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La Legislatura porteña convocó a las 11 a una sesión con un temario que incluye proyectos de fuerte impacto para la vida cotidiana de los vecinos, tanto en el ámbito social como en lo económico.

El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, envió dos proyectos concretos: el financiamiento de la Línea F de subterráneos y la Ley Antitrapitos.

La primera iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo porteño y contó con la articulación de consensos entre los bloques del secretario administrativo de la Legislatura, Christian Gribaudo. La norma aprueba la realización de operaciones de crédito público para financiar la construcción total de la Línea F de Subterráneos, la primera obra que se buscará realizar en la red subterránea en 25 años.

El proyecto contempla la posibilidad de acceder hasta 1.350 millones de dólares mediante financiamiento de organismos multilaterales, entidades financieras y la emisión de títulos de deuda. El objetivo es avanzar con una de las obras de infraestructura más relevantes para la Ciudad de Buenos Aires, orientada a mejorar la conectividad del sistema de transporte, facilitar la movilidad urbana y ampliar la red de subterráneos. La futura línea tendrá como objetivo unir los barrios de Palermo con el de Barracas, para permitir que haya una conexión con el sur de la ciudad más allá de Constitución.

La línea F se extenderá a lo largo de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones:

• Brandsen
• Constitución
• Cochabamba
• Chile
• Congreso
• Corrientes
• Santa Fe/Pizzurno
• Recoleta
• Pueyrredón/Hospital Rivadavia
• Parque Las Heras/Coronel Díaz
• Plaza Italia/Ecoparque
• Pacífico

Además, permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes —A, B, C, D, E y H—, así como con los ferrocarriles Roca (en Plaza Constitución) y San Martín (en Palermo).

Otro proyecto del oficialismo -y que cuenta con la unificación de un proyecto similar presentado por parte de La Libertad Avanza– es la Ley Antitrapitos, que plantea aumentar las sanciones para quienes realicen en el espacio público actividades no autorizadas de estacionamiento, cuidado de vehículos o limpieza de vidrios, prácticas conocidas como “trapitos” o “cuidacoches”.

Propuesto por el radicalismo y a través de la legisladora Manuela Thourte, en el temario también surge la iniciativa para la regulación del uso de vapeadores. En específico, la norma busca regular el uso, la venta y la promoción de vapeadores y productos emergentes de tabaco y nicotina, con el objetivo de limitar su acceso a menores de 18 años.

“Esto es de amplio consumo en menores, y por ahí se desconocen todas las consecuencias. Hoy se compran en cualquier comercio, incluso los descartables, con una publicidad muy accesible para ellos y que se vendan en cualquier lado”, apuntó ayer la legisladora Claudia Negri (Fuerza por Buenos Aires) desde Infobae a la Tarde.

La agenda de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza también incluyó dos proyectos en el temario de la jornada, ambos con autoría de María del Pilar Ramírez. El primero refiere a una reforma profunda a la Ley Nº 2.265 sobre la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTO). El proyecto propone desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia y ajustar los requisitos técnicos de acuerdo con los avances tecnológicos y la normativa nacional.

Entre los principales cambios, la iniciativa establece que los vehículos particulares 0 kilómetro realizarán la primera VTO a los cinco años del patentamiento, mientras que la frecuencia de las revisiones será cada dos años para unidades de hasta diez años de antigüedad y anual para las más antiguas. El control se organizará mensualmente según el último número de la patente para evitar congestiones. Además, se elimina el cupo de plantas verificadoras y cualquier taller, concesionario o importador que cumpla con los requisitos podrá ofrecer el servicio, sin tarifas máximas ni mínimas fijadas por el Estado.

El proyecto también modifica el régimen de grabado de autopartes, haciéndolo obligatorio en seis partes de la carrocería, con la posibilidad de que el propio titular lo realice bajo normas técnicas. El precio del grabado deja de estar regulado y los talleres habilitados deben constatar su cumplimiento antes de aprobar la VTO.

La reforma argumenta que un sistema cerrado y regulado eleva los costos sin garantizar mayor seguridad, por lo que el Estado mantendrá funciones de auditoría y sanción, pero sin intervenir en la operatoria comercial.

