Category: Uncategorized

El Gobierno no quiere que exista margen para que el DNU 70/23 se trate en la Cámara de Diputados. La oposición convocó la semana pasada a una sesión para el 15 de octubre que tiene en agenda debatir sobre ese megadecreto y otras iniciativas sensibles como la Emergencia en Discapacidad y Morosidad, que buscan apalancar las adhesiones de distintos bloques para conseguir quórum. Si aquello se produce, podrían tratar la medida más importante de desregulación económica que tiene en su haber la administración de Javier Milei.

“Creemos que tenemos los votos para que la oposición no voltee el DNU en el caso de que se trate, pero no queremos que exista la posibilidad siquiera de que se trate”, afirma una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza. En términos explícitos, afirman que el objetivo de las negociaciones que se vienen desarrollando en los últimos días es “tumbar la sesión por completo”.

Al menos dos despachos de la Casa Rosada celebraron ante Infobae una decisión reciente que provino de la Corte Suprema que, según afirman, les daría “más aire” para poder negociar con los aliados que se ven presionados socialmente por la Ley de Tierras, pero que no consideran necesario tener que voltear el DNU 70.

La Corte Suprema convocó este martes a dos conjueces para intervenir en el debate sobre el artículo 154 del DNU que derogó la Ley de Tierras Rurales, después de que sus cuatro integrantes no alcanzaran una decisión unánime sobre una demanda ambiental que cuestiona la eliminación de restricciones para adquirir predios rurales. La intervención de conjueces permite completar la integración necesaria para resolver el expediente.

El sorteo de los magistrados suplentes se realizó ayer y salieron Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La participación de ambos será determinante para definir la respuesta judicial al planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie.

La nueva presentación fue promovida por Árbol de Pie, una organización que invocó el derecho constitucional a la protección del ambiente para impugnar el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia. Su presentación no fue tratada por la Justicia federal de Bariloche, donde fue iniciada, ni por la Cámara Federal de La Plata, que recibió luego el expediente.

El caso llegó al máximo tribunal después de que este rechazara, la semana anterior, una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, conocido como CECIM. La Corte consideró entonces que la agrupación carecía de legitimación para promover ese reclamo. Pero los integrantes de Árbol de Pie todavía no conocen si esa interpretación les aplica a ellos.

La novedad es que existe la posibilidad de que dos de los tres jueces estén dispuestos a reconocer la legitimación de la asociación ambiental para litigar sobre ese punto. También creen que uno de los dos conjueces también avalaría esa presentación.

Los negociadores del oficialismo se agarran de ese escenario para hablar con los aliados y pedirles que no den quórum para la sesión del próximo 15 de octubre.

El tratamiento del expediente de Árbol de Pie sigue el régimen de procesos colectivos, que agrupa las demandas sobre una misma materia. El rechazo de la presentación del CECIM habilitó el análisis de la causa siguiente en ese orden, vinculada directamente con la derogación cuestionada. La cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras y el decreto permanece pendiente de una definición.

Infobae pudo confirmar de fuentes legislativas que la idea no es incluir la Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La consideran una propuesta que quedó desprovista de sentido político después del desguace que sufrió en su tratamiento en el Senado. Algunos la consideran “invotable”. De prosperar una alternativa, la más probable es que se pueda incluir en el proyecto de Soberanía Nacional que contiene iniciativas vinculadas a la Causa Malvinas.

El expediente laboral de la CGT también quedó listo para resolver

La Corte Suprema quedó además en condiciones de resolver la impugnación de la Confederación General del Trabajo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, luego del dictamen emitido por el procurador general Eduardo Casal.

La Cámara Nacional del Trabajo había declarado inconstitucional el título IV del decreto, comprendido entre los artículos 53 y 97, tras una acción de amparo de la CGT contra el Estado Nacional. El Gobierno apeló esa resolución ante el máximo tribunal.

El tribunal laboral reconoció la legitimación de la central sindical para defender derechos individuales y colectivos de los trabajadores. También sostuvo que no existían las circunstancias excepcionales exigidas para dictar un decreto de necesidad y urgencia: la imposibilidad de reunir al Congreso o una situación que no admita esperar el procedimiento legislativo ordinario.

La Cámara consideró que las medidas laborales no respondían a una situación coyuntural, sino que modificaban leyes permanentes sancionadas por el Congreso. La eventual decisión de la Corte en ese expediente podría establecer un criterio sobre las condiciones que debe cumplir el Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia.

