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Un informe sobre la evolución del salario mínimo, vital y móvil sostiene que su poder adquisitivo se ubica por debajo del registrado durante la crisis de 2001 y que necesitaría triplicarse para recuperar su capacidad de compra original. El valor actual también impacta sobre jubilaciones, becas y otros ingresos vinculados por ley a ese indicador.

El salario mínimo, vital y móvil perdió poder adquisitivo hasta ubicarse por debajo del nivel registrado durante la crisis de 2001, según un análisis sobre su evolución histórica realizado por la UBA.

El indicador, creado el 7 de junio de 1964, acumula una caída del 39,3% entre 2023 y 2026 y registra un valor de $367.800. El estudio sostiene que debería triplicarse para recuperar su capacidad de compra original y advierte sobre sus efectos en otras prestaciones vinculadas por ley.

El trabajo, elaborado por Ángel Cerra, investigador y profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, concluye que el salario mínimo actual incluso se encuentra por debajo del poder adquisitivo que tenía durante la crisis económica y política de 2001.

Durante una entrevista con Infobae Al Mediodía, Cerra explicó que el salario mínimo alcanzó su pico histórico en 2011, con un poder de compra equivalente a $1.059.903 a valores actuales. Esa comparación representa una caída del 66,2% respecto del máximo registrado. El investigador sostuvo que el deterioro acumulado modificó el alcance de una herramienta creada para garantizar un piso salarial.

El salario mínimo cambió su función con el paso del tiempo

Cerra explicó que el salario mínimo nació en 1964 para establecer la remuneración básica de quienes ingresaban al mercado laboral formal. Según señaló, ese esquema respondía a una estructura en la que los trabajadores desarrollaban gran parte de su carrera dentro de una misma empresa y progresaban mediante escalas salariales.

“Era el piso de entrada que cobraba un trabajador y después las categorías superiores recibían remuneraciones más altas”, afirmó el investigador.

El especialista indicó que esa función perdió relevancia con los cambios del mercado laboral y que el salario mínimo adquirió nuevos usos legales. Entre ellos, mencionó que las jubilaciones mínimas con 30 años de aportes mantienen una vinculación directa con ese indicador. “Si se aumentara el salario mínimo, esas jubilaciones tendrían que subir inmediatamente por ley”, sostuvo Cerra.

El investigador agregó que distintos programas sociales, becas y beneficios también utilizan el salario mínimo como referencia para definir requisitos de acceso. En ese contexto, una actualización insuficiente modifica el alcance de esas políticas.

Un indicador que, según el informe, perdió incidencia sobre los salarios

Durante la entrevista, Cerra aseguró que el salario mínimo dejó de representar una referencia efectiva para las remuneraciones del mercado laboral. “Nadie cobra ese salario y quedó en un dibujo”, afirmó.

Al mismo tiempo, el investigador señaló que incluso actividades reguladas, como el trabajo en casas particulares, presentan escalas salariales superiores al salario mínimo vigente. También sostuvo que los valores efectivamente abonados suelen ubicarse por encima de las remuneraciones oficiales.

En ese sentido, explicó que la intención de reducir la incidencia del salario mínimo no corresponde exclusivamente a la gestión actual. Según indicó, distintos gobiernos aplicaron políticas que provocaron una pérdida de poder adquisitivo del indicador. “Este gobierno fue el más decidido en ese accionar, pero otros gobiernos también hicieron cosas parecidas porque el problema existe”, expresó.

Cerra sostuvo que cualquier programa económico enfrenta restricciones cuando debe actualizar automáticamente salarios e ingresos vinculados a la inflación. A su entender, esa situación llevó a distintos gobiernos a limitar la evolución del salario mínimo en términos reales.

El debate sobre empleo, desarrollo y políticas de largo plazo

La entrevista también abordó la relación entre empleo, inversiones y desarrollo económico. Cerra cuestionó las proyecciones que anticipan grandes desplazamientos poblacionales hacia provincias vinculadas a proyectos mineros y energéticos. “Los especialistas coinciden en que son actividades que pueden generar riqueza, pero no demandan mucha mano de obra”, afirmó.

El investigador consideró improbable que esos sectores produzcan movimientos migratorios de la magnitud planteada en algunas proyecciones oficiales y señaló que la experiencia internacional muestra otros modelos de aprovechamiento de los recursos naturales.

Como ejemplo, mencionó el caso de Noruega, donde el Estado destina parte de la renta petrolera a un fondo anticíclico e invierte esos recursos para sostener beneficios sociales y estabilidad económica.

