Luego de la cumbre del PRO en Parque Norte, el partido amarillo busca orden interno para negociar un acuerdo con el oficialismo en las próximas elecciones.
El PRO salió a ratificar la alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones para gobernador del próximo año. Fue tras la cumbre en Parque Norte donde el partido amarillo se alineó nuevamente con la Casa Rosada y confirmó a través de Mauricio Macri que “no vamos a hacer oposición”.
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Sin apoyo interno de los gobernadores de su partido como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el ex presidente no consigue una candidato presidencial competitivo para enfrentar a Javier Milei, tal como adelantó Ámbito, y ante el éxodo imparable de su propia tropa hacia las filas libertarias, tuvo que confirmar que mantendrá el acuerdo electoral en las presidenciales con el objetivo de mínima de conservar el poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encargado de adelantar que el PRO compartirá boleta y candidato a gobernador bonaerense con LLA fue Cristian Ritondo, jefe del partido en la provincia de Buenos Aires y uno de los principales impulsores de Diego Santilli como sucesor de Axel Kicillof. “Para mi, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo”, adelantó en diálogo con la prensa tras la cumbre partidaria del jueves pasado en Parque Norte.
Mensaje a La Libertad Avanza
“No hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo“, afirmó Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO en el Congreso donde Macri expresó en relación así gobierno nacional que “hay que completar el rumbo y no cuestionarlo. No vamos a ser oposición ni boicotear nada, eso no va a pasar nunca”.
“El acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lo hice con Karina (Milei) y con todo el equipo, para nosotros fue un muy buen acuerdo”, completó Ritondo. Casi en un anticipo de lo que podría volver a ser una rendición en términos de candidaturas propias del PRO a nivel nacional, el diputado explicó que “a nosotros nos importa la Argentina, no las candidaturas. Aprendimos después de que a nuestros dos últimos candidatos no les fue bien”.
Sin embargo, existen otras posturas dentro del PRO. Soledad Martinez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido, aseguró en Parque Norte que “tenemos claro el rumbo: para adelante, preparados para acompañar pero también para reemplazar y ser los próximos. Sabemos cómo hacerlo. Nos han subestimado en otros momentos y volvimos mas fuertes”. En ese debate están las principales figuras del PRO como Alex Campbell, vicepresidente del Senado bonaerense, y Ezequiel Sabor, designado armador nacional del partido amarillo de cara a 2027.
milei – macri
Críticas al PRO
El dilema sobre acompañar o no al gobierno de Javier Milei, y eventualmente volver a entregarle el nombre de la marca electoral y las principales candidaturas, atraviesa también a ex aliados del PRO. Esta semana, Manuel Passaglia, actual diputado provincial y ex intendente de San Nicolás que el año pasado había elegido no ser parte del acuerdo PRO LLA y fundó su nuevo espacio HECHOS, le pegó duro al partido liderado por Mauricio Macri: “El PRO perdió la identidad”.
“No hay mucho para decidir, fueron juntos en las últimas elecciones, votaron todas las leyes juntos y muchos de los funcionarios del actual gobierno nacional son del PRO. Está claro que ya eligieron su candidato a Presidente y es Javier Milei”, lanzó Passaglia en declaraciones a una radio. Passaglia en mayo del año pasado había sido el primero en bajarse del acuerdo entre PRO y LLA de cara a las elecciones. Allí denunció que eso no era un acuerdo sino un “sometimiento” del partido amarillo al violeta.
En ese marco, junto a su hermano Santiago actual Intendente de San Nicolás, decidieron crear un nuevo espacio al que llamaron HECHOS y con el que compitieron en la segunda sección electoral. “Este es un primer paso de cara a lo que viene. Un espacio que representa un alternativa al gobierno nacional y a los K y que va a constituirse como una opción a nivel provincial”, dijo por entonces Passaglia.
El ecosistema de servicios financieros en Argentina sumará un nuevo jugador, con el arribo de ProntoPaga, una paytech de origen chileno que anunció una inversión inicial de USD 2,5 millones para establecer sus operaciones en el país.
La firma, especializada en el procesamiento de pagos de alto volumen, busca capitalizar la madurez del mercado local y posicionarse como un socio estratégico para la industria del entretenimiento digital y el juego en línea, un sector que demanda estándares de cumplimiento y capacidad transaccional superiores al promedio.
Según informaron desde la compañía, la decisión de ingresar al mercado argentino responde a una estrategia de consolidación en el Cono Sur, donde la empresa ya tiene presencia operativa en Chile y Perú. Este desembarco es un paso en un plan de expansión que incluirá a México, Colombia y Paraguay hacia el cierre de 2026.
El capital invertido se destinará principalmente a desarrollar infraestructura tecnológica local, conformar un equipo especializado y cumplir la normativa vigente ante los organismos reguladores.
El diferencial técnico que la firma trae al mercado local se centra en resolver ineficiencias críticas en la infraestructura de pagos, especialmente en lo que respecta a la velocidad y seguridad de las transacciones. En el sector de las apuestas en línea, uno de los puntos más sensibles es el proceso de “payout” o retiro de fondos por parte de los usuarios.
Sebastián Salazar, CEO de ProntoPaga, habló con Infobae y explicó que en Argentina existe una inestabilidad en los sistemas de pago que afecta la sincronía de estos procesos. Para mitigar este problema, la plataforma implementará un sistema de “encolado” de transacciones. “Esta solución técnica permite que, ante una eventual caída de los sistemas externos, las órdenes de pago no se pierdan, sino que se mantengan en fila para ser procesadas automáticamente una vez restablecido el servicio, garantizando la continuidad de la operación”, explicó el empresario.
La capacidad operativa de la plataforma ha sido escalada para soportar picos de demanda extrema, como los que se prevén para el Mundial de Fútbol 2026. Actualmente, la infraestructura puede procesar 1,2 millones de transacciones por hora, pero el objetivo de la firma es triplicar esa cifra antes del Mundial, alcanzando una capacidad de 20.000 transacciones por segundo. A nivel regional, la paytech ya gestiona un volumen de 9 millones de transacciones mensuales, lo que representa un flujo de pagos superior a los USD 250 millones al mes.
Uno de los pilares del desembarco de la fintech chilena en Argentina es la integración con los métodos de pago locales de mayor adopción. En este sentido, la empresa confirmó un contrato con MODO para proveer servicios específicos a la industria del juego. Esta alianza permitirá utilizar herramientas de gestión de riesgo avanzadas y soluciones innovadoras para el segmento del gambling (apuestas).
El cumplimiento normativo es otro eje central de la operación. Salazar destacó que “Argentina posee una de las legislaciones fintech más desarrolladas” y mencionó específicamente el marco para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y las recientes actualizaciones en materia de ciberseguridad. “Para nosotros, empezar a operar en este mercado es muy positivo, porque nos ayuda a entender cómo funcionan economías que están más desarrolladas a nivel de tecnología financiera”, señaló el ejecutivo en referencia al ecosistema local.
“Argentina no es un experimento para nosotros, sino una pieza estratégica dentro de nuestra expansión regional. Es uno de los ecosistemas fintech más sofisticados de América Latina y tiene un rol clave en nuestra consolidación en el Cono Sur”.
Además, la plataforma incorpora un sistema de validación de identidad diseñado para impedir transacciones de menores de edad, un requerimiento crítico para operar en mercados regulados de apuestas. Esta capa de seguridad se complementa con una arquitectura antifraude y una gestión experta en temas tributarios para pagos transfronterizos, permitiendo que grandes comercios internacionales operen con la agilidad de un actor local.
