El proyecto aumenta el corte de bioetanol y biodiésel, sector cuya tensión interna trabó la aprobación durante meses. En la sesión, ya convirtió en ley el régimen de Inocencia Fiscal II.
El Gobierno retomó la iniciativa en la sesión de este jueves, en donde se sancionó el régimen de Inocencia Fiscal IIy sumó tres nuevos nombramientos de jueces, el pasaje de responsabilidades penales a la Justicia porteña y la aprobación de pliegos diplomáticos. La mirada de los aliados provinciales quedó puesta en el último proyecto del temario: la reforma de la ley 27.640 de biocombustibles, que amplía los cortes de bioetanol y biodiésel.
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Habría tensión por el inicio del tratamiento del proyecto, que fue abonada por la fallida sesión de la semana pasada y la postergación del tema en la jornada, que quedó al final del temario. Incluso el gobernador salteño Gustavo Sáenz estuvo este jueves en el Palacio Legislativo después de declarar que “la paciencia se va acabando” con el oficialismo. Una de sus representantes en el Senado, Flavia Royón, es una de las principales impulsoras de la propuesta en la Cámara alta. La redacción, que ya contenía aportes de bloques aliados provincialistas, sufrió cambios hasta el miércoles por la noche hasta su versión final.
Las provincias norteñas presionaron por la aprobación de la iniciativa por la influencia que tiene la industria del bioetanol en la región. La principal traba, que fue irreconciliable incluso en sesión, fue la interna entre los sectores productores de biodiésel, dada la afección que provocará en las pymes industriales la llegada de grandes productoras de granos que cuentan con la posibilidad de administrar todo el circuito de elaboración y comercialización del biocombustible.
Los representantes de los distritos en donde hay mayor presencia de pymes industriales de biodiésel, como La Pampa, San Luis y Buenos Aires, fueron los principales detractores de la ley. Este medio conoció también un contacto de la Secretaría de Energía al bloque libertario con la meta de que dilaten el tratamiento, dado que tanto consultoras privadas como cuadros técnicos de YPF aseguran que provocará un aumento del precio del combustible hasta un 3% el próximo año.
Aún así, La Libertad Avanza -bloque autor del proyecto- mostró flexibilidad para incorporar cambios para este sector, lo que incluyó un esquema escalonado de reducción del cupo reservado para empresas no integradas, que va del 7,5% al 4% hasta el 1° de enero 2036. Además, en la última redacción se conceptualizaron concretamente a las compañías integradas y no integradas, estableciendo restricciones a todas las firmas que forman parte de un grupo económico, que pasarían a competir dentro del segmento abierto.
Bullrich y Royón, dos de las personas detrás del proyecto de biocombustibles.
Senado
Debate por biocombustibles en el Senado
En el inicio del debate, Flavia Royón remarcó que la ley apunta a “potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior” y consideró que el sector “hoy necesita reglas nuevas para que le permitan crecer, incorporar tecnología y alcanzar una nueva escala. Este dictamen, además, es resultado de un proceso largo de construcción legislativa, largo y amplio”. “Buscamos compatibilizar y dar previsibilidad a las cadenas existentes, pero con competencia dentro de cada cupo entre empresas”, agregó.
El peronismo apoyó con condiciones al proyecto y el chaqueño Jorge Capitanich fue un ejemplo de esta postura. Después de considerar que la legislación es ambigua para el ingreso de importaciones, opinó que “organiza con fecha de vencimiento el desmantelamiento progresivo de empresas no integradas que no puedan sobrevivir con esta regulación. Nos parece bien mejorar, pero no nos parece bien dejar de defender a las empresas con lo que hay defender: cupo, corte, plazo y regulación adecuada, para que los grandes no se terminen fagocitando a los más pequeños”. El entrerriano Adán Bahl criticó que se cambió una ley que tiene cinco años, generando falta de previsibilidad con los que ingresaron al negocio de biocombustibles en el 2021.
Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles
El proyecto que busca reformar la ley N° 27.640de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI.
La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% para el bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.
Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, junto con el titular de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde.
La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta 2036 un cupo del 4% de las no integradas.
Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias a poder ampliar los cortes.
Los abogados Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen presentaron el recurso de apelación contra el procesamiento con prisión preventiva dictado el 10 de septiembre por el juez federal Leandro Ríos contra el abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos, Daniel Alejandro Rosatelli. El escrito presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná sostiene que no existe nexo alguno entre la operación de compra de la camioneta Citröen Jumper el 4 de noviembre de 2025 y su hallazgo el 13 de febrero de 2026 con 1.345 kilos de marihuana en La Paz. Además, cuestiona que se inflaron los movimientos de sus cuentas bancarias y financieras y sus bienes.
Un punto fuerte del argumento de la defensa es que el vínculo entre Rosatelli en noviembre y quien dirigió la operación narco tres meses después, Juan Esteban Siebenlist Bustos, porque el día de la compra del vehículo la camioneta no fue a la casa de este hombre que está prófugo, sino que paró justo en frente, por calle Pronunciamiento, donde vive el cuñado del vendedor del vehículo, Jonathan Barbieri.
Por otro lado, hay una disputa interpretativa: la búsqueda por parte de Rosatelli de no dejar rastro en la operación comercial, para el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, es un fuerte indicio de su participación; para los defensores, es la ausencia de pruebas de ese rol que le endilga.
Hay cuestiones que no terminan de ser aclaradas en él recurso de apelación: ¿qué hacía un abogado y comisario en medio de la rosca de personajes del ambiente delictivo que intervinieron en la compra-venta del utilitario? ¿A qué obedeció su intervención?
Tampoco se aclara la golpiza que Rosatelli le propinó a un intermediario en la compra del vehículo, en una habitación de la sede de la Asociación Suma de Voluntades: la defensa afirmó que se trató de una discusión por el precio de una obra, por la cual se habían reunido.
Los defensores aclararon inicialmente que no discuten varios aspectos del caso: que la Citroën Jumper fue verificada el 4 de noviembre de 2025 en la sede policial de Avenida Zanni de Paraná, que ese mismo día estuvo cerca del domicilio de Rosatelli, que hubo un conflicto de pago que derivó en una denuncia por estafa, que en la sede de la ONG hubo un altercado con Sixto Maciel y que, tres meses después, la misma camioneta apareció en La Paz con el cargamento de droga. Lo que impugnan es el razonamiento y las inferencias realizadas por el juez federal Leandro Ríos para conectar los hechos y así considerar que Rosatelli fue el artífice de la compra del vehículo en las sombras para ponerlo a disposición del transporte narco.
