El 25 de marzo de 1977 un grupo de tareas de la ESMA emboscó al autor de Operación Masacre, en San Juan y Entre Ríos. El escritor se resistió y resultó muerto en el tiroteo. Su cadáver fue llevado a la ESMA.
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Jaque mate a los asesinos de Walsh
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Nafta más barata: descuentos en YPF y Shell este viernes
El último viernes de marzo de 2026 se presenta como una jornada clave para los conductores. Con las estaciones de servicio como punto de concentración, los usuarios buscan optimizar el gasto en combustibles mediante los programas de beneficios de entidades bancarias y billeteras virtuales. El Banco Nación encabeza las opciones de ahorro con un descuento del 20% en estaciones adheridas a través de su aplicación BNA+.
Esta promoción del Banco Nación cuenta con un tope de reintegro mensual de $10.000, lo que la convierte en una de las herramientas más buscadas para amortiguar el costo de llenar el tanque. Sin embargo, al tratarse del último viernes del mes, es fundamental que los clientes verifiquen en sus consumos acumulados si ya alcanzaron dicho límite en cargas previas, ya que el beneficio no se aplicará si el cupo mensual está agotado.
En el caso de la red Shell, la tendencia de este mes se centró en la fidelización por niveles a través de la billetera Personal Pay. El sistema ofrece reintegros escalonados según la categoría del usuario: aquellos que se encuentran en el Nivel 3 pueden acceder a una devolución de hasta $3.500 en sus cargas. Al igual que con otras plataformas, este beneficio está sujeto a la disponibilidad del cupo mensual de cada cliente antes del cierre del período.
Promociones en YPF y Axion para el cierre de marzo
La petrolera estatal YPF mantiene sus beneficios exclusivos a través de su aplicación oficial, con descuentos que oscilan entre el 10% y el 15% para sus líneas premium, Infinia e Infinia Diesel. Estos ahorros se aplican según el programa de puntos del usuario y la disponibilidad de convenios con entidades bancarias específicas que operan en conjunto con la App YPF los días viernes.
Por su parte, la red de estaciones Axion Energy presenta una estructura de descuentos que va del 10% al 20% mediante el uso de tarjetas de bancos regionales, como el Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y Banco San Juan. Estas promociones suelen estar integradas con la billetera MODO, permitiendo un reintegro directo en la cuenta vinculada, siempre respetando los términos y condiciones de cada entidad emisora.
El uso de estas plataformas digitales se volvió una práctica habitual para los automovilistas frente a la escalada de precios en los surtidores. Las petroleras buscan incentivar el uso de sus propias aplicaciones para captar datos de consumo y ofrecer promociones personalizadas.
Advertencias sobre topes de reintegro y consumos acumulados
Un factor determinante para este viernes 27 de marzo es la revisión de los términos de cada promoción. Muchos usuarios llegan al surtidor con la expectativa de obtener el descuento, pero se encuentran con que el beneficio no impacta debido a que ya utilizaron el total del reintegro permitido por mes. Las aplicaciones bancarias y de billeteras virtuales permiten consultar el historial de operaciones para evitar sorpresas al momento del pago.
Además de los descuentos directos, algunos programas permiten el canje de puntos acumulados por kilómetros o vouchers de carga. En YPF, los socios de ServiClub pueden utilizar sus puntos para obtener rebajas adicionales en el precio por litro, una opción que cobra relevancia cuando los topes de las tarjetas de crédito o débito ya fueron alcanzados durante las primeras semanas de marzo.
Las estaciones de servicio de bandera blanca o aquellas ubicadas en zonas de alta circulación turística podrían no estar adheridas a todas las promociones nacionales. Por este motivo, se recomienda confirmar la vigencia del beneficio con el playero antes de iniciar la carga.
GZ / lr
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La planta de Paysandú no impactará en la costa entrerriana, según el informe de impacto ambiental de la empresa
El montaje y puesta en funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Paysandú no traerá consecuencias negativas a Colón y al resto de las ciudades costeras argentinas, de acuerdo a una de las conclusiones que arroja el estudio de impacto ambiental de la empresa HIF, desarrolladora del proyecto. El dato fue confirmado a Infobae por una fuente con acceso directo al escrito.
El documento incluye un modelo 3D de la planta y de su visual desde la costa argentina. Según ese esquema, “no habría afectación al paisaje”. El escrito se presentó ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente de Uruguay.
El dossier completo, que consta de unas 2.800 fojas, será hecho público en las próximas semanas. Luego, se abrirá un período de estudio y análisis por parte de la cartera de Ambiente uruguaya. Este esquema incluye una ronda de consultas públicas sobre el emprendimiento. El proceso podría extenderse entre 6 y 8 meses. El lapso comenzó a correr el 13 de marzo, cuando la empresa presentó el informe.
Recién entonces, y si el Ministerio de Ambiente da luz verde, podría comenzar la obra civil del proyecto. La inversión rondará los USD 5,8 mil millones. La producción final de e-combustibles ya fue preubicada en otros países. El complejo se ubicará al norte de Paysandú, a la vera del río Uruguay.
La planta se desarrollará en cuatro etapas o “trenes de producción”, avanzando de manera gradual. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de USD 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año. En el proceso productivo reciclará 900.000 toneladas de CO₂. Esta cantidad equivale a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos.
Hasta ahora, HIF cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de la planta. Es un primer paso. El segundo es el más complejo.
