Menos de 48 horas después de quedar definido el balotaje, dos candidatos que quedaron fuera de la carrera presidencial, Romeu Zema (Novo) y Ronaldo Caiado (PSD), expresaron su respaldo a Bolsonaro.
El senador busca ahora ampliar esa base con el apoyo de los principales partidos vinculados al bloque de centroderecha. Las negociaciones se aceleraron después de la primera vuelta, en la que Flávio terminó por encima de Lula, y tras el fortalecimiento de las fuerzas de derecha en el Congreso.
Ronaldo Caiado respaldó a Flávio Bolsonaro
Caiado se reunió este martes 6 con Bolsonaro durante un evento realizado en Goiânia, capital del estado de Goiás, donde oficializó su apoyo al candidato del PL.
También participaron el gobernador electo de Goiás, Daniel Vilela (MDB); la senadora electa y esposa de Caiado, Gracinha Caiado (União Brasil), y el también senador electo por el estado Gustavo Gayer (PL).
Para trasladarse hasta Goiânia, Bolsonaro viajó acompañado por el gobernador reelecto de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); su coordinador de campaña, Rogério Marinho (PL), y Wilder Morais (PL), quien compitió por la gobernación de Goiás.
Los brasileños definirán el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro.
Justiça Eleitoral
El respaldo al candidato del PL también comenzó a fortalecerse entre referentes vinculados con el sector agroindustrial. Tras la actividad, hubo una reunión en Brasilia con representantes del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA).
La senadora Tereza Cristina (PP-MS) aseguró que la federación integrada por Progresistas y União Brasil alcanzó un consenso para respaldar a Bolsonaro y anticipó que la decisión será formalizada durante una reunión.
Las negociaciones con Republicanos
Otro de los partidos con los que avanzaron las conversaciones fue Republicanos, fuerza que integra Tarcísio de Freitas, para conseguir su apoyo.
Según Tereza Cristina, las negociaciones con el presidente del partido, Marcos Pereira, incluyeron no solo la elección presidencial, sino también las futuras disputas por las presidencias de la Cámara de Diputados y el Senado Federal.
Las conversaciones se concentraron principalmente en cuestiones programáticas y en los puntos de coincidencia entre las diferentes fuerzas de centroderecha.
Bolsonaro también destacó públicamente el perfil de Republicanos y señaló que las negociaciones con Pereira giraron alrededor de propuestas y agendas compartidas. Además, mencionó la gestión de Tarcísio en São Paulo como ejemplo de las coincidencias programáticas e ideológicas entre ambos espacios.
Novo y União Brasil-PP preparan su respaldo
El partido Novo realizará este miércoles 7 una reunión para oficializar su apoyo a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta ante el actual mandatario.
El anuncio está previsto durante una conferencia de prensa en Brasilia, después de un encuentro en el que la nueva representación parlamentaria de Novo será presentada al candidato del PL. Bolsonaro estará presente en la actividad, que tendrá lugar en su sede de campaña.
Por otro lado, según informó CNN Brasil, la federación União Progressista, conformada por União Brasil y PP, también prepara un evento para este miércoles en el que anunciará formalmente su respaldo al senador.
El acercamiento entre esos sectores y Bolsonaro había comenzado antes de conocerse el resultado de las elecciones. El candidato mantuvo conversaciones con Ciro Nogueira y con el presidente de União Brasil, Antonio Rueda, aunque la federación había condicionado cualquier definición al desempeño electoral del senador en la primera vuelta.
La ventaja conseguida por Flávio Bolsonaro frente a Lula el domingo 4 y el avance de la derecha en el Congreso aceleraron las negociaciones con esas fuerzas políticas.
Con los primeros respaldos ya confirmados y otros próximos a formalizarse, Bolsonaro busca consolidar una coalición más amplia para la segunda vuelta. Flávio y Lula volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre, cuando se definirá quién será el próximo presidente de Brasil.
Qué es el centrão y por qué es clave para gobernar Brasil
El Centrão es un bloque informal y multipartidario que reúne principalmente a fuerzas de centro y centroderecha del Congreso brasileño. No funciona como un partido ni responde a una única ideología: su característica central es la capacidad de negociar con gobiernos de distinto signo político para construir mayorías parlamentarias. Entre las principales fuerzas asociadas al espacio aparecen Progressistas, União Brasil, MDB, Republicanos y PSD.
Su origen se remonta a la Asamblea Constituyente de 1987-1988, aunque su configuración actual tomó fuerza a partir de 2014, cuando distintos bloques parlamentarios comenzaron a coordinarse para aumentar su capacidad de negociación frente al Poder Ejecutivo. El fenómeno está vinculado al presidencialismo de coalición brasileño, un sistema fragmentado en el que un presidente necesita construir acuerdos con numerosas bancadas para aprobar leyes y sostener su agenda en el Congreso.
El Centrão se convirtió así en una pieza central del poder político brasileño porque puede inclinar sus apoyos según cada negociación. En las elecciones de 2026, las principales fuerzas del bloque mantuvieron una estrategia de cautela en la disputa presidencial y priorizaron su peso en el Congreso y en los estados. Aunque perdió bancas en la Cámara, continúa siendo determinante para cualquier gobierno que necesite aprobar leyes y reformas a partir de 2027.
Para la camarista María Gabriela López Arango, el proyecto que impulsa el Gobierno de Entre Ríos no está a la altura de su nombre. “Esto es una pequeña reforma, una mini reforma. Es como que llamar la reforma del Código Procesal Laboral parece como demasiado título para lo que se está discutiendo en estos pocos artículos del proyecto”, sostuvo.
