Con la mira en las elecciones 2027, cerca de 200 gobernadores, intendentes y legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), el Partido Justicialista (PJ), Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) reclamaron el cambio de legislación a favor de la adopción de la Boleta Única (BU) a las 15 provincias que aún utilizan la histórica boleta partidaria.
En concreto, 189 dirigentes de todo el país, nucleados en la asociación civil Red de Acción Política, convocaron a los distritos a aprovechar este año no electoral para avanzar a nivel legislativo en tren de implementar la BU, un instrumento que “mejora la calidad de nuestra democracia” en los próximos comicios.
En el documento difundido, destacan dos “beneficios claves” de la BU. Por un lado, consideran que “garantiza el derecho a elegir”: al estar todos los candidatos en la misma papeleta, queda anulado el clásico faltante de boletas en el cuarto oscuro.
Por otra parte, “garantiza el derecho a ser elegido” dado que brinda equidad a las agrupaciones y postulantes y, de esta forma, posibilita una competencia “mucho más transparente y equitativa” entre partidos de distintas magnitudes.
Elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Boleta Única ElectrónicaPilar Camacho
A su vez, los políticos firmantes remarcaron que esta modalidad de voto “desalienta malas prácticas” como el “voto cadena” –el reemplazo de un sobre legítimo por uno falso con la boleta correspondiente, que el votante lleva consigo–, el robo de boletas y “el mantenimiento de sellos partidarios con el único objetivo de recibir recursos del Estado para la impresión de boletas”.
El comunicado de Red de Acción Política destaca que la Boleta Única “ya ha sido utilizada exitosamente” en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y en las elecciones legislativas nacionales de 2025, en versión papel; y en Salta, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires, en formato electrónico.
Los 15 distritos que no utilizan este instrumento son la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Las 15 provincias que no implementaron la Boleta ÚnicaRed de Acción Política
Los dirigentes firmantes también remarcaron que la BU goza de validación por parte de la ciudadanía. Indicaron que encuestas nacionales muestran que más del 70% de los argentinos valoran esta modalidad de voto. “La sociedad claramente es consciente de que es el sistema que promueve una democracia más equitativa y de mayor calidad”, escribió Red de Acción Política.
Y agregó: “Creemos que esta iniciativa será además positivamente tomada por la sociedad en su conjunto como una muestra de que, aún en un país con altos niveles de polarización y confrontación, es posible que políticos de diferentes partidos puedan generar acuerdos que propicien el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones”.
Es que el documento, titulado “Boleta Única en todas las provincias”, fue firmado por 19 dirigentes de LLA, 42 del PJ, 37 de Pro, 48 de la UCR, 6 de la Coalición Cívica y 8 del Partido Socialista, entre otros.
Entre los libertarios figuran los diputados nacionales Silvana Giudici, Luis Petri y Nicolás Mayoraz, el senador Bruno Olivera y el legislador bonaerense Diego Valenzuela.
Legisladores nacionales de La Libertad Avanza respaldaron el reclamoHernán Zenteno
Por el peronismo, firmaron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el exgobernador de Santa Fe Omar Perotti y el intendente de Tigre, Julio Zamora, entre otros.
Del radicalismo participaron el presidente de la UCR e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, la jefa del bloque en Diputados, Pamela Verasay, y dirigentes como Ernesto Sanz y Rodrigo de Loredo.
Y, entre los referentes de Pro, aparecen los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), los intendentes Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Ramón Lanús (San Isidro) y Soledad Martínez (Vicente López), la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exministro de Hacienda y precandidato a presidente Hernán Lacunza y la jefa del bloque Provincias Unidas en Diputados, Gisela Scaglia.
ROSARIO.-Rosario será este jueves algo más que la capital del deporte suramericano. Al mediodía, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibirá a un grupo de pares provinciales para recorrer las nuevas sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, sobre todo, para dejar registrada una imagen con lectura política inequívoca.
Los invitados confirmados son el cordobés Martín Llaryora, el chubutense Ignacio “Nacho” Torres y el correntino Juan Pablo Valdés. A ellos se había sumado, en la ceremonia inaugural del sábado por la noche, el entrerriano Rogelio Frigerio, un habitué de este círculo de mandatarios. La agenda prevé una recorrida por los estadios y las obras ejecutadas para la competencia, más una foto conjunta. Hasta el momento no estaba confirmada una conferencia de prensa.
La inauguración de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 Marcelo Manera
La ciudad atraviesa los Juegos con estadios colmados, tribunas llenas y familias acompañando a los atletas, la postal que Pullaro busca exhibir ante sus colegas: la de una provincia capaz de organizar un megaevento internacional de manera ordenada. Pero detrás del envoltorio deportivo, la reunión tiene un contenido político que ninguno de los protagonistas disimula.
Los gobernadores que llegan a Rosario provienen de extracciones partidarias distintas —Torres es de Pro, Valdés es radical y Llaryora tiene raíz peronista—, pero comparten una buena sintonía con el anfitrión. No es un dato menor: todos integraron el espacio de Provincias Unidas, el intento de construir una alternativa a los dos polos que hoy dominan la escena nacional, el peronismo y el oficialismo libertario.
El encuentro no ocurre en el vacío. Se da casi en simultáneo con la ronda de reuniones que la Casa Rosada abrió tras la presentación del presupuesto nacional 2027. En esa mesa paralela, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya recibió a los gobernadores de Catamarca, Corrientes, Salta y Tucumán, y tiene previstos nuevos encuentros en las próximas horas.
