Un chofer profesional fue desafectado este jueves por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) luego de registrar 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre durante un control de fiscalización realizado en Gualeguaychú. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de un operativo de control sobre uno de los principales corredores internacionales de Entre Ríos.
Durante la inspección, los fiscalizadores realizaron el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo y superó ampliamente el límite permitido para los transportistas profesionales, quienes deben cumplir con la normativa de alcohol cero.
Ante la infracción, los inspectores dispusieron la inmediata desafectación del chofer, impidiendo que continuara conduciendo el vehículo.
El transporte provenía de Brasil
Según informó la CNRT, el vehículo había ingresado al país desde Brasil y fue interceptado durante un operativo de fiscalización en Gualeguaychú, uno de los pasos estratégicos para el transporte internacional de cargas y pasajeros.
El procedimiento forma parte de los controles permanentes que el organismo nacional desarrolla en rutas y accesos para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad vial y de transporte.
Desde la CNRT indicaron que la medida adoptada buscó evitar que el conductor continuara prestando servicio en esas condiciones, priorizando la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.
Alcohol cero para conductores profesionales
El organismo recordó que la legislación vigente establece alcohol cero para todos los conductores profesionales debido a la responsabilidad que implica el transporte de pasajeros y mercaderías.
Además, remarcaron que conducir bajo los efectos del alcohol constituye una de las conductas de mayor riesgo al volante y representa una falta de extrema gravedad dentro de la actividad del transporte.
La CNRT reiteró que continuará desarrollando controles en todo el país para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y prevenir siniestros viales vinculados al consumo de alcohol.
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó el jueves un buque de carga con bandera de Singapur en el Estrecho de Ormuz, dañando el puente de mando de la embarcación sin causar víctimas, según informó el organismo británico UK Maritime Trade Operations. El incidente ocurrió cerca de la costa de Omán horas después de que la rama naval del cuerpo paramilitar advirtiera que cualquier intento de cruzar el estrecho por rutas no autorizadas por Teherán sería “inaceptable y completamente peligroso”, de acuerdo con el canal oficial de Telegram de la Guardia Revolucionaria.
El ataque pone a prueba el acuerdo firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán para poner fin a los combates y reabrir la vital vía marítima, según dos altos funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario sobre el incidente ni sobre sus implicaciones para el pacto.
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El convenio, con una vigencia de 60 días, exige que Irán realice sus mejores esfuerzos para garantizar el paso seguro de buques comerciales, a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos. Como parte del trato, Washington eximió esta semana a Teherán de sanciones sobre sus ventas de petróleo y le permitió comercializar su crudo en dólares por primera vez en décadas, según el WSJ.
El tráfico de buques por el punto de paso energético mundial había comenzado a recuperarse antes del incidente. El miércoles, entre 70 y 80 embarcaciones lograron cruzar el cuello del Golfo Pérsico, su nivel más alto desde el inicio del conflicto, conforme a estimaciones de rastreadores de buques citados por el WSJ. La firma de seguimiento marítimo Kpler precisó que 70 naves habían cruzado el estrecho ese día, más del doble que la jornada anterior.
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El martes, la Organización Marítima Internacional (OMI) había informado a los armadores que coordinaba una ruta de evacuación para los cientos de barcos atrapados en el Golfo Pérsico, en colaboración con Irán, Omán, otros estados ribereños y Estados Unidos. Horas después del ataque, la OMI —organismo de Naciones Unidas— anunció la suspensión de esa operación.
Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, explicó que la pausa respondía a la necesidad de “reconfirmar que las garantías de seguridad necesarias siguen vigentes para los buques de nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región”. Domínguez aclaró que el buque atacado no transitaba bajo el marco de evacuación de la OMI.
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El buque atacado, el Ever Lovely, había cargado mercancía en el puerto iraquí de Umm Qasr con destino a Singapur, según el rastreador de buques Marine Traffic. Su propietario, Evergreen Marine Asia Pte Ltd, con sede en Singapur, no pudo ser contactado para comentar el hecho, de acuerdo con el WSJ. La embarcación llevaba más de 100 días varada en el golfo, según datos del proveedor de información financiera LSEG.
El jueves por la mañana, hora local, el Ever Lovely se dirigió hacia la boca del estrecho junto a otras tres naves que intentaban cruzar aproximadamente al mismo tiempo. Las cuatro embarcaciones siguieron la ruta identificada por la OMI, pegadas a la costa omaní, conforme a datos de rastreo y testimonios de tripulantes de un buque cercano. El Ever Lovely navegaba a mayor velocidad que el resto, encabezando el grupo. Según los marineros del convoy, la armada iraní no emitió ninguna advertencia por radio ni ordenó a los barcos dar la vuelta antes del ataque.
