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Fundición San Cayetano entró en concurso preventivo por una resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del juez Nicolás Raggio. La empresa tiene una planta de 45.000 metros cuadrados en Burzaco y fuentes del sector estimaron que cuenta con 260 empleados.

La medida abrió un proceso judicial para que la histórica metalúrgica, dedicada a la producción de piezas para la siderurgia, la minería, el petróleo, la energía eólica y la industria automotriz matricera, ordene sus pasivos y presente su situación patrimonial ante los acreedores. En un comunicado, la empresa señaló que el concurso respondió a una decisión de reordenamiento de su pasivo financiero.

La empresa aseguró que mantiene sus operaciones y que no prevé despidos

En el comunicado, Fundición San Cayetano afirmó que opera “con absoluta normalidad y sin alteraciones en su actividad productiva y comercial”. También indicó que informó sobre la presentación judicial a su personal, a la representación gremial, a los clientes y a los proveedores.

La compañía sostuvo que la planta conserva una carga de trabajo y un volumen de producción suficientes para afrontar sus gastos operativos. Además, aseguró que no se produjeron ni se producirán despidos por esta situación.

La dotación de la empresa se ubicó entre 260, según información de contexto relevada dentro de la firma y fuentes del sector. En años previos, la planta llegó a contar con 600 empleados, antes de una reducción posterior a la crisis financiera internacional de 2008.

La empresa destina 80% su producción a mercados externos, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile y países de Europa. Su actividad exportadora enfrenta márgenes acotados y los efectos del nivel del tipo de cambio y las tasas de interés, en un proceso productivo de plazos extensos y con una estructura financiera apalancada. La situación difiere de la de las fundiciones concentradas en el mercado interno.

Directivos de la empresa explicaron a Infobae que no sufren un problema de actividad, gracias al hecho de que venden en el mercado externo, pero sí una situación financiera equiparable a la que empujó a la mora a casi 6 millones de personas físicas y miles de empresas. El financiamiento se encareció por la fuerte suba de tasas de fines del año pasado, con costos crediticios que más que duplican el margen de rentabilidad, y eso hace que haya que administrar pasivos. Pero aclararon que no hay riesgo alguno de cierre o quiebra.

“Tenemos apoyo de los proveedores, apoyo de nuestros clientes y hasta de nuestro personal. Confiamos en que esta es la herramienta para sanear la situación y continuar trabajando como en los últimos 70 años”, dijeron.

El expediente fijó octubre como fecha límite para los acreedores

El tribunal estableció el 15 de octubre como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. El cronograma judicial también fijó el 15 de febrero de 2027 para la entrega del informe individual y el 15 de marzo de 2027 para el informe general sobre el patrimonio de la concursada.

La decisión judicial llegó en un contexto de compromisos financieros y cheques rechazados. Los últimos registros del Banco Central (BCRA) consignaron 198 cheques rechazados por un monto superior a $1.129 millones. De ese total, la empresa abonó el 6,26%.

Además, los datos del BCRA indicaron deudas con entidades financieras por $22.355 millones.

En abril de ese año, la deuda financiera rondó los $2.265 millones. Para diciembre, ascendió a cerca de $4.356 millones, con el 73,1% del total concentrado en prefinanciaciones. Esos antecedentes financieros formaron parte del escenario previo a la apertura del concurso.

La planta de Burzaco reúne una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales

Fundición San Cayetano nació en 1956 en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Su fundador, el inmigrante italiano Nazareno Sforzini, inició la actividad de la compañía, que en 1979 trasladó su planta al Parque Industrial de Almirante Brown, en Burzaco.

La operación en esa ubicación comenzó con 10 operarios dedicados a la fabricación de piezas para máquinas herramientas. Durante la década de 1980, la firma amplió su producción e incorporó piezas para la industria petrolera y cilindros de laminación para el sector siderúrgico.

En 1984, la dotación superó los 120 operarios y el volumen de producción mensual llegó a 600 toneladas. Entre sus clientes para la actividad petrolera figuraron Hughes Tool y Lufkin, mientras que los cilindros de laminación consolidaron su presencia en la cadena siderúrgica.

La planta ocupa un predio de 45.000 metros cuadrados y cuenta con 10 hornos de inducción. Esa infraestructura le otorga una capacidad de fusión de 30.000 toneladas anuales. El Ministerio de Producción bonaerense la consideró la fundición de mayor tamaño de la Argentina.

Las exportaciones comenzaron en 1990 y llegaron al mercado estadounidense en 1995

La expansión hacia el exterior comenzó en 1990, cuando la empresa realizó sus primeras exportaciones a Ecuador, Colombia y Brasil. Cinco años después concretó su primera venta en Estados Unidos para Arkansas Steel.

