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  • Una dirigente de la izquierda sorprendió en una nueva encuesta y quedó por encima de Milei en imagen positiva

    Una dirigente de la izquierda sorprendió en una nueva encuesta y quedó por encima de Milei en imagen positiva

    Una nueva medición sobre la percepción de los principales dirigentes políticos del país dejó un resultado llamativo: Myriam Bregman encabezó el ranking de imagen positiva, por delante del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de la ex presidenta Cristina Kirchner.

    La diputada nacional del FIT fue, además, la única de las 16 figuras políticas analizadas cuya valoración favorable superó a la negativa. En el otro extremo, aunque dentro de los primeros puestos por imagen positiva, el presidente Javier Milei quedó en el cuarto lugar, empatado con Patricia Bullrich.

    Los datos surgen de una encuesta realizada por el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El relevamiento se llevó adelante entre el 28 y el 31 de julio, con la participación de 2.895 personas y un margen de error de +/- 2%.

    Bregman lidera el ranking y es la única dirigente con más imagen positiva que negativa

    La dirigente del PTS alcanzó un 44% de imagen positiva, frente a un 43% de valoración negativa. El 13% restante correspondió a personas que respondieron “no sabe/no contesta”.

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    Myriam Bregman encabezó el ranking de imagen positiva, seguida por Kicillof y Cristina

    El resultado adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta que Bregman obtuvo menos del 3% de los votos durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

    Además de ubicarse primera entre los dirigentes medidos, consiguió el único saldo favorable del relevamiento: su nivel de aprobación logró superar, aunque por un margen estrecho, el porcentaje de rechazo.

    Kicillof y Cristina completan el podio

    El segundo lugar quedó para Axel Kicillof, quien alcanzó un 43% de imagen positiva. Sin embargo, el gobernador bonaerense registró también un 54% de valoración negativa.

    La tercera posición correspondió a Cristina Kirchner, con un 40% de imagen favorable y un 58% de imagen negativa.

    De esta manera, las dos principales figuras del peronismo incluidas en la medición quedaron por detrás de Bregman, aunque conservaron niveles de valoración positiva superiores a los del resto de los dirigentes que aparecen en buena parte del ranking.

    El resultado se conoce en un contexto marcado por la disputa interna dentro del peronismo bonaerense, con Kicillof y el sector vinculado a la ex presidenta como protagonistas de una puja política que atraviesa al espacio opositor.

    Milei y Bullrich, empatados en el cuarto puesto

    El presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich aparecen inmediatamente después del podio. Ambos obtuvieron un 38% de imagen positiva.

    En los dos casos, el nivel de valoración negativa alcanzó el 61%, por lo que ninguno logró superar el rechazo a nivel general.

    El resultado ubica al mandatario en el cuarto lugar del ranking de imagen favorable, pese a que su valoración negativa continúa siendo considerablemente mayor que la positiva.

    Cómo sigue el ranking de dirigentes

    Por debajo de Milei y Bullrich aparecen tres dirigentes con el mismo porcentaje de valoración positiva.

    El jefe de Gabinete, Diego Santilli, obtuvo un 29% de imagen positiva y un 50% de negativa. Con idéntico nivel de valoración favorable aparece el ex ministro de Economía Sergio Massa, aunque su rechazo alcanza el 67%.

    También registra un 29% positivo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuya imagen negativa se ubicó en el 59%.

    El informe señala que, con la excepción de Bregman, las otras 15 figuras analizadas acumulan más opiniones negativas que positivas, una característica que suele aparecer en las mediciones de opinión pública sobre dirigentes políticos.

    Villarruel y Mauricio Macri, con 28% positivo

    La vicepresidenta Victoria Villarruel y el ex presidente Mauricio Macri comparten un 28% de imagen positiva.

    La diferencia entre ambos aparece al observar el nivel de rechazo. Mientras Villarruel registra un 63% de imagen negativa, Macri alcanza el 70%.

    Por lo tanto, aunque ambos tienen el mismo porcentaje de valoración favorable, el ex mandatario concentra un nivel de rechazo mayor dentro de la población relevada.

    Karina Milei, Pullaro y Frigerio empatan en imagen positiva pero con distinto nivel de rechazo

    Más abajo en la clasificación aparece Karina Milei, con un 23% de imagen positiva y un 68% de negativa.

    El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también obtiene un 23% de valoración favorable, pero presenta un nivel de rechazo menor, del 46%. En su caso, además, un 31% de los encuestados respondió “no sabe/no contesta”.

    Con el mismo porcentaje de imagen positiva se ubica el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Su valoración negativa llega al 44%, mientras que el 33% de los consultados manifestó no tener una opinión definida o no respondió.

    Quiénes quedaron al final del ranking

    El tramo final de la medición está integrado por Martín Llaryora, Sergio Uñac y Dante Gebel.

    El gobernador de Córdoba obtuvo un 13% de imagen positiva, frente a un 56% de negativa, mientras que el 31% de los encuestados se ubicó en la categoría “no sabe/no contesta”.

    El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, registró apenas un 12% de valoración positiva y un 27% de negativa, aunque en su caso sobresale el alto nivel de desconocimiento: 61% no respondió o manifestó no tener una opinión formada.

    El último lugar correspondió al pastor e influencer Dante Gebel, con apenas 7% de imagen positiva. Su valoración negativa alcanzó el 38%, mientras que el 55% restante correspondió a personas que respondieron “no sabe/no contesta”.

    La encuesta muestra así un escenario de alta valoración negativa entre la mayoría de los dirigentes nacionales y provinciales analizados, con Bregman como la única figura que consiguió revertir esa tendencia y ubicarse con saldo positivo.

  • Polémica. El Gobierno no destinó $784.000 millones del impuesto al combustible a obras viales en lo que va del año

    Polémica. El Gobierno no destinó $784.000 millones del impuesto al combustible a obras viales en lo que va del año

    CÓRDOBA.- Buenos Aires habría recibido $166.359 millones; Santa Fe, $67.704 millones, y Córdoba, $67.266 millones. Ese sería el resultado de un ejercicio que calcula cuánto dinero adicional habría llegado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre enero y julio si los recursos equivalentes al 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos, actualmente destinados a fondos fiduciarios de infraestructura y a la compensación del transporte público, se hubieran distribuido según los coeficientes de coparticipación federal. El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, no ejecutó ese reparto porque decidió retener la recaudación en inversiones financieras, tal como reveló LA NACION el domingo pasado.

    El monto total del ejercicio realizado por la consultora Galois, que dirige Rodolfo Correa Becker, alcanza los $784.290 millones en el primer semestre. La cuenta parte de una recaudación acumulada del impuesto de $3.839.125 millones entre enero y julio. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% equivale a $1.334.735 millones.

    Si se aplica el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones y el resto correspondería al componente nacional del esquema.

    “El ejercicio permite dimensionar, de manera acotada, el planteo que los gobernadores no consiguieron convertir en ley, como es transformar recursos administrados mediante fondos específicos en transferencias directas a las provincias. No reproduce exactamente el proyecto de ley del año pasado de los gobernadores, ya que contemplaba una masa mayor y un criterio de reparto diferente, explicó Correa Becker.

    En el listado de reparto elaborado, detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aparecen Chaco, $37.792 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; y Santiago del Estero, $31.298 millones.

    Luego se ubican Salta, $29.037 millones; Corrientes, $28.161 millones; Formosa, $27.578 millones; San Juan, $25.608 millones; y Misiones, $25.024 millones.