La empresa, controlada por capitales chilenos, mantendrá la línea de responder los requerimientos del Estado uruguayo. Y no intervendrá en la disputa que, hasta ahora, mantienen Argentina y el país vecino.
En rigor, el proyecto de Paysandú fue hecho por el Estado uruguayo. HIF es solo la firma que ganó la licitación. El proceso se inició durante la gestión de Luis Lacalle Pou, del partido Blanco. La actual administración del Frente Amplio heredó el esquema en marcha.
Qué pasará con los planteos argentinos
El Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina cuestionan el lugar de emplazamiento original. Esto provocaría un impacto visual que afectaría en forma directa al turismo, la principal industria de la región.
Ante este escenario, las autoridades del país vecino exigieron a la empresa que, en el estudio ambiental, incluyeran a Colón y sus alrededores dentro de la zona de impacto. ()
“Se deberán detallar los elementos más relevantes del medio natural, prestando especial atención al área Protegida Islas del Queguay, los cuerpos de agua y los montes nativos, así como los principales elementos del medio antrópico en el entorno de cada componente, tales como centros poblados del área de influencia (incluyendo a la ciudad transfronteriza de Colón), instituciones educativas y vías de tránsito”, planteó como condición el Ministerio de Ambiente.
La respuesta a la que habría arribado la empresa al realizar las mediciones es que no el impacto visual sobre los balnearios no se produciría. Tampoco se registraría un efecto ambiental en el río.
Ahora la cuestión pasa por lo formal. El curso de agua es un recurso compartido entre ambos países. Un tratado de 1960 estableció que cualquier acción de uno de los dos Estados que lo afecte debe ser notificada y consultada con el otro. Hasta el momento, no hay elementos para constatar que este paso se haya dado.
Un problema de esta naturaleza estuvo detrás del conflicto por Botnia a principios de siglo. Argentina denunció a Uruguay por incumplimiento del acuerdo. La Corte de La Haya le dio la razón a nuestro país. Pero entendió además que la instalación de la pastera no violaba normas de protección ambiental.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que la posibilidad de una nueva demanda internacional está dentro de la estrategia. Pero una intervención del presidente uruguayo Yamandú Orsi calmó las aguas.
Cómo marcha la causa penal en Entre Ríos
En paralelo, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó con la demanda por contaminación. La denuncia fue promovida por la fiscal Josefina Minatta. El juez Hernán Viri la recepcionó y decidió tomar las riendas de la investigación. Por eso, encargó una serie de informes que Fiscalía pidió.
El magistrado le solicitó saber si se observaron los procedimientos de consulta del acuerdo binacional. El organismo encargado de esto es la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay). Viri la emplazó a que haga llegar esta respuesta a su despacho en un plazo perentorio.
Además, le pidió a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos que le haga llegar estudios o evaluaciones sobre la influencia de la planta en la actividad turística de Colón y la zona.
Por otro lado, también involucró a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En concreto, le solicitó un estudio de impacto ambiental sobre la costa argentina de la instalación de HIF en Paysandú.
Asimismo, requirió información por vía diplomática al Estado uruguayo. Esto incluye la que es de acceso público y la que tiene carácter reservado o confidencial. El pedido de Viri alcanza datos técnicos como tipo y cantidades de producción, personal y fecha de inicio de actividad. Además, la identificación de los responsables de HIF.
Uno de los puntos más conflictivos del exhorto es la solicitud para acceder a una copia íntegra del memorándum que el Gobierno uruguayo y la empresa firmaron en diciembre. Se trata de la hoja de ruta del proyecto. Viri quiere conocer la letra oficial y también “aquella información que revista carácter reservado o confidencial, en la medida en que su ordenamiento jurídico interno lo permita”.
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El Gobierno enfrenta un largo invierno económico
Fueron tres días de rosca a pleno. Los abogados de negocios más importantes de la región —socios de estudios con oficinas en Nueva York, Santiago, Montevideo, San Pablo y Buenos Aires, con carteras que incluyen fondos de private equity, bancos multilaterales y corporaciones multinacionales— eligieron el hotel Enjoy de Punta del Este para llevar a cabo esta semana su Foro Regional Latinoamericano de la International Bar Association. Lo que dijeron ahí, en los salones del complejo frente al Atlántico, fue casi calcado de lo que se escuchó hace pocas semanas en Argentina Week. La Argentina forma, por primera vez en mucho tiempo, parte de todas las conversaciones. Todos tienen clientes que miran. Pero mirar no es lo mismo que comprar.
La Argentina es hoy un activo que genera interés genuino, pero el dinero de verdad, el que mueve agujas, prefiere seguir esperando. La referencia temporal que apareció con más frecuencia fue la de 2027. Como si hubiera un consenso tácito respecto de que recién después de las próximas elecciones presidenciales —y de ver si el oficialismo puede sostener o ampliar su poder— el capital externo va a estar dispuesto a apretar el botón. “Salvo excepciones, el real money no vendrá hasta después de las elecciones”, se sinceró uno de los argentinos presentes. “Mientras, estamos todos detrás del RIGI [por el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones]”, explicó.
La frase captura bien el espíritu del momento. No es desconfianza en el Gobierno. Es algo más parecido a la cautela profesional. El Gobierno parece por ahora imbatible. No tiene en todo el arco político un contendiente claro. Elige todavía confrontar con un kirchnerismo de ideas vetutas, pero que a los ojos de los inversores sigue generando pavor. Su mayor debilidad, sin embargo, surge de su propia interna -nunca resuelta- y de la escasez, hace algunos meses, de resultados económicos tangibles.