“Dos eventos distintos”
El argumento general de la apelación es que la resolución da por probado un vínculo subjetivo entre dos episodios que, según sostienen, nunca fueron conectados por prueba directa: la operación de compraventa de la camioneta en noviembre y su aparición cargada de droga en febrero. “Existen dos eventos distintos que la investigación no ha podido acreditar de ninguna manera que se encuentren conectados subjetivamente por una intencionalidad común y organizada entre los imputados”, afirmaron. Y agregaron que, para completar esa conexión, el juez recurrió a lo que definen como “una entusiasta serie de conjeturas que no encuentran respaldo alguno con las pruebas reunidas”.
El 13 de febrero, la camioneta fue secuestrada en La Paz con el cargamento de marihuana en su interior, luego de una frenética persecución por la ruta 1.
Los defensores sostienen esta afirmación en la declaración del jefe de la investigación, el comisario Adrián Alfredo Ramos, con la que, afirman, “se acredita que no existe tan sólo una conexión entre nuestro defendido y la organización del transporte del estupefaciente que permita tenerlo -ni siquiera estimativamente- como probable autor de dicho delito”.
La verificación en la planta: “suposiciones desvirtuadas”
Uno de los primeros indicios que había usado el juez para sostener que Rosatelli movía los hilos de la compra era que la Citroën Jumper fue verificada sin turno en la Planta Verificadora de Paraná por orden suya. La defensa lo niega con la propia declaración de Jonathan Barbieri (el vendedor) que primero dijo una cosa y después otra: contó que “esa persona con la que habló por teléfono (presuntamente Rosatelli) le pide (a Martín Pelizzari, intermediario del comisario) que la llevemos a verificar a la planta verificadora, sin turno”. Pero después precisó que quien hizo la gestión fue Pelizzari, no Rosatelli, al llegar a la planta y llamar por teléfono en la puerta. Con esa contradicción, los defensores concluyen que “quien llamó para conseguir un turno, o bien ser atendido sin turno previo, había sido Pelizzari y no Rosatelli, quedando completamente desvirtuadas las suposiciones del Magistrado contra nuestro defendido”. A eso suman que el propio verificador, Marcos Ismael Naumoff, “no dice haber recibido pedido alguno de Rosatelli, incluso declara no conocerlo”.
Sobre el otro dato que el juez había destacado como sospechoso —que la camioneta tenía un pedido de secuestro vigente al momento de la verificación y que sin embargo salió “sin novedades”—, la apelación sostiene que ese pedido nunca figuró en las consultas de dominio disponibles ese día, y que lo único registrado entonces era una prohibición de circular por una denuncia de venta, “circunstancia que no obsta a la verificación y ni siquiera a la transferencia del rodado”.
El 4 de noviembre: negociaciones y videos del 911
La resolución había calificado de “operación opaca” el encuentro entre Pelizzari y Barbieri en la calle 25 de Mayo, frente al Club Echagüe, donde el 4 de noviembre del año pasado dejaron la camioneta estacionada, para que Rosatelli pudiera mirarla, e interpretó que se buscó alejar a Barbieri unos metros para preservar la identidad del verdadero comprador. Los defensores afirmaron que “resulta inexplicable que el supuesto encuentro clandestino se realizara precisamente en frente o en inmediaciones de su propio domicilio, en plena vía pública y en un sector sometido a videovigilancia policial por el domo policial”. Y agregaron: “No se escogió un lugar apartado, reservado o ajeno a Rosatelli, sino un espacio público próximo a su domicilio y alcanzado por un domo de seguridad”.
El tramo del pago por la camioneta realizada ese mismo día en horas de la tarde, mediante una entrega de 2.400 dólares y cheques entregados por Pelizzari, y dos transferencias de un millón de pesos cada una hechas por Claudio Luna, también es cuestionado por la defensa. La resolución había señalado que Rosatelli “no efectuó personalmente transferencia alguna” y que esa fragmentación de tareas era “compatible con una deliberada estrategia” para no dejar rastro.
Petenatti y Cullen retrucaron: si la intención era ocultarse, ¿por qué la operación se cerró a metros del “domicilio que tenía públicamente declarado ante el Colegio de la Abogacía”? Sostienen que se contradice con la hipótesis del ocultamiento: “una abogada del propio estudio de Rosatelli -María Florencia Domingo- fue quien solicitó dos informes de dominio sobre la camioneta, por lo cual, si la finalidad era evitar cualquier conexión con el vehículo, ¿por qué generar voluntariamente registros documentales que permitían establecer justamente esa vinculación y su trazabilidad?”.
Sobre la orden de las transferencias de dinero atribuida a Rosatelli, los defensores afirman que “no surge de ningún lugar más que de una suposición tan infundada como equivocada del a quo y acerca de la cual no explica en qué evidencia se basa”, y agregan que fue el propio Luna quien declaró haber actuado por pedido de Pelizzari, no de Rosatelli.
Los llamados telefónicos
La resolución había presentado un cruce de comunicaciones entre distintos abonados como prueba de “connivencia” entre Rosatelli, Pelizzari y Luna. La defensa sostiene que esa conexión se disuelve: el único contacto directo que registran los llamados analizados es, según el escrito, una comunicación de tres segundos, el 26 de diciembre, entre una tercera persona y el abonado atribuido a Rosatelli. “No existe, entonces, el intercambio entre Rosatelli, Pelizzari, Luna y los restantes abonados que presenta la resolución, ni tampoco surgen comunicaciones entre las líneas de Rosatelli y la atribuida a Claudio David Luna”, afirman.
La golpiza en la ONG: “por un tema de una obra”
Quizás el episodio más grave que pesa sobre Rosatelli y explicaría su preocupación ante la denuncia por estafa realizada por Barbieri (a quien le pagaron la camioneta con cheques falsos) es la golpiza a Sixto Maciel en la sede de Suma de Voluntades, con el objetivo, según estos testigos, de levantar la denuncia. Esto es interpretado por los abogados defensores de otra manera. Según el escrito de la apelación, Maciel vinculó la discusión con un contrato de obra que buscaba conseguir de la ONG, no con la camioneta: “Discutimos yo y Daniel por el tema de la obra”, habría declarado el propio Maciel. Remarcan además que la cronología que arma el juez resulta materialmente imposible: la denuncia de Barbieri contra Pelizzari —que ni siquiera mencionaba a Rosatelli— se radicó a las 16, y la golpiza ocurrió a las 17:30. “¿Supone el juez que en una hora y media Rosatelli tomó conocimiento de una denuncia que no lo mencionaba, luego de ello a través de Avellaneda logró una reunión con éste más Maciel, Pastrana y (Anabella) Albornoz (…) y allí luego lo golpeó para que levante una denuncia que no había radicado Maciel y que tampoco había sido presentada contra él?”, preguntaron. Además, apuntaron: “Una denuncia penal no se ‘levanta’ ni desaparece por voluntad del denunciante”, algo que “necesariamente sabía” un abogado penalista y oficial de policía como Rosatelli.
