Ocho entidades rurales del norte bonaerense difundieron un duro comunicado contra el Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios (Sigtrazavet), la nueva herramienta creada por el Senasa para registrar y seguir los medicamentos veterinarios a lo largo de toda la cadena comercial y sanitaria. Según las entidades, la medida va a contramano del proceso de simplificación administrativa que impulsa el Gobierno nacional.
El documento lleva las firmas de las sociedades rurales de San Antonio de Areco, Rojas, Baradero, Pergamino y Lincoln, además de la Asociación Rural de Arrecifes (ARPA), la Sociedad Rural de Colón y APRA.
En el texto, las entidades sostuvieron: “Con argumentos propios de las etapas del fracaso, que reflejan un diagnóstico equivocado de la realidad del sector, el organismo que usted preside, Senasa [el ente lo conduce María Beatriz Giraudo], se dispone a incorporar nuevas exigencias que implicarán mayores costos, complejidades y cargas administrativas para la producción ganadera”.
También cuestionaron el alcance del nuevo esquema: “El (Sigtrazavet) – Sistema Integrado de Trazabilidad de Productos Veterinarios – una suerte de ‘receta agronómica’ aplicada a la actividad ganadera resulta difícil de compatibilizar con el espíritu de simplificación, desregulación y promoción de la producción que impulsa el Gobierno Nacional”.
Y agregaron: “Lamentablemente, la gestión de ese organismo parece encaminarse a convalidar una medida que, lejos de resolver problemas, agregará nuevas dificultades a quienes producen”.
El Sigtrazavet fue creado por el Senasa mediante la resolución 654/2026. El sistema será obligatorio para los laboratorios, distribuidores, veterinarios, comercios y demás actores que intervengan en la elaboración, comercialización, almacenamiento, prescripción y uso de productos veterinarios. Además incorpora la receta veterinaria electrónica, que reemplazará progresivamente a la documentación en papel.
Según explicó el organismo cuando anunció la medida, el objetivo es contar con información en tiempo real sobre la circulación de medicamentos veterinarios, fortalecer la vigilancia sanitaria, monitorear el uso de antimicrobianos y prevenir residuos de medicamentos en alimentos de origen animal.
El pronunciamiento de las entidades rurales se suma a una polémica que comenzó apenas el Senasa oficializó el nuevo sistema. Días atrás, 13 entidades de criadores, veterinarios, laboratorios y organizaciones de la actividad ecuestre pidieron excluir a los caballos deportivos de un régimen que, según sostienen, fue diseñado para animales destinados a la producción de carne y no para equinos que nunca ingresan a la cadena alimentaria.
El planteo apuntó, en particular, a la obligación de utilizar la receta veterinaria electrónica y registrar determinados tratamientos con medicamentos como la fenilbutazona, un antiinflamatorio de uso habitual en la medicina equina. Las entidades sostuvieron que la exigencia genera una carga administrativa innecesaria para caballos de competencia, reproducción y trabajo que jamás serán destinados al consumo humano.
En aquella oportunidad, fuentes del Senasa señalaron a LA NACION que el origen del régimen está en los requisitos sanitarios impuestos por la Unión Europea para la exportación de carne equina y anticiparon que el organismo aceptaría el planteo para excluir a los caballos deportivos del sistema de trazabilidad previsto para animales destinados a faena. Sin embargo, hasta el momento esa modificación aún no fue oficializada.