Aunque pocas encuestas terminaron acertando en los últimos años los resultados electorales, todos siguen de cerca los sondeos de opinión pública que se publicaron en estos días. El último, de AtlasIntel Bloomberg, muestra una caída en los niveles de aprobación del presidente Javier Milei (al 36,4%, el valor más bajo de su gestión) y un crecimiento de los niveles de desaprobación (al 62,6%). Los resultados no son necesariamente infalibles, pero hablan de una tendencia en la que, además, las preocupaciones de la sociedad empiezan a migrar ya más claramente a dos temas: la corrupción (43,3% de los encuestados) y el desempleo (42,2%).
En el primer caso, flaco favor le hizo el caso de Manuel Adorni a la imagen del Gobierno, que había comenzado a levantar la bandera de la renovación moral en pos de contener a un electorado al que hay que pedirle todavía más paciencia, para que termine de ver una salida a todas sus penurias económicas.
Y es que la economía doméstica empieza a mostrar síntomas que complican el relato del crecimiento “como pedo de buzo”. Porque mientras que algunos motores están aceitándose -caso de la minería o del petróleo-, otros que venían empujando la recuperación están perdiendo fuerza. El crédito al sector privado, que fue uno de los grandes protagonistas de la reactivación del año pasado, está cayendo en términos reales. Subió, según datos del Banco Central (BCRA), apenas 2,3% en lo que va de 2026, contra una inflación estimada para el periodo más cercana a 9%.
Todo, en un contexto en el que la mora se disparó, después del apretón de tasas del segundo semestre de 2025. “Empieza a caer incipientemente la cantidad de atrasos, pero, ¿por qué cae? Más prudencia en la colocación, refinanciaciones, y va quedando atrás el episodio de volatilidad de tasas de septiembre/octubre de 2025. Es una buena señal, pero no es un dato conclusivo aun”, dicen en un banco de primera línea. El Banco Central parece estar tomando nota. Lentamente, empieza a descomprimir el torniquete sobre los pesos, aflojando los encajes, pero siempre con cautela.
El gasto público, entretanto, no es el colchón que puede amortiguar una desaceleración. La consolidación fiscal que el Gobierno exhibe con orgullo —y que es, hay que decirlo, uno de los activos que le reconocen incluso los más escépticos— implica exactamente eso: que el Estado no va a salir a gastar para sostener la demanda. Los números que empiezan a manejar en Hacienda anticipan que el segundo trimestre viene con un desempeño igual de flojo que el primero. En mayo y junio se espera una mejora en la recaudación con el ingreso de fondos del impuesto a las Ganancias, pero también a mitad de año crece con fuerza el gasto previsional por el aguinaldo y las actualizaciones.
El consumo privado tampoco está para grandes alegrías. La recuperación del salario real fue real, pero su impulso se está agotando. Los datos del Indec de enero no fueron positivos: la mejora para los salarios registrados fue del 2% versus una inflación de 2,9%. Y la inversión privada —la que vendría a reemplazar todo lo anterior— aún no aparece en el volumen que la narrativa oficial prometía. Y se concentra exclusivamente en sectores como el petróleo y el gas, la minería y el agro. Dicho en otros términos: los motores de crecimiento no están funcionando parejos.
En paralelo, el aura de un Gobierno de outsiders, impolutos de los vicios de la casta empieza a horadarse. En el sector privado, la atención más caliente se concentra en algunas de las licitaciones que avanzan en la agenda. El Gobierno tiene sobre la mesa un conjunto de procesos de privatizaciones y concesiones que, si cierran bien, podrían ser una señal potente para el capital internacional. Pero que, si cierran mal, o si se enredan en disputas políticas o en problemas de diseño, podrían alimentar exactamente las dudas que hoy frenan a los inversores.
Hay una lupa especial sobre tres procesos, que concentran la atención de los grandes estudios jurídicos con práctica en infraestructura y concesiones, además de las grandes representaciones diplomáticas. Dos de ellos son, por lejos, los más grandes y los más complejos.
El primero es el de la hidrovía. La licitación del sistema de navegación troncal del Paraná-Paraguay es, probablemente, la concesión más importante que el Estado argentino va a otorgar en las próximas décadas. El volumen de comercio que pasa por esa vía, la complejidad técnica del dragado y mantenimiento y el período de la concesión hacen de este proceso una operación de magnitud regional. Los estudios que tienen mandatos en este segmento siguen cada movimiento del pliego con una atención que roza la obsesión. No es un sector que se caracterizó en el pasado por sus manejos transparentes. Entre los actores interesados ya comenzaron las denuncias cruzadas.
El segundo caso es el del Belgrano Cargas. La concesión del ferrocarril de cargas que conecta el norte productivo con los puertos del litoral es otra apuesta de largo plazo que el gobierno quiere destrabar. Acá también hay expectativa real, pero también preguntas sin respuesta sobre las inversiones comprometidas y el modelo de negocios que plantea el Estado.
Y hay un tercer proceso, algo más silencioso pero igualmente relevante, que completa el trío de licitaciones, que es el de AySA, la empresa de aguas estatizada en el kirchnerismo.
En los tres procesos, sirve de referencia la figura del asesor Santiago Caputo. Las versiones sobre una posible avanzada del karinismo en algunas de sus áreas de injerencia -caso de la Aduana o de la Secretaria de Inteligencia- hizo que en las últimas semanas desde el sector privado empezaran las especulaciones sobre posibles cambios en los interlocutores. Pero, tras el tembladeral provocado por el affaire Adorni, pareciera que los cambios serán más lentos que lo que algunos jugadores desearían.