    En el siguiente grupo aparecen Jujuy, ($21.522 millones=; Catamarca ($20.866 millones); Río Negro ($19.115 millones); CABA ($18.686 millones); San Luis ($17.291 millones) y La Rioja ($15.686 millones). Cierran La Pampa, con $14.227 millones; Neuquén, con $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, con $11.981 millones cada una; y Tierra del Fuego, con $9.343 millones.

    El 35,44% que Galois utiliza para el ejercicio no es una cifra arbitraria. Surge de sumar tres destinos específicos del impuesto: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la compensación al transporte público. El resto del impuesto se distribuye entre el Tesoro Nacional, Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.

    En Santa Fe se señalizaron los accesos a rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino para “que la sociedad sepa que dependen del Estado nacional y no de la Provincia”.
    En Santa Fe se señalizaron los accesos a rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino para “que la sociedad sepa que dependen del Estado nacional y no de la Provincia”.

    Es justamente en torno a esos fondos donde se reabrió la pelea. LA NACION puso el foco en el SisVial, el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y precisó que, al cierre de mayo más de $1 billón de esos recursos estaban en inversiones financieras. Son fondos administrados por el Ministerio de Economía y el propio vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que se computan para alcanzar el equilibrio fiscal.

    La particularidad de este debate es que, mientras Nación usa para inversiones financieras recursos asociados a la infraestructura, los gobernadores reclaman por el deterioro de las rutas nacionales y por la necesidad de que el Estado vuelva a invertir en mantenimiento y obras.

    El antecedente está en aquel proyecto de ley de 2025, cuando los mandatarios impulsaron un proyecto para eliminar los distintos fondos y asignaciones específicas y elevar a 57,02% la participación provincial en el impuesto.

    La propuesta establecía que 25% de esa porción se distribuyera en partes iguales y 75% mediante los coeficientes de la Ley 23.548. El Senado la aprobó por 56 votos contra 1, pero en Diputados obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, precisó como necesaria por tratarse de una reforma de la coparticipación.

  • Nueva encuesta y sorpresa: lideraron tres opositores, Milei quedó cuarto y un famoso último

    Nueva encuesta y sorpresa: lideraron tres opositores, Milei quedó cuarto y un famoso último


    Parece difícil que Myriam Bregman pelee el poder real en las elecciones del 2027, pero se está dando sus gustitos en las encuestas de este año. Acaso como un (otro) reflejo del hartazgo de la gente con los referentes de los principales espacios, la diputada del Frente de Izquierda lidera algunos rankings de imágenes y gana centralidad.

    Es lo que ocurre, por ejemplo, con el último relevamiento nacional del Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que mensualmente publica interesantes estudios de coyuntura política, económica y social. Del 28 al 31 de julio entrevistaron a 2.895 personas con +/- 2% de margen de error.

    El liderazgo de Bregman es sólo uno de los datos llamativos del trabajo de la UBA. ¿Otros? El podio lo completan dos opositores duros: el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidente Cristina Kirchner, quien cumple su condena por corrupción. ¿Más? El peor es un outsider famoso, que amago con lanzarse a la política: el pastor influencer Dante Gebel.

    Para un mejor análisis de los resultados, Clarín dividió en dos las tablas, con los 8 de arriba y los 8 de abajo. Pero hay un dato que acompaña a 15 de los 16 evaluados. Todos, salvo Bregman, tienen más imagen negativa que positiva. Un clásico en este tipo de tablas en los últimos años.

    La dirigente del PTS, que en la primera vuelta presidencial del 2023 sacó menos de 3%, combinó aquí 44% a favor, 43% en contra y 13% de “no sabe/no contesta”.

    Kicillof y Cristina tiene otra cucarda estadística para mostrar: fueron los otros dos que consiguieron 40 o más puntos de apoyo. El gobernador quedó con + 43%, – 54% y 3% ns/nc; y la exmandataria, con + 40%, – 58% y 2% ns/nc.

    Recién después aparecen Javier Milei y Patricia Bullrich, quienes suelen estar más arriba en estos rankings. Sobre todo la senadora. Pero aquí, figuran cuarto y quinta con el mismo balance (+ 38%, – 61% y 1% ns/nc).

    La tabla de arriba la completan dos opositores: el exministro de Economía Sergio Massa (+ 29%, – 67% y 4% ns/nc) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri (+ 29%, – 59% y 12% ns/nc).

    La parte de abajo del ranking puede dividirse en dos, porque hay claramente tres dirigentes con mayor nivel de conocimiento a nivel nacional y cinco más desconocidos. A estos últimos los perjudica que la tabla general se ordene por valores absolutos de imagen positiva.

    Entre los más conocidos, los menos malos son Victoria Villarruel y Mauricio Macri. La vice y el expresidente comparten el mismo apoyo (+ 28%), pero él tiene más rechazo que ella (- 70% vs. – 63%). Karina Milei, en tanto, queda con + 23% y – 68%. En los tres casos, completan con cifras marginales de “no sabe / no contesta”.

    Entre los menos conocidos en territorio nacional, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro igual la positiva de la hermana del Presidente (+ 23%), con una negativa de – 46%. Por su nivel de desconocimiento, el “ns/nc” trepa a 31%.

    Con 33% de “ns/nc” termina el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que lo combina con + 23% y – 44%.

    El podio de abajo, en tanto, lo cierran el mandatario cordobés, Martín Llaryora (+ 13%, – 56% y 31% “ns/nc”), el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac (+ 12%, – 27% y 61% “ns/nc”) y el pastor influencer Dante Gebel (+ 7%, – 38% y 55% “ns/nc”).

    El estudio también publica los resultados de imagen neta, donde la positiva y la negativa suman 100%, para que no influya el nivel de conocimiento. Hay algunos cambios (no tantos).

    1) Los 8 de arriba quedan así: Bregman (+ 51%), Kicillof (+ 45%), Cristina (+ 41%), Santilli (+ 39%), Bullrich (+ 38%), Javier Milei (+ 38%), Frigerio (+ 34%) y Pullaro (+ 34%).

    2) Los 8 de abajo: Jorge Macri (+ 33%), Villarruel (+ 31%), Massa (+ 31%), Uñac (+ 30%), Mauricio Macri (+ 28%), Karina Milei (+ 15%), Llaryora (+ 19%) y Gebel (+ 16%).

  • En Uruguay dan por hecha la reubicación de la planta de hidrógeno verde que se iba a instalar frente a Entre Ríos

    En Uruguay dan por hecha la reubicación de la planta de hidrógeno verde que se iba a instalar frente a Entre Ríos

    Tras meses de polémica y negociaciones entre países, finalmente se relocalizará en Uruguay la planta de HIF – Global que se iba a instalar sobre el río Uruguay, al norte de Paysandú, frente a la costa de Colón, Entre Ríos.

    “La principal hipótesis es la relocalización”, confió a Infobae una alta fuente oficial del país vecino. Además, detalló que el nuevo lugar de emplazamiento de HIF – Global sería en un predio de ANCAP, la YPF uruguaya. El emprendimiento tiene como fin la producción de hidrógeno verde y la elaboración de e-combustibles. El destino principal sería la exportación. La inversión, estimada en USD 5.400 millones, sería la más importante de la historia de Uruguay.

    En un primer momento, el proyecto preveía que HIF, una multinacional controlada por capitales chilenos, se ubicara 5 kilómetros al norte de la localidad uruguaya de Paysandú, sobre el río Uruguay. Ese lugar está frente al balneario de Colón, en Entre Ríos. La ciudad argentina tiene en el turismo estival su principal fuente de ingresos. El temor era entonces que el desarrollo fabril impactara en la llegada de veraneantes a la zona.

