La Auditoría General de la Nación (AGN) cuestionó la gestión habitacional del Estado: más de $276.000 millones gastados sin diagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación. El presunto desmanejo detectado por los auditores en los planes de vivienda se dio en un período en el cual la proliferación de villas y asentamientos siguió creciendo. El último Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), actualizado en diciembre de 2025, revela la existencia de 6.467 barrios en los que viven la población más vulnerable, y están habitados por más de cinco millones de personas. Allí, casi el 60% de las casas tienen una conexión irregular a la red eléctrica y de agua; y el 65,92% no tiene red cloacal. El 81,24% de estos barrios son considerados “asentamientos” y el 17,41% “villas”. En 2001 los barrios populares eran 1.300. En este contexto de extrema necesidad por la falta de techos y una vivienda digna con servicios se enmarca el informe de la AGN.
La auditoría ya fue elevada al Congreso de la Nación, del cual depende el organismo de control y del ministro de Economía, Luis Caputo, ya que las competencias que antes ejercían el ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat fueron absorbidas por el Palacio de Hacienda después de la reorganización del Estado, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, quien eliminó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía, específicamente a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana.
La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control externo que reporta al Congreso de la Nación, no deja dudas en cuanto a la detección de “fallas estructurales en el diseño, la planificación y la evaluación de los programas de construcción de viviendas ejecutados entre 2017 y 2022″.
El informe concluye que el Estado nacional devengó más de 276.868 millones de pesos —el equivalente a aproximadamente 4.210 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada año— en programas habitacionales sin contar con información de calidad para orientar esas decisiones, sin planes estratégicos formalizados y sin mecanismos para medir si los objetivos se alcanzaron.
El período auditado abarca desde el 1° de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022 y comprende dos presidencias y dos estructuras ministeriales distintas.
Durante la gestión de Mauricio Macri, los programas estuvieron bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, conducido durante todo ese período por el entonces ministro Rogelio Frigerio. A partir del 10 de diciembre de 2019, con la asunción de Alberto Fernández, esa cartera fue dividida y se creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que tuvo tres titulares sucesivos: María Eugenia Bielsa (diciembre de 2019 – noviembre de 2020), Jorge Ferraresi (noviembre de 2020 – noviembre de 2022) y Santiago Maggiotti (noviembre de 2022 – diciembre de 2023). Las tareas de campo de la auditoría se desarrollaron entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024.
El trabajo de los auditores se extendió a lo largo de cinco programas y junto a sus subprogramas Habitar Comunidad, Autoconstrucción de Viviendas Participativa Cáritas y Habitar la Inclusión. El gasto devengado creció de manera sostenida: de $15.164 millones en 2017 pasó a $113.261 millones en 2022, con un salto pronunciado en 2021, cuando el Programa Producción Integral y Acceso al Hábitat ejecutó $84.323 millones.
El primer hallazgo de la AGN apunta directamente al punto de partida de cualquier política pública: el diagnóstico. Los auditores constataron que “no surge evidencia de que los entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hayan utilizado información de diagnóstico de calidad para diseñar y planificar los Programas de Construcción de Viviendas durante el periodo auditado”.
El organismo auditado respondió que el diagnóstico lo realizaban los entes ejecutores —provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales— a través de la presentación de proyectos, y que consideraba documentos de diagnóstico los reglamentos particulares y los manuales de ejecución de los programas. Los auditores rechazaron esa interpretación: esa documentación se refiere a proyectos específicos a financiar y no constituye una instancia previa al diseño de los programas.
La situación se agravó por la desactualización estadística. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas disponible al momento de diseñar los programas era el de 2010. El Observatorio Federal Urbano (OFU), creado en 2017 precisamente para generar, recopilar y difundir información sobre déficit habitacional e indicadores urbanos, tampoco fue utilizado para diseñar prioridades. “No surge evidencia de la articulación ni de retroalimentación alguna con el auditado durante todo el periodo bajo análisis”, señala el informe respecto de ese organismo.
Las cifras sobre el déficit habitacional que manejaban los propios ministerios eran inconsistentes entre sí. El Informe de Gestión 2016-2019 de la Secretaría de Vivienda citaba 3.500.000 hogares en déficit, mientras que el Observatorio Federal Urbano refería a 4.000.000. Ninguna de las dos cifras contaba con respaldo documental del análisis previo que las sustentara.