En cualquier caso, el Gobierno tiene tres meses por delante difíciles. Es su responsabilidad demostrarle a los inversores que esperar hasta 2027 puede terminar siendo una mala elección. Todavía no está tan claro.
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El Gobierno suspendió por irregularidades a 25 cooperativas que funcionaban en La Matanza
El Ministerio de Capital Humano informó la suspensión preventiva de la operatoria de 25 cooperativas de trabajo con sede en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, tras detectar “serias irregularidades” en su funcionamiento. Todas las entidades tenían domicilio en Entre Ríos 3269, San Justo, una oficina perteneciente al gobierno municipal. La medida fue adoptada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y marca un nuevo capítulo en la fiscalización estatal sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el sector cooperativo creadas en gestiones anteriores.
Según el comunicado difundido por la cartera, la decisión se fundamenta en el resultado de un muestreo realizado sobre los asociados de estas cooperativas, en el cual se detectó que 119 trabajadores contratados no contaban con los beneficios de seguridad social obligatorios. La investigación determinó que las entidades, bajo la figura jurídica cooperativa, podrían haber desvirtuado los principios legales previstos en el artículo 2 de la Ley N° 20.337, así como la normativa vigente sobre aportes previsionales.
La suspensión de las actividades y la apertura del sumario administrativo fueron adoptadas como medidas preventivas, mientras se profundiza la investigación sobre la presunta utilización irregular de la estructura formal cooperativa. El Ministerio de Capital Humano remarcó que existen indicios de que estas organizaciones habrían sido empleadas para “eludir normativa vigente y con prácticas que vulneran derechos laborales”.
La ministra, Sandra Petovello, informó la decisión a través de su cuenta de X, replicando el comunicado oficial y arrobando al presidente Javier Milei.
La decisión se tomó luego de descubrir que 119 trabajadores no percibían aportes jubilatorios ni cobertura de seguridad social.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución 4664/13 del INAES, las cooperativas deben realizar los aportes correspondientes al régimen previsional de trabajadores autónomos, o bien cumplir con otro sistema legalmente habilitado. Sin embargo, el relevamiento realizado por el organismo reveló que los beneficios sociales no eran otorgados a los contratados, en franca contradicción con las disposiciones vigentes.
Las entidades intervenidas comparten domicilio en una oficina de la Unidad Ejecutora Operativa Matanza, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la posible implicancia de la Municipalidad de La Matanza y de sus funcionarios en el funcionamiento de las cooperativas suspendidas. El sumario administrativo deberá dilucidar el grado de injerencia de la administración local en la operatoria de las entidades.
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que las irregularidades detectadas podrían haber desnaturalizado los fines cooperativos, apartándose de los principios de ayuda mutua y esfuerzo propio, y aprovechando la estructura formal para eludir obligaciones legales. El comunicado advierte que, de comprobarse las acusaciones, las cooperativas habrían incurrido en prácticas que vulneran derechos laborales, utilizando la figura jurídica con fines ajenos a los establecidos por la normativa.
La decisión del INAES implica la suspensión de toda operatoria de las cooperativas alcanzadas hasta que se determine la existencia o no de responsabilidades administrativas, civiles o penales. El procedimiento se mantendrá vigente mientras avanza el sumario y se recolectan pruebas sobre la operatoria real de las entidades y la eventual participación de funcionarios municipales.
El comunicado oficial incluye la nómina completa de las entidades suspendidas, que abarca organizaciones con denominaciones correlativas y diferentes números de CUIT, como Coop. de Trabajo La Matanza 12 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 49 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 51 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 56 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 61 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 72 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 77 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 105 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 112 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 116 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 123 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 135 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 142 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 171 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 205 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 206 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 229 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 236 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 311 Ltda., Coop. de Trabajo La Matanza 329 Ltda. y Coop. de Trabajo Fortalecer Ltda.
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Entre fuertes cruces, el Senado dictaminó el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá
Tras una reunión cargada de tensión y discusiones virulentas, la comisión de Acuerdos del Senado dictaminó el pliego de la ex legisladora Lucila Crexell como embajadora de Canadá. El peronismo -que la sigue acusando por su voto en la Ley Bases- señaló que todo el proceso está “viciado de nulidad” y adelantó su voto en contra.
El primero en disparar contra Crexell fue el chubutense Carlos Linares. “Si usted está contenta y tranquila con lo que hizo es un tema de conciencia. Me daría vergüenza asumir ese cargo”, lanzó.
“A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, le respondió Crexell y recordó que la denuncia judicial en la que la acusaban de cohecho y sobornos fue cerrada cuando el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 resolvió desestimar la causa por “inexistencia de delito”.
Este jueves, en la comisión, Crexell volvió a repetir que el acuerdo de su rol como embajadora fue previo y que “alguien muy mal intencionadamente dejó trascender en medio de las negociaciones por la Ley Bases”, y que los gobernadores estaban consensuando el texto de la Ley. “Entiendo su posición pero lo que no voy a permitir es que me agravie porque no tiene fundamentos. Si usted no reconoce la sentencia firme el problema es suyo, no mío”.
