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Donald Trump anunció este miércoles que viajará a Beijing los días 14 y 15 de mayo para reunirse con el presidente chino Xi Jinping, en una cumbre que la guerra de Irán había obligado a postergar por casi siete semanas. La Casa Blanca confirmó además que Xi realizará una visita de reciprocidad a Washington en fecha aún por determinar. Será la sexta reunión entre ambos mandatarios en este mandato, y la primera que un presidente estadounidense celebre en suelo chino desde 2017.

Trump dio a conocer la noticia en Truth Social, donde calificó el encuentro como “un evento trascendental” y añadió que él y la primera dama, Melania Trump, recibirán al mandatario chino y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca más adelante en el año. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, dejó entrever el posible desenlace del conflicto iraní: al ser consultada si la reprogramación implicaba que la guerra podría concluir pronto, respondió: “Siempre hemos estimado entre cuatro y seis semanas. Así que puedes hacer los cálculos”.

La cumbre estaba prevista entre el 31 de marzo y el 2 de abril, pero Trump la postergó para permanecer en Washington al frente de las operaciones militares que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán el 28 de febrero. Ese conflicto tensó la preparación diplomática: Trump advirtió públicamente que podría volver a aplazar el viaje si China no contribuía a desbloquear el estrecho de Ormuz, cuyo cierre por Teherán ha interrumpido el tránsito de cerca del 20% del suministro energético mundial. La presión se basó en que China obtiene alrededor del 90% de su petróleo a través de ese paso.

Trump convocó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido a formar una coalición naval para escoltar buques cisterna por el estrecho, pero la respuesta fue tibia. El régimen chino se limitó a señalar que “todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro de energía estable”, sin comprometerse. Irán, por su parte, permitió el tránsito de buques con bandera china, lo que redujo los incentivos de Beijing para actuar junto a Washington. Pese a esas fricciones, la cumbre avanza: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante comercial Jamieson Greer y el viceprimer ministro chino He Lifeng sostuvieron conversaciones en París que, según Reuters, se describieron como “notablemente estables” y produjeron avances en agricultura, minerales críticos y gestión comercial bilateral.

El telón de fondo arancelario es igualmente complejo. El Tribunal Supremo anuló en febrero, por seis votos contra tres, los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia. La administración respondió amparándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aranceles de hasta el 15% durante 150 días. La tasa vigente del 10% vence el 24 de julio, lo que convierte la cumbre de mayo en una ventana crítica para negociar antes de que el Congreso deba pronunciarse sobre una prórroga que los analistas consideran improbable.

La agenda desborda lo comercial. Taiwán —isla que Beijing considera parte de su territorio— figurará en los debates, junto con la rivalidad tecnológica y la coordinación sobre Ucrania, en un momento en que Washington negocia con Moscú y China mantiene influencia sobre Rusia. La última vez que Trump y Xi se vieron fue en octubre de 2025, en Busan, Corea del Sur, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia‑Pacífico, donde acordaron una tregua comercial que el fallo judicial de febrero volvió a poner en cuestión. La cita de mayo llega con más variables abiertas que aquella.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, enfrenta una crisis política tras la derrota de su reforma judicial en el referéndum celebrado esta semana; ese resultado desencadenó la renuncia de una ministra y de dos altos cargos. El revés representa la primera gran derrota de Meloni desde que asumió el poder en octubre de 2022 y pone en tela de juicio la estabilidad de su Gobierno de coalición.

Hasta hace pocos días, el panorama político de Meloni parecía despejado en la recta final de una legislatura que culmina en 2027. No obstante, el rechazo mayoritario de la ciudadanía a la reforma —considerada por el Ejecutivo como fundamental para agilizar el sistema judicial italiano— alteró drásticamente el escenario. La oposición de centro-izquierda, que había rechazado la propuesta en bloque, celebró el resultado con entusiasmo, mientras en el oficialismo se instalaban el malestar y la sorpresa por el desenlace.

Tras el fracaso en el referéndum, el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi, presentaron su renuncia el martes. Delmastro, miembro de Hermanos de Italia y antiguo aliado de Meloni, arrastraba polémicas previas —incluida una condena por revelar información confidencial y la publicación de que compartía negocios con la hija de una persona vinculada a la mafia—. Bartolozzi, vinculada a Forza Italia, había sido criticada por comparar a los jueces con “un pelotón de fusilamiento” y estaba bajo investigación por su relación con la liberación de un criminal libio en un avión del Estado.

En paralelo, la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, se convirtió en el centro de presión tras meses de investigación por presunto fraude y falsificación de informes financieros en una editorial que dirigía anteriormente. Aunque hasta entonces había resistido los pedidos de dimisión, Meloni exigió pública y por escrito su salida, apelando a una particularidad del sistema político italiano: el jefe de Gobierno no puede destituir ministros directamente, ya que son nombrados por el presidente de la República.

Santanchè, figura destacada de Hermanos de Italia, intentó presentarse en su ministerio el miércoles, pero terminó presentando su renuncia en una carta dirigida a Meloni. En la misiva expresó su “amargura” y defendió la limpieza de su historial penal, argumentando que no quería convertirse en “chivo expiatorio” por el fracaso en la consulta popular. La ministra sostuvo que, si permaneció en el cargo algunas horas después de la solicitud de dimisión, fue para evitar que su salida se interpretara como una consecuencia directa del resultado del referéndum.

La reforma judicial impulsada por el Gobierno de Meloni había sido presentada como un paso esencial para modernizar un sistema criticado por su lentitud y su carga burocrática; sin embargo, los detractores advirtieron que las medidas podrían concentrar demasiado poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos institucionales. La derrota en el referéndum, ampliamente considerada una prueba de confianza en la gestión de Meloni, intensificó las dudas sobre la cohesión interna de la coalición y sobre la capacidad de la primera ministra para mantener el control político en los meses que restan de su mandato.

La dimisión de Santanchè, la segunda pérdida ministerial relevante desde la llegada de Meloni al poder, desactiva una moción de censura impulsada por el Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas prevista para la próxima semana. De no haber presentado la renuncia, la votación habría colocado al partido de Meloni en una situación incómoda, obligado a decidir entre respaldar a la ministra o alinearse circunstancialmente con la oposición en una votación clave.

(Con información de EFE, AFP y AP)