Frente a lo que algunos ya denominan una “nueva Botnia”, por su similitud al conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de la pastera sobre el río Uruguay, la Justicia de Entre Ríos emitió una resolución en la que se pronunció a favor de avanzar en la demanda por daños ambientales contra la planta de biocombustibles situada en Paysandú, en territorio uruguayo, a solo tres kilómetros de la ciudad de Colón.
Así se desprende del dictamen de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, al que tuvo acceso Infobae, que resolvió que el reclamo contra el Estado uruguayo y la multinacional chilena HIF Global SA debe tramitarse ante un juzgado federal local, y no de manera directa por la Corte Suprema de Justicia.
El dictamen, firmado el 18 de marzo por la fiscal María Josefina Minatta, se pronunció por la medida interpuesta por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, los tres integrantes de Fuerza Patria.
Para los legisladores, la instalación de la planta en cuestión no está cumpliendo con la normativa que debe aplicarse al caso, esto es, la establecida en el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia fijada por la Corte Internacional de La Haya en el caso “Botnia-UPM”, que tensó la relación bilateral y coincidió con los mandatos de los entonces presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.
Con la nueva resolución, se abre un camino para que medidas preventivas, como el reconocimiento judicial de las costas y el análisis de las aguas, sean tratadas por el juzgado federal local.
El reclamo ambientalista contra la nueva planta viene creciendo en las últimas semanas. Días atrás, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó que la refinería de combustibles sintéticos frente a la costa argentina “tiene que relocalizarse”.
Sin embargo, hasta el momento no hubo avances concretos desde el lado argentino. En ese contexto se inscribe la resolución de la fiscal Minatta.
“La inacción y falta de gestión de Frigerio llevó a esta situación de tener que solicitarle a la justicia que, en el marco de la ley y los tratados internacionales, se actúe y tomen medidas. Frigerio quería distraer a los vecinos de Colón con fuegos artificiales; ahora deberá ponerse a trabajar de manera seria y profesional”, cuestionó el massista Guillermo Michel.
La presentación judicial advirtió que la instalación de la planta en Paysandú podría generar contaminación y otros impactos negativos sobre la localidad argentina, por tratarse de una zona fronteriza. Pero antes de involucrarse en esos aspectos y en la cuestión de fondo, debía resolverse la competencia judicial sobre cuál era el tribunal competente para tramitar la cuestión.
En ese marco, la fiscal Minatta debía analizar si la demanda podía ser tratada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en instancia originaria, es decir, como única y primera instancia de resolución, o si debía canalizarse ante un juzgado federal ordinario.
Para fundamentar su postura, la fiscal repasó que el acceso directo a la Corte Suprema en causas civiles solo es posible en situaciones excepcionales, como cuando intervienen provincias argentinas, embajadores o diplomáticos extranjeros.
Desde la jurisprudencia, la resolución señala que el máximo tribunal “ha dicho reiteradamente que los Estados extranjeros y sus representaciones diplomáticas no están habilitados a litigar directamente ante la Corte Suprema en este tipo de causas”. La Constitución establece taxativamente cuáles son los reclamos de competencia originaria. Y citó antecedentes del propio tribunal, entre ellos, el precedente “Sojo”.
De esta manera, el dictamen reconoce el derecho de los particulares a acudir a la Justicia para proteger intereses colectivos, como el ambiente, y precisa que esa demanda no habilita a saltear las instancias judiciales.
El caso implica una nueva pelea entre Argentina y Uruguay por eventuales daños ambientales en el litoral, lo que reabre viejas heridas recientes, como el litigio que llegó hasta la Corte Internacional de la Haya por la pastera de Botnia-UPM.
La planta de HIF Global está proyectada a 15 kilómetros del centro urbano de Paysandú, en Uruguay, en cercanías del Área Protegida Islas del Queguay y a solo cuatro kilómetros en línea recta del centro urbano y la costanera de Colón.
El proyecto contempla la construcción de instalaciones destinadas a la producción de hidrógeno “verde”, junto con áreas de almacenamiento químico, plantas energéticas asociadas y un uso intensivo del recurso hídrico. Representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares, y el complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.
Por el momento, la tensión está relativamente contenida y con un canal de diálogo abierto. Ambos países vienen sosteniendo reuniones bilaterales, entre ellas, como la del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el gobernador Frigerio. También hubo bilaterales con las representaciones diplomáticas de las dos fronteras entre los cancilleres Pablo Quirno y Mario Lubetkin.
Esa vocación de entendimiento la expresó el presidente Orsi, al ponderar que hay voluntad de Argentina de negociar y la expectativa de “lograr acuerdos” por el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú.
Lo cierto es que, junto a la demanda judicial del peronismo, hay chispazos latentes. Frigerio insiste en evitar la instalación de “una nueva Botnia” y “repetir el tremendo mal paso que dio la Argentina” hace 20 años. En la misma sintonía, el intendente de Colón, José Luis Walser planteó también que se “debe relocalizar, sí o sí, la planta”, y en caso contrario se recurrirá a la Justicia.
Desde el lado uruguayo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, criticó a Frigerio y pidió ser “cuidadosos en el tono y en las formas”, al reivindicar el diálogo como vía de resolución. “El conflicto de Botnia nos tuvo que dejar como enseñanza que si la irracionalidad le gana al diálogo, las poblaciones quedan de rehenes”, afirmó el jefe comunal del país vecino.
Como si fuera un fantasma del pasado, la discusión sobre cómo afrontar y mitigar los daños ambientales de este tipo de proyectos productivos reaparece una y otra vez. Curiosamente, la primera planta de UPM en Uruguay, ubicada Fray Bentos, tuvo la semana pasada el primer derrame de ácido sulfúrico en el puerto de la ciudad.
El incidente se registró 17 años después de que entrara en funcionamiento.