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El fin de semana anterior, Irán había declarado nuevamente el cierre del estrecho, alegando los combates entre Israel y Hezbolá —respaldado por Teherán— en el Líbano, cuyo cese es un requisito del acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. El régimen no había confirmado oficialmente la reapertura de la vía, aunque tampoco había atacado buques comerciales en tránsito desde el 12 de junio, cuando un petrolero fue golpeado días antes de que Washington firmara el acuerdo provisional con Teherán.
El jueves, la Guardia Revolucionaria informó en su canal de Telegram que tres petroleros que usaban la ruta sur sancionada por la OMI recibieron la orden de dar media vuelta. La firma de inteligencia marítima Windward reportó en su propio informe del mismo día que cinco buques realizaron ese giro.
La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva, mantuvo en esta etapa la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000. Por eso, la resolución firmada este jueves por la Corte Suprema no tiene efectos económicos concretos porque el aumento ya estaba acordado, pero puede leerse como un aval implícito a la ley de financiamiento universitario.
La resolución fue firmada por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según surge del fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Gobierno Nacional y dejó vigente la decisión cautelar dictada en la instancia anterior.
Qué abarca la cautelar
La causa nació a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, publicó Infobae.
La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar y antes de resolver el fondo del expediente, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley. Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas del estudiantado.
La cautelar no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley. Quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal entendió que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. También sostuvo que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y que el Ejecutivo resistía su aplicación sobre la base de una norma anterior de jerarquía inferior al texto constitucional.
Este tribunal advirtió, además, que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. En esa evaluación, también consideró que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El recorrido judicial y político
Antes de esta definición de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional había vetado la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso Nacional insistió en su sanción y, una vez promulgada, el Ejecutivo subordinó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento.
Después del fallo de la Cámara, el Estado recurrió ante el máximo tribunal. También recusó a los jueces que habían intervenido y pidió la excusación de los integrantes de la Corte con el argumento de que ejercen la docencia universitaria.
El tribunal ya había rechazado las recusaciones dirigidas contra los jueces inferiores y también desestimó los pedidos de excusación. En la sentencia conocida ahora, volvió a cerrar esa vía al declarar inadmisible el recurso del Estado respecto de la cautelar por falta de sentencia definitiva.
Ese pronunciamiento deja firme, en esta etapa del proceso, la orden de cumplir los artículos 5 y 6 de la ley. El expediente sobre la cuestión de fondo, que incluye el planteo de inconstitucionalidad del decreto 759/2025, sigue su curso por separado.
El acuerdo firmado el 10 de junio
En el acta firmada el 10 de junio participaron la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario y organizaciones gremiales docentes y no docentes. Allí se precisó que la recomposición salarial acordada incluía el desfasaje de 2025, la actualización por inflación hasta mayo y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024.
El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio de este año. Además, las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre en las paritarias con los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización de los salarios según la variación acumulada del IPC y la recomposición por el desfasaje de 2024.
La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió hoy un fallo histórico que bloquea demandas en contra del herbicida Roundup, el glifosato utilizado en el control de malezas para la soja y otros cultivos. La decisión del máximo tribunal, tomada por siete de los nueve miembros, se refiere a un caso donde se buscaba vincular el producto con el supuesto riesgo de cáncer y la presunta falta de advertencias adicionales en el producto. Desde 2018, Bayer, que se quedó con Monsanto, la firma que creó el Roundup, destinó más de US$10.000 millones para cerrar litigios.
Según consignó la agencia AFP, los magistrados que votaron a favor de la compañía entendieron que no se puede culpar a la firma por no haber incluido en el producto una advertencia sanitaria extra. Dijeron, consignó la agencia, que de haberlo hecho habría infringido las disposiciones establecidas por las autoridades federales estadounidenses. El fallo se refiere a que la ley prevalece sobre las demandas por supuestas faltas de advertencias.
“El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió el jueves un fallo histórico de 7 a 2 en el caso Durnell Roundup™, que confirma que la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA) prevalece expresamente sobre las demandas por falta de advertencia basadas en la legislación estatal cuando la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha emitido una determinación definitiva sobre la seguridad del producto. Esta decisión, que refleja un fuerte respaldo de todo el espectro ideológico del Tribunal, contribuye a contener significativamente el litigio de Roundup™, expresó Bayer.
