Un derrumbe en la zona minera de Rubaya, ubicada en el noreste de la República Democrática del Congo, causó la muerte de al menos 300 personas este sábado. El deslizamiento, ocurrido tras intensas lluvias en la explotación minera de Gakombe, afectó tanto a mineros artesanales como a familias que vivían en las cercanías. El coordinador de la sociedad civil de Masisi, Telesphore Nitendike, confirmó la magnitud de la tragedia y advirtió sobre el riesgo permanente en la región.
Según información publicada este domingo por la agencia de noticias EFE, más de 40 familias fueron arrastradas por los deslizamientos, mientras los cuerpos de las víctimas permanecen bajo los escombros. Nitendike subrayó la falta de organización y la ausencia de equipos especializados en las labores de rescate, una situación que agrava el saldo humano. El derrumbe ocurrió en una zona bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que opera con impunidad en la provincia de Kivu del Norte.
El Gobierno congoleño denunció la existencia de un sistema organizado de saqueo y explotación ilegal de recursos naturales. Las autoridades recordaron que la minería artesanal y la operación de grupos armados aumentan los riesgos de accidentes mortales. El Ejecutivo había prohibido la actividad extractiva en la zona por motivos de seguridad antes de que el M23 tomara el control del territorio.
Además, la zona minera de Rubaya ya había registrado tragedias similares en los últimos meses. El pasado martes, más de 200 personas murieron en un derrumbe en una mina de coltán, mientras que el 28 de enero otro deslizamiento causado por la lluvia dejó alrededor de 460 muertos, según la sociedad civil local. El Gobierno reconoció entonces un saldo de al menos 200 víctimas.
El conflicto en el este de la República Democrática del Congo se intensificó a finales de enero de 2025, cuando el grupo rebelde M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte, y posteriormente de Bukavu, capital de la provincia vecina de Kivu del Sur. Estos territorios poseen yacimientos de minerales estratégicos como el coltán, esenciales para la industria tecnológica global.
En consecuencia, la explotación minera en el noreste congoleño se realiza en condiciones precarias y sin regulaciones adecuadas. La ausencia de controles y la presencia de grupos armados dificultan la adopción de medidas de seguridad y favorecen la repetición de accidentes con consecuencias fatales para los trabajadores y sus familias.
Además, los expertos advierten que la minería artesanal predomina en la región, donde la actividad suele desarrollarse sin supervisión ni protocolos de protección. La falta de equipos de rescate profesional y la escasa intervención estatal dificultan la atención de emergencias. El saqueo de recursos por parte de grupos armados agrava la situación y perpetúa la inseguridad en la zona.
La sociedad civil reclama mayor presencia estatal, la aplicación de normativas de seguridad y la protección de los derechos de las comunidades locales. El Gobierno de la República Democrática del Congo insiste en la necesidad de controlar la actividad minera y eliminar el sistema de explotación ilegal impuesto por el M23 y otros grupos insurgentes.
El derrumbe en la mina de Gakombe dejó al menos 300 muertos y decenas de familias afectadas. El saldo humano se suma a una larga lista de tragedias mineras que sacuden a la República Democrática del Congo. El país permanece en alerta por la frecuencia de estos accidentes y la dificultad de implementar soluciones estructurales en áreas controladas por grupos armados.
La industria tecnológica global depende de minerales extraídos en condiciones de alto riesgo para la población local. El desafío para las autoridades congoleñas y la comunidad internacional es garantizar la seguridad, la legalidad y la sostenibilidad en la cadena de suministro de recursos estratégicos.
Por último, el drama de Rubaya refleja la urgencia de abordar la explotación criminal de minerales en el país y de establecer mecanismos efectivos para proteger a los mineros y sus familias. La comunidad internacional observa con preocupación el impacto humano y ambiental de la minería artesanal en una de las regiones más ricas y conflictivas de África.