Las ambiciones de la firma en el país son elevadas. El objetivo de ProntoPaga es procesar USD 1.000 millones exclusivamente en el mercado argentino durante el año 2027. A nivel regional, la meta para 2028 es alcanzar un volumen de procesamiento de USD 5.000 millones.
“Nos preparamos para procesar 20.000 transacciones por segundo. Nuestra expectativa es triplicar ese número antes del mundial; el crecimiento en volumen es lo que apalanca nuestra ambición”, sostuvo Salazar.
Para sustentar este crecimiento, la empresa está apostando por el talento argentino. Actualmente, ya cuentan con once personas trabajando en áreas de tecnología y finanzas, y planean contratar al menos quince profesionales adicionales durante el transcurso de 2026. Aunque el equipo se encuentra distribuido en diversas localidades como San Antonio de Areco, Córdoba y Entre Ríos, la firma contempla la apertura de una oficina física en Buenos Aires.
Fundada en Chile en 2021, la compañía nació para cerrar brechas en la infraestructura de pagos de sectores con altos niveles transaccionales. Con el inicio de sus trámites para obtener licencias como PSP agregador y aceptador en Argentina, la firma busca consolidarse como un socio de largo plazo en una de las economías con mayor adopción de tecnologías financieras de la región.
“En los últimos días se estuvo avanzando con pagos a varios prestadores, saldando lo adeudado de octubre y noviembre, y se sigue trabajando para avanzar en el pago de los restantes prestadores y períodos”, respondieron desde el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad ante la consulta de PERFIL por la demora en los pagos que, denuncian prestadores e instituciones, llevan entre tres y seis meses. El retraso se ve reflejado en el presupuesto: en la atención médica de las personas con pensiones no contributivas la ejecución, para fines de marzo, llega apenas al 1,48%. En total se abonaron $ 16.846 millones, cuando el dinero asignado para este año asciende a $ 1,13 billones.
El ministerio, continuaron las autoridades, “reafirma que las prestaciones para personas con discapacidad están garantizadas y que no existe ninguna decisión de afectar coberturas”. Pero ante los retrasos en los pagos tanto del Gobierno como de las obras sociales, una de las dos sedes de centro Santa Ana, en Colón, entre Ríos, cerrará sus puertas en mayo. “Tenemos esa sede desde 2013 y es la primera vez que no podemos pagar el alquiler”, contó a PERFIL Mireya Antivero, apoderada legal y socio gerente de ese centro. “Nosotros trabajamos con todas las obras sociales, con Incluir Salud y con la obra social provincial. El último pago que realizó fue en octubre, Salud pagó noviembre y algunas obras sociales pagaron hasta septiembre”. El centro se mantuvo con deudas que ya no pueden seguir tomando. “Ya comunicamos del cierre a la dueña de la casa que alquilamos y veremos de qué forma nos organizaremos para trabajar en la otra sede que tenemos. Estamos viendo de reubicar también en otras instituciones”, aseguró. “Es muy doloroso tomar esta decisión, porque afecta a cerca de cincuenta concurrentes, adolescentes y adultos, y a muchos trabajadores: alrededor de 35 personas entre terapeutas, talleristas, docentes, auxiliares, personal de administración y personal de maestranza”, lamentó.
La situación de Santa Ana no es la única. Dinad, una asociación sin fines de lucro que este año cumple 65 años, atraviesa problemas similares. “La mayor parte de nuestros residentes son adultos, y los adultos tienen como cobertura de salud PAMI, Incluir Salud y atención a través de las pensiones no contributivas. PAMI el mes pasado decidió no pagar la facturación y la pagó recién el 13 de marzo. Eso hizo que no pudiéramos pagar salarios, ni nosotros ni ninguna entidad en todo el país que dependa de alguna manera de la facturación de PAMI”, aseguró a este medio Adriana Salomone, gerente general de la institución. Por parte del Ministerio de Salud, afirma, “tenemos todavía muchas instituciones sin cobrar las prestaciones que se brindaron en el mes de octubre, noviembre, diciembre y obviamente el mes de enero, que sería el que está en término para pagarse ahora”.
La asociación también tiene obligaciones acumuladas. “Tenemos tres sedes: una escuela en Capital Federal, en el barrio de Caballito, donde asisten cincuenta alumnos y alumnas con distintas situaciones en lo que es discapacidad intelectual, y también tenemos, en el barrio de Villa Urquiza, un hogar con centro de día donde viven cuarenta personas. En San Miguel, en provincia de Buenos Aires, tenemos un hogar para adultos con discapacidad intelectual, que tiene la capacidad total, plena, de 57 residentes”.
En varios de esos casos no hay familiares a los que recurrir. “Esas personas, si los hogares cierran, ¿adónde van a parar?”, se pregunta Salomone. “Tenemos adultos de 60 años de edad cronológica: la mayoría no tiene a sus padres y quedaron a cargo de hermanos, sobrinos, primos, pero que también tienen su vida y que necesitan que vivan institucionalizados, porque no tienen posibilidades en su propio entorno familiar”.
Es la realidad de Alejandra, hermana de José (58). “Mi hermano tiene una discapacidad intelectual y motora. Existe la posibilidad de que la institución tenga que cerrar, y en mi caso eso afectaría profundamente a mi familia y a mi hermano. En Dinad no solo está cuidado, sino que está contenido, querido y respetado”, afirmó.
Desde el ministerio manifestaron que “en el último mes se otorgó un incremento del valor de las prestaciones por discapacidad de enero y febrero del 5,78%, que se suma a las actualizaciones del 29 al 34% de 2025”.
Pero el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que este incremento está calculado “sobre una base errónea y desactualizada”, por lo que no responde al espíritu de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La compensación prevista por dicha ley para cubrir la diferencia entre la inflación y los incrementos arancelarios fue reconocida por el Estado en apenas un 10,5 %, cuando el atraso real estimado por los prestadores asciende al 27,79%”, explicaron.
“Aunque tengas un arancel, si no lo cobrás, de nada te sirve cobrarlo cien días más tarde, porque la inflación sigue corriendo y los residentes tienen que comer”, agregó Salomone. “Fuimos a hacer una presentación en el ministerio y contestaron que Economía no les gira los fondos”. Desde la Secretaría de Discapacidad lo confirmaron a PERFIL: “Se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud y Economía para ir destrabando y avanzando en los pagos”, respondieron.
Mientras los pagos se destraban, los alumnos de Santa Ana ya se quedaron sin su lugar. “Los chicos nos preguntaban si van a seguir con sus mismos compañeros y realmente nosotros sabemos que no van a seguir con sus mismos compañeros, porque muchos no pueden continuar”, concluyó Antivero.
Las fotos que comparte con PERFIL lo resumen todo: “Sin este lugar nosotros estamos solos”, puede leerse entre los carteles que pegaron los asistentes en la puerta de la sede que está a punto de cerrar.
Se adelantaron los tiempos y plazos. Las reuniones se empiezan a repetir, los encuentros ya se empiezan a hacer públicos de cara a lo que será 2027 en un contexto en donde el oficialismo por primera vez empieza a mostrar profundas fisuras en su relato. Los encuentros no son solo de la oposición, sino que también el oficialismo mantiene los puentes con los sectores que lo acompañaron durante estos dos años. Pero el escenario empieza a ser otro. Y el Congreso, como siempre, será la caja de resonancia de todo esto.
