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Luego del 1,7% que registró la inflación en agosto, la incógnita es si el Gobierno logrará sostener la desaceleración de los precios en los próximos meses. Las proyecciones de las consultoras no son optimistas: según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la dinámica inflacionaria no bajaría del 1,6% al menos hasta marzo.

La mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó una variación de 1,9% para septiembre. Un dato que de confirmarse implicaría una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes previo.

Este jueves, el equipo económico tuvo un anticipo: la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8% durante el noveno mes del año y evidenció una aceleración de 0,1 frente a agosto. No obstante, se debe tener en consideración que la manera en que se mide la inflación en la Ciudad y la Nacional son distintas.

Más allá de esa diferencia, el problema radica en los meses que siguen, donde los privados no consideran que la inflación logre perforar el 1,6 por ciento. En el último REM, marcaron 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre, 1,6% para enero y febrero de 2027 y 1,7% para marzo.

De esa forma, la proyección de los participantes del relevamiento trazó una trayectoria de desaceleración parcial, pero sin una baja mensual sostenida por debajo del 1,6% durante el período que va desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2027. De esta manera, parece difuminarse la proyección oficial de perforar el 1% mensual a lo largo de este año.

¿Nuevo piso?

La discusión sobre un posible nuevo piso para la inflación surgió a partir de esa serie de números. El 1,6% apareció como el menor registro mensual previsto por el REM para los próximos meses, sin que las proyecciones indicaran una perforación de ese nivel antes de marzo de 2027.

Desde Analytica señalaron que su proyección para el último trimestre del año se ubica por encima de 1,5 por ciento. La consultora explicó que esa previsión responde a cuestiones externas a la economía argentina, como el encarecimiento del precio de la energía, y también a factores internos.

Bajo la perspectiva de la firma de análisis macroeconómico, sería un buen resultado si el Gobierno logra sostener la inflación mensual por debajo del 2 por ciento. En ese diagnóstico, la evolución de los precios durante el último trimestre queda condicionada por elementos vinculados con la energía y por factores propios de la economía local.

Analytica también puso el foco en el año que viene y en el peso de las expectativas sobre la dinámica de los precios. “Para 2027, el rol de las expectativas volverá a ser determinante, en particular sobre el precio del dólar”, indicaron.

Lejos de empezar con 0

El director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, coincidió en que la inflación seguirá bajando, aunque planteó que no resulta sencillo establecer el ritmo de esa desaceleración. Para los próximos meses, consideró que el 1,6% puede operar como una referencia, pero evitó definirlo como un piso permanente.

“Puede ser que el 1,6% aparezca como una referencia, no sé si lo tomaría como un piso porque puede haber temas de estacionalidad que algún mes te puede jugar a favor”, sostuvo.

Tiscornia señaló que noviembre suele ser un mes tranquilo y planteó que será necesario seguir la evolución del precio de la carne. Sobre octubre, indicó que la primera semana mostró aumentos altos en frutas y verduras, y que resta observar el comportamiento de los precios durante el resto del mes para determinar el impacto de esos movimientos sobre la medición general.

Por su parte, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, relacionó las proyecciones del REM con la pauta inflacionaria incluida en el Presupuesto 2027. Según explicó, el proyecto estima una inflación anual de 18%, equivalente a una variación acumulativa mensual cercana a 1,4 por ciento.

Letcher sostuvo que los números del REM ratifican que el Gobierno reconoce una resistencia en la dinámica de precios. “La inflación no va a arrancar con cero y encuentran una resistencia en la dinámica de la inflación que se mueve entre 1 y 2%”, afirmó en conversación con Infobae.

La mediana del REM quedó por encima de ese 1,4% mensual implícito en la pauta de 18% anual, con registros de 1,6%, 1,7%, 1,8% y 1,9% en el período analizado.