El producto es usado en la agriculturaPaulo Fridman
Según la compañía, “el glifosato sigue siendo el producto fitosanitario más estudiado del mundo, y esta decisión confirma que la determinación de seguridad de la EPA es ley, lo que garantiza que las empresas no puedan ser sancionadas bajo un conjunto heterogéneo de leyes estatales por cumplir con los requisitos federales de etiquetado”.
En este marco, la agencia Reuters recordó que los magistrados anularon el veredicto de un jurado de Misuri que otorgaba US$1,25 millones a John Durnell. Precisó que esta persona afirmaba que fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin tras exponerse al herbicida. La agencia indicó que las acciones de la multinacional aumentaron un 16% tras conocerse la decisión judicial.
En resumen, la compañía de productos de protección de cultivos indicó que la opinión mayoritaria sobre el fallo detalla que “la demanda de Durnell por incumplimiento del deber de advertir, basada en la ley estatal, requeriría una advertencia sobre el cáncer en la etiqueta de Roundup, un requisito ‘adicional’ y ‘diferente’ de la etiqueta exigida por la EPA en virtud de la FIFRA. Por lo tanto, la FIFRA prevalece expresamente sobre la demanda de Durnell”.
Para la compañía, el fallo de la Corte norteamericana “debería conllevar el desistimiento de las demandas actuales basadas en advertencias y descartar futuras demandas basadas en teorías de omisión estatal de advertir, que constituyen la gran mayoría de las demandas en los litigios hasta la fecha”.
“La decisión hace justicia, largamente esperada, en un asunto que debería haberse aclarado mucho antes”, dijo Bill Anderson, CEO de BayerINTA
“La EPA ha determinado reiteradamente y de forma inequívoca que es poco probable que el glifosato sea cancerígeno. Todos los principales organismos reguladores independientes del mundo que han realizado su propia revisión de la seguridad del glifosato —desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hasta los reguladores de Asia y Latinoamérica— han llegado a la misma conclusión. Este no es el juicio de una sola agencia o administración; es el consenso unánime de los más destacados expertos científicos del mundo”, remarcó la empresa.
En el mismo comunicado, la firma incluyó la declaración de Bill Anderson, CEO de Bayer: “Este litigio ha supuesto enormes costes para la empresa y ha afectado a la confianza pública. La decisión hace justicia, largamente esperada, en un asunto que debería haberse aclarado mucho antes. Es hora de dejarlo atrás. Fortalecidos por este fallo, continuamos con nuestra estrategia integral de contención, que incluye el acuerdo colectivo anunciado previamente”.
Con un importante volumen de USD 622,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos (-0,1%) este jueves, a $1.477 para la venta, tras haber anotado su nivel más alto desde el 3 de noviembre este miércoles. El tipo de cambio oficial hizo así una pausa en su racha alcista que le permitió sumar 51 peso o 3,6% desde el 12 de junio.
En lo que va del mes, el dólar mayorista anota un ascenso de 69 pesos o 4,8%, mientras que en el recorrido de 2026 el incremento se ajusta a 22 pesos o un 1,5 por ciento.
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“La baja de hoy interrumpió una seguidilla de siete ruedas consecutivas con subas del dólar mayorista. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 16 pesos, lejos del aumento de 33 pesos registrado en toda la semana anterior”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
El BCRA estableció un techo para su esquema cambiario en los $1.799,21: el dólar mayorista quedo a 322,21 pesos o 21,8% de dicho límite para la libre flotación.
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“Más allá de ligeros vaivenes, el dólar mayorista continúa merodeando los $1.480 tras el último reacomodamiento, mientras los operadores debaten sobre el potencial papel del fixing del dollar-linked TZV26 en dicha dinámica”, afirmó el economista Gustavo Ber.
El dólar al público permaneció sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. A su vez el blue siguió operado sin variantes a $1.530, máximo desde el 2 de enero.
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En cuanto al dólar futuro, la mayoría de los contratos en la plataforma A3 Mercados negociaron con mínima baja. La posición más negociada, para fin de junio cedió 4,50 pesos o 0,3%, a $1.479, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en 1.803,03 pesos.
“La demanda de cobertura es baja, el interés abierto ronda los USD 3.601 millones y la posición neta del BCRA en futuros es casi nula. Los bonos dólar-linked, además, operan con primas acotadas y paridades debajo de 100%, lo que refleja que resulta más barato cubrirse con instrumentos que con el spot”, consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.
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En cuanto a datos, el Indec publicó la balanza de pagos del primer trimestre de 2026, que mostró una mejora significativa en el déficit de cuenta corriente.