    Tras intensas negociaciones del Gobierno de Entre Ríos, la Cancillería argentina y Montevideo, se llegó a un acuerdo. El entendimiento se dio en mayo pasado. Su principal punto era que el Estado uruguayo evaluaría lugares alternativos. Si bien la inversión de infraestructura la realizará HIF, el proyecto surgió como una iniciativa del gobierno del país vecino a través de ANCAP. La multinacional chilena es solo la adjudicataria del desarrollo.

    El acuerdo descomprimió la situación en ambas márgenes del río Uruguay. La administración del presidente Yamandú Orsi, el gobierno argentino y sobre todo Rogelio Frigerio querían evitar que se diera un revival de la disputa vivida a principios de siglo por la instalación de una pastera en Fray Bentos. En aquel entonces, los tres puentes que comunican ambos países estuvieron cortados por manifestantes que se oponían a la empresa Botnia.

    La planta que HIF - Global posee en Punta Arenas, Chile (Foto: Reuters/Joel Estay)

    El lugar donde se ubicaría finalmente el proyecto de e-combustibles es un predio de 48 hectáreas que ALUR (una firma controlada por ANCAP) tiene en el departamento Paysandú.

    En ese emplazamiento hay una planta cementera y el terreno está clasificado como zona industrial. Eso implica que cumple los requisitos medioambientales para que se instale el desarrollo de combustibles sintéticos.

    “Ese es el lugar que se maneja con firmeza hoy”, señaló la fuente oficial consultada por este medio. El sitio está alejado de Colón y no impactará en el desarrollo turístico de la ciudad argentina. Además, presenta ventajas en varios planos para la inversión. Está más cerca de la planta de CO2, un insumo básico de la producción. Tiene, además, acceso directo a energía, vías férreas y a las rutas.

    La empresa fue consultada por este medio sobre este escenario planteado. Pero la respuesta fue que, por el momento, no habría declaraciones públicas. En el marco del proceso administrativo previo a la puesta en marcha, las autoridades uruguayas y la multinacional tienen en desarrollo una serie de negociaciones que aún no han concluido.

    La inversión de HIF quedó envuelta en una polémica en los últimos días. El desarrollo se presentó durante el gobierno del Partido Blanco de Luis Lacalle Pou y tuvo continuidad con Orsi.

    El viernes pasado, Álvaro Delgado, titular del directorio blanco y ex secretario general de Presidencia, dijo que el proyecto “corre riesgo” por el requisito de relocalización.

    En el mismo plano, cuestionó a la ministra de Industria de la administración del Frente Amplio, Fernanda Cardona, por “trancar” la negociación con la empresa. En ese sentido, reclamó la intervención del presidente Orsi para que HIF “no se vaya a Paraguay, que es el riesgo latente”.

    Quien recogió el guante fue Alejandro Sánchez, actual secretario de Presidencia. “No podemos partidizar una inversión, como se ha intentado en las últimas horas”, reclamó.

    “Hace unos meses acordamos un cronograma. Estamos tratando de avanzar para tener un acuerdo de inversiones, pero hay puntos en los que no hay acuerdo con respecto a aspectos sustantivos”, explicó Sánchez en declaraciones que reproduce Telenoche.

    Lo que se discute, dijo, es “quién realiza las inversiones de infraestructura para llevar energía eléctrica a ese lugar (y) asume esos costos”. De la misma manera, está en debate el precio que la empresa pretende pagar por ese servicio, agregó.

  • Canje energético, el pacto que buscará sellar Santilli con gobernadores para sumar su apoyo

    Canje energético, el pacto que buscará sellar Santilli con gobernadores para sumar su apoyo

    El gobierno de Javier Milei busca recomponer esta semana la resentida relación con los gobernadores después de la derrota que sufrió en el Senado con dos capítulos de la Ley de Tierras y para eso el jefe del Gabinete, Diego Santilli, viajará este miércoles a Posadas donde se reunirá con los mandatarios del Norte Grande. Según la Casa Rosada, todo está acordado, pero fuentes provinciales aseguran que habrá reclamos para que Milei cumpla promesas económicas.

    Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, la negociación tendrá un componente energético decisivo: mientras la Casa Rosada pretende avanzar con la reducción territorial del régimen de subsidios para las zonas frías con la sanción de ley en el Senado, los gobernadores norteños reclamarán un alivio para hogares que enfrentan mayores consumos de electricidad durante los meses de calor.

    Esto se habló tambien en la reunion de la mesa política que preside la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la que participó por primera vez el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que está en el ojo de la tormenta por los pases de factura internos por sucesivas derrotas en la última semana, que desgastaron a Milei. Desde ahora, todos los proyectos de ley y decretos de Sturzenegger serán revisados en su viabilidad por la mesa política y especialmente por Karina Milei, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

    Santilli participará de una nueva reunión del Consejo Regional del Norte Grande, en la que estarán los gobernadores de las provincias que integran la región. La Casa Rosada asegura que la agenda está acordada, pero entre los mandatarios existe la expectativa de aprovechar el encuentro para poner sobre la mesa varios de los incumplimientos que vienen tensando la relación con el Gobierno.

    Santilli tendrá además una segunda escala en la estrategia de recomposición política. El viernes viajará a Catamarca junto con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para reunirse con el gobernador Raúl Jalil, con quien la relación está tambien algo resentida.

    La secuencia no es casual. Jalil, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, fueron algunos de los gobernadores que habían mantenido una actitud de diálogo con la Casa Rosada pero que terminaron tomando distancia en la discusión de la Ley de Tierras. El rechazo a los capítulos sobre extranjerización de tierras y manejo del fuego fue una señal política que el Gobierno no pudo ignorar.

    Ahora Santilli intenta reconstruir ese puente. Tambien a esto se suman reclamos económicos.

    El canje energético que buscarán sellar los gobernadores con Santilli

    Uno de los principales puntos de la discusión será el futuro del régimen de Zona Fría. El Gobierno pretende reducir el universo territorial alcanzado por los subsidios al gas y focalizar la asistencia en los hogares considerados vulnerables. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y la intención oficial es retomar su tratamiento en el Senado a partir de septiembre para avanzar hacia su aprobación definitiva.

    La reforma implicaría dejar fuera del esquema a determinadas zonas que actualmente reciben el beneficio, entre ellas sectores de provincias como Buenos Aires y La Pampa. Los gobernadores del Norte quieren que esa discusión tenga una contrapartida: mayores bloques de consumo eléctrico subsidiado para las zonas cálidas.

    La lógica es sencilla. En las regiones frías, el mayor consumo energético se produce por el uso del gas para calefacción. En las provincias del Norte, el problema se presenta durante el verano y buena parte del año por el uso intensivo de electricidad para refrigeración y aire acondicionado.

    No se trataría necesariamente de crear una nueva “Ley de Zona Cálida” equivalente a la Zona Fría. El planteo que circula entre los gobernadores consiste en ampliar el bloque de energía eléctrica subsidiada para los hogares alcanzados por el régimen vigente. Pero una reforma como esa debería obligar a que el proyecto vuelva a Diputados.

    Es decir: los usuarios tienen actualmente una determinada cantidad de kilovatios subsidiados y, una vez superado ese límite, pagan el consumo a una tarifa mayor. Lo que reclaman los gobernadores es que ese bloque subsidiado sea más amplio en las regiones de altas temperaturas.

    La propuesta oficial contempla que el esquema pueda alcanzar a unos 1,4 millones de beneficiarios, especialmente en el Norte Grande y en determinadas zonas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis. Para los gobernadores, sin embargo, todavía no alcanza con una promesa.