La defensa plantea otro razonamiento mediante otra pregunta: “¿Resulta razonable pensar que para una operación de semejante magnitud -un cargamento de más de 3 millones de dólares- se asumiría el riesgo de utilizar, tres meses después, una camioneta de escaso valor comparativo que ya estaba individualizada, denunciada y con pedido de secuestro, cuando durante todo ese tiempo podían disponer de cualquier otro vehículo?”.
El recorrido de la camioneta
Otro de los agravios del recurso señala lo que los abogados consideran un error de lectura de las cámaras del 911. El procesamiento sostiene que la Jumper, tras el encuentro del 4 de noviembre, “fue trasladada a calle Pronunciamiento a la altura del catastral 500, donde se encuentra el domicilio de Juan Esteban Siebenlist Bustos” —el prófugo señalado como organizador logístico del transporte de febrero—. La defensa, con capturas de la filmación del domo de Avenida de las Américas y Pronunciamiento, afirma que eso es falso: la camioneta se detuvo en realidad frente al domicilio de Emmanuel Wursten, cuñado de Barbieri, mientras que Siebenlist Bustos vive “al 517 del otro lado de la calle, lugar donde hubiera sido coherente estacionarla de haber sido llevada hacia su domicilio”. El escrito califica esa atribución como un intento de “vincular a Rosatelli con Siebenlist Bustos -un coimputado a quien nuestro defendido no conoce y con quien nunca en su vida ha tenido vinculación alguna-”.
La camioneta Citröen Jumper estacionada en la vereda del domicilio de Wursten. La defensa analizó los videos para desmentir que ese 4 de noviembre la llevaron a la casa de Siebenlist Bustos.
También analizaron el único contacto documentado entre Rosatelli y la camioneta aquel 4 de noviembre. La defensa remarca que, incluso en la reconstrucción de los propios investigadores, “no hay rastro de que el vehículo haya sido conducido hacia Siebenlist Bustos ese día, y que tampoco pudo establecerse quién tenía la camioneta el 30 de enero, cuando salió definitivamente de Paraná con el nuevo dominio ya colocado”.
Los movimientos bancarios: “una ficción financiera”
Los abogados se explayaron para contrarrestar la lectura que el juez hizo de la situación patrimonial de Rosatelli, que la resolución había calificado de “desproporcionada” respecto de su sueldo de comisario (algo más de 2 millones y medio de pesos). La defensa sostiene que el análisis mezcla períodos distintos, cuenta dos veces el mismo dinero cuando pasa de una cuenta a otra del mismo titular y confunde rescates de inversiones con ingresos nuevos. En sus palabras, se trata de “un error clásico de duplicación de saldos por movimientos internos, también conocido en finanzas y peritajes como ‘inflado de flujos’”, que termina generando “una verdadera ficción financiera”.
Puntualmente, el escrito cuestiona que se hayan contabilizado ocho propiedades inmuebles a nombre de Rosatelli. Según el cruce que hicieron con datos actualizados de ARCA y de ATER, esas ocho referencias corresponden en realidad a registros históricos repetidos, y la titularidad actual se limita a tres inmuebles —su vivienda de avenida Echagüe 550, una propiedad en Chajarí y un terreno en Paraná— más un Honda Civic 2018.
Además, afirmaron que “la información bancaria examinada no documenta una transferencia de Rosatelli a Pelizzari o Luna ni una salida compatible con el precio y la modalidad de pago atribuidos”.
El pedido de libertad
Los defensores cuestionaron en forma subsidiaria la prisión preventiva: “La investigación ha avanzado de manera ostensible (…) quedando así todavía más reducida -hasta prácticamente desaparecer- cualquier posibilidad de que el Dr. Rosatelli pudiera interferir en la producción de prueba testimonial”, sostuvieron.
Sobre la negativa de Rosatelli a entregar la clave de acceso a su teléfono celular IPhone 17, la defensa responde que se trata del ejercicio de una garantía constitucional, no de un indicio de entorpecimiento de la investigación: “El imputado no tiene la obligación jurídica de colaborar con la investigación que se dirige en su contra”, plantean, y agregan que el dispositivo ya está en poder de la Justicia, que puede peritarlo sin necesidad de la clave.
Como pedido subsidiario final, la defensa solicitó que, de no prosperar la libertad lisa y llana, se sustituya la prisión preventiva por medidas alternativas —presentaciones periódicas, prohibición de salida del país, caución— o, en su defecto, arresto domiciliario en el departamento de Rosatelli en calle Echagüe, con monitoreo electrónico si la Cámara lo considera necesario.
Se aguarda conocer la fecha de la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones donde se deberá discutir estas cuestiones entre defensores y el Ministerio Público Fiscal, para luego conocer si los camaristas revocan o modifican el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo dictados por el juez Ríos.
Hace menos de dos meses, la Nueva Vicentin Argentina reactivó un megafeedlot y acordó una asistencia por $4270 millones para sostener la actividad del frigorífico Friar. Ahora, la cerealera controlada por el Grupo Grassi, de Rosario y con trayectoria en el corretaje de granos, avanzó con una nueva operación. Firmó una ampliación del financiamiento por alrededor de $4400 millones, que se destinará principalmente a la compra de hacienda y a cubrir gastos necesarios para mantener en funcionamiento la planta frigorífica ubicada en Reconquista, Santa Fe. El frigorífico tiene casi 70 años.
Así lo señalaron fuentes cercanas a la Nueva Vicentin Argentina, que explicaron que el nuevo aporte se encuentra en línea con el acuerdo firmado en junio pasado. Con esta ampliación, las dos asistencias principales suman cerca de $8670 millones. La situación de Friar continúa siendo delicada, dijeron. El frigorífico faena actualmente alrededor de 600 animales por día, cuando necesita procesar unas 720 cabezas para alcanzar su punto de equilibrio. La nueva asistencia busca sostener ese nivel de actividad y garantizar los recursos necesarios para comprar hacienda. “Todo va a capital de trabajo, compra de hacienda, pago del IVA de quienes venden los animales y otros gastos”, explicaron fuentes vinculadas con la operación.