El otro proyecto del partido violeta es la denominada Ley Hojarasca, que contempla la derogación de más de 20 normas que quedaron desactualizadas, sin aplicación efectiva o resultan redundantes en la gestión administrativa. Además, dispone que las partidas presupuestarias asociadas a estas regulaciones pasen al Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el fin de centralizar los recursos y promover una mayor eficiencia en su utilización.

La propuesta también instruye al Poder Ejecutivo a adecuar y armonizar toda la normativa reglamentaria y administrativa que se vea afectada por las derogaciones.

La propuesta del peronismo

Por último, Fuerza por Buenos Aires propone la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad de Buenos Aires, orientado a enfrentar el problema del sobreendeudamiento en sectores vulnerables. Con autoría del diputado porteño Leandro Santoro, el plan busca restablecer la capacidad de pago de los hogares mediante líneas de crédito especiales con condiciones accesibles. Y que prioriza a quienes presentan mayor vulnerabilidad social, sin comprometer la sostenibilidad financiera del banco ni del presupuesto local.

La medida central es la implementación de una línea de crédito especial exenta de impuestos, destinada exclusivamente a cancelar deudas personales previas, con una tasa máxima del 40% nominal anual y plazos de hasta 36 meses. Podrán acceder quienes tengan deudas mensuales superiores al 40% de sus ingresos y menores a diez salarios mínimos, con al menos dos años de residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa incluye a empleados, monotributistas hasta categoría G y jubilados, excluyendo a quienes posean inmuebles adicionales, activos financieros superiores a la deuda u operaciones recientes de compra de divisas.

A su vez, el proyecto excluye deudas alimentarias, sanciones personales, obligaciones tributarias, hipotecarias y prendarias, así como las contraídas para la adquisición de vehículos o bienes registrados y aquellas posteriores a la entrada en vigencia de la ley. El proceso establece la transferencia directa de fondos a los acreedores, la apertura de una ventanilla única física y digital, y una campaña de difusión para facilitar el acceso a la herramienta.

Por último, se prevé un sistema de cupos y prioridad para hogares con menores, adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes de educación pública, inquilinos y trabajadores de bajos ingresos. Además, se contempla la eventual participación de otras entidades financieras públicas o privadas bajo los mismos estándares del programa.

La Unión Europea y Reino Unido firmarán el próximo 13 de julio en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que busca normalizar las relaciones de la colonia con el bloque comunitario tras la ruptura del Brexit, lo que habilitará su entrada en vigor provisional y el esperado derribo de la Verja, el paso fronterizo terrestre entre España y el Peñón. Sin embargo, la ratificación del tratado y su aplicación definitiva tomará más tiempo.

Con esta firma se sella el acuerdo político anunciado por Bruselas y Londres hace un año, en junio del año pasado, aunque el texto legal recién se cerró el 17 de diciembre y no se hizo público hasta el 26 de febrero, cuando se conocieron las más de 1.000 páginas que lo componen, incluidos los anexos.

El negociador europeo con Reino Unido y comisario de Comercio, Maros Sefcovic, será el encargado de firmar el acuerdo en representación del bloque, mientras que por el lado británico se espera la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores español confirmaron además la presencia del canciller español, José Manuel Albares, quien ha participado en las rondas políticas de negociación junto a la delegación europea, así como lo ha hecho el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, con la delegación británica.

La firma se realizará una semana antes de que la UE y Reino Unido celebren su segunda cumbre bilateral desde la salida británica del bloque, prevista para el 22 de julio, también en Bruselas, en el marco de la normalización de vínculos tras la salida del Reino Unido del bloque.

Los preparativos en marcha

Aunque inicialmente se buscaba que el tratado entrara en vigor de manera provisional el 10 de abril, coincidiendo con el inicio de aplicación del nuevo Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) en las fronteras, ese plazo no se cumplió y se fijó como fecha estimada para la firma el 15 de julio como límite.