Recorrer góndolas, mirar etiquetas y revisar más de un supermercado puede valer la pena, pero no en todos los casos por igual. Hay rubros en los que elegir dónde hacer la compra abre una diferencia considerable en el bolsillo y otros en los que los valores resultan mucho más parejos. Un relevamiento de septiembre permite identificar en qué categorías buscar y comparar tiene mayor impacto.

El dato surge del informe Indicadores de Coyuntura Económica de octubre de 2026, elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, que incluyó un análisis del pulso regional y de los valores de supermercados a partir de la información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA).

El principal resultado aparece en frutas y verduras. En esta categoría, el precio de un mismo producto varía 9,2% entre supermercados, el nivel más alto de los rubros relevados y más de dos veces y media el promedio general.

Entre las 17 categorías analizadas, la dispersión promedio se ubica en 3,6%. Sin embargo, detrás de esa cifra aparecen diferencias importantes según el tipo de producto que se considere. La distancia entre la categoría con mayor y menor dispersión alcanza los 7,4 puntos porcentuales.

El informe también muestra que este comportamiento no registra cambios de fondo durante 2026. Las diferencias de precios entre supermercados se mantienen estables durante el año, dentro de un rango de 3,5% a 3,7%.

Ello marca una notable diferencia respecto de lo que ocurría en la gestión anterior, cuando por la aplicación de los precios máximos en las grandes cadenas (por la aceleración inflacionaria), las variaciones entre supermercados era muy alta. En los grandes comercios, que aplicaban la norma por estar más controlados, los precios se mantenían congelados o con un mínimo aumento, mientras que en el canal tradicional acumulaban mayores aumentos. Eso hizo que los consumidores se volcaran al canal moderno.

Frutas y verduras, donde más conviene comparar

Dentro del ranking, frutas y verduras se despegan claramente del resto, con una dispersión de 9,2%. En segundo lugar aparecen las comidas preparadas, con una variación de 5,8% entre supermercados.

A partir de allí, las diferencias se reducen. En carnes, la dispersión alcanza el 3,9%, mientras que en almacén llega al 3,7%. En las categorías desayuno y merienda y golosinas, el indicador se ubica en 3,6%. Los productos frescos registran una variación del 3,5%. En limpieza y bebidas, la dispersión alcanza el 3,4% en ambos casos, mientras que en congelados baja al 2,9%.

El mismo porcentaje, 2,9%, corresponde a cuidado infantil. Más abajo aparecen perfumería y pescados, ambos con una dispersión de 2,8%, y los productos para mascotas, con 2,5%.

Entre las categorías con menores diferencias figuran panadería, con una dispersión del 2,4%, y electrodomésticos, con 2,1%. Finalmente, farmacia registra la menor dispersión de todas las categorías relevadas, con apenas 1,8%.

La distancia entre los dos extremos resulta marcada. La dispersión del 9,2% en frutas y verduras supera en más de cinco veces el 1,8% correspondiente a farmacia.

La Patagonia, la región más cara

El relevamiento incorpora además otra dimensión de las diferencias: cuánto paga el consumidor de cada región respecto del promedio nacional. En esta comparación, la Patagonia aparece como la zona más cara del país.

En septiembre, los precios en la Patagonia se ubican 3,4% por encima del promedio nacional. En el extremo contrario aparecen Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires: GBA se encuentra 5,5% por debajo del promedio, mientras que CABA se ubica 5,2% por debajo.

Entre esos extremos se encuentran las restantes regiones incluidas en el relevamiento. El NOA se ubica 0,4% por encima del promedio nacional, mientras que la región Centro queda 0,1% por encima. Cuyo registra valores 0,2% inferiores al promedio y el NEA, 1,5% por debajo.

La brecha regional entre el máximo y el mínimo alcanza los 8,9 puntos porcentuales. A su vez, al considerar las 18 categorías incluidas en esta parte de la medición de septiembre, la dispersión promedio llega al 11,3%.

La Patagonia encabeza el nivel general, pero no concentra los valores más altos en todos los productos. El informe destaca que el Noroeste también es la región más cara en seis rubros, entre ellos carnes y frutas y verduras.

El fuerte contraste en las golosinas

Uno de los casos en los que las diferencias regionales resultan más marcadas es el de las golosinas. En la Patagonia, sus precios se encuentran 16,1% por encima del promedio nacional. En la Ciudad de Buenos Aires ocurre lo contrario: se ubican 16,5% por debajo.

Entre ambos extremos existe así una distancia de 32,6 puntos porcentuales respecto del promedio nacional. El dato muestra una brecha mucho mayor que la observada en el nivel general de precios de cada región.