Siguiendo la línea el jefe de bloque del PRO pidió la palabra para respaldar a la neuquina y agregó: “Vergüenza nos debería haber dado tener embajadores condenados por corrupción como el de Israel“, en clara alusión al peronista Sergio Urribarri.
Agotada la cuestión judicial, la riojana Florencia López arremetió con virulencia leyendo fragmentos de una nota en la que Crexell era crítica del presidente Javier Milei y su gobierno.
“Básicamente cómo puede una persona que se haya referido de esta forma al Gobierno, al Gabinete, y al chupa medias de Adorni , como dijo, haber votado en junio de 2024 una ley bases que fue un desastre para la argentina. Cómo puede una persona cambiar tanto de opinión y después ser representante de un presidente que considera anticonstitucional y que repudia sus prácticas”, señaló.
“Su dramatización, es muy buena actriz por cierto, no es cierta. Esa nota tiene que ver con mi postura histórica sobre los DNU”, contestó Crexell. Le espetó que “los fueros no avalan a decir lo que se le ocurra”, que ella pagó “un costo emocional y político” muy alto por todo lo que se dijo sobre ella y agregó que cuando los escucha “ser el paladín de la moral” recuerda que Urribarri fue su embajador y que ellos también eligieron a alguien de otro partido político, como Pino Solanas, como embajador.
“Las diferencias no las vamos a saldar, lamento el nivel de agresividad y violencia con la que se maneja, más para tener un videito de un minuto de Youtube. Si usted no está de acuerdo yo estoy muy tranquila y no he incurrido en ninguna actitud contraria a la honorabilidad”, concluyó.
La radical Carolina Losada se sumó a la disputa. Señaló que “se huele envidia” y que la cuestionan “los mismos que defienden a una persona con tobillera por chorra”.
Juliana Di Tullio retomó el tema: “No ha sido absuelta, se frenó porque finalmente no hubo pliego a la UNESCO. Pero ahora sí. No es cierto que no hay conflicto con la ley. Incluso hay conflicto porque todo lo que surja de acá es absolutamente nulo de nulidad porque tiene vicio de origen”, sentenció y le recordó que su bloque nunca vota en contra de los embajadores elegidos por el Presidente, salvo en el caso de Fernando Iglesias y ella.
La jefa de bancada Patricia Bullrich fue la última. “Nuestro Gobierno está muy orgulloso. No solo por su perfil profesional adecuado sino que representás a una provincia que hoy es una de las provincias con más intereses en Canadá”, empezó y sobre las denuncias cerró: “Hay que leer los fundamentos del juez para cerrar la causa. No solo plantea la inexistencia de delito sino que no es judicializable el voto y que los acuerdos y negociaciones parlamentarias son la base de un parlamento”.
La controversia en torno a ella estalló en junio de 2024, en la víspera de la sesión clave por la Ley Bases, cuando se conoció un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado. En ese escrito se solicitaban antecedentes jurídicos de Crexell -poseedora de un voto determinante para Javier Milei- como paso previo a una eventual designación como embajadora ante la UNESCO.
En ese momento, la oposición denunció que se trataba de un acuerdo a cambio de su apoyo a la ley ómnibus, mientras que Crexell sostuvo que era una “operación” destinada a presionarla de cara a la votación.
Lo cierto es que esa designación quedó frenada pero en febrero de este año Milei reflotó su nombre pero para enviarla como embajadora a Canadá.
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Senado: oficialismo y aliados firmaron el pliego de la ex legisladora Crexell como embajadora en Canadá
Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), y el despacho quedó habilitado para ir al recinto en las próximas semanas, ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras de violencia de género y de sororidad “demagógica”.
Durante la reunión de la comisión, que es comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, avanzaron también varios pliegos militares, entre los que se encuentran la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente.
“Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación”, comenzó Crexell, quien resaltó los “más de 150 años de historia diplomática” entre ambas naciones y “relaciones sostenidas y muy buena sintonía en diferentes aspectos”. Entre los nervios centrales aparecen la minería y la energía.
Minutos después, el kirchnerismo lanzó todo su arsenal con Fernando Salino (San Luis), Carlos Linares (Chubut), la justicialista Florencia López (La Rioja) y la jerarca cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires). El primero le consultó por Malvinas y Gaza. La exsenadora recordó, pese a que todos conocían su postura durante 12 años en la Cámara alta, las varias acciones en defensa de la soberanía en cuanto al primer punto. Sobre el segundo, se ciñó a los lineamientos de Cancillería.
En tanto, el segundo fue por su supuesto cambio de voto en relación con la ley Bases y una denuncia que ya fue rechazada por la justicia federal. “Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales”, respondió la ex legisladora a Linares.
Tras ello, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), dejó en claro que Crexell “va a representarnos a los argentinos de la mejor manera”, y relató algunas negociaciones de la candidata durante viajes parlamentarios al exterior. Luego, reflotó el papelón del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que tuvo al exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción.
Con tonos más elevados fueron López y di Tullio. “Si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo, hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”, sostuvo la riojana. La postulante halagó la “dramatización”, la calificó de “muy buena actriz”, descartó sus dichos y se apoyó en lo que hace gran parte del pleno del Senado: consensuar leyes como terminales de gobernadores.
“Esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos. Durante largas semanas, el interbloque “Popular” no quiso presentarse a trabajar en esas instancias.
Pegado al kirchnerismo estaba la de nuevo peronista Carolina Moisés (Jujuy). Fue letal contra su ex amigas. “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”, expresó.
En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.
Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”.
Por dichas razones, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.