“Hay acuerdos y desacuerdos por todos lados, pero lo que tienen en común es la volatilidad de lo pactado. Todos miran el 2027 pero tienen que transitar el 2026”, explicó un viejo armador del peronismo que viene sumando kilómetros en diferentes mesas de café. “En este esquema lo que vamos a ver es que los gobernadores van a mostrar una faceta negociadora con el Gobierno nacional y otra con la oposición, por lo que sus legisladores se van a mover con ese ritmo”, agregó.
En el oficialismo no hay dudas, Javier Milei va a ir por la reelección a la presidencia y, aunque haya jefes de estado provinciales que no busquen competir y que no intenten un armado opositor, saben que no pueden permitir el avance libertario. “Las conversaciones están y van a estar, pero como sabemos que nos van a poner a competir un candidato en la provincia hay que ponerle límites”, explicó un gobernador que buscará la reelección pero que no comparte una mesa de negociación con el peronismo.
Los gobernadores que podrían ir a una reelección son 15 más el jefe de Gobierno: Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).
En total, entre 40 y 50 diputados nacionales responden de manera directa o indirecta a estos gobernadores, considerando lealtades partidarias y provinciales, aunque la cifra podría variar por fracturas internas o realineamientos políticos. Este número será fundamental tanto para que La Libertad Avanza pueda avanzar con sus intereses como para que la oposición pueda llevar adelante su propia agenda.
“Los acuerdos van a terminar siendo temáticos. Vas a ver que los diputados que responden a un gobernador se sientan y acompañan para un tema que quiere el gobierno y en la sesión siguiente no dan quórum y votan en contra. Algunos van a sentar uno y parar a otro —uno da quórum y otro legislador no— dependerá del acuerdo de ese momento. Todo dura entre 10 y 15 días y se refrenda o se rompe”, señaló un ex peronista que hoy transita la vía del mundo liberal-libertario.
Un ejemplo que muchos señalan es el caso de Santiago del Estero, donde el gobernador Elías Suárez fue el primero en ocupar su lugar en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo y se quedó un buen rato solo, haciendo notar su presencia mientras sus pares evitaban ingresar al recinto. Sin embargo, el exgobernador y a quien todos señalan como jefe político de Suárez, Gerardo Zamora, hoy ocupa una banca en el Senado y hasta ahora mantiene un posicionamiento opositor.
En medio de lo que parece ser la peor crisis de credibilidad que vive La Libertad Avanza y sus principales referentes, el Congreso en general, y el recinto en particular, será donde se debatirán estos acuerdos. “El rumor es que todos adelantan las elecciones para no quedar pegados a la nacional, entonces cada uno va a jugar su preferencia. Va a ser un año difícil para el oficialismo pero también para la oposición más dura”.
Una frase muy utilizada por los brokers de Wall Street advierte que “al mercado no se le discute, al mercado se le entiende”. John Maynard Keynes popularizó otra frase: “El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente”. Posiblemente con estos conceptos en la cabeza,Luis “Toto” Caputo decidió cortar por lo sano y dio de baja la principal estrategia que él mismo había diseñado para el 2026.
Con un riesgo país ahora arriba de los 600 puntos básicos y en medio de la guerra en el Golfo Pérsico, el ministro de Economía recalculó y ya no insiste con regresar a los mercados internacionales. En un congreso organizado por el IAEF explicó que los futuros vencimientos de deuda serán atendidos con emisiones locales, ingresos por privatizaciones y “fuentes alternativas” que son más baratas que buscar fondeo en el mercado internacional.
Un informe del banco UBS enfatizó que el riesgo país de Argentina debería estar en torno a los 400 puntos básicos. Pero el mercado opina diferente, a pesar del superávit fiscal y las compras diarias de dólares que viene realizando el Banco Central para fortalecer las reservas.
Es imposible tener certeza absoluta sobre por qué los bonos argentinos volvieron a estar castigados. Pero una parte importante de la explicación es que la guerra provocó una fuerte salida de activos de riesgo, en particular de mercados emergentes.
La busca de refugio le pegó a la deuda argentina incluso más de lo sucedido en otros países. El Gobierno cree que el “riesgo kuka” sigue teniendo un peso en la decisión de los inversores.Con elecciones presidenciales el año que viene y el recuerdo de lo sucedido a Mauricio Macri, no es fácil hacer apuestas de largo plazo.
El dólar, sin embargo, ni se enteró. Argentina fue uno de los pocos países del mundo en el que se apreció la moneda desde que empezó la guerra, a fines de febrero.La explicación en este caso es que el flujo de dólares se mantuvo alto durante el período, pero además el cepo cambiario limita el acceso al mercado de las empresas.
Como consecuencia, el tipo de cambio real muestra una apreciación del 10% desde el arranque del año. Argentina vuelve a encarecerse en dólares, algo que debería corregirse tarde o temprano ya sea con una fuerte reducción de la inflación o una suba del tipo de cambio.
Aunque Javier Milei ganó con holgura las elecciones de medio término, nadie puede dar una certeza absoluta de victoria en las presidenciales. Ese margen de duda le pone un techo a la recuperación de los bonos. La suba del desempleo en medio del proceso de apertura económica y la actividad que marcha a dos velocidades (con claros ganadores y perdedores) obligan a manejarse con cautela a la hora de realizar proyecciones.
El nivel récord de depósitos en dólares, ya en niveles de USD 39.000 millones, le permiten al Gobierno un margen de tranquilidad para satisfacer sus necesidades de fondeo. El objetivo ahora es emitir USD 2.000 millones de Bonar 2027 para hacer frente al próximo vencimiento de julio. Esos dólares están colocados al 2% anual o en mucho casos a tasa cero, mientras que el Tesoro paga casi 6% anual y con pago mensual de intereses. Por eso, la oferta de dólares abundantes en los próximos meses está casi asegurada.
La suba del riesgo país puede complicar algunos planes de empresas o de provincias para buscar financiamiento internacional, porque tendrían que pagar una tasa cercana al 10 por ciento.Mendoza ya está en la fila para salir al mercado como antes lo hicieron la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Pero deberá esperar que mejoren las condiciones de mercado.
La evolución de la guerra con Irán seguirá condicionando el humor de los mercados. Alberto Bernal, head de estrategia de XP Investment, se mostró optimista respecto a un desenlace rápido: “Creemos que esto puede durar a lo sumo dos o tres semanas más. China es el que tiene la posibilidad de presionar para el final del conflicto, porque es el principal exportador de petróleo del mundo y no van a estar dispuestos a seguir pagando arriba de USD 100 el barril. Son ellos los que van a terminar presionando a Irán para que deje de bombardear el estrecho de Ormuz”.
Pero cada semana que sigue el conflicto los mercados pasan factura. La caída de las cotizaciones se viene acelerando a medida que no hay señales de alto el fuego. Donald Trump insiste en que la victoria sobre Irán es apabullante.
La guerra provocó el primer impacto en la economía doméstica a partir de la suba del precio de la nafta. Horacio Marín, CEO de YPF, aclaró a principios de esta semana que no aumentaría más de 10% porque el incremento del barril es “coyuntural”. Así buscó limitar en el corto plazo el impacto sobre la inflación y al mismo tiempo envió una señal a los competidores para que avancen con incrementos más allá de ese nivel.
El economista Fernando Marull proyectó que la inflación de marzo se ubicará en 3%, aunque no descarta que incluso termine siendo mayor. La buena noticia es que en abril se espera un retroceso para ubicarse debajo del 2,5%. Esto siempre que el barril de petróleo n o siga aumentando, lo que obligaría a nuevos incrementos en los surtidores.