“La balanza de pagos del primer trimestre del año mostró una mejora significativa respecto del mismo período del año anterior. La cuenta corriente registró un déficit de USD 1.651 millones, una corrección importante frente al rojo de USD 5.191 millones del primer trimestre de 2025″, puntualizó un informe de Cohen Aliados Financieros.
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“La cuenta financiera arrojó un ingreso neto de capitales de USD 2.398 millones, impulsado por la inversión directa (USD 1.291 millones) y por el REPO del BCRA con bancos internacionales por USD 3.000 millones. Las reservas internacionales subieron USD 958 millones en el trimestre, hasta USD 42.052 millones al cierre de marzo, y la deuda externa bruta alcanzó USD 321.783 millones”, acotaron desde Cohen.
El Tesoro anunció los términos de la licitación de este viernes, en la que enfrenta vencimientos por 16,2 billones de pesos.
“En el segmento en dólares, el Tesoro ofrece el Bonar 2028, al que le restan apenas USD 366 millones para alcanzar su límite máximo de emisión de USD 2.000 millones. Como resultado, la emisión de la primera vuelta estará limitada a USD 266 millones, con la posibilidad de ampliar la colocación en hasta USD 366 millones adicionales en la segunda vuelta, que se realizará el lunes. Si ambas rondas se adjudican en su totalidad, el bono alcanzará su tope de emisión”, señalaron los expertos de Max Capital.
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En cuanto al ingreso de divisas, se conoció que Pluspetrol protagonizó una nueva emisión corporativa bajo ley de Nueva York por USD 450 millones a 11,25 años de plazo, con un rendimiento de 7,875% anual. “En junio, las empresas emitieron USD 1.500 millones bajo ley local y ley de Nueva York. Desde noviembre de 2025, las emisiones corporativas y provinciales acumulan USD 15.800 millones”, puntualizó Max Capital.
Por otro lado, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, al 22 de junio último, muestran que las colocaciones en efectivo aumentaron en USD 32 millones, hasta alcanzar 39.329 millones de dólares.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó este jueves fijar un calendario para la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y advirtió que Israel tiene aún “tareas pendientes” contra Irán y el grupo terrorista Hamas. Las declaraciones se produjeron durante una ceremonia de graduación de oficiales del Ejército, pocas horas antes de que concluyera la tercera ronda de negociaciones directas entre Israel y el Líbano en Washington, mediadas por Estados Unidos.
“Hay más cosas que hacer contra Irán. Hay más cosas que hacer contra Hamas, aunque no tengan mucha capacidad para responder”, afirmó Netanyahu. El ministro de Defensa, Israel Katz, fue en la misma dirección: “Debemos permanecer en la zona de seguridad en el Líbano, en Siria y en Gaza, y no por un tiempo limitado, para defender a nuestros residentes y comunidades frente a elementos yihadistas”. Katz también aseguró que Israel se opone a la retirada de sus fuerzas “a pesar de todas las presiones que existen y las que aún están por venir”.
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El portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, precisó que no habrá movimiento de tropas mientras Hezbollah siga siendo una amenaza, no esté desarmado y no sea desmilitarizado. “Ya estuvimos en esta situación en 2024. Hezbollah debía ser desarmado. No lo fue”, afirmó, en alusión al acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024, que ambas partes incumplieron sucesivamente.
La posición israelí choca con el marco diplomático que Washington intenta consolidar. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, desde Baréin, declaró que Israel y el Líbano están “muy cerca” de un “compromiso de intención”. “Por primera vez en 30 años, el gobierno soberano del Líbano está hablando directamente con el gobierno de Israel”, señaló Rubio, subrayando que la contraparte en estas negociaciones es la autoridad estatal libanesa, no Hezbollah. Sin embargo, fuentes israelíes y libanesas describieron esta última ronda como la menos productiva hasta la fecha.
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La tensión de fondo tiene un origen preciso. El memorándum de entendimiento firmado entre Washington y Teherán incluye el cese “inmediato y permanente” de las operaciones militares “en todos los frentes, incluido el Líbano”, además del compromiso de garantizar la integridad territorial y la soberanía libanesa. Israel, que no es parte del acuerdo, rechaza implícitamente esa lectura al mantener sus fuerzas en suelo libanés. Analistas del Chatham House advirtieron que el cumplimiento israelí de esa cláusula parece improbable, lo que la convierte en un elemento permanentemente desestabilizador del pacto.