Letcher consideró que la explicación monetaria del Gobierno no alcanza para explicar el fenómeno inflacionario local. Mencionó como elementos relevantes el precio de los combustibles y los servicios, y señaló que las empresas forman precios a partir de los costos y de un margen, una dinámica que puede sostener aumentos aun cuando las ventas bajan. “En la Argentina, mayoritariamente, el precio se forma por el lado de los costos y sobre el que se aplica un margen”, dijo Letcher.

Proyección oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre la evolución del IPC durante el CFO Summit 2026. Afirmó que el Gobierno atraviesa un proceso de desinflación y comparó la dinámica actual con la que, según dijo, existía cuando comenzó la gestión.

“Estamos en un proceso de desinflación muy importante, pasamos de una inflación que era del 1,5% diaria cuando llegamos a más o menos el mismo guarismo a nivel mensual”, afirmó durante el evento.

Caputo reconoció que el nivel mensual todavía es alto frente a los parámetros internacionales y sostuvo que la convergencia hacia una inflación internacional requiere tiempo, al tiempo que defendió la continuidad de la política económica oficial.

“No tenemos ninguna duda de que, si seguimos con esta política, lo vamos a lograr y esto es esencialmente lo que es mejor para toda la sociedad”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

La 37ª Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) volvió a realizarse Tierra del Fuego después de 30 años: entre el 5 y el 8 de octubre, Ushuaia recibió a los responsables de los seis programas antárticos de América Latina.

El encuentro se produjo en un momento de tensión diplomática abierta por Malvinas. El 22 de septiembre, la Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Reino Unido por la extensión de licencias hidrocarburíferas en las aguas que rodean las islas. En paralelo, la administración británica avanza en el fortalecimiento de su infraestructura portuaria: el proyecto para reemplazar la terminal actual de Puerto Argentino apunta a ampliar la capacidad para recibir buques de gran porte y posicionarlo como un punto de acceso alternativo al continente antártico.

Frente a ese proceso, el gobierno argentino anunció una ampliación de recursos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, con el objetivo explícito de consolidar al país como polo logístico de referencia en la región. La ciudad ya figura entre las cinco puertas de entrada reconocidas internacionalmente a la Antártida, junto con Punta Arenas, Ciudad del Cabo, Hobart y Christchurch, y se encuentra a unos 1.000 kilómetros de la península antártica.

Según un análisis de competitividad elaborado por FINNOVA, la fundación que impulsó la candidatura de Ushuaia como sede de la RAPAL, esa ubicación puede implicar un ahorro de al menos dos días de navegación respecto de otras alternativas, según cada operación. Esa ventaja posiciona a la ciudad en la disputa por captar servicios de abastecimiento, transporte de personal y apoyo a campañas científicas.

Participaron del encuentro delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay —los seis miembros plenos del foro—, con Colombia y Venezuela presentes como observadores. La agenda abarcó la coordinación de campañas antárticas, el aprovechamiento conjunto de capacidades logísticas y el impulso a proyectos científicos de alcance regional.

“La RAPAL tiene el objetivo de fortalecer la posición de Latinoamérica en el marco del Sistema del Tratado Antártico”, señaló Fernando Chiesa, cofundador de FINNOVA, que estuvo a cargo de la organización local del evento en articulación con la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).

Proyecto para estudiar microplásticos en la Antártida

Entre las iniciativas concretas que se debatieron figura un programa latinoamericano para detectar la presencia de microplásticos en el continente antártico, coordinado por Argentina. El proyecto busca armonizar los métodos de muestreo y análisis que aplica cada país con base en protocolos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La logística regional también concentró parte de las discusiones. El sector privado ya registra presencia en la actividad antártica argentina: en febrero de este año se concretó el primer vuelo civil desde Ushuaia hacia la reconstruida Base Petrel, a bordo de un King Air B200 y con apoyo del Comando Conjunto Antártico. FINNOVA impulsó además PolarUsh, el Clúster Polar Ushuaia, con el fin de articular empresas e instituciones capaces de brindar servicios a los distintos programas antárticos de la región.