Aunque todavía resulta un poco prematuro aventurarlo, la desaceleración inflacionaria de abril podría marcar un punto de inflexión luego de prácticamente un año de subas continuas del índice.
El equipo económico espera que la estabilidad cambiaria y la reducción en el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios ayuden para la baja de la inflación en los próximos meses. El índice mayorista, que subió solo 1% en febrero, alienta la expectativa de ir en esa dirección.
El segundo trimestre es visto por el Gobierno como una oportunidad para empezar a ver mejores números de actividad económica. Si bien el PBI creció casi 4,5% el año pasado, las cifras difundidas por el INDEC son elocuentes respecto a la “doble velocidad” que muestran los distintos sectores. Muchos lo describen también como evolución en forma de “K”, con algunos sectores que van para arriba y otros que siguen en caída.
El agro, por ejemplo, mostró una expansión de 16% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior. Intermediación financiera creció 17% interanual y pesca poco más de 10%. Sin embargo, la industria manufacturera cayó 5%, mientras que comercio perdió 2,2% y el rubro construcción permaneció casi estancado. Este comportamiento explica fácilmente por qué la economía destruye mano de obra pese a que las estadísticas muestran que se encuentra en expansión.
Desaceleración inflacionaria, recuperación del salario real, fuerte aumento de la liquidación de divisas por parte del agro y el avance en la remonetizacion de la economía pondrían en marcha el circulo virtuoso para que la recuperación empieza a sentirse “en la calle”.
Frente a lo que algunos ya denominan una “nueva Botnia”, por su similitud al conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera sobre el río Uruguay, la Justicia de Entre Ríos emitió una resolución en la que se pronunció a favor de avanzar en la demanda por daños ambientales contra la planta de biocombustibles situada en Paysandú, en territorio uruguayo, a solo tres kilómetros de la ciudad de Colón.
Así se desprende del dictamen de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, al que tuvo acceso Infobae, que resolvió que el reclamo contra el Estado uruguayo y la multinacional chilena HIF Global SA debe tramitarse ante un juzgado federal local, y no de manera directa por la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen, firmado el 18 de marzo por la fiscal María Josefina Minatta, se pronunció por la medida interpuesta por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, los tres integrantes de Fuerza Patria.
Para los legisladores, la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”, que tensó la relación bilateral y coincidió con los mandatos de los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.
Con la nueva resolución, se abre un camino para que medidas preventivas, como el reconocimiento judicial de las costas y el análisis de las aguas, sean tratadas por el juzgado federal local.
El reclamo ambientalista contra la nueva planta viene creciendo en las últimas semanas. Días atrás, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó que la refinería de combustibles sintéticos frente a la costa argentina “tiene que relocalizarse”.
Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos desde el lado argentino. En ese contexto se inscribe la resolución de la fiscal Minatta.
“La inacción y falta de gestión de Frigerio llevó a esta situación de tener que solicitarle a la justicia que, en el marco de la ley y los tratados internacionales, se actúe y tomen medidas. Frigerio quería distraer a los vecinos de Colón con fuegos artificiales; ahora deberá ponerse a trabajar de manera seria y profesional”, cuestionó el massista Guillermo Michel.
La presentación judicial advirtió que la instalación de la planta en Paysandú podría generar contaminación y otros impactos negativos sobre la localidad argentina, por tratarse de una zona fronteriza. Pero antes de involucrarse en esos aspectos y en la cuestión de fondo, debía resolverse la competencia judicial sobre cuál era el tribunal competente para tramitar la cuestión.
En ese marco, la fiscal Minatta debía analizar si la demanda podía ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en instancia originaria, es decir, como única y primera instancia de resolución, o si debía canalizarse ante un juzgado federal ordinario.
Para fundamentar su postura, la fiscal repasó que el acceso directo a la Corte Suprema en causas civiles solo es posible en situaciones excepcionales, como cuando intervienen provincias argentinas, embajadores o diplomáticos extranjeros.
Desde la jurisprudencia, la resolución señala que el máximo tribunal “ha dicho reiteradamente que los Estados extranjeros y sus representaciones diplomáticas no están habilitados a litigar directamente ante la Corte Suprema en este tipo de causas”. La Constitución establece taxativamente cuáles son los reclamos de competencia originaria. Y citó antecedentes del propio tribunal, entre ellos, el precedente “Sojo”.
De esta manera, el dictamen reconoce el derecho de los particulares a acudir a la Justicia para proteger intereses colectivos, como el ambiente, y precisa que esa demanda no habilita a saltear las instancias judiciales.
El caso implica una nueva pelea entre Argentina y Uruguay por eventuales daños ambientales en el litoral, lo que reabre viejas heridas recientes, como el litigio que llegó hasta la Corte Internacional de la Haya por la pastera de Botnia-UPM.
La planta de HIF Global está proyectada a 15 kilómetros del centro urbano de Paysandú, en Uruguay, en cercanías del Área Protegida Islas del Queguay y a solo cuatro kilómetros en línea recta del centro urbano y la costanera de Colón.
El proyecto contempla la construcción de instalaciones destinadas a la producción de hidrógeno “verde”, junto con áreas de almacenamiento químico, plantas energéticas asociadas y un uso intensivo del recurso hídrico. Representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares, y el complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.
Por el momento, la tensión está relativamente contenida y con un canal de diálogo abierto. Ambos países vienen sosteniendo reuniones bilaterales, entre ellas, como la del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el gobernador Frigerio. También hubo bilaterales con las representaciones diplomáticas de las dos fronteras entre los cancilleres Pablo Quirno y Mario Lubetkin.
Esa vocación de entendimiento la expresó el presidente Orsi, al ponderar que hay voluntad de Argentina de negociar y la expectativa de “lograr acuerdos” por el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú.
Lo cierto es que, junto a la demanda judicial del peronismo, hay chispazos latentes. Frigerio insiste en evitar la instalación de “una nueva Botnia” y “repetir el tremendo mal paso que dio la Argentina” hace 20 años. En la misma sintonía, el intendente de Colón, José Luis Walser planteó también que se “debe relocalizar, sí o sí, la planta”, y en caso contrario se recurrirá a la Justicia.
Desde el lado uruguayo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, criticó a Frigerio y pidió ser “cuidadosos en el tono y en las formas”, al reivindicar el diálogo como vía de resolución. “El conflicto de Botnia nos tuvo que dejar como enseñanza que si la irracionalidad le gana al diálogo, las poblaciones quedan de rehenes”, afirmó el jefe comunal del país vecino.
Como si fuera un fantasma del pasado, la discusión sobre cómo afrontar y mitigar los daños ambientales de este tipo de proyectos productivos reaparece una y otra vez. Curiosamente, la primera planta de UPM en Uruguay, ubicada FrayBentos, tuvo la semana pasada el primer derrame de ácido sulfúrico en el puerto de la ciudad.
El incidente se registró 17 años después de que entrara en funcionamiento.
Guadalajara, México. Enviada especial. El proceso de privatización del tren Belgrano Cargas, iniciado a comienzos del año pasado mediante el decreto 67/2025, está entrando en su etapa de definición y tiene en juego el funcionamiento de los trenes de carga para los próximos 50 años.
Actualmente, un ferrocarril de los más eficientes del mundo, como lo son en los Estados Unidos, o México, puede recorrer 560 kilómetros en apenas 9 horas, mientras que el tren que el Gobierno privatizará en los próximos meses tarda 4 días en realizar la ruta Rosario-Córdoba. Además, transitan al doble de velocidad que en la Argentina y llevan mucho más carga, ya que son unidades que pueden llevar hasta 150 vagones, lo que aumenta el volumen transportado.