El primer acuerdo había sido firmado el 25 de junio último. En ese momento, la Nueva Vicentin Argentina se comprometió a aportar $4270 millones. Según indicaron las fuentes consultadas, esos fondos ya ingresaron y se utilizaron principalmente para pagar salarios, aguinaldos y obligaciones relacionadas con la compra de animales.
Después de aquella operación también se otorgaron préstamos más chicos y de corto plazo, por montos de alrededor de $1000 millones y $1100 millones, destinados a la adquisición de hacienda. Ahora se sumó la ampliación por aproximadamente $4400 millones.
Los Corrales de Nicanor tiene capacidad para albergar hasta 30.000 cabezasVicentin
Aunque la Nueva Vicentin Argentina solo conserva una participación minoritaria en Friar, tiene un interés directo en que el frigorífico siga funcionando. Fuentes cercanas a la empresa explicaron que busca mantener activo un circuito productivo que comienza en la planta de bioetanol de Avellaneda de la cerealera, continúa en el feedlot Los Corrales de Nicanor y termina con la faena en Reconquista.
Según detallaron, la planta produce bioetanol a partir de maíz y, durante ese proceso, genera burlanda, un alimento para el ganado. “Al secarla, el precio de la burlanda queda casi igual al del maíz. Al productor le conviene comprar maíz, partirlo y dárselo a los animales en el feedlot”, explicó una de las fuentes. En cambio, cuando se utiliza húmeda debe consumirse cerca de la planta. “Si se traslada a grandes distancias, se termina pagando flete por agua”, agregó.
Por ese motivo, Los Corrales de Nicanor se encuentra a unos 20 kilómetros de la planta. El feedlot tiene capacidad para albergar 30.000 animales, una cantidad que coincide con el volumen que puede alimentarse con la burlanda producida allí.
El establecimiento había perdido actividad hasta quedar prácticamente vacío. A fines de julio, la Nueva Vicentin volvió a ingresar hacienda. El plan inicial era sumar unas 3500 cabezas por mes durante agosto, septiembre y octubre hasta llegar a 10.500 animales. Luego, la intención era alcanzar las 15.000 cabezas y acercarse de manera gradual a la capacidad total.
La mayor parte de esa hacienda tiene como destino Friar. La cercanía del frigorífico permite completar todo el proceso en la zona y evita trasladar los animales hacia plantas ubicadas más lejos. “Si el frigorífico deja de funcionar, tampoco se sostiene el negocio de la burlanda y del feedlot”, señalaron las fuentes. Por eso, la Nueva Vicentin Argentina decidió aportar recursos para mantener la actividad mientras Friar intenta acercarse al volumen de faena que necesita para alcanzar el equilibrio.
El feedlot, propiedad de Vicentin, forma parte del circuito que la empresa busca reactivar junto con la planta de bioetanol de Avellaneda y el frigorífico FRIARVicentin
Pero, según fuentes cercanas a la Nueva Vicentin, el interés no es solamente productivo. Explicaron que la empresa controlada por el Grupo Grassi también busca recuperar las acciones de Friar que años atrás fueron transferidas a fondos de inversión. De acuerdo con esas fuentes, la agroexportadora mantiene un reclamo por esa operación y considera que las acciones podrían regresar a la compañía, ya sea mediante un acuerdo con los actuales propietarios o por una decisión judicial.
También señalaron que, mientras ese proceso avanza, la intención es evitar que el frigorífico pierda actividad y se deteriore. La Nueva Vicentin Argentina busca recuperar una planta en funcionamiento, con hacienda para faenar y capacidad para sostener su operación, y no un establecimiento paralizado que después necesite una inversión mayor para volver a trabajar.
Según explicaron, en ese marco debe entenderse la asistencia financiera. Aunque la Nueva Vicentin Argentina hoy posee menos del 1% de Friar, decidió aportar recursos para sostener la compra de animales y el funcionamiento de la planta. Las fuentes agregaron que la continuidad de ese apoyo también está vinculada con la necesidad de mejorar la operación y acercar el nivel de faena al punto de equilibrio.
A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro aparecen en empate técnico en una eventual segunda vuelta. El último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg registró una diferencia de apenas 0,4 puntos entre ambos, dentro del margen de error de un punto porcentual.
En el escenario de balotaje, Flávio Bolsonaro obtiene 47,2% de intención de voto y Lula 46,8%, mientras que los votos blancos, nulos e indecisos representan el 6%. La encuesta relevó a 5.018 electores entre el 11 y el 16 de septiembre y tiene un nivel de confianza del 95%.
Para la primera vuelta, el estudio muestra a Lula con 44,1% y Bolsonaro con 41,7%. Más atrás aparecen Renan Santos, con 5,1%; Augusto Cury, con 3,5%; Ronaldo Caiado, con 1,7%; Romeu Zema, con 1,1%; y Samara Martins, con 0,7%.
Qué muestran las encuestas antes de las elecciones en Brasil
El nuevo relevamiento de AtlasIntel refleja una reducción de la distancia observada en la primera vuelta respecto de su medición anterior. En el sondeo previo, Lula registraba 43% y Flávio Bolsonaro 37,4%, mientras que en la nueva encuesta la diferencia entre ambos se redujo a 2,4 puntos porcentuales.
En un eventual segundo turno, la medición anterior de Atlas ya había mostrado números muy ajustados: Bolsonaro alcanzaba 46,4% y Lula 46,2%. El nuevo estudio llevó esas cifras a 47,2% y 46,8%, respectivamente, nuevamente dentro del margen de error.
Otros relevamientos recientes también muestran escenarios distintos según la consultora. Una encuesta de CNT/MDA, difundida el 15 de septiembre, registró a Lula con 47,3% y a Bolsonaro con 40% en un eventual balotaje, con un margen de error de 2,2 puntos. En tanto, otros estudios recientes ubicaron a ambos candidatos dentro de márgenes estadísticos estrechos.
Las elecciones brasileñas tendrán su primera vuelta el 4 de octubre. En caso de que ningún candidato alcance los requisitos para imponerse en esa instancia, el eventual segundo turno está previsto para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.
La empresa avícolaGranja Tres Arroyos (GTA), quepidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores, informó ante la Justicia que acumulaba más de $126.000 millones en cheques rechazados y que había ingresado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. Además, de acuerdo con la información contable acompañada al expediente, al cierre de 2025 registraba un pasivo de alrededor de $536.000 millones, unos US$350 millones al tipo de cambio oficial.
La presentación fue realizada en el expediente COM 18.558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La compañía pidió que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedadesHolding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado “Grupo GTA”. En forma subsidiaria, solicitó que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos.