La magistrada también puso el foco en el destinatario de los cambios: a su entender, la iniciativa “pareciera que de alguna forma está como bastante enfocada” en los juicios por accidentes de trabajo, donde las principales afectadas son las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
López Arango, vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos y de la Federación Argentina de la Magistratura, analizó el proyecto en Un martillo para darle forma, por Radio Plaza. Aclaró que habló “desde mi lugar de trabajo y desde la aplicación diaria del Código Procesal Laboral”, y no en nombre de la asociación, cuya comisión aún no debatió la iniciativa.
“Demasiado título” para una reforma parcial
Según la camarista, el proyecto “más que nada se ciñe a un tema de conformar un cuerpo de peritos médicos” y no aborda el proceso laboral en su conjunto. “La reforma en realidad es muy parcial, porque cuando uno tiene una reforma de un código de procedimiento, analiza el proceso laboral, analiza lo que hay que ver de la demanda, de la contestación, de la prueba”, explicó.
López Arango recordó que el código vigente es de 1973 y que, en su momento, fue innovador: “La oralidad que tiene nuestro código la tiene desde 1973”. Sin embargo, “toda la tecnología que hemos incorporado no está en ninguno de los códigos, ni siquiera en el procesal civil al que nosotros nos remitimos”.
También señaló un problema que la reforma no resuelve: el código laboral remite a un Código Procesal Civil que hoy está derogado. “Si estamos hablando de una reforma procesal laboral, sería una oportunidad bárbara para que se quede remitiendo a un código procesal vigente. Bueno, eso no se toca acá en esta reforma, por eso digo que esto es muy parcial”, subrayó.
“Mover todo el aparato legislativo para hacer una pequeñísima modificación, por ahí pareciera como que un desperdicio de oportunidades”, resumió.
Un proyecto enfocado en las ART
El Gobierno justificó la reforma en la alta litigiosidad laboral, al punto de ubicar a Entre Ríos como la segunda provincia más litigiosa del país. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que valoró el proyecto, informó 2.502 juicios en 2025, con un aumento del 38%.
López Arango aclaró que no cuenta con estadísticas propias, pero precisó que esos números no reflejan todo el fuero: “Yo creo que está referido a los accidentes de trabajo, no a la litigiosidad en general”. Y lo ejemplificó con su propia tarea: “Yo tengo muchos más accidentes de trabajo para resolver que cobros de créditos laborales”.
Consultada sobre quiénes son los más afectados por esa litigiosidad, fue directa: “Son las ART, sí, sí, son las ART”. Y agregó que “quizás determinada doctrina o jurisprudencia” inclina la balanza de una forma distinta a la de otras jurisdicciones, ya que ese criterio depende de los jueces de cada lugar.
Para la magistrada, allí está la clave del proyecto: “Pareciera que de alguna forma está como bastante enfocada a este tema, este proyecto, como está presentado”. Por eso, dijo, desde el fuero lo ven como “una posibilidad que se pierde, ya que se va a tratar con todo lo que significa mover el aparato legislativo”.
Reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos: Troncoso dijo que buscarán debatirlo este año
El cuerpo médico y los honorarios periciales
El núcleo del proyecto es la creación de un cuerpo de peritos médicos con sueldo fijo, que determinará los grados de incapacidad de trabajadores y trabajadoras en accidentes y enfermedades laborales. “Un cuerpo médico independiente”, lo definió la camarista.
Hoy, las pericias del fuero las realizan los médicos de Tribunales, que “tienen un sinfín de tareas” y atienden también causas de familia y penales, entre otras. Para López Arango, la iniciativa busca que esos peritos “se especialicen”, y no le ve mayores objeciones: “No sé si alguien pueda molestarle que se forme un cuerpo médico de peritos. No, creo que eso no es grave”.
De todos modos, aclaró el alcance de esa tarea: “Los peritos nos dan el soporte técnico que nos falta a los jueces porque no somos médicos”. La discusión sobre cómo ocurrió el accidente o si hay causalidad probada, recordó, “lo tenemos que hacer los jueces, no lo hacen los peritos”.
Honorarios: hasta 8 jus
Si se recurre a un perito externo al cuerpo médico, el proyecto fija honorarios de hasta 8 jus. Eso, explicó, rompe con el criterio actual: “No va a estar nunca vinculado ni al porcentaje de incapacidad ni al monto indemnizatorio”. Hoy, para cualquier perito, “siempre es la base económica la que se tiene en cuenta para regular los honorarios”. “Ahí no he estudiado qué conflicto puede surgir”, admitió, y señaló que serán los propios peritos quienes deberán plantearlo.
El depósito para apelar: “Va a ser resistido”
El punto que anticipó como más “álgido” es la eliminación de la obligación del empleador de depositar la condena de primera instancia, a valor histórico y con un 30% adicional para intereses y costas, como requisito para apelar.
“Es lo que va a ser resistido muy probablemente por los letrados y por la gente que está en el fuero del trabajo”, advirtió. Según explicó, ese depósito es “la manera de asegurarse, en alguna medida, el trabajador que obtiene una sentencia favorable, el cobro posterior”.
“Si nosotros por ahí dilatamos con recursos, eso puede dilatar mucho en el tiempo el cobro del crédito, que no debemos olvidar que es un crédito alimentario para el trabajador que está reclamando”, remarcó.
Aun así, aclaró que las sentencias no son automáticamente favorables al trabajador: “Las sentencias son favorables a medida que el derecho está bien, los hechos están bien expresados y el derecho encuadra dentro de lo que se peticiona”.