El Gobierno tiene listo los pliegos de esta licitación clave que definirá el futuro de los trenes de carga del país y la expectativa es que se conozcan el mes próximo, según pudo saber Infobae. Mientras tanto, las empresas interesadas esperan con ansias los detalles de esos documentos (de las tres líneas, Belgrano, San Martín y Urquiza) para terminar de delinear sus planes y participar de la operación. Quien gane, operará el tren por las próximas cinco décadas.
El Begrano Cargas es una de las líneas ferroviarias de carga más importantes y extensas de la Argentina, mediante la cual se mueven importantes volúmenes de granos desde el NOA hacia los puertos del Gran Rosario. Sin embargo, y pese a que se han hecho inversiones, se encuentra lejísimo en eficiencia de lo que puede ser un tren en países donde se ha invertido fuerte en los últimos 30 años.
México es un claro ejemplo de ellos. En la década del 90, cuando se privatizaron los trenes en ese país, el deterioro del sistema era enorme. Y en tres décadas lograron no sólo revertirlo, sino asemejarlos a los ferrocarriles norteamericanos. Y eso es lo que busca en la Argentina el Grupo México, el único grupo extranjero interesado en quedarse con la concesión de las tres líneas del Belgrano Cargas.
Se trata del mayor operador ferroviario del continente, y propone una inversión de USD 3.000 millones en un lapso de cinco años. El modelo que propone es la fiel copia del que aplicaron en el país azteca, con Ferromex y Ferrosur, y en el estado de Florida, en los Estados Unidos, con el Florida East Coast (FEC). También pujan por el Belgrano Cargas un consorcio de cerealeras integrado por ACA, AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus, y posiblemente COFCO, que busca controlar toda la línea, pero con especial interés en el corredor agrícola, que es el que mejor infraestructura tiene.
La decisión oficial es que la operación del ferrocarril pase a manos privadas a mediados de este año bajo un sistema de open access. Ello significa que, en el caso de las tres líneas, se licitará la concesión de la infraestructura con la posibilidad de que se pueda integrar la operación (material rodante, vías y talleres) pero que también cada negocio pueda ser operado por una empresa diferente. Se tratará de un esquema flexible, admiten en el Gobierno.
Otro dato no menor es que quien gane podrá luego presentar el proyecto para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que los proyectos de infraestructura están contemplados en la Ley. Lo que el Estado no puede es garantizar un RIGI con la concesión, sino que debe presentarse a posteriori.
“Estamos proyectando una inversión de hasta USD 3.000 millones para poder levantar la infraestructura. Eso sería la inversión principal, sería para rehabilitar la vía, poder mover más carga en cuanto a tonelaje y número de carros y modernizar el equipo. Pero son inversiones graduales”, enfatizó Bernardo Ayala, CEO del Grupo México Transportes EUA (GTMX en Estados Unidos), en una charla con periodistas organizada a propósito de la inminente licitación y el interés del holding en aterrizar en la Argentina.
Durante el encuentro, el directivo repasó el alcance global del grupo, que opera en sectores como minería, transporte e infraestructura y manifestó de forma contundente que el objetivo de tomar la operación del Belgrano Cargas (se presentarán por las tres líneas y por toda la operación) es lograr una red de vías ferroviarias que permitan transportar no sólo granos, sino también minería y otros productos, así como sucede en los países donde operan. Lo que sí quedó claro es que el objetivo será operar las tres líneas, pero con especial interés en el Belgrano Cargas. De no obtener esa línea, no se quedarían con el resto aunque las hubieran ganado.
Sucede que tanto la línea Urquiza, que recorre la mesopotamia argentina al conectar las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires; como la San Martín, que conecta la región de Cuyo con los puertos del Gran Rosario y Buenos Aires, no sólo requieren un nivel mucho mayor de inversión para ser eficientes sino que, además, son menos rentables porque transportan menos carga que el Belgrano.
La división de transportes del grupo (GTMX) posee cinco líneas: 3 en México (Texas Pacífico y Ferrosur, donde son dueños del 100%, y Ferromex, en la que tienen el 74% de la compañía). Además, son dueños del Florida East Coast (FEC), el tren que conecta el puerto de Miami con Jacksonville, en el estado de La Florida. Además, el grupo tiene una división minera (es el tercer mayor productor mundial de cobre) y otra de infraestructura. Se trata de un conglomerado empresarial mexicano cuya propiedad mayoritaria es de Germán Larrea Mota Velasco y su familia, el segundo hombre más rico de México, detrás de Carlos Slim. El desembarco a la Argentina, si es que triunfan en la licitación, será de la mano de GTMX USA.
Consultado sobre el atractivo del Belgrano Cargas, Ayala señaló a Infobae que la red “tiene muy buena cobertura, tiene acceso a la zona agrícola, a la zona mineral y acceso a los puertos”. Consideró que con eficiencias operativas y mayor inversión, “eso va a permitir más movimiento de carga en la Argentina, haciendo al país más competitivo”. Insistió en que el objetivo es construir una red que no se limite a un solo sector: “Es una red donde podamos mover todos los productos, desde productos terminados en contenedores, productos de importación, agregados, agrícola, químicos, vehículos”.
Ayala agregó que la empresa, de resultar ganadora, ingresaría “con lo que hay” y que, a partir de esa base, comenzarían a realizar inversiones graduales. “Tenemos que entrar con lo que hay y de ahí empezar a construir”, afirmó. Detalló que el proceso de adquisición de equipo nuevo y materiales puede tomar entre uno y tres años, por lo que la secuencia de inversiones depende de los tiempos de entrega de proveedores internacionales.
Respecto a la modalidad de concesión, Ayala explicó que la empresa analiza tanto el esquema de integración vertical como el denominado “open access”. “Creemos que una integración vertical (como la que tienen en México y EEUU) es lo que más conduciría a una eficiencia operativa de una red integrada en la Argentina”, opinó. Sin embargo, aclaró que la decisión dependerá de la definición concreta de los pliegos licitatorios y de las condiciones específicas que establezca el gobierno, que ya igualmente dejó trascender que irá por el open access.
Sobre el RIGI, Ayala fue enfático: “El RIGI es muy importante, lo hemos hablado abiertamente con el Gobierno”. Explicó que la empresa necesita certeza jurídica antes de asumir compromisos: “Buscamos que se asuman los compromisos de la concesión, pero que un RIGI venga al mismo tiempo o inmediatamente después”. Consideró que, sin esa garantía, “va a ser muy complicado porque es una inversión muy grande”.
El directivo de GTMX USA subrayó que el enfoque del grupo está puesto en la inversión ferroviaria, aunque reconoció que la minería podría ser un sector a explorar en el futuro, ya que la empresa matriz es una compañía minera. Por el momento, insistió: “Nuestro enfoque es la inversión ferroviaria”.
Respecto a la competencia, Ayala afirmó: “La competencia no es otro ferrocarril, otro cargador. La competencia es la conversión de camión a ferrocarril”. Señaló que en la Argentina apenas un 5% de la carga se mueve por tren, frente al 26% en México y el 40% en Estados Unidos. En este sentido, remarcó, “una mayor penetración del modo ferroviario permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional”.