En el escrito, GTA señaló que el deteriorofinanciero también quedó reflejado en los estados contables que la compañía incorporó al expediente. Según los gráficos presentados dentro de los documentos de la causa, se puede ver que al 31 de diciembre de 2025los activos rondaban los$760.000 millones, mientras que los pasivos alcanzaban aproximadamente los $536.000 millones y el patrimonio neto se ubicaba cerca de los $224.000 millones. Un año antes, los pasivos eran del orden de los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba los $341.000 millones.
La planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del UruguayGentileza
La composición del pasivo muestra que los principales compromisos correspondían a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A ello se sumaban unos $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, $32.000 millones en obligaciones fiscales, además de otros pasivos y compromisos con partes relacionadas.
La empresa avícola informó un pasivo contable de $536.000 millones
La compañía también reconoció una fuerte caída de sus resultados. En la documentación se señaló que los “Resultados No Asignados” habían pasado de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a valores negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, GTA proyectó “un saldo negativo de$122.052 millones”. A eso se sumó un incremento de las obligaciones previsionales regularizadas mediante planes de pago. Según el escrito, esas deudas pasaron de $2299 millones al cierre de 2023 a $10.935 millones al cierre de 2024. La empresa agregó que, durante ese último ejercicio, el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la firma.
Influenza aviar
Otro de los datos incluidos en la presentación fue la evolución de las exportaciones avícolas. GTA informó ingresos por ventas externas de US$175,8 millones en 2022, que bajaron a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a descender a alrededor de US$87 millones en 2025.
En el expediente, GTA atribuyó su crisis a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos mencionó “elestancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra”.
El juzgado protegió parte de la operatoria, pero no levantó los embargos sobre sus cuentasShutterstock
Uno de los puntos centrales estuvo vinculado con la operación deCresta Roja. GTA sostuvo que en marzo de 2018 se constituyó en “garante de Wade SA por las obligaciones” derivadas de la adquisición de las unidades productivas de la firma avícola. En la presentación se hizo referencia a un precio contractual global de US$80 millones, del cual todavía existía un saldo pendiente de cancelación y se señaló, además, que fue necesario realizar desembolsos por más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones.
De la presentación también se desprende que GTA pidió que el concurso se tramitara junto con HAISA, Wade y Avex, bajo las normas que regulan los agrupamientos económicos. Según la documentación presentada, “HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos”, mientras que “el resto corresponde a accionistas minoritarios”, varios de ellos integrantes de la familia fundadora.
La propia compañía sostuvo que las cuatro sociedades actúan desde hace años bajo una dirección económica común, con miembros de los directorios compartidos, actividades integradas y una cadena productiva que incluye genética, incubación, alimento balanceado, engorde, faena,industrialización, logística y comercialización.
Competencia
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, entendió que no era el tribunal que debía continuar con el expediente, decidió intervenir de manera provisoria ante la urgencia planteada por la empresa. El juez Germán Páez Castañeda consideró que esperar hasta que asumiera el magistrado competente podía afectar la continuidad de la actividad, especialmente por la necesidad de mantener el suministro de electricidad y gas y una operatoria bancaria mínima.
La planta de Concepción del Uruguay fue de las primeras en cerrarGoogle Maps
Por eso, el juzgado hizo lugar solo a una parte de las medidas solicitadas por GTA. En primer lugar, ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido que la empresa hubiera emitido antes del 9 de septiembre de 2026 y que vencieran después de esa fecha. También dispuso que esos rechazos no fueran computados para multas o inhabilitaciones vinculadas a la cuenta corriente. Además, noobligó a los bancos a mantener abiertas las cuentas de GTA ni a reabrir aquellas que ya hubieran sido cerradas. El juez sostuvo que no correspondía imponer judicialmente a una entidad bancaria la continuidad de una relación contractual. Tampoco hizo lugar al pedido para que el Banco Central modificara el tratamiento administrativo de esos rechazos.
Autorizó “la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos”.
El juzgado también ordenó a “las empresas deelectricidad y gas que no suspendieran ni redujeran los servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre. Si algún suministro ya había sido cortado, debía ser restablecido”. Las facturas generadas después de esa fecha, en cambio, deberán ser pagadas normalmente por GTA.
El juez no levantó los embargos e inhibiciones que ya pesaban sobre las cuentas bancarias de la empresa. Consideró que esa decisión deberá ser tomada más adelante por el juez que quede a cargo del concurso, una vez que intervengan también el síndico y los acreedores afectados.
Un grupo de 189 dirigentes políticos de distintas fuerzas y distritos del país reclamó que las 15 provincias que todavía utilizan la boleta partidaria tradicional modifiquen sus legislaciones para implementar la Boleta Única en las elecciones locales de 2027. La iniciativa fue impulsada por la asociación civil Red de Acción Política (RAP) y reúne a referentes de La Libertad Avanza, el PJ, Pro, la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista, entre otros espacios.
El documento, titulado “Boleta Única en todas las provincias”, propone aprovechar 2026, un año sin elecciones nacionales, para avanzar con las modificaciones legislativas necesarias. Los firmantes sostienen que el instrumento “mejora la calidad de nuestra democracia” y plantean que pueda ser aplicado en todo el país durante los próximos comicios.
Los argumentos de los dirigentes
Uno de los principales argumentos de RAP es que el sistema “garantiza el derecho a elegir”, debido a que todas las opciones electorales aparecen reunidas en una misma papeleta. Según el documento, esto elimina problemas asociados al faltante de boletas partidarias dentro del cuarto oscuro.
Los firmantes también afirman que la modalidad “garantiza el derecho a ser elegido”, porque consideran que ofrece mayor igualdad entre partidos con estructuras y recursos diferentes. El comunicado sostiene que permitiría una competencia “mucho más transparente y equitativa”, una valoración que corresponde a los impulsores de la iniciativa.
El comunicado de RAP.
Además, señalan que la Boleta Única “desalienta malas prácticas” como el voto cadena y el robo de boletas. También cuestionan “el mantenimiento de sellos partidarios con el único objetivo de recibir recursos del Estado para la impresión de boletas”.
Las 15 provincias alcanzadas por el pedido
El planteo está dirigido a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. RAP pide que esos distritos “aprovechen este 2026, año no electoral” para discutir el cambio en sus respectivas legislaturas.
La organización destacó que la Boleta Única “ya ha sido utilizada exitosamente” en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, mientras que Salta, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires aplicaron sistemas electrónicos. A nivel nacional, la Boleta Única de Papel fue incorporada por la Ley 27.781 y se utilizó por primera vez en las elecciones legislativas de 2025.