    “Si quieren que salga Zonas Frías como está, tienen que mostrar voluntad y decisión respecto de Zonas Cálidas y cumplir con los demás compromisos de gestión”, resumió una senadora muy cercana a un mandatario norteño. La misma legisladora agregó: “El Gobierno les debe mucho a todos los gobernadores. Después de la derrota en el Senado debería recalcular sus prioridades”.

    Subsidios con territorio y vulnerabilidad

    La discusión energética encierra, además, una diferencia conceptual entre la Nación y las provincias. El Gobierno quiere avanzar hacia un esquema de subsidios cada vez más focalizado por nivel de vulnerabilidad social. Los gobernadores pretenden incorporar también el criterio territorial: sostienen que no se puede aplicar el mismo esquema de consumo energético en una provincia patagónica que en una donde durante el verano las temperaturas superan regularmente los 35 grados.

    “Los subsidios tienen que ser inteligentes. Tienen que contemplar vulnerabilidad social, territorio e infraestructura”, es el argumento que circula entre los mandatarios.

    El Norte Grande sostiene que el calor también genera una situación energética excepcional y que el consumo de electricidad para refrigeración dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica.

    La negociación, por lo tanto, podría convertirse en una especie de intercambio político: Nación busca que las provincias acepten achicar el territorio beneficiado por Zona Fría y los gobernadores pretenden que el Gobierno amplíe el bloque subsidiado de electricidad en las zonas cálidas.

    El Gobierno posterga reformas, tras el golpe por Tierras

    La reunión de Posadas tendrá, además, una fuerte dimensión legislativa. La derrota del jueves pasado obligó a la Casa Rosada a revisar el calendario parlamentario. La eliminación de las PASO, que aparecía entre las prioridades del oficialismo, quedó relegada. “PASO no es un tema urgente”, admiten cerca de los gobernadores.

    La prioridad del Gobierno pasó ahora a ser la aprobación del Presupuesto 2027, mientras que otros proyectos impulsados por el Ministerio de Desregulación quedaron más atrás en la fila. Entre ellos aparecen el Super RIGI, la Ley de Sociedades, el proyecto de Lobby, Inocencia Fiscal y Hojarasca. Tambien quedó postergada la desregulación de medicamentos, inmobiliarias, carne, arrendamientos y vino.

    La primera iniciativa de desregulación que el Gobierno buscará impulsar será la vinculada al mercado de capitales. La Casa Rosada intenta mostrar que el proceso de reformas no se detuvo, pero el orden de prioridades cambió después del tropiezo parlamentario. Y hay un dato político adicional: el PRO tampoco parece dispuesto a entregar sus votos para eliminar las PASO en este momento en Diputados.

    Los gobernadores que mira la Casa Rosada

    En Posadas estarán los gobernadores aliados o dialoguistas del Norte: Jaldo, Jalil, Sáenz, Hugo Passalacqua, de Misiones, Carlos Sadir, de Jujuy, y Leandro Zdero, de Chaco, además de Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

    También participarán mandatarios con una relación mucho más distante con la Casa Rosada, como Ricardo Quintela, de La Rioja, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, cuyo principal referente político es el senador Gerardo Zamora.

    La lista muestra la dificultad de la operación política de Santilli: no se trata solamente de ordenar a los aliados, sino de encontrar un punto de contacto con gobernadores que tienen intereses comunes frente a la Nación, aunque pertenezcan a espacios políticos diferentes.

    A ellos se suman otros mandatarios que también dieron señales de autonomía en la votación de Tierras pero de la Patagonia: Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut; y Rolando Figueroa, de Neuquén. En estos casos existe mayor afinidad con la Casa Rosada, pero el voto negativo fue igualmente contundente.

    El malestar por los fondos y la obra pública

    Los reclamos provinciales no terminan en las tarifas. Los gobernadores cuestionan también el manejo de los fondos nacionales destinados a infraestructura. Uno de los casos que genera mayor malestar es el del fideicomiso del Sistema Vial, que recaudó alrededor de $1,5 billones mediante el impuesto a los combustibles.

    Según las denuncias opositoras, el ministro de Economía, Luis Caputo, destinó unos $1,1 billones de esos recursos fueron destinados a inversiones financieras en lugar de ser utilizados para obras viales y mantenimiento de rutas.

    La diputada Victoria Tolosa Paz del peronismo presentó una denuncia por presunta malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El tema forma parte de un reclamo más amplio: los gobernadores sostienen que mientras Nación reduce o demora la obra pública, mantiene fondos fiduciarios que originalmente tenían destinos específicos.

    A eso agregan la deuda flotante, los intereses capitalizados y los compromisos acumulados con distintos sectores de la economía. El problema, dicen en las provincias, es que la Nación puede mostrar una determinada fotografía fiscal mientras acumula obligaciones que tarde o temprano deberán ser pagadas.

    El otro frente: Cammesa y las distribuidoras

    La cuestión energética tiene además otro capítulo pendiente: las deudas y transferencias vinculadas al sistema eléctrico. Las provincias advierten sobre la tensión que genera la política nacional respecto de las tarifas y las obligaciones de las distribuidoras. En el Estado nacional señalan demora decisiones y pagos mientras las empresas acumulan compromisos.

    En ese escenario, discutir subsidios sin resolver la arquitectura financiera del sistema eléctrico puede convertirse en otro foco de conflicto. Por eso los gobernadores llegan a Posadas con una agenda bastante más extensa que Zona Fría.

    Sturzenegger, bajo presión

    Mientras Santilli prepara el encuentro con los gobernadores, en la Casa Rosada se reunió nuevamente la Mesa Política, esta vez con una presencia que no pasó inadvertida: Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación quedó en el centro de las críticas después de dos retrocesos importantes para el Gobierno: el fracaso del capítulo de Tierras y la marcha atrás en algunos aspectos de la desregulación del practicaje naval, luego del decreto 690.

    La reunión buscó mostrar respaldo político a Sturzenegger y ordenar el cronograma de proyectos que impulsa su cartera. Pero puertas adentro el clima es mucho menos uniforme. En la Casa Rosada circula una versión según la cual Javier Milei es quien mantiene el respaldo más firme al ministro y ordenó sostenerlo frente a las críticas internas.

    Participaron del encuentro Karina Milei, Santilli; Capúto; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

    El resto de los ministros y de la mesa política, en cambio, comenzó a contabilizar el costo político de varias derrotas acumuladas en pocos días. “Muchos lo critican a El Coloso, y el único que lo sostiene es Milei, que ya lo ratificó”, señaló a iProfesional una alta fuente gubernamental.

    Karina Milei cuestionó fuertemente a Sturzenegger por los tropiezos legislativos, mientras que también recriminó a Caputo por la falta de resultados visibles en la economía real y hacia la senadora Patricia Bullrich por la dificultad para garantizar los votos en el Senado. El ambiente interno, dicen, se volvió espeso. “El aire se corta con cuchillo”, grafican en el oficialismo.

    Una semana para recomponer

    La agenda de Santilli en Posadas y la visita posterior a Catamarca con Caputo forman parte de una misma operación: recuperar interlocución con los gobernadores antes de que el Gobierno vuelva a chocar con el Senado.

    La Casa Rosada necesita sus votos para el Presupuesto 2027 y para varias de las reformas que todavía pretende impulsar. Los gobernadores, a su vez, necesitan respuestas sobre fondos, obras, energía y compromisos pendientes. Por eso Zona Fría puede terminar siendo mucho más que una discusión tarifaria.