El conflicto actual es una reanudación de la guerra que se recrudeció en marzo de 2026, cuando Hezbollah lanzó proyectiles hacia Israel por primera vez desde el alto el fuego de 2024, en respuesta a las operaciones de EEUU e Israel contra Irán. Desde entonces, según datos del Ejército israelí citados por EFE, más de 4.000 personas han muerto en el Líbano por ataques israelíes y Tel Aviv estima haber abatido a 3.350 miembros de Hezbollah. Del lado israelí, dos civiles murieron en el norte por fuego del grupo chií desde el 28 de febrero y 36 soldados perdieron la vida en el marco de la ofensiva.
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Las negociaciones directas entre Israel y el Líbano —las primeras desde los frustrados acuerdos de 1993— arrancaron en Washington en abril. Un comunicado conjunto de EEUU y los países del Golfo emitido este jueves respaldó las conversaciones y reclamó el desarme de todos los grupos armados no estatales. La secuencia que Israel impone no ha variado: primero el desarme de Hezbollah, después cualquier retirada. Con más de un millón de desplazados en el Líbano y un acuerdo cuya aplicación en territorio libanés depende de un actor que no lo firmó, la hoja de ruta hacia una solución duradera sigue sin tener fecha.
Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de Encuentro Federal, analizó la polarización en el país y el impacto de la recesión, luego de la media sanción del Super RIGI en la Cámara baja, y el escándalo que afecta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, Pichetto advirtió sobre los posibles efectos de la situación económica que enfrenta el Gobierno: “Yo no veo hoy un espíritu y un ánimo en los sectores populares que plantee la posibilidad de la reelección”.
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En concreto, el legislador peronista comparó el clima social actual con otros períodos similares en condiciones de reelección, como los de Carlos Menem y Néstor Kirchner. “Si el gobierno no resuelve la problemática de la pérdida del consumo y del nivel de vida de los argentinos, el cobro de los jubilados, que han perdido 30 puntos; los empleos públicos, que han perdido 34 puntos; si no mejora el poder adquisitivo de la clase media, le veo dificultades al Gobierno”, explicó.
En ese contexto, Pichetto anticipó que en 2027 “va a haber un escenario fuertemente polarizado en la Argentina, equivalente a lo que está pasando en Latinoamérica”.
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“Creo que el espacio del medio no va a funcionar. Si hay un candidato de centroderecha o derecha en la Argentina, ese se llama Javier Milei. Y por el otro lado están el peronismo y los aliados que puedan confluir en un Frente Nacional. No veo otro escenario”, arriesgó.
El Super RIGI y las inversiones
A propósito de la media sanción del Super RIGI en la Cámara de Diputados, Pichetto reconoció que representó una victoria ajustada, que se facilitó al igual que el proyecto de los acuerdos con los dos fondos holdouts judicializados. Sin embargo, expresó su rechazo al régimen de inversiones por considerar que “proyecta a la Argentina a los ocho futuros gobiernos”, al otorgar excesivos beneficios impositivos y reducción de aportes en la seguridad social.
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Puntualmente, señaló que la ley “está dirigida fundamentalmente a las tecnológicas” y aconsejó “mirar a Elon Musk, Peter Thiel o Palantir”, como especiales beneficiarios de la iniciativa. “Hay que mirar un proyecto que está por invertirse en la Argentina, que tiene que ver con un data center en la Patagonia”, sugirió.
El legislador señaló que, pese a la sanción del RIGI, el régimen de incentivos precedente, este tipo de marcos regulatorios “no han logrado todavía una consolidación”. “Hay un proyecto de 81 mil millones de dólares de inversiones en YPF, no se ha concretado ni siquiera el 15 % de ese número”.
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Además, advirtió: “Si se analizan las inversiones extranjeras en Latinoamérica, Argentina viene con un nivel de inversiones muy bajo. Está última, después de Brasil, de México, de Chile y Costa Rica”.
En ese marco, Pichetto mencionó la salida de empresas relevantes como las petroleras “Petronas y Total, que se fueron de Vaca Muerta”, o Shell. Consultado sobre las causas del éxodo empresario, respondió: “Me parece que hay un dato en función de la confianza y de la perspectiva futura”.
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El affaire Adorni y el desgaste político
Tras el revuelo de las últimas semanas, Pichetto calificó al jefe de Gabinete como una “figura secundaria” cuya continuidad “erosiona la confianza y la autoridad” del Gobierno. “Cada vez que vaya al Congreso a cumplir con su obligación constitucional, indudablemente parte de un descreimiento, de una pérdida de confianza”, sostuvo. “Cualquier otro gobierno hubiera reemplazado a Adorni y hubiera puesto otro jefe de Gabinete y este tema estaba resuelto”, añadió.