Las diferencias territoriales conviven con las que aparecen entre supermercados. En el primer caso, el informe ubica a Patagonia 3,4% por encima del promedio nacional, seguida por NOA, con 0,4%, y Centro, con 0,1%. Del otro lado aparecen Cuyo, 0,2% por debajo; NEA, 1,5% por debajo; CABA, 5,2% por debajo; y GBA, 5,5% por debajo.

Estudiar una carrera técnica y, al mismo tiempo, sumar experiencia real dentro de una empresa. Esa es la fórmula educativa que Italia utiliza a través del modelo de los ITS (Istituto Tecnologico Superiore) Academy y que comenzará a desembarcar en Argentina durante 2027, con las primeras tecnicaturas previstas en Salta y la posibilidad de sumar también a Córdoba.

El proyecto llega al país de la mano de la Cámara de Comercio e Industria Ítalo-Iberoamericana (CCIIA), que en los últimos meses impulsó una serie de gestiones entre instituciones educativas, entidades empresarias y los gobiernos de Argentina e Italia para adaptar a la realidad local un modelo que busca achicar una de las brechas más persistentes del mercado laboral: la distancia entre lo que se aprende en las aulas y las capacidades que requieren las empresas.

La característica que distingue a los ITS Academy es precisamente esa conexión con el mundo productivo. Más del 50% de la carga horaria se desarrolla mediante prácticas profesionales en empresas, y el resto corresponde a formación teórica. Además, una proporción importante de los docentes debe provenir directamente de la industria.

La idea es que el estudiante no llegue al empleo sólo con conocimientos académicos, sino también con experiencia concreta sobre procesos, tecnologías y dinámicas de trabajo.

El presidente del ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita-Giulio Natta, Giuseppe Nardiello, lo explicó durante su reciente visita a la Argentina con una imagen bastante gráfica: el objetivo es enseñar a los estudiantes a desenvolverse en situaciones reales y no solamente explicarles cómo hacerlo desde un libro.

Ese contacto temprano con las empresas es también uno de los factores que explican los altos niveles de inserción laboral asociados al sistema italiano y constituye la principal apuesta detrás de su llegada a la Argentina: formar técnicos de acuerdo con necesidades productivas concretas y permitirles incorporarse rápidamente al mercado de trabajo.

Un acuerdo entre Argentina e Italia abrió la puerta

El paso institucional decisivo se produjo el 7 de septiembre, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Educación y del Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, firmaron en Buenos Aires un Memorándum de Entendimiento para promover la cooperación bilateral en materia de formación técnica y profesional.

El acuerdo fue el resultado de un proceso de vinculación que había comenzado meses antes y en el que la CCIIA tuvo un papel activo acercando a los actores públicos, educativos y empresariales de ambos países.

En diciembre de 2025 su presidente, Darío H. Pellegrini, junto a una comitiva empresaria, se reunió con Giuseppe Nardiello y comenzaron a trabajar en Milán sobre la posibilidad de trasladar el modelo del ITS a América Latina, con Argentina como primer destino.

La iniciativa avanzó durante 2026 hasta llegar al Ministerio de Capital Humano y, finalmente, al entendimiento firmado por Pettovello y Valditara.

El interés, sin embargo, excede las fronteras argentinas. Tanto desde el gobierno italiano como desde organizaciones empresarias de ese país existe la intención de utilizar la experiencia como punto de partida para expandir el sistema a otros países en Latinoamérica.

Salta será el primer laboratorio

Salta será el primer escenario concreto del proyecto. Allí se trabaja para comenzar en marzo de 2027 con tres trayectos de formación técnica de dos años y alrededor de 3.000 horas.

Las áreas elegidas responden directamente a necesidades que actualmente plantean sectores productivos de la provincia. Una de las tecnicaturas estará vinculada con las energías renovables y sustentables.

Otra estará enfocada en maquinaria pesada y vial, particularmente vinculada a la minería, e incorporará mecánica, electromecánica, electrónica, mantenimiento, logística, sensores, Internet de las Cosas e Industria 4.0.

La tercera apunta al mantenimiento y reparación de equipamiento médico y de laboratorio de alta complejidad, un segmento en el que actualmente las reparaciones especializadas deben realizarse fuera de la provincia.

En el esquema salteño participan la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta, junto con empresas y entidades del sector productivo.