Sobre ese tablero también pesa la reforma política que discute el Congreso, que incluye la incorporación de la Ficha Limpia y la eventual derogación o suspensión de las elecciones primarias (PASO). Para varios de los mandatarios que rodearán a Pullaro, la definición de esas reglas de juego no es abstracta: buscarán su reelección y necesitan un escenario electoral previsible.
Pullaro, junto a Torres, Valdés y CornejoMarcelo Manera – LA NACION
La convocatoria rosarina apunta, en el fondo, a consolidar una comunión de gobernadores del llamado interior productivo, en un momento en que las provincias ganan peso como garantes de la gobernabilidad y la gestión frente a un Estado nacional en repliegue. La Región Centro —Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos— vuelve a asomar como un núcleo de poder con capacidad de incidir en la agenda.
Pullaro se ocupó de bajarle el tono a la especulación sobre su proyección personal. Esta semana desmintió ser una opción electoral, aunque no ocultó su ambición colectiva: dijo esperar que el gobierno escuche a las provincias y que este bloque pueda ser “un polo de poder también y de decisión” sobre el rumbo del país.
Puertas adentro, sin embargo, la fotografía de Rosario alimenta una hipótesis que circula con fuerza en el mundo político: la de que estos gobernadores podrían terminar articulando una tercera vía para las elecciones presidenciales de 2027, por fuera del kirchnerismo y del mileísmo.
En esa línea empieza a deslizarse una idea todavía embrionaria, pero que ya se comenta en despachos y mesas de dirigentes: que el espacio resuelva su candidatura presidencial mediante una interna o primaria entre sus propias figuras. El mecanismo permitiría dirimir sin fracturas quién encabeza la boleta —Pullaro y Llaryora asoman como los nombres más mencionados— y, a la vez, dotar de épica y volumen a una construcción que hoy es más una aspiración que una estructura.
Nada de eso está cerrado, y la propia discusión sobre el futuro de las PASO condiciona el formato que podría adoptar esa eventual competencia. Pero la escena de este jueves en Rosario, con varios gobernadores caminando juntos entre estadios llenos, funciona como un ensayo de lo que sus impulsores imaginan para dentro de dos años.
La discusión sobre la reforma electoral que el Gobierno busca llevar al Congreso nacional tendrá, en paralelo, otro capítulo que excede las reglas de las elecciones nacionales. Un grupo de 189 dirigentes políticos de partidos y espacios muy diferentes reclama que 15 provincias implementen la Boleta Única de Papel (BUP) y lo hagan durante 2026, con el objetivo de llegar a las elecciones de 2027 con el nuevo mecanismo implementado.
El planteo aparece en un comunicado firmado por dirigentes que participan de la asociación civil Red de Acción Política (RAP). El dato político central no es la organización en sí misma, sino la amplitud del respaldo: en la lista conviven referentes del PRO, la UCR, el PJ, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, el socialismo, el GEN, partidos provinciales, fuerzas vecinales e independientes.
La iniciativa se conoce mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa su propia reforma electoral en el Congreso. La discusión nacional contempla modificaciones al sistema electoral, pero el pedido de los 189 dirigentes apunta especialmente hacia las legislaciones electorales provinciales.
La reforma nacional no alcanza automáticamente a las elecciones locales, porque cada provincia conserva sus propias reglas para elegir gobernador, legisladores e intendentes. Por eso, el llamado implica que sean las legislaturas provinciales las que modifiquen sus respectivas leyes electorales.
Entre los firmantes aparecen nombres de peso de espacios políticos muy distintos. Por el PRO figuran, entre otros, Rogelio Frigerio, Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Hernán Lacunza, Martín Yeza, Ignacio Torres y Soledad Martínez. Desde el radicalismo aparecen Oscar Aguad, José Manuel Cano, Ernesto Sanz, Leonel Chiarella, Rodrigo De Loredo, Tadeo García Zalazar y Rodolfo Suárez.
Martin Llaryora, uno de los gobernadores que firma el pedido de boleta única en las provincias. Foto: Enrique García Medina
También hay dirigentes vinculados al peronismo, como Martín Llaryora, Omar Perotti, Florencio Randazzo, Joaquín De la Torre, Julio Zamora, Carolina Basualdo y Walter Agosto. Y la lista incorpora referentes de La Libertad Avanza como Luis Petri, Diego Valenzuela, Eduardo Amadeo, José Rolandi, Santiago Santurio, Mariano Campero y Luis Picat.
La diversidad continúa con representantes del socialismo, la Coalición Cívica, el GEN y fuerzas provinciales. Están, entre otros, Mónica Fein, Clara García, Alicia Ciciliani, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Pablo Javkin, Omar Duclós, Facundo Del Gaiso y Federico Sciurano. También figuran dirigentes de partidos provinciales y espacios locales de Salta, Misiones, Neuquén, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero y otras jurisdicciones.
Las 15 provincias que todavía tienen el sistema tradicional
El comunicado sostiene que son 15 las provincias que no modificaron su sistema de votación y continúan utilizando la boleta partidaria histórica. En el listado de jurisdicciones señalado para este reclamo aparecen Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes, Misiones, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
La situación adquiere particular relevancia en Buenos Aires, por su peso electoral y por la discusión que existe allí alrededor de una eventual reforma del sistema de votación. La provincia todavía utiliza la boleta partidaria tradicional para sus elecciones provinciales y municipales, mientras que en las elecciones nacionales de 2025 los bonaerenses ya votaron con Boleta Única de Papel.