Mientras se concreta la firma, tanto el gobierno español como el gibraltareño han avanzado en los preparativos para que los controles que hasta ahora se realizaban en la Verja pasen a efectuarse en el aeropuerto de Gibraltar, donde deberá desplegarse la Policía Nacional española para realizar el control Schengen a quienes lleguen al Peñón.

En cuanto a la eliminación física de la Verja, también se trabaja en ese sentido, aunque solo podrá concretarse plenamente una vez que entre en vigor de manera provisional el acuerdo y comiencen los controles de pasaporte en el aeropuerto. Para coordinar estos esfuerzos se realizó el pasado 22 de abril un encuentro histórico en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Madrid entre Albares y Picardo.

Tanto el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como Albares manifestaron la intención de viajar a la zona para conmemorar este hito, aunque todavía no se definió la fecha ni el formato del evento, ni si habrá representación gibraltareña o británica.

Proceso de ratificación

En cuanto a la ratificación del texto, el proceso europeo prevé un doble respaldo: el del Consejo —que reúne a los 27 países miembro— y el del pleno del Parlamento Europeo, donde no se esperan obstáculos para su aprobación. En este caso no fue necesario el aval de los 27 parlamentos nacionales, lo que habría retrasado aún más la entrada en vigor definitiva.

Por el lado británico, debe ser el Parlamento el que dé la aprobación final, una vez que sea activado el proceso tras su visto bueno por parte del Parlamento gibraltareño. El gobierno británico todavía no presentó el acuerdo ante la Cámara de los Comunes, a la espera de que se concrete la firma, y se prevé que supere este trámite sin inconvenientes, dado que los laboristas cuentan con una amplia mayoría.

De acuerdo con la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010, una vez que el tratado se presenta ante las cámaras, comienza un período de 21 días de sesión parlamentaria —no días corridos— tras el cual, de no producirse un rechazo expreso, el texto queda ratificado.

En caso de que la Cámara de los Comunes apruebe una resolución en contra de la ratificación, el gobierno británico deberá presentar una declaración que explique la importancia de ratificar el texto, lo que abriría un nuevo período de 21 días.

Pese a que los conservadores (tories) habían señalado que revisarían el tratado artículo por artículo, no hay indicios de que vayan a rechazarlo, considerando que buena parte de la negociación —iniciada en el otoño de 2021— se desarrolló cuando los conservadores aún estaban en el poder, antes de que los laboristas asumieran el gobierno tras las elecciones de julio de 2024.

En cuanto a la Cámara de los Lores, su opinión no es vinculante, lo que permite al gobierno avanzar con la ratificación sin necesidad de su aval, siempre que justifique la importancia de hacerlo.

(Con información de Europa Press)

La Asignación Universal por Hijo (AUH), iniciativa gestionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incorpora en julio un incremento del 2,15%. El ajuste, que responde a la inflación registrada en mayo, impacta de forma directa en los montos que perciben millones de familias argentinas. El organismo aplica este aumento a la AUH y otras prestaciones sociales, actualizando los valores de referencia para el séptimo mes del año.

Según los datos oficiales, los titulares de la AUH reciben en julio 118.436,84 pesos por cada hijo. En el caso de quienes presentan hijos con discapacidad, el monto correspondiente asciende a 385.646,95 pesos. Además, la Asignación por Embarazo iguala el valor general de la AUH, situándose también en 118.436,84 pesos. Estas cifras reflejan el ajuste dispuesto por la Anses, que vincula los incrementos al índice de inflación de los meses previos.

El 2,15% de aumento aplicado este mes responde a la variación de precios registrada en mayo, que fue del 2,1%. De este modo, la actualización busca mantener el poder adquisitivo de quienes integran los sectores más afectados por la situación económica. La medida se extiende a otras prestaciones sociales que dependen del mismo organismo previsional.

La AUH, destinada a madres, padres o tutores que conviven con menores de 18 años y cumplen ciertos requisitos, alcanza actualmente a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores. Este universo incluye a desocupados, trabajadores no registrados o sin aportes, empleados de casas particulares y monotributistas sociales. La medida tiene como objetivo principal garantizar un ingreso mensual para sectores vulnerables, en un contexto de variabilidad inflacionaria.