Cerra también sostuvo que el desarrollo requiere políticas sostenidas en el tiempo. En ese marco, destacó el caso de Vaca Muerta como un proyecto que atravesó gobiernos de diferentes orientaciones políticas y mantuvo continuidad.

Para cerrar, el investigador defendió el papel de la Universidad de Buenos Aires en la formación de profesionales y en la producción científica. Afirmó que la institución funciona con recursos limitados y consideró necesario abrir un debate público sobre su financiamiento, aunque destacó el respaldo que mantiene dentro de la sociedad argentina.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con reanudar los bombardeos contra Irán y acusó a sus negociadores de estar “tomándolos por idiotas”, en una escalada retórica que enterró de golpe las expectativas de un acuerdo diplomático que el propio mandatario había alimentado horas antes.

“Los vamos a atacar, y muy duro”, dijo Trump ante periodistas en el Despacho Oval. “Estábamos muy cerca de un acuerdo, pero nos siguen tomando el pelo, nos siguen tomando por idiotas.”

Más temprano había publicado en Truth Social que el ejército iraní es “un completo desastre” y que gran parte de sus fuerzas, incluyendo su Armada y su Fuerza Aérea, “ya ni siquiera existen”. “¡El matón de Oriente Medio está MUERTO!“, escribió el mandatario.

El giro contrasta con la postura del propio Trump el lunes, cuando sugirió que un acuerdo para poner fin al conflicto podía alcanzarse en cuestión de días.

El derribo que desató la escalada

La nueva ronda de hostilidades tuvo como detonante la colisión de un helicóptero de ataque Apache del Ejército estadounidense con un dron iraní cerca del estrecho de Ormuz el martes, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso. No quedó claro si la colisión fue intencional. Ambos tripulantes fueron rescatados ilesos.

Washington respondió con ataques de cazabombarderos contra sistemas de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radar iraníes, según informó el Mando Central estadounidense (Centcom). Irán reconoció los ataques en las zonas de Bandar Abbas y la isla de Qeshm, pero no dio detalles sobre los daños.

Teherán respondió con misiles contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait. Jordania dijo haber derribado cinco misiles dirigidos contra la base aérea de Muwaffaq Salti, que alberga cazas F-35 estadounidenses, sin registrar bajas. Baréin y Kuwait informaron haber interceptado proyectiles sin dar más detalles.

Teherán revisa su postura negociadora

El canciller iraní Abás Araqchi condenó los ataques estadounidenses como una violación de la soberanía iraní en llamadas con sus pares de Turquía y Arabia Saudita, y subrayó el “derecho inherente a la autodefensa, incluida la acción recíproca”, según su oficina. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue más lejos: en declaraciones televisadas, anunció que Irán revisará su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra a la luz de los nuevos ataques.

Pese a la escalada, los esfuerzos de mediación no se detuvieron. Tras consultas con Washington, una delegación de Qatar llegó a Teherán el miércoles para mantener conversaciones, según un funcionario al tanto de la visita que pidió el anonimato dada la sensibilidad de las negociaciones.

Las diferencias de fondo siguen siendo profundas. Washington exige que Irán entregue su reserva de uranio altamente enriquecido; Teherán se niega y reclama alivio de las sanciones y la liberación de activos congelados incluso antes de un acuerdo final, algo que Trump rechazó. Irán insiste además en que cualquier acuerdo debe incluir el cese de los combates entre Israel y su aliado Hezbollah en el Líbano, condición que Netanyahu descartó de plano: “Israel continuará actuando con contundencia contra Irán y sus representantes”, dijo este miércoles.

El costo energético del conflicto

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero con ataques contra Irán, el conflicto sacudió la economía global, disparó los precios de la energía y encareció alimentos y productos básicos en todo el mundo. El barril de crudo de referencia internacional cotizaba este miércoles por encima de los 92 dólares, más de un 25% por encima del nivel previo al inicio de la guerra.

A eso se sumó este miércoles el dato de inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo subió un 4,2% interanual, su nivel más alto desde abril de 2023, impulsado en gran medida por el shock energético derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz. El Dow Jones caía unos 264 puntos tras la publicación del dato. Los mercados descuentan al menos una suba de tasas de la Reserva Federal antes de fin de año.

La capacidad de China para ejercer presión global se ha visto compensada por una serie de vulnerabilidades internas y externas, que abren flancos susceptibles a la acción de Estados Unidos y sus aliados. De acuerdo con un análisis de Foreign Affairs, la guerra comercial de 2025 expuso la dependencia estadounidense de minerales raros procesados por China y desencadenó una serie de concesiones en Washington, pero también puso en evidencia debilidades estructurales del régimen asiático que podrían redefinir la competencia geopolítica.