Sin convocatoria formal
Los magistrados del fuero no fueron convocados formalmente a debatir el proyecto. López Arango confirmó que no recibieron una invitación formal. A través de contactos informales sugirieron participar, y la respuesta fue que “más adelante se va a tratar una reforma más profunda”.
La camarista se mostró dispuesta a aportar: “Siempre es bueno en las reformas que todas las partes involucradas estén, den su opinión y participen”. Y destacó que hay “mucha gente que tiene muchos años” en el fuero, tanto en la magistratura como en el ejercicio de la profesión, que “sin duda van a poder aportar”.
Con cierta resignación, recordó los intentos fallidos de reforma: “Ya no sé la cantidad de apuntes que tengo de trabajos de proyectos anteriores que quedaron en nada”. Por eso, insistió: “Que ahora hay una voluntad legislativa de hacer una reforma es una oportunidad importante para aprovecharla en toda su magnitud”.
“Pero eso son decisiones gubernamentales, y yo entiendo que eso sea así, porque cada uno maneja los tiempos políticos para hacer las reformas”, cerró.
La infraestructura, la situación climática, el fenómeno de El Niño y la seguridad rural fueron algunos de los principales temas que se debatieron durante un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Gualeguaychú, Entre Ríos. La jornada reunió a productores, dirigentes y autoridades para analizar la situación del sector agropecuario y los desafíos que enfrenta la producción entrerriana, según informó la entidad.
Desde la SRA explicaron que la actividad comenzó con una reunión de la Comisión Directiva Ampliada de la entidad, de la que participaron integrantes de la conducción y delegados del Distrito 7. Según detallaron, durante el encuentro se intercambiaron diagnósticos sobre la situación productiva de la región y se analizaron los principales temas que preocupan a los productores.
Más tarde se realizó un encuentro abierto con productores, del que participaron el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, funcionarios provinciales y autoridades locales. La actividad permitió reunir a representantes del sector con autoridades provinciales para abordar distintas cuestiones vinculadas con las condiciones en las que se desarrolla la producción agropecuaria en la provincia.
Uno de los principales ejes fue la infraestructura y su impacto sobre la producción. En ese marco, el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, realizó una exposición sobre las obras y las condiciones de infraestructura necesarias para acompañar el desarrollo productivo de Entre Ríos.
Entre los temas abordados estuvieron los caminos rurales, las rutas y la conectividad. Desde la entidad señalaron que se trata de cuestiones que tienen incidencia directa sobre la actividad agropecuaria, tanto por su impacto en la logística y los costos como por su importancia para sostener la competitividad y generar condiciones que permitan nuevas inversiones.
El clima y, en particular, El Niño también estuvieron entre los temas analizados durante la jornada. Pablo Mercuri, director del Centro de Recursos Naturales del INTA Castelar, realizó una presentación sobre la situación climática y los posibles efectos del fenómeno sobre las actividades agropecuarias.
Según indicó la SRA, durante la exposición se analizaron distintos escenarios climáticos y la importancia de disponer de información que permita anticipar situaciones y tomar decisiones con mayor previsibilidad. Para los productores, agregó la entidad, conocer las condiciones climáticas resulta clave a la hora de planificar las campañas, administrar los riesgos y reducir el impacto que pueden tener los eventos extremos sobre la producción.
Productores, dirigentes y autoridades participaron de la jornada organizada por la Sociedad Rural Argentina en Gualeguaychúsra
Frigerio habló sobre la carga impositiva que enfrenta el sector agropecuario y volvió a cuestionar las retenciones. “En el campo, a diferencia de otros sectores, hace mucho tiempo nos exprimen con las retenciones, ese impuesto horrible, que este Presidente se comprometió a bajarlas hasta eliminarlas”, sostuvo el gobernador.
El mandatario entrerriano también destacó el interés internacional por la Argentina y por sus distintas actividades productivas. En ese sentido, recordó el viaje que realizó a París junto con el presidente de la SRA, Nicolás Pino, y destacó la atención que, según afirmó, existe sobre sectores como la energía, la minería y el agro.
“Estuvimos con Nicolás en París y es muy importante lo que pasó ahí. Es evidente el interés que existe por la Argentina, no solo por la energía, la minería y por algo más tradicional, que es el campo y lo que representa en el mundo con su competitividad”, afirmó Frigerio.
Además, valoró la participación de los gobiernos provinciales en la promoción del potencial productivo del país. “Fue muy importante que 14 gobernadores acompañaran a un Presidente a mostrar todo el potencial que tiene nuestro país”, señaló.
Por su parte, Pino destacó la importancia de que la conducción de la entidad mantenga un contacto directo con los productores de las distintas regiones del país. La realización de la reunión en Gualeguaychú, según explicó la SRA, forma parte de una serie de actividades con las que busca acercarse a las diferentes zonas productivas y conocer las particularidades de cada una.
“Hay que estar en el territorio, escuchar a los productores y conocer de primera mano lo que están viviendo”, sostuvo Pino. Desde la entidad señalaron que ese contacto permite conocer las necesidades particulares de cada región y llevar esos planteos a la agenda de la conducción nacional.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, durante el encuentro realizado en Gualeguaychúsra
En el caso de Entre Ríos, la infraestructura, la seguridad rural y el escenario climático quedaron entre las principales cuestiones planteadas durante el encuentro. Según informó la SRA, se habló de la necesidad de mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad en las zonas rurales y contar con información y herramientas para enfrentar los posibles escenarios climáticos, entre ellos los vinculados con El Niño.