Un documento con firmas de distintos partidos
Entre los 189 adherentes hay 19 dirigentes de LLA, 42 del PJ, 37 de Pro, 48 de la UCR, seis de la Coalición Cívica y ocho del Partido Socialista, además de referentes de otras fuerzas. RAP sostuvo que el acuerdo busca demostrar que “aún en un país con altos niveles de polarización y confrontación” pueden generarse consensos entre espacios diferentes.
Entre los libertarios aparecen Silvana Giudici, Luis Petri, Nicolás Mayoraz, Bruno Olivera y Diego Valenzuela. Por el peronismo firmaron dirigentes como Martín Llaryora, Omar Perotti y Julio Zamora, mientras que entre los radicales figuran Leonel Chiarella, Pamela Verasay, Ernesto Sanz y Rodrigo de Loredo. La organización afirmó que busca acuerdos que propicien el “fortalecimiento de la democracia y sus instituciones”.
También respaldaron el documento referentes de Pro como Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Esteban Allasino, Ramón Lanús, Soledad Martínez, Gabriela Michetti, Hernán Lacunza y Gisela Scaglia. Para RAP, el objetivo es que en 2027 “todo el país pueda votar con un instrumento que garantiza el derecho a elegir y a ser elegido”, aunque la adopción para cargos provinciales depende de las decisiones legislativas de cada jurisdicción.
Después de poco más de dos meses de parálisis, la Justicia de Rafaela habilitó este jueves la reapertura de la licitación para vender las seis plantas industriales y el paquete de marcas de SanCor. De esta manera, el proceso judicial de la histórica cooperativa láctea seguirá adelante, sin necesidad de empezar de cero, con las mismas reglas de base y una serie de correcciones puntuales ordenadas por el tribunal.
Los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail firmaron la resolución apenas dos días después de que la causa quedara en condiciones de ser resuelta.
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El proceso estaba suspendido desde el 3 de julio, cuando la propia Cámara había frenado la licitación para revisar una serie de impugnaciones contra las reglas de venta aprobadas en junio por el juez de primera instancia Marcelo Gelcich. El nudo de la disputa era si los activos de SanCor —las seis plantas y las marcas— debían salir a la venta por separado o como una sola unidad económica. Quienes apelaron argumentaban que vender las fábricas sin las marcas, o las marcas sin las fábricas, destruiría valor en lugar de maximizarlo: una planta láctea sin las marcas bajo las cuales elaboró y comercializó sus productos históricamente queda reducida a instalaciones y maquinaria; a la inversa, quien compre las marcas no tiene ninguna obligación de seguir produciendo en esas fábricas.
Como advierte el fallo, en un expediente de estas características “el tiempo no es neutral”: cada mes de parálisis implica deterioro de activos, consumo de recursos de la quiebra y postergación de créditos de carácter alimentario. En juego están 914 puestos de trabajo —aunque ya se desvincularon 736 empleados desde que se decretó la quiebra en abril—, más de 1.500 acreedores y seis plantas industriales distribuidas entre Santa Fe y Córdoba.
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Los cinco recursos no lograron anular el pliego, pero sí corregirlo
Contra las reglas de venta aprobadas en junio apelaron cinco partes. El síndico Juan Luis Tomat cuestionó que lo habían dejado afuera de la elaboración del pliego y que los valores de tasación no eran confiables. El empresario Gustavo Scaglione, a través de su empresa Fidulac S.A. —uno de los interesados en adquirir los activos—, impugnó la posibilidad de vender las plantas y las marcas por separado. Las otras tres partes —el fondo BLTFF B.V. y las fiduciarias SMD Delong S.A. e ITC Fiduciaria S.A.— reclamaban que la planta de Sunchales y las marcas “Mendicrim” y “Santa Brígida”, que figuran inscriptas a nombre de fideicomisos en garantía, no podían ser incluidas en la licitación ni transferidas al comprador antes de que la Justicia definiera a quién pertenecen.
El reclamo central era, en esencia, el mismo para todos: que los activos de SanCor no podían venderse fragmentados. Varias de las partes pedían directamente anular todo y empezar de cero.
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La Cámara rechazó todos los recursos de nulidad. El tribunal consideró que los defectos señalados podían subsanarse mediante la apelación, sin necesidad de invalidar lo actuado. Y aunque los cinco recursos prosperaron de forma parcial, los camaristas subrayaron que “no hay, en rigor, vencedores ni vencidos”: las correcciones dispuestas benefician al procedimiento en su conjunto y no solo a los recurrentes. Los escritos de apelación sumaban más de 160 páginas; el fallo tiene 70.
Quiénes quieren comprar
Al momento de la suspensión, 10 empresas ya habían adquirido el pliego para participar como oferentes. Entre los interesados figuran la francesa Savencia —propietaria de la marca Milkaut—, Adecoagro —fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor —marca La Tonadita— y La Tarantela, todas empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. También figura Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y de medios en varias ciudades del país, quien ya había intentado en dos oportunidades rescatar a la cooperativa antes de la quiebra, sin éxito. Esas 10 empresas conservan su condición de participantes sin necesidad de volver a pagar el pliego.
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Qué es lo que cambió
Las modificaciones ordenadas por la Cámara son concretas y operativas. En primer lugar, el comprador podrá optar por pagar en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior, sin que se alteren los valores base fijados en dólares. El precio mínimo de la oferta de conjunto se mantiene en USD 52,1 millones: USD 27,4 millones por las seis unidades productivas y USD 24,7 millones por el portafolio marcario.
Se eliminó además la cláusula del pliego que declaraba “meramente orientativa” la tasación técnica, algo que el propio síndico Tomat había cuestionado. La ley ata el precio base a la tasación efectuada, de modo que el instrumento reglamentario no puede desvincularse de ese respaldo. Por eso el ingeniero Pablo Bacchetta, tasador oficial de las plantas, deberá ampliar su informe con el valor probable de venta en el mercado de cada unidad y del conjunto, e informar cómo incidió el incendio del 7 de junio de 2026 en la planta de Sunchales —cuyo valor base ya había sido reducido de USD 3 millones a USD 2,4 millones tras el siniestro.
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Otro cambio relevante que se introdujo fue que todos los informes de valuación, con sus papeles de trabajo, quedarán en el expediente sin restricciones y sin costo para su consulta. El acceso estaba condicionado al pago del arancel del data room —el mismo USD 10.000 que deben abonar los interesados en ofertar—. El tribunal explicó que esa barrera reduce la competencia y deprime el precio de venta.
En cuanto a la evaluación de las ofertas, la resolución de adjudicación deberá contener, como requisito de validez, la comparación expresa entre el resultado económico de la oferta por el conjunto y la sumatoria de las parciales, adjudicándose la alternativa más conveniente para los acreedores.