El esquema de la AUH establece que el 20% del monto mensual queda retenido hasta que los titulares presenten la Libreta AUH. Este requisito busca acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores beneficiarios. El cumplimiento de esta obligación permite el acceso al monto total asignado por el Estado.

El proceso para presentar la Libreta AUH, indispensable para percibir el acumulado retenido, comienza con el ingreso al portal Mi Anses. Los titulares deben acceder con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, la sección “Hijos” ofrece la opción “Libreta AUH”, donde se consulta la información correspondiente a los menores a cargo. Si alguna sección figura incompleta —educación, salud o vacunación—, el sistema permite generar la Libreta, descargarla o enviarla por correo electrónico.

El formulario descargado debe imprimirse en una sola hoja y con buena calidad. Posteriormente, se lo debe presentar en el centro de salud o la escuela, según corresponda, para su debida certificación. El documento debe completarse con letra clara, sin enmiendas, y contener las firmas y sellos requeridos. Una vez completado, es fundamental tomar una fotografía del formulario, asegurando que la imagen sea nítida, con las cuatro esquinas marcadas en negro, y que el archivo pese menos de 3 MB en formato JPG.

Después de capturar la imagen, el siguiente paso consiste en volver a ingresar a Mi Anses y seleccionar nuevamente la sección “Hijos”. Allí, la opción “Subir Libreta AUH” permite cargar el archivo siguiendo las instrucciones del sistema. El trámite se considera finalizado una vez que el titular recibe un correo electrónico confirmando la correcta presentación de la Libreta.

La importancia de cumplir con la presentación de la Libreta AUH radica en que el Estado utiliza esta herramienta para verificar la asistencia escolar y los controles sanitarios de los menores beneficiarios. El requisito busca fomentar la escolarización y los chequeos médicos, condiciones centrales para el acceso pleno al beneficio.

La Anses distribuye la AUH y otras prestaciones sociales con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables frente a los efectos de la inflación y la inestabilidad económica. El ajuste anunciado para julio se suma a los mecanismos de actualización periódica que el organismo viene implementando, en línea con las variaciones del índice de precios.

La AUH mantiene su carácter de prestación no contributiva, destinada a quienes no poseen empleo formal o registran ingresos por debajo de los parámetros establecidos. El acceso al beneficio requiere la convivencia del titular con menores de 18 años y la acreditación de escolaridad y controles sanitarios mediante la Libreta AUH.

El proceso administrativo para subir la Libreta AUH exige seguir pasos específicos y cumplir los requisitos técnicos solicitados por el sistema. El formulario debe presentarse completo, firmado y sellado, y la imagen cargada debe respetar las condiciones de formato y peso establecidas.

La actualización de los montos mensuales y el procedimiento de control mediante la Libreta AUH constituyen mecanismos centrales en la política social implementada por la Anses. El organismo ajusta periódicamente los valores para mantener el alcance y la eficacia del programa, en un contexto marcado por la inflación y la necesidad de garantizar el acceso a derechos básicos para la niñez y la adolescencia.

En una entrevista con Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado, la legisladora jujeña explicó en Infobae a las Nueve que la oposición impulsará la interpelación de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito, tras semanas de negociaciones y postergaciones

Durante la charla con el equipo integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la senadora nacional por Jujuy describió el clima parlamentario que atraviesa el Congreso frente a la crisis del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Intenso”, resumió Moisés la dinámica de las últimas jornadas, y dejó claro que “esto ha rebotado en el Senado en estos últimos días y nos ha modificado la agenda”.

El Senado prepara la interpelación a Adorni tras el pedido opositor

Moisés detalló que el escándalo en torno a Manuel Adorni lleva más de cien días y que, aunque al principio muchos legisladores optaron por la prudencia, la situación escaló hasta volverse ineludible: “Era un problema del gobierno que tenía que resolver el gobierno, pero terminó estallando en el Senado con los pedidos de interpelación de varios bloques”.

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito. La semana pasada presentó su declaración jurada y aseguró que su incremento patrimonial fue costeado con ganancias que obtuvo en el mercado de criptomonedas y no había informado previamente a las autoridades administrativas.