    Puede convertirse en la primera prueba de una nueva etapa de negociación entre Nación y provincias. El Gobierno quiere reducir subsidios, bajar el gasto y preservar el superávit fiscal. Los gobernadores quieren que esa motosierra no termine cortando también los recursos que consideran indispensables para sus economías regionales. En el medio aparece el calor del Norte. Y esta vez, políticamente, puede servir para negociar.

    La mesa política definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales. Se repasaron los proyectos de ley ya ingresados al Congreso y se trabajó en el ordenamiento del calendario legislativo para el tratamiento de todas las iniciativas oficiales.

    El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores. Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

  • Millones en efectivo y miles de dólares en viajes: los gastos de Adorni que investiga la Justicia

    Millones en efectivo y miles de dólares en viajes: los gastos de Adorni que investiga la Justicia

    La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, reconstruyó gastos por $272.820.832,20 y US$402.578,12 entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Dentro de ese monto, $51.715.080,41 y US$374.081,66 fueron abonados en efectivo. El análisis también identificó viajes internacionales con consumos de miles de dólares, entre ellos US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España y US$6.055 en Estados Unidos.

    Manuel Adorni y Bettina Angeletti
    Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

    El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas y le otorgó al exjefe de Gabinete 15 días para responder sobre 20 puntos concretos. El documento analiza el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026 y fue elaborado a partir del cruce de información patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de datos sobre viajes, operaciones inmobiliarias y activos virtuales. La medida forma parte de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el Juzgado Federal N°4.

    Uno de los principales puntos observados son los pagos realizados en efectivo por Adorni y Angeletti, que durante el período investigado ascendieron a $51.715.080,41 y US$374.081,66. La magnitud es especialmente significativa en moneda extranjera, donde el efectivo representó alrededor del 92,9% de los gastos en dólares reconstruidos por los investigadores.

    Durante 2024, fueron identificados desembolsos en efectivo por $33.149.756,39 y US$89.196,83. En 2025 llegaron a $14.895.324,02 y US$273.534,14, mientras que entre enero y mayo de 2026 se registraron otros movimiento por $3.670.000 y US$11.350,69.

    En total, los gastos generales relevados durante el período ascendieron a $272.820.832,20 y US$402.578,12. Ese dinero habría sido destinado a obras, cancelación de obligaciones, servicios profesionales, consumos familiares, viajes y otros gastos que ahora la fiscalía busca contrastar con los ingresos y fondos disponibles del grupo familiar.

    Uno de los puntos centrales del requerimiento está relacionado con una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La investigación incorporó la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber recibido US$245.000 por la remodelación integral del inmueble en efectivo. Pollicita pidió que Adorni detalle el origen de cada una de las sumas utilizadas y aporte los comprobantes correspondientes.

    La fiscalía también reclama explicaciones sobre el dinero utilizado para adquirir el lote y pagar la tasa de ingreso al country, además de las mejoras realizadas posteriormente. Otro inmueble incluido en el requerimiento es un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, cuya adquisición y mobiliario también quedaron bajo análisis. Parte de esos muebles, según el documento, fueron abonados en dólares y en efectivo.

    Los viajes del grupo familiar entre 2024 y 2026 constituyen otro capítulo de la investigación. La fiscalía relevó desplazamientos internacionales hacia Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos, además de viajes dentro del país. Entre los consumos identificados aparecen US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España y US$6.055 en Estados Unidos.

    También fueron incorporadas estadías en Bariloche, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca y Chapelco. Durante un viaje a Bariloche en junio de 2024, por ejemplo, se reconstruyeron gastos por más de $3,1 millones, además de casi $4,9 millones en alojamiento.

    Uno de los casos detallados corresponde a un viaje a Estados Unidos en marzo de 2026. Los pasajes de la comitiva oficial fueron afrontados por el Estado, mientras que Angeletti habría pagado un regreso en clase business por US$5.144,55. La fiscalía quiere determinar de dónde salió el dinero utilizado tanto en esos viajes como en alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

    Infografía Adorni

    La diferencia entre ingresos y gastos y los dólares declarados

    Otro de los puntos que deberá explicar Adorni es la diferencia entre los ingresos comprobados del grupo familiar y los gastos reconstruidos por la fiscalía. Según el requerimiento, entre diciembre de 2023 y junio de 2026, Adorni percibió 35 haberes por su función pública y, al sumar los ingresos comprobados de Angeletti, los recursos alcanzaron $229.752.283,20.

    Durante ese período, los gastos relevados llegaron a $272.820.832,20, lo que dejó una diferencia de aproximadamente $43.068.549 que forma parte de las explicaciones solicitadas. El análisis incluyó seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes, tarjetas de crédito y otras erogaciones.

    A esto se suma una tenencia superior a US$500.000 declarada por Adorni. La fiscalía busca conocer cómo se conformaron esas divisas y le pidió que explique una operación de “venta de activos” mencionada como origen del dinero, identificando qué activos fueron vendidos, cuándo, a quiénes y por qué montos, además de aportar trazabilidad bancaria, bursátil o registral.

    El patrimonio del exfuncionario ya había quedado bajo análisis también por sus operaciones con criptomonedas. En junio, Pollicita avanzó en medidas destinadas a determinar el origen de los fondos vinculados con bitcoins después de declaraciones públicas de Adorni sobre sus inversiones. El nuevo requerimiento reclama ahora información sobre cuatro cuentas de activos virtuales incorporadas mediante declaraciones rectificativas y otros criptoactivos detectados en la investigación.

    La evolución de las deudas declaradas también despertó interrogantes. Según el análisis citado por TN, el pasivo pasó de $92.440.268,79 a $317.312.719,68 y el incremento estuvo relacionado con cuatro nuevas deudas en dólares contraídas con particulares, sin obligaciones bancarias de características similares durante el mismo período.

    La investigación alcanzó además a compras y pagos realizados mediante terceros. La fiscalía detectó 20 comprobantes informados ante ARCA por más de $6 millones que no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o billeteras virtuales, además de 16 facturas por más de $2 millones cuyos pagos no coincidirían con los importes registrados.

    Parte de esa línea ya había derivado en declaraciones testimoniales de empleados de la entonces Vocería Presidencial. Una exsecretaria de Adorni reconoció haber intervenido en la compra de productos para el funcionario, entre ellos artículos para el hogar por más de $8 millones, aunque declaró que el pago había sido realizado en efectivo por Angeletti. También se investigaron compras de tecnología efectuadas con tarjetas de empleados públicos.

    El requerimiento constituye ahora una instancia clave dentro de la causa. Adorni tendrá la posibilidad de presentar documentación y explicar el origen de los fondos, las operaciones y las diferencias detectadas antes de que la fiscalía evalúe cómo continúa la investigación. El informe de la DAFI que precedió a esta medida había detectado inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos, bienes, ahorros, inversiones y deudas del grupo familiar.

    RG/MSS

  • Bullrich afirmó que un gobierno que reforma y va para adelante “en algunos momentos choca”

    Bullrich afirmó que un gobierno que reforma y va para adelante “en algunos momentos choca”


    Apenas comenzó el debate este martes en la segunda jornada del ciclo “Democracia y Desarrollo” que organiza Clarín en el Malba, el diputado Miguel Angel Pichetto, de Encuentro Federal, y la jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quedaron en dos veredas distintas, y por momentos muy enfrentadas sobre el modelo de desarrollo de Argentina.

    Bullrich se refirió de manera elíptica a los reiterados traspiés de los proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional con una frase que resonó en el auditorio. “Un gobierno que reforma y que va para adelante en algunos momentos choca”, afirmó, aunque intentó plantear cierta mirada positiva en el sentido que consideró que el oficialismo le ha ido bien en el Congreso en lo que va del año.

