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Con un valor promedio de $318.650 en febrero, el valor de las expensas registró una baja del 1,8% respecto a la expensa promedio de enero que fue de $324.404, según relevó el portal ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma. En paralelo, creció la cantidad de deudores: la mora pasó del 17% al 19% en el último mes.

Más allá de la baja temporal de febrero, un relevamiento del sitio web que centraliza más de 1.700 administraciones, detalló que el incremento interanual en el precio de las expensas fue del 38,4%, ya que la expensa promedio en enero de 2025 en CABA fue de 230.186 pesos.

Esto es casi cinco puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada para el mismo periodo que mide el Indec. El IPC de febrero fue del 2,9%, con una variación interanual del 33,1%. La entidad develó que división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un ajuste del 6,8 por ciento.

“Las expensas no se mueven exactamente igual que la inflación porque dependen mucho del calendario del edificio. Enero suele concentrar varios ajustes al mismo tiempo: actualización de contratos de servicios, reorganización de presupuestos y, en algunos casos, todavía el impacto del aguinaldo liquidado en diciembre. Eso hace que haya meses con mayor carga de gastos y otros donde el presupuesto se reacomoda”, detalló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Según el relevamiento, en un edificio, el 19% de las unidades funcionales posee deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 19 deben. Este número, que se repite tanto en la Ciudad de Buenos Aires, como en la Provincia, es una tendencia que se sostuvo a lo largo de 2025, pero que empezó a crecer en los últimos dos meses.

“Durante mucho tiempo vimos niveles de morosidad cercanos al 17%, que se habían vuelto relativamente estructurales dentro del sistema. Hoy ese número aparece más cerca del 19%, lo que significa que casi dos de cada diez unidades funcionales tienen deuda. No es un salto abrupto, pero sí es un cambio que conviene observar con atención”, analizó Laiuppa.

En este sentido, el especialista explicó que “cuando la mora crece, el consorcio empieza a funcionar en la práctica como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término terminan sosteniendo temporalmente el funcionamiento del edificio mientras otros regularizan su situación. Por eso la morosidad no depende únicamente del contexto económico. También refleja cómo se gestiona el consorcio y qué herramientas existen para ordenar los pagos”, agregó.

En cuanto a la estructura de costos de los edificios, el principal gasto de los consorcios en CABA es el personal y los sueldos, que representan el 33% del total. En edificios chicos, ese peso puede escalar hasta el 35%, mientras que en los más grandes baja al 16% por efecto de escala.

Le siguen los costos operativos y de mantenimiento, con un 28%, aunque con una lógica inversa: arrancan en 26% en consorcios pequeños y trepan hasta el 53% en los grandes, impulsados por servicios como limpieza, seguridad y mantenimiento. Más atrás aparecen los servicios públicos, con un peso relativamente estable de entre 13% y 15%, los gastos administrativos, bancarios e impositivos, con el 14%, y el mantenimiento extraordinario y obras, que se ubica entre el 6% y el 11 por ciento.

De acuerdo con el relevamiento, en la Provincia de Buenos Aires, las expensas aumentaron un 45,8% interanual, alcanzando un promedio de $155.508 en febrero, lo que totalizó un 0,6% más que en enero.

En Córdoba, las expensas subieron un 37,8% interanual, con un promedio de $142.960 en febrero. Esto fue un 1,6% más que en enero. En tanto, en Santa Fe, estas se ajustaron en un 41,7% interanual, con un promedio de $128.097 en febrero (un 2,4% más que en enero). Entre Ríos, por su parte, tuvo un alza del 72,7% interanual, con un promedio de $72.654 en febrero, lo que significó un 5,5% más que en enero.

“Después de varios años en los que los costos cambiaban de forma muy brusca, hoy empieza a aparecer un poco más de previsibilidad en cómo evolucionan las expensas. Eso no significa que los valores estén bajando, pero sí que los consorcios pueden empezar a visualizar mejor cómo se comporta su estructura de gastos. En un sistema como el de los edificios, donde hay contratos, servicios permanentes y decisiones colectivas, la previsibilidad es clave para poder administrar”, dijo Laiuppa.