La vicepresidenta de la Cámara alta remarcó: “Esto nos cambió la agenda totalmente. Tuvimos que poner foco en esta situación”. Según relató, la sesión que se preveía que se iba a realizar este jueves se suspendió tras más de tres horas de discusión en labor parlamentaria y se convocó a una nueva para la semana siguiente, donde finalmente se podría votar la interpelación.

“No hay antecedentes de un proceso de interpelación a un jefe de Gabinete. Estamos siendo iniciáticos en esto”, subrayó la legisladora. Explicó que el único marco normativo claro es el artículo 101 de la Constitución, que establece la obligación del funcionario de informar y prevé la posibilidad de moción de censura. “Queremos que el proceso se realice cumpliendo con todos los pasos que corresponden, porque nunca se hizo, no está reglamentado”, aseguró.

La oposición acordó que Adorni no debe concurrir al Senado a dar un informe de gestión, sino a ser interpelado por las acusaciones. Para Moisés, “es una burla que el día antes nos tire la notificación de que va a venir a hablar del estado de la Nación. Si no podés hablar del estado de tu declaración jurada, menos del país”.

El oficialismo, sin argumentos para sostener a Adorni

Consultada sobre por qué se dio una semana más al oficialismo antes de votar la interpelación, Moisés lo atribuyó a la dinámica interna del Congreso y no a un gesto de concesión. “El gobierno lleva cien días dilatando esta decisión, con lo cual una semana más o menos no nos afecta. No es responsabilidad nuestra cuánto daño más le pueden hacer a su propio gobierno”, indicó.

Relató que el temario original de la sesión de hoy incluía el proyecto de propiedad privada, designaciones judiciales y acuerdos internacionales, pero la crisis de Adorni desplazó todo: “El tema más importante va a ser Adorni. Dijimos: es el tema de agenda, lo ponemos en el primer punto, se vota la interpelación y seguimos con los otros temas”.

Sobre la posibilidad de una moción de censura, Moisés fue cauta: “No quiero adelantar la decisión sobre la moción de censura, respetemos el proceso. En lo personal, creo que no va a ser suficiente su explicación”.

La senadora describió la soledad política del jefe de Gabinete: “Hoy no puede darles instrucciones ni a su secretaria más que para mandarla a comprar sábanas”. Y agregó: “Miente en el Congreso, miente adelante de todo el gabinete. Ya debería haber renunciado”.

El impacto institucional y el debate por la agenda parlamentaria

Durante el programa, Moisés también advirtió sobre el daño que la crisis genera en la institucionalidad y la imagen internacional: “Cualquier país del mundo, vos decís jefe de Gabinete y ocupa como que en el imaginario el rol del primer ministro. La construcción de confianza en Argentina está dañada”.

La legisladora criticó la reacción del oficialismo ante la interpelación: “En general hay una desazón en el ámbito libertario, porque claramente no pueden decir lo que piensan en términos de ‘este muchacho tendría que irse’. Tampoco tienen herramientas para defenderlo. Aunque quisieran, no pueden”.

A pesar del clima de crisis, Moisés subrayó que el trabajo legislativo no se detiene: “Ayer tuvimos casi cuatro horas de un plenario de la Comisión de Minería recibiendo invitados por la ley de biocombustibles. Es una enorme oportunidad de crecimiento que está en stand by como toda la Argentina, con falta de planificación”.

Respecto al futuro del peronismo, la senadora fue contundente: “El peronismo tiene que darse la oportunidad de reconstruir su vínculo con la sociedad y no lo va a hacer en la medida que siga pensando en Cristina. La realidad es que está presa y nadie va a sacarla de ahí. O superamos este trauma o el problema somos todos los demás”.

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“Destacamos la importancia de un Indo-Pacífico libre y abierto basado en el Estado de derecho. Reafirmamos nuestra oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo, en particular mediante la fuerza o la coerción, en los mares de China Oriental y Meridional y a través del Estrecho de Taiwán, cuestiones que solo deben resolverse pacíficamente mediante el diálogo”.