    “Sin decisión de transformación, los grandes títulos se convierten en un título frustrado. No vamos a mandar una reforma impositiva hasta no saber quién está dispuesto a acompañar una reforma impositiva pro-producción. Es decir, bajar impuestos para darle más poder al ciudadano, a las empresas y menos a un Estado que hasta triplica las estructuras en todo el país”, enfatizó la senadora, tras el fracaso del Gobierno en el Senado con el retiro de los capítulos de Tierras y manejo del fuego del proyecto de propiedad privada.

    Polémica con Sturzenegger

    En el mismo panel, Pichetto marcó un contrapunto con las expresiones de Bullrich al apuntar contra la gestión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tras lo cual acusó al Gobierno de no tener un discurso y una mirada realista. “Entiendo que no hay nada para aportar porque funcionan como elementos destructivos de la economía e impactan en distintos sectores”, dijo el diputado y pidió: “Tienen que contener al ministro desregulador”. Al respecto puso como ejemplo que ahora el oficialismo alienta una reforma del sistema de seguros que, “aparentemente, estaría dando la posibilidad de que se puedan contratar seguros en Taiwán, en cualquier lado, rompiendo además el sistema que funciona en Argentina, que garantiza el desarrollo de empresas nacionales”, cuestionó. También puso reparos sobre la reforma del Banco Central, al advertir que, sin una verdadera autonomía, el proyecto puede terminar respondiendo a un “recetario viejo del Fondo”.

    Bullrich contraatacó y enfatizó que la administración de Javier Milei “está tratando de pasar de un Estado muy cerrado y una estructura corrompida a una economía más abierta”, mientras Pichetto insistió en sus críticas por la pulverización de los salarios en el sector público y privado. “Han destruido el salario en el sector privado y ni hablemos del sector público”, lanzó.

    Pichetto y Bullrich en el ciclo de Clarín en el Malba. Foto Maxi Failla

    La senadora sintetizó también la dificultad política que enfrenta el Gobierno que tiene minoría en el Congreso. “Nosotros somos el 30% del Parlamento y para llegar al 50% necesitamos acuerdos” para convertir los proyectos en leyes, planteó, antes de advertir que el desafío entonces para el oficialismo es el de “conseguir esos acuerdos sin diluir el programa de transformación” libertario. La reforma impositiva aparece como uno de los próximos terrenos de disputa. Anticipó que la Casa Rosada no enviará el proyecto al Congreso hasta tener garantías de que existe respaldo para una iniciativa que apunta a reducir impuestos y favorecer la producción.

    El debate por el futuro de las PASO

    La discusión en el mismo panel, del que también participaron Cristian Ritondo y Flavia Royón, tuvo otro capítulo en el plano político, particularmente en relación al proyecto de reforma electoral que impulsa la eliminación de las PASO. El propio Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados, puso en duda el acompañamiento de su partido a la eliminación de las primarias, uno de los cambios que alienta el oficialismo. El PRO, dijo, todavía no está dispuesto a acompañar la modificación del sistema electoral. La misma posición planteó Pichetto, que advirtió que no se pueden cambiar las reglas en la previa del año electoral.

    Mientras que Royón se mostró a favor de la eliminación de las primarias y Bullrich insistió en respaldar el proyecto del Gobierno más allá de que recordó su experiencia positiva con el sistema actual en el triunfo que obtuvo en las PASO presidenciales de 2023 frente a Horacio Rodríguez Larreta.

    Debate por el futuro de las PASO en el ciclo de Clarín en el Malba. Foto: Ariel Grinberg

    Todos los participantes del panel partieron de un reconocimiento compartido: la Argentina que recibió Milei en diciembre de 2023 no es la misma que la de hoy. La diferencia apareció cuando llegó el momento de discutir qué hacer con ese cambio.

    Durante el resto de la jornada organizada por Clarín también expusieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Martín Llaryora. Además el senador Diego Valenzuela; y los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Santiago Passaglia (San Nicolás), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Pablo Javkin (Rosario).

    Santilli, Elsztain y Fabián Fernández en el ciclo de Clarín en el Malba. Ariel Grinberg.

    Las charlas fueron moderadas por los periodistas de Clarín Eduardo Paladini, Horacio Riggi, Silvia Naishtat, Ezequiel Burgo y Bernardo Vázquez, y de TN Carolina Amoroso. También el encuentro sumó a los especialistas César Litvin, Nadin Argañaraz, Luciano Laspina, el dirigente gremial Gerardo Martínez y referentes del sector empresario como Federico Braun (La Anónima), Mariano Bosch (Adecoagro), Ignacio Costa (Río Tinto) y Andrés Graziosi (Arcor).

    En el público se destacaron las presencias del jefe de Gabinete, Diego Santilli; del secretario de Medios, Fabián Fernández, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y la titular del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, por el oficialismo. Además estuvieron María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza, Hernán Lombardi y Guillermo Montenegro por el PRO, los dirigentes Juan Manuel Abal Medina y Diego Bosio, y los empresarios Eduardo Elsztain y Rodolfo D´Onofrio, entre otros.

    Inversión: el reclamo de los gobernadores

    En lo que fue el panel de gobernadores, que siguió al de los intendentes -que se explayaron sobre cómo administraron sus gastos y lo escaso que les llega de la administración federal- hubo coincidencia en el diagnóstico: la Argentina necesita inversión, pero las provincias reclaman condiciones.

    Frigerio, Jalil, Orrego, Llaryora y Jorge Macri coincidieron en que el desafío ahora es transformar la estabilización macroeconómica en inversión, empleo y desarrollo productivo. El eje fue que el Estado nacional puede ordenar las cuentas, pero buena parte de las condiciones para que lleguen inversiones se juegan en las provincias: infraestructura, impuestos, seguridad jurídica, energía y reglas claras. Todos reclaman rutas, y por lo tanto un poco de gasto público necesario para impulsar la producción.

    Los gobernadores en el ciclo Democracia y Desarrollo de Clarín en el Malba. Foto: Ariel Grinberg

    Jorge Macri llevó el reclamo porteño: autonomía y recursos. El jefe de Gobierno planteó la necesidad de que las jurisdicciones puedan contar con los recursos necesarios para prestar servicios y desarrollar infraestructura. En el caso de CABA, eso tiene detrás el histórico reclamo por la coparticipación y la deuda de Nación con la Ciudad. Su posición quedó más cerca del planteo de que el orden fiscal tiene que alcanzar también a la relación Nación-provincias.

    Frigerio fue de los más alineados con la lógica reformista del Gobierno, pero marcó el límite provincial. El gobernador de Entre Ríos puso el foco en las reformas que está haciendo su provincia para bajar el déficit, reducir impuestos y facilitar inversiones. En particular, defendió la necesidad de atacar el déficit de la Caja de Jubilaciones: dijo que le cuesta a Entre Ríos alrededor de US$ 1 millón por día. También destacó proyectos que, según señaló, ya comprometieron unos 3.000 empleos.

    Democracia y Desarrollo Ariel Grinberg Malba - FTP CLARIN DSC01049.JPG Z AGrinberg

    Llaryora volvió a poner sobre la mesa la deuda de Nación con las provincias. El cordobés aprovechó el escenario para insistir con la deuda de la Nación por las cajas previsionales no transferidas. Dijo que esa situación obliga a Córdoba a tomar medidas adicionales para compensar el déficit. Su planteo fue más político: las provincias pueden hacer reformas, pero necesitan que Nación cumpla con sus obligaciones.