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Senado. En medio de una fuerte polémica, avanza la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá
La Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo del oficialismo y de la oposición dialoguista, le dio luz verde esta tarde a la postulación de la exsenadora por Neuquén Lucila Crexell como embajadora ante el gobierno de Canadá. Su pliego quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión de la Cámara alta.
La nominación de Crexell fue impugnada desde el punto de vista moral y ético por la bancada kirchnerista, quien cargó contra la exlegisladora acusándola de haber canjeado su voto a favor de la Ley Bases, aprobada por el Senado a mediados de 2024, por un cargo diplomático.
La embajadora propuesta rechazó las imputaciones y contraatacó acusando de mentir a los senadores de la bancada kirchnerista. “A mí me dan vergüenza las imputaciones falsas”, replicó Crexell, que recibió durante el debate un fuerte respaldo del resto de los bloques de la oposición, que salieron al cruce del kirchnerismo. Así, su pliego obtuvo dictamen favorable con 13 firmas del total de 17 miembros que tiene la Comisión de Acuerdos.
La presentación de la postulante ante la Comisión de Acuerdos tocó una cota máxima de tensión a partir con la intervención de Juliana Di Tullio (Justicialista-Buenos Aires) quien, a los gritos, le negó a Crexell condiciones para ocupar el lugar y adjudicó su nominación a una negociación espuria.
“No te dieron ese cargo por tus condiciones ni por tu currículum sino por los votos que les has dado a este Gobierno”, espetó Di Tullio, que alzó la voz cuando la exsenadora intentó responder a sus acusaciones.
La violenta intervención de la senadora kirchnerista provocó la reacción de la radical Carolina Losada (Santa Fe) y de la peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy). “Esto es violencia simbólica, estos es disciplinamiento y me molesta mucho que venga de algunas compañeras”, salió en defensa de Crexell la legisladora jujeña, quien no sólo le anticipó su voto “peronista” a favor de darle acuerdo como embajadora ante Canadá, sino que también se quejó porque “se intenta poner bajo sospecha la carrera de una mujer por el solo hecho de aspirar a un lugar de poder”.
Las alusiones al ataque de mujeres al que hizo mención Moisés apuntaron a las intervenciones de Di Tullio y de otra senadora kirchnerista, la riojana Florencia López, quien también le imputó falta de idoneidad moral para ser avalada como embajadora política por haber vendido su voto.
“Usted está imputándome un delito cuando la Justicia ya se expidió y quiero decirle que los fueros no la avalan para decir lo que se le antoje”, replicó Crexell, recordando el fallo del juez federal Daniel Rafecas que ordenó el archivo “por inexistencia de delito” de la denuncia formulada en su contra por el supuesto pago de canonjías por su voto en la Ley Bases.
La misma imputación le había lanzado minutos antes otro kirchnerista, Carlos Linares (Chubut), quien consideró “fundamental” el apoyo de Crexell a favor de la Ley Bases −que en el Senado se aprobó por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel−, antes de concluir que su nominación como embajadora es la moneda de cambio por aquel respaldo. “Estamos dándole el visto bueno o no a que llegue a una embajada de la envergadura de Canadá por el pago de un favor, y eso es un escándalo”, sentenció.
Cuando pudo pasar al ataque, Crexell le reprochó al kirchnerismo su inconsistencia. “Cuando habla de embajadores honorables pienso en [Sergio] Urribarri”, rememoró Crexell, en referencia al exgobernador de Entre Ríos designado embajador ante Israel y luego condenado por corrupción. Además, mencionó “cuando lo designaron a [Fernando] Pino Solanas como embajador ante la Unesco” que, recordó, “asumió en una boleta con Lilita Carrió y terminó apoyando al kirchnerismo” una vez que ingresó al Senado.
La primera en mostrar su apoyo a Crexell fue la radical Losada, quien le dijo que era “la mejor para el cargo” para el que está propuesta antes de disparar con munición gruesa contra la autoridad moral del kirchnerismo para impugnar la idoneidad de la postulante y asegurar que reaccionaba “por envidia”.
“Lo que más se huele es envidia, cierta situación de envidia. Porque la senadora contó que la Justicia la absolvió y sin embargo la están cuestionando los mismos que dicen que la que está presa con tobillera por chorra, y a la que tres tribunales la condenaron, dicen que es inocente, que debe estar libre”, sentenció Losada en alusión a Cristina Kirchner.
Antes de que el debate se desmadrara por las acusaciones políticas, Crexell tuvo tiempo de hacer una breve introducción en la que habló del “enorme potencial” que tiene la relación bilateral con Canadá, que tiene más de 150 años, porque ahora se ve potenciada “a partir de industrias tan dinámicas como la minería y la energía”.
También destacó “la fuerte relación en materia de seguridad nuclear”, ya que la Argentina tiene reactores de tecnología canadiense, y recordó que ambos países “integran un grupo de trabajo en las Naciones Unidas para reformar el Consejo de Seguridad”.
Ascensos militares
Terminada la discusión por el pliego de Crexell, la Comisión de Acuerdos dictaminó, sin debate ni resistencias, un paquete de ascensos militares entre los que se destacan los jefes del Ejército y la Armada, y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Se trata de los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.
También obtuvieron dictamen favorable otros tres pliegos ómnibus con ascensos para 73 contraalmirantes de la Armada, 66 oficiales del Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles) y 38 efectivos de las Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).