La intención es que los programas no sean réplicas rígidas de los italianos sino que se adapten a la matriz económica de cada lugar. La premisa que utilizan los impulsores del proyecto es que la formación debe comenzar por identificar qué técnicos necesitan efectivamente las empresas y construir los trayectos educativos a partir de esa demanda.

Córdoba también busca incorporarse

El modelo podría tener otro de sus primeros nodos en Córdoba. Durante septiembre, empresarios y representantes institucionales argentinos e italianos mantuvieron un encuentro en el Polígono Córdoba-Parque Industrial, donde se analizaron posibles trayectos asociados con energía sostenible, biotecnología, tecnologías biomédicas, mecatrónica y automatización.

Una de las posibilidades en estudio es que los centros de formación funcionen incluso dentro de parques industriales, llevando todavía más lejos la integración entre educación y empresas.

En la construcción del proyecto la CCIIA involucró a organizaciones como ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y APIA, que nuclea a parques industriales de distintas regiones del país, además de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y representantes del sector privado, de modo que actúen como amplificadores y aliados de un desembarco que precisa muchas manos.

El objetivo inicial es poner en funcionamiento tres experiencias durante 2027, avanzar luego hacia cinco centros y, en una segunda etapa, proyectar una red más amplia en la Argentina.

De Argentina al resto de América Latina

La hoja de ruta ya contempla el siguiente movimiento. En noviembre, la propuesta será presentada en Chile durante la ENATRANS Expo Chile Transporte, como parte de la estrategia para comenzar a extender el sistema hacia otros países de América Latina.

Ese salto regional refleja también la escala que intenta alcanzar la CCIIA.

Presidida por Darío H. Pellegrini, la Cámara nació con la intención de convertirse en un puente entre empresas e instituciones italianas e iberoamericanas. Su estructura reúne empresarios y representantes vinculados con Italia, España, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y otros países de la región.

Desde el inicio de su gestión, en agosto del año pasado, Pellegrini aplicó una estrategia de articulación que posibilitó los avances necesarios para introducir en Argentina el modelo de formación de los ITS Academy. La apuesta ahora es transformar esa primera experiencia en una plataforma regional.

Para Italia, el interés no es solamente educativo. La formación de recursos humanos bajo estándares compatibles con sus sectores productivos también puede funcionar como un incentivo para que empresas italianas encuentren mejores condiciones para invertir y desarrollarse en América Latina.

Durante los encuentros realizados en Córdoba, Pellegrini resumió esa lógica en una frase: “Esto empieza por formación y termina por inversión”.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implica un gasto tributario -lo que el Estado deja de recaudar- de USD 8.493 millones para los 23 proyectos que ya fueron aprobados por el Ejecutivo. El monto equivale al 25% de la inversión computable de esas iniciativas y refleja el valor de los beneficios fiscales otorgados a los inversores bajo el esquema.

El dato surge de una estimación de la consultora EcoGo, que señala que el RIGI se convirtió en una de las principales apuestas del Gobierno para atraer inversiones de gran escala. Al 1° de octubre, son 23 los proyectos aprobados y publicados, con inversiones anunciadas por USD 39.429 millones y USD 33.837 millones de capital computable.

Si además se consideran los proyectos aprobados todavía no publicados en el Boletín Oficial, los que se encuentran en evaluación y otros anunciados oficialmente, el universo identificado alcanza los USD 209.247 millones, aunque una parte todavía no cuenta con información pública suficiente para realizar una estimación fiscal.

El análisis busca ponerle números a una dimensión menos explorada del régimen: cuánto valen los beneficios que reciben las empresas y cuál es su contracara para las cuentas públicas. Para estimarlo, se reconstruyeron los flujos de los 23 proyectos aprobados a partir de la inversión computable, la capacidad física declarada, precios normalizados, márgenes sectoriales y cronogramas de puesta en marcha. Cada proyecto fue valuado bajo dos escenarios —régimen general y RIGI— con una tasa de descuento del 9,82%.

Como se dijo, los resultados muestran que el incentivo tiene un impacto relevante sobre la rentabilidad de las inversiones. El informe destaca que los beneficios fiscales del RIGI elevan la tasa interna de retorno (TIR) promedio de 10,6% a 13,4%.

Por otra parte, la consultora subrayó que el costo fiscal aumenta a medida que los proyectos entran en operación y alcanza un máximo anual cercano a USD 1.600 millones en 2035, equivalente a aproximadamente 0,25% del PBI.

El gasto tributario, sin embargo, no equivale automáticamente al costo fiscal neto del régimen. La clave está en determinar cuánta de la inversión efectivamente no se habría realizado sin el RIGI.