La entidad señaló que este tipo de reuniones forman parte de su estrategia de recorrer distintas regiones del país y mantener un vínculo directo con los productores para incorporar las problemáticas de cada zona a su agenda.
El Gobierno Nacional apeló la resolución judicial que exige la aplicación de la ley de financiamiento universitario
07 Oct, 2026 07:14 a. m. EST
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La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.
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“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.
La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
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“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
Incumplimiento de la paritaria de junio
Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.
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Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.
Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
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“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.
Marcha al Congreso
En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
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El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.
Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
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Cuatro hombres fueron detenidos en dos procedimientos policiales realizados tras alertas por presuntos robos de cables. Uno de los operativos se concretó en San Benito, donde un sospechoso fue localizado debajo de una farola del alumbrado público, mientras que en el segundo caso tres personas fueron sorprendidas sobre un árbol mientras presuntamente cortaban cables en barrio San Agustín de Paraná.
La primera intervención se produjo en calle Mariza, en la localidad de San Benito, luego de que personal policial fuera comisionado por la Sala 911 ante un aviso que advertía sobre un hombre que estaría sustrayendo cables.
Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso debajo de una farola de alumbrado público y procedieron a demorarlo.
Tenía un tramo de cable, un cuchillo y una cuchara
Durante el procedimiento, los agentes encontraron entre las pertenencias del hombre un tramo de cable subterráneo, que presuntamente había sido cortado de una de las luminarias.
Además, secuestraron un cuchillo y una cuchara, elementos que, según la información policial, habrían sido utilizados para concretar la maniobra.
El fiscal en turno fue informado sobre lo sucedido y ordenó la detención del sospechoso y su posterior traslado a la Alcaidía.
Tres hombres fueron sorprendidos sobre un árbol
Otro procedimiento comenzó a partir de una alerta recibida por la Sala de Videovigilancia sobre la presencia de tres hombres que se encontraban sobre un árbol presuntamente cortando cables. El operativo se desplegó en la intersección de calles Los Ceibos y Galán, en Paraná.
Cuando los policías arribaron, observaron a los tres sospechosos, quienes descendieron del árbol e intentaron darse a la fuga, de acuerdo con el reporte oficial.
Los efectivos iniciaron la intervención y consiguieron demorarlos a pocos metros del lugar.
Durante este segundo procedimiento, la Policía secuestró dos rollos de cable que quedaron incorporados a las actuaciones. Tras comunicar la situación al fiscal en turno, se dispuso también la detención de los tres hombres y su traslado a la Alcaidía de Tribunales en Paraná.
A menos de tres meses del cierre de 2026, los analistas que consulta el Banco Central (BCRA) ajustaron sus proyecciones y calcularon a cuánto cerrarán el dólar y la inflación a fin de año. Aunque se trata sólo de estimaciones que luego pueden coincidir o no con la realidad, los pronósticos muestran hacia dónde apuntan las expectativas del sector privado.
Las estimaciones surgen del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Para diciembre, la mediana de los participantes anticipa una inflación mensual de 1,8% y un dólar mayorista de 1.614 pesos. De esta forma, el 2026 terminaría con una inflación de 30% medida de diciembre a diciembre. El grupo de los diez analistas que mejor acertaron en el pasado, conocido como Top 10, proyecta un dólar algo más bajo, de $1.602, y una inflación algo más alta, de 30,3 por ciento.
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Un dato a tener en cuenta respecto al dólar, es que el REM no presenta la cotización del último día hábil de diciembre, sino el promedio de todos los días hábiles del mes del tipo de cambio mayorista. Los $1.614 y los $1.602 son, entonces, valores promedio de diciembre.
Inflación descendente
El 30% proyectado para diciembre implica una desaceleración frente al dato más reciente del Indec. La inflación interanual de agosto fue de 33,5%, de modo que el REM anticipa una baja de 3,5 puntos porcentuales en cuatro meses.
El camino mensual de desaceleración de precios no es lineal. Los analistas esperan un IPC de 1,9% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. En diciembre, en cambio, el índice volvería a subir a 1,8%. De cumplirse esos valores, el IPC terminaría el año sin volver a alcanzar la “barrera” del 2 por ciento mensual.
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La inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y los regulados, muestra una trayectoria parecida pero más baja. Los analistas esperan que 2026 cierre con una suba de 28,0%, desde el 31,9% de agosto. Para diciembre prevén una variación mensual de 1,7 por ciento.
El nivel actual contrasta con lo que se esperaba hace un año. En los relevamientos de fines de 2025, la mediana para la inflación de 2026 rondaba 20 por ciento, un pronóstico que ya en agosto quedó completamente descartado. En los últimos informes se mantuvo cerca de 30%.
Cuánto subiría el dólar en el año
En el caso del tipo de cambio, el REM proyecta una escalera ascendente en el último trimestre. La mediana ubica el promedio de octubre en $1.545, el de noviembre en $1.580 y el de diciembre en 1.614 pesos. En todos los casos, las proyecciones bajaron frente al relevamiento anterior. Para diciembre, el recorte del pronóstico fue de 15,30 pesos.
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Con $1.614, el dólar mayorista tendría en diciembre una suba interanual de 11,5% respecto de diciembre de 2025. Es una variación considerablemente menor que la inflación esperada para el año, de 30%. Si ambas proyecciones se cumplen, el tipo de cambio habría subido bastante menos que los precios a lo largo de 2026.