China controla el 90% del procesamiento mundial de minerales raros, indispensables para la industria tecnológica y militar. Esta posición permitió a Pekín imponer controles a la exportación de siete de estos elementos durante el conflicto comercial, afectando la producción estadounidense de smartphones, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. El episodio forzó a la administración de Donald Trump a retirar aranceles y tasas portuarias, a cambio de una tregua temporal en las restricciones chinas.

Hasta ahora, Estados Unidos no logró aprovechar las debilidades económicas y sociales que afectan a China. Entre los factores internos más relevantes se encuentran el estancamiento del consumo doméstico, el endeudamiento de gobiernos locales, un mercado inmobiliario deprimido, altas tasas de desempleo juvenil y una población en proceso de envejecimiento.

El Ejército Popular de Liberación enfrenta problemas de corrupción y carece de experiencia bélica real, mientras que el régimen recurre a la vigilancia digital y la represión para sostener el control social.

A nivel externo, la economía china depende de las exportaciones, el acceso a tecnología avanzada, insumos industriales, energía y el dólar estadounidense. Casi el 70% del comercio internacional chino se realiza en dólares, y el país mantiene cerca de 900.000 millones de dólares en deuda denominada en esa moneda. El 75% del petróleo y el 80% del mineral de hierro consumido en China se importan, principalmente a través de rutas marítimas vulnerables.

El liderazgo chino ha intentado reducir estas dependencias, pero con avances limitados. El régimen liderado por Xi Jinping busca impulsar la autosuficiencia tecnológica, pero los esfuerzos de sustitución de importaciones en el sector de semiconductores han mostrado resultados modestos. Las compañías chinas todavía dependen de proveedores extranjeros para componentes clave, como ocurre con el avión Comac C919, que utiliza más del 60% de piezas importadas. Este avión es una de las apuestas importantes de la autocracia asiática para no depender de la aviación estadounidense o europea.

Estados Unidos y sus aliados conservan posiciones dominantes en los nodos críticos de la cadena de valor de los semiconductores, lo que ha permitido restringir el acceso chino a chips avanzados y equipos de fabricación. Estas restricciones encarecen y retrasan el desarrollo tecnológico chino, obligando a Pekín a invertir mayores recursos para alcanzar capacidades propias.

En el ámbito comercial, China mantiene un superávit récord en exportaciones: en 2025, el saldo positivo fue de 1,2 billones de dólares, el mayor registrado por una sola economía. Sin embargo, la baja participación del consumo interno —apenas 40% del PIB frente a un promedio global de 60%— convierte al país en vulnerable a medidas internacionales coordinadas que limiten sus ventas externas. Una coalición de economías avanzadas y en desarrollo podría utilizar instrumentos como aranceles, acuerdos comerciales más estrictos y controles de inversión para frenar la supremacía manufacturera china y proteger sectores estratégicos.

El uso del dólar como herramienta de presión es otro aspecto destacado. Pekín ha intentado internacionalizar el yuan, pero el sistema financiero chino sigue condicionado por controles estatales que dificultan su conversión en una moneda de reserva confiable. Cualquier restricción estadounidense al acceso chino al sistema financiero en dólares tendría efectos disruptivos graves, tanto para China como para la economía global.

La energía constituye otro punto sensible. China importa aproximadamente tres cuartas partes de su petróleo, con el 90% de las entregas llegando por mar. El país también depende de Australia, Chile y el Congo para el suministro de hierro, cobre y litio. Un escenario de crisis podría habilitar mecanismos de presión adicionales por parte de Washington y sus aliados, desde sanciones marítimas hasta acuerdos para limitar la exportación de materias primas críticas.

Finalmente, la influencia internacional de China se apoya en una red de operaciones encubiertas, campañas mediáticas y presión económica. La exposición pública de estas actividades, como ocurrió en Filipinas con la difusión de imágenes de acoso marítimo, ha generado reacciones adversas y fortalecido alianzas contrarias a los intereses de Pekín.

Según Foreign Affairs, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China estará marcada por la capacidad de ambos para explotar las vulnerabilidades del otro. Washington dispone de herramientas para presionar en sectores clave y debilitar los puntos fuertes de su rival, siempre que logre coordinar acciones con sus aliados y mantener el equilibrio entre presión y estabilidad internacional.

Con una mirada crítica sobre el rumbo del Gobierno, el joven presidente de la UCR, Leonel Chiarella, aseguró que desde el partido centenario “vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta” electoral en 2027 y no descartó reeditar una coalición opositora a la gestión de Javier Milei como lo fue Juntos por el Cambio.