El diputado sugirió que la permanencia del ministro coordinador podría responder a una estrategia oficialista para desviar la atención de otros temas de agenda. En este contexto, Pichetto afirmó: “El Gobierno se sigue equivocando y socavando el prestigio”.
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El diputado sugirió que la permanencia de Adorni podría responder a una estrategia “como un esquema tapón para que no se hable de otros temas”.
El rol del Congreso ante la inhabilitación de CFK
Sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, Pichetto calificó su inhabilitación como “una pena de muerte civil totalmente aberrante en el siglo XXI” y criticó el uso de la Justicia como herramienta de inhabilitación política, comparando el caso conlos de Jair Bolsonaro o Lula da Silva en Brasil.
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Al referirse al rol de CFK, reclamó una revisión de este tipo de sanciones y destacó que “todavía hoy hay caminos” para apelar, donde le otorgó centralidad al Congreso, a partir de antecedentes como el fallo del “2×1” para delitos de lesa humanidad y su posterior corrección legislativa. “El Congreso sigue siendo la base de la soberanía popular”, expresó.
Sobre el futuro opositor, Pichetto aclaró, sobre su situación personal: “No estoy definiendo ningún tipo de candidatura. Es imprescindible que los mecanismos de primarias puedan primar en la construcción no solamente del peronismo, sino de otros sectores nacionales”.
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“Enfrente de Milei va a haber un candidato del peronismo y de algunos sectores nacionales. Tiene que haber un proceso de primaria para que pueda haber candidatos que puedan confrontar y también la discusión de un programa”, concluyó.
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El cierre masivo de campamentos de verano infantiles en Crimea ocupada marca un nuevo giro en la estrategia de integración forzada y control poblacional implementada por Rusia en los territorios ucranianos ocupados. La suspensión, anunciada el 22 de junio de 2026, responde a la intensificación de los ataques ucranianos sobre objetivos rusos en la península, según informó el jefe de la administración local, Sergei Aksyonov.
De acuerdo con reportes de Institute for the Study of War, la medida ha provocado evacuaciones caóticas y el traslado de menores, muchos de ellos ucranianos, a campamentos en el interior de Rusia, lo que incrementa el riesgo de reeducación forzada y dificulta el seguimiento de su paradero.
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La decisión afecta centros emblemáticos como el Artek International Children’s Center y otros campamentos reconocidos, con la excepción de algunos en la zona de Sevastopol, considerados administrativamente distintos bajo ley rusa. El Ministerio de Educación ruso facilitó la evacuación de niños hacia sus hogares o hacia instalaciones en Krasnodar Krai y Noyabrsk, confirmando una política de traslados que viola distinciones legales internacionales sobre transferencias y deportaciones de menores, según el análisis del Institute for the Study of War.
La militarización infantil y la manipulación educativa se han consolidado en la región. Autoridades rusas anunciaron la introducción de libros de texto unificados sobre la historia de Donbás y Novorossiya para estudiantes de quinto a séptimo grado en las zonas ocupadas, junto con la ampliación de la narrativa oficial sobre la “reunificación de Crimea” y la “operación militar especial”. El ministro de Educación ruso, Sergei Kravtsov, destacó la aprobación de un concepto único para la enseñanza de historia, una iniciativa destinada a negar la soberanía ucraniana y fortalecer la identidad rusa entre los jóvenes.
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La Iglesia Ortodoxa Rusa (ROC), bajo control del Kremlin, intensifica su presencia en escuelas y campamentos, promoviendo actividades religiosas y moralizantes que, según el reporte de Institute for the Study of War, persiguen la indoctrinación y la preparación temprana para el servicio militar ruso. En Donetsk, grupos de niños visitaron iglesias y participaron en ejercicios físicos con contenido religioso y patriótico. La ROC colabora en la introducción de componentes de educación religiosa en jardines de infancia y escuelas, integrando la espiritualidad con la formación militar.
Los programas de entrenamiento militar se expanden con iniciativas como el “Battle for the Future – Crimea”, donde niños y adolescentes practican desde primeros auxilios hasta tiro y maniobras tácticas, bajo la tutoría de veteranos de la guerra en Ucrania. Centros como el Crimean Patriot Center y clubes como “Young Paratrooper” y “Yevpatoria Paratrooper” refuerzan la preparación militar de menores ucranianos, normalizando su exposición a la lógica bélica.
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Las dificultades logísticas y administrativas se agravan en Crimea y otras áreas ocupadas. Los ataques ucranianos han provocado desabastecimiento de combustible y cortes de electricidad y agua en ciudades como Simferopol, Alushta y Sevastopol.