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Las marcas de la disputa
El punto más delicado del fallo tiene que ver con la planta de Sunchales y las marcas “Mendicrim” y “Santa Brígida”, que figuran inscriptas a nombre de fideicomisos en garantía constituidos en 2016. El pliego original preveía venderlos y transferirlos al comprador de manera definitiva, con cancelación de las inscripciones fiduciarias, antes de que la Justicia definiera si esos bienes integran o no el patrimonio de SanCor.
La Cámara estableció un límite claro: una cláusula de un pliego no puede sustituir a una sentencia que todavía no existe. El tribunal revocó esa parte del número V.8 del pliego y el capítulo “Privilegios y Garantías” en cuanto disponían la transferencia irreversible y la cancelación de asientos registrales.
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Pero tampoco sacó esos bienes de la licitación, porque excluirlos habría reducido el valor del conjunto y demorado el proceso. La solución diseñada funciona así: los activos controvertidos permanecen en el llamado, con advertencia expresa de la controversia en el pliego y en los edictos. Antes de la apertura de las ofertas se practicará la valuación individual de las marcas “Mendicrim” y “Santa Brígida” y se fijará por resolución fundada un coeficiente objetivo para calcular qué parte del precio les corresponde. Esa porción quedará depositada en una cuenta judicial a plazo fijo, indisponible y a la orden del juzgado.
SanCor fue declarada en quiebra el 22 de abril de este año, después de que la propia cooperativa la solicitara. El juez Gelcich había intentado durante más de un año sostener un concurso preventivo de acreedores —iniciado en febrero de 2025—, pero la deuda acumulada de más de USD 120 millones y unos 300 pedidos de quiebra de distintos acreedores hacían inviable cualquier salida. En su momento de mayor expansión, la empresa llegó a operar 14 plantas y empleaba a 4.000 personas; al momento de la quiebra, solo funcionaban seis plantas y quedaban 914 trabajadores, con producción muy por debajo de la capacidad instalada.
Tras un momento de zozobra y varias semanas sin poder enderezar el barco en el Senado, el oficialismo logró imponerse y convirtió en ley la Inocencia Fiscal en su segunda versión.
El proyecto, que llegó para suplantar su primera versión a solo ocho meses de haber sido aprobada, obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
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“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, expuso el senador libertario Bruno Olivera, en su rol de miembro informante.
Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, presidente del bloque.
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Previamente, el senador peronista Jorge Capitanich también había apuntado contra el proyecto que llegó con media sanción, al señalar que en las comisiones “no ha habido presencia del ministro de Economía, de funcionarios ni representantes del Ministerio de Economía ni ARCA. Simplemente se han invitado a especialistas que no tienen absolutamente nada que ver con la iniciativa del proyecto”, sostuvo.
El también peronista Fernando Salino apuntó a una de las modificaciones que hizo el Ejecutivo respecto de la primera versión de la ley, que restringe el acceso a ministros, secretarios, jueces y legisladores. Sin embargo, los familiares quedaron exentos de esa restricción. “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado”, dijo el senador.
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Ese punto quiso incorporarse a la hora de votar, mediante un pedido de modificaciones. Sin embargo, el oficialismo, con los votos ya cerrados, anunció que no iba a aceptar cambios y el proyecto se votó en general y en particular sin alteraciones.
Inocencia II
Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. Domínguez detalló que, si la diferencia detectada es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos, dejará de considerarse una discrepancia significativa. Ese umbral, hoy fijado únicamente en el 15%, había generado que contribuyentes con diferencias de poco volumen quedaran expuestos a inspecciones.
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El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial. Domínguez explicó que quienes quieran utilizar esos beneficios deberán hacerlo antes de esa fecha, lo que refleja la apuesta del Gobierno a que la mayor cantidad posible de contribuyentes se anime a blanquear sus ahorros durante lo que resta de la gestión.
Traspaso judicial
El Senado aprobó en la sesión de este jueves acuerdos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires sobre el traspaso de la justicia de menores y competencias penales, por 44 votos a favor y 21 en contra, correspondientes al bloque Justicialista y a los santiagueños. “La aprobación de este convenio va a permitir que las funciones que hoy se encuentran escindidas entre Nación y CABA, que refieren a la prevención, asistencia social y sanción de hechos ilícitos, estén bajo el mismo techo institucional de una sola jurisdicción”, explicó el senador libertario de Salta Gonzalo Coraita.
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El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad, que asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.
También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección. “Desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera”, señaló Jorge Capitanich en referencia al traspaso que, además, se realiza con fondos.
EL CALAFATE, Santa Cruz.- El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de esta provincia lleva adelante el proceso técnico y legal para obtener el sello de Indicación Geográfica del guanaco santacruceño, una certificación que protegerá la identidad, la calidad y el origen de la carne, la fibra y los subproductos producidos en este territorio. Según los últimos datos oficiales, la población de la especie en la provincia alcanza a los 2 millones de ejemplares.
El proceso se realiza junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y una consultora especializada en el proceso técnico y legal para la obtención de la Indicación Geográfica (IG) para los productos y subproductos del guanaco santacruceño (Lama guanicoe), en el marco del Plan para el Manejo del Guanaco vigente en la provincia.
“La Indicación Geográfica es un proceso técnico y legal riguroso que certifica que la carne, la fibra y los subproductos del guanaco se producen en Santa Cruz, bajo estándares de calidad y sustentabilidad”, detalló la subsecretaria de Industria, María Virginia Sturzenbaum, a través de un comunicado de prensa donde explicó que para el proceso se respaldan en el Plan de Manejo para la especie que cuenta la provincia. La funcionaria consideró que “es un paso decisivo para posicionar nuestros productos en mercados exigentes”, detalló.
Objetivos
El objetivo central del trabajo consiste en llevar adelante el proceso técnico y legal para el otorgamiento del sello de Indicación Geográfica, aplicable a la carne, la fibra y los subproductos derivados del guanaco transformados en el territorio provincial. La iniciativa se apoya en la actualización del Plan para el Manejo del Guanaco, ratificado mediante el Decreto Provincial N° 201/2025, marco regulatorio que fundamenta la certificación de origen y asegura que el aprovechamiento comercial se desarrolle bajo estrictos principios de sostenibilidad y equilibrio ambiental.