Con respecto a los tipos de trenes, desde el Grupo México afirmaron que sirve correr trenes largos y pesados porque son más eficientes. De hecho, pueden llegar a contar con 120 a 150 vagones, con una carga total de 18.000 toneladas en EE.UU. y entre 12.000 y 15.000 toneladas en México. Cada vagón lleva aproximadamente 100 toneladas. Así, la extensión total puede ser de 3,5 kilómetros. “Un tren de estos equivale a 4 de la Argentina, por eso es más barato”, dijeron en el grupo. Y agregaron que transportar 1 tonelada cuesta menos de 1 dólar.
Con respecto a la velocidad, también las diferencias son enormes. Mientras que en las vías argentinas se circula entre 15 y 25 km/h, en promedio, y en el tramo reparado por las cerealeras llega a los 50 km/h, el FEC norteamericano alcanza los 110 km/h.
Mantener la unidad es el objetivo superior de todos los actores, en el país donde el que se divide pierde. A ver si te das cuenta, en política la realidad efectiva (la verità effettuale de Maquiavelo) y la necesidad se imponen sobre la imaginación utópica. Para el peronismo significa achicar las diferencias entre el peronismo del AMBA y el del interior, que los han llevado al momento de mayor debilidad en la historia. Si una PASO los puede dividir más, se entiende que busquen la fórmula adecuada para una unificación, sin confrontaciones que los liquiden.
Lo más notable fue el viaje que emprendieron Wado de Pedro y Mariano Recalde a parlamentar el jueves con Ricardo Quintela. El riojano se había enfrentado con Cristina Kirchner en la disputa por la conducción del PJ Nacional.
Cristina encargó esta misión de reconciliación. En la noche del jueves Quintela le propinó una cena a Wado, Recalde y a los senadores Florencia López y Fernando Rejal. Ante diputados y dirigentes riojanos, Wado le dijo que confiaban en Quintela para que desde ahora articulase el armado del peronismo del interior con la expresa venia de la conducción nacional. Un acercamiento necesario para urdir alguna unidad de la oposición peronista. Este acercamiento entre Buenos Aires y el interior con cabeza en La Rioja no ocurría desde 1988, cuando hubo interna entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Le dio al peronismo una década de poder. Nunca más ocurrió desde entonces.
También es una tregua con Axel
Que el escenario fuera La Rioja importa: 1) porque hasta ahora Quintela era Axel y este acercamiento es, por carácter transitivo, una tregua con el gobernador de Buenos Aires y la cúpula cristinista; 2) importa la visita que le hicieron al obispo local Dante Braida. Es el presidente de la Pastoral Social Nacional del episcopado católico. Esa mesa de obispos dio un comunicado sobre el 24 de marzo en donde destacó la tendencia al autoritarismo. No menciona al gobierno, pero le podría calzar la crítica. Esta visita al obispo Braida sigue a otra que hizo hace una semana a la mesa del episcopado Axel, que sabe la importancia que tienen los obispos a la hora del voto. Es plausible interpretar la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires en 2015 como un efecto de las críticas de la iglesia bonaerense a Aníbal Fernández. Axel cultiva excelentes relaciones con la iglesia en su provincia.
Recalde tiene a su cargo misiones paralelas. 1) Es el abanderado de la estrategia del PJ y del sindicalismo para anegar la ley de reforma laboral en un mar de inconstitucionalidades. La idea es lanzar una andanada de pedidos de amparo contra diversos artículos de la norma aprobada por el Congreso, seguida de amparos de gremios y de individuos a restricciones que les imponga esa norma, hasta empantanar el funcionamiento y obligar al gobierno a arrodillarse ante ellos y asumir un nuevo rumbo. 2) La organización de las candidaturas de representantes del estamento de los abogados para las elecciones en el Consejo de la Magistratura. Esas elecciones tendrían que hacerse a más tardar en octubre, y Recalde es el referente del PJ para este asunto.
La fiebre federal en el peronismo
En 2023, Sergio Massa obtuvo 11.598.720 votos en la segunda vuelta, mientras que Daniel Scioli había conseguido 12.309.575 en 2015. Sin embargo, mientras Scioli perdió frente a Macri por un 2,68%, Sergio Massa perdió con Milei por un 11,30%. ¿Dónde estuvo la diferencia? En el voto del peronismo del interior, especialmente en las provincias del Norte, que se desentendió de la suerte de la fórmula del peronismo del AMBA. Esta especulación justifica la variedad de movimientos de federalización que intentan las tribus del peronismo.
El PJ y sus aliados sumaron en 2023 un 3,22% más para ganar en primera vuelta. Alcanzaron el 36,78%, cuando el balotaje establece ganador a quien alcance por lo menos 40% frente a un segundo que esté a más de 10 puntos de diferencia. En las legislativas de 2025, el peronismo obtuvo en todo el país un 33,70% de los votos: un 3,08% menos que Massa dos años antes. Una diferencia que también puede atribuirse a la desmovilización del peronismo del interior, con los del Norte del país a la cabeza, que pudo remontarse si el peronismo del AMBA hubiera mirado alguna vez al interior. Los dejó a la deriva con el resto del país a favor del mileísmo, que se benefició del desgaste.
Pero el voto del peronismo se mantuvo fiel entre 2013 y 2025, y en un momento cuando el partido no tiene cabeza formal por la inhabilitación de Cristina Kirchner. Los funcionarios que la acompañaron hasta 2025 y entre 2017-2023 están bajo proceso, incluyendo a su delfín Alberto Fernández. Aun con esas pesadas cargas, el voto del peronismo no disminuyó ni se dividió sustancialmente. Cuanto más, se desmovilizó y se abstuvo. Aun en Buenos Aires, donde se libra la pelea interna más ácida entre el cristinismo y el axelismo, el peronismo retuvo el control de la provincia el 7 de septiembre y en las legislativas de octubre, casi empató unas elecciones de medio término que el peronismo solía perder ante el no peronismo. La diferencia fue menor a un punto y la alianza de La Libertad Avanza con el PRO sacó sólo un diputado nacional más.
Una PASO los puede liquidar
Desde diversos cuarteles del peronismo salieron en la semana misiones de reconocimiento del terreno, destinadas a: 1) disputarles el terreno a otros sectores del peronismo del interior; 2) verificar las condiciones que pueden dividir al peronismo antes o después de una disputa interna formal para las elecciones nacionales de 2027.
La experiencia de las PASO entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández en 2015 por la gobernación de Buenos Aires demostró que una disputa según el formato de la norma vigente desde 2010 puede ser letal para una familia política.
No solo le pasó al peronismo, que perdió en 2015 frente a Juntos por el Cambio esa provincia y el gobierno nacional. También Cambiemos perdió en 2023 como consecuencia de la PASO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Las condiciones de esa pelea, en la cual Mauricio Macri optó por apoyar a Patricia y, subsidiariamente, al propio Milei, a quien hubiera querido participando en esa PASO (lo propuso a la mesa de Cambiemos en abril de 2023), pulverizaron a la coalición. La fragilidad de la candidatura de Bullrich no necesita probarse: quedó fuera del balotaje a la cabeza de una fuerza que desde 2015 había obtenido por encima del 42% en todas las elecciones nacionales y parecía imbatible. Lo mejor para todos es tejer consensos internos. En política no se pelea con los de adentro, se pelea con los de afuera.
A los votantes no se les interpreta, se los escucha
Después de esta experiencia, el gobierno lanzó la revisión del sistema de las PASO para 2027. La marca La Libertad Avanza, junto al PRO de Esteban Bullrich, es la única fuerza que ha lanzado a la cancha una candidatura presidencial. Con eso sabe que su chance de ganar depende de que los partidos de la oposición sigan divididos y desmovilizados.