La administración local restringió la venta de combustible a civiles y permitió solo el transporte de 200 litros por vehículo hacia Rusia continental, mientras el turismo ruso huye de la península, afectando gravemente la economía local. Imágenes satelitales del 24 de junio muestran largas filas de automóviles en el puente del estrecho de Kerch.
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En el plano administrativo, el gobierno ruso prepara la celebración de elecciones a la Duma Estatal en los territorios ocupados el 20 de septiembre de 2026, empleando el sistema automatizado ruso GAS 2.0 para gestionar los comicios. La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, confirmó la integración de los sistemas electorales locales en la red rusa, un mecanismo que facilita el control de resultados y perpetúa la supremacía del partido oficialista Rusia Unida. En paralelo, se amplía el uso del portal digital Gosuslugi como vía obligatoria para acceder a servicios públicos, condicionando la vida diaria de los residentes a la obtención de documentación rusa.
La represión judicial y el control social se profundizan con la implementación de sistemas de videovigilancia y la persecución penal de residentes acusados de colaborar con el ejército ucraniano o de apoyar a Kiev. Durante la semana del 16 al 22 de junio, se registraron ocho procesos judiciales por cargos de terrorismo, traición y extremismo, en muchos casos basados en pruebas débiles.
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En el ámbito económico, el banco estatal Promsvyazbank (PSB) lidera la integración financiera de las zonas ocupadas, multiplicando sucursales y otorgando préstamos a pequeñas empresas, lo que incrementa la dependencia de la infraestructura bancaria rusa. Las autoridades rusas anunciaron la próxima apertura de puntos de control aduanero en los puertos de Mariúpol y Berdyansk, con el objetivo de formalizar la exportación de productos y recursos ucranianos hacia mercados extranjeros.
La situación actual revela una estrategia integral de control demográfico, militarización infantil, represión administrativa y explotación económica, ejecutada por el Estado ruso en los territorios ucranianos ocupados. Estas acciones han generado una crisis humanitaria y una transformación profunda en la vida cotidiana de la población civil, especialmente de los niños y adolescentes.
Uno de los mayores problemas que tienen tanto economistas como funcionarios locales y de organismos internacionales es acceder a la información fiscal de las provincias argentinas. La mayoría presenta incumplimientos en los términos que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a publicar los presupuestos, gastos, endeudamiento y niveles de deuda flotante, entre otros datos.
Según señala la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) solo tres provincias cumplen al pie de la letra con la normativa: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El resto varía entre un alto cumplimiento a escaso.
“La ASAP actualizó su monitoreo sobre el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal en las provincias. El relevamiento, correspondiente al cierre del ejercicio 2025, con fecha de corte al 31 de marzo de 2026, en las que evaluó a 22 jurisdicciones adheridas al régimen federal”, señala la entidad en su ultimo reporte.
El mismo indica que “el índice general de cumplimiento cayó a 70,9 puntos. Son 3,4 puntos menos que en septiembre pasado y 6,8 menos que en marzo de 2025″. En ese sentido concluye que “la tendencia es clara: el promedio viene bajando”.
Entre otras puntos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es de 2004, indica que los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires tienen que a mas tardar en un mes difundir información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios.
También tienen que detallar listado de acreedores. Además de ello, con rezago de tres meses en junio y diciembre tienen que informar su planta de personal y los empleados que trabajen en planes financiados por organismos.
Hay solo tres jurisdicciones que publican todo, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Luego hay un grupo de alto cumplimiento entre las que figuran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. “Todas las mencionadas han publicado toda la información requerida en el plazo establecido, a excepción de la correspondiente a la Planta de Personal”, dice el reporte.
Entre las de cumplimiento intermedio, que publican solo el Presupuesto Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. El resto de requisitos no los cumplen.
En un nivel de cumplimiento bajo están Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. De ese segmento, San Juan y Tierra del Fuego no publicaron el Presupuesto 2026.
Avances y retrocesos
ASAP elaboró una tabla en la que le asigna un puntaje a cada ítem que debe informar las jurisdicciones. A su vez, cada rubro tiene una ponderacióndiferente.
En función de ello elaboró un índice general para las todas las provincias y CABA, menos La Pampa, que no adhiere. “Se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos), mientras que, si se compara respecto un año atrás (77,7), la caída es de 6,8 puntos”, señala ASAP.
El reporte indica que “comparando con el relevamiento anterior, de las 22 jurisdicciones relevadas, 7 han mejorado, 8 se mantuvieron sin cambios, mientras que 7 experimentaron un deterioro”.
“Entre los incrementos más destacados, Tucumán lidera con una mejora de 55 puntos, seguida por Santa Cruz con 45 puntos y Neuquén con 25 puntos”, dice el reporte.