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El Senado avanzó con el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá
Con acompañamiento de un sector del peronismo, la comisión de Acuerdos dejó listo para llevar al recinto de la Cámara alta el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. Se trata de la exsenadora que, en el marco de la Ley Bases, fue acusada por el kirchnerismo de haber canjeado su acompañamiento por la embajada ante la Unesco. “Me daría vergüenza asumir ese cargo”, dijeron desde el kirchnerismo. “He actuado conforme a mis principios y no he incurrido en ninguna actitud contraria a la honorabilidad”, retrucó la neuquina y fundamentó su acompañamiento a la iniciativa.
Poco se habló de política exterior y de idoneidad. El debate por el pliego de la exsenadora Lucila Crexell, que ingresó formalmente en la sesión de la semana pasada, quedó atravesado por su acompañamiento a la Ley Bases y la supuesta “devolución de favores” por parte de la Casa Rosada. La exsenadora había quedado en el ojo de la tormenta cuando trascendió un documento interno de la Cancillería dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta que solicitaba antecedentes jurídicos de Crexell como paso previo a su posible designación en UNESCO. Por el revuelo que despertó el asunto, aquel trámite fue desactivado.
“Lo que está sucediendo hoy es un escándalo”, dijo el senador de Popular, Carlos Linares. Y recordó que en el marco de la votación de la Ley Bases, se conoció su pliego para ser embajadora ante la Unesco, lo que consideró un “pago por un voto”. Dicho esto, el chubutense recordó que la votación quedó empatada, 36 a 36, por lo que su voto fue decisivo. “Tarda pero paga”, dijo Linares al referirse al Gobierno de Javier Milei.
En aquel momento, cuando se conoció la nominación por parte del Ejecutivo se generó tal revuelo (que incluso derivó en la justicia), la por entonces senadora optó por avanzar con el trámite. “Es un escándalo”, dijo Linares en varias oportunidades, y remató: “Me daría vergüenza asumir ese cargo”.
Crexell: “Para mí, es un tema cerrado”
Crexell recogió el guante e insistió con que “fue un acuerdo previo” el de su candidatura ante la Unesco. Un acuerdo en el que habría estado involucrado el gobernador de su provincia, Rolando Quiroga, con el Ejecutivo. Más adelante, Crexell le retrucó a Linares que las denuncias judiciales fueron “archivadas”. “Para mi, es un tema cerrado”, continuó la exsenadora.
Asimismo, Crexell defendió su acompañamiento a la Ley Bases. “Hoy mi provincia celebra la aprobación del RIGI”, agregó. “No voy a permitir que me agravie, y la mejor respuesta que le puedo dar es una sentencia del juzgado del doctor Rafecas”, remató.
“Pensé que nunca iba a llegar este momento”, dijo a su turno la La Rioja Florencia López, al aludir al tratamiento del pliego de Crexell. Dicho esto, la senadora de Popular la acusó de “confirmar que votó en contra de sus propios pensamientos”, al acompañar la Ley Bases al aludir que “había una negociación previa”.
“Usted misma reconoce en la Casa de las Provincias que hubo negociaciones oscuras para aprobar la Ley Bases”, dijo López, y la acusó de cometer el delito de cohecho. Lo cierto es que Crexell había recalcado que las negociaciones eran “previas” al debate de aquel proyecto de ley.
“Respecto de la Ley Bases, sí tuve diferencias con el primer proyecto, luego se modificó e incluso podemos hacer negociaciones”, dijo la exsenadora, al hablar sobre su postura en torno a aquella ley, y recordó que quien participó de aquellas negociaciones fue el gobernador de Neuquén. Dicho esto, Crexell insistió: “Los fueros no la avalan a decir lo que se le ocurra y quiero decirle que pagué un costo emocional y personal muy alto por una operación política”.
De paso, la neuquina le planteó a López que, más allá de sus cambios de postura por la ley bases, le recriminó al PJ que se muestran como “paladines de la moral”, cuando el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, condenado por corrupción, fue embajador en Israel del kirchnerismo.
“Yo estoy muy tranquila que he actuado conforme a mis principios y no he incurrido en ninguna actitud contraria a la honorabilidad”, remató.
Senado: peronismo dividido
Más adelante, fue el turno de Juliana Di Tullio, quien recordó el caso de Edgardo Kueider, quien fue encontrado con más de US$ 200.000 en Paraguay sin declarar, por lo que sigue detenido. La alusión fue para “explicar” los mecanismos que encontró La Libertad Avanza para sancionar leyes con apenas 7 senadores.
“No es cierto que haya sido absuelta, se archivó porque no se ha mandado el pliego”, continuó la bonaerense. Y agregó: “No es cierto que no hay conflicto con la ley”. Además, Di Tullio aseguró que todo lo que salga de la Comisión de Acuerdos es “nulo” porque el oficialismo no respeta los lugares que le corresponde a la oposición en las distintas comisiones. Desde hace semanas, el PJ reclama que el oficialismo les retacea lugares en esos cuerpos de trabajo, sin respetar la proporcionalidad.
“La oposición va a votar en contra porque está viciado porque sucedió algo gravísimo, porque canjeando un lugar, una cosita”, continuó Juliana Di Tullio. La bonaerense fue un paso más allá y le enrostró a la neuquina que el Presidente no la propuso como embajadora “por el currículum que tiene, sino por los favores y votos prestados”.
Gobernadores Moisés
“Te van a sobrar los votos porque tienen 47”, dijo casi hacia el final de su alocución. Es que, tal cual anticipó la senadora del peronismo, los tres senadores de Convicción Federal acompañarán el pliego de la neuquina.
