las provincias dejó atrás siete años consecutivos de superávit para cerrar con un déficit primario equivalente al 0,1% del PIB y un rojo financiero del 0,4% del PIB. La cantidad de jurisdicciones con números en verde se redujo dramáticamente, pasando de 19 a solo 10.
A pesar de este deterioro fiscal generalizado, la deuda provincial conjunta se mantiene en niveles reducidos, en torno al 4% del PIB, lo que constituye un activo clave, indicó un relevamiento de la consultora MAP. Las provincias ya emitieron más de USD 4.300 millones desde finales de 2025. Pero frente a un riesgo país comprimiéndose en la zona de los 438 puntos básicos, el acceso a los dólares frescos está lejos de ser uniforme: el mercado segmentó a los gobernadores entre los que tienen pista libre, los que ya agotaron su cupo y los que miran desde afuera.
El peso de la deuda bonaerense
La incapacidad de Buenos Aires para capitalizar el clima financiero favorable responde a su propia estructura de pasivos. Aunque la provincia ostenta una autonomía tributaria moderada-alta, hoy explica por sí sola el 57,6% del déficit financiero consolidado provincial. Más grave aún para la mirada de los inversores: concentra el 58,5% de toda la deuda provincial en formato de bonos.
“La provincia de Buenos Aires está complicada para colocar un nuevo bono porque tiene un peso fuerte de los vigentes en circulación con vencimientos muy lejanos (2037)”, explicó a PERFIL Alejandro Pegoraro, economista y director de Politikon Chaco. En el mercado financiero coinciden en que, ante esa curva de vencimientos extendida, “emitir para meter un tender (oferta de recompra o canje) no sería muy viable”. El volumen de su presupuesto y su pasivo la dejan virtualmente fuera del mercado voluntario internacional en el corto plazo.
La ventana abierta: regalías y cuentas ordenadas
En la otra vereda, un selecto grupo de provincias se perfila como el gran candidato para capturar dólares. Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, detalló: “La reciente compresión del riesgo país y el upgrade soberano extienden la ventana de oportunidad, ya aprovechada por algunas provincias, para colocar bonos en dólares en el mercado internacional por parte de emisores subsoberanos, aunque el acceso no será uniforme. El grupo integrado por distritos con perfiles fiscales más robustos se encuentra en condiciones de capturar esta ventana en los próximos meses”.
Dentro de ese lote brillan los distritos atados a la energía y la minería. Neuquén, impulsada por Vaca Muerta, ostenta una alta autonomía de ingresos del 54,6% y logró conservar un superávit primario del 2,1% sobre sus ingresos totales. Salta, por su parte, fue la única provincia que incrementó su superávit en 2025, alcanzando un envidiable margen del 4,2%.
Neuquén es una de las favorecidas por el boom de Vaca Muerta
Pegoraro aseguró que ambas jurisdicciones tienen luz verde: “Sí podrían hacerlo Salta y Neuquén atando el bono a regalías, como tiene Neuquén, y porque tienen niveles fiscales aceptables que, con una baja del riesgo país, podrían salir en condiciones favorables”. Jujuy, empujada por el litio, presenta un escenario “parecido”, con un resultado primario holgado del 3,1% sobre sus recursos.
Otro caso de solidez, aunque fuera del radar petrolero, es San Luis. La jurisdicción cuyana es un espécimen raro en el mercado: tiene una carga de deuda nula (0,0% de sus ingresos). Su balance limpio le otorga un margen técnico si decidiera pedir crédito, a pesar de que su autonomía de recaudación propia es baja, en torno al 19,2%.
Saturación y modo “wait and see”
No basta con tener buenos números para conseguir fondos frescos, también juega el apetito del inversor y el riesgo de sobreendeudamiento. Jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut ya colocaron deuda recientemente.
CABA lidera el ranking general de salud fiscal con una autonomía de ingresos brutal del 74,1% y destina el 19,0% de su presupuesto a gasto de capital. Sin embargo, Pegoraro advierte que tanto la gestión porteña como la cordobesa “ya salieron dos veces, es muy difícil que salgan de nuevo” debido al riesgo de saturar su propio cupo.
En despachos santafesinos, por ejemplo, aseguran que la caja está cubierta. “Con lo que tomamos en diciembre tenemos calzada la curva de gasto de capital hasta fin de este año”, aseguraron fuentes de la provincia litoraleña ante la consulta de si planeaban una nueva incursión en Wall Street.
Las provincias al límite
En el fondo de la tabla hay las jurisdicciones que necesitan los fondos, pero a las que el mercado les cerró la puerta o les exige un peaje carísimo. Entre ellas está Chaco, con una autonomía baja, del 10,2%, y la peor carga de deuda de todo el país. “Chaco es muy difícil, sobre todo porque la calificadora FIX le bajó la perspectiva de estable a negativo. Es el único caso”, sentenció Pegoraro.
Chubut y Entre Ríos están ambas afectadas por el deterioro fiscal. Chubut pasó a terreno deficitario en medio de una caída real de sus regalías del 15%. Pegoraro recordó que la provincia patagónica “salió aplicando tender, pero de baja aceptación, por lo que podría salir de nuevo a riesgo de cargar mucho el perfil de vencimientos, en el marco de mucha debilidad de cuentas públicas”.
Entre Ríos, por su parte, es la provincia que más aceleró su obra pública en el país, con un salto interanual del 71,9% en su gasto de capital. Para fonearlo dependió de transferencias nacionales que crecieron un 110,6%. Hoy destina un 2,8% de sus ingresos solo a pagar intereses, una carga pesada. Pegoraro analizó que Entre Ríos “tiene cuentas débiles pero podría salir nuevamente si lo usa para recompra del bono vigente, cosa que no hizo en la emisión anterior, lo que le podría generar mejores condiciones”.
Según Ritondale, el resto de las jurisdicciones “es probable que se mantenga en modo wait and see, postergando cualquier salida al mercado internacional y a la espera de que una eventual emisión del soberano actúe como catalizador”. Mientras tanto, este grupo continuará priorizando el financiamiento en el mercado local en pesos o a través de organismos multilaterales.
En un encuentro que desde el inicio será más que delicado y que tendrá varias opciones con posibilidad de consumación, el Senado sesionará desde las 11 para definir si se habilita una votación y activar una eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras ello, aparecen en la bandeja pliegos judiciales, ascensos diplomáticos y la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que dialoguistas ya le desplumaron a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que hasta anoche no estaba del todo cerrada, tras largas semanas de intercambio de borradores.
Para acercar la lupa al inevitable conflicto de las próximas horas primero debe recordarse que, la semana pasada, Bullrich acordó con su par kirchnerista, José Mayans (Formosa), que la situación de Adorni podía habilitarse con mayoría absoluta, bajo una interpretación “operativa” del artículo 101 de la Constitución, que menciona la interpelación, censura y remoción. En realidad, al referirse a proyectos de resolución, si los mismos no cuentan con dictamen, están obligados a tenerlo de la comisión de Asuntos Constitucionales. Lo dice el reglamento, pese a llantos disfrazados de republicanos.
Tras varias recomendaciones de aliados, la porteña solicitó una nueva Labor anteayer y, con otros bloques, empujaron otra acta. Allí, se aclaró lo de los dos tercios. Se presumió, luego de ese convite, que la situación de Adorni quedaba suavizada. No obstante, la reciente iniciativa del presidente del PRO en el Senado, Martín Goerling (Misiones), volvió a encender las alarmas. Para terminar de comprender todo esto, hay que remarcar que el jefe de Gabinete tuvo un ida y vuelta en cuanto si le correspondía asistir la semana próxima -2/7- a dar un informe de gestión. Anteanoche, cuando parecía resuelto que no, lanzó un tuit para dejar en offside a los legisladores. Algunos estallaron en furia y tomaron lo del funcionario como una provocación innecesaria.
Ahora, los pasos. En primer término, habrá que conseguir quorum. Sería delirante que esto no sucediera, aunque en una Cámara alta tan alocada, nunca hay que descartar nada. Pensemos que el kirchnerismo no suele bajar al inicio y deja todo en manos de libertarios y dialoguistas, aunque ahora le interesa interpelar a Adorni. De no prosperar, el cristinismo también habrá avalado para que se discuta propiedad privada más tarde.
Seguido a ello, se debatirá si se habilita con dos tercios, como plantea el acta de Labor Parlamentaria del martes. Sin embargo, la misma debe ser antes aprobada, por mayoría simple. ¿Y si esto no ocurriera? Bien podría proponerse la de la semana pasada. Por eso es importante el paso a paso. Bajo la suposición del nuevo entendimiento entre Gobierno y aliados, quedaría vigente la opción uno.
Lo más jugoso vendrá una vez ejecutada dicha acción. Es decir, la habilitación del tratamiento de los proyectos sobre interpelación. La gran pregunta es cuál será tomado, si el de Mayans o el de Goerling. ¿Esto se convertiría en un obstáculo para que no se analice, al final, ninguno de ellos? Difícil saberlo. Ambos coinciden en el jueves próximo para que asista el jefe de Gabinete. Por ende, casi que los acerca, en gran medida. ¿Y qué hará la UCR? La vivencia aún fresca de la expulsión del ex senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) agiganta las especulaciones y la moneda al aire.
El momento de la verdad, los dos tercios -de los presentes-, implica la contemplación de los siguientes parámetros. Lo lógico, ver la cantidad de sentados en bancas. Luego, si Bullrich tiene a todos sus soldados ahí. En las últimas horas corrieron rumores sobre legisladores que prefieren no estar o que, en el peor de los escenarios, no se hallarán por la Ciudad de Buenos Aires. El deber básico de quien comanda una bancada es tener entera a su tropa cuando lo precisa el Ejecutivo. Sería un papelón para la Casa Rosada y una mala señal para inversiones que miran cómo este episodio lima el control del Congreso.
La Libertad Avanza tiene 21 integrantes. En caso de ausencias, y si se visualizara un probable acompañamiento en conjunto para interpelar a Adorni del kirchnerismo y del PRO -como indican las iniciativas de Mayans y Goerling-, el radicalismo se enfrentará a un problema no menor, con gobernadores que tienen buen diálogo con Balcarce 50 y legisladores que prefieren que lo del funcionario lo resuelvan los hermanos Milei. Bajo la línea de flotación aparecen varios silvestres provinciales y dos o tres pícaros peronistas que -ahora- dicen no ser más cristinistas. Suelen moverse según el viento del día, si es que no hablaron antes con la administración central. Se presume lo último, aunque a veces puede no ser suficiente. Como le pasó a Kueider.
Bajo este escenario, lo único cierto es el riesgo de llegar al recinto con diversos senderos. Quien hizo bien alejarse de algunos primeros planos ayer -una de sus grandes obsesiones- fue la propia Bullrich, quien no quiere quedar señalada como la titiritera detrás de algo que podría terminar muy mal para La Libertad Avanza. En cambio, en otros despachos confiaban en señales relacionadas con que Balcarce 50 habría hecho su “tarea”. Se corroborará este mediodía.
De confirmarse los dos tercios, sobrará también para la mayoría absoluta y Adorni tendrá que asistir el próximo jueves. Si no, salvo que aparezca antes otra resolución a los ponchazos -¿convocar a Asuntos Constitucionales, por ejemplo?-, se continuará con la sesión. Pliegos judiciales, ascensos diplomáticos trabados hace meses, convenios internacionales y propiedad privada aparece en el acta de Labor.
La ley que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue fileteada a gusto por radicales. La ex ministra de Seguridad no puso reparos a esto y el articulado final recién se explicará durante la sesión. El texto modifica cuestiones no menores sobre expropiaciones, desalojos, venta de tierra a extranjeros y la quita de prohibiciones en la ley de manejo del fuego que impulsó Máximo Kirchner durante la presidencia de su “compañero” Alberto Fernández. Todo esto estará en juego en el convite que liderará el titular provisional del Cuerpo, el oficialista Bartolomé Adala (San Luis), debido a que Victoria Villarruel ya reemplaza a Javier Milei en el Ejecutivo por el viaje al exterior del primer mandatario.
El exsenador Edgardo Kueider, procesado por presunto enriquecimiento ilícito, sumó este miércoles una nueva causa en su contra por supuesto lavado de dinero a través de la compra de seis departamentos en Paraguay, país donde cumple prisión domiciliaria por el desarrollo del juicio oral por contrabando.
Según informó el medio ABC, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, procesó Kueider; a su exsecretaria Magdalena Guinsel Acosta y a los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat por presunto lavado de activos a través de ina operación inmobiliaria.
Según la nueva imputación presentada, existen indicios de que los imputados habrían introducido al sistema legal financiero y comercial paraguayo sumas de dinero que tendrían origen ilícito y con el cual habrían adquirido un total de seis departamentos con sus respectivas cocheras.
El edificio de los inmuebles que investiga la Justicia (Foto: Gentileza ABC)
Los departamentos pertenecen al edificio Innova Las Mercedes, ubicado en la intersección de la avenida General Santos y Marco de Brix de la ciudad de Asunción.
Según esta nueva causa, los imputados habrían llevado a cabo desde 2027 una serie de actividades para introducir sumas de dinero ilícito al sistema comercial y financiero de Paraguay.
Las maniobras se habrían llevado adelante a través de la empresa “Golsur SA”, una firma que ya había quedado bajo investigación de la Justicia cuando Kueider y su exsecretaria habían sido detenidos en diciembre de 2024 con 200 mil dólares sin declarar.
La detección de Kueider en la frontera
Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción por la detención de ambos en diciembre de 2024 con dinero no declarado.
El caso derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.
Kueider fue figura de confianza del exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, de quien fue funcionario en la Gobernación. Su última actuación en el Senado había sido a favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.
Efectivos de Interpol comienzan la extradición del exsenador Edgardo Kueider desde Paraguay
En algún momento de su detención, Kueider atribuyó incluso la causa en su contra al impulso que como senador había hecho del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), sancionado por el Congreso e implementado por primera vez en las elecciones legislativas del año pasado.
El ex senador kirchnerista Edgardo Kueider sumó un nuevo proceso judicial en Paraguay este miércoles luego de que la Fiscalía de de ese país lo imputase por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos y estacionamientos en Asunción, informaron fuentes del Ministerio Público y la prensa local. El ex legislador cumple prisión domiciliaria en el país vecino por intentar ingresar con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar.
Además de Kueider, también fueron imputados por el nuevo delito su secretaria, Iara Guinsel, que también cumple prisión domiciliaria en Paraguay porque viajaba en el auto con el ex legislador cuando intentó ingresar con las divisas, y dos ciudadanos paraguayos.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que los fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez presentaron una “imputación contra dos ciudadanos argentinos y dos paraguayos -cuyas identidades no reveló- por presunto lavado de activos en el rubro inmobiliario“, que fue admitida por un juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
El dinero, según el ente investigador, es “de origen presuntamente ilícito derivado de casos de corrupción pública” en Argentina.
La nueva imputación señala que los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares, detalló este miércoles la Fiscalía.
El Ministerio Público aseguró que entre octubre y noviembre de 2024 una empresa conformada por dos intermediarios paraguayos adquirió las mismas propiedades que los extranjeros intentaron comprar previamente en una operación que no se concretó después de que no pudieran respaldar el origen de los recursos ante una inmobiliaria.
La prensa indicó que la acusación fue contra Kueider y Guinsel, quienes permanecen bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2024 tras ser imputados por presunta tentativa de contrabando de divisas luego de haber sido detenidos ese mes cuando intentaron cruzar por el Puente de la Amistad, que une a la paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta. Desde diciembre de 2025 se trasladaron a la ciudad de Luque.
En el vehículo fueron hallados 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar, según informó entonces el Ministerio Público.
Según la institución, la pareja habría ingresado a Paraguay “en reiteradas ocasiones bajo el estatus de turistas” e introdujo diversas divisas en efectivo “sin declararlas ante las autoridades de control”.
Días después de la detención en Paraguay, la Cámara de Senadores expulsó a Kueider por inhabilidad moral.
En tanto, en Argentina el ex legislador enfrenta una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación con el cobro de sobornos en el Juzgado Federal de San Isidro, entre 2017 y 2019, cuando era director de la empresa estatal de electricidad de Entre Ríos, Enersa.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la autorización de pagos por US$ 171 millones a dos fondos de inversión que mantienen litigios con la Argentina por bonos de la deuda en default de 2001 y, la iniciativa fue sancionada con 139 votos afirmativos, 97 negativos y sin abstenciones. Ahora, el proyecto habilita el acuerdo con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP, en el marco de causas judiciales que el país enfrenta en el exterior por la reestructuración de su deuda soberana.
Actualmente, beneficia a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, estableciendo un esquema de cancelación que incluye una quita superior al 30 por ciento sobre el valor nominal de las sentencias judiciales originales.
De acuerdo con lo estipulado, el Estado argentino desembolsará 67 millones de dólares destinados al primer fondo y 104 millones de dólares al segundo. La operación se llevará a cabo mediante el mecanismo conocido como “Entrega contra Pago”, e incorpora una cláusula de protección legal denominada “standstill”, la cual prohíbe taxativamente que los demandantes inicien nuevas acciones judiciales o interfieran en las operaciones financieras del país en el exterior.
Por parte del Poder Ejecutivo se enfatizó que esta aprobación legislativa resulta fundamental para finalizar las investigaciones sobre los activos nacionales que los fondos mantenían en curso.
La entrada en vigencia de la ley permitirá, por tanto, la conclusión de los procesos de auditoría y rastreo de activos conocidos como “Discovery”, que involucraban información sobre cuentas bancarias, procesos de privatización y diversos bienes soberanos en el extranjero. El acuerdo, que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto a los representantes legales de los fondos involucrados, cuenta con un plazo de vigencia hasta el próximo 30 de junio.
Con 139 votos a favor, Diputados aprobó el pago a fondos buitre
A continuación, el listado de los legisladores que votaron a favor:
Guillermo César Agüero (UCR – Chaco)
Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza – CABA)
Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza – San Luis)
Lisandro Almirón (La Libertad Avanza – Corrientes)
Claudio Álvarez (Innovación Federal – San Luis)
Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza – Jujuy)
Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza – Buenos Aires)