La empresa sumó luego piezas para la minería, la energía eólica y la industria automotriz matricera. En 2019 despachó el cilindro colado de mayor tamaño de la historia industrial argentina: una pieza de 40 toneladas destinada a la compañía estadounidense Nucor Yamato Steel.

Ese mismo año, Fundición San Cayetano ingresó al mercado de capitales con su primera emisión de Obligaciones Negociables PyME. En 2020 realizó una nueva colocación para financiar la actualización tecnológica de equipos de tratamiento térmico y medición.

Su catálogo incluyó piezas sometidas a impacto y desgaste para procesos de molienda minera; cilindros para trenes de laminación; y componentes para la industria petrolera, como manivelas, contrapesos, tambores de freno, reductores de velocidad y engranajes. También fabricó hubs y mainframes para el sector eólico, además de bases, suplementos y punzones para matricería automotriz.

La caída de la actividad alcanzó 20 meses, según la cámara de fundidores

El presidente de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina, Pablo Gaspari, describió a la fundición como “el primer eslabón de las cadenas de valor metalmecánica”. En declaraciones a Infobae, afirmó que el sector registró actividad en torno del 40% de su capacidad instalada desde hacía al menos un año.

“Hace 20 meses que cae la actividad”, sostuvo Gaspari. El dirigente señaló que las importaciones afectan a las fundiciones de forma directa, por el ingreso de productos similares a los que elaboran, e indirecta, por la llegada de bienes que producen sus clientes.

Gaspari también mencionó las dificultades para exportar con el nivel del tipo de cambio y el impacto de la menor demanda de las fábricas de automóviles, a las que definió como el principal cliente de la fundición en la Argentina. Asimismo, apuntó al aumento en dólares de la energía eléctrica para una actividad con consumo intensivo de ese recurso.

Sobre San Cayetano, el titular de la cámara indicó que se trató de la fundición con mayor capacidad del país para producir piezas de gran tamaño. También remarcó que la empresa exportó una parte relevante de su producción y enfrentó dificultades vinculadas con los costos.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Javier Milei impulsa un cambio de fondo en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace más de 30 años.

El corazón de la reforma apunta a modificar el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que ya “no incluirá valores universales”, señala la redacción del presupuesto. Es decir, quedaría sin efecto el listado con aranceles de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores que ofrecen servicios a las personas con discapacidad.

El otro punto fundamental es que se propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no será garantía de acceso a las prestaciones. Tampoco se podrá percibir este beneficio si alguien cuenta con un empleo registrado.

La motosierra al andamiaje legal se observa en el Capítulo VI del Presupuesto 2027, donde los artículos 36 a 41 sustituyen o derogan aspectos clave de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, y modifican en forma permanente las leyes 13.478, que regulan las pensiones no contributivas por invalidez laboral, y la 24.901, que crea el sistema de prestaciones básicas de atención integral a la discapacidad, que rige desde 1997.

“El nuevo texto elimina dos principios fundamentales. Que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado. Que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria. Y ahora establecen expresamente que ‘la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles’, expuso el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

De esta forma, si bien la iniciativa garantiza formalmente “la universalidad de la atención” del sistema de prestaciones, la modificación desregula los aranceles obligatorios y “las modalidades de financiamiento”. Se lo reemplaza por un “piso mínimo prestacional común, definido por estándares de calidad, oportunidad y adecuación de la prestación”. Además, cada obra social o prepaga podrá definir valores y cubrir las terapias que quiera, según se desprende del proyecto en el análisis de la oposición.

“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, cuestionó Ferraro desde su cuenta personal de X. “Toda esta crueldad, mientras el sector atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”, apuntó.

Cómo se actualizarán los aranceles

Mientras se otorga mayor discrecionalidad a los prestadores privados, cuando el prestador es público, los aranceles de las prestaciones deberán ser fijados de forma trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Es decir, lo define el Gobierno.

“Si ese ajuste no se realiza dentro del período previsto, el texto dispone que se utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”, aclara el texto.

Otro de los puntos que se eliminan es el estudio anual de costos de cada prestación, que permitía incorporar a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en el IPC, que “era uno de los reclamos centrales de las federaciones de prestadores, advierten desde el peronismo”.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, denunció que el proyecto enviado al Congreso busca “desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad”, y calificó la maniobra como “ilegal e inconstitucional”. Puntualmente, agregó que, con la “fragmentación del sistema” al disolver los valores únicos en las prestaciones, habrá una “presión a la baja de los aranceles por parte de los grandes financiadores y riesgo para la continuidad de las prestaciones”.

El modelo de “invalidez laboral”

El texto sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478, donde faculta al Poder Ejecutivo a otorgar “una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos, no amparada por un régimen de previsión y mayor de setenta (70) años de edad o imposibilitada para trabajar, según los requisitos establecidos en la reglamentación”.