Por decreto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ordenó modificar la manera en que se discriminan los precios en los comprobantes de venta al consumidor para incluir cuánto corresponde al pago de Ingresos Brutos. La administración porteña acompaña los cambios impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la ley nacional 27.743. Se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos.

En el paquete fiscal aprobado en julio del 2024, el gobierno de Javier Milei creó el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. En el artículo 99, establece que quienes realicen ventas a consumidores finales “deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios” junto con la leyenda “Precio sin impuestos”. También deberán efectuar la correspondiente “discriminación impositiva” en tickets.

En la misma normativa, se convoca a las provincias y a la Ciudad “a dictar las normas pertinentes” a fin de asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia de IIBB y de los tributos municipales en los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realizan en cada jurisdicción.

Transparencia fiscal en CABA con el costo de Ingresos Brutos

Con ese objetivo, Macri decretó a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que instrumente los mecanismos normativos locales que permitan operativizar dicha discriminación. El objetivo es, según explicó el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, que los contribuyentes “discriminen en cada operación cuánto del precio corresponde a este tributo”.

“De esta manera, el consumidor va a saber cuánto paga realmente en impuestos en cada compra que realiza“, agregó el funcionario porteño en una publicación realizada en “X” en la que aseguró que se apunta hacia “una mayor transparencia fiscal para los consumidores” para que los porteños tengan “mayor claridad en los precios”.

En los argumentos, el decreto marca que la modificación le permitirá al porteño “conocer el componente impositivo que integra el costo final de los bienes y servicios que adquieren”, lo cual fortalecerá “la conciencia fiscal” del consumidor.

Además, resaltan que la desagregación detallada del precio final “contribuye a fortalecer la transparencia en la relación de consumo, lo que permite reducir las asimetrías de información existentes entre proveedores y consumidores, distinguir con claridad el valor propio del bien o servicio y la incidencia de la carga tributaria, y evitar una distorsión informativa”.

Cuándo comenzará a regir el cambio en Ingresos Brutos

En ese marco, el jefe de Gobierno, a través del decreto 107/26 encomienda a la AGIP a que “adopte las medidas que estime pertinentes a fin de revisar y adecuar la normativa vigente, con el objetivo de establecer la obligación, para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

Asimismo, determina que AGIP, organismo a cargo de Germán Krivocapich, será la encargada de disponer “los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización que resulte pertinente a fin de dar cumplimiento” a los cambios. Por el momento no hay fecha estimada de implementación.

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Baja adhesión de las provincias al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

De esta manera, CABA se suma a otras jurisdicciones como Chubut, Neuquén y Entre Ríos que decidieron adherirse a los cambios propuestos en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, aunque hasta el momento ninguna de las tres provincias instrumentaron su implementación. En Salta, una medida similar obtuvo media sanción en la Legislatura.

Desde el 1 de enero del 2025, las grandes empresas vienen mostrando en los tickets el IVA, impuestos internos y a los combustibles. Y desde el 1 de abril se extendió a todos los demás comercios que vendan a los consumidores. Así, por ambas normas, se sabe cuánto pesan los impuestos en el precio tanto antes de la compra (publicidades y exhibición) y después (tickets).

Pero por el momento, más allá de la adhesión de las 4 mencionadas, aún restan que adhieran las otras 21 y que todas lo implementen. El titular de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, precisó que “la reticencia general de las provincias a adherirse no es admisible”. “Ingresos brutos y tasas municipales son los tributos más ocultos, los consumidores no tienen idea que los están soportando. Esta no es como la invitación del RIGI o blanqueo, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que bien pueden rechazarla”, declaró.