Si un proyecto se concreta exclusivamente gracias al régimen, el Estado resigna impuestos frente al escenario de régimen general, pero también obtiene una recaudación que no habría existido si la inversión no se hubiera realizado.

Bajo los supuestos utilizados por EcoGo en el ejercicio, los 23 proyectos aprobados generarían USD 17.499 millones de recaudación a valor presente, frente a los USD 8.493 millones de impuestos resignados.

“De ahí surge uno de los principales resultados del trabajo: el breakeven fiscal se ubica en una adicionalidad de 32,7%. Dicho de otra forma, si aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin el RIGI, la recaudación que genera esa inversión adicional alcanza para compensar los impuestos resignados sobre el conjunto. Por encima de ese umbral, el impacto fiscal neto pasa a ser positivo”, indica el informe.

A su vez, calcula que con los precios récord de agosto, el gasto tributario estimado subiría de USD 8.493 millones a USD 12.362 millones, mientras que la recaudación pasaría de USD 17.499 millones a USD 26.056 millones.

La Nación es la más expuesta al costo fiscal

La cuenta también cambia de manera significativa según el nivel de gobierno que se analice. Los USD 8.493 millones de gasto tributario no se distribuyen de manera uniforme entre Nación y provincias.

De ese total, USD 6.231 millones corresponden a recursos nacionales. Allí se incluyen, entre otros conceptos, los derechos de exportación, los aranceles de importación y el impuesto al cheque.

Las provincias que reciben las inversiones tienen, en cambio, una estructura diferente: conservan las regalías y otros tributos propios, además de participar de los recursos coparticipables. Por eso, el nivel de adicionalidad necesario para que la cuenta fiscal cierre varía sustancialmente según el gobierno que se considere.

Para la Nación, el umbral de adicionalidad asciende a 38,5%. Para las provincias que no alojan proyectos es de 32,1%, mientras que para las provincias donde se radican las inversiones cae a apenas 17,7%.

La diferencia se explica por la distribución de los beneficios y costos del régimen. Las provincias que reciben los proyectos recaudan, según la estimación, 4,6 veces lo que resignan. En las provincias sin proyectos, esa relación es de 2,1 veces, mientras que para la Nación alcanza 1,6 veces.

Más proyectos

Al ampliar el análisis e incorporar los proyectos identificados además de los 23 ya aprobados, la conclusión sobre el impacto fiscal agregado se mantiene relativamente estable, aunque aumenta la diferencia entre Nación y provincias.

Como los proyectos todavía no cuentan en todos los casos con resoluciones que permitan reconstruir sus flujos, el ejercicio extrapola los parámetros observados en los proyectos aprobados de cada subsector sobre una cartera adicional de USD 87.409 millones anunciados.

En total, el universo modelizado pasa a 39 proyectos. Allí, el beneficio fiscal alcanza USD 24.175 millones a valor presente, mientras que la recaudación generada se estima en USD 50.542 millones.

El dato central es que el nivel de adicionalidad necesario para que cierre la cuenta fiscal consolidada prácticamente no cambia: se ubica en 32,4%, frente al 32,7% calculado para los 23 proyectos inicialmente aprobados.

Lo que sí cambia de manera marcada es quién necesita que la inversión sea adicional para que la cuenta “cierre”. Para la Nación, el umbral sube de 38,5% a 44,4%. Para las provincias que alojan los proyectos, en cambio, baja de 17,7% a 13,7%.

Según EcoGo, la explicación está en la composición de la nueva cartera. El mayor peso de los proyectos de hidrocarburos concentra una parte relevante del costo fiscal en recursos exclusivamente nacionales, mientras que las regalías asociadas a la producción permanecen en las provincias productoras.

El informe concluyó: “El régimen tiene un impacto relevante sobre la rentabilidad de proyectos intensivos en capital y no necesita que toda la inversión sea adicional para cerrar fiscalmente: bajo los supuestos utilizados, alcanza con aproximadamente un tercio. Pero, a medida que el programa gana escala, aparece con mayor claridad una segunda discusión: quién financia el incentivo y quién captura sus beneficios fiscales directos”.

“El desafío hacia adelante no pasa sólo por aumentar el monto de inversiones anunciado. Pasa también por maximizar su adicionalidad y ampliar el derrame sobre proveedores, empleo, infraestructura y actividad frente a un esquema viejo que sigue jugando con las mismas reglas del juego en un contexto de apertura y aumento exponencial de los costos en dólares”, agregó.