El cambio, para Marino, reinstaura el modelo de “invalidez laboral” y se abandona “el modelo social de derechos humanos fijado por la Convención y se regresa a un criterio médico anacrónico”.

“​Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión. Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo”, expuso el legislador desde su cuenta de redes sociales.

De la iniciativa, se desprende que queda eliminada la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado o el monotributo hasta dos salarios mínimos. Así lo define el nuevo artículo 37, al establecer que la “Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente”.

El proyecto también derogara el artículo 8 de la ley de emergencia en discapacidad, que garantizaba la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas. Otro cambio es el bloqueo al traspaso automático de beneficios preexistentes, al derogarse el art. 9º de la Ley 27.793, impidiendo que quienes ya cobran una pensión pasen de oficio al nuevo esquema de protección social con todas sus garantías.

El artículo 38, además, quita las restricciones que impedían financiar estos programas con recortes a otras partidas de servicios sociales, según el análisis de Marino.

El debate en la Cámara de Diputados

La Cámara baja tenía previsto retomar hoy el debate sobre los proyectos para prorrogar la emergencia en discapacidad hoy a las 12.00, en un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.

El cronograma fue aprobado con 249 votos durante la última sesión. Entre los temas figuraban la paralización en el otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez laboral, el atraso en los pagos, el congelamiento de aranceles y el cierre de centros de día.

Lo cierto es que los cambios en el Presupuesto 2027 impactan en esta agenda legislativa. Desde la oposición se preparan para confrontar, y ponen en un lugar incómodo a los aliados. El diputado nacional Esteban Paulón, de Santa Fe, recordó que el proyecto apareció luego de que La Libertad Avanza promoviera, junto con aliados, una iniciativa propia para tratar la emergencia en discapacidad. “Es regresivo y supone la desaparición de las prestaciones universales”, concluyó.

Wall Street opera con números mixtos este miércoles, con alza de 0,6% en el panel tecnológico Nasdaq y una baja de 0,2% en el índice Dow Jones de Industriales, a la espera de la decisión de tasas que comunicará la Reserva Federal de los EEUU (Fed).

Los precios del crudo caían entre 1% y 2%, ya que las noticias de que Arabia Saudita está ofreciendo cargamentos adicionales a través de Omán aliviaban las preocupaciones sobre la magnitud de las interrupciones en el suministro de Oriente Medio, mientras que los precios del gasóleo en Europa se mantenían cerca de un máximo histórico.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte cedían 1,5%, a USD 57,20 el barril con entrega en noviembre, El crudo ligero de Texas caía 2,2%, a USD 102,50 el barril para entregar en octubre.

A las 11 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1%, en los 3.050.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y sus pares emergentes, recorta un entero, en los 508 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se observa una caída en las cotizaciones de títulos vinculados a la producción de energía, ante el retroceso del crudo. El ADR de YPF cede 2%, a USD 56,46, mientras que Vista Energy cae 2,1 por ciento.

Los precios del petróleo subieron más de 3 dólares en la víspera, después de que fuentes del sector naviero indicaran que se habían suspendido las cargas de crudo en Yanbu, el centro de exportación saudí situado en el Mar Rojo, y que Arabia Saudita había cancelado entregas a clientes europeos, agravando la preocupación de que las interrupciones en una ruta de exportación crucial pudieran prolongarse durante semanas.

Sin embargo, Riad está ofreciendo más cargamentos de crudo a las refinerías asiáticas mediante trasvases de barco a barco frente al puerto de Sohar, en Omán, después de que unos ataques con drones dañaran su principal oleoducto hacia el mar Rojo, según afirmaron personas familiarizadas con el asunto.

“Las noticias sobre las exportaciones de Arabia Saudita desde el golfo sugieren que están disminuyendo los temores de que la interrupción pueda ser mayor”, afirmó a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Los tránsitos de buques visibles por el Estrecho de Ormuz se mantuvieron el martes en cifras de un solo dígito, concretamente en cuatro, frente a los siete del día anterior, según mostraron el miércoles los datos preliminares de tráfico marítimo. Esa cifra se situó muy por debajo de la media de 18 de los últimos 10 días.

Esta vía marítima gestionaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado antes de que comenzara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Por otra parte, los futuros europeos del gasoil cerraron el martes en un máximo histórico y alcanzaron su nivel intradía más alto desde abril, lo que pone de relieve la escasez en los mercados de combustible, ya que las perturbaciones en Oriente Medio han limitado los flujos de crudo y productos derivados.

El foco de los negocios bursátiles está centrado en la decisión de tasas de la Fed de EEUU. El mercado otorga una probabilidad del 90,1% a que la Fed suba tipos en su reunión de esta semana. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúne martes y miércoles, y la decisión se conocerá el miércoles 16 de septiembre.