El planteo de los dirigentes de RAP tiene, además, un argumento de calendario. El 2026 es un año sin elecciones nacionales, por lo que consideran que existe margen para discutir, aprobar y reglamentar los cambios antes de que comience el proceso electoral de 2027.
La propuesta no apunta simplemente a modificar el instrumento de votación de un distrito para una elección puntual, sino a que las provincias aprovechen este año para cambiar sus leyes electorales.
El argumento: garantizar que estén todas las opciones
Los firmantes sostienen que la Boleta Única garantiza dos derechos: el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. En el primer caso, porque el elector recibe en la mesa una boleta que contiene toda la oferta electoral oficializada y ya no depende de encontrar en el cuarto oscuro la boleta de un partido determinado.
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Paso a paso, cómo votar con la Boleta Única Papel
En el segundo, porque las agrupaciones políticas —incluidas las de menor estructura— tienen asegurada su presencia en el instrumento de votación.
El documento también plantea que el sistema desalienta prácticas como el robo de boletas y el denominado “voto cadena”, además de reducir el volumen de papel, tinta y otros materiales utilizados en los comicios.
La experiencia nacional de 2025 constituye para los impulsores del cambio un antecedente inmediato. La BUP fue utilizada por primera vez en las elecciones legislativas nacionales de ese año, luego de la reforma aprobada en 2024.
A nivel provincial, en tanto, ya existen experiencias diferentes. Santa Fe, Córdoba y Mendoza utilizan sistemas de boleta única en papel, mientras que Salta y Neuquén tuvieron experiencias de boleta única electrónica.
Los firmantes también incorporan al argumento el respaldo que, según el comunicado, tendría el sistema entre los electores. Mencionan encuestas realizadas en Santa Fe en las que más del 80% de los consultados manifestó preferencia por la BUP, estudios nacionales con más del 70% de valoración de sus beneficios y una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires después de que los ciudadanos votaran con ambos sistemas, en la que casi dos de cada tres se inclinaron por la BUP.
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Cómo se vota con Boleta Única Papel (BUP), paso a paso
Más allá de la discusión técnica sobre cómo debería diseñarse la boleta en cada provincia, el dato político de la iniciativa es la procedencia de sus apoyos. 189 dirigentes de distintas fuerzas decidieron firmar un mismo pedido para que las legislaturas provinciales discutan el cambio.
En un escenario de fuerte fragmentación partidaria, el documento busca presentar la reforma del instrumento de votación como uno de los terrenos en los que pueden construirse acuerdos entre dirigentes que, en otros temas, se encuentran en posiciones muy diferentes.
El objetivo que plantean es concreto: que durante 2026 se aprueben los cambios legislativos necesarios y que en 2027 la Boleta Única pueda utilizarse en las elecciones provinciales de todo el país.
El pedido llega así en paralelo al debate nacional sobre la reforma electoral, pero con un alcance territorial mucho mayor: llevar la discusión desde el Congreso a las legislaturas de las provincias que todavía conservan el sistema de boletas partidarias.
“¡No concedan nada!”. A puertas cerradas, en la Casa Rosada,Javier Mileihabló durante casi cinco horas el último lunes. Primero frente a ministros; después frente a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Lo del Presidente incluyó su habitual diatriba interminable contra periodistas y economistas críticos. Pero, sobre todo, fue una bajada de línea: el jefe de Estado les ordenó a los miembros de su tropa que rechacen categóricamente que exista un deterioro económico. En idioma libertario, “no se dejen psicopatear”.
Milei no admitió falla alguna en su programa y desconoció las dificultades de la economía real. Los legisladores se animaron a hacerle 20 preguntas y él negó de plano una caída de la actividad, desmintió la pérdida de puestos de trabajo y refutó una caída del poder adquisitivo de las familias. El adoctrinamiento hacia su equipo implicó, también, cierta vigilancia sobre la performance del oficialismo en la conversación pública. Como si estuviera enojado con los propios porque nota que dejan pasar las balas.
“Javier está parado en que todo está funcionando bien. Como enceguecido”, describió uno de los presentes del encuentro en la sede de gobierno. Ante la crítica pública y la caída en las encuestas, Milei se atrinchera en sus posturas. Lejos de revisar, se radicaliza.
El mandato presidencial impacta de lleno en el equipo económico, que no puede hacer más que movimientos milimétricos en la gestión. Si bien moderó las proyecciones macro para el año próximo, el Presupuesto 2027 incluyó zancadillas para profundizar la motosierra. El capítulo 6 pretendió derogar “por la ventana” artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Fue un bombazo para el ala política, que en el preciso momento en el que ingresó la “ley de leyes” al Congreso venía desplegando negociaciones sensibles con los aliados para evitar una derrota en manos de la oposición con ese tema.
En toda la trama se vio una fuerte desconexión interna en el Gobierno. El Ministerio de Salud, que tiene a su cargo el área de Discapacidad, no estaba informado del texto del capítulo 6. Y Martín Menem se desayunó con el capítulo de la discordia sin poder anticiparse al frente de tormenta en la Cámara baja. El Presupuesto, en general, se nutre de la información de los ministerios, se confecciona en el Ministerio de Economía y pasa por la Secretaría Legal y Técnica, antes de la revisión y firma final del Presidente.