El el segundo tramo de análisis, los auditores destacaron la ausencia de una arquitectura de planificación. La AGN verificó que “no surge evidencia de la existencia de un Plan Estratégico Institucional ni de una Planificación Operativa de los Programas de Construcción de Viviendas” en ninguno de los dos ministerios durante el período examinado.
Ante la consulta de los auditores, tanto Frigerio como los sucesivos titulares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat remitieron la normativa de creación y reglamentaria de los programas como respuesta a la pregunta por la planificación estratégica. Los auditores señalaron que esa documentación no equivale a un plan.
La única vinculación parcial que se detectó fue entre los objetivos de algunos programas y las metas físicas presupuestarias definidas ejercicio por ejercicio. Esa conexión, advirtió la AGN, no reemplaza una planificación que articule objetivos, acciones y recursos de manera integrada.
El tercer hallazgo describe un sistema de indicadores que existía en el papel, pero carecía de los elementos mínimos para ser utilizado. Los reglamentos particulares de los programas definían indicadores —cantidad de viviendas terminadas, proyectos ejecutados, mejoramientos concluidos—, pero “no se precisa para ninguno de ellos fuente de información, ni método de cálculo, periodicidad de medición ni línea de base”.
Los auditores advirtieron además que esos indicadores estaban orientados a la evaluación presupuestaria y no a la medición del impacto de las políticas.
El Programa Reconstruir directamente no definió ningún indicador en su Reglamento Particular, pese a que sus considerandos estimaban en 55.000 las viviendas paralizadas o en estado de abandono que debía atender.
El cuarto hallazgo es la consecuencia directa del anterior: la ausencia total de monitoreo y evaluación. El propio informe de gestión de la Secretaría de Vivienda de noviembre de 2019 reconocía que desde 2015 se había identificado la necesidad de desarrollar una estrategia de monitoreo, pero esa estrategia nunca se materializó.
En entrevistas con los auditores, funcionarios del área fueron explícitos. No hubo evaluación de por sí y los indicadores que se usaron eran aquellos vinculados al presupuesto. No existe institucionalmente un organismo que se encargue de evaluar las políticas públicas, declaró el ex Director Nacional de Gestión Operativa de Proyectos Habitacionales ante los auditores. Otro funcionario fue en la misma dirección: “No se llegó a realizar monitoreo sistemático alguno con utilización de indicadores. No se llegaron a utilizar los indicadores que estaban definidos en el Plan ni tampoco se midió el impacto”.
El sistema informático “Habitans”, citado como herramienta de seguimiento, fue descartado por los auditores como mecanismo de evaluación de programas: su función se limita al monitoreo de proyectos y obras individuales, no al análisis de los programas como política pública.
Tanto el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda como el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat eran los responsables de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles—, en particular con su Meta 11.1, que busca garantizar el acceso universal a viviendas y servicios básicos adecuados y mejorar los barrios marginales para 2030.
La AGN constató que “no se tuvo evidencia de que los entonces ministerios realizaran el proceso de vinculación con los Programas de Construcción de Viviendas conforme los principios de la Agenda 2030”. Eso impide evaluar si ese proceso fue participativo, inclusivo y si incorporó perspectiva de género.
El indicador adaptado por Argentina para medir esa meta —el porcentaje de la población que vive en viviendas deficitarias y en situación de tenencia irregular— contaba con una línea de base del 6%, según el Censo 2010 y una meta intermedia del 3% para 2019. Al cierre de ese año, el indicador no registró ejecución. En 2020 se repitió sin asignación de valor, y en 2021 y 2022 desapareció de la programación presupuestaria.
Cuando los auditores requirieron información al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) —organismo rector de la implementación de la Agenda 2030 en el país— sobre la metodología de vinculación con la meta propuesta la respuesta fue que esa información debería ser provista por el ministerio responsable. El ministerio, a su vez, no aportó documentación que describiera la metodología utilizada.
La AGN remitió el informe al organismo auditado para que formulara comentarios. Vencido el plazo inicial, se reiteró el pedido. La respuesta llegó de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Economía, que señaló que los programas identificados excedían las competencias de esa dependencia y correspondían al ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y al ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La subsecretaría no aportó comentarios sobre los hallazgos.
Las recomendaciones de la AGN incluyen diseñar mecanismos de diagnóstico previo articulados con provincias, municipios y organismos especializados; crear indicadores medibles con línea de base; institucionalizar el monitoreo y la evaluación de los programas; documentar el proceso de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; e incorporar categorías presupuestarias que permitan rastrear el gasto destinado.