El 7 de octubre se realizó, en paralelo a la RAPAL, un Foro de Ciencia, Logística e Innovación Antártica orientado a vincular las necesidades de los programas nacionales con las capacidades de investigadores, instituciones académicas y empresas privadas. La discusión de fondo fue cómo convertir la proximidad geográfica de Argentina, su infraestructura y sus capacidades científicas en una mayor participación en las operaciones hacia la Antártida, en un momento en que el continente blanco y el Atlántico Sur vuelven a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica de la región.

El equilibrio de las cuentas públicas es la base del programa económico del Gobierno, y el Presupuesto 2027 lo ratifica como eje. Pero a dos años de iniciado el ajuste, distintos análisis privados coinciden en que lo que costó “poco” en los primeros tramos hoy exige más esfuerzo, y los márgenes para absorber imprevistos son cada vez menores.

Uno de esos diagnósticos es el de BBVA Research, que abre su análisis del sector fiscal con una definición: “El equilibrio fiscal sigue siendo el pilar del programa económico, pero sostener el superávit se ha vuelto más exigente”. Para sostener su lectura, el banco toma como punto de partida los números del año y recuerda que en los primeros ocho meses de este año el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,2 por ciento.

Con estos resultados a la vista, BBVA revisó sus proyecciones para el 2026 y realizó correcciones “marginalmente a la baja”. En detalle, estimó un resultado primario de 1,3% del PIB, “lo que sería el superávit primario más bajo de la presidencia de Milei”. Para 2027, BBVA prevé que ese resultado se repita, con un superávit financiero de 0,1% del PIB en ambos años.

El Presupuesto 2027 proyecta una cifra cercana. El propio Gobierno estima un resultado primario del Sector Público Nacional de 1,3% del PBI, equivalente a $18.439.871,9 millones, y un resultado financiero de 0,2% del PBI, es decir, $3.300.675,4 millones.

Un ajuste que cambió de naturaleza

Para BBVA, la explicación de por qué mantener el equilibrio fiscal es cada vez más exigente se enfoca en cómo se hizo el recorte. “Luego de la fuerte corrección de los últimos dos años, el margen para continuar reduciendo el gasto se ha estrechado”, señala. El ajuste inicial se concentró en partidas con mayor capacidad de recorte: subsidios, transferencias, gasto de capital y otros gastos discrecionales. De ahora en más, en cambio, adquieren más peso “componentes más rígidos, como jubilaciones, prestaciones sociales y remuneraciones”. A eso se suman, según el análisis, “crecientes demandas de recomposición en partidas sensibles que acumularon caídas intensas en términos reales”.

Un informe de la consultora Zentrix sobre el Presupuesto confirma dónde ocurrió el cambio. El giro se produjo en 2024 y por el lado del gasto: en un solo año, el gasto primario bajó 4,5 puntos del PBI, de 19,5% a 15,0%, y el resultado primario pasó de un déficit de 2,7% a un superávit de 1,8%. Desde entonces, indica Zentrix, “el superávit se sostiene con ingresos también en baja”: entre 2024 y 2026, los ingresos totales caen 1,3 puntos del PBI y el gasto primario, 1,0 punto.

Del lado de los recursos, BBVA tampoco ve un alivio inmediato. Sostiene que la recuperación “está siendo más gradual de lo esperado y todavía no logra reemplazar al recorte del gasto como principal soporte de la consolidación fiscal”. Agrega que la eliminación de algunos impuestos y otros cambios en el esquema tributario redujeron fuentes de ingresos que habían contribuido al ajuste inicial. Por eso, concluye, la sostenibilidad de las cuentas “dependerá cada vez más de que el crecimiento económico y una mayor formalización permitan ampliar de manera genuina la base tributaria”.

El escenario de riesgo

En su análisis, Zentrix advierte que el Presupuesto 2027 “fue construido con un margen de error extraordinariamente reducido”. Para los analistas, un desvío relativamente pequeño en la recaudación o un aumento del gasto alcanza para consumir todo el colchón fiscal. El informe da un ejemplo: “un dólar 10% por encima del valor previsto encarecería los intereses de la deuda en moneda extranjera en alrededor de $1,7 billones, casi siete veces ese margen”.