Bife ancho de guanaco, un producto que se vende en Santa CruzGentileza
“Bajo esta reglamentación, la industrialización de la carne de guanaco ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado provincial, favoreciendo la diversificación de la matriz productiva y aportando al fortalecimiento de la soberanía alimentaria”, afirmaron desde el área a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, destacó el alcance estratégico de la iniciativa y expresó que “Santa Cruz viene trabajando hace tiempo, de manera seria y planificada, para que el guanaco santacruceño tenga su sello. Es un proceso concreto que ya está en marcha junto al CFI. Se trata de proteger nuestra identidad, agregar valor en el territorio y abrir mercados”. Los expertos locales indican que las condiciones ambientales únicas de Santa Cruz y los métodos de extracción sustentable otorgan a los productos locales una identidad y una calidad singulares que los diferencian frente a las ofertas de otras regiones.
Dos millones
Según un informe presentado por el Consejo Agrario Provincial (CAP) y la organización de conservación de la naturaleza WCS Argentina durante la última Exposición Rural de Palermo, se estimó una población cercana a 2 millones de guanacos durante la estación fría (abril-septiembre) y 1,8 millones durante la estación cálida (octubre-marzo), para un área de predicción de 200.280 km², equivalente al 82% de la superficie provincial. El estudio, que actualizó la estimación de abundancia y distribución del guanaco (Lama guanicoe) en la provincia de Santa Cruz, fue realizado en conjunto con investigadores del Conicet a partir de relevamientos terrestres realizados durante 2023.
Guanacos en el Parque Nacional Monte LeónAugusto Famulari
Según el informe, estas estimaciones tuvieron niveles de incertidumbre acorde con lo esperado para este tipo de estudios (15% para la estación fría y 7% para la cálida). La comparación de estos resultados con la estimación metodológicamente comparable disponible para 2013 resulta consistente con una tendencia de incremento de la población provincial durante la última década, cuya magnitud probablemente difiera entre los distintos paisajes de Santa Cruz.
Del mismo informe se desprende que el guanaco es un componente clave de la biodiversidad patagónica y un recurso estratégico para la economía regional a través de su aprovechamiento sustentable. La evidencia de una población consolidada y en crecimiento demuestra que la especie encuentra hoy condiciones óptimas para su desarrollo y conservación en la provincia.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)presentó este jueves la agenda de su 62° Coloquio, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mar del Plata bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El eje central del encuentro, que reunirá a empresarios, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales, será la pregunta de cómo sostener durante dos décadas un proceso de crecimiento a partir de la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años.
“Ladrillo sobre ladrillo”, resumió Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO de Grupo Galicia, al describir la lógica que propone la organización: no reiniciar procesos desde cero con cada cambio de gobierno, sino construir sobre lo ya avanzado. La consigna busca que las futuras administraciones, sin importar su signo político, respeten los pilares alcanzados en materia fiscal, monetaria e institucional, en lugar de discutir nuevamente cuestiones que la organización considera saldadas.
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Cuatro ejes temáticos organizan el debate
La agenda del Coloquio se estructura en torno a cuatro bloques. El primero abordará las megatendencias globales que redefinen la economía mundial: la geopolítica, la irrupción de la inteligencia artificial, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital. En ese eje expondrá Margaret Myers, directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de la Universidad Johns Hopkins, quien analizará el nuevo mapa geopolítico y el papel de China en la reconfiguración del comercio y la inversión globales.
También participarán Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, con una mirada sobre el escenario financiero; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en la Universidad Northeastern, sobre inteligencia artificial e innovación; y Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, sobre las nuevas dinámicas de los capitales.
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El segundo eje pondrá el foco en los pilares de la estabilidad argentina. IDEA propone consolidarla mediante la institucionalización de reglas fiscales y monetarias, la resolución estructural de los desequilibrios previsionales, la independencia del Banco Central y el avance en materia de seguridad jurídica y Justicia. En ese bloque expondrán Pablo Goldberg, Managing Director de BlackRock, sobre las condiciones para invertir en el país, y Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, quien compartirá su experiencia sobre cómo construir y sostener la estabilidad en el tiempo. El caso uruguayo, junto con el de Australia, funciona como referencia de países que lograron revertir procesos de estancamiento prolongado.
El tercer eje girará en torno a la competitividad. Participará Ryan McInerney, CEO global de Visa, y un panel de empresarios locales —entre ellos Rosana Cordero, de Cordero; Ricardo Markous, de Tecpetrol; y María Eugenia Sampalione, de Newmont Argentina— que abordará los desafíos concretos para invertir y crecer en el país. IDEA sostiene que la mejora de la infraestructura, la simplificación tributaria y la transformación productiva permitirán a la Argentina consolidarse como proveedor de energía, alimentos y minerales a escala mundial.
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Educación y empleo, entre las prioridades
El cuarto eje, dedicado al desarrollo, pondrá el acento en la educación y el mercado laboral como condiciones para sostener el crecimiento en el largo plazo. La organización calificó de “horrorosos” los últimos resultados de la prueba PISA y advirtió que el déficit educativo compromete el capital humano necesario para acompañar una economía que aspire a crecer al 4% anual. En ese bloque expondrán Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; y Mariano Narodowski, de la Universidad Torcuato Di Tella.
En materia laboral, IDEA advirtió sobre la expansión de la informalidad, que erosiona la recaudación del sistema previsional. Según los organizadores, hoy se recauda la mitad de lo que debería aportar el sistema. “El mayor logro es que se haya reformado algo que parecía escrito en piedra”, afirmó Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, en referencia a la reforma laboral, que consideró el punto de partida de una serie más amplia de cambios pendientes. El bloque incluirá además el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, con la participación de Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT.
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La estabilidad como condición para la inversión
Los organizadores del Coloquio sostienen que la estabilidad macroeconómica —el equilibrio fiscal y la baja inflación— constituye la base sobre la que se apoyan otros procesos: la caída de la pobreza, la mejora educativa y la posibilidad de que las empresas inviertan y generen empleo formal. Según remarcaron, la Argentina atravesó históricamente ciclos recurrentes de volatilidad, tanto macroeconómica como institucional y regulatoria, y el desafío actual pasa por sostener en el tiempo instrumentos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Hasta el momento, la única funcionaria del Gobierno confirmada para participar del encuentro es Patricia Bullrich. Al igual que en la edición 2025, este año, el Coloquio tampoco contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien se encontrará en París, para la Argentina Week que se realizará en la misma fecha. La misma situación se espera para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien podría participar a través de un video grabado. También están invitados el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
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El 62° Coloquio de IDEA se realizará poco más de un mes después de que la organización difundiera su Encuesta de Expectativas de Ejecutivos 2026, en la que el 80% de los directivos consultados anticipó una mejora de la situación económica en los próximos 12 meses, aunque con un índice de expectativas 10 puntos por debajo del proyectado para 2025.