Esa comparación tiene un matiz. El camino previsto hacia fin de año implica subas mensuales de alrededor de 2,2% de octubre a noviembre y de 2,15% de noviembre a diciembre. Son variaciones superiores a la inflación esperada para esos meses, de 1,6% y 1,8%.
Las tasas de interés acompañan ese escenario. Los analistas estimaron una Tamar de bancos privados de 23,56% nominal anual para octubre, equivalente a 1,94% efectivo mensual, y de 23,50% para diciembre, equivalente a 1,93% mensual. En ambos casos queda por encima de la inflación mensual esperada, de 1,7% y 1,8% respectivamente.
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El contexto: actividad, empleo y cuentas externas
Los pronósticos de precios y de dólar se dan en un escenario de menor actividad. Los analistas esperan que el PBI haya caído 1,0%en el tercer trimestre (en relación al segundo), después de la contracción de 0,6% del segundo, lo que configuraría una recesión técnica. Para el cuarto trimestre prevén una recuperación de 1,8 por ciento. En el promedio de 2026, el crecimiento sería de 1,5% frente a 2025, 0,6 puntos menos que en el relevamiento anterior y un valor muy por debajo del crecimiento proyectado por el Gobierno (5% en el Presupuesto 2026).
En el mercado laboral, la desocupación llegaría a 7,5% de la población económicamente activa en el tercer trimestre y a 7,7% en el cuarto. El Top 10 espera 7,6% y 7,9%, respectivamente. Ambas estimaciones subieron 0,2 puntos frente a la encuesta previa.
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En el frente externo, los participantes proyectan exportaciones por USD 101.200 millones e importaciones por USD 75.499 millones en 2026. El resultado sería un superávit comercial de USD 25.701 millones, USD 667 millones más que en el relevamiento anterior. Es un saldo positivo en el comercio de bienes, es decir, un ingreso neto de divisas.
En las cuentas públicas, los especialistas estiman un superávit primario de $15,0 billones para el Sector Público Nacional no Financiero, unos $400.000 millones menos que en el REM previo.
El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al científico francés Henri B. Kagan y al investigador japonés Kenso Soai por sus trabajos fundamentales sobre la autocatálisis asimétrica, un fenómeno que permite que determinadas reacciones químicas produzcan preferentemente moléculas con una misma orientación espacial. Esta semana ya se entregaron los galardones para Medicina y Física, mientras que hay tres argentinos con chances para lograr el reconocimiento en Literatura.
El descubrimiento aborda uno de los problemas centrales de la química orgánica: las moléculas pueden existir en formas que son imágenes especulares entre sí, conocidas como enantiómeros. Aunque presentan la misma composición química, sus estructuras pueden interactuar de manera muy diferente con otras moléculas. Esta característica resulta especialmente importante en el organismo humano y, por lo tanto, en el desarrollo de medicamentos.
Nobel de Química: qué descubrieron Kagan y Soai
La investigación de Kagan abrió el camino para comprender cómo controlar la síntesis asimétrica, una técnica que permite obtener una de esas formas moleculares de manera selectiva. Sus trabajos fueron fundamentales para el desarrollo de métodos capaces de producir moléculas quirales con mayor precisión.
Por su parte, Soai realizó experimentos decisivos con reacciones de autocatálisis, en las que el propio producto de una reacción contribuye a impulsar la formación de más producto. Sus investigaciones demostraron que pequeñas diferencias iniciales pueden amplificarse durante una reacción química hasta generar un marcado predominio de una de las dos formas especulares.
Kagan y Soai fueron premiados por un descubrimiento que permite controlar reacciones químicas fundamentales para diseñar y fabricar medicamentos.
Por qué el descubrimiento es importante
La homoquiralidad, es decir, la predominancia de una determinada orientación molecular en los sistemas biológicos, es una característica fundamental de la vida. Los aminoácidos y los azúcares, por ejemplo, presentan una orientación específica, y entender cómo pudo surgir y mantenerse esa selección constituye uno de los grandes interrogantes de la química.
Los avances de Kagan y Soai también tienen una dimensión práctica. El control de la estructura tridimensional de las moléculas es fundamental para la industria farmacéutica, ya que distintas formas de una misma molécula pueden tener efectos biológicos diferentes.
El reconocimiento del comité Nobel pone así el foco sobre una rama de la química que conecta cuestiones fundamentales sobre el origen y funcionamiento de la materia con aplicaciones concretas en la producción de nuevos compuestos y medicamentos.
Tres argentinos, entre los favoritos al Premio Nobel de Literatura 2026
Tres escritores argentinos aparecen entre los nombres que concentran expectativas antes del anuncio del Premio Nobel de Literatura 2026, previsto para este jueves. César Aira se ubica entre los cinco mejor posicionados en el mercado de apuestas, mientras que Mariana Enríquez y Samanta Schweblin también figuran entre las posibilidades para quedarse con el prestigioso galardón.
La presencia argentina cobra especial relevancia porque el país nunca consiguió un Nobel de Literatura. Entre los tres, Aira aparece como el mejor ubicado, mientras Schweblin también fue mencionada por críticos literarios suecos como una alternativa dentro de una nueva generación de escritoras latinoamericanas.