Hasta donde se sabe, la reforma que quiere imponer al sistema de Boleta Única es que se incluya el rótulo que permite a los votantes apoyar la lista completa con un apellido. Un beneficio para partidos verticalizados debajo de un nombre que arrastre. Lo tiene LLA con Milei. Hoy no lo tiene ninguna otra fuerza. Por eso es clave que las cúpulas que saben que los electores están íntegros –el no peronismo en el 40% y el peronismo en el 33,70% (el promedio de 2025)– y esperan que sus dirigentes los representen.
A los votantes no se les interpreta, se los escucha, recordó esta semana Alberto Núñez Feijóo, el más inspirado frasista del conservadurismo español. El transfuguismo político, práctica oportunista que intoxica la vida pública, se alimenta de dirigentes que interpretan el voto que reciben. Siempre en su beneficio. Los tránsfugas de Cambiemos que se han refugiado en el mileísmo interpretan el voto que recibieron, no lo escuchan. Los votaron para ser oposición y no gobierno. Esa trampa es la misma que encierra la ley de lemas. Voto para un candidato, pero después lo aprovecha otro.
Pichetto, toco y me voy
El mensaje de la misión del PJ es decirles a los dirigentes del interior que no están solos y que la mesa federal que se mueve con Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz no es la única.
Ese grupo también está en operaciones vertiginosas. En la semana se registraron una aparición en el bloque Unión y Libertad en el Senado de Buenos Aires que conduce Carlos Kikuchi. Este legislador fue el operador principal de la candidatura de Javier Milei disparada desde el gobierno anterior como un ardid para dividir el voto de Cambiemos. Exitosa faena, pero que también arrastró al peronismo a la derrota. Kikuchi se distanció de Milei cuando este decidió no seguir las instrucciones de Sergio Massa para bajarse del balotaje y aceptó el apoyo político y financiero de Mauricio Macri. El bloque lo integra además Sergio Vargas, que ha sido en algún momento asesor junto a Miguel Pichetto en el Senado de la Nación.
Esa visita fue promovida por Pichetto y blanqueó una decisión que el grupo tomó hace un mes en una reunión discreta en la que tanteó la posibilidad de unir fuerzas para mover la construcción de un Frente Nacional que represente a sectores críticos del peronismo kirchnerista y también del oficialismo mileísta.
Tan discreta fue esa cita que ocultan lugar y anfitrión, localizables en el conurbano norte. Ya se conocerá, paciencia. El frente estaría integrado, según lo hablado en esas reuniones, por un ala del peronismo “de derecha”, que hoy no tiene representación en el PJ, y sectores disidentes del radicalismo y del PRO, además de mileístas desencantados. La visita al bloque Kikuchi abrió un ciclo de encuentros del grupo Pichetto con intendentes de Buenos Aires, en donde el sector que representa Unión y Libertad tiene algún armado.
Uñac federaliza a contramano
Otra central no cristinista del peronismo se mueve del interior hacia el resto del país. Es la que anima, por ahora solo, el senador Sergio Uñac, exgobernador de San Juan. Cuenta con la coordinación del exministro Juan José Álvarez, que es uno de los operadores discretos más vivarachos del peronismo y que ha actuado junto a diversas tribus de su partido.
Juanjo, que ha sido además legislador nacional, trabaja desde la periferia hacia el centro, pero no arranca mirando al AMBA. Entiende que un movimiento, para representar a un peronismo distinto, necesita buscar un entendimiento con el peronismo del Norte que hoy se articula en el trío Jalil, Jaldo y Sáenz, que ahora juega desembozadamente con el gobierno.
Si el peronismo necesita unidad, debe ser entre el AMBA y el interior, fracturado por el influjo del duhaldo-kirchnerismo, que construyó el posmenemismo como un imperio controlado desde la provincia de Buenos Aires. Ese encastillamiento lo llevó al peronismo a su peor momento.
¿Y si el outsider del PRO es Macri?
¿No será al final que Mauricio es el outsider del PRO para 2027? El jueves fue jaleado por los propios en Parque Norte como candidato presidencial. Habló como candidato y se describió como tal en un discurso estructurado. Distinto a las improvisaciones de este político que no es el mejor orador. El mensaje fue claro: Milei es el pasado, él es el futuro, nosotros construimos, no destruimos. Prometió no ser oposición, pero uno si se atiene a la gramática apropiada de los bichos de la política, hay que entender que hará oposición. Los políticos dicen lo contrario de lo que hacen.
Hubo más de 2 mil asistentes de todo el país, cuando había arrancado con solo 600 inscriptos. ¿Qué pasó? La explicación que se dieron para adentro y para afuera es que Macri y el PRO recuperan fuerza y amigos entre militantes propios que se han cansado del gobierno de Milei y que están decepcionados con su gestión.
A puertas cerradas Macri reunió a la mesa nacional del partido. Prometió cinco cumbres nacionales con su presencia. La primera en Resistencia, Chaco, el 24 de abril. Seguirá otra en Entre Ríos. Dio a entender que sigue pensando que este gobierno no va a terminar bien, que ve que la gente le sigue teniendo confianza al PRO, que él hubiera querido que el camino fuera otro. No es lo que verbaliza, pero es lo que transmite. Tampoco nadie cree en otro camino que Mauricio como candidato.
La tarea ahora es construir poder en las provincias. El PRO tiene tres gobernadores con reelección y que van a confiar en quien más los ayude: Jorge Macri de CABA, Ignacio Torres de Chubut y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Hoy tienen un ancla para competir, que es en favor del gobierno. Pero ese apoyo que hoy pagan con votos en el Congreso depende de que a Milei le vaya bien. Si no le va bien, la relación con Olivos se convertirá en una carga y lo abandonarán.
Es la misma situación de los gobernadores del peronismo y los radicales que hoy apoyan al gobierno. Si Milei colapsa, volverán a su matriz nacional. Le pasó a Mauricio Macri en 2017-2018. Había cerrado un récord de alianzas con gobernadores del peronismo y con legisladores. Pero en cuanto estos vieron que la gestión se anegaba en la crisis financiera y se acercaba el FMI, huyeron despavoridos y buscaron refugio en sus querencias. Es ley de la política que nunca el que gana es el mejor candidato. Gana aquel a quien los demás prefieren para convivir. El ganador lo es siempre por un compromiso.
Continúa la polémica en ambos lados del río Uruguay por la construcción de una planta de hidrógeno verde sobre el curso de agua compartido. Este viernes, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), volvió a criticar la medida del país vecino y pidió apelar al “sentido común”: “Si la van a hacer, que la hagan no justo enfrente de nuestras playas más concurridas”, enfatizó en sus redes sociales.
“En Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia“, sostuvo Frigerio el lunes, en esa ciudad de Entre Ríos, frente a la cual se encuentra la localidad de Paysandú, sobre el margen uruguayo del río. Allí, la empresa chileno-peruana HIF Global tiene determinado construir una planta de hidrógeno verde. Según la compañía, el emprendimiento en Paysandú “contempla la generación de electricidad a partir de fuentes renovables y la transmisión de esta energía a la planta de e-Combustibles”.
Pero sobre el fin de esta semana, la polémica está lejos de menguar. Este viernes el gobernador Frigerio recurrió a sus redes sociales para volver a referirse al tema: “Yo no combato inversiones que dan empleo. Lo único que pedimos es que relocalicen la planta y no la emplacen justo enfrente de nuestras playas más concurridas. Puro sentido común”, escribió por el mediodía, luego de haber sido interpelado por Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina.