Durante el intercambio en el estudio de Infobae a las Nueve, conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Chiarella dejó de manifiesto que la UCR está en una nueva etapa y que “la fortaleza del partido está en la representación federal” y que “encarna valores”, donde “cada región y cada gobernador están en la mesa nacional” de la organización.

“Más de quinientos intendentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Cinco gobernadores”, deslizó, al mencionar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). “Eso muestra la fortaleza que tiene el partido a nivel territorial”, sostuvo.

El radicalismo, según Chiarella, busca consolidarse como alternativa con gestión al modelo de La Libertad Avanza (LLA): “Invertimos en infraestructura, invertimos en educación, en salud pública. Los gobiernos del radicalismo tenemos superávit, tenemos equilibrio fiscal y además resultados concretos”.

Consultado sobre la estrategia electoral, Chiarella subrayó: “Vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta. Porque tenemos para contarle a la Argentina todo lo que hacemos, y ya no desde las ideas, sino desde la gestión cotidiana”. Sin embargo, reconoció que hay debates internos sobre posibles alianzas y candidaturas. “Hablar hoy de candidaturas, cuando falta más de un año, es prematuro”, dijo, sobre un posible candidato presidencial de la UCR. También afirmó que hay coincidencia entre los gobernadores radicales sobre la necesidad de fortalecer la estructura partidaria antes de definir nombres.

Sobre la proyección para 2027 y las posibles alianzas electorales, el dirigente dejó abierta la puerta a una reedición de Juntos por el Cambio, al reconocer que “es una opción”, pero puso el énfasis en los acuerdos programáticos: “Discutamos la agenda. ¿Qué es lo que queremos para Argentina? La minería y el campo generan dólares. La clave es a dónde invertimos esos dólares”. “Valoramos los logros en materia económica, pero creemos que el superávit solo no alcanza si no se invierte en lo humano, en educación y en salud pública”, deslizó.

También se refirió al rol del expresidente Mauricio Macri, sobre quien dijo que lo ve con “afán de recorrer y de fortalecer el PRO“, pero evitó una definición más clara sobre un posible acuerdo. ”Nosotros estamos con el afán de fortalecer el radicalismo, y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy”, insistió.

Chiarella asumió el liderazgo partidario en diciembre pasado, en un contexto de reconfiguración política tras la salida de Martín Lousteau. “Tengo el enorme orgullo de ser el presidente más joven de la historia del partido”, dijo el dirigente de 37 años. En ese marco, el intendente de Venado Tuerto marcó como punto de desacuerdo con el Gobierno las críticas en torno a la transparencia y la corrupción que rondan en el gabinete nacional. Y apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“La gente está cansada de la corrupción. La honestidad no se pregona, se demuestra. Si no tenés nada que esconder, no te metas en la inocencia fiscal. Presentá la declaración jurada y decís: ‘Che, estos son mis bienes’”, sostuvo en diálogo con Infobae en vivo.

En cuanto a los desafíos actuales, Chiarella remarcó que “Argentina tiene dos grandes problemas” y son “la corrupción como una cuestión estructural y el narcotráfico”. Puso como ejemplo el impacto de la gestión de Pullaro en Santa Fe: “Bajó los índices de violencia y de homicidios como nunca antes se había visto en la provincia”.

“Cuando no robás, los recursos te alcanzan para poder llevar adelante los planes de obra pública. Cuando sos honesto y eficiente, los resultados existen”, expresó el dirigente de la UCR. “Representamos un modelo de un Estado eficiente y humano”, definió.

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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió una suba en la calificación crediticia por parte de Moody’s Local Argentina, que aumentó tanto la nota del emisor en moneda local como la del emisor en moneda extranjera a AAA.ar desde AA+.ar, ambas con perspectiva estable. Además, la agencia elevó la calificación de los Programas de Financiamiento en el Mercado Local y el Programa de Asistencia Financiera a AAA.ar, manteniendo también la perspectiva estable. De acuerdo con el reporte publicado el 9 de junio de 2026, la revisión contempló diversos factores vinculados al desempeño fiscal y financiero de la jurisdicción, así como la evolución reciente de su perfil de vencimientos.