A esos números, el reporte suma otros factores de riesgo. Según el documento, “la demanda de dólares por parte de personas humanas ya absorbía en septiembre alrededor del 90% de las divisas liquidadas por el agro, mientras que el Tesoro prevé obtener unos USD 21.100 millones para afrontar sus compromisos financieros durante 2027”. Al mismo tiempo, sostiene Zentrix, “el presupuesto descansa en refinanciar deuda en pesos por el 110% de los vencimientos y en una recuperación de la actividad que permita revertir una recaudación que hasta agosto acumulaba una caída real del 3,8%”.

El propio Gobierno ofrece otra lectura en el Mensaje del Presupuesto, que Zentrix recoge en su informe técnico. Según ese documento oficial, “la deuda bruta pasó de 156,6% del PBI a fines de 2023 a 71,4% en julio de 2026”. Zentrix detalla que el mensaje destaca además tres cambios en el perfil de la deuda, entre ellos que “los depósitos del Tesoro en el BCRA pasaron del equivalente a USD 1.700 millones a USD 8.200 millones” y que “las tres principales calificadoras mejoraron la nota soberana durante 2026”.

Con ese cuadro, la consultora concluye en su estudio que el verdadero desafío “no será aprobar el Presupuesto 2027, sino atravesar un año electoral sin que alguno de estos factores obligue a modificarlo sobre la marcha”.

El presidente de Brasil publicó un video de campaña con declaraciones de argentinos sobre la situación en el país. Allí cuestionan directamente al gobierno de Javier Milei.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley 27.826, conocida como Inocencia Fiscal II, que establece reglas para la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, reduce multas formales para determinados contribuyentes, en especial mipymes.

La reglamentación era esperada por los contadores para poder asesorar a sus clientes interesados en acceder a sus beneficios. La intención del Gobierno con la norma, tras el escaso éxito de la primera ley de Inocencia Fiscal, es dar un marco de mayor seguridad jurídica a los contribuyentes para que saquen los “dólares del colchón”, los aporten al sector formal de la economía y eso ayude a la reactivación.

Entre otras disposiciones, dispuso que las micro, pequeñas y medianas empresas, junto con personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales, recibirán una reducción automática de 25% en las multas previstas por incumplimientos formales en la ley de procedimiento tributario.

La reducción alcanza las sanciones por falta de presentación de declaraciones juradas, incumplimiento de requerimientos de información y otras infracciones formales incluidas en los artículos 38 y 39 de la ley 11.683. El beneficio no se aplicará a los contribuyentes que tengan la categoría de Grandes Contribuyentes Nacionales de acuerdo con la normativa de la ARCA.

Multas reducidas y nuevos criterios para Ganancias

La ley creó además un régimen especial que reduce en 50% las multas formales cometidas antes de su entrada en vigencia, siempre que no estén firmes o, aun si lo están, que permanezcan impagas. El beneficio comprende obligaciones vencidas desde la vigencia de la ley 27.799.

Para acceder a esa rebaja, el contribuyente deberá cumplir la obligación formal que originó la infracción antes de adherir o en el mismo momento. La aceptación implica allanarse sin condiciones al reclamo fiscal por la parte no reducida, renunciar a acciones y derechos vinculados con la sanción y asumir costas y gastos judiciales si correspondiera.

La reducción no habilitará la devolución de importes abonados antes de la vigencia de la norma. La ARCA deberá dictar las disposiciones operativas y adaptar sus sistemas informáticos dentro de los 30 días posteriores a la publicación.

También se modificó el régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. La adhesión podrá ejercerse para períodos fiscales iniciados desde el 1 de enero de 2025.