A través de un decreto, el gobierno porteño decidió sumar a CABA al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor sancionado por ley en 2023. De esa forma, cada ticket de compra emitido en la Ciudad deberá detallar cuánto paga el consumidor en concepto de Ingresos Brutos, además de visibilizar qué parte del importe total corresponde al IVA y otros impuestos nacionales, lo que ya venía mostrándose en todo el país.

De esta manera, CABA se suma a Chubut, Mendoza y Entre Ríos que se habían adherido al Régimen el año pasado. El sistema comenzará a aplicarse una vez que la AGIP, el organismo recaudador porteño, publique la reglamentación y su cronograma de implementación. El decreto no modifica la aplicación de Ingresos Brutos en la Ciudad sino que solamente le agrega al comerciante una obligación de informar al consumidor.

La ley 27.743 obligó a los comercios a publicar el “precio sin impuestos”, detallando por separado el impacto del ICA y los demás impuestos nacionales. La norma, a su vez, invitó a las provincias a adherir al sistema y obligar a que en los tickets se discriminen Ingresos Brutos y cualquier otro tributo provincial o municipal.

El impacto de la decisión de la administración de Jorge Macri se condice con la intención del gobierno nacional de visibilizar el peso de los impuestos locales sobre los precios que pagan los consumidores, como una vía para presionar a gobernadores e intendentes para reducirlos. En ese sentido, Ingresos Brutos es el gravamen más criticado por todos los comercios y empresas, en especial porque es un impuesto “en cascada”: se aplica sobre todas las etapas de la cadena productiva, lo que deriva en una acumulación de gran impacto sobre el precio final que paga el consumidor.

Por ello, la ley invita a las provincias a dictar normas para “asegurar que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se realicen en sus jurisdicciones”, recordó el gobierno porteño en los fundamentos del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

En su primer artículo, el decreto establece “la obligación para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que realicen operaciones con consumidores finales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de discriminar en el monto total de cada operación la incidencia del referido tributo local”.

Dispuso además que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será la autoridad a cargo de “disponer los mecanismos técnicos, el cronograma de implementación y la fiscalización” de este nuevo sistema.

“La Constitución de la Ciudad protege los derechos de los usuarios y consumidores. Además, garantiza el acceso a información transparente, adecuada, veraz y oportuna, así como la transparencia y la eficacia en la gestión son objetivos esenciales. En sintonía con estos principios, la adopción del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor por parte de la Ciudad, que se encuentra entre las primeras en sumarse a la iniciativa, demuestra el compromiso de nuestro Gobierno con la claridad en la gestión,” señaló Germán Krivocapich, titular de AGIP.

Si bien adhirieron al régimen, en Chubut, Mendoza y Entre Ríos todavía no muestran el detalle de impuestos en los tickets por falta de reglamentación. Córdoba dictó una resolución preparatoria de la adhesión, sujeta a la conformidad de las cámaras empresarias cordobesas, la que se dio en agosto pasado, pero tampoco se puso en marcha. En Salta la adhesión cuenta con media sanción.

CABA fue el único distrito, hasta ahora, que lo hizo por decreto. El proyecto de Código Fiscal porteño de 2026 contenía un artículo adoptando la transparencia fiscal al consumidor, que fue quitado horas antes de la votación de noviembre pasado. Este nuevo decreto subsana esa situación.

Ese relevamiento, provincia por provincia, pertenece a Lógica, una ONG dedicada a “generar conciencia fiscal en la sociedad” que viene impulsando la efectiva implementación del Régimen de Transparencia Fiscal.

Según el presidente de Lógica, Matias Olivero Vila, “este paso dado por CABA es muy importante para generar conciencia fiscal ciudadana. La Argentina tiene los impuestos más altos del mundo por la falta de cultura fiscal de nuestra sociedad, por un régimen que, durante más de 50 años, sistemáticamente nos ha ocultado los impuestos, sin informárselo a los consumidores. Esa falta de conciencia llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables con el gasto y los impuestos que pesan en la vida cotidiana, hasta más del 50% del precio final.”