Premios Nobel 2026: cuándo se conocerán a los ganadores
El calendario oficial dispuesto para revelar las distinciones contempla la entrega de un anuncio por jornada técnica, abarcando desde el lunes 5 hasta el lunes 12 de octubre. La agenda completa de las presentaciones contempla las siguientes fechas por categoría:
Lunes 5 de octubre: Premio Nobel de Fisiología o Medicina – Ganadores Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel
Martes 6 de octubre: Premio Nobel de Física – Ganador Francis Holzen
Miércoles 7 de octubre: Premio Nobel de Química – Ganadores Henri Kagan y Kenso Soai
Jueves 8 de octubre: Premio Nobel de Literatura
Viernes 9 de octubre: Premio Nobel de la Paz
Lunes 12 de octubre: Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel
Premios Nobel: horarios de Argentina
Debido a la diferencia de huso horario con Europa Central, el seguimiento de los comunicados en Argentina demandará madrugar durante las jornadas de publicación. Los horarios previstos para la difusión local son los siguientes:
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma escalonado de pagos para octubre de 2026, y los beneficiarios con DNIterminado en 6 ya tienen fechas confirmadas para cada una de las prestaciones que administra el organismo. El esquema, que se extiende a lo largo de casi todo el mes, distribuye las acreditaciones según el último número del Documento Nacional de Identidad de cada titular, con el fin de ordenar el flujo de pagos y evitar la concentración de cobros en una sola jornada.
Los haberes del período se actualizaron un 1,66%, en línea con el mecanismo previsto en el Decreto 274/24, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago —en este caso, la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%—. El ajuste impacta sobre jubilaciones, pensiones y la mayoría de las asignaciones que gestiona ANSES, y rige para todos los beneficiarios con independencia de la terminación de su documento. En el caso de las asignaciones familiares, los montos varían además según la zona geográfica del beneficiario, dado que ciertas regiones del país cuentan con valores diferenciados por normativa.
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El cronograma comprende todas las prestaciones del organismo. Mediante la Resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial, la ANSES oficializó los nuevos montos y topes de haberes para el período. En algunos casos, el pago no está segmentado por terminación de DNI y permanece disponible durante una ventana extendida para todos los beneficiarios.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Las personas jubiladas y pensionadas que perciben hasta el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 19 de octubre. Tras la actualización del 1,66%, la jubilación mínima quedó establecida en $435.748,51. Para quienes accedan al bono previsional extraordinario de $70.000 el ingreso total del mes llegará a $505.748,51.
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Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria. Su valor en octubre es de $348.598,81 antes del eventual refuerzo. La Prestación Básica Universal (PBU), componente que integra el cálculo de las jubilaciones del régimen general y representa el piso común sobre el que se construye cada haber, asciende en octubre a $199.335,05.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo y tienen el DNI finalizado en 6 recibirán sus haberes el 28 de octubre, fecha que comparten con la terminación en 7. El haber máximo vigente desde este mes quedó fijado en $2.932.174,85. Este grupo no accede al bono extraordinario, ya que el refuerzo está diseñado exclusivamente para sostener los ingresos más bajos del sistema.
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Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 6 cobran el 19 de octubre. La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1 —que comprende La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones—, donde la normativa reconoce montos más altos en razón del mayor costo de vida. Para el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 en la zona 1.
El pago mensual contempla una retención del 20%, que se liquida de forma acumulada una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica la asistencia escolar, el esquema de vacunación y los controles de salud de los menores.
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Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto se reduce de acuerdo con la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo. Quedan excluidos del beneficio quienes perciban un ingreso superior a $3.209.863.
Asignación por Embarazo
Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 6 cobran el 20 de octubre. El monto general de la prestación es de $156.588 y asciende a $203.565 en la zona 1. Al igual que la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20%, que se libera una vez que la titular acredita el resultado del embarazo mediante partida o certificado de nacimiento, certificado de defunción o certificado médico de interrupción del embarazo, junto con los controles médicos de seguimiento.
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Asignación por Prenatal y por Maternidad
La Asignación por Prenatal se acredita el 19 de octubre para los DNI finalizados en 6 y 7. Su escala de pagos es equivalente a la de la asignación familiar por hijo. El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. Su monto no es fijo; varía según la remuneración de cada trabajadora.
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Asignaciones de Pago Único
Las Asignaciones de Pago Único —que incluyen nacimiento, adopción y matrimonio— estarán disponibles desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento. La asignación por nacimiento es de $91.273; por adopción, de $545.685; y por matrimonio, de $136.662. La ayuda escolar anual alcanza $55.672 en el valor general y $74.257 para la zona 1.
Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 5 cobran el 13 de octubre, fecha que coincide también con los documentos finalizados en 4. La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96. Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. La pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo.
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Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas están habilitadas para todas las terminaciones entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre. Los importes aplicables dependen del tipo de asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $254.943.
Prestación por Desempleo
Las personas que reciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 5 cobran el 26 de octubre, fecha que coincide con los documentos terminados en 4. El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $195.600 y el tope máximo asciende a $391.200. El cronograma informado corresponde al Plan 1. Los beneficiarios del Plan 2, en cambio, no tienen fecha segmentada por terminación de DNI: podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento.
Una investigación iniciada por el faltante de unas 170 vacas dio un inesperado giro en Curuzú Cuatiá, Corrientes, luego de que la Policía Rural encontrara 78 animales muertos dentro del mismo establecimiento. La hacienda alojada en el campo pertenecería a productores de Chajarí, Entre Ríos.
El procedimiento se desarrolló en el establecimiento “La Emelina”, utilizado habitualmente para el pastoreo y recepción de ganado perteneciente a productores entrerrianos.
En principio, la denuncia advertía sobre la desaparición de aproximadamente 170 cabezas de ganado y planteaba la posibilidad de que se hubiera producido un robo. La magnitud del faltante motivó la intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental.
Ordenaron revisar los 18 potreros del establecimiento
El fiscal Oscar Cañete, a cargo de la investigación, ordenó un allanamiento y una inspección integral del campo para determinar qué había ocurrido con los animales.