    Y Orrego mostró el modelo de San Juan: minería-reglas-infraestructura, y recurrió permanentemente a las metáforas. El gobernador sanjuanino hizo hincapié en que las provincias tienen que generar condiciones concretas para que el capital privado llegue. Su discurso estuvo en línea con la idea de que el RIGI puede ser una herramienta, pero que las provincias tienen que acompañarlo con sus propias políticas. El encuentro justamente planteó como tema la adhesión al RIGI y los mecanismos provinciales para facilitar inversiones.

    Jalil apareció como el puente entre el peronismo provincial y el nuevo esquema económico. El catamarqueño defendió la necesidad de atraer inversiones y aprovechar los recursos naturales, particularmente la minería, pero desde una lógica de articulación entre Nación y provincias. Su presencia es políticamente significativa porque expresa a uno de los gobernadores peronistas que más ha dialogado con Milei y que viene acompañando algunas iniciativas del Gobierno en el Congreso.

    La sorpresa del encuentro la dio el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, que en pleno escenario dijo que le traía un regalo al Malba, dando en entender que era una obra artística para exhibir con las otras piezas. Se trataba en realidad de una moto compactada, que había sido secuestrada por el nivel de ruido. El joven intendente de la localidad donde año a año se hace Expoagro pidió inversiones para el desarrollo y la reactivación de la economía.

  • Nueva ola de despidos sacude a las provincias y suma presión a los gobernadores

    Nueva ola de despidos sacude a las provincias y suma presión a los gobernadores

    Mirgor es un grupo dedicado a la industria tecnológica, con base en la provincia de Tierra del Fuego. Actualmente tiene cinco plantas en ese distrito dedicadas a la telefonía móvil, televisores, electrónica de consumo y componentes de climatización y autorradios para la industria automotriz.

    Ese no es el único conflicto activo en la Isla. BGH anunció la desvinculación de 24 operarios, bajo el amparo del “fuerte descenso de la actividad industrial, impulsado por la caída del consumo interno y el incremento de productos importados”.

    Marcha de la UOM en Río Grande, contra los despidos en Mirgor.

    Marcha de la UOM en Río Grande, contra los despidos en Mirgor.

    UOM Río Grande

    Despidos en textiles y alimenticias

    Mendoza tampoco permanece ajena a la coyuntura. Este martes, la multinacional Unilever anunció el cierre de su planta en Guaymallén, donde producían vegetales deshidratados para la marca Knorr. La medida conllevó el despido de 60 trabajadores, con las correspondientes indemnizaciones y sin conflictos gremiales de por medio.

    La compañía adujo que la decisión se basa en la transformación de su modelo operativo, con el objetivo de fortalecer su competitividad y adaptarse a “los cambios que atraviesan los hábitos de consumo y la industria alimentaria a nivel global”. Sus plantas de Villa Gobernador Galvez (Santa Fe), Gualeguaychú, Pilar, Tortuguitas y Munro continúan operativas.

    Unilever cerró su planta de Mendoza, en Guaymallén.

    Unilever cerró su planta de Mendoza, en Guaymallén.

    En tanto, en Entre Ríos la empresa avícola Tres Arroyos despidió a 250 de los 900 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay. En los telegramas enviados a los operarios, la firma sostuvo que la decisión obedece a “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.

    La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Concepción del Uruguay expresaron su rechazo a la medida en un comunicado y denunciaron que entre los despidos también hay delegados gremiales. “Los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis”, apuntaron.

    Semanas atrás, el gobernador Rogelio Frigerio se había reunido Joaquín de Gracia, directivo de Tres Arroyos, a quien le reafirmó el respaldo de la provincia para “preservar el empleo y sostener la actividad”. Concretadas las desvinculaciones, el secretario de Trabajo provincial, Mariano Camoirano, y admitió que se sienten “defraudados”.

    “Me puedo imaginar que obviamente el gobernador se siente defraudado, y así nos sentimos todos, porque desde el primer momento estamos buscando alternativas y soluciones. En primera instancia estábamos buscando alternativas de financiamiento”, dijo Camoirano a Radio Plaza 94.7.

    El sector Avícola también atraviesa despidos.

    El sector Avícola también atraviesa despidos.

    Cadena Avícola

    En la provincia de Buenos Aires también hay frentes agitados. Esta semana, la textil deportiva Will Der S.A., conocida como Wilder, cerró sus plantas de Pacheco y de Las Flores, con cerca de 140 despidos entre ambas instalaciones. Se trata de un proceso progresivo de reducción de personal.

    Al respecto, el secretario de Producción, Turismo y Ambientes de Las Flores, Christian Chiodini, cargó las tintas sobre el modelo económico de Javier Milei y compartió una evaluación sobre el estado del parque industrial local.

    “El rubro textil demanda mucha mano de obra. Cuando repuntaba lo textil, era porque se generaban las condiciones adecuadas para que sean competitivos. Hoy no son competitivos. Es muy difícil la reconversión”, dijo a FM La Patriada. Chiodini aclaró que “es un cierre definitivo” y que “no hay vuelta atrás”.

    A la par, persiste en Mar del Plata un conflicto por 30 despidos en el exfrigorífico Sadowa. Los trabajadores afectados se movilizaron al inicio de la semana a las puertas del establecimiento, denunciando que no se les pagaron las indemnizaciones correspondientes.

    Diego Molina, uno de los operarios echados, dijo a Canal 8: “Siguen con la mentira de que van a cumplir con la indemnización. Nos deben feriados, aguinaldos, mienten y no cumplen. Somos 30 los despedidos ahora pero ya habían sacado a 15 personas más a las que tampoco les pagaron. Se nos complica mucho el día a día, muchos pagan alquiler, es muy difícil”.

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    Paralelamente, la Asociación Bancaria de Rosario se declaró en estado de alerta y movilización ante el despido de dos trabajadores de Nación Servicios, que se sumaron a uno ocurrido en mayo pasado.

    “Para nosotros, no hay otra solución que la reincorporación de los compañeros despedidos”, aseguró el gremio en un comunicado, en el que definen a los episodios como un “nuevo atropello”. Adelantaron, además, que definirán las “medidas necesarias para enfrentar esta política de despidos y defender los puestos de trabajo”.

    “No vamos a naturalizar los despidos ni permitir que el ajuste recaiga, una vez más, sobre las trabajadoras y los trabajadores”, señalaron.

    El crecimiento de la informalidad

    Un reciente informe de Politikon Chaco da cuenta de que, si bien el empleo aumentó 1,6% interanual en el primer semestre del año con 212.827 nuevos ocupados, hasta alcanzar 13,47 millones de trabajadores, el fenómeno se sostuvo sobre “bases cada vez más frágiles”.

    Al respecto, indicaron que la participación de los cuentapropistas llegó al 24,2% del empleo, su segundo nivel más alto desde 2017, mientras que los asalariados representaron el 71,8%, uno de sus registros más bajos.

    El mayor aumento interanual de la informalidad se produjo en Posadas (+10 puntos porcentuales), seguida por Jujuy-Palpalá (+6,2) y Gran San Juan (+4,3). La informalidad presenta fuertes diferencias regionales. Los niveles más altos se registraron en Gran San Juan (60,9%), Gran Tucumán-Tafí Viejo (56,2%), Santiago del Estero-La Banda (55,1%), Jujuy-Palpalá (54,7%) y Formosa (53,8%).

  • SEGURIDAD Chalecos antibalas vencidos: hay más de medio millón en depósitos y algunos aparecieron en poder de bandas criminales

    SEGURIDAD Chalecos antibalas vencidos: hay más de medio millón en depósitos y algunos aparecieron en poder de bandas criminales

    Las fuerzas de seguridad de todo el país mantienen guardados en sus depósitos más de medio millón de chalecos antibalas fuera de servicio. Se trata de material vencido que debería haberse descartado y que, en parte, ya apareció en el mercado ilegal y en poder de bandas delictivas.