El mensaje formó parte de la declaración final del Grupo de los 7 (G7) que se celebró estos días en Evian, Francia. Fue clave y un logro de Sanae Takaichi, la primera ministro de Japón que fue diplomáticamente contundente para introducir el tema en la agenda global, en momentos que el mundo parece distraído con Medio Oriente.

Takaichi, la “Dama de Hierro japonesa”, enfrenta al régimen de Xi Jinping con decisión y firmeza. Soporta las presiones y coacciones de Beijing quien pretende marcar la agenda política de la líder japonesa. Sobre todo luego de que la mujer advirtiera que su país debería entrar en alarma si China decidiera invadir Taiwán, algo que provocaría su inmediato refuerzo militar.

Xi ordenó una brutal represalia contra esas palabras, que la primera ministro reiteró con resolución una y otra vez, convencida de que sus argumentos representaban los intereses de su nación. Una invasión o intento de desembarco en la isla vecina representaría una amenaza a la seguridad de Japón. Tan simple como eso, teniendo en cuenta las pretensiones imperialistas del régimen comunista en los mares que lo rodean.

“Una toma de Taiwán por parte de China sería la puerta de entrada de Beijing al Pacífico y su posterior control”, dice a Infobae una fuente militar europea.

Es por eso que el mensaje del G7 fue leído con atención en Beijing. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón -quien más sufre los acosos de la autocracia- estuvieron de acuerdo en que cualquier disrupción en aquel estrecho de 130 kilómetros representaría una amenaza para el sistema global. “Reafirmamos nuestra oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo, en particular mediante la fuerza o la coerción, en los mares de China Oriental y Meridional y a través del Estrecho de Taiwán”. Clarísimo.

No sólo le están advirtiendo a China que esas potencias están atentas a lo que ocurre con Taiwán, sino también con el resto de las rutas marítimas y las islas -artificiales o no- en aquella zona sensible y que Beijing cree propias. La noticia de la inclusión de este tema no sólo llevó alivio a Taipei, sino también a Filipinas, Vietnam, Indonesia y hasta Australia.

También Japón consiguió poner sobre la mesa la amenaza de Corea del Norte y sus ambiciones nucleares. ¿No debería también preocupar a China? Kim Jong-un mantiene una gran relación con Vladimir Putin a partir de la asistencia -a cambio de miles de millones de dólares y de capacitación misilística- que le brinda en su sangrienta invasión a Ucrania.

Xi Jinping sabe que podría estar perdiendo el pulso sobre el dictador norcoreano a manos de su “socio estratégico sin límites” Putin. Eso explica su inusual visita de las últimas semanas para cortejar al díscolo heredero del poder norcoreano.

El G7 fue sutil, aunque claro. En el último párrafo de la cuestión asiática se refirió explícitamente a China. “Acogemos con satisfacción la Cumbre de Convergencia Global para el Crecimiento convocada por el presidente (Emmanuel) Macron el 11 de junio de 2026, con la participación de China. Reafirmamos nuestro interés común en converger con otras grandes economías sobre las causas de los desequilibrios globales grandes y persistentes, y sobre la necesidad de abordarlos”.

La extorsión del régimen chino sobre la economía global por el dominio de las tierras raras no puede repetirse. Eso también lo enseñó Takaichi. “El G7 expresó una preocupación unida y seria sobre los controles a la exportación de minerales críticos y la coerción económica”, dijo en una conferencia de prensa posterior a la cumbre. También invitó a los demás miembros a seguir la experiencia de Japón que en los últimos 15 años redujo la dependencia sobre el régimen para la compra de estos minerales.

Las cartas quedaron sobre la mesa, a la vista de todos. Ahora resta que las potencias tomen las medidas necesarias para evitar un choque en el estrecho de Taiwán, una nueva extorsión en la cadena de suministros y una expansión agresiva de China en su zona de influencia. “Las consecuencias económicas para el mundo en una guerra allí sería incomparable con lo que vimos en Ucrania o en Irán. Inimaginable”, dice la misma fuente europea.