A partir de esa disposición, efectivos de la Policía Rural comenzaron a recorrer a caballo y a pie los más de 18 potreros que integran el establecimiento.
Sin embargo, cuando habían inspeccionado solamente los primeros tres sectores del campo, los agentes realizaron el hallazgo que modificó el rumbo de la investigación.
Encontraron los cuerpos de 78 vacas adultas, algunos en avanzado estado de descomposición y otros cuya muerte habría sido más reciente, publicó El Litoral.
Hallaron 78 vacas muertas que serían de productores entrerrianos (foto El Litoral)
La investigación cambió de rumbo
El hallazgo hizo que la pesquisa dejara de concentrarse exclusivamente en la hipótesis inicial de un posible robo masivo de ganado.
Ahora, una de las principales incógnitas pasa por establecer qué provocó la muerte de semejante cantidad de animales y determinar si todos pertenecen al grupo denunciado como faltante.
El operativo, además, todavía no pudo completarse.
Las intensas lluvias, las condiciones meteorológicas adversas y el estado de los caminos rurales obligaron a los efectivos y profesionales veterinarios a suspender temporalmente las recorridas.
Todavía quedan numerosos potreros por revisar
Hasta el momento solamente fueron inspeccionados tres de los más de 18 potreros existentes en “La Emelina”.
Por ese motivo, los investigadores no descartan que durante la continuidad de las tareas puedan encontrarse más animales muertos o parte de la hacienda con vida.
El número definitivo de vacunos afectados, por lo tanto, todavía no fue establecido.
Las condiciones en las que fueron encontrados los animales también serán analizadas mediante las pericias correspondientes.
Buscan establecer si las vacas pertenecen a productores entrerrianos
La Fiscalía trabaja ahora sobre dos aspectos centrales.
Uno consiste en cotejar las marcas y señales del ganado para determinar si los 78 animales encontrados muertos corresponden efectivamente a los productores entrerrianos cuya hacienda se encontraba en el establecimiento.
El segundo punto será establecer las causas de la mortandad.
Los estudios veterinarios y las pericias sobre los restos serán determinantes para conocer qué ocurrió con los animales y establecer si existe algún factor común detrás de las muertes.
Mientras tanto, la investigación continúa abierta y todavía resta inspeccionar la mayor parte del establecimiento rural.
La decisión de laCorte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras desencadenó una serie de protestas que se extenderá durante dos semanas. La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, distintas organizaciones sociales de izquierda se reunirán el viernes 9 para coordinar una respuesta común y, el jueves 15, una movilización al Congreso acompañará la sesión especial en la que Diputados intentará rechazar el decreto.
La primera concentración ocurrió ayer frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. La impulsaron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sectores de la izquierda, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.
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La convocatoria tuvo como eje el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto presidencial, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa norma. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para presentar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Como consecuencia, volvió a producir efectos la derogación de la Ley 26.737, que regulaba la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.
Qué es el DNU 70/2023
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, fue firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El texto original reunía 366 artículos y dispuso cambios, derogaciones y desregulaciones en áreas como alquileres, comercio, salud, transporte, empresas públicas, mercado laboral, tarjetas de crédito y actividad económica.
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El decreto también declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Varios de sus artículos modificaron normas de alcance estructural que continuaron vigentes más allá de ese plazo.
Uno de esos puntos es el artículo 154, incluido en el capítulo de bioeconomía. La disposición derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esa norma, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, en cada provincia y en cada departamento. También impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo, establecía un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restringía la compra de inmuebles con cuerpos de agua relevantes, ribereños de esos cursos o ubicados en zonas de seguridad de frontera.
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La Cámara Federal de La Plata había suspendido la aplicación del artículo 154 tras una presentación del CECIM. Esa cautelar permaneció vigente durante más de dos años, hasta el reciente pronunciamiento de la Corte, que aclaró luego que no analizó si el artículo es constitucional y que su intervención se limitó a la legitimación del CECIM. El tribunal también remarcó que otras personas u organizaciones pueden presentar nuevas medidas cautelares y que el Congreso conserva sus atribuciones para tratar el decreto.
La Ley de Tierras se convirtió en el detonante
La reposición del artículo 154 reabrió un conflicto político que hasta ahora no había logrado llegar al recinto de Diputados. El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Como el rechazo de una sola cámara no basta para invalidar un decreto de necesidad y urgencia, la norma continuó vigente.
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Bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento y morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Para abrir la sesión, los bloques convocantes deberán reunir un quórum de 129 legisladores. Si la Cámara baja también rechaza el DNU, el decreto quedará derogado hacia adelante, dado que el Senado ya se pronunció en contra.
La discusión supera el capítulo de tierras. Quienes impulsan la derogación cuestionan el alcance del decreto en materia de regulación económica, alquileres, medicina prepaga, comercio exterior y privatizaciones. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron además una medida cautelar para volver a suspender los efectos del artículo 154, con el argumento de que, mientras el Congreso define el futuro de la norma, podrían concretarse adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros que luego queden consolidadas como derechos adquiridos.
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El testimonio de los excombatientes de Malvinas
Durante la jornada previa a la marcha a Tribunales, el dirigente del CECIM Hugo Robert explicó en diálogo con Radio 750 los motivos de la convocatoria. “Ya sabemos lo que fue el fallo de la Corte que habilita a la compra completa de Argentina. La Corte le dio el 100%, se puede vender todo”, afirmó.