El trabajo señala que “Buenos Aires presentó un avance de 15 puntos, mientras que Santiago del Estero y Chubut registraron mejoras leves de 5 puntos cada una”.
Por otra parte, el estudio indica que “CABA, Chaco, Catamarca, Misiones y Corrientes repitieron el puntaje obtenido en el informe anterior, sin registrar variaciones respecto al período previo”.
“En cuanto a los retrocesos, Tierra del Fuego encabeza las caídas con -60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro con -55 puntos cada una. San Juan retrocedió 35 puntos, Mendoza 25 puntos y Salta 20 puntos. Completan el grupo Formosa con 10 puntos”, dice el trabajo.
La importación de prendas de vestir mostró un marcado crecimiento durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo ingresaron al país prendas por USD 369 millones, lo que representa un incremento interanual del 39% respecto del mismo período de 2025.
Según datos de la Cámara de la Indumentaria (CIAI), el volumen importado alcanzó las 25.491 toneladas de indumentaria, registrando un salto del 73% interanual, un dato que evidencia una expansión aún más acelerada en cantidades que en valores.
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“Tanto en dólares como en cantidades, las importaciones registradas durante el período enero-mayo 2026 alcanzaron su nivel más alto para ese período desde el 2018, marcando un nuevo récord histórico”, señaló el informe, detallando que se ubican un 40% por encima de ese momento.
Destacaron que a pesar de un mercado recesivo, “crece desproporcionadamente por segundo año consecutivo la importación de ropa medida en dólares”.
No obstante, el precio unitario descendió un 19% interanual, al promediar los 14,5 dólares. “La prenda originada en China explica en buena medida la baja del precio promedio de la prenda importada en este período”, precisó CIAI.
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Los principales productos importados fueron abrigos (USD 84 millones), sweaters (USD 69 millones), pantalones (USD 69 millones) y remeras (USD 39 millones). Los precios unitarios fueron de USD 15,4, USD 13,7, USD 18,2 y USD 21,7, respectivamente.
Dicho avance de las importaciones se produce en un contexto complejo para la industria textil y de confección local. Según el monitor económico sectorial, la producción de ropa cayó un 15% interanual en abril, acumulando su décimo mes consecutivo de retroceso.
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Al mismo tiempo, el consumo continúa debilitado. Las ventas de indumentaria en shoppings registraron una caída real del 17% interanual en abril, completando doce meses consecutivos de bajas, mientras que en supermercados también descendieron un 17%, sumando seis meses de contracción.
En materia de empleo, la confección perdió 4.371 puestos de trabajo registrados entre marzo de 2025 e igual mes de 2026. Esto implica una reducción del 11% de la plantilla laboral del sector.
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Por otro lado, los precios de la indumentaria aumentaron 12% en los últimos doce meses, muy por debajo de la inflación general, que alcanzó el 33% en igual período. Esta diferencia refleja las dificultades de las empresas para trasladar costos al consumidor en un mercado con demanda debilitada.
En contraste con el fuerte crecimiento de las importaciones, las exportaciones de prendas de vestir continúan siendo reducidas. Entre enero y mayo de 2026 se exportaron apenas 7,4 millones de dólares, aunque la cifra representa una mejora del 14% interanual.
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En volumen, se exportaron 245 toneladas, representando una suba del 18% en comparación con el período enero-mayo del 2025.
El valor unitario promedio de la prenda exportada durante los primeros cinco meses del año fue de 30,4 dólares, mostrando una baja del 2,9% comparado con igual período del 2025.
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El principal destino de exportación de la prenda argentina fue Uruguay, que concentró el 37% de las exportaciones totales del sector. Se enviaron 2.7 millones de dólares en prendas, lo que representó un volumen de 129 toneladas.
En paralelo, la industria textil atraviesa una profunda crisis: según la Fundación Pro Tejer, la producción cayó 23,3% interanual en marzo y se ubicó 31,3% por debajo de 2023.
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En tanto, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 8,9% y se encuentra 19% por debajo de los niveles de producción de 2023.
Así, la industria textil trabajó apenas al 40,2% de su capacidad instalada, más de 12 puntos por debajo de 2023. En promedio, durante el primer trimestre del año, cerca de 7 de cada 10 máquinas estuvieron paradas en las fábricas textiles.
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“Las ventas continúan débiles y no logran recomponer el nivel de actividad. Un dato que refleja esta situación fue el desempeño del Hot Sale de mayo, cuyas ventas registraron una caída cercana al -10% interanual en términos reales”, resaltó Pro Tejer.