La condición de residente fiscal durante todo el período declarado será obligatoria, salvo para quienes adhieran por el período fiscal 2025. Si el organismo recaudador detecta que el contribuyente no cumple ese requisito, podrá excluirlo del sistema simplificado, fiscalizarlo, determinar de oficio la materia imponible y aplicar las sanciones correspondientes.

Funcionarios públicos

Los Grandes Contribuyentes Nacionales y determinados funcionarios públicos podrán utilizar la modalidad simplificada solo para presentar la declaración jurada y efectuar el pago en término. Esa adhesión no les otorgará las presunciones ni los demás beneficios del régimen.

La restricción para funcionarios comprende a quienes ocupen o hayan ocupado en los cinco años previos cargos con jerarquía no inferior a secretario de Estado, legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados judiciales y del Ministerio Público, defensores del pueblo, integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de jurados de enjuiciamiento.

La carga probatoria de las diferencias fiscales

La norma fijó una definición de “discrepancia significativa” para evaluar la declaración simplificada de Ganancias. El criterio se configurará cuando una impugnación implique un incremento o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado, cuando supere el monto previsto en el Régimen Penal Tributario o cuando se detecten comprobantes apócrifos e ingresos computados de manera indebida.

Sin embargo, una diferencia no será considerada significativa si no supera un umbral equivalente a 5% del importe establecido por el Régimen Penal Tributario. Tampoco se tomará en cuenta una rectificativa presentada dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de una liquidación administrativa o una determinación de oficio, siempre que se cancelen o regularicen los saldos e intereses.

La carga de demostrar la existencia de una diferencia relevante recaerá exclusivamente en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El organismo solo podrá utilizar la información declarada por el contribuyente, los datos disponibles en sus sistemas y aquellos aportados por terceros.

Los contribuyentes adheridos deberán canalizar sus operaciones mediante medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV), con cumplimiento válido cuando el sistema financiero formal intervenga en el origen o en el destino de la operación. Los pagos en efectivo realizados al formalizar escrituras públicas sobre derechos reales de inmuebles quedarán contemplados dentro de esa exigencia.

Hasta el 31 de diciembre de 2027, los fondos utilizados bajo esas condiciones tendrán el tratamiento previsto para el régimen simplificado y, a los efectos del impuesto sobre los Bienes Personales, se considerarán incorporados al patrimonio el día en que se concrete la operación. La constancia de adhesión será un antecedente favorable para los sujetos obligados a prevenir el lavado de activos, aunque subsistirán sus deberes de debida diligencia.

La Unidad de Información Financiera deberá emitir la normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación. Si una impugnación del régimen simplificado es anulada o revocada por una decisión administrativa o judicial firme favorable al contribuyente, se restablecerá la presunción de exactitud y el organismo deberá reintegrar los pagos realizados, con intereses, dentro de los 45 días hábiles.

Sanciones más altas para empleadores rurales

La reforma elevó las multas por incumplimientos en la registración de trabajadores rurales ante el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Las sanciones se aplicarán por falta de inscripción, omisión de registro o información del contrato laboral rural.

Las infracciones leves, vinculadas con declaraciones inconsistentes, tendrán multas de entre $ 120.000 y $ 187.500 por trabajador afectado. Las infracciones graves, por declaraciones falsas, se castigarán con montos de entre $ 375.000 y $ 1.500.000.

La omisión total de la declaración del contrato rural será considerada una infracción muy grave y podrá recibir una sanción de entre $ 1.500.000 y $ 7.500.000 por cada trabajador. Cuando no sea posible individualizar a los afectados, la multa podrá aplicarse globalmente por establecimiento.

En caso de reincidencia dentro de cinco años, el tope máximo de las infracciones muy graves podrá elevarse hasta 50%. Desde el 1 de enero de 2027, las escalas se actualizarán todos los años según la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo, y el RENATRE deberá publicar las tablas vigentes para cada período calendario.

Las nuevas sanciones rurales alcanzarán a las infracciones cuya constatación material ocurra después de la entrada en vigor de la ley.