Robert señaló que el reclamo no apunta solo al Poder Judicial, sino también a la dirigencia política. “También es un llamado a nuestra clase dirigente, que durmió durante más de dos años y medio cuando estuvo vigente el amparo que la Justicia le dio a la presentación del CECIM”, dijo. Y agregó que la preocupación no se limita a la superficie de tierra en discusión: “No es que toda la tierra, absolutamente, es lo que les importa a los extranjeros. Son sectores clave, donde están los recursos”.
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Las centrales de trabajadores y la izquierda convocaron a movilizar
El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, calificó el fallo como grave porque, según sostuvo, habilita la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros y desconoce la legitimación de los excombatientes para cuestionar judicialmente el decreto. El secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, vinculó la protesta por la Ley de Tierras con la sesión del 15 de octubre y señaló que los distintos bloques opositores trabajan para reunir el quórum necesario y debatir tres temas: discapacidad, endeudamiento familiar y la derogación del DNU.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, la diputada nacional Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, firmantes del pedido de sesión especial e impulsores de la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre, llamaron a movilizar masivamente. “Lo que no pudieron imponer frente a la calle el 6 de agosto, ahora lo resolvieron tres jueces de la Corte en un despacho: la extranjerización total de nuestras tierras”, denunciaron en un comunicado conjunto. “Esa fuerza que se expresó en la calle frente al Senado y que se volvió a replicar en todo el país en la Marcha de la Bronca la tenemos que volver a desatar”, agregaron, y reclamaron a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional activo para el 15 de octubre.
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“El 6 de agosto le dimos un golpe enorme al proyecto de saqueo y entrega del Gobierno y sus cómplices. La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras”, planteó Bregman, y remarcó que la discusión excede lo procesal: “No estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”.
Del Caño comparó el conflicto con un antecedente anterior. “Como hicimos contra el dos por uno en beneficio de los genocidas que también impulsó la Corte, tenemos que derrotarlos en las calles”, afirmó, y convocó a movilizar junto con todos los sectores dispuestos a sumarse. Ayer, durante su discurso en el escenario montado frente a Tribunales, agregó: “Este 15 de octubre tenemos que ser cientos de miles en las calles y exigimos un paro nacional para que caiga todo el decreto 70/23”.
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El diputado también planteó la necesidad de unificar agendas de cara a la marcha del 15. “Ese día también está prevista la movilización universitaria, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento. Unir las peleas de la comunidad universitaria, del colectivo de la discapacidad, de los millones de endeudados y empobrecidos por este Gobierno es el camino”, sostuvo, y volvió a exigir a las centrales sindicales un paro nacional activo para esa fecha.
Una autoconvocatoria en Parque Lezama
Este viernes 9 de octubre, las mismas organizaciones sociales, políticas, de izquierda, sindicales, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos que impulsaron la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre volverán a reunirse en el Parque Lezama, en una autoconvocatoria destinada a definir cómo continuar la respuesta callejera contra el fallo de la Corte y a preparar la movilización al Congreso del 15 de octubre, día en el que se celebrará la sesión especial para intentar voltear el DNU 70/2023.
El encuentro busca ampliar el marco de convocatoria y coordinar la participación de los distintos sectores que ya se movilizaron contra el fallo y que acompañarán también la jornada en el Congreso.
La CGT marchará por la industria el jueves 8
La segunda protesta de la semana se realizará este jueves. La CGT convocó a movilizarse a las 15 desde Diagonal Sur y Perú, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria. La central obrera marchará bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, una frase que retoma la tipografía utilizada en la marcha del 6 de agosto, cuando el Gobierno retiró los capítulos de tierras y de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La convocatoria surgió de una reunión de la mesa chica de la CGT realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La marcha es la cuarta acción de un plan iniciado en julio, que incluyó movilizaciones por los jubilados el 22 de julio, por el Día de San Cayetano el 7 de agosto y por los endeudados el 20 de agosto, coordinadas junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Tras el fallo sobre la Ley de Tierras, la central difundió un comunicado en el que cuestionó a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, pero no adhirió formalmente a la concentración del martes frente a Tribunales ni anunció, hasta el momento, un paro general para el 15 de octubre.
El cosecretario general de la CGT y secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Cristian Jerónimo, explicó esa postura en diálogo con Radio 750. “Entendemos que esa medida la vamos a hacer cuando realmente entendamos que es el momento. Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos”, sostuvo. De todos modos, describió un escenario de deterioro social: “Vemos cómo se agudiza la situación social, con pérdida de empleo, el costo de vida más alto. Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre. Es el peor de los escenarios”.
El reclamo por la industria se apoya en los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según el último informe del organismo, la actividad industrial cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en comparación con el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, el sector acumuló una baja de 3% respecto de igual período de 2025 y se ubica 11% por debajo de los volúmenes registrados en 2022 y 2023.
El reclamo universitario se suma a la agenda de octubre
La semana de protestas incorporó, además, un antecedente judicial directamente vinculado con uno de los reclamos que confluirán en la movilización del 15 de octubre. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) a la definición previa de partidas presupuestarias específicas.
El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la norma, con el dictado de las medidas reglamentarias necesarias. En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto 759/2025 funcionó como un mecanismo “extraconstitucional” equivalente a un veto no previsto por la Constitución, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas requeridas tras el veto presidencial original.
La resolución alcanza a los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. El Gobierno adelantó que apelará la decisión, que corresponde a primera instancia. El fallo se conoció dos días antes de la segunda Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, que modificó su recorrido original hacia Tribunales para dirigirse al Congreso, en coincidencia con la sesión especial por el DNU 70/2023.