X: @TotiPI

“El sueño no está perdido”. El ambicioso plan que busca repoblar la inmensidad de la Patagonia

En el marco de una investigación encabezada por la Dirección General de Aduanas, autoridades lograron desarticular una maniobra de contrabando de vehículos de alta gama valuados en más de 4 millones de dólares. Los procedimientos, ordenados por la Justicia y ejecutados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyeron 22 allanamientos simultáneos y permitieron el secuestro de cuatro automóviles exclusivos.

El caso comenzó a partir de tareas de fiscalización de agentes especializados de la Aduana. Durante esas inspecciones, los funcionarios detectaron irregularidades en la documentación de varios vehículos. Los autos, de reciente fabricación y alto valor comercial, circulaban con chapas patente correspondientes a unidades con más de seis décadas de antigüedad. Esta anomalía resultó llamativa y motivó el inicio de una investigación formal.

Los investigadores reconstruyeron una maniobra destinada a eludir la prohibición de nacionalizar automóviles usados, establecida por el Decreto 11/99. Según las actuaciones judiciales, los vehículos de alta gama ingresaron en el país de modo irregular. Una vez en territorio argentino, circularon empleando dominios pertenecientes a autos importados bajo el Régimen de Vehículos Clásicos, una normativa que permite el ingreso de modelos con al menos 30 años de fabricación.

El relevamiento realizado por la Aduana determinó que un mismo titular inscribió los dominios, lo que permitió utilizar esas patentes como pantalla para vehículos no registrados. De este modo, los automóviles eludieron los controles y regulaciones que impiden la nacionalización de rodados usados, además de evadir el pago de aranceles aduaneros y otros impuestos.

La denuncia presentada por la Dirección General de Aduanas recayó en la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8, con intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3. La Justicia autorizó la realización de 22 allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA. El operativo estuvo a cargo de personal aduanero, que contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron cuatro vehículos de lujo: un Porsche Carrera RS 2.7 del año 1973, valuado en 1,4 millones de dólares; un Aston Martin DB6 Vantage Superleggera de 1966/67, con un valor estimado de 1,1 millones de dólares; un Porsche 911 Turbo modelo 2025, valuado en 850 mil dólares; y un Aston Martin DB6 Mk I de 1966/67, con una cotización de 750 mil dólares. El valor total de los autos secuestrados asciende a 4,1 millones de dólares.

La maniobra investigada consistió en aprovechar el régimen de importación de vehículos clásicos para insertar en el país automóviles de alta gama mucho más recientes o de considerable valor comercial, lo que se reflejó en la utilización de patentes de autos antiguos para regularizar su circulación. Los funcionarios aduaneros detallaron que los autos circulaban con documentación adulterada o incompleta, lo que permitió su uso sin el debido registro ante las autoridades competentes.

Las actuaciones judiciales determinaron que los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 8 años de prisión, conforme a los artículos 863 y 864 del Código Aduanero. Las sanciones corresponden a la figura de contrabando agravado, que contempla penas más severas en casos de maniobras organizadas o con la intervención de varias personas.

El operativo, que incluyó la participación coordinada de la Aduana y la Policía Federal, permitió secuestrar vehículos cuya procedencia no estaba debidamente respaldada por la documentación exigida por la normativa nacional. El uso de patentes de autos clásicos para encubrir la verdadera naturaleza de los vehículos representa una violación a los controles dispuestos por las autoridades aduaneras.

El hallazgo de un mismo titular para los dominios utilizados en la maniobra contribuyó a consolidar la hipótesis de una operación organizada, orientada a eludir la prohibición de nacionalización de automotores usados. La investigación judicial continúa bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 8 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3, que disponen de los elementos reunidos en los 22 allanamientos realizados en el AMBA.

El secuestro de los vehículos de lujo puso en evidencia la existencia de circuitos irregulares para el ingreso y la circulación de autos de alta gama, aprovechando fisuras en los regímenes de importación vigentes. Las autoridades aduaneras señalaron que el uso de patentes de autos antiguos constituye un mecanismo recurrente para sortear la prohibición de ingreso de rodados usados.