Según informó Moody’s Local Argentina, la decisión se fundamentó en la mejora observada en el perfil de vencimientos de la Ciudad a raíz de las recientes emisiones en los mercados internacionales. El 13 de mayo de 2026, la Ciudad emitió la Serie 14 del Bono Tango por USD 500 millones, a una tasa fija del 7,05%, con fecha de vencimiento en 2036. Los fondos captados se destinarán principalmente a cubrir vencimientos de amortizaciones próximas, lo que permitió a la administración local extender los plazos y distribuir los compromisos de pago de manera más equilibrada. El informe de la calificadora destacó que estas condiciones dotan a la Ciudad de una mayor flexibilidad financiera frente a escenarios adversos.

El reporte de Moody’s destacó también la sólida evolución de los resultados fiscales de la Ciudad durante los últimos años, junto a una economía diversificada que genera recursos por encima del promedio nacional. Entre los indicadores sobresalientes, la base de ingresos propios alcanzó el 87,6% de los ingresos operativos en el primer trimestre de 2026. La Ciudad registró un margen operativo del 30,7% y un superávit financiero del 21,9% para ese mismo período. Las cifras reflejan la capacidad de la administración porteña para sostener márgenes positivos incluso en contextos económicos complejos.

El análisis de la agencia incluyó aspectos como la posición de liquidez de la Ciudad, su estructura de deuda y la distribución de vencimientos. La deuda total de la Ciudad llegó a 2.489.558 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, con un perfil de vencimientos considerado bien distribuido en el tiempo. El 98,6% de la deuda se encuentra denominada en moneda extranjera, aunque el nivel de endeudamiento se ubica por debajo de otras jurisdicciones comparables.

En los últimos años, los Gobiernos Locales y Regionales de Argentina enfrentaron un entorno desafiante caracterizado por una economía inflacionaria, escasez de reservas internacionales e incertidumbre política. El reporte de Moody’s Local Argentina señaló que, a partir de 2024, ocurrieron cambios estructurales que impactaron de distintas maneras a los gobiernos subsoberanos. Durante 2025, los gobiernos regionales experimentaron un deterioro en sus métricas fiscales, atribuido a dificultades en la recuperación económica. En 2026, la agencia proyecta un escenario de normalización gradual de las variables económicas clave.

El informe también incluyó una referencia al acuerdo alcanzado entre la Ciudad y el gobierno nacional para cancelar atrasos en transferencias no automáticas acumuladas entre julio de 2025 y marzo de 2026. El monto total, 813.400 millones de pesos, se saldó mediante la entrega de títulos públicos. Esta medida contribuyó a despejar incertidumbres financieras de corto plazo y se sumó a las fortalezas crediticias que la agencia identificó en la Ciudad.

Entre los factores positivos que sustentaron la mejora de la nota, Moody’s enumeró la evolución sostenida de los márgenes operativos, la holgada posición de liquidez y la capacidad de generación de ingresos propios. En contraste, la agencia señaló como debilidades la alta proporción de deuda en moneda extranjera y el débil ambiente operativo de Argentina, un elemento común a todas las jurisdicciones del país.

La metodología empleada por Moody’s Local Argentina para esta revisión consideró información proveniente de las cuentas anuales de inversión de los ejercicios fiscales 2021-2024, ejecuciones intermedias de 2025 y 2026, así como datos del stock de deuda pública y presupuestos correspondientes a los años 2021-2026. También se tomaron en cuenta prospectos de emisión, información de organismos nacionales y de la propia administración porteña. El último informe completo anterior a esta revisión se publicó en septiembre de 2025.

En cuanto a los indicadores sociales y económicos, la Ciudad registró una tasa de desempleo del 4,8% en 2025 y un nivel de pobreza del 9,6%. Las exportaciones alcanzaron los 409,2 millones de dólares ese año. El informe aclaró que la perspectiva estable contempla la expectativa de que no ocurran cambios significativos en los fundamentos crediticios de la Ciudad en el corto y mediano plazo.

El reporte de Moody’s subrayó que las calificaciones emitidas constituyen opiniones sobre el riesgo crediticio futuro relativo de la entidad, y no suponen recomendaciones de compra, venta o mantenimiento de títulos. Además, la agencia remarcó que estas calificaciones no constituyen declaraciones de hechos actuales o históricos, y no reemplazan el análisis propio que cada inversor debe realizar.

El marco metodológico utilizado por la agencia incluyó el análisis de fundamentos económicos, resultados financieros, perfil de deuda y calidad de la administración. Según la definición de AAA.ar, esta calificación indica la calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores locales.

El contexto de la calificación de Moody’s a la deuda soberana argentina mantiene reservas. En informes recientes, la agencia internacional no anticipó mejoras de nota para el país, argumentando dudas sobre el riesgo político y el perfil de vencimientos a partir de 2027.