Llanos le había recriminado, temprano este mismo viernes, “que la exBotnia exporta U$S 2.000 millones en celulosa y que toda la provincia de Entre Ríos exporta 1.425 millones. Si se pondría a buscar más empresas que se radiquen… Pero el las combate en nombre la contaminación. Siempre anti progreso”.
De nuevo Rodolfo. Yo no cuestiono la contaminación del río por parte de esta planta de combustibles sintéticos porque no tengo elementos para hacerlo. Además, hasta que no tratemos los efluentes cloacales e industriales de este lado, mucha autoridad moral no tenemos. Y por eso…
Recogiendo el guante, Frigerio volvió a pronunciarse: “Yo no cuestiono la contaminación del río por parte de esta planta de combustibles sintéticos (en Paysandú) porque no tengo elementos para hacerlo. Además, hasta que no tratemos los efluentes cloacales e industriales de este lado, mucha autoridad moral no tenemos. Y por eso las obras de saneamiento que estamos encarando a lo largo de nuestras costas en Entre Ríos”.
“Lo único que pedimos, desde el sentido común, es que si la van a hacer, la hagan unos kilómetros para cualquiera de los márgenes, y no justo enfrente de nuestras playas más concurridas. Si alguna vez vienen para este lado inversiones industriales importantes que requieran estar sobre la costa del río y que generen muchos puestos de trabajo, prometo que no las vamos a instalar enfrente de Carmelo”, amplió Frigerio. En específico, a inicios de la semana, el gobernador había sugerido que el emplazamiento fuera menos a unos 30 kilómetros de la costa.
En los días previos, y a la par de que la empresa presentó los papeles ante el Ministerio de Ambiente del Uruguay (último paso necesario antes empezar a construir la planta), un grupo de legisladores del PJ, enfrentados con Frigerio, presentó una acción judicial preventiva contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA para, afirmaron, evitar un eventual daño ambiental derivado de la instalación de una planta. Quedó a cargo de los legisladores nacionales del PJ Guillermo Michel, Adán Bahl (ex intendente de Gualeguaychú) y Marianela Marclay.
Ayer en Colón volví a dejar algo muy claro, no podemos permitir otra Botnia.
Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse.… pic.twitter.com/Mg2mGbrNZD
Esos legisladores reclamaron al gobierno uruguayo de Yamandú Orsi que los uruguayos no cumplieron presuntamente con los artículos de consulta bilateral que están previstos en el Estatuto del Tratado sobre el Río Uruguay que se administra bajo la Comisión conocida como CARU. La demanda, presentada por Michel, Adán y Bahl figura bajo el expediente 3276/2026, y solicita medidas de prevención de daños y perjuicios ante lo que los legisladores consideran un posible impacto ambiental “irreparable”.
En los años 2000, la instalación de Botnia de manera inconsulta sobre la margen uruguaya del río compartido generó un duro enfrentamiento, con cortes de ruta en el puente internacional que iba de Gualeguaychú a Fray Bentos, una demanda que la Corte de la Haya resolvió dándole la razón a la Argentina y pidiendo controles periódicos sobre el estado del río que se realizan en forma esporádica, de acuerdo a ambientalistas de la zona.
En medio, los reclamos de los pobladores por los olores nauseabundos, cambios en la calidad del agua del río y mortandad de peces se acrecentaron desde entonces e incluso hubo algunas intervenciones de la justicia contra la empresa que admitió al menos en un par de ocasiones que tuvo escapes tóxicos, hasta que la compañía finlandesa tuvo un proceso de reconversión y fue vendida a otro grupo europeo.
Aunque el monto operado en el segmento de contado no descolló, con unos USD 357,5 millones en el día, el dólar mayorista volvió a bajar cuatro pesos o 0,3% y cerró a $1.390,50, el mínimo en el último mes.
“El dólar mayorista volvió a niveles exhibidos en el 23 y 24 de febrero pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. Vale recordar que por el feriado puente del lunes 23 y el feriado nacional del martes 24, el mercado de cambios retomará la operatoria el miércoles de la semana que viene.
“En la semana recién finalizada el tipo de cambio mayorista bajó 9,50 pesos (-0,7%), algo menos que los 16 pesos de caída anotados en la semana anterior“, agregó Quintana.
La banda superior del esquema cambiario establecido por el Banco Central se ubicó en los $1.638,52, lo que alejó al tipo de cambio oficial en unos 248,02 pesos o 17,8% de ese límite de libre flotación, la brecha más amplia desde el 1 de julio de 2025 (18%)..
El dólar al público descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.410 para la venta en el Banco Nación, un piso desde el 24 de febrero.
También cedió el dólar blue, que fue negociado con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.420, para acumular una pérdida de 110 pesos o 7,2% en el recorrido de 2026.
Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, afirmó que “el dólar mayorista continúa ajeno a la volatilidad externa y así es que sigue transitando ligeras oscilaciones en torno a los $1.400 dentro un escenario donde la oferta de divisas sigue al mando. Las miradas siguen dirigidas hacia la política monetaria, ya que los operadores consideran importante si se liberarán o absorberán pesos para evaluar la dinámica del ‘trilema ‘de inflación, reservas y actividad, en busca de que pueda gestionarse optimizando dicho delicado equilibrio”.
Lucas Lainez, CEO de Puente, expresó que “quienes lideraron la vuelta de Argentina al mercado de capitales fueron claramente empresas, y lo siguen haciendo”, con la emisión de Obligaciones Negociables. “Y en 2025 y parte de 2026 las provincias, al menos Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, ya tuvieron sus emisiones internacionales por un total cercano a los USD 4.000 a USD 4.500 millones”.
La reciente caída en la cotización del oro afectó a las reservas del Banco Central, que debajo de USD 44.000 millones cedieron a un mínimo desde enero.
“Esta dinámica negativa responde a una combinación de pagos a organismos internacionales y una fuerte desvalorización de los activos financieros. La racha actual refleja una vulnerabilidad externa persistente que neutraliza los esfuerzos de acumulación de divisas por vía comercial”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.
El Indec informó que en febrero la balanza comercial registró un superávit de USD 788 millones, para encadenar 27 meses consecutivos con saldo a favor en el intercambio de bienes con el exterior.
Las exportaciones cayeron 2,9% interanual, y un 16,2% desestacionalizado respecto del mes anterior, mientras que las importaciones descendieron 11,8% interanual y aumentaron 8,2% frente a enero.
“Las importaciones parecen haberse estabilizado en un nivel inferior al previo a las elecciones, tras el adelantamiento de importaciones previo a las mismas y reflejando una demanda más débil. Dentro de las importaciones, los volúmenes de bienes de capital cayeron 22,9% interanual, mientras que los de bienes de consumo bajaron 3,3%”, explicaron los expertos de Max Capital.
“Hacia adelante, con una perspectiva favorable para la cosecha y precios de commodities más altos, las exportaciones deberían sostenerse en la primera mitad del año. Estimamos que el superávit comercial podría superar los USD 21.000 millones, en un contexto de apreciación real y acumulación de RIN (Reservas Internacionales Netas) en torno a USD 10.000 millones en 2026, impulsada por mejores términos de intercambio”, acotaron.
En otro orden, también vinculado al futuro de las reservas, el ministro Luis Caputo expuso en un simposio organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y señaló que ya están identificadas las fuentes de financiamiento para los próximos tres pagos de deuda en moneda extranjera.
Indicó que existen “opciones más baratas que salir a tomar deuda en los mercados internacionales” y que “ya tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital; el cupón de julio de este año; y los de enero y julio del año que viene”, por un total cercano a 9.000 millones de dólares.