El valor de los autos secuestrados, que supera los 4 millones de dólares, refleja el impacto económico de la maniobra detectada. El Porsche Carrera RS 2.7, uno de los modelos más codiciados entre los coleccionistas, encabeza la lista de los vehículos incautados, mientras que el Aston Martin DB6 Vantage Superleggera y el Aston Martin DB6 Mk I destacan por su rareza y valor en el mercado internacional. El Porsche 911 Turbo modelo 2025 representa un ejemplo de la inserción de modelos contemporáneos bajo la apariencia de autos clásicos.

La causa judicial reúne elementos que podrían derivar en nuevas actuaciones, a medida que avance la investigación sobre el origen y la ruta de los vehículos incautados. La Justicia mantiene bajo análisis la documentación secuestrada y las declaraciones de los involucrados, a fin de esclarecer el alcance de la maniobra y determinar las eventuales responsabilidades penales.

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó este jueves que el papa León XIV visitará el país durante la primera quincena de noviembre de 2026, tras sostener una audiencia privada de aproximadamente dos horas con el sumo pontífice en la Ciudad del Vaticano. Esta oficialización hace que crezca la expectativa de una gira que podría incluir a la Argentina y Uruguay.

Según el mandatario peruano, la visita a su país podría extenderse entre ocho y diez días, y contempla un recorrido por cinco ciudades: Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con la posibilidad de sumar Puno e Iquitos al itinerario final. Balcázar relató el encuentro con el pontífice en declaraciones a RPP.

En Argentina, las señales diplomáticas sobre una visita de León XIV se acumulan desde hace meses. A mediados de mayo, el canciller Pablo Quirno escribió en sus redes que fue a reunirse con el presidente Javier Milei para darle “la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino” y agregó que “solo resta definir la fecha”. En aquel momento se especuló que la noticia era, efectivamente, la presencia del sumo pontífice en el país.

Las gestiones del Gobierno argentino para concretar el viaje se remontan a febrero de este año, cuando el canciller viajó a Roma y entregó en mano al pontífice una carta firmada por Milei. “Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz”, escribió Quirno tras ese encuentro. Fuentes del Ejecutivo estimaron entonces en “un 70% o más” las probabilidades de una visita antes de fin de año.

El cronograma también apunta a Uruguay. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, fuentes indicaron a Infobae en su momento que se estaba “trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre”.

Según supo este medio, del Episcopado se comunicaron con las autoridades del club River Plate para evaluar la posibilidad de realizar un evento en el Estadio Monumental. De concretarse, la visita de León XIV a Argentina sería la primera de un pontífice en casi cuatro décadas y marcaría un contraste con su predecesor, el argentino Francisco, quien nunca regresó a su país natal durante sus doce años de pontificado. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ya había mencionado en abril la eventual llegada del papa.

El protocolo vaticano establece que la Santa Sede notifique a la Conferencia Episcopal del país anfitrión cuando el papa decide realizar una visita oficial; hasta el momento, no hubo confirmación oficial de la iglesia argentina.

En cuanto a Perú, Balcázar confirmó que León XIV llegará a Lima en la primera quincena de noviembre, en un recorrido que podría extenderse entre ocho y diez días. El itinerario previsto incluye Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con Puno e Iquitos como destinos posibles sujetos a evaluación logística.

El vínculo de León XIV con Chiclayo es de larga data: ejerció como obispo de esa diócesis antes de ser elegido pontífice. El Ejecutivo peruano planteó un traslado en helicóptero desde el aeropuerto de esa ciudad hacia las localidades altoandinas de Incahuasi y Cañaris, en la región de Lambayeque, donde residen comunidades quechuahablantes. “Son veinte minutos”, precisó Balcázar a RPP. Para la misa multitudinaria en esa región, ya se seleccionó un terreno de 3.000 hectáreas en las pampas de Reque.

El propio León XIV había anticipado su deseo de visitar la región en noviembre de 2025, cuando respondió a periodistas a su salida de Castel Gandolfo: “Me encantaría viajar. A Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina también pendiente, ir a Perú, por supuesto.”

Milei ya se había reunido con el pontífice en el Vaticano en junio de 2025, en una audiencia donde se destacó la “excelente relación bilateral” entre Argentina y la Santa Sede. El anuncio oficial de la Santa Sede sobre la gira se aguardaba para mediados de junio.