Se trata del bloque que se desprendió de Popular, que conduce José Mayans, y que está integrado por senadores que responden a los gobernadores del PJ cercanos a la Casa Rosada: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). De esta manera, una vez más, el PJ se mostrará dividido al momento de la votación en el recinto.
“Estoy segura de que nos va a abrir las puertas a todas las provincias mineras”, destacó la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, al dejar entrever su acompañamiento al pliego. Y agregó que “ha sido desestimada la denuncia”. De paso, cuestionó la judicialización de la política. “Te merecés realmente tener esta designación”, dijo la jujeña al final de su exposición. Y remató, despegándose de las palabras de Di Tullio: “Vas a tener votos opositores, porque el peronismo es un partido opositor”.
Más allá de los cuestionamientos que recibió la postulación de Crexell, todas las bancadas, salvo Popular, acompañaron el pliego con su firma.
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Diputados conformó las presidencias de ocho comisiones y La Libertad Avanza se quedó con una clave
En una jornada marcada por la organización parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación conformó este jueves el reparto de las presidencias y principales cargos de sus comisiones operativas. Se designó a las nuevas autoridades y hubo definiciones sobre el rumbo temático en áreas como obras públicas, ciencia y tecnología, defensa y turismo.
La designación de las autoridades en la jornada de hoy mostró al bloque de La Libertad Avanza que, en un principio, decidió correrse de la disputa de las presidencias, entendiendo que son comisiones por las que no pasarán los proyectos claves.
Una de las apostillas que rompió la monotonía de la elección de las autoridades fue en la Comisión de Turismo. La presidencia quedó en cabeza del bloque de Unión por la Patria, que propuso a Gabriela Pedrali y a Jorge Mukdise como vicepresidente segundo. El legislador de Santiago del Estero señaló que “en los últimos años hemos perdido un millón y medio de turistas extranjeros y hemos sumado 4,5 millones de turistas argentinos en el extranjero: unos 6 millones de turistas menos para nuestro mercado”.
La otra comisión que se conformó hoy solía ser de importancia cuando se discutía el Presupuesto, pero que en los últimos años perdió peso. Poco después de las 9 de la mañana, la Comisión de Obras Públicas designó a Martín Aveiro, de Unión por la Patria, como presidente. Defendió la presencia estatal como condición imprescindible para el crecimiento sostenido y la transformación social. El legislador de UP pidió que el Ejecutivo retome las obras paralizadas, sosteniendo que “es mucho más barato que no hacerlo”.
La vicepresidencia primera fue para Fernando Monguillot, del bloque Elijo Catamarca, que a pesar de ser propuesto por el libertario Nicolás Mayoraz, tuvo un discurso en contra del accionar de LLA en el sector al señalar que “la obra pública no es un gasto”.
El diputado Martín Yeza, por el PRO y representando a Fuerzas del Cambio, fue elegido presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El ex intendente de Pinamar anunció la distribución temática de los proyectos legislativos bajo análisis, indicando que “están distribuidos en un 50 % sobre asuntos vinculados a ciencia, tecnología e innovación, y otro 50 % a la inteligencia artificial”.
Yeza sostuvo que el trabajo de la comisión se regirá por un semáforo de coincidencias que indica con color verde las temáticas que convocan proyectos de todos los bloques, como “tecnología para engañar, principios de inteligencia artificial, educación e inteligencia artificial”. El amarillo representa iniciativas relativas a la graduación del riesgo en inteligencia artificial, mientras el rojo señala cuestiones críticas, como financiamiento y modelos regulatorios.
La comisión también significó la vuelta a la exposición dentro de la Cámara Baja de la diputada libertaria Lorena Villaverde, luego de que fuese rechazado su diploma en el Senado. La legisladora rionegrina, envuelta en polémicas durante los últimos meses, asumirá la vicepresidencia de este cuerpo.
Una particularidad “histórica” es que se terminó dando en la conformación de la Comisión de Defensa que será presidida por el libertario Carlos Zapata.
Agustina Propato (Unión por la Patria), designada vicepresidenta primera a propuesta de Germán Martínez, resaltó la presencia de “tres exministros de Defensa: Luis Petri, Agustín Rossi y Jorge Taiana“, lo que augura debates especializados.
Pasado el mediodía, siguió la conformación de las comisiones. La primera fue la Comisión de Asuntos Municipales, donde se designó a Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, como presidenta, quien anticipó una agenda orientada a la promoción del federalismo y la apertura institucional al interior del país.
Donde La Libertad Avanza sí fue por la presidencia, fue en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Este cuerpo es de vital importancia por el rol de puertos y porque también se tratará la licitación de la Hidrovía que el Gobierno impulsó este año.
En este aspecto, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, propuso una coordinación con la Comisión de Transporte —presidida por Jorge Rizzotti— para desarrollar una reunión informativa con los funcionarios encargados de la licitación de la vía navegable troncal Hidrovía. La presidencia en este caso quedó para el diputado chubutense de LLA, César Treffinger.
Las últimas dos comisiones que se conformaron hoy fueron la de Deporte y la de Finanzas.
En el caso de la primera, fue electo como presidente el sanjuanino Jorge Chica en nombre de Unión por la Patria. Para la segunda, otra vez el oficialismo decidió quedarse con la presidencia y, con el apoyo de los socios, impuso al diputado libertario Santiago Pauli.