    El problema arranca en la vida útil del equipamiento. Los chalecos que usan las fuerzas tienen una duración certificada de cinco años, un plazo fijado por el RENAR y garantizado por los propios fabricantes. Cumplido ese tiempo, las unidades deben retirarse porque ya no puede asegurarse el nivel de protección balística que ofrecen, pero en buena parte de las fuerzas esa baja efectiva nunca terminó de concretarse.

    Una auditoría interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizada en 2024, puso cifras al panorama. El relevamiento detectó que Gendarmería, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal sumaban 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos: el 64 por ciento del total.

    A ese conteo hay que agregarle los inventarios de provincias y municipios. Con esos volúmenes sumados, y según estimaciones de la industria a las que accedió la agencia Noticias Argentinas, las unidades obsoletas acumuladas en el país superan las 500.000.

    Un faltante que se repite en las provincias

    La situación no pasó inadvertida. El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió en septiembre de 2024 que, hasta el 10 de diciembre de 2023, “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la compra de 19.700 unidades nuevas para las fuerzas federales.

    El faltante se replicó en los distritos. La Policía de la Ciudad retiró 6.147 chalecos vencidos o deteriorados, Córdoba incorporó 17.000 ante un déficit operativo y Entre Ríos repuso 1.300 tras reconocer que la mayoría de los que tenía en uso “estaban vencidos”.

    El costado más delicado quedó expuesto en expedientes judiciales. En febrero de 2026, el armero de una banda de sicarios apodado “El Negro Juan” fue detenido en Córdoba con un chaleco antibalas perteneciente a la policía provincial, una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.

    El dato no es menor: los paneles balísticos conservan parte de sus propiedades protectoras aun después de vencidos, de modo que pueden reutilizarse si no se los destruye como corresponde. Especialistas advierten que, con ese material, incluso puede fabricarse de manera clandestina nuevos paneles, blindajes, escudos o chalecos.

    Dos máquinas para un problema de medio millón

    La normativa para evitarlo existe. La ANMaC reguló la destrucción a través del régimen de Materiales de Usos Especiales (MUEs) y habilitó a empresas privadas para el procedimiento.

    De hecho, el organismo ya había ordenado en 2021 destruir 3.446 chalecos defectuosos de Fabricaciones Militares entregados a la Policía bonaerense, y en 2022 dispuso una medida similar sobre otro lote de la Policía de la Ciudad. Ninguna de las dos órdenes se concretó por falta de capacidad tecnológica.

    Hoy funcionan en el país apenas dos máquinas habilitadas para destruir materiales balísticos, ambas propiedad de Tecnología Antibalas S.A. (Tecant). El proceso fragmenta paneles, etiquetas y fundas para impedir su reutilización y culmina con un certificado que garantiza la trazabilidad.

    Según fuentes de la industria, la Argentina ya cuenta con la capacidad técnica, la normativa y las empresas necesarias para resolver la acumulación de chalecos obsoletos. Que eso ocurra depende ahora de las decisiones de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.

  • Seguridad Más de medio millón de chalecos antibalas vencidos se acumulan en depósitos de las fuerzas de seguridad

    Seguridad Más de medio millón de chalecos antibalas vencidos se acumulan en depósitos de las fuerzas de seguridad

    Las fuerzas de seguridad argentinas acumulan más de medio millón de chalecos antibalas obsoletos, una situación que plantea un doble problema: el riesgo de que efectivos utilicen elementos que ya no tienen garantizada su protección y la posibilidad de que los materiales retirados terminen en circuitos ilegales.

    Los chalecos antibalas utilizados por las fuerzas de seguridad tienen una vida útil certificada de cinco años, de acuerdo con los parámetros establecidos por el entonces RENAR y las garantías de los fabricantes. Una vez cumplido ese plazo, deben ser retirados porque ya no puede asegurarse el nivel de protección balística para el que fueron fabricados.

    Sin embargo, el recambio y la destrucción del material vencido no se resolvieron de manera uniforme en todo el país. Una auditoría interna realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024 detectó que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal contaban con 76.812 chalecos, de los cuales 49.159 estaban vencidos, equivalente al 64% del total relevado.

    A ese universo se suman los equipos almacenados por las policías provinciales y municipales. De acuerdo con estimaciones del sector, el stock de chalecos que ya superaron su vida útil excede las 500.000 unidades en todo el país.

    El recambio de chalecos en las fuerzas

    La situación de los equipos vencidos también fue reconocida por el Gobierno nacional. En septiembre de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que hasta el 10 de diciembre de 2023 “los policías usaban chalecos vencidos”, al anunciar la incorporación de 19.700 chalecos nuevos destinados a las fuerzas federales.

    El problema no se limita a los organismos nacionales. En la Policía de la Ciudad fueron retirados 6.147 chalecos vencidos o deteriorados, mientras que la Policía de Córdoba incorporó 17.000 unidades frente a un faltante operativo.

    En Entre Ríos, se repusieron 1.300 chalecos luego de que las autoridades reconocieran que la mayoría de los equipos disponibles “estaban vencidos”.

    Además del problema operativo, la permanencia de estos materiales fuera de los circuitos oficiales genera un riesgo de seguridad. En febrero de 2026, por ejemplo, fue detenido en Córdoba el armero de una banda de sicarios conocido como “El Negro Juan”. Durante el procedimiento se secuestró un chaleco antibalas perteneciente a la Policía de Córdoba, junto con una ametralladora de fabricación israelí y otras armas.

    Qué ocurre con los chalecos cuando vencen

    Que un chaleco haya superado su fecha de vencimiento no significa que sus materiales pierdan de manera inmediata todas sus propiedades. Los paneles balísticos pueden conservar parte de su capacidad protectora, por lo que, si no son destruidos correctamente, existe la posibilidad de que sean reutilizados.

    El material puede incluso ser empleado clandestinamente para elaborar nuevos paneles balísticos, blindajes, escudos u otros elementos de protección. Por ese motivo, la destrucción controlada resulta clave para evitar que los equipos retirados vuelvan a circular.

    La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) estableció procedimientos específicos dentro de la normativa sobre Materiales de Usos Especiales (MUEs) para regular la destrucción de estos elementos y habilitó a empresas privadas a realizarla.

    En 2021, el organismo había dispuesto la destrucción de 3.446 chalecos defectuosos fabricados por Fabricaciones Militares y entregados a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Un año después, ordenó un procedimiento similar para otro lote perteneciente a la Policía de la Ciudad.

    En ambos casos, las medidas no llegaron a concretarse debido a la falta de capacidad tecnológica disponible para procesar los materiales.

    Cómo se pueden destruir los chalecos antibalas

    Actualmente, Argentina cuenta con dos máquinas habilitadas por la ANMaC para destruir materiales balísticos. Ambas pertenecen a la empresa Tecnología Antibalas S.A. (Tecant).

    El procedimiento permite inutilizar los distintos componentes del chaleco. Los paneles balísticos, las etiquetas y las fundas son fragmentados para impedir que puedan ser reutilizados. Una vez terminado el proceso, se emite un certificado de destrucción, que permite dejar constancia del destino final de cada unidad.

    De esta manera, el país cuenta actualmente con un marco regulatorio y con capacidad técnica para avanzar en la eliminación de los chalecos que ya cumplieron su vida útil, por lo que el desafío pendiente es implementar ese proceso sobre los stocks acumulados en las fuerzas nacionales, provinciales y municipales y garantizar que los materiales retirados no vuelvan a ingresar en circulación.

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