No es que no se hubiera discutido el tema en los días previos: el equipo económico quería fijar postura con el tema Discapacidad dentro del Presupuesto (igual que había hecho en diciembre de 2025), pero el “ala parlamentaria” había advertido sobre la inconveniencia de la jugada. “Es el tema más picante hoy en el Congreso. Ya perdimos seis votaciones con este tema. Y nos pone en peligro otras negociaciones”, dijo una importante fuente del oficialismo en Diputados.
Finalmente, se volvió al plan parlamentario original. Nadie descarta que asome otro “martes 13”: a medida que la oposición estudie en detalle la hoja de ruta presupuestaria, pueden asomar nuevas polémicas. La obra pública -que viene siendo negociada en cada reunión de la Casa Rosada con los gobernadores- podría, por ejemplo, detonar nuevos chisporroteos.
Del encuentro con el Presidente el lunes varios legisladores nacionales se fueron embroncados. No aquellos sin experiencia que accedieron a una banca colgados de la boleta violeta -y que suelen ser los primeros aplaudidores de los hermanos Milei- sino los que tienen trayectoria política propia. Aquellos que, fuera del palacio, caminan la calle y se rozan con el mundo privado en eventos y cócteles. “Yo no puedo pelearme con la realidad e insultar la inteligencia de la gente. Prefiero abstenerme de hablar”, se ofuscó un legislador a la salida de Balcarce 50.
La otra curiosidad de la jornada fue que, producto de la desconfianza por eventuales filtraciones, todos dejaron sus celulares. Un senador se quejó: “No puede estar todo un gobierno incomunicado por cuatro horas ¿Qué somos? ¿Suiza?”. La que no quiso esperar fue Patricia Bullrich, que se fue a los 20 minutos de iniciado el encuentro con los legisladores. Es cierto que ya había escuchado a Milei en la reunión de gabinete previa pero, poco después de dejar la Casa Rosada, se desmarcó con sutileza en X: “Hay que sostener el rumbo y acelerar los resultados”, dijo.
Cuando habla sobre el panorama económico, Milei oscila entre las argumentaciones teóricas basadas en bibliografía precisa y apreciaciones de casuística. El Presidente apunta al “equilibrio general”. Ahí subraya que tuvo “crecimiento durante 27 meses consecutivos”, pobreza a la baja y la inflación desacelerando. “En todo caso hay una reasignación de recursos y tensión entre sectores”, reconoce, respecto a los ganadores y perdedores de su modelo.
Esa teorización se marida con apreciaciones como “es mentira que la gente no llega a fin de mes porque patearíamos cadáveres en las calles”, “es mentira que cayó el consumo por las filas en la avenida Corrientes”, “es mentira que cayeron los puestos de trabajo porque aumentó el empleo informal”. Para cada dato oficial negativo, hay un asterisco presidencial para discutirlo.
“Milei les da herramientas para defender el programa económico de la manera que él cree que hay que hacerlo. Y lo hace con su tono de siempre. Lo que busca es explicar la economía, hace esfuerzos para que su mensaje llegue a todos los propios”, defendieron cerca del jefe de Estado.
El resultado de la lección presidencial se pudo ver en las redes. Algunos diputados -los más obsecuentes- rápidamente generaron contenido con foco económico. Karen Reichardt celebró el despido de 70.000 empleados públicos bailando en su oficina. Virginia Gallardo explicó conceptos básicos de economía con el libro que recomendó Milei en la mano, mientras realizaba su rutina de belleza frente al espejo.
Pero otros legisladores comenzaron a mostrar hastío por la lógica de construcción política que impera por estos días en LLA. “Nos dicen vengan, escuchen que nosotros les contamos cómo son las cosas porque ustedes no entienden nada. Javier marca la línea económica y Karina la línea política. Y no se discute”, se quejó un diputado experimentado.
Toda la narrativa presidencial se pondrá muy a prueba en los próximos días. Esta semana y la que viene se van a conocer varios indicadores clave. Hoy se difunde el PBI del segundo trimestre, el primer gran dato con el que el mercado va a chequear si se confirma la desaceleración que ya venían anticipando las consultoras privadas. El lunes 21 llega el índice de salarios, clave para saber si los ingresos le ganan o no a la inflación. El miércoles 23 se conocen las ventas de julio en supermercados, mayoristas y shoppings, el termómetro más directo del consumo de los hogares (si bien hay una discusión en torno al e-commerce). Y el jueves 24 se acumulan dos datos sensibles el mismo día: el EMAE de julio (la foto mensual de la actividad económica) y la pobreza del primer semestre de 2026, uno de los números más esperados y políticamente más pesados del año.
El Observatorio de la UCA advierte por una posible suba de la pobreza. El Presidente pide dar la batalla cultural pero serán los datos oficiales los que pasarán el mensaje más nítido a todo el sistema.
Por su parte, el mensaje de Karina a la tropa fue que se puede confrontar con virulencia con el kirchnerismo pero hay que tener “precaución” con los aliados. Diego Santilli aceleró las negociaciones con un grupo de gobernadores. El jefe de Gabinete también debe hacer movimientos milimétricos bajo las directrices de la hermana presidencial. Ella sólo será generosa en lo electoral con aquellos que apoyen la suspensión de las PASO.
“La voluntad de suspender las PASO está. Nadie quiere que la gente vaya a votar seis veces. Lo que hay es un problema de garantías. Quien da la muestra de fe primero”, sintetizó un importante funcionario de la Casa Rosada.
La resistencia de Karina Milei a ceder en lo político tiene a la reforma política empantanada en el Senado: esta semana se trató el tema en la comisión de Asuntos Constitucionales sin que hubiera estrategia parlamentaria alguna. Patricia Bullrich admitió ahi mismo que el oficialismo no tiene los votos.
Después de participar muy sonriente de una reunión con Santilli y otros tres gobernadores del “norte grande”, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió: “La paciencia se va agotando cuando vemos esta hipocresía y falta de reciprocidad para con los gobernadores que ayudamos”.
Con toda la agenda legislativa muy trabada en el Congreso, lo que avanza con sorpresiva fluidez es la agenda judicial que impulsa el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ahora está afinando el proyecto para reorganizar los tribunales federales: según pudo reconstruir Infobae, Comodoro Py pasaría de 12 a 10 juzgados; habría un achicamiento del fuero Penal Económico, se comprimiría la Cámara de Casación, de 13 a nueve vocalías y se reducirían fiscalías y juzgados nacionales. Como contraparte, se crearían nuevos juzgados en las provincias del interior. La iniciativa se traduce como un nuevo reparto de poder: habrá una cuota más grande para los gobernadores y para los jueces que permanezcan en Py, con un bolillero más favorable en el sorteo de causas.
Mahiques también prepara una reforma del Consejo de la Magistratura, que pasaría de 20 a 15 miembros, aunque el número final todavía se discute.
Pero sin dudas la novedad del momento es la ventana de oportunidad que el kirchnerismo le está abriendo al Gobierno para hacer nombramientos de jueces. La votación de Pablo Yadarola como nuevo camarista federal con apoyo casi unánime de Unión por la Patria asoma como un símbolo del cambio de estrategia. Como si después de larguísimos años yendo “por las malas” contra la familia judicial bajo la retórica del lawfare, ahora primara mayor pragmatismo. Ya se agotó el tiempo para la “democratización de la Justicia” o el diseño de un Poder Judicial afín al PJ. Cristina ahora está presa y además avanza la causa Hotesur que puede complicar a Máximo Kirchner.
Mientras la expresidenta refuerza su equipo jurídico con expertos de otros países y busca generar presión internacional en la causa Vialidad, su tropa trabaja bajo un mayor realismo operativo en la cuestión judicial doméstica.
“El kirchnerismo se ha comido un revés judicial tras otro con Cristina. Y ahora ella ni siquiera puede tomar sol. En otro momento hubieran salido coralmente a cuestionar la política judicial del Gobierno. Ahora, sorprendentemente, prima el silencio”, analizó un colaborador del peronismo que sigue muy de cerca la trama judicial.
En el medio, hay diálogos cruzados entre el equipo judicial de Milei y algunas espadas judiciales de la expresidenta. En el caso de Yadarola, el peronismo optó por aportar sus votos cuando entendió que igualmente no le alcanzaba para impedir su nombramiento. No hizo lo mismo con el otro camarista, Pablo Bertuzzi. Ahora toda la atención está puesta en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo para llenar, entre otras vacantes, un lugar en el TOF 5 que va a iniciar el juicio de Hotesur. Nadie sabe qué nombre elegirá el Gobierno: el concurso es múltiple y muchos de los que quedaron mejor posicionados ya fueron nombrados en otros juzgados (un fenómeno inédito, que solo se explica por el festival de designaciones).
Mahiques tiene una libertad para maniobrar casi única en el gabinete. El ala política no puede decir lo mismo. Quisiera, por caso, encontrar los márgenes para, dentro de la visión mileísta, poder tomar medidas que incentiven la actividad económica. Por ejemplo, con más créditos en dólares.Un importante ministro lo dijo así: “Va a haber más medidas para incentivar. Va a ir sucediendo despacio. Hay un debate largo sobre cada medida porque primero tienen que cuadrar en la cabeza del Presidente”.
Parece difícil que Milei admita oportunidad de mejora alguna. Su capacidad de celebrarse a sí mismo y convencerse de que está en lo correcto arroja escenas curiosas. Como cuando festeja que lo mencionan en The Economist, bajo el grito de “fenómeno barrial”. El artículo citado por el presidente decía: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento. Sin ello, el experimento liberal podría terminar el año que viene”.
El Presupuesto 2027 contempla exenciones impositivas en obra pública para los distritos que bajen la carga tributaria provincial y fondos por $503.325 millones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para financiar el déficit de previsional de las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación.
Un día después de su envío al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, la hoja de ruta económica para el año próximo empieza a ser objeto de estudio por parte de los gobernadores. Como anticipó Ámbito, obras, infraestructura y rutas son algunas de las prioridades que los líderes buscan asegurarse en medio de las negociaciones.
Exenciones y cajas jubilatorias
En ese marco, el oficialismo incluyó en el articulado un pasaje importante para las jurisdicciones, ya que condiciona beneficios fiscales para las concesiones viales a que las provincias y CABA adhieran al régimen y otorguen exenciones en Ingresos Brutos y Sellos. La Casa Rosada no obliga a los mandatarios a bajar impuestos pero sí lo pone como condición para otros beneficios fiscales.
Se trata de un nuevo capítulo de la novela entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los administraciones subnacionales, que suelen cruzar reclamos en materia tributaria. De hecho, este miércoles, ya con el proyecto sobre la mesa, Caputo fue anfitrión de una reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.
“El equilibrio fiscal es la base de una Argentina con estabilidad, previsibilidad y crecimiento sostenido”, aseguró el funcionario luego del encuentro.
Esta mañana participé junto al Secretario de Hacienda, @CarlosGuberman, del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que reúne a los ministros de Economía de todas las provincias.
Conversamos acerca de las principales variables del Presupuesto y de la importancia de cumplir con el… pic.twitter.com/EhhD7AJAhA
Otro de los frentes a atender es el de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a Nación: Buenos Aires,Chaco, La Pampa, Santa Fe,Córdoba, Entre Ríos, Misiones,Formosa, Chubut, Corrientes, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.
El proyecto enviado por Javier Milei al Congreso fija $503.325,9 millones para aquellas jurisdicciones que tengan un déficit reconocido —provisorio o definitivo— mediante un acuerdo con la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), correspondiente al ejercicio 2021 o posterior.
ANSES deberá girar mensualmente un anticipo equivalente a 1/12 del último déficit previsional reconocido de cada provincia. En sus casi tres años de gestión, el Gobierno libertario suscribió entendimientos en ese sentido con la mayoría de los distritos afectados, aunque no con todos. Quedaron afuera los casos bonaerense, formoseño, santacruceño y fueguino. El resto logró acercar posiciones.
El caso más emblemático es el del entrerriano Rogelio Frigerio, quien en agosto pasado rubricó un acuerdo de peso con Nación, al garantizarse el desembolso de $120 mil millones para el sistema previsional. Es la única provincia que consiguió financiamiento en ese área durante los tres años de administración violeta.
Cabe recordar que el Presupuesto 2026 contemplaba $122.763 millones para transferencias a cajas jubilatorias provinciales. No obstante, el Gobierno retocó ese número durante el transcurso del año y amplió el crédito. De cara al 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, contará con esa misma facultad en caso de considerarla necesaria.
Rogelio Frigerio y el titular de ANSES, Guillermo Arancibia.
Por otra parte, los artículos 61 y 62 de la “ley madre” apuntan a facilitar el endeudamiento para “infraestructura y la reestructuración/compensación de deudas entre Nación, provincias y CABA”. En todos los casos, son ítems clave para el vínculo de las provincias y la gestión libertaria, que no cuenta con gobernadores propios sobre el tablero.
De momento, los equipos técnicos de las provincias interpretan la letra chica del documento, aunque se estima que habrá modificaciones. Precisamente por estas horas el Gobierno retoma las negociaciones con los caciques con el objetivo de acercar posiciones y avanzar en otra iniciativa clave: la reforma electoral.
Parte del futuro de las PASO, que el mileísmo pretender suprimir, estará atado a la voluntad de los mandatarios subnacionales y de las concesiones que logren en el debate por el Presupuesto 2027.
Hasta el momento, el único líder que opinó abiertamente fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien llamó a “acompañar” la “ley de leyes”. “Hay que acompañar el presupuesto nacional, porque no podemos tener un gobierno nacional que no tenga un presupuesto. Ya hemos tenido gobiernos que han estado tres años sin presupuesto, y ustedes saben que cuando no hay presupuesto, quien administra las partidas discrecionalmente es el jefe de gabinete”, lanzó el tucumano.
Precisamente, unas de las principales obras del proyecto es la del Acueducto Vipos, en Tucumán, con una inversión prevista para 2027 de unos $25.113 millones y un costo total que supera los $148.000 millones.
El distrito también cuenta con otras obras de infraestructura. Entre ellas aparecen la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con $2.196 millones, y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.
Diego Santilli se puso adelante de la discusión por el Presupuesto 2027, la Reforma Electoral y el proyecto Malvinas. El jefe de Gabinete encabezará reuniones gobernadores en menos de 24 horas
El ministro coordinador recibirá este miércoles por la tarde en la Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
La agenda continuará el jueves por la mañana, cuando Santilli mantendrá una reunión junto al ministro de Economía, Luis Caputo, con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.
Más tarde, pasado el mediodía del jueves, el jefe de Gabinete recibirá al mandatario chaqueño Leandro Zdero. La ronda de encuentros concluirá por la tarde con una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
El mismo miércoles, Santilli se había reunido con el neuquino Rolando Figueroa, que se aseguró -en Economía- la finalización de la circunvalación de en Villa La Angostura.
En las últimas semanas, otros gobernadores de peso pasaron por el despacho del ex vicejefe de gobierno porteño: estuvieron, entre otros, los gobernadores del centro: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el Martín Llaryora (Córdoba).
El jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri, por ahora, no fue convocado. La discusión electoral se cruza con la institucional.
Los opositores más duros tampoco fueron invitados para discutir el detalle del Presupuesto, que incluye y garantiza obras clave
Como adelantó Clarín, el oficialismo pretende empezar a discutir a partir de octubre el Presupuesto en Diputados. El martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se volvió a discutir la Reforma Electoral cuyo principal objetivo es suspender las PASO.
La secretaria general de Presidencia y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem bajan una línea política para enmarcar las negociaciones que encabeza Santilli: los gobernadores que no acompañen la suspensión de las PASO serán rivales del Ejecutivo. Sin embargo, el oficialismo quiere suavizar la competencia electoral en los distritos que gobiernan mandatarios aliados.
El Senado reactivará el debate en comisión de la reforma electoral esta jornada desde las 15:30, aunque la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa siendo el principal punto de controversia entre La Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas.
El tratamiento se retomará en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, donde se habilitó no solo el proyecto impulsado por el Gobierno, sino también otras dos iniciativas del PRO y Despierta Chubut vinculadas con la implementación de la Ficha Limpia.
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, decidió reabrir el debate luego del reclamo de los bloques aliados para que fueran tratados los proyectos de Ficha Limpia, que prohíbe que los candidatos condenados en segunda instancia por determinados delitos puedan postularse a cargos electivos.
La intención del oficialismo es avanzar con una ronda de consultas sobre la reforma electoral mientras continúan las negociaciones con los bloques dialoguistas, con el objetivo de alcanzar consensos sobre los principales puntos de diferencia: la eliminación o suspensión de las PASO y el esquema de financiamiento de los partidos políticos.
Sin embargo, para el Gobierno el punto central continúa siendo la eliminación o suspensión de las PASO, una iniciativa con la que todavía no logra reunir los votos necesarios para evitar la realización de internas abiertas para definir las candidaturas a presidente y legisladores nacionales en 2027.
La reforma electoral requiere mayorías agravadas de 37 votos en el Senado y de 129 en la Cámara de Diputados para su aprobación.
Actualmente, el oficialismo no cuenta con el respaldo suficiente del radicalismo ni del PRO, dos espacios que resultan claves para alcanzar esas mayorías.
Las negociaciones para alcanzar un consenso sobre la eliminación o suspensión de las PASO se desarrollan en dos frentes. Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores. Por otro, Bullrich encabeza el diálogo con los legisladores en el Senado.
Hasta el momento, solo manifestaron públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Neuquén, Rolando Figueroa, y Chaco, Leandro Zdero, quien ya consiguió en su provincia la suspensión de las primarias.
En tanto, todavía no definieron su postura los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Jujuy, Carlos Sadir, y Santa Cruz, Claudio Vidal.
Detalles del proyecto
Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.
Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para las elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones.
Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5% del padrón de cada distrito.
Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y tener un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.
El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2% al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.
Los partidos políticos tendrán como único aporte público anual el destinado al Fondo Partidario Permanente.
No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.
Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en 2019 y 2023.
Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas.
Reforma del BCRA
Por otro lado, Bullrich refirió ayer que “la Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene” en el recinto del Senado. Lo hizo durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo remite este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, con el equilibrio fiscal otra vez como eje central. El texto que se presenta contempla, además, una serie de obras de infraestructura reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas, que la Casa Rosada evalúa incorporar para sumar apoyos legislativos.
A diferencia de los dos años anteriores, el presidente Javier Mileino acudirá al recinto de Diputados para presentar los lineamientos del proyecto ni para defenderlo, y tampoco habrá anuncio por cadena nacional.
El Presupuesto proyecta una inflación a la baja
El proyecto prevé una inflación anual del 16% para 2027, por debajo del 30% en el que cerraría este año según privados, y un crecimiento del Producto Bruto Interno de entre el 3% y el 5%. El Fondo Monetario Internacional había proyectado en mayo una inflación del 12,5% para el año próximo, mientras que los economistas privados relevados por el Banco Central la ubican en 20,5%. En materia de actividad, el Relevamiento de Expectativas del Mercado estima un crecimiento de 2,9%, por debajo del 5% que contempla el escenario oficial.
La expectativa para el mediano plazo contempla una leve mejora de la actividad económica, acompañado de una baja del desempleo, la pobreza y la indigencia, y un avance en la distribución de los ingresos, aunque no se detallan los mecanismos para lograr esos objetivos.
El texto también prevé una nueva baja de la presión tributaria, de un punto del Producto Bruto Interno, en línea con lo que había anticipado el ministro Luis Caputo. El Fondo Monetario Internacional había proyectado, para 2027, un resultado fiscal primario de entre 1,4% y 1,8% del PBI. El Gobierno sostiene que la meta de déficit cero es la condición para consolidar la baja de la inflación.
En esa línea, sobrevuela el control del gasto público la amenaza de shutdown que Milei presentó en la cadena nacional del 30 de julio, cuando habló de “grillete fiscal” para gastos públicos que excedan lo previsto. En ese escenario, el Estado “cierra”, y las erogaciones quedarían reducidas solo a los servicios más esenciales.
Obras para gobernadores a cambio de apoyo
La negociación con los gobernadores contempla obras viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento reclamados por distintas provincias. Pero que se las presente no significa que vayan a estar financiadas en un cien por ciento por el Estado nacional. Ni siquiera garantiza que comiencen en 2027.
Entre Ríos y Mendoza recibieron señales más concretas: para la provincia de Rogelio Frigerio se prevén obras de agua potable en Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y trabajos cloacales en Villaguay. Para Mendoza se contempla la continuidad de la Ruta Nacional 40, puentes sobre el río Mendoza en Anchoris y la conexión vial hacia San Juan.
También se analizaron proyectos para Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, aunque los montos y los plazos todavía se negocian con cada distrito. El oficialismo necesita el respaldo de legisladores vinculados a los gobernadores para reunir los votos que permitan la aprobación de la ley.
El Presupuesto también destina partidas a la Base Naval Integrada de Ushuaia, anunciada como prioridad estratégica en la cadena nacional en la que el presidente desplegó su nueva posición en torno a la soberanía sobre las islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur y el mar circundante. Esta base se operaría en conjunto con Estados Unidos.
El desafío del Congreso: alianzas y desconfianzas
La discusión legislativa queda a cargo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y de Alberto “Bertie” Benegas Lynch, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quienes deben reunir los votos necesarios para garantizar el quórum. El proceso se da de cara a la campaña electoral de 2027, lo que afecta las posiciones de gobernadores y bloques que hasta ahora acompañaron al oficialismo. En 2024, el Presupuesto 2025 no fue aprobado y el Gobierno tuvo que trabajar con una prórroga del anterior, que venía desde 2023.
El lunes, el presidente se reunió con los legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada durante más de dos horas y media. En ese encuentro, Karina Milei pidió a los legisladores oficialistas cuidar las alianzas potenciales con legisladores de otros bloques y dejar el enfrentamiento más crudo para el kirchnerismo. La negociación con las provincias, de hecho, había comenzado semanas antes del ingreso formal del proyecto al Congreso.
La ejecución del Presupuesto 2026 muestra el marco en el que se negocia el nuevo proyecto: hasta agosto, la Administración Nacional había devengado 101,2 billones de pesos, el 67,4% del crédito vigente, con las prestaciones sociales como principal rubro. Según datos privados, las transferencias a provincias cayeron 86,6% este año y la obra pública, 83,6%.
CÓRDOBA.- La pelea por el río Atuel sumó un nuevo capítulo en la disputa entre La Pampa y Mendoza y llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional en busca de suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminó el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean para Mendoza.
La presentación judicial busca que se mantenga provisoriamente el esquema anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para La Pampa, la decisión del Poder Ejecutivo no solo representa una “pérdida de recursos para las arcas provinciales, sino que modifica unilateralmente derechos” que, según sostiene, tienen un “respaldo jurídico” que excede al decreto que acaba de ser derogado.
El argumento central de la provincia es que el derecho a percibir regalías también surge de un convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la propia Corte Suprema.
La Pampa sostiene que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre distintas jurisdicciones, en el que las partes asumieron obligaciones concretas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de la provincia.
Desde esa perspectiva, ninguna de las partes podría modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. Y el Estado Nacional, remarca la presentación, participó de aquel convenio como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.
Gobernador, más allá de opiniones subjetivas, nuestro reclamo es simple y objetivo: que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Que Mendoza honre su compromiso y cumpla el acuerdo que firmó en 1992, junto a Nación y La Pampa -homologado… https://t.co/ub5O5Fek7R
El reclamo de Ziliotto pone así el conflicto en un terreno que excede la discusión sobre quién debe cobrar los recursos producidos por el complejo hidroeléctrico.
La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que el decreto vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión produce un “perjuicio patrimonial” directo sobre la provincia al eliminar un ingreso que, bajo el régimen anterior, percibió durante décadas.
Ziliotto cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional. “Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”, escribió en X.
De larga data
La disputa por el uso y aprovechamiento de ese río atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.
El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.
La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo – daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
Reunión con los gobernadores de Entre Ríos y Mendoza
La secretaria General, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
Presidencia
En ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.
Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.
La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
El Senado reactivará este martes el debate en comisión sobre el proyecto de reforma electoral, impulsado por el Gobierno nacional en la comisión de Asuntos Constitucionales.
La discusión central se enfoca en la suspensión o eliminación definitiva de las elecciones PASO, un punto de controversia directo donde el oficialismo de La Libertad Avanza aún no cuenta con los respaldos requeridos.
Por tratarse de una modificación normativa en el sistema electoral, la iniciativa exige una mayoría agravada de 37 votos en la Cámara Alta y 129 en la Cámara de Diputados. Actualmente, el bloque libertario no alcanza esas cifras por no sumar el acompañamiento indispensable de referentes de la UCR y el PRO.
Negociaciones legislativas y apoyo de los gobernadores
El escenario dentro del Congreso depende de la negociación directa con mandatarios provinciales. En las proyecciones iniciales se registra que Rogelio Frigerio no cuenta con bancadas propias en el recinto, mientras que Rolando Figueroa, Raúl Jalil y Leandro Zdero aportan un legislador cada uno. Por su parte, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua influyen sobre dos senadores por cada provincia.
La viabilidad para un eventual dictamen final estará sujeta a la búsqueda de consensos entre los bloques dialoguistas. Si bien existen coincidencias generales sobre la actualización de la normativa electoral, las discrepancias en torno a la eliminación del sistema de primarias traban el avance parlamentario.
Cambios clave en la Boleta Única de Papel y debates
Además del eje vinculado a las elecciones primarias, la propuesta contempla reformas en la aplicación de la Boleta Única de Papel. Entre las modificaciones previstas, se plantea habilitar la opción de tilde para boleta completa, además de incorporar la posibilidad de sumar elecciones provinciales en aquellos casos en que los comicios sean simultáneos.
El articulado presentado también establece la supresión del debate presidencial obligatorio que se aplicó en las instancias comiciales previas. El tratamiento legislativo continuará durante los próximos días para evaluar las chances de concretar acuerdos que habiliten